Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00866-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00866-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00866-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
S ALA DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00866-00 (2672-2014)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Graciela Carvajal Leal
Tema: Artículo 20 Ley 797 de 2003/ Reintegro de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud en pensión gracia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP) contra la sentencia de segunda instancia del 21 de
noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante
la cual se confirmó la decisión del Juzgado 1° Administrativo de Descongestión de
Yopal del 22 de marzo de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La UGPP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 21 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, para lo cual invocó las causales contenidas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
La acción se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Ana Gabriela Carvajal Leal, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja Nacional de
Previsión Social (en adelante CAJANAL) con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad parcial de las Resoluciones N°1420 del 29 de enero de 2004 y N°24604 del
24 de mayo de 2006, a través de las cuales se reconoció la pensión gracia con un
descuento del 12% respecto de cada una de sus mesadas pensionales para los
servicios de salud (médico-asistenciales).
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Que, como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada
a: i) reintegrar y dejar de aplicar el descuento del 12% efectuado sobre la pensión
gracia por concepto de aportes a salud; ii) pagar la indexación sobre las sumas
adeudadas conforme al IPC y iii) reajustar los valores de acuerdo con el artículo
178 del Código Contencioso Administrativo CCA.
Que, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Yopal, el 22 de marzo
de 2013, profirió sentencia de primera instancia a través de la cual accedió las
pretensiones de la demanda, al considerar que no existe norma que imponga
expresamente la carga de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
a los beneficiarios de la pensión gracia, pues se trata de una prestación especial
que no es gobernada por la Ley 100 de 1993.
Inconforme con la decisión del juzgado, CAJANAL presentó el recurso de
apelación, exponiendo que no existe en el ordenamiento jurídico nacional norma
que haya excluido a los pensionados de gracia de la obligación de aportar al
Sistema de Seguridad Social en Salud y que, por ello, es constitucional y legal que
se efectúen los aportes en comento, según la normativa aplicable al régimen
general, esto es, la Ley 100 de 1993.
El 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Casanare, al resolver la
alzada, confirmó la sentencia del a quo en su integridad1; dicha decisión quedó
ejecutoriada el 18 de diciembre de 20132.
El 7 de marzo de 2014, la UGPP dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Administrativo de Casanare, a través de Resolución N°0007959 de 20143.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la sentencia del 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Casanare, confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Yopal el 22 de marzo de 2013, que accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Expresó que formalmente no existe una norma expresa que consagre la viabilidad
de efectuar descuentos por concepto de salud en aquellas pensiones gracia
devengadas por los docentes, pues es un régimen especial que carece de
reglamentación en este aspecto en particular4.
Que, a pesar de que la Ley 812 del 2003 niveló el monto de los aportes que deben
hacerse por los destinatarios del régimen especial del FOMAG, contenido en la Ley
91 de 1989, con los que deben hacer todos los del régimen contributivo de la Ley
1 Folios 23 a 27 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, cuaderno 2.
2 Folio 222 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, cuaderno 1.
3 Folios 92 a 103 del cuaderno principal.
4 De acuerdo con la línea jurisprudencial del Tribunal Administrativo de Casanare, y con base en el análisis de las
normas que regulan la pensión gracia y el Sistema General de Seguridad Social.
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100 de 1993, no hizo referencia a la pensión especial de gracia.
Que la pensión de gracia no solo responde a una liberalidad del legislador, en virtud
de la Ley 114 de 1913, lo que la diferencia en su origen y ratio, sino que está a
cargo de CAJANAL, sin conexión alguna con el grupo de prestaciones sociales
asistenciales.
Que el Decreto 1703 de 2002 tampoco origina la obligación de aportar sobre la
pensión gracia, comoquiera que se limita a señalar cómo distribuir las prestaciones
asistenciales y económicas entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de
régimen especial y el Fondo de Solidaridad y Garantía (en adelante FOSYGA), en
los eventos en que haya lugar a ello.
Que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 únicamente define quién continuará a
cargo de la pensión de gracia y, además, reitera que los docentes conservarán el
régimen de pensiones que los cobijaba. El artículo 280 ibidem, por su parte, atañe
únicamente a los regímenes de salud y pensiones previstos en los artículos 27 y
204 del mismo estatuto general.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo Ley 797 de 2003,
presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación5.
Indicó que existió falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad
demandada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral instaurada por la señora Ana Graciela Carvajal Leal, pues CAJANAL no era
la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta que
no es la destinaria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el
Sistema de Seguridad Social en Salud- artículo 14 del Decreto 1703 de 2002-.
Frente a los descuentos efectuados con destino al Sistema General de Seguridad
Social en Salud señaló que tenían fundamento en los artículos 157, 202 y 203 de
la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados deben encontrarse afiliados
y, por ende, realizar las cotizaciones, de conformidad con el artículo 160, numeral
3 de dicha ley.
Que el aporte al régimen contributivo, establecido por el artículo 204 de la
mencionada Ley 100 en un 12%, modificado por la Ley 1122 de 2007 a un 12.5%,
y luego por la Ley 1250 de 2008 en un 12%, debe efectuarse a los docentes
beneficiarios de la pensión gracia, toda vez que estos no se encuentran dentro de
la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
5 Folios 164 del cuaderno principal de la acción de revisión.
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Que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 exceptúa de la aplicación de las normas
de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes oficiales vinculados con
anterioridad a la vigencia de dicho estatuto; sin embargo, tal preceptiva hace
referencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG), es decir que no abarca la pensión gracia, comoquiera que esta prestación
estaba a cargo de la extinta CAJANAL.
En definitiva, consideró que como quiera que no existe ninguna norma que exima
a los docentes de tal obligación, el aporte a salud no puede constituir una carga
excesiva para estos.
Contestación a la acción de revisión
A la señora Ana Gabriela Carvajal Leal no fue posible notificarle la presente
acción, por lo que fue necesario designarle curador ad litem, el cual, contestó
refiriéndose a cada uno de los hechos y manifestando su oposición a las
pretensiones. Explicó que, si bien en la demanda se indicaron las causales de
revisión invocadas, lo cierto es que no se precisó en qué consiste la irregularidad
en la decisión judicial objetada.
Igualmente, señaló que el propósito de la entidad demandante es obtener la
revocatoria del reconocimiento de la pensión gracia de la señora Ana Graciela
Carvajal Leal, no obstante, las pretensiones formuladas son de una naturaleza
distinta, lo cual resulta incoherente.
Concepto del Ministerio Público
El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Debe la Sala determinar si la sentencia objeto de recurso- providencia del 21 de
noviembre de 2013 - está incursa en alguna de las causales de revisión previstas
en los literales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii)
Aspectos generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a salud
del 12% sobre el valor de la mesada y, finalmente, iv) se examinará el caso
concreto a la luz de esas premisas.
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Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que está acción, tal como el recurso extraordinario de revisión,
tiene como finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se
encuentra ejecutoriada, motivo por el cual se presenta como excepción al principio
de la cosa juzgada.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial7, por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercerla.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»8. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero
de la norma pueden ejercer la acción.
En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido
que son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación9.
6 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
7 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00
(2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los
mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en
el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger
el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
8 Ibidem.
9 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Con todo, conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves
casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los
reconocimientos pensionales en todo el país. La acción de revisión no fue creada
para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de
revisar judicialmente las pensiones que se hayan sido reconocidas con violación al
debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.
Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira10.
Causales de revisión contemplada en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
El apoderado de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en
las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión
fue irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. En
ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter
taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado11 como la Corte Constitucional12 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el
derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la
necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del
Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la
conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de
«[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba dirigido a reducir
el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
Aspectos generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a
salud del 12% sobre el valor de la mesada
La Ley 114 de 1913, estableció la pensión gracia como una prestación vitalicia a
favor de los docentes de escuelas primarias oficiales que hayan servido al
magisterio por un lapso no menor de 20 años. En su artículo 4º dispuso que para
gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
«1º. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2º. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y
costumbres.
11Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-
2018-01884-00(REV)
12 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
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3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda
recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y
por un departamento.
4º. Que observe buena conducta »
Posteriormente, este mismo beneficio se extendió con la Ley 116 de 1928 a los
empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción
pública.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933, artículo 3º el reconocimiento de la pensión
gracia se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de servicios en
establecimientos de enseñanza secundaria, bajo los mismos requisitos expuestos.
El carácter especial que rige a la pensión gracia la excluye de la aplicación de la
Ley 33 de 1985. En efecto, el artículo 1 de la misma ley estableció: « (...) No quedan
sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquéllos que por ley disfruten de un régimen especial de
pensiones. »
Como se observa, la norma es clara en excluir a quienes tienen un régimen especial
de pensiones, como acontece con los beneficiarios de la pensión gracia; así pues,
es la misma legislación la que consagra la excepción en cuanto a las pensiones de
régimen especial.
Con posterioridad, la aludida pensión fue abordada por la Ley 91 de 198913 en los
siguientes términos:
«Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
13 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Ahora bien, ante existencia de diversos regímenes pensionales, el Congreso de la
República expidió la Ley 100 de 1993 con el fin de concentrar el Sistema de
Seguridad Social; sin embargo, con el objetivo de evitar el menoscabo de los
derechos de las personas que se encontraban próximas a pensionarse o tuviesen
cierto tiempo de servicios, creó un régimen de transición y estableció ciertas
excepciones al Sistema Integral de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Artículo 279. Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración (…)» (Negrillas fuera del texto).
En esa línea, a partir de lo dispuesto en el numeral 1 del literal A, del artículo 157
de la Ley 100 de 1993, son afiliados al régimen contributivo de ese sistema y por
tanto obligados a la cotización en salud:
«Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social
en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en
el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o
subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen
contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley»
De lo anterior se concluye que las pensiones a cargo del FOMAG quedarían
exceptuadas de dicho sistema integral; no obstante, esta excepción no comprendió
la pensión de jubilación gracia, pues, como ya se indicó, esta es una prestación
cuyo reconocimiento corresponde a CAJANAL (hoy UGPP). A ello hay que añadir
que el artículo 130 de la citada Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al entonces
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serían administrados
mediante encargo fiduciario para sustituir a CAJANAL y a los demás entes de
previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional en lo
relacionado con el pago de las pensiones14.
En lo atinente a los descuentos con destino a salud, debe tenerse presente que con
14 Mediante Decreto 1132 de 1994, se reglamenta el fondo de pensiones públicas del nivel nacional y en él se
ratifica la naturaleza jurídica del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta especial de
la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyos recursos serían
administrados a través de encargo fiduciario.
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anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no era uniforme la
cotización para salud que se ordenaba pagar y se atenía al régimen al cual se
hallaba afiliado el jubilado. De ahí, que el legislador pretendiera, como en efecto lo
hace con la expedición de la Ley 100 de 1993, unificar las cotizaciones para todos
los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.
Obsérvese que la mencionada ley en su artículo 280, estableció, a partir del 1 de
abril de 1994, una tasa de cotización del 12% con destino al Sistema General de
Seguridad Social en salud y para todos los casos sin ningún tipo de excepción:
«(…) Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los fondos de
solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los
artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las instituciones,
regímenes y con respecto también a las personas que por cualquier circunstancia gocen
de excepciones totales o parciales previstas en esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará del 7 al
8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización para
solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del 12% (…)»
(Negrillas fuera del texto).
En tal virtud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en
establecer que los beneficiarios de la pensión gracia sí están obligados a realizar
las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social, en el monto
establecido en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 12% de su mesada
pensional- vigente según la Ley 1250 de 200815-; criterio que ha compartido esta
Sección en diversas ocasiones16.
Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, se entrará a analizar si en el
presente caso era necesario exigirle a la demandante, en su condición de
beneficiaria de la pensión gracia, cotizar el 12% sobre su mesada como aporte al
sistema de la Seguridad Social en salud, con fundamento en la Ley 100 de 1993.
Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
exención del descuento que para salud dispuso efectuar CAJANAL sobre las
mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido
retenidos por dicho concepto.
Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala, en primer lugar, se
ocupará de determinar si, en efecto, la UGPP (antes CAJANAL) carecía de
15 «Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la
Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797
de 2003».
16 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado 11001-
03-25-000-2013-00901-00 (1953-2013) y Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B; C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, radicado 11001-03-25-000-2014-00869-00 (2675-2014)
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legitimación en la causa por pasiva y, de resultar procedente, establecerá si la
circunstancia alegada por la entidad puede comportar una trasgresión al derecho
constitucional invocado.
Al respecto, la legitimación en la causa por el lado pasivo es la identidad del
demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho. La
legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito
favorable al demandante o al demandado17.
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que esta figura procesal
puede ser analizada tanto desde una perspectiva formal como material o sustancial.
La primera arista “es entendida como la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, es
una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de
la notificación de esta al demandado”18. Por su parte, la legitimación material en la
causa alude a la participación real de las personas en el hecho origen de la
formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan
demandado o que hayan sido demandadas.
De lo establecido en el expediente se logra evidenciar que entidad realizó los
referidos descuentos y se negó a la supresión de los descuentos con base en los
artículos 157, 202, 203, 204, 279 y 280 de la Ley 100 de 1993, los cuales
entregaban a las administradoras de pensiones, como pagadoras de la prestación,
tal competencia. En el caso particular de la demandante, el artículo 2, numeral 5
del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de «[…] Efectuar el recaudo de las
cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley
[…]».
Por otro lado, el inciso 3° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, hoy compilado
de forma literal en el artículo 2.2.1.2.2. del Decreto 1833 de 2016 relativo a las
normas del Sistema General de Pensiones, establece respecto del reajuste
pensional por incremento de aportes en salud, lo siguiente:
“Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y transferirlo
a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente,
deberán girar un punto porcentual de la cotización al Fondo de Solidaridad y
Garantía en Salud.”
En similares términos, el artículo 14, inciso 2 del Decreto 1703 de 2002, norma que
se encuentra actualmente derogada por el Decreto 2353 de 2015 19, artículo 89 y
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, CP: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 05001-23-26 000-
1994-00928-01(18279)
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de marzo de 2010, Expediente 05001-23-31-
000-2000-02571-01 (1275-08), MP. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
19 Actualmente la norma consagra: “(…) cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial o de
excepción o su cónyuge, compañero o compañera permanente, tenga una relación laboral o ingresos
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modificada por el Decreto 57 de 2015, artículo 1°, indicaba que “Cuando la persona
afiliada como cotizante a un régimen de excepción tenga una relación laboral o
ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de pensiones deberá
efectuar la respectiva cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto
defina el Ministerio de Salud”. (Negrillas de la Sala).
Es claro que, aunque CAJANAL como pagadora estaba llamada a hacer efectiva
tal retención y trasladarla al FOSYGA, donde se le daría destinación determinada
por Ley, no es menos cierto es que quien determinó efectuar los descuentos que el
Tribunal Administrativo de Casanare consideró no ajustados a derecho fue
CAJANAL (hoy UGPP).
Aunado a ello, el hecho de que el Gobierno Nacional pueda destinar las sumas
recaudadas por concepto de aportes en el subsistema de salud conforme a la ley,
no implica que la extinta CAJANAL (hoy UGPP) no tenga legitimidad en la causa
para responder por los descuentos ordenados a través de los diferentes actos
administrativos que reconocieron la pensión gracia: Resolución N°1420 de 200420
y Resolución N°24604 de 200621 y que además generaron tanto la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho como la presente acción especial de
revisión.
Por ello, resulta improcedente el argumento de la recurrente frente a su legitimación
pues, tuvo injerencia y participación directa en los hechos de la demanda y por ello,
estaba legitimada en la causa para obrar dentro del proceso contencioso.
Adicionalmente, siguiendo los pronunciamientos que la Sección ha efectuado al
estudiar casos similares al que es hoy objeto de análisis, ciertamente resulta
desproporcionado tenerle que imponer “(…) al pensionado la carga de reclamar
ante el FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del ad quem, le fue descontado
de sus mesadas sin justificación jurídica por la CAJANAL, a quien, en virtud de la
sentencia objeto del actual recurso, le correspondía proceder con la devolución
ordenada para, en un segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el
FOSYGA tendiente a la devolución de tales recursos”22.
Así las cosas, la Sala advierte que resultan insuficientes los argumentos que se
expusieron en sede revisión respecto de la configuración de la causal contenida en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía
extraordinaria, toda vez que la falta de legitimación en la causa por pasiva que la
adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
el aportante deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). (…)”.
20 Folios 43 a 45 del cuaderno principal.
21 Folios 74 a 79 ibidem.
22 Al respecto consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, CP: William Hernández Gómez, providencia del 17 de junio de 2021.
Radicación número: 11001-03-25-000-2013-01423-00(3603-13); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Gabriel Valbuena Hernández, providencia del 11 de
noviembre de 2021, Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00658-00(2057-14).
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hoy demandante acusó como violatoria del derecho al debido proceso no se
presentó.
Resuelta la anterior situación se continuará el estudio frente a la presunta
configuración de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala no hay duda que las mesadas pagadas por concepto de pensión gracia
sí están sujetas a los descuentos que sobre ellas se realicen con destino al Sistema
de la Seguridad Social en Salud; cualquier interpretación diferente resulta en
disonancia con lo establecido artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que, en virtud del
incremento en la tasa de cotización a salud, ordenó el reajuste de las pensiones en
la misma proporción.
En este orden de ideas, le asiste razón a la entidad recurrente al pretender que la
pensión gracia de la cual es beneficiaria la demandante, sea sujeta de los
descuentos que por salud le corresponde, como también a que se mantenga el
porcentaje destinado al pago de aquél, pues se reitera que no existe disposición
jurídica alguna que exima a los beneficiarios de la pensión gracia de la obligación
de cotizar para salud; y, por lo tanto, se debe efectuar en los términos que indica la
legislación vigente.
Comoquiera que desde el 27 de noviembre de 2008 -fecha de entrada en vigor de
Ley 1250 de 2008-, las cotizaciones por Seguridad Social en Salud se establecieron
en un 12%, se advierte de forma manifiesta que la orden del Tribunal Administrativo
de Casanare tendiente a reintegrar a la señora Ana Graciela Carvajal Leal las
sumas que fueron objeto de descuento de la pensión gracia por concepto de
cotizaciones en salud y la suspensión de las mismas, desconoce la normativa
aplicable al asunto, afecta el patrimonio público e impacta la cobertura
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En definitiva, si esta Sala permitiera que la señora Ana Graciela Carvajal Leal
continuara sin cumplir con el deber legal que le impone efectuar la respectiva
cotización en salud por su pensión gracia en monto del 12 %, estaría avalando un
exceso en la cuantía pensional que le fue reconocida, cual es precisamente lo que
proscribe la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Con fundamento en lo anterior, se declarará fundada la acción de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL
EICE), contra la sentencia del 21 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
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Sentencia de reemplazo
Según lo explicado en el acápite anterior, la señora Ana Graciela Carvajal, en su
condición de beneficiaria de la pensión gracia, sí está obligada a cotizar el 12%
sobre su mesada como aporte al sistema de la Seguridad Social en salud, con
fundamento en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican y/o
complementan.
Al respecto, es claro que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no exceptúa de la
aplicación del Sistema General de Seguridad Social a los docentes beneficiarios de
la pensión gracia, dado que los beneficios que protege la excepción establecida en
el inciso 2º de la norma ejusdem son aquellos derivados de la afiliación del FOMAG
y no aquellos provenientes de la “recompensa” que el legislador otorgó a un grupo
determinado de trabajadores, pues, está última prestación configura una situación
jurídica diversa e independiente a la primera, en virtud de la cual el beneficiario se
ve en la obligación de someterse a las disposiciones del Sistema General en Salud,
entre ellas, las de cotizar al subsistema de salud.
Sumado a lo anterior, el artículo 157, literal a), numeral 1 de la Ley 100 de 1993
prevé que los pensionados, caso de aquellos que les fue reconocida una pensión
gracia, deben afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y en consecuencia surge la obligación de cotizar al mismo.
Así pues, al encontrarse cobijadas por la Ley 100 de 1993 las mesadas de
pensiones gracia de que sean beneficiarios los docentes, estas también deben ser
objeto de la tasa de cotización del 12% que estableció el legislador, sin que sean
de recibo para esta Sala la teoría del caso que manejó la parte demandada según
la cual la obligación es inexistente ni mucho menos aquella atinente a la
procedibilidad de la suspensión de los descuentos que en lo sucesivo se causen.
Por lo tanto, es necesario revocar la sentencia del 21 de noviembre de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 1° Administrativo de Descongestión de Yopal el 22 de
marzo de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se
dispone denegar las pretensiones de la demanda.
De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En aplicación del numeral 1, literal c), del artículo 164 del CPACA, en el evento en
que la UGPP hubiese procedido a la devolución de los descuentos por concepto
de aportes con destino a salud, no hay lugar a ordenar su reintegro pues, cabe
entender que los dineros fueron recibidos de buena fe ya que le correspondía a la
parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la devolución
referida actúo de mala fe y ello no ocurrió así.
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De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que la UGPP busca controvertir una providencia
judicial que ordenó eximir a la hoy accionada de los descuentos de salud y obligado
a la entidad recurrente al pago de reintegrar lo descontado en exceso por aportes
al Subsistema mencionado con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar
en costas a la entidad demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Declarar fundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió a las súplicas de la demanda
ordinaria.
Segundo: Infirmar la sentencia del 21 de noviembre de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare. En consecuencia, se dicta sentencia de
reemplazo en los siguientes términos:
Revocar la sentencia del 21 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare que confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado 1° Administrativo de Descongestión de Yopal el 22 de marzo de
2013, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se
dispone:
Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Tercero: Declárese que no hay lugar a ordenar devolución de los reembolsos que
por concepto de aportes con destino a salud hubiese efectuado la UGPP, en
cumplimiento del fallo que ahora se infirma, a la señora Ana Graciela Carvajal,
según las razones antes expuestas.
Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.
Quinto: Sin condena en costas.
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Radicado: 11001032500020140086600 (2672-2014)
Sexto: Una vez en firme esta providencia, realizar las correspondientes
anotaciones en el aplicativo SAMAI y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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