Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00276-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00276-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00276-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de noviembre de 2022
Radicación: 110010325000201500276 00 (0532-2015)
Demandante: Municipio de Morroa, Sucre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201500276 00 (0532-2015)
Demandante: MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE
Demandado: OLIMPO RAFAEL GUZMÁN MÉNDEZ
Temas: Causales de revisión 5 y 7 del artículo 250 del CPACA.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-062-2022
ASUNTO
La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el municipio de
Morroa, Sucre con el fin de que se infirme la sentencia del 18 de septiembre de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Olimpo Rafael
Guzmán Méndez.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
El señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad del Decreto 0068
del 9 de mayo de 2012 proferido por el municipio de Morroa, Sucre, mediante el cual
se suprimió el cargo de conductor mecánico y se le retiró del servicio.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la entidad a:
1. Reintegrar al señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez al empleo que venía
desempeñando, a uno igual o de superior categoría.
2. Reconocer y pagar, a título de indemnización, los salarios y demás prestaciones
sociales, tales como, las primas, las vacaciones, los subsidios y otros emolumentos
dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo desvinculado del servicio, con los
ajustes de ley.
1 Folios 1 a 11 Y 89 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
700013333003201200105.
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Demandante: Municipio de Morroa, Sucre
3. Cancelar, en favor del demandante, los intereses de que trata el artículo 192 del
CPACA.
4. Pagar las costas y agencias en derecho que se causen como resultado del inicio
y trámite del proceso, de conformidad con lo previsto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-539 de 1999.
5. Ajustar las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC, tal y como lo dispone el
artículo 187 del CPACA.
Fundamentos fácticos
1. Mediante Decreto 0022 del 26 de enero de 1998 la alcaldía del municipio de
Morroa, Sucre, nombró al señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez en el cargo de
conductor mecánico, código 2110, grado 6. Dicho empleo fue desempeñado por el
trabajador, de forma ininterrumpida, entre el «21 de abril de 1998 y el 17 de mayo de
2012».
2. A través del Decreto 043 del 1 de marzo de 2001, el mismo ente territorial,
comisionó de forma indefinida al señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez para que
ejecutara sus funciones como conductor en la ESE San Blas de Morroa.
3. Por medio del Decreto 028 del 15 de febrero de 2011, la Alcaldía municipal de
Morroa, Sucre, ajustó el Manual Específico de Funciones de Competencias Laborales
de los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal del
Morroa. En este acto, el código de conductor mecánico código 2110, grado 06, pasó a
denominarse conductor de ambulancia código 480, grado 4, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social de la alcaldía municipal.
4. Mediante Oficio 139 del 13 de abril de 2012, la gerente de la ESE Hospital San
Blas de Morroa informó a la alcaldía municipal que a partir del 17 de abril de la misma
anualidad no requeriría de los servicios del señor Olimpo Guzmán Méndez.
5. El 30 de abril de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social remitió un informe al
alcalde municipal en el que indicó que no existía la necesidad de un conductor
mecánico, por cuanto no existía el servicio de ambulancia en dicha dependencia.
6. Por medio del Decreto 068 del 9 de mayo de 2012, el alcalde del municipio de
Morroa, Sucre, suprimió de la planta de cargos de la entidad territorial los empleos de
conductor mecánico, código 2110, grado 6 y conductor, grado 480, grado 4. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 028 de 2011 de
la alcaldía de Morroa Sucre, que ajustó el manual específico de funciones.
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
1, 2, 53, 95, 121, 122, 123 inciso 2, 125 y 209 de la Constitución Política; 40 y 41 de la
Ley 443 de 1998; 41 de la Ley 909 de 2004; 148, 153 y 156 del Decreto 1572 de 1998;
11 del Decreto 2504 de 1998; 2 inciso 1, 75, 79, 82 y 90 del Decreto 1042 de 1978; 2
y 48 del Decreto 2400 de 1968 y 7 del Decreto 1950 de 1973.
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Demandante: Municipio de Morroa, Sucre
Como concepto de violación expuso que el acto objeto de demanda adolece de nulidad
por falsa motivación, infracción a la ley y desviación de poder.
En primer lugar, señaló que el retiro no respondió a necesidades del servicio o razones
de modernización, sino que obedeció al capricho de la administración, en la medida en
que no se fundó en un estudio técnico, en los términos previstos por la ley. En ese
mismo sentido, estimó que, si bien no se desconoce que la Secretaría de Desarrollo
Social emitió el oficio del 30 de abril de 2010, mediante el cual rindió un informe sobre
la labor desempeñada por el trabajador y la necesidad de su empleo, ello por sí solo
no constituye un estudio técnico, puesto que no contiene las circunstancias de hecho
y de derecho que justifiquen la supresión del empleo, ni fue proferido por un «equipo
ejecutor del estudio» conformado, entre otros, por dos empleados de carrera, en
cumplimiento del artículo 153 del Decreto 1572 de 1998.
En segundo lugar, destacó que, según lo prevé la Ley 909 de 2004 y conforme lo ha
sostenido el Consejo de Estado, el acto administrativo que disponga la desvinculación
de un empleado en provisionalidad debe ser motivado. Asimismo, que, contrario a lo
expuesto por la entidad territorial, el trabajador fue nombrado en provisionalidad en el
cargo de conductor en 1998, mismo que desempeñó de forma ininterrumpida por un
lapso de 14 años y cumplió las mismas funciones descritas en el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales para el empleo de «operario código 480, grado 04
conductor de ambulancia.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2
El municipio de Morroa, Sucre, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Explicó que el acto acusado fue proferido con observancia de la Constitución, la ley y
la jurisprudencia que resultaban aplicables al asunto. Expuso brevemente el contenido
de los artículos 10 de la Ley 443 de 1998 y 27 de la Ley 909 de 2004, con el fin de
evidenciar las diferencias existentes entre los empleados de carrera y los
provisionales. Asimismo, afirmó que el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez no
ostentó la calidad de empleado de carrera, por el contrario, el cargo de conductor fue
desempeñado en la modalidad de provisionalidad.
En ese mismo sentido, indicó que, tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado3, por
regla general el acto de retiro de un trabajador en provisionalidad no debe motivarse,
salvo que se dé por terminado el nombramiento antes de cumplirse el término para el
cual fue designado.
Propuso como excepciones las siguientes:
• «FALTA DE COMPETENCIA»: Consideró que el sub examine debe regirse por
las disposiciones contenidas en el Decreto 01 de 1984, habida cuenta de que los
hechos y el acto objeto de demanda tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012.
2 Ff. 132 a 140 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 No indica datos de la providencia que cita en el escrito de contestación.
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Demandante: Municipio de Morroa, Sucre
• «INEXISTENCIA DE FALSA MOTIVACIÓN»: Afirmó que el Decreto 068 del 9
de mayo de 2012 fue expedido de conformidad con la Constitución y la ley. Dicho en
otras palabras, carece de razones engañosas o contrarias a la realidad.
• «INEPTA DEMANDA»: Aseveró que, contrario a lo expuesto en el escrito
introductorio, el demandante fue nombrado en provisionalidad, por lo que no ostentó
ninguno de los derechos que le son propios a los empleados de carrera.
• «CADUCIDAD»: Aseguró que la demanda fue presentada de forma
extemporánea. Para el efecto, explicó que, habiéndose notificado el acto atacado el
14 de mayo de 2012, los cuatro meses que prevé la norma vencieron el 14 de
septiembre de la misma anualidad, sin que la parte interesada acudiera a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Agregó que la audiencia de conciliación prejudicial
se llevó a cabo tan solo hasta el 19 de noviembre de 2012.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4
El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Sincelejo, mediante sentencia del 31 de
marzo de 2014, resolvió: i) declarar no probada la excepción denominada «inexistencia
de falsa motivación»: ii) declarar la nulidad del acto acusado; iii) condenar a la entidad
demandada a reintegrar al señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez, sin solución de
continuidad, al cargo que venía desempeñando al momento del retiro o a uno de igual
o superior categoría; iv) condenar al municipio a pagar en favor del demandante los
sueldos y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado del servicio y hasta cuando se haga efectivo su reintegro, «descontando
de la suma resultante, lo que haya recibido por concepto de indemnización por supresión del
cargo», así como al pago de la indemnización de que trata el artículo 26, inciso 2 de la
Ley 361 de 1997 y v) condenar en costas.
Para comenzar, reseñó la normativa que rige la función pública, la carrera
administrativa y la supresión del empleo. Para el efecto, citó los artículos 125, 209, 313
y 315 numeral 7 de la Constitución Política, así como también las Leyes 3 de 1986, 11
de la misma anualidad, 443 de 1998, el Decreto 1572 de 1998 y la Ley 909 de 2004.
A continuación, recordó que, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado 5, las
reformas de planta de personal de las entidades, que impliquen supresión de empleos
de carrera, deben fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la administración, y, basarse en estudios técnicos que así lo
demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de
Administración Pública, firmas especializadas en la materia o profesionales en
administración pública, debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación
que para el efecto expida el gobierno nacional.
Al analizar el caso concreto, en primer lugar, determinó que el cargo de
«CONDUCTOR MECÁNICO, CÓDIGO 480-GRADO 04», es de carrera, según sus
funciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 3, literal C, y el artículo 5 de
4 Ff. 393 a 405 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Para el efecto citó las sentencias del 25 de marzo de 2004, radicado: 23001233100019980428 01
(4939-02); del 27 de enero de 2011, radicado: 190012331000200302124 01 (1039-2010)
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la Ley 909 de 2004. En segundo lugar, observó que el oficio emitido por la Secretaría
de Educación Social Municipal de Morroa, mediante el cual se identifican el cargo del
demandante, sus actos de nombramiento, funciones y la necesidad de su labor, no
tiene la condición de estudio técnico en los términos previstos en el artículo 154 del
Decreto 2504 de 1998 en armonía con las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004. De ahí que, concluyó que la supresión del empleo de conductor no estuvo
precedida de un estudio técnico elaborado bajo las directrices del Departamento de la
Función Pública ni de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
En consecuencia, condenó al municipio a reintegrar al trabajador a un cargo igual o de
superior categoría, sin solución de continuidad, y al pago de todos los emolumentos
dejados de percibir desde que se produjo la desvinculación hasta cuando se haga
efectivo el reintegro. Asimismo, ordenó cancelar en favor del demandante la
indemnización de que trata el artículo 26, inciso 2 de la Ley 361 de 1997.
RECURSO DE APELACIÓN6
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del municipio de Morroa, Sucre,
presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
En sustento de su desacuerdo, advirtió que el a quo se pronunció sobre la expedición
irregular del acto administrativo, aun cuando el demandante fundó sus pretensiones
en una falsa motivación. De igual manera, aseveró que, contrario a lo expuesto en la
decisión objeto de apelación, la entidad cumplió las exigencias que prevé el artículo 9
del Decreto 2504 de 1998, toda vez que, para suprimir el cargo del demandante y
otros, se basó en un análisis organizacional de cada una de las dependencias, las
funciones de los cargos que las integran, junto con la justificación para mantenerlos o
suprimirlos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA7
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, profirió sentencia
el 18 de septiembre de 2014, en la que confirmó la decisión adoptada por el a quo, con
fundamento en los argumentos que siguen.
Reseñó brevemente el marco normativo y jurisprudencial que rige el estudio técnico
de los procesos de reestructuración de la planta de personal. Luego, señaló que toda
modificación de la planta de personal de una entidad perteneciente a la Rama
Ejecutiva del poder público, de cualquier orden, debe obedecer a la necesidad de
mejorar el servicio o de modernizar la institución y estar debidamente soportada en
estudios técnicos que justifiquen tal medida, pues de lo contrario, el acto que
materialice la supresión de los cargos estará viciado de nulidad, tal y como lo sostuvo
el Consejo de Estado8.
6 Ff. 419 a 420 del cuad. 3 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7 Ff. 28 a 37 del cuad. 3 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 Para el efecto citó la sentencia del 9 de junio de 2011, radicado: 41001233100020020053 01 (2177-
09), actor: Carlos Alberto Polanco Mejía, demandado: Municipio de Neiva.
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Al analizar el sub examine encontró que, dada la fecha de separación del cargo del
demandante, la norma que regula las causales de retiro son las contenidas en el
artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Asimismo, que tal como lo dispuso el a quo el acto
acusado carece de un elemento esencial, esto es, del estudio técnico que justifique la
supresión del cargo de conductor desempeñado por el señor Olimpo Rafael Guzmán
Méndez. Explicó que, si bien existe un informe elaborado por la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal, el cual en principio podría tener la condición de estudio
técnico en los términos del artículo 46 de la Ley 909 de 2004, lo cierto es que, no
cumple con los criterios orientadores del Departamento Administrativo de la Función
Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública.
Agregó que la razón consignada en el acto demandado, en cuanto a la necesidad del
servicio prestado por el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez, «no fue consecuencia de
la aplicación de metodologías de diseño organizacional y ocupacional […] del cual se
desprendan como mínimo, los siguientes aspectos; “Análisis de los procesos técnico-
misionales y de apoyo, una evaluación de la prestación de los servicios, Evaluación de
las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo” […]», según el artículo 97 del Decreto
1227 de 2005 (negrita del texto original). En esa medida, el acto de supresión del cargo
es nulo por incurrir en falsa motivación.
De igual forma, destacó que aun cuando, posteriormente, la Alcaldía Municipal de
Morroa aportó copias del «Estudio Técnico para la Reestructuración Administrativa y
Financiera de la Administración Central del Municipio de Morroa (Sucre)» elaborado por
diferentes especialistas y un Comité Operativo conformado por cinco secretarios del
ente municipal, estimó que no podía darle valor, comoquiera que se expidió en agosto
de 2012, es decir, con posterioridad a la fecha en que se emitió el acto objeto de
demanda, que tuvo lugar en mayo de la misma anualidad. En ese sentido, juzgó que
no guarda relación con el caso del demandado, puesto que su elaboración es posterior
al acto de retiro del servicio.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN9
El municipio de Morroa, Sucre, recurrió la sentencia de segunda instancia a través del
recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó las causales consagradas en el
artículo 250 del CPACA, numerales 5 «Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» y 7 «No tener la persona en
cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.»
Como pretensiones de la demanda de revisión, solicitó:
i) De encontrar probada la causal 5 del artículo 250 del CPACA: «Dejar sin efectos
la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre
del 18 de Septiembre de 2014, que dio como resultado una decisión adversa a los intereses
del Municipio de Morroa; además de ello declarar nulo lo actuado por no haber vinculado a la
ESE Centro de Salud San Blas de Morroa – Sucre, por ser esta en donde desempeñaba sus
labores el demandante.»
9 Ff. 235-242 del cuad. ppal.
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ii) De no prosperar la primera causal alegada, sino la contenida en el numeral 7
de la misma normativa: «Dejar sin efectos la Sentencia proferida por la Sala Primera de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre del día 18 de Septiembre del 2014, que dio
como resultado una decisión adversa a los intereses de Municipio de Morroa.».
• Causal 5 de revisión
Estimó que se configura la causal 5 del artículo 250 del CPACA, en razón a que dentro
del sub examine se omitió vincular a la ESE Centro de Salud San Blas de Morroa,
entidad que, en su criterio, debió ser oída en sede judicial y contar con todas las
garantías propias del juicio para controvertir las pretensiones de la demanda, dado que
el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez prestó allí sus servicios como conductor y,
con posterioridad fue aquella quien prescindió de sus servicios, con lo que propició la
supresión de dicho empleo. En ese sentido, estimó que esta circunstancia constituye
una nulidad en los términos previstos en el numeral 8 del artículo 133 del CGP.
Bajo esa misma línea argumentativa, consideró que la referida entidad debió
vincularse como parte demandada, conformándose con el municipio un litisconsorcio
necesario, en los términos descritos por el Consejo de Estado10.
• Causal 7 de revisión
Señaló que, si bien el señor Olimpo Guzmán prestó sus servicios como conductor a la
ESE Centro de Salud San Blas de Morroa, a través de una comisión de servicios
efectuada por la administración municipal por un tiempo indefinido, lo cierto es que no
ostentaba la calidad de empleado de carrera sino de provisional. Asimismo, destacó
que la supresión del referido empleo se debió a que ya no era necesario para la
entidad, de conformidad con lo expuesto en el artículo 7 del Decreto 0028 de 2011.
De otra parte, aseveró que, el Decreto 0068 del 9 de mayo de 2012 no carece de
motivación, por el contrario, en él se expusieron claramente las razones que hacían
inviable mantener en la planta de cargos el empleo de conductor. A su vez, resaltó que
los funcionarios en provisionalidad pueden ser desvinculados en cualquier momento,
pues su remoción obedece al mejoramiento del servicio, y en el caso particular, a que
el empleo de conductor ya no era necesario en la administración municipal.
CONTESTACIÓN DEL RECURSO
El señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez no contestó la demanda tal como consta en
el auto del 19 de noviembre de 2021 suscrito por el despacho sustanciador11.
CONSIDERACIONES
10 Radicado: 50422233100019940467 01 (15321), sección tercera.
11 El señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez se notificó por aviso del auto admisorio de la demanda el 16
de marzo de 2021 (página 3, índices 40 y 41 de SAMAI), no obstante, vencido el término de ley no
contestó la demanda.
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Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado según la materia12.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 13:
[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización
y de volumen de trabajo, así:
[…]
Sección segunda
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas
por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección. […]
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso extraordinario
formulado por el municipio de Morroa, Sucre, con el fin de que se revise la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral.
Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la sentencia que prevé el artículo 251 del CPACA. En efecto, la sentencia
recurrida es del 18 de septiembre de 2014 quedó debidamente ejecutoriada el 27 de
octubre de la misma anualidad14 y el correspondiente recurso se interpuso el 17 de
febrero 201515, es decir, dentro del término legal.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos jurídicos
de una sentencia que se encuentra ejecutoriada16 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cuando éstas
han sido lesionadas con una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no
pudieron ser contempladas en el decurso procesal o al tiempo de proferir la sentencia.
12 En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto de 2009.
13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14 Tal como consta en el Oficio JA03-0002-15 (NRD 2012-00105-00) obrante en el folio 444 del cuad. 3
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Folio 97 vuelto cuaderno principal.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de
marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio
Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada17,
entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento jurídico y garantía del
debido proceso.
La naturaleza extraordinaria de este recurso tiene importantes consecuencias, entre
ellas, (i) la de ser un mecanismo de impugnación que solo opera al configurarse una
de las causales señaladas taxativamente en el artículo 250 del CPACA o en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la
controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente
se encuentre debidamente acreditada18; y (ii) no puede considerarse como una
oportunidad para reabrir un debate jurídico, probatorio y fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido, tampoco es una ocasión para cuestionar
la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos
en el proceso.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión no habilita una tercera instancia
para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria19, para corregir los
yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones
que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia
objeto de revisión.
Problemas jurídicos
El problema jurídico que se debe resolver en esta providencia se resume en las
siguientes preguntas:
1. ¿Se configura la causal 5 prevista en el artículo 250 del CPACA porque en la
sentencia del 18 de septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral omitió vincular como parte demandada a la ESE Centro de
Salud San Blas de Morroa?
2. ¿Se configura la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA
porque en la sentencia del 18 de septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de
17 La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en
una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad
jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e
inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver
sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción
de una nueva providencia […]». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Providencia del 30 de noviembre de 2017. Radicación: 25000-23-25-000-2010-
01147-01(1365-14)
18 Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido que «[…] El recurso extraordinario de
revisión procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley, con miras a
prescindir de una sentencia ejecutoriada, para, en el caso de prosperidad reabrir el proceso y dictar la
sentencia que en derecho habrá de sustituir la revocada. Precisamente, por cuanto este recurso
extraordinario atenta contra el principio de inmutabilidad y firmeza de los fallos judiciales, las causales
que lo fundamentan se hallan taxativamente relacionadas en la norma y su examen y aplicación
obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo [...]». Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993. Expediente Rev 040.
19 O replantear temas ya litigados.
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Sucre, Sala Primera de Decisión Oral accedió a las pretensiones de la demanda pese
a que el acto de supresión del cargo fue debidamente motivado?
Primer problema jurídico
1. ¿Se configura la causal 5 prevista en el artículo 250 del CPACA porque en la
sentencia del 18 de septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral omitió vincular como parte demandada a la ESE Centro de
Salud San Blas de Morroa?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No se configura la causal 5 de revisión
prevista por el artículo 250 del CPACA, como pasa a explicarse.
La causal 5 de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación […]». De acuerdo con ello, sobre los presupuestos para
que resulte procedente la causal en mención es necesario señalar lo siguiente:
En primer lugar, es importante que exista una sentencia que ponga fin al proceso y
que se encuentre ejecutoriada, bien sea que resuelva o no el litigio de fondo. Además,
contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este
sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido
la providencia.
De otro lado, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que
se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla general sería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien en todo caso tiene la
carga procesal de demostrar esta circunstancia20.
Finalmente, el requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA es que se configure una causal de nulidad. Sobre el alcance que debe
otorgársele a este, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diferentes
oportunidades, para señalar, por una parte, que esta se configura por el acaecimiento
de alguna de las causales previstas en el estatuto procesal civil, hoy artículo 13321 del
20 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-
000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación:
11001-03-15-000-2012-00643-00).
21 «Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
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Código General del Proceso, y las que se originan en la violación del derecho al debido
proceso a partir del artículo 29 de la Constitución Política22.
Así mismo, esta corporación ha sostenido que al juez le corresponde definir, con base
en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación al caso concreto, si una
situación determinada que se origina en el fallo de instancia produce el
desconocimiento de un mandato constitucional con una relevancia tal que conduzca a
invalidarlo, pues lo cierto es que no cualquier anomalía que se predique respecto de
la sentencia podrá desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. Así pues, esta tesis estima
que los eventos constitutivos de la causal en cuestión no son taxativos23.
De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia ha identificado, a modo enunciativo,
ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que el de acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al señalar que hay lugar a
revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es
inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no
reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al
proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin
competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había
terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de
votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce el principio de congruencia 24
bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
En suma, la nulidad predicable de la sentencia de instancia se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del CGP;
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite
la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que
se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
22
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-
15-000-2017-00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-
03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
23 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta
Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de
2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615); actor:
Ferney Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A,
radicación 11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018,
radicación REV 2014-00440-00.
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• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración probatoria
y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para que, en sede
de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de ponderación,
razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada quebrantó la
legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis es coherente con los valores que
busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la finalidad a la
que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales,
en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo esencial de
derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia constitucional25 y que
se configuren en la sentencia.
Litisconsorcio necesario
De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del CGP, aplicable por remisión expresa
del artículo 306 del CPACA, el litisconsorcio necesario se configura en los siguientes
términos:
«Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales,
por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme
y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean
sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá
formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto
que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten
para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia
dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez
dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte,
mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los
citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá
durante dicho término.
Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez
resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los
demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo
tendrán eficacia si emanan de todos.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la
demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho
litisconsorcio».
25 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-
2017-02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
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Al respecto, esta sección26 ha sostenido:
«[…] En síntesis, el litisconsorcio se presenta cuando existe pluralidad de sujetos
procesales que tienen una calidad común, esta es, la de demandantes o la de
demandados; por su parte, el tipo de relación jurídico-sustancial que exista entre
ellos y el tipo de correlación uniforme que se presenta con el objeto del proceso
judicial, determina si la integración es necesaria o facultativa.
Así, cuando la cuestión litigiosa versa sobre una relación jurídica material, única e
indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que
integran la parte correspondiente, se está frente a un litisconsorcio necesario, lo
cual impone, por expreso mandato legal, su comparecencia obligatoria al proceso,
por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente, pues cualquier
decisión que se tome en su interior es uniforme y puede perjudicar o beneficiar a
todos. […]»
De conformidad con lo anterior, es plausible colegir que la conformación del
litisconsorcio necesario se hace imprescindible cuando, del contenido de la actuación
administrativa demandada, se advierte claramente que debe citarse de manera
obligatoria a otras personas, a efecto de resolver de manera uniforme el litigio
planteado, so pena de que la omisión de la integración del litisconsorcio, conlleva una
flagrante violación del derecho al debido proceso y desconocimiento de principios
esenciales del ordenamiento constitucional, tales como, la justicia, la vigencia de un
orden justo, así como la eficiencia y la eficacia de las decisiones judiciales27.
Ciertamente, la sentencia que decida la controversia ha de ser, en cuanto a su
contenido, idéntica y uniforme para todos los litisconsortes, de manera que, si alguno
de los sujetos de dicha relación jurídico material no se encuentra presente en el
proceso, la conducta procesal que debe observar el juzgador que advierta
oportunamente dicha anomalía, es la de proceder a integrar el contradictorio, previa
citación del sujeto ausente, como condición para fallar de fondo el proceso.
Estudio de la censura en sede extraordinaria de revisión
Para comenzar, la Subsección advierte lo siguiente:
i) La sentencia impugnada puso fin al proceso debido a que se dictó en segunda
instancia, quedando ejecutoriada el 27 de octubre de 2014, vencido el término de ley
luego de que se notificó por anotación en estado electrónico el 22 de octubre de la
misma anualidad28.
ii) En línea con ello, se observa que contra tal providencia no procedía recurso de
apelación.
iii) El municipio de Morroa, Sucre, expresó que se configuró la causal de revisión
de nulidad originada en la sentencia porque era imprescindible que la ESE San Blas
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 19 de mayo de 2018, radicado: 76001-
23-33-000-2015-01426-01(2705-17)
27 Sentencia T-056 del 6 de febrero de 1997.
28 Folio 436 del cuad. 3 del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
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de Morroa, entidad en la que señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez prestó sus
servicios como conductor de ambulancia, en virtud de una comisión de servicios, se
hubiera tenido como demandada en calidad de litisconsorte necesario. En su concepto,
debe declararse la nulidad desde el auto admisorio de la demanda para que se vincule
a dicho proceso a la ESE con el fin de que informe lo que le conste sobre los hechos
y el acto objeto de demanda, teniendo en consideración que el aquí demandado prestó
sus servicios a esta entidad.
En relación con los argumentos del recurrente, la Subsección observa que, aunque es
cierto que la sentencia impugnada puso fin al proceso ya que se dictó en segunda
instancia y que, en línea con ello, esta no era plausible del recurso de alzada, lo cierto
es que en el presente caso no se configuran los demás presupuestos necesarios para
que se estructure la causal de revisión que consagra el numeral 5 del artículo 250 del
CPA CA, como pasa a exponerse.
Pues bien, en el caso bajo estudio, mediante Decreto 022 del 26 de enero de 199829,
el alcalde municipal de Morroa, Sucre, nombró en provisionalidad al señor Olimpo
Rafael Guzmán Méndez en el cargo de conductor, código 2110, empleo del cual tomó
posesión en la misma fecha30.
Posteriormente, a través del Decreto 043 del 1 de marzo de 2001 31, el alcalde del
referido municipio comisionó por tiempo indefinido, entre otros, al señor Olimpo Rafael
Guzmán Méndez para que prestara sus servicios como conductor en la ESE San Blas
de Morroa; labor que desempeñó hasta el 17 de abril de 2012, en razón a que la ESE,
por medio del Oficio 139 del 13 de abril de la misma anualidad 32, informó a la entidad
territorial que ya no requería de los servicios del mencionado trabajador y, que, por
tanto, quedaba de nuevo a su disposición.
El 25 de abril de 201233, el alcalde del municipio de Morroa solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Social realizar un estudio organizacional y de desempeño de los
funcionarios Olimpo Rafael Guzmán Méndez y Yasmin Elvira Navas Martínez. En
cumplimiento de lo anterior, el 30 de abril de la misma anualidad, la Secretaría informó
lo siguiente:
«Funcionario:
OLIMPO RAFAEL GUZMAN MENDEZ
Cargo:
Conductor mecánico código 2110
Nomenclatura:
Decreto Nº 0028 febrero 21 de 2011
Código 480 – Grado 04
Tipo de vinculación:
El tipo de vinculación de este empleado se encuentra por un decreto Nº 022 del 26
de enero de 1998, por medio del cual se efectúa un nombramiento provisional por
el término de tres (3 meses). […]
Tiempo de servicio:
29 Ff. 112 a 113 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
30 Tal como consta en el acto de posesión obrante a folio 13 del cuad. 1 del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
31 Folios 14 a 15 ibidem.
32 F. 107 ibidem.
33 Folio 108 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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14 años de servicios […]»
Con fundamento en lo anterior, mediante Decreto 068 del 9 de mayo de 2012, el
alcalde del municipio de Morroa, Sucre, suprimió de la planta de personal del municipio
el cargo de «conductor mecánico, código 2110, grado 6» y «conductor ambulancia,
código 480, grado 4», y, en consecuencia, retiró del servicio al señor Olimpo Rafael
Guzmán Méndez. Inconforme con la decisión allí contenida, el trabajador demandó su
nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Correspondiéndole el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Sincelejo, mediante auto del 11 de diciembre de 201134 admitió la demanda y
ordenó su notificación al municipio de Morroa, Sucre. Dentro del término legal la
entidad territorial contestó35 la demanda y se opuso a las pretensiones bajo el
argumento de que el acto de retiro cumplió con las formalidades que exige la ley. Para
el efecto, propuso como excepciones «FALTA DE COMPETENCIA», «INEPTA
DEMANDA», «CADUCIDAD» e «INEXISTENCIA DE FALSA MOTIVACIÓN». No obstante,
en audiencia celebrada el 11 de junio de 201336 el despacho judicial declaró no
probadas las tres primeras, y respecto de la última, estimó adecuado resolverla en la
sentencia, toda vez que discutía el fondo del asunto.
Surtidas las etapas propias del juicio, el Juzgado, a través de sentencia emitida el 31
de marzo de 2014, accedió a las súplicas de la demanda, así:
«PRIMERO: Declarar no probada la excepción de INEXISTENCIA DE FALSA
MOTIVACIÓN propuesta por el apoderado de la entidad demandada […]
SEGUNDO: Declárase la nulidad del decreto 068 del 9 de mayo de 2012 en lo
relacionado con la supresión del cargo que desempeñaba el señor OLIMPO
RAFAEL GUZMÁN MENDÉZ (CONDUCTOR MECÁNICO) […]
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ordenase al municipio
de Morroa, Sucre, reintegrar al señor OLIMPO RAFAEL GUZMÁN MÉNDEZ, al
cargo que venía desempeñando o a uno de igual, similar o superior categoría y
remuneración en su planta de personal.
CUARTO: Condenase al municipio de Morroa, Sucre, a pagar al actor los sueldos,
primas, vacaciones, cesantías, y demás emolumentos causados durante el tiempo
que estuvo separado del servicio hasta su reintegro, descontando de la suma
resultante, lo que haya recibido por concepto de indemnización por la supresión
del cargo. La liquidación deberá hacerse tal como se indicó en la parte motiva de
este proveído. De igual forma, el actor tiene derecho a la indemnización
consagrada en el inciso 2 del artículo 26 de la ley 361 de 1997.
QUINTO: Declárase que no existió solución de continuidad en la vinculación de la
actora (sic) durante el tiempo que estuvo separado del servicio, para todos los
efectos legales […]» (ortografía y gramática del original).
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, mediante
sentencia del 18 de septiembre de 2014, confirmó la anterior decisión, de acuerdo
con los siguientes argumentos:
«[…] el recurrente sostuvo que no comparte la decisión del A quo de declarar la
ilegalidad del acto que suprimió el cargo de carrera administrativa desempeñado
por el actor, por considerar que está demostrado que dicha decisión sí estuvo
34 Folio 91 ibidem.
35 Folios 132 a 140 ibidem.
36 Folios 204 a 210 ejusdem.
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soportada en un estudio técnico conforme lo establecen las normas aplicables a
su vinculación.
En efecto, del análisis de las pruebas documentales allegadas oportunamente al
plenario, se logra concluir sin hesitación alguna que el acto administrativo objeto
de censura por intermedio del cual se suprimió el cargo del demandante, carece
de un elemento esencial para que se le tenga como debidamente motivado, esto
es, el estudio técnico previo a su expedición que soporte la eliminación del cargo
que ostentaba el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez. Obsérvese que si bien en
el Sub examine se pretende demostrar que el estudio fue realizado por la misma
entidad, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, hecho que
en principio podría estar permitido por el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, es claro
que en su elaboración debieron adoptar los criterios orientadores del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP-. […] la conclusión consignada en el cuerpo del
acto administrativo demandado, en lo que atañe a la necesidad del servicio
prestado por el actor, claramente no fue consecuencia de la aplicación de
metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen (sic),
del cual se desprendan como mínimo, los siguientes aspectos: “Análisis de
los procesos técnico-misionales y de apoyo, una evaluación de la prestación
de los servicios, Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de
trabajo de los empleos”, los cuales se reitera son indispensables en el invocado
estudio técnico conforme lo establece el Artículo 97 del Decreto 1227 de 2005. […]
En consecuencia, por el hecho […] [de que se] haya ajustado el manual especifico
de funciones de la Administración Central del mentado ente territorial y con base
en el haya dispuesto la supresión del cargo del cual era titular el accionante, sin
mediar estudio técnico alguno acorde a las exigencias legales, torna en nulo el
acto de supresión por incurrir en falsa motivación […] Ahora, precisa la Sala que si
bien […] se aportó copias del documento denominado “Estudio Técnico para la
Reestructuración Administrativa y Financiera de la Administración Central
del Municipio de Morroa (Sucre)”, en el que consta que fue elaborado en el mes
de agosto de 2012 […] es claro que dicho documento fue realizado con
posterioridad a la expedición y notificación del Decreto Nº 068 de mayo 9 de 2012
[…] mal haría la Sala en valor[ar] su contenido, cuando no guardar (sic) relación
con su caso, por ser elaborado luego de su retiro del servicio. […]» (Ortografía,
gramática, cursiva y negrilla del texto original)
Análisis de la Subsección
De las actuaciones contenidas en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, se advierte que el hoy recurrente en ningún momento solicitó ni se refirió a la
necesidad de conformar el litis consorcio necesario con la ESE San Blas de Morroa,
que ahora considera imprescindible. Así las cosas, es importante reiterar que el
recurso extraordinario de revisión no está concebido como una oportunidad para
reabrir las etapas procesales propias del proceso ordinario ni como una tercera
instancia para proponer argumentos que se dejaron de exponer en el término
correspondiente o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante
la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
Adicionalmente, la Subsección advierte que, según los Decretos 022 del 26 de enero
de 1998, 028 de 201137 y 068 del 9 de mayo de 2012, así como las certificaciones del
30 de abril38 y 14 de junio de 201239, emitidas por el municipio de Morroa, Sucre, el
cargo de conductor mecánico, código 2110, grado 6, que ocupaba el señor Olimpo
Rafael Guzmán Méndez en provisionalidad, es un empleo de carrera perteneciente a
37 Folios 17 a 54 cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
38 Folio 124 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
39 Folios 69 a 70 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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la entidad territorial. De igual manera, que, si bien el trabajador prestó sus servicios
como conductor a la ESE San Blas de Morroa, lo cierto es que ello obedeció a la
comisión de servicios, por tiempo indefinido, que dispuso el alcalde del municipio, a
través del Decreto 043 del 1 de marzo de 200140.
Igualmente, que en el Decreto 068 del 9 de mayo de 2012, por medio del cual se
suprimió el cargo de conductor que desempeñaba el señor Olimpo Rafael Guzmán
Méndez, el municipio señaló expresamente: «Suprimir de la Planta de cargos del Municipio
de Morroa […] el cargo de Conductor Mecánico del Municipio de Morroa […]». En ese mismo
sentido, mediante la certificación expedida el 14 de junio de 2012, se reafirmó que el
trabajador laboró para la alcaldía municipal por lapso de 14 años, así: «laboró en la
Alcaldía Municipal, desde el día 22 de abril del año 1998 hasta el 14 de mayo de 2012, se
desempeño (sic) en el cargo de conductor mecanico (sic)».
Incluso que, por medio del Oficio 139 del 13 de abril de 2012, la ESE informó al ente
territorial que «a partir de la fecha 17 de abril de 2012, la ESE San Blas de Morroa, no requiere
de los servicios de los señores […] OLIMPO GUZMÁN, y que por tal motivo quedan a su
disposición […]», es decir, que a partir de esta fecha finalizó la comisión que
originariamente dispuso el ente territorial y, por ende, el empleado quedó de nuevo a
su disposición.
En estos términos, es plausible colegir que la entidad legitimada por pasiva para
atender las pretensiones de la demanda promovida por el señor Olimpo Rafael
Guzmán Méndez era únicamente el municipio de Morroa, habida cuenta de que el
empleo que se suprimió hacía parte de la planta de personal de la mencionada entidad,
sin que sea razonable admitir que su origen y naturaleza varió con ocasión de la
comisión de servicios a través de la cual el trabajador laboró por un tiempo en la ESE
San Blas de Morroa.
De ahí que, no le asista la razón al recurrente en revisión, cuando afirma que aquella
entidad de salud constituía un litisconsorcio necesario, pues no era imprescindible su
vinculación, comoquiera que el sub examine podía ser resuelto de fondo sin su
intervención, en la medida en que el empleo que se suprimió no hacía parte de su
planta de personal, ni tampoco participó en la producción del acto administrativo
atacado y mucho menos se vio afectado por su contenido.
En otras palabras, no era necesaria la comparecencia al proceso ordinario de la ESE
Centro de Salud San Blas de Morroa, Sucre.
Conclusión: No se configura la causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA pues
no se demostró que se hubiera presentado una nulidad originada en la sentencia del
24 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, comoquiera que, en el trámite del proceso ordinario, el ente demandante
no solicitó ni se refirió a la vinculación de la ESE San Blas de Morroa, Sucre, además
de que tampoco resultaba necesaria su integración al proceso, en calidad de
demandada. Por tal razón no hay lugar a infirmar la sentencia por este aspecto.
40 Folios 14 a 15 cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Municipio de Morroa, Sucre
Segundo problema jurídico
¿Se configura la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA porque
en la sentencia del 18 de septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral accedió a las pretensiones de la demanda pese a que el acto
de supresión del cargo fue debidamente motivado?
Causal de revisión 7 artículo 250 CPACA
La causal del recurso extraordinario de revisión invocada en el sub judice es la prevista
en el numeral 7.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en cuyo tenor literal dispone:
«[…] 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida […]»
Al estudiar la causal 441 del artículo 188 del CCA, cuyo contenido normativo guarda
identidad con la señalada en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, esta
Corporación42 delimitó su estructuración, en lo relativo a la revisión de sentencias que
decretaran el reconocimiento de pensiones. Por su parte, la Sección Segunda,
Subsección A43, indicó que esta última también puede extenderse a otras prestaciones
periódicas. En suma, los supuestos de la causal bajo estudio son los siguientes:
1. En cuanto al carácter de la prestación decretada: Sea lo primero advertir que la
causal señalada por el artículo 250 numeral 7 del CPACA no se refiere únicamente a
pensiones, como lo hacía el artículo 188 numeral 4 del CCA, sino que se extiende a
prestaciones periódicas. Tal concepto resulta más amplio que el contenido en la
normativa anterior. En efecto, este incluye tanto pensiones como otro tipo de
erogaciones.
Respecto de las primeras, conviene precisar que se trata de las pensiones de
jubilación, vejez, invalidez, sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública. En lo relativo a las segundas, esta Subsección sostuvo que: «se
extiende a las demás prestaciones sociales o salariales de carácter periódico que provengan
de una relación laboral vigente, por lo que incluso cabrían las prestaciones periódicas de
carácter no laboral ordenadas en la sentencia, como, por ejemplo, el pago de una
41 No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de diciembre de
2010. Radicado: 11001-03-15-000-2005-00297-01 (REV). Actor: María Ofir Jaramillo Buitrago.
Demandado: Ministerio de Educación Nacional. También puede consultarse: Consejo de Estado,
Sección Segunda. Sentencia del 21 de abril de 2005. Radicado 05001-23-25-000-1999-01185-01 (680-
99).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación:
11001-03-25-000-2016-00287-00(1637-16), demandante: UGPP y sentencia del 7 de mayo de 2020,
radicación: 11001-03-25-000-2016-00422-00(1930-16), demandante: Fundación San Juan de Dios en
Liquidación.
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indemnización por estamentos o el reconocimiento de un lucro cesante en las mismas
condiciones, en virtud de un contrato de prestación de servicios incumplido»44.
Sobre este punto, debe aclararse que están exceptuadas de esta causal las sentencias
que niegan dicha clase de prestaciones periódicas y las que resuelvan sobre aspectos
posteriores a su reconocimiento, tal es el caso de la reliquidación por inclusión de
factores o en general, por la discusión del monto en sí.
2. En cuanto a la aptitud legal: En este apartado, debe tenerse en cuenta que el
punto de discusión de la sentencia cuya revisión se pide debe entenderse como el
cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa pertinente, que dan lugar al
nacimiento de un derecho económico. Dicho de otra manera, es la situación jurídica
en que se debe encontrar una persona, con ocasión de la concurrencia de los
supuestos legales señalados en la regulación que le es aplicable, para ser titular de la
prestación periódica reconocida mediante sentencia. Los supuestos señalados por la
norma pueden sintetizarse así:
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a
quien no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal
por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez
y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida
laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación.
Análisis de la Subsección
En el recurso extraordinario de revisión, el municipio de Morroa, Sucre, estima que se
configura la causal 7 del artículo 250 del CPACA, bajo el argumento de que el cargo
de conductor que ocupaba, en provisionalidad, el señor Olimpo Rafael Guzmán
Méndez, ya no era necesario para la entidad, y por ese motivo, el municipio optó por
su supresión. En ese mismo sentido, aseveró que los funcionarios designados en
provisionalidad pueden ser desvinculados en cualquier momento, pues ello obedecerá
al mejoramiento del servicio. Finalmente, señaló que el acto mediante el cual se
suprimió el empleo de conductor, ocupado por el aquí demandado, fue motivado en
debida forma.
De acuerdo con lo anterior, a pesar de que en el escrito del recurso extraordinario no
se identifica la prestación periódica que se ordenó reconocer, es posible interpretar
que se refiere a la orden de pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
durante el retiro y los que en adelante deberá seguir reconociendo como consecuencia
del reintegro. En este caso, tales sumas tendrán la condición de periódicas, siempre
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2020, radicación:
11001-03-25-000-2016-00422-00(1930-16), demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación.
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que la periodicidad en la retribución se encuentre vigente45. En efecto, el pago de tales
valores se ordenó a título de restablecimiento del derecho y se dispuso el reintegro al
servicio, por ello, es razonable entender que aquellos tienen el carácter que exige la
norma.
Ahora, en cuanto a la falta de aptitud legal del demandado a la que alude la causal 7,
el municipio de Morroa, Sucre, la radicó en las falencias en la valoración efectuada por
la sentencia de segunda instancia, respecto a su condición de servidor vinculado en
provisionalidad y la motivación que llevó a la supresión del cargo de conductor
mecánico que ocupaba, el cual asegura que fue expedido de conformidad con la ley y
jurisprudencia que le resultaban aplicables, particularmente que fue debidamente
motivado.
De lo anterior se observa que, en el asunto bajo estudio, no se identifican cuáles son
las exigencias que el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez dejó de cumplir para
acceder a la asignación salarial y prestacional, tampoco se discute el cumplimiento de
los supuestos legales para ser acreedor a una prestación periódica. Lo que se
controvierte en la demanda es la valoración que efectuó el ad quem sobre la legalidad
del acto de retiro y la interpretación del artículo 41, parágrafo 2, de la Ley 909 de 2004.
La mencionada disposición no regula las exigencias para ser acreedor al
reconocimiento de una prestación periódica, sino la competencia para el retiro de los
empleados de carrera, la cual debe efectuarse mediante acto motivado, y la de
empleados de libre nombramiento y remoción, que no impone la misma exigencia.
En ese orden, se advierte que no se encuentran en discusión los requisitos previstos
en la normativa pertinente que dan lugar al nacimiento al derecho económico o la
situación jurídica en que se encuentra el señor Olimpo Rafael Guzmán Méndez frente
a los supuestos legales señalados en una norma que le resulta aplicable, para ser
titular de las prestaciones que ordenó reconocer la sentencia. La controversia pretende
que se analice nuevamente la legalidad del acto de retiro en cuanto a su motivación,
aspecto que no se enmarca en la aptitud legal necesaria para el reconocimiento de
una prestación periódica.
Admitir lo contrario, implicaría desconocer que este mecanismo no habilita una tercera
instancia para objetar los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria 46, para
corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas
situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la
sentencia objeto de revisión. Igualmente, debe recordarse que este recurso
extraordinario no es una tercera instancia que admita reabrir el debate jurídico,
probatorio y fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido. Tampoco
45 En este sentido se pueden ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
8 de mayo de 2008, radicado interno 0932-07, reiterado en las sentencias del 28 de junio de 2012,
radicado interno 1352-10 y del 13 de febrero de 2014, radicado interno 0798-2013.
46 O replantear temas ya litigados.
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es una ocasión para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la
discusión de los problemas debatidos en el proceso.
En ese orden, es plausible concluir que no se configura la causal invocada, pues no
se presenta inconformidad en relación con la aptitud legal para el reconocimiento de
una prestación periódica.
Conclusión: No se configuró la causal 7 del artículo 250 del CPACA. Ello, por cuanto
el argumento del recurrente no se dirige a atacar la aptitud legal del señor Olimpo
Rafael Guzmán Méndez para el reconocimiento de una prestación periódica, sino a
reabrir el debate jurídico como si de una tercera instancia se tratara.
Decisión
En las anteriores condiciones, al no configurarse las causales invocadas, no prospera
el recurso extraordinario interpuesto y se declarará infundado.
De la condena en costas
En cuanto a la condena en costas en vigencia del CPACA, el Consejo de Estado 47
puntualizó lo siguiente:
«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios
del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del
proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las
partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará en atención a la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal - Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -.
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.
f)La liquidación de las costas - incluidas las agencias en derecho -, la hará el
despacho de primera o única instancia, como lo indica el CGP,48 previa elaboración
del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»
47 Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.
48 «[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Así las cosas, atendiendo los lineamientos sobre las costas descritos en precedencia,
y que a través del Acuerdo 10554 de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura ha
previsto que aquellas se tasarán entre 1 y 20 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, la Subsección considera que, si bien en el sub lite se dan los supuestos
descritos en el numeral 1 del artículo 365 del CGP49 para que aquella proceda, lo cierto
es que no habrá lugar a ellas, dado que la parte demandada no intervino ni ejecutó
ninguna actuación en el decurso procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
municipio de Morroa, Sucre, por las causales 5 y 7 del artículo 250 del CPACA, contra
la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, por medio de la cual se confirmó la decisión del
31 de marzo de 2014 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Sincelejo
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
700013333003201200105.
Segundo: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmó electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
49 En ese sentido, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 255 también previo: «[…] Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.»
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