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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00376-00

Pensión gracia

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00376-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Declárase impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 29 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual revocó el fallo de 12 de diciembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santa Marta, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Patrocinia Mejía Camargo contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), conforme a la parte motiva. 2º. Sin condena en costas. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2015-00376-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

5 de agosto de 2021

PENSIÓN GRACIA / REQUISITOS DE LA PENSIÓN GRACIA / COMPUTO DE LOS AÑOS DE SERVICIO / TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTINUO O DISCONTINUO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE SERVICIO

[D]ebe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. […] De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, haber cumplido cincuenta años de edad y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. […]
En tal sentido, la Sala aclara que, según la jurisprudencia de esta Corporación resulta irrelevante que la accionada haya trabajado a través de contratos u órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, habida cuenta de que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido como docente departamental, municipal, distrital o nacionalizado en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).

FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LA LEY 37 DE 1933 /
LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 15 NUMERAL 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00376-00(0782-15)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: PATROCINIA MEJÍA CAMARGO

Referencia: RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN GRACIA; VINCULACIÓN A LA DOCENCIA OFICIAL MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 29 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual revocó la de 12 de diciembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santa Marta, que negó las súplicas de la demanda, para en su lugar, acceder a estas.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

1.1 La acción (ff. 85 a 94 del expediente ordinario). La señora Patrocinia Mejía Camargo, por intermedio de apoderado, ocurrió ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra la liquidada Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), con el propósito de obtener la anulación de las Resoluciones 30932 de 26 de junio de 2007 y 61378 de 29 de diciembre de 2008, por las cuales esa entidad negó el reconocimiento de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la desaparecida Cajanal (i) conceder la citada prestación con base en «[…] TODOS los factores de salario devengados en el año anterior al cumplimiento del status jurídico […], tal como la asignación básica, las primas de: Navidad, o cualquier otro factor […] recibido como contraprestación de su relación laboral […], efectiva a partir del 28 de Septiembre de 1996 […]» (sic); (ii) pagar las mesadas pensionales a que hubiera lugar, debidamente indexadas; (iii) sufragar intereses moratorios sobre las sumas adeudadas y (iv) dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 176 del CCA. Por último, se condenara en costas a la accionada.

1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató la señora Patrocinia Mejía Camargo que la entonces Cajanal, a través de los actos administrativos censurados, se abstuvo de reconocer a su favor la pensión gracia, al estimar que no acreditó 20 años de servicios para la docencia oficial.

Como fundamento jurídico, sostuvo que se quebrantaron las disposiciones que regulan lo concerniente a la pensión gracia, pues la demandada no prestó mientes en que estuvo vinculada por 22 años, 1 mes y 27 días en la secretaría de educación de El Banco (Magdalena), «[…] nombrada mediante decreto expedido por […] ese ente territorial desde el 01 de Julio de 1972, hasta el 1º de Julio de 1999» (sic).

II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 29 de agosto de 2012 (ff. 257 a 266 vuelto del expediente ordinario), revocó el fallo de 12 de diciembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santa Marta, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a estas, al considerar que «[…] se encuentra acreditado que la actora está vinculada a la docencia oficial desde el primero de julio de 1972, según la certificación expedida por […] la alcaldía […] del [sic] Banco Magdalena, vale decir, cumple con el requisito legal del tiempo de servicios (20 años) para tener derecho a la pensión gracia de jubilación. Así lo ha dispuesto la jurisprudencia del […] Consejo de Estado al sostener que “si se desvirtúa el contrato de prestación de servicios, y se acepta la existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzcan plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación” […]».

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La UGPP, por conducto de apoderada, interpuso recurso extraordinario de revisión (ff. 280 a 303 y 316 a 344 c. ppal.), el 3 de marzo de 2015 (f. 303 vuelto c. ppal.), contra la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», por cuanto la maestra accionada «[…] no cumplió 20 años de servicio en la docencia oficial con el carácter de territorial con vinculación legal o reglamentaria mediante acto administrativo que provea la respectiva planta de empleo estatal, siendo inválido […] sumar aquellos tiempos en los que fungió como contratista […]», es decir, los trabajados durante los años 1986 a 1988 y 1994 a 1999.

Que «[…] el valor total […] pagado en exceso de la pensión […] gracia […] asciende en total a la suma de $109.468.543 […], calculado conforme [a] la orden judicial objeto de revisión, desde la fecha de efectividad fiscal (6 de julio de 2003) y hasta el mes de abril de 2018 […]».

En consecuencia, pide (i) revocar la providencia de 29 de agosto de 2012, por la que el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió, en sede de apelación, a las súplicas de la demanda; y (ii) declarar que a la señora Patrocinia Mejía Camargo «[…] no le asiste derecho al reconocimiento […] de una pensión de gracia».

IV. TRÁMITE PROCESAL

4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de 17 de septiembre de 2018 (f. 346 c. ppal.), se admitió el recurso y se ordenó la notificación a los señores Patrocinia Mejía Camargo y procurador delegado ante esta Corporación, oportunidad aprovechada por la primera.

La señora Patrocinia Mejía Camargo (ff. 353 a 358 c. ppal.), por medio de apoderado, solicita despachar desfavorablemente las súplicas de la UGPP, puesto que devienen infundadas por (i) desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se ha decantado que «[…] los tiempos servidos por un docente por contrato de prestación de servicios, [ó]rdenes de trabajo, interinidades [y] remplazos, son válidos en el cómputo […] [de la pensión gracia], siempre y cuando el servicio prestado sea el educativo»; y (ii) constituir una actuación temeraria y de mala fe de la entidad accionante.

4.2 Período probatorio. A través de proveído de 11 de marzo de 2020 (ff. 372 y 372 vuelto c. ppal.), se tuvieron como pruebas el expediente original contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-31-005-2009-00427-01 y los documentos allegados por la UGPP con la demanda.

V. CONSIDERACIONES

5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configura la causal de revisión invocada, resulta necesario precisar el régimen jurídico aplicable, toda vez que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el el 3 de marzo de 2015 (f. 303 vuelto c. ppal.) contra la providencia proferida el 29 de agosto de 2012 (ff. 257 a 266 vuelto del expediente ordinario), ejecutoriada el 13 de septiembre siguiente (f. 234 vuelto c. ppal.).

Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de lo contencioso-administrativo de esta Corporación que no comporta una tercera instancia, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación diferente, cual es una sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en virtud de la cosa juzgada y que por la vía del Recurso Extraordinario de Revisión busca ser invalidada», es decir, un proceso nuevo, autónomo, independiente con trámite propio (etapas procesales) y fallo que define sobre la legalidad de una providencia ejecutoriada, como medio excepcional de impugnación.

Al respecto, el CPACA se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia» (2 de julio de 2012).

Así las cosas, dado que el recurso extraordinario de revisión no comporta una tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o mecanismo de control, este se rige bajo la norma que esté en vigor al momento de su presentación.

En similares términos lo estimó la sección segunda de esta Corporación, en proveído de 28 de septiembre de 2016, al advertir que «[…] el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas que se profirieron en procesos que ya están culminados. En este mismo sentido como la revisión no es una tercera instancia, sino un procedimiento nuevo, al citado recurso se aplica, en principio, la normatividad vigente al momento de su interposición».

Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 3 de marzo de 2015, el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA, en armonía con el artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según el cual «La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código […]».

5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para conocer del recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, este dispone que «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» (inciso 1°).

Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:

De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión[].

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.

De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo proferido por un tribunal administrativo, corresponde a las secciones y subsecciones de esta Corporación, según la materia.

Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de las anteriores disposiciones, se observa que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 29 de agosto de 2012, y el tema abordado fue el reconocimiento de una pensión gracia.

Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del presente recurso es de esta sección, no solo por cuanto cuestiona una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque su materia es de carácter laboral.

Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra el aludido fallo de 29 de agosto de 2012.

5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo primero decir que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», prescribe:

Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.  Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables[].

El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al prever la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo cual implica que las facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de los planteamientos aducidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo examen.

5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».

En este orden de ideas, comoquiera que la decisión objeto del presente recurso extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 13 de septiembre de 2012 (f. 234 vuelto c. ppal.), el término de 5 años para presentarlo vencía los mismos día y mes de 2017 y, en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 3 de marzo de 2015 (f. 303 vuelto c. ppal.), se tendrá como oportunamente interpuesto.

5.5 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la sentencia de 29 de agosto de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual revocó el fallo de 12 de diciembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santa Marta, que negó las súplicas de la demanda, para en su lugar, acceder a estas, se encuentra inmersa en el supuesto fáctico previsto en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocada por la UGPP; y, en consecuencia, si a la señora Patrocinia Mejía Camargo le asistía o no la razón jurídica para reclamar de la liquidada Cajanal la pensión gracia en cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o por el contrario, carece de fundamento, pues no es dable computar para tales efectos el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios.

5.6 Caso concreto. En el asunto sub judice, la UGPP invocó la causal contenida en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al estimar que, contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, no resulta procedente conceder la pensión gracia con inclusión de los interregnos en los que la aquí demandada laboró por medio de contratos u órdenes de prestación de servicios.

Para dilucidar si la causal invocada tiene vocación de prosperidad, se abordará el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial concerniente a la pensión gracia.

5.6.1 Sobre la pensión gracia. En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual.

La Ley 37 de 1933 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los educadores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto de las pensiones estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional (se destaca).

Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

[...]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.

[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación (se subraya y resalta).

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, haber cumplido cincuenta años de edad y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

5.6.2 Resolución del caso. Como ya se anotó, en el asunto sub judice la UGPP alega que la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena deviene errada, toda vez que la demandada no tiene derecho a la pensión gracia, por cuanto no prestó sus servicios para la educación oficial por lo menos durante 20 años como profesora adscrita a la carrera docente, sin que sea dable tener en cuenta su vinculación bajo la modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios.

En la presente controversia, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Mejía Camargo aportó:

Certificados expedidos por la secretaría administrativa y financiera del municipio de El Banco el 7 de julio de 1999, 16 de abril de 2002 y 6 de junio de 2006 (ff. 13 a 14, 29 a 31 y 52 a 53 del expediente ordinario), en los que consta que la accionada prestó sus servicios como educadora en la escuela de la vereda de Pueblo Nuevo del corregimiento de Aguaestrada de ese ente territorial, así:

Acto de nombramiento
Inicio
Finalización
Decreto 47 de 24 de agosto de 1972
01/07/1972
30/11/1978
Decreto sin número ni fecha
01/01/1979
30/11/1979
Decreto 38 de 20 de marzo de 1980
01/02/1980
30/11/1980
Decreto 7 de 28 de enero de 1981
01/02/1981
30/11/1981
Decreto 19 de 4 de febrero de 1982
04/02/1982
30/11/1982
Decreto 33 de 7 de marzo de 1983
08/03/1983
30/11/1983
Decreto 17 de 2 de abril de 1984
01/02/1984
30/11/1984
Decreto 32 de 22 de febrero de 1985
28/02/1985
30/11/1985
Contrato de prestación de servicios sin número
01/02/1986
30/11/1986
Contrato de prestación de servicios sin número
01/02/1987
30/11/1987
Contrato de prestación de servicios sin número
01/06/1988
30/11/1988
Decreto 30 de 27 de febrero de 1989
01/03/1989
30/11/1991
Decreto 157 de 28 de abril de 1992
15/02/1992
30/12/1992
Contrato de prestación de servicios sin número
07/03/1994
30/11/1994
Contrato de prestación de servicios sin número
23/02/1995
30/11/1995
Contrato de prestación de servicios sin número

22/02/1996
30/11/1996
Contrato de prestación de servicios sin número
05/02/1997
30/06/1997
Contrato de prestación de servicios sin número
01/08/1997
30/12/1997
Contrato de prestación de servicios sin número
16/02/1998
30/11/1998
Contrato de prestación de servicios sin número
17/02/1999
01/07/1999

Resolución 93-06-08-99 de 6 de agosto de 1999, por medio de la cual el municipio de El Banco reconoció pensión de jubilación a la demandada «[…] por haber reunido los requisitos de Ley, por haber cumplido la edad para su retiro y haber laborado más de 20 años» (21 años, 10 meses y 12 días) [ff. 18 a 21 del expediente ordinario].

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que la accionada prestó sus servicios como profesora oficial territorial (municipal), así:

Tipo de vinculación
Inicio
Finalización
Tiempo de servicios
Legal y reglamentaria
01/07/1972
30/11/1978
6 años y 5 meses
01/01/1979
30/11/1979
11 meses
01/02/1980
30/11/1980
10 meses
01/02/1981
30/11/1981
10 meses
04/02/1982
30/11/1982
9 meses y 27 días
08/03/1983
30/11/1983
8 meses y 23 días
01/02/1984
30/11/1984
10 meses
28/02/1985
30/11/1985
9 meses y 3 días
01/03/1989
30/11/1991
2 años y 9 meses
15/02/1992
30/12/1992
10 meses y 16 días
Contratos u órdenes de prestación de servicios
01/02/1986
30/11/1986
10 meses
01/02/1987
30/11/1987
10 meses
01/06/1988
30/11/1988
6 meses
07/03/1994
30/11/1994
8 meses y 24 días
23/02/1995
30/11/1995
9 meses y 8 días
22/02/1996
30/11/1996
9 meses y 9 días
05/02/1997
30/06/1997
4 meses y 25 días
01/08/1997
30/12/1997
5 meses
16/02/1998
30/11/1998
9 meses y 15 días
17/02/1999
01/07/1999
4 meses y 14 días
TOTAL
22 años, 2 meses y 14 días

En atención a su situación, la demandada pidió de la extinguida Cajanal el reconocimiento de la pensión gracia, negado mediante los actos acusados, al estimar que los lapsos laborados para la educación por contratos de prestación de servicios no se pueden contabilizar para tal propósito, por lo que al no haber superado los 20 años como maestra oficial, no es dable acceder a ella.

En tal sentido, la Sala aclara que, según la jurisprudencia de esta Corporación, resulta irrelevante que la accionada haya trabajado a través de contratos u órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, habida cuenta de que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido como docente departamental, municipal, distrital o nacionalizado en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).

Para esta subsección, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, puesto que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado».

De igual forma, en lo que atañe a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de educadores, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional […]», y si el intérprete judicial, «[…] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP […]».

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.

Así las cosas, la Sala concluye que la demandada satisfizo la condición de haberse vinculado a la docencia oficial por más de 20 años, habida cuenta de que prestó sus servicios para el municipio de El Banco en tal calidad, sin que sea dable excluir los períodos durante los cuales estuvo vinculada como profesora mediante contratos u órdenes de prestación de servicios.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se declarará impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Por otra parte, conforme al criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 1º de diciembre de 2016, no se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto, «[…] a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma» (artículo 188 del CPACA).
Por consiguiente, frente al resultado adverso a los intereses de la demandante, se tiene que el derecho de acción fue ejercido en forma legítima y no se observa que haya empleado maniobras temerarias o dilatorias en la defensa de sus intereses; de igual modo, la Sala infiere que el recurso extraordinario de revisión fue ejercido con la posibilidad de que el superior funcional revisara soluciones probables diferentes a las que arribó el tribunal de segunda instancia, por lo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Declárase impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 29 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual revocó el fallo de 12 de diciembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Santa Marta, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Patrocinia Mejía Camargo contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), conforme a la parte motiva.

2º. Sin condena en costas.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Escrito de subsanación. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2013-02110-00. Artículo 308 del CPACA. Sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés, providencia de 28 de septiembre de 2016, expediente 11001-03-25-000-2013-00023-00 (68-2013).
“(…) El Recurso Extraordinario de Revisión no constituye una instancia adicional (…) con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Auto de 12 de agosto de 2014. Expediente. No. 110010315000201302110-00. Actor. Jairo Luis Polanía Carrizosa. Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles, a través de sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
«[S]obre Instrucción Pública».
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico. Ver, entre otras, las sentencias de 19 de febrero de 2018, expediente 250002342000201500032-01 (2300-2017); 19 de enero de 2017, expediente 540012333000201200180-01 (1706-2015); 19 de febrero de 2018, expediente 760012333000201301033-01 (3864-2015) y 16 de marzo de 2017, expediente 810012333000201300285-01 (2806-2015). Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional, sentencia C-555 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ibidem. Ver, de esta subsección, fallo de 28 de enero de 2021, expediente 52001-23-33-000-2016-00261-01 (2304-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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