RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2014-00919-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00919-00

En empresa con pluraridad de sindicatos

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00919-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad contra el artículo 1 del Decreto Reglamentario 089 de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias. La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2014-00919-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

16 de mayo de 2019

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD SIMPLE / REPRESENTACIÓN SINDICAL
EN EMPRESA CON PLURARIDAD DE SINDICATOS / UNIDAD DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA – No vulnera el derecho de asociación sindical / POTESTAD REGLAMENTARIA – Alcance

La Sala constata que los aspectos materia de la reglamentación efectuada mediante el Decreto 089 de 2014 desarrollan los elementos que al respecto consignó el artículo legal reglamentado, en cuanto a la presentación de pliegos de peticiones y al adelantamiento del trámite legal de los mismos, así como sobre la designación y autorización a quienes deban negociarlos. En ese sentido, para la Sala es claro que el Gobierno Nacional ejerció su atribución de reglamentación en los precisos términos de la norma constitucional que la autoriza, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, con miras a expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto en materia de representación sindical cuando hay una pluralidad de sindicatos en una empresa, con el fin de asegurar su equitativa participación, así como sobre la negociación colectiva y la suscripción de la convención colectiva de trabajo, para la debida ejecución de la ley (numerales 2 y 3 del artículo 374 del CST), y que lo hizo con el propósito de desarrollar las reglas y principios en tales normas fijados, limitando su accionar a completar su contenido en aquellos detalles y particularidades necesarios que permitan su aplicación, sin incurrir en la modificación, ampliación o restricción de su contenido material o alcance, con el objeto contribuir a la concreción de la ley, a la cual le está subordinada, y sin haber incurrido tampoco en la reglamentación de materias cuyo contenido esté reservado al legislador o que hayan desaparecido del ordenamiento por efecto de la cosa juzgada respecto de otras normas que regulaban situaciones diferentes a alas aquí estudiadas, según se hizo evidente al hacer la revisión jurisprudencial pertinente a este tema. En el sentido indicado, por las razones expuestas, no se accederá a las pretensiones de la demanda, como quiera que el Decreto 089 de 2014 «Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», al establecer la unidad de la negociación, no limitó la autonomía de las organizaciones sindicales para designar sus representantes en la negociación colectiva y para suscribir convenciones colectivas de trabajo cuando existen varios sindicatos en una misma empresa, sino que garantiza su participación equitativa y, por ende, no contraviene las normas que la demanda expresa que fueron vulneradas.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la solución de controversias económicas cuando la empresa no atienda el pliego de peticiones sindical, ver: Corte constitucional, sentencia de tutela T-711 de 2014. En cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria, ver: Corte constitucional, sentencia C-1005 de 2008, M.P.: Humberto Sierra Porto, y C. de E., Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014, radicación: 2010-00119-00, C.P.: Germán Vargas Ayala.

NORMA DEMANDADA: DECRETO REGLAMENTARIO NO. 089 DEL 20 DE 2014 - ARTÍCULO 1 ( No Nula)

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 189 NUMERAL 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00919-00(2837-14)

Actor: SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SINTRAENERGIA, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - SINTRAISA, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ISAGEN S.A. ESP - SINTRAISAGEN, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA - SINTRAE, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTROMETÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS AFINES Y SIMILARES DEL SECTOR - SINTRAIME, FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS, ENERGÉTICOS, METALÚRGICOS, QUÍMICOS Y DE INDUSTRIAS SIMILARES DE COLOMBIA - FUNTRAENERGETICA, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA, PETROQUÍMICA, AGROCOMBUSTIBLE Y ENERGÉTICA - SINTRAMIENERGETICA, CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN Y ANA ISABEL AGUILAR RENDÓN.

Demandado: MINISTERIO DE TRABAJO

Referencia: NULIDAD – CPACA

Temas: Pluralidad de sindicatos en una misma empresa. Integración de comisión negociadora con garantía de representación de todos los afiliados a cada sindicato.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA____________________________________

Procede la Sala a resolver en única instancia la demanda interpuesta el 18 de julio de 2014 contra la Nación – Ministerio de Trabajo, la cual fue admitida mediante auto del 3 de septiembre de 2014.

I. LA DEMANDA

Pretensiones. En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 135 del CPACA, el demandante solicitó declarar que es nula la parte resaltada del artículo 1 del Decreto Reglamentario No. 089 del 20 de enero de 2014 que se transcribe a continuación:

«DECRETO 089 DE 2014
(Enero 20)
Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
En ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
(…)

D E C R E T A:

Artículo 1°. Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical.

Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva.

Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora.

Parágrafo 1°. La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 2013.

Parágrafo 2°. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Trabajo,
RAFAEL PARDO RUEDA».

Hechos. Expresó que el Gobierno Nacional invocó las atribuciones del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución para expedir el decreto cuyos apartes demanda, con la pretensión de reglamentar los numerales 3 y 4 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo. En su opinión, la norma acusada no respeta la autonomía sindical prevista en la Constitución, los convenios y normas internacionales de trabajo ni las sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional ni las de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sobre la materia, entre ellas las que cita en sus consideraciones el acto administrativo (C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008). Las disposiciones que se indican como violadas establecen que la negociación colectiva es plural, autónoma e independiente para cada uno de los sindicatos, en tanto el artículo demandado establece la unidad obligatoria de negociación como postulado único que limita la autonomía de las organizaciones sindicales para designar sus representantes en la negociación colectiva y suscribir su propia convención colectiva de trabajo. Considera también que la norma demandada reproduce disposiciones declaradas inexequibles por las sentencias en las que dice apoyarse, las cuales reconocen la autonomía como el núcleo de la libertad sindical de las organizaciones de trabajadores, materia en la cual no pueden tomar injerencia las autoridades ni aun el legislador.

Normas violadas. La demanda citó como disposiciones violadas las establecidas en los artículos 1, 39, 53, 55, 93 y 243 de la Constitución Política, y en los convenios internacionales 87/48, 98/49, 154/81 y 144/70 de la OIT, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74/68, art 8, 1, c), el Protocolo de San Salvador (Ley 319/96, art. 8, a) y la doctrina de la OIT sobre negociación voluntaria y autónoma (Informe caso núm. 1563, párrafo 372. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, cuarta edición, Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 1996, pág. 183).

Concepto de violación. Al desarrollar el concepto de la violación de dichas normas, el demandante estructura sus argumentos, así:

Primero. Acerca de los artículos 1, 39, 53, 55, 93 y 243 de la Constitución Política, afirma que el decreto desconoce el principio de pluralismo por exigir que se adelanten los procesos de negociación de manera conjunta, contraría el derecho de asociación sindical, la libertad y la autonomía sindical y el derecho a la negociación colectiva, desconoce el bloque de constitucionalidad en lo laboral y reproduce el contenido material de un acto jurídico declarado inexequible (el art. 26 numeral 3 del Decreto 2351 de 1965, según sentencia C-567 de 2000) que establecía que «3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación.». A este respecto, recuerda que la Corte Constitucional expresó que «Es claro para la Corte que si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, éste, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical, tiene la representación de tales trabajadores; y, siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa representación deba necesariamente ejercerla 'conjuntamente' con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical, razones por las cuales se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965.»

Segundo. Sobre la vulneración de los convenios internacionales 87/48, 98/49, 154/81 y 144/70 de la OIT, expresó que el aparte demandado desconoció la consulta tripartita, porque fue obstaculizado el derecho de negociación colectiva y la que se realizó no fue franca, sin trabas y detallada.

Tercero. En cuanto al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74/68, art 8, 1, c), afirma que el acto acusado desprotege el derecho de asociación, porque limita el accionar de las organizaciones sindicales para negociar.

Cuarto. En cuanto al Protocolo de San Salvador (Ley 319/96, art. 8, a), considera que al imponer la unidad de negociación en una sola mesa y en una sola convención colectiva se limitan los principios del derecho de asociación sindical.

Quinto. La norma demandada también desconoció la doctrina de la OIT sobre negociación voluntaria y autónoma, por cuanto la interpretación que hace el organismo es que «844. La negociación voluntaria de convenios colectivos y, por tanto, la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación, constituye un aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical (Véase 279. Informe, caso núm. 1563, párrafo 372. La libertad sindical…». La unidad de negociación sindical en una misma mesa, la forma de determinar la representación sindical, la firma de una sola convención colectiva en una misma fecha, impuestas por el reglamento, contrarían tal doctrina y también por este aspecto deben determinar la nulidad del acto acusado.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio del Trabajo se opuso a las pretensiones de la demanda y respecto de los hechos manifestó que son ciertos los tres primeros (3.1. a 3.3) que hacen referencia a lo que dicen los considerandos del decreto parcialmente demandado, en tanto que sobre los dos últimos (3.4 y 3.5) afirma que son solo interpretaciones de las normas involucradas o juicios de valor relativos al proceder del Gobierno Nacional. A manera de defensa de la norma, transcribió los conceptos emitidos por los asesores del despacho del Viceministro de Relacionas Laborales y por la Oficina Jurídica del ministerio en materia del derecho colectivo del trabajo. En tal sentido manifestó que son varios los argumentos que se pueden esgrimir contra la postura del demandante. En cuanto a la presunta violación de la autonomía sindical, anota que la norma demandada buscó alinear las negociaciones entre empresas y organizaciones sindicales para que en la única mesa que se sugiere implementar se estudien todos los puntos presentados por las organizaciones intervinientes, con racionalidad y economía en el procedimiento. En cuanto a que exista una única convención colectiva, señaló que ya desde el Decreto 904 de 1951 se tiene dispuesto que no puede haber más de una y que, en caso de existir varias, la de la primera fecha es la que rige para todos. Afirma que en desarrollo de lo preceptuado por la Ley 278 de 1996, el proyecto de decreto fue sometido a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, según da cuenta el considerando 5 del Decreto 089 de 2014.

De otra parte, planteó la excepción de inexistencia de violación de la Constitución Política, en consideración a que la norma se expidió al amparo del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, por lo que no hay extralimitación o ejercicio ilegal de funciones del ejecutivo.

III. ACTUACIONES PROCESALES

Mediante auto del 3 de septiembre de 2014, se admitió la demanda; se adecuó su trámite, en aplicación del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, al del medio de control de «nulidad simple» de que trata el artículo 137 ibidem y no al de nulidad por inconstitucionalidad consagrado en 135 ibidem, invocado en la demanda, dados los requisitos exigidos para este último medio de control; se ordenó notificar a la entidad demandada, al agente del ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y se dio traslado de la demanda por el término de treinta (30) días. Por auto del 24 de febrero de 2015 se resolvió la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, denegándola. Mediante auto del 7 de marzo de 2018 se citó a audiencia inicial para el 4 de abril de 2018. Llegada la fecha indicada, se llevó a cabo la audiencia inicial y en la misma se fijó el litigio y se concedió a las partes y al ministerio público un término común de 10 días, hasta el 18 de abril de 2018, para alegar de conclusión y conceptuar, respetivamente. El demandante presentó sus alegatos el 17 de abril de 2018, el Ministerio del Trabajo lo hizo el 18 de abril de 2018 y el ministerio público rindió su concepto el 18 de abril de 2018.

Fijación del litigio. En la audiencia inicial se fijó el litigio en los siguientes términos:

«…corresponde a la Sala determinar si el Decreto 089 de 2014 “Por el cual se reglamenta los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo”, es violatorio de los artículos 1, 39, 53, 55, 93 y 243 de la Constitución Política; de los artículos 3, 4 y 8 de la Ley 26 de 1976 “por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho a la Sindicación adoptado por la Trigesimaprimera reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra 1948)” y de los artículos 7 y 8 de la Ley 524 de 1999, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio número Ciento Cincuenta y Cuatro (154) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva”, adoptado en la Sexagésima Séptima (67) Reunión de la Conferencia. General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, con fecha diecinueve (19) de junio de mil novecientos ochenta y uno (1981)”, al establecer la unidad de la negociación como postulado único y obligatorio, limitando con ello la autonomía de las organizaciones sindicales para designar sus representantes en la negociación colectiva y suscribir sus propias convenciones colectivas cuando existan varios sindicatos en una misma empresa.»

Decisión sobre la excepción propuesta. Acerca de la excepción de inexistencia de violación de la Constitución Política planteada por la demandada, en la audiencia inicial se decidió que la misma, consistente en que la norma se expidió al amparo del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, por lo que no hay extralimitación o ejercicio ilegal de funciones del ejecutivo, no se corresponde con ninguno de los medios exceptivos establecidos en el artículo 180, numeral 6, de la Ley 1437 de 2011 y, por el contrario, los respectivos argumentos están dirigidos a enervar las pretensiones de la demanda, por lo cual deben ser objeto de análisis y decisión en la sentencia.

Alegatos de conclusión y concepto del ministerio público

Del demandante. Reiteró lo expresado en la demanda y, además, manifestó que no es cierto que el decreto proponga una alineación administrativa a las negociaciones colectivas de acuerdo con la OIT; por el contrario, considera que desconoce el pronunciamiento de ese organismo sobre la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación como aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical. Asimismo, expresa que el acto administrativo no sugiere implementar una única mesa de negociación ni una forma de proceder, sino que los está estableciendo. Además, indica que el Decreto 904 de 1951 fue derogado tácitamente, como se deduce de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Anota, también, que el ministerio reconoce estar actuando en contra del principio de cosa juzgada, pues acepta que la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 que establece el principio de unidad de negociación colectiva. Por último, insiste en que el trámite que se debió dar a la demanda fue el de nulidad por inconstitucionalidad, en apoyo de lo cual cita la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 18 de junio de 1998, CP Daniel Suárez Hernández.

De la demandada Nación - Ministerio de Trabajo. Reiteró lo expresado en la contestación de la demanda y estructuró su escrito en cuatro alegatos y una conclusión, a saber: (i) trae a colación lo expresado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y recomendaciones (CEACR) para respaldar su aserto de que el decreto demandado no es una norma imperativa sino atributiva, que contiene normas de tipo facultativo e instrumental para hacer más asequible una negociación que permite un grado de participación a sindicatos minoritarios; (ii) la potestad reglamentaria en la Constitución de 1991 en el sector trabajo para propender por una negociación dentro del marco de la ley, respecto de lo cual elabora un amplio repaso jurisprudencial y analiza el contenido del decreto demandado; (iii) acerca de la noción de acto administrativo, igualmente hace un recuento de la jurisprudencia al respecto, para concluir que el acto demandado videncia un procedimiento institucional de reglamentación que surtió las previsiones de la ley; (iv) sobre la Comisión Permanente de Concertación de Políticas salariales y Laborales, registra la participación de la misma en el examen del contenido del acto demandado respecto del cual expresaron su acuerdo. Finalmente, concluye que se ha dado una interpretación equivocada y errada al decreto demandado por parte del actor, y señala que, además, la norma fue expedida en cumplimiento de un deber legal y con observancia del principio de legalidad.

Concepto del ministerio público. Solicitó denegar las pretensiones de la demanda y a tal fin dirigió su análisis a la revisión de la normatividad presuntamente vulnerada y al pretendido desconocimiento de las líneas jurisprudenciales. Expresa el ministerio público que «no es dable diseccionar el indiscutible principio de autonomía sindical, haciéndose necesaria la ponderación con el principio democrático, en caso de llegarse a considerar una confrontación entre los dos principios, sin olvidar que dichos aludidos están sujetos a la prevalencia de la primacía del interés general sobre el particular. // Hacemos especial alusión al principio democrático, dentro de la organización sindical por cuanto es deber del estado su garantía efectiva, requiriéndose en tal sentido unas “reglas de encauce metodológico” que permitan una efectiva participación de las distintas organizaciones sindicales que pueden coexistir al interior de la empresa; por cuanto de lo contrario la eventual proliferación de sindicatos haría en la práctica nugatoria la negociación colectiva».

IV. CONSIDERACIONES

1.- Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 149, numeral 1, del CPACA, a esta Corporación le corresponde conocer de la presente acción de nulidad en única instancia.

2.- Cuestión previa. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema que se invocan como precedente.

En la sentencia C-495 de 2015, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se profirió decisión inhibitoria con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, «Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo», la Corte Constitucional se refirió por extenso al desarrollo jurisprudencial dado a la representación sindical en relación con la suscripción de convenciones colectivas de trabajo, analizando los pronunciamientos citados en los considerandos del acto acusado, en la demanda y en su contestación, en los siguientes términos:

Como se deriva de lo expuesto, se observa que el derecho de asociación sindical no se agota con la posibilidad de crear organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos e intereses de cada trabajador. Además, en virtud de su carácter instrumental, su real y efectivo ejercicio se materializa a través de la negociación colectiva y ésta, a su vez, en el caso de los trabajadores sindicalizados, por la vía de la convención colectiva, acto normativo y fuente formal del derecho para regular las relaciones de trabajo, cuyo propósito es el de permitir la armonía en el ámbito laboral por medio del mutuo acuerdo.

6.3.4.3. Conforme se mencionó con anterioridad, el primer punto de análisis en relación con la suscripción de convenciones colectivas, es el referente a la representación sindical. Sobre la materia, es preciso destacar que el régimen normativo sufrió profundos cambios a partir de la expedición de varios fallos de constitucionalidad. Así, inicialmente, en la Sentencia C-567 de 2000, esta Corporación declaró la inexequibilidad de la limitación legal, por virtud de la cual en una empresa no podían existir dos o más sindicatos de base. En criterio de la Corte, el artículo 39 de la Constitución garantiza a todos los trabajadores el derecho a constituir sindicatos, por lo que resultaba injustificado negar el citado derecho, cuando en una misma empresa ya existía otra organización sindical.

Ante la eliminación de la prohibición del paralelismo sindical, se admitió la existencia de varios sindicatos de base en una misma expresa, lo que condujo a examinar la constitucionalidad de las normas que en la práctica tendían a limitar la participación en el proceso de negociación colectiva a un único sindicato, por lo general, aquél que agrupaba a un mayor número de trabaja-dores. Como consecuencia de lo anterior, en las Sentencias C-567 de 2000 y C-063 de 2008, este Tribunal trazó una línea jurisprudencial en el sentido de considerar que los sindicatos minoritarios (sin importar el número de afiliados) gozan del ejercicio del derecho a la negociación colectiva (CP art. 55), sin especificar de forma expresa la forma cómo el mismo se materializaría.

De esta manera, se declararon inexequibles los numerales 2 y 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, en los que se privilegiaba la representación de los sindicatos mayoritarios en perjuicio de los sindicatos minoritarios.

[…] en criterio de la Corte, ya no es el sindicato mayoritario el que representa a los trabajadores de forma exclusiva en los procesos de negociación colectiva, pues también debe asegurarse la participación de los sindicatos minoritarios en los procesos dirigidos a la suscripción de una convención colectiva. De esta manera, y por las razones expuestas, si bien se declaró la inexequibilidad de las reglas referentes a la representación sindical, bajo la consideración de resaltar la importancia de preservar el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos minoritarios, nada se dijo respecto la forma cómo este último se materializaría.

Finalmente, cabe señalar que además de la eliminación de la prohibición del paralelismo sindical y de habilitar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva por los sindicatos minoritarios, esta Corporación también declaró la inexequibilidad de la limitación legal de los trabajadores de formar parte de más de un sindicato de la misma clase o actividad, en amparo de la libertad positiva de asociación.

6.3.4.4. La declaratoria de inconstitucionalidad del régimen de representación sindical, sumada a la protección que este Tribunal le otorgó a los sindicatos minoritarios, condujo a plantear el problema referente a la posibilidad de que existan dos o más convenciones colectivas en una misma empresa, en especial si se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 1 del Decreto 904 de 1951, conforme al cual: “No puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren varias vigentes, se entenderá que la fecha de la primera es la de la convención única para todos los efectos legales. Las posteriores convenciones que se hubieren firmado se entenderán incorporadas en la primera, salvo estipulación en contrario”.

En un principio la jurisprudencia de la Corte Constitucional entendió que el citado decreto establecía una regla imperativa de prohibición respecto de la coexistencia de convenciones colectivas en una misma empresa. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1005 de 2000, este Tribunal aplicó el decreto en cita, en un caso en el que existían dos convenciones vigentes suscritas por distintos sindicatos al momento en que produjo la fusión de dos empresas, concluyendo que se debía emplear la más antigua e incorporando a ella las disposiciones de la segunda que resultaran más benéficas para los trabaja-dores, en la medida en que no existía estipulación en contrario.

Sin embargo, más adelante, en el año 2006, la Corte Suprema de Justicia afirmó que el citado decreto únicamente tiene aplicación cuando se presenta una concurrencia de convenciones colectivas “de hecho”, en el ámbito de los procesos de negociación entre el empleador y un mismo sindicato. En estos términos, su rigor normativo no resulta aplicable frente a la hipótesis de una pluralidad de convenciones como consecuencia del adelantamiento de un proceso de fusión empresarial, evento en el cual los beneficios acordados por cada sindicato se mantienen para sus afiliados, mientras no se integren en un mismo cuerpo convencional.

No obstante, como lo admite la doctrina y lo pone de presente el Ministerio de Trabajo en su intervención, teniendo en cuenta el alcance jurisprudencial que se le otorgó al Decreto 904 de 1951, el tema de la coexistencia de varias convenciones colectivas en una misma empresa fue abordado explícitamente por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2008, radicación 33.988, en la que expuso que:

“El nuevo panorama que hoy se muestra para asuntos como el analizado, ante la decisión de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional, indica que en materia de representación sindical y para los efectos de la negociación y de la contratación colectiva, cada sindicato la tiene por sí mismo y ello supone que tienen titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo económico. (…)

Ello implica, consecuencialmente, que en las demás etapas del conflicto colectivo, los sindicatos minoritarios tienen la legitimación para actuar por sí solos y naturalmente para obtener el resultado, que no es otro que la suscripción de la convención colectiva de trabajo o en su defecto la expedición del laudo arbitral, a efecto de lograr su mejoramiento económico y social como facultad dispositiva protegida por el artículo 55 de la Carta Política.

Así las cosas, (…) la preceptiva que contiene el artículo 1º del Decreto 904 de 1951, no puede considerarse como un obstáculo para el ejercicio del derecho de contratación colectiva por parte de los sindicatos minoritarios, o que uno de estos, por ejemplo, el que primero presente un pliego de peticiones e inicie un conflicto colectivo que alcance solución legal, prive a los demás de obtener mejoras en sus condiciones de trabajo a través de los conflictos colectivos bajo el supuesto de que en una empresa no puede existir más de una convención colectiva de trabajo de acuerdo con la última disposición mencionada.

El criterio anterior queda ratificado con la reciente Sentencia C-063 de 2008, mediante la cual se declaró inexequible el numeral 2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, pues al desaparecer en su totalidad el citado precepto por las decisiones de inexequibilidad mencionadas, la representación sindical quedó en manos de cada una de las organizaciones sindicales que como tales tienen plena autonomía en materia de negociación y de contratación colectiva.”

Como se deriva de lo anterior, además de que pueden existir varias organizaciones sindicales de base en una misma compañía, como lo dispuso este Tribunal en la Sentencia C-567 de 2000, en criterio de la Corte Suprema de Justicia, al otorgarse por esta Corporación autonomía y autodeterminación para cada una de ellas en materia de representación sindical, también es posible que cada sindicato suscriba su propia convención colectiva, dando lugar al fenómeno conocido como la multiplicidad de convenciones. Esta misma línea ha sido reiterada en varias ocasiones por la citada autoridad judicial e igualmente fue replicada por este Tribunal en las Sentencias T-251 de 2010 y T-947 de 2013.

(…)

[Nota de pie de página (68)] No desconoce la Corte que el Gobierno Nacional expidió recientemente el Decreto 089 de 2014, cuyo artículo 1 busca implementar el mecanismo de la unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, en aquellos casos en los que se presenta coexistencia de sindicatos en una misma empresa. En efecto, a partir de su entrada en vigencia, se procura que el proceso de negociación colectiva, sobre la base de la pluralidad de organizaciones sindicales, se lleve a cabo de manera conjunta, con independencia de si dichas agremiaciones agrupan o no a la mayoría de los trabajadores. De esta manera, sin importar el número de sus afiliados, todos los sindicatos pueden concurrir al proceso de negociación colectiva con un sólo pliego de peticiones e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical frente al empleador. En caso de no existir acuerdo, se dispone que la comisión negociadora se integrará en forma objetivamente proporcional al número de afiliados en cada sindicato, estando todos representados en el proceso de negociación. Por lo demás, los diversos pliegos se someterán a una sola mesa de negociación, con miras a la lograr la suscripción de la convención colectiva. Finalmente, en el parágrafo segundo de la norma en cita se dispone que: “En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo”. Esta misma norma fue incorporada en el decreto compilador expedido recientemente por el Gobierno Nacional en el sector trabajo. Al respecto, una reproducción fiel se encuentra en el artículo 2.2.2.7.1 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Sobre el particular, en el artículo 3.1.3 del citado decreto se dispone que: “Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio”. // Por último, destaca la Corte que el referido decreto –por su naturaleza reglamentaria– se encuentra demandado ante el Consejo de Estado, como autoridad judicial competente, la cual negó la solicitud de suspensión provisional mediante auto del 24 de febrero de 2015, al considerar que: “[No] se muestra evidente una contrariedad manifiesta entre lo dispuesto en los apartes resaltados, consignados en el Decreto 89 de 2014 y las normas que le sirvieron de sustento para su expedición, pues, prima facie, lo que puede apreciarse, con arreglo al principio de legalidad, es que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. // Tampoco se muestra evidente la vulneración al artículo 243 Superior, pues, contrario a lo afirmado por los demandantes en su solicitud, no se muestra palpable, por la mera confrontación, identidad entre los apartes que fueron declarados inexequibles por la Sentencia C-567 de 2000 y los resaltados del acto acusado, ya que mientras en aquella se dejó sin aplicación expresiones que restringían la posibilidad de coexistencia de más de un sindicato en una empresa, en esta se reconoce precisamente tal posibilidad, esto es, que coexistan dos o más agremiaciones sindicales, quienes podrán presentar en forma independiente sus respectivos pliegos de peticiones, los que serán analizados y negociados en una mesa conjunta, en aras de la unidad de concertación y negociación”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 24 de febrero de 2015, radicación: 2837-2014, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sobre la vigencia en el tiempo de este decreto se pueden consultar la citada sentencia SL 8693 de 2014 de la Corte Suprema de Justicia y por esta Corporación el fallo T-711 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

La sentencia T-711 de 2014, referida en la nota antes transcrita, hizo alusión al Decreto 089 de 2014 con ocasión de una acción de tutela incoada por una organización sindical contra una empresa, oportunidad en la cual se pronunció sobre el derecho de asociación sindical y negociación colectiva frente a la vulneración derivada de la omisión reiterada de la empresa para iniciar conversaciones colectivas con el sindicato, aun cuando existía una resolución del Ministerio del Trabajo ordenando su inicio. Para tal fin, la Corte Constitucional impartió la orden a la empresa para que procediera a designar el árbitro correspondiente con miras a convocar al tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto colectivo de carácter económico, y ordenó aplicar al caso particular objeto de amparo uno de los apartes demandados del artículo 1º del Decreto 089 de 2014, en los siguientes términos:

(…) 5.10. No obstante lo anterior, dado que en el trascurso de la acción fue expedido el Decreto 089 de 2014, en el que se establecen una serie de disposiciones para lograr la unidad en la negociación colectiva ante la existencia de varios sindicatos en una misma empresa, esta Corporación instará a las partes para que le propongan al tribunal de arbitramento que se conforme para solucionar el conflicto colectivo de carácter económico que articule la vigencia del laudo con la fecha de vencimiento de la convención colectiva que fue suscrita entre la empresa demandada y el Sindicato Asotratampa, en atención al parágrafo 2° del artículo 1° de la mencionada normatividad.

Conclusión. Del recuento jurisprudencial que antecede, la Sala consigue establecer que (i) al eliminar la prohibición del paralelismo sindical, se admitió la existencia de varios sindicatos de base en una misma expresa, lo que condujo a examinar la constitucionalidad de las normas que en la práctica tendían a limitar la participación en el proceso de negociación colectiva a un único sindicato, que por lo general era aquél que agrupaba a un mayor número de trabajadores; (ii) en las Sentencias C-567 de 2000 y C-063 de 2008, la Corte Constitucional trazó una línea jurisprudencial en el sentido de considerar que los sindicatos minoritarios (sin importar el número de afiliados) gozan del ejercicio del derecho a la negociación colectiva (CP art. 55), sin especificar de forma expresa la forma como el mismo se materializaría; (iii) en criterio de la Corte Suprema de Justicia, al otorgar la Corte Constitucional autonomía y autodeterminación para cada organización en materia de representación sindical, es posible que cada sindicato suscriba su propia convención colectiva, dando lugar al fenómeno conocido como la multiplicidad de convenciones; (iv) la Corte Constitucional reconoce que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 089 de 2014, cuyo artículo 1 implementa el mecanismo de la unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, en aquellos casos en los que se presenta coexistencia de sindicatos en una misma empresa; (v) a partir de la entrada en vigencia del decreto (Diario Oficial 49039 de enero 20 de 2014), se procura que el proceso de negociación colectiva, sobre la base de la pluralidad de organizaciones sindicales, se lleve a cabo de manera conjunta, con independencia de si dichas agremiaciones agrupan o no a la mayoría de los trabajadores; (vi) sin importar el número de afiliados, todos los sindicatos pueden concurrir al proceso de negociación colectiva con un solo pliego de peticiones e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical frente al empleador y, en caso de no existir acuerdo, la comisión negociadora se integra en forma objetivamente proporcional al número de afiliados en cada sindicato, estando todos representados en el proceso de negociación; (vii) los diversos pliegos se someten a una sola mesa de negociación, con miras a la lograr la suscripción de la convención colectiva; (viii) en las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales se deben articular en forma progresiva las fechas de vigencia para hacer efectiva en el tiempo la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo.

3.- Problema jurídico. Con las precisiones extraídas de la jurisprudencia relacionada con el asunto bajo análisis, así como con base en la demanda y su contestación, los alegatos de conclusión y el concepto del ministerio público, y teniendo en cuenta la fijación del litigio, la Sala pasa a analizar la legalidad del acto acusado, para lo cual considera que el problema jurídico se contrae a responder el siguiente interrogante:

El Decreto 089 de 2014 «Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», al establecer la unidad de la negociación, ¿limita la autonomía de las organizaciones sindicales para designar sus representantes en la negociación colectiva y para suscribir sus propias convenciones colectivas cuando existen varios sindicatos en una misma empresa, y, por ende, contraviene las normas que la demanda expresa que fueron vulneradas?

En el sentido indicado, se debe determinar si con el acto acusado, expedido con base en la facultad reglamentaria del presidente de la República, se contravienen los artículos 1, 39, 53, 55, 93 y 243 de la Constitución Política, los convenios internacionales, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, y la doctrina de la OIT sobre negociación voluntaria y autónoma.

1.- La potestad reglamentaria. Acerca del concepto y alcance de la potestad reglamentaria del presidente de las República, el Consejo de Estado ha expresado que la misma es la facultad constitucional «para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido material o alcance.»

Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado a este respecto que «la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 ha de ejercerse, por mandato de la Norma Fundamental, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales. Así, los actos administrativos emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad únicamente pueden desarrollar el contenido de la ley. Desde esta perspectiva, al Presidente de la República le está vedado ampliar o restringir el sentido de la Ley. No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues con ello estaría excediendo sus atribuciones. (…) La facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la Ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, encontrándose, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al Legislador.»

En el caso que ocupa a la Sala, referente a los apartes demandados del artículo primero del acto administrativo en cuestión, las consideraciones consignadas en el Decreto Reglamentario dan cuenta de la fundamentación que precedió a la expedición del decreto, así: (i) el mandato del artículo 39 de la Constitución Política sobre el funcionamiento de los sindicatos con sujeción al orden legal y a los principios democráticos; (ii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional que destaca los principios de autonomía y democracia sindical; (iii) los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo que indican, respectivamente, que corresponde a los sindicatos «Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley y la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios» y «Adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los que deban negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar»; (iv) la circunstancia originada en la aplicación de las providencias de la Corte Constitucional C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, que retiraron del ordenamiento jurídico las normas relativas a la representación sindical consignadas en el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, con miras a superar serias complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos de negociación colectiva; (v) la necesidad de implementar el mecanismo de unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, de racionalidad y economía en el procedimiento, para que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados y representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión negociadora; (vi) el cumplimiento del requisito de presentar el contenido del decreto el 18 de noviembre de 2013 a consulta tripartita en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; (vii) la comunicación remitida al Ministerio del Trabajo por el Comando Nacional Unitario, instancia de coordinación y unidad de acción de las centrales sindicales (Central Unitaria de Trabajadores ‘CUT’, Confederación General del Trabajo ‘CGT’, Confederación de Trabajadores del Colombia ‘CTC’ y Confederación Democrática de Pensionados ‘CDP’), en la que resalta con respecto a este decreto “la pertinencia de fomentar la unidad sindical, que puede promoverse incentivando la negociación concentrada y en la medida de lo posible concertada, de la parte sindical conformada por organizaciones sindicales coexistentes...”; (viii) la comunicación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ‘ANDI’, del 4 de diciembre de 2013 remitida al Ministerio del Trabajo, en la que expresó que “el proyecto de decreto, con el texto que se nos ha presentado, responde a la orientación internacional, contribuye al mejoramiento del diálogo socio-laboral, evita la atomización del movimiento sindical, contribuye a que la negociación colectiva sea más eficaz y soluciona las tensiones recientes entre trabajadores y empleadores en materia de negociación colectiva”; la comunicación de la Federación Nacional de Comerciantes ‘FENALCO’ del 30 de noviembre de 2013 remitida al Ministerio del Trabajo, que consideró que “..., el proyecto constituye una herramienta de gran importancia para el sector, considerando que promueve el derecho de asociación y la negociación colectiva, concediendo a los empresarios del país un rol significativo y facilitando los diferentes procesos sindicales al interior de sus organizaciones, tanto jurídica como administrativamente...”

A partir de la fundamentación normativa y jurisprudencial indicadas y en desarrollo del contenido de los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir, en lo concerniente a la presentación de pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley y la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios, el adelantamiento del trámite legal de los mismos, la designación y autorización a quienes deban negociarlos, la reglamentación efectuada por el acto administrativo demandado se ocupó de establecer reglas generales acerca de (i) la facultad que tienen los diferentes sindicatos existentes en una misma empresa, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, para decidir comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical; (ii) la manera de integrar la comisión negociadora sindical en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados ante la falta de acuerdo; (iii) la negociación de los diversos pliegos en una sola mesa para la solución del conflicto, con representación de todos los sindicatos en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva; (iv) la garantía de tener representación y de formar parte de la comisión negociadora para los sindicatos con menor grado de representatividad en proporción al número de sus afiliados; (v) la prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 2013; y (vi) el deber de articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia en las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo. De acuerdo con lo expuesto, la Sala constata que la reglamentación efectuada por el acto administrativo demandado sí se ocupó de establecer reglas generales dentro del ámbito de la disposición legal reglamentada, por lo cual no hubo exceso en la facultad reglamentaria y desbordamiento de las atribuciones del Gobierno nacional para ese fin.

Análisis de los cargos de la demanda

A partir de los criterios jurisprudenciales citados y en el marco de la facultad reglamentaria según quedó expuesto, la Sala pasa a efectuar, en su orden, el análisis de los cargos de la demanda.

Primero. Pluralismo y cosa juzgada. En cuanto a la presunta vulneración de los artículos 1, 39, 53, 55, 93 y 243 de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad en lo laboral, en cuanto a que el decreto demandado desconoce el principio de pluralismo, cabe decir que el adelantamiento de los procesos de negociación originados en los pliegos de peticiones presentados por diferentes sindicatos de una misma empresa para que sean tramitados de manera conjunta, lo que hace es dar equitativa participación en una sola mesa de discusión a todos los representantes de las organizaciones asegurando la intervención y contribución en la negociación colectiva, de tal manera que el derecho de asociación sindical, en particular en lo que atañe a la libertad y la autonomía sindical, tengan plena vigencia, pues la representación proporcional de las organizaciones, es decir, la pluralidad de las mismas en una misma empresa y en la consideración y discusión de los puntos de sus respectivos pliegos, con lo cual quedan preservadas las garantías propias del orden democrático. Así mismo, el acto demandado en manera alguna reproduce el contenido material del art. 26 numeral 3 del Decreto 2351 de 1965, declarado inexequible según sentencia C-567 de 2000. Si se observa con atención, dicha norma establecía que la representación es conjunta cuando ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores, situación totalmente diferente a la consagrada en el acto demandado, en el cual lo que se consagró es que los sindicatos que tengan un menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora. Es decir, cada sindicato tiene una representación propia en la comisión negociadora. De ahí que la Corte Constitucional determinara que esa disposición saliera del ordenamiento jurídico, en razón a que el derecho de asociación sindical impone que cada sindicato tenga la representación de sus afiliados, so pena de desconocer el artículo 39 de la Constitución Política, por lo cual no es dable imponer esa representación para que la ejerza conjuntamente «con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical, razones por las cuales se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965.» De manera que por estos aspectos, no prospera el cargo.

Segundo. Consulta tripartita. Con el fin de implementar el mecanismo de unidad de negociación, en aras de conseguir racionalidad y economía en ese procedimiento, buscando que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados y representados en la mesa de negociación y en la comisión negociadora, el 18 de noviembre de 2013 se sometió a consulta el contenido del decreto parcialmente demandado a consulta tripartita en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En efecto, el decreto da cuenta, en aspecto que no fue objeto de prueba que condujera a su desaprobación, sobre lo siguiente:
«Al respecto, el Comando Nacional Unitario, instancia de coordinación y unidad de acción de las centrales sindicales: Central Unitaria de Trabajadores ‘CUT’, Confederación General del Trabajo ‘CGT’, Confederación de Trabajadores del Colombia ‘CTC’ y Confederación Democrática de Pensionados ‘CDP’, en comunicación remitida al Ministerio del Trabajo, resalta con respecto a este decreto, “la pertinencia de fomentar la unidad sindical, que puede promoverse incentivando la negociación concentrada y en la medida de lo posible concertada, de la parte sindical conformada por organizaciones sindicales coexistentes...”. // Que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ‘ANDI’, expresó en comunicación del 4 de diciembre de 2013 remitida al Ministerio del Trabajo, que “el proyecto de decreto, con el texto que se nos ha presentado, responde a la orientación internacional, contribuye al mejoramiento del diálogo socio-laboral, evita la atomización del movimiento sindical, contribuye a que la negociación colectiva sea más eficaz y soluciona las tensiones recientes entre trabajadores y empleadores en materia de negociación colectiva”. La Federación Nacional de Comerciantes ‘FENALCO’, consideró en comunicación del 30 de noviembre de 2013 remitida al Ministerio del Trabajo, que “..., el proyecto constituye una herramienta de gran importancia para el sector, considerando que promueve el derecho de asociación y la negociación colectiva, concediendo a los empresarios del país un rol significativo y facilitando los diferentes procesos sindicales al interior de sus organizaciones, tanto jurídica como administrativamente...”»

En ese orden de ideas, la alegada vulneración de los convenios internacionales 87/48, 98/49, 154/81 y 144/70 de la OIT, basada en que el aparte demandado desconoció la consulta tripartita, en manera alguna expresa un obstáculo al derecho de negociación colectiva y su realización de manera franca, sin trabas y detallada, pues está evidenciado en los propios fundamentos del acto demandado que ese requisito constitucional y convencional fue atendido para sustentar la expedición del decreto. De manera que por este aspecto, no prospera el cargo.

Tercero. Derecho de asociación. En lo referente al cargo que recae en el presunto desconocimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74/68, art 8, 1, c), por cuanto el acto acusado desprotegería el derecho de asociación al limitar el accionar de las organizaciones sindicales para negociar, la Sala advierte que, por el contrario, tanto el derecho de asociación como la posibilidad de accionar como organización en el escenario de la negociación colectiva en representación de sus afiliados, están garantizados en los diversos escenarios que se pueden presentar. En efecto, la norma establece que en ejercicio del principio de la autonomía sindical cuando existen varios sindicatos, estos pueden decidir comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical, y que si no lo hacen la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negocian «en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva»; además, la disposición asegura que los sindicatos que tengan un menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, «tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora». Se advierte pues que tanto la autonomía como organización, como la representación y como los pliegos de peticiones están previstos en la norma, de tal forma que sea efectivo el derecho de todos los sindicatos a participar en la negociación. De manera que por este aspecto, no prospera el cargo.

Cuarto. Limitación a los principios del derecho de asociación sindical. Respecto al cargo de que la unidad de negociación en una sola mesa y en una sola convención colectiva presuntamente limita los principios del derecho de asociación sindical previstos en el Protocolo de San Salvador (Ley 319/96, art. 8, a), cabe anotar que el decreto establece un mecanismo que de manera claramente diferente a instituir una limitación al derecho de asociación sindical, lo que introduce es la posibilidad real de comparecencia de todos los sindicatos, en proporción a su representación y a sus afiliados y sobre sus respectivos pliegos de peticiones, con una indudable coherencia frente al principio democrático aplicado a la actividad sindical. En este aspecto, cobra relieve lo expresado por el ministerio público en su concepto, cuando expresó que no cabía asumir el principio de autonomía sindical sin la necesaria la ponderación con el principio democrático, en especial debido a que dentro de la organización sindical es deber del estado su garantía efectiva, que dan sentido a consagrar unas «reglas de encauce metodológico» que hagan efectiva la participación de las distintas organizaciones sindicales al interior de la empresa; además, debido a que la proliferación de sindicatos sin un mecanismo que les dé cabida y participación en la negociación colectiva, haría que ésta, en la práctica, resultara ineficaz. Por lo expuesto, no prospera este cargo.

Quinto. La doctrina de la OIT sobre negociación voluntaria y autónoma. Siguiendo la línea de interpretación que se ha expuesto frente a los cargos precedentes, concernientes a las normas constitucionales y convencionales supuestamente vulneradas, lo propio debe decirse frente a la doctrina de la OIT sobre negociación voluntaria y autónoma, por cuanto la interpretación que hace el organismo no escapa al contenido normativo correspondiente. En efecto, la Sala no encuentra que el acto acusado resulte contrario a una negociación voluntaria de convenios colectivos ni a la autonomía de los interlocutores en la negociación, como aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical. Por el contrario, resulta indudable la bondad de la norma que asegura que gracias a un mecanismo de unidad de negociación sindical en una misma mesa, tengan vigencia unos criterios objetivos exigibles para determinar la representación sindical equitativa y la consideración de los diferentes pliegos para la firma de la convención colectiva. De manera que por lo expuesto, no prospera el cargo.

Efectuado el análisis anterior, la Sala constata que los aspectos materia de la reglamentación efectuada mediante el Decreto 089 de 2014 desarrollan los elementos que al respecto consignó el artículo legal reglamentado, en cuanto a la presentación de pliegos de peticiones y al adelantamiento del trámite legal de los mismos, así como sobre la designación y autorización a quienes deban negociarlos. En ese sentido, para la Sala es claro que el Gobierno Nacional ejerció su atribución de reglamentación en los precisos términos de la norma constitucional que la autoriza, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, con miras a expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto en materia de representación sindical cuando hay una pluralidad de sindicatos en una empresa, con el fin de asegurar su equitativa participación, así como sobre la negociación colectiva y la suscripción de la convención colectiva de trabajo, para la debida ejecución de la ley (numerales 2 y 3 del artículo 374 del CST), y que lo hizo con el propósito de desarrollar las reglas y principios en tales normas fijados, limitando su accionar a completar su contenido en aquellos detalles y particularidades necesarios que permitan su aplicación, sin incurrir en la modificación, ampliación o restricción de su contenido material o alcance, con el objeto contribuir a la concreción de la ley, a la cual le está subordinada, y sin haber incurrido tampoco en la reglamentación de materias cuyo contenido esté reservado al legislador o que hayan desaparecido del ordenamiento por efecto de la cosa juzgada respecto de otras normas que regulaban situaciones diferentes a alas aquí estudiadas, según se hizo evidente al hacer la revisión jurisprudencial pertinente a este tema.

En el sentido indicado, por las razones expuestas, no se accederá a las pretensiones de la demanda, como quiera que el Decreto 089 de 2014 «Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», al establecer la unidad de la negociación, no limitó la autonomía de las organizaciones sindicales para designar sus representantes en la negociación colectiva y para suscribir convenciones colectivas de trabajo cuando existen varios sindicatos en una misma empresa, sino que garantiza su participación equitativa y, por ende, no contraviene las normas que la demanda expresa que fueron vulneradas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad contra el artículo 1 del Decreto Reglamentario 089 de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presentes diligencias.

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Folios 43 a 48
Folios 19 a 40
Folios 71 a 76
Folios 43 a 48
Folios 64 a 70 cuaderno de suspensión provisional
Folio 79
Folios 87 a 91
Folios 92 a 97
Folios 98 a 107
Folios 108 a 117
Folios 92 a 97
Folio 93
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia Radicación 27975 de 10 de agosto de 2010. M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón y Corte Constitucional sentencia C-063 de 2008.
Sentencias C-567 de 2000 y C-063 de 2008
Folios 98 a 107
Folios 108 a 117
Artículo 38. Extensión a terceros. <Modifica el artículo  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr016.htm" \l "471" 471 del Código Sustantivo del Trabajo. Ver texto vigente en el Código>
1. Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados.
2. Lo dispuesto en este artículo se aplica también cuando el número de afiliados al sindicato llegare a exceder del límite indicado, con posterioridad a la firma de la convención.

M.P. Alfredo Beltrán Sierra. El artículo 26, numeral 1, del Decreto 2351 de 1965 disponía que: “En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”. Expresamente se dijo que: “Entonces, al continuar con la comparación del artículo 39 de la Constitución, en cuanto que garantiza a todos los trabajadores el derecho de constituir sindicatos, y de las disposiciones del Convenio 87 de la O.I.T., especialmente en el artículo 2, que dice que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, se concluye que la prohibición legal de formar sindicatos de base en una misma empresa, cuando ya exista otro, resulta injustificada a la luz de la garantía expresa de la Constitución de 1991. (…) De esta suerte, la norma acusada resulta, además, contraria a la propia filosofía que informa la Constitución Política de 1991, en cuanto ella, en su artículo 1º audefine al Estado Colombiano como social de derecho, en el cual son principios esenciales una organización ‘democrática, participativa y pluralista, fundada en la dignidad humana’, principios éstos conforme a los cuales ha de interpretarse, también, el artículo 39 de la Carta en cuanto garantiza a los trabajadores a constituir sindicatos, lo cual desde luego ha de entenderse en el sentido de que éstos pueden obedecer a distintas orientaciones ideológicas, cuya existencia se garantiza por la propia Constitución.”
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En la Sentencia C-567 de 2000 se declaró inexequible el numeral 3 de la norma en cita, el cual disponía que: “(…) 3. Si ninguno de los sindicatos agrupan la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación”. Por su parte, en la Sentencia C-063 de 2008 se dispuso la inexequibili-dad del numeral 2 de la misma disposición, en la que se establecía que: “(…) 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa”. Énfasis por fuera del texto original. Nótese que la Corte se limita a señalar que su decisión no necesariamente conduciría “a la atomización de las negociaciones y al desmedro de la seguridad jurídica”, ya que su efecto no se encauzaría, per se, a “multiplicar las negociaciones y las convenciones en función del número de sindicatos coexistentes”, sino el de asegurar “la participación directa de cada uno de tales sindicatos en las negociaciones que conduzcan a la suscripción de la correspondiente convención colectiva de trabajo”. Por ello, en la aclaración de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería se expuso que: “(…) considero necesario aclarar que no coincido con la consideración que se hace en la parte motiva de esta providencia (…) respecto de que sólo puede existir una convención colectiva de trabajo en una empresa. // Por el contrario, considero que hace parte del núcleo esencial de la libertad sindical –art.

39 Superior y Convenios 87 y 98 de la OIT–, la posibilidad de que así como pueden existir varias asociaciones sindicales de base, principio constitucional que hace parte del núcleo esencial de la libertad sindical y del derecho de asociación sindical, derechos que han sido restablecidos por esta Corporación, así también pueden éstas asociaciones sindicales pueden suscribir varias convenciones colectivas, todo lo cual redunda en el fortalecimiento de la autonomía sindical y en últimas en la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores, todo lo cual se encuentra en armonía con los artículos 39, 53 y 55 de la Constitución Política, y los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT. [Por lo demás], considero que la inexequibilidad que se declara en el presente fallo tiene consecuencias prácticas, como la que se busca con esta demanda de constitucionalidad, en el sentido de que cada sindicato pueda tener su propia convención. (…)”. Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. La norma declarada inexequible disponía que: “Artículo 360. Afiliación a varios sindicatos. Se prohíbe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o actividad”. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de abril de 2006, radicación: 24.425, M.P. Isaura Vargas Díaz. Puntualmente, se afirmó que: “(…) como criterio regulador de aplicación ante la concurrencia desordenada de convenciones colectivas de trabajo en un mismo ámbito de trabajo, en el régimen laboral sindical colombiano se profirió el Decreto 904 de 1951, que en su artículo 1º dispuso que ‘no puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren varias vigentes, se entenderá que la fecha de la primera es la de convención única para todos los efectos legales.

Las posteriores convenciones que se hubieren firmado se entenderán incorporadas a la primera, salvo estipulación en contrario’. // Para ese momento resultó así concebible la concurrencia ‘de hecho’ de convenciones colectivas de trabajo y demás tipos de acuerdos obrero patronales dentro de un mismo ámbito laboral, es decir, dentro de las empresas que para aquella época empezaron a tener algún peso específico en la economía nacional, lo cual, naturalmente, impuso al Estado, y particularmente al gobierno de entonces, asegurar un mínimo orden que garantizara el derecho de asociación y negociación colectiva, pero también, la preferencia de la convención colectiva de trabajo frente a otras formas de negociación, como también, de la preexistente a las que posteriormente, y ‘de hecho’, llegaren a concurrir en dicho ámbito laboral. (…) Luego, la citada disposición tuvo un contexto histórico causal que no es posible eludir para su interpretación, y más aún, una teleología y efectos que no pueden extenderse a situaciones que hoy aparecen totalmente distintas a aquellas, como la del sub lite. // En efecto, por ser asunto pacífico el que la fusión de sociedades, según se dijo atrás, es un mecanismo jurídico a través del cual patrimonios sociales se integran para conformar una sola masa, bien para ensanchar el de la sociedad absorbente, ora para constituir el de una nueva persona jurídica, modalidades que apenas prevé la legislación comercial nacional, salta a la vista que no puede atribuirse por ese camino la presencia de pluralidad de convenciones colectivas, por razón de su preexistencia en las sociedades fusionadas; a una concurrencia o coexistencia ‘de hecho’ (…) En criterio de la Corte, siendo la fusión de sociedades un indiscutible mecanismo jurídico, los efectos que produce no pueden resultar o calificarse como ‘de hecho’; razón primera que permite inferir que la aludida disposición no regula la situación de la demandante, pues, para este caso, la fusión por absorción que se dio entre las sociedades Banco de Colombia y Banco Industrial Colombiano, por estar regulada por las disposiciones mercantiles pertinentes no tuvo la virtud de generar una posible existencia o coexistencia ‘de hecho’ de las convenciones colectivas de trabajo preexistentes a la recomposición societaria que dio luz al hoy demandado Bancolombia S.A. // Por manera que, desde tal perspectiva, fuera de no tratarse la situación estudiada de las que trató de enmendar el legislador de excepción cuando expidió la invocada disposición, se impone concluir la inaplicabilidad del mentado artículo 1º del Decreto 904 de 1951 a la fusión de las sociedades que dieron origen a la personalidad del demandado en el presente asunto.”
COLEGIO DE ABOGADOS DEL TRABAJO DE COLOMBIA, Compendio teórico práctico de Derecho del Trabajo, individual y colectivo. Legis, Bogotá, 2014, págs. 646 y ss. Folios 53 y 54. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 29 de abril de 2008, radicación: 33.988, Magistrados Ponentes: Luis Javier Osorio López y Camilo Tarquino Gallego. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-063 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Al respecto se pueden consultar las sentencias 40.428 del 3 de junio de 2009, 49.859 del 19 de julio de 2011, 55.501 del 4 de diciembre de 2012 y SL8693 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Al respecto, se afirmó que: “(…) es importante aclarar que en una misma empresa pueden existir más de dos sindicatos y por ende varias convenciones colectivas, (…) para así salvaguardar el derecho a la asociación sindical y la libertad de creación de las mismas”. Al momento de resolver el caso en concreto, se manifestó que: “[la empresa demandada] sí puede realizar dos convenciones colectivas, una con el sindicato de base y otro con el de industria, para evitar vulnerar los derechos a la asociación sindical y la libertad de creación de las mismas (…)”. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Sobre el particular, se dijo que: “(…) como esta Sala expresó en el fallo T-251 de 2010, en una misma empresa pueden existir dos o más sindicatos y varias convenciones colectivas de trabajo”. Indirectamente esta Corporación también avaló la coexistencia de convenciones, en un caso de amparo referente a la omisión del empleador de dar inicio a un proceso de negociación colectiva, pese a la orden del Ministerio de Trabajo en dicho sentido. Sobre el particular, se puede consultar la Sentencia T-248 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
“Artículo 1. Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical. // Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva. // Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora. // Parágrafo 1. La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 2013. // Parágrafo 2. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo.” (Subrayado fuera del texto original). Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, 7 de abril de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2012-00373-00 y Radicación 11001-03-24-000-2010-00119-00 20 de noviembre de 2014. CP Germán Vargas Ayala.

Sentencia C-1005/08. MP Humberto Antonio Sierra Porto.

PAGE \* MERGEFORMAT21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.