Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00382-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Condena en costas: criterio objetivo valorativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00382-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00382-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de febrero de 2021
SUPRESIÓN DE CARGO DE CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA- / DERECHO DE PREFERENCIA – Son beneficiarios los empleados de carrera / DERECHO DE OPCIÓN - Reincorporación dentro de los siguientes seis meses o indemnización / OPCIÓN DE REINCORPORACIÓN – A empleo equivalente al que se ocupaba anteriormente / ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CARRERA ADMINISTRATIVA - Comisión Nacional del Servicio Civil es competente para valorar el cumplimiento de los requisitos
[C]orrespondía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dar aplicación a las disposiciones del artículo 39 ibidem, esto es, efectuar los trámites de incorporación de los servidores a quienes se les hubiere suprimido el empleo y no optaren por la indemnización contemplada en el artículo en cita. En la misma línea, se fijaron reglas a las cuales debía sujetarse la entidad para adelantar la incorporación, entre ellas efectuarla «dentro de (…) un límite temporal de 6 meses, y se debe realizar en empleos equivalentes vacantes en la planta, esto es, los que no fueron objeto de restructuración, no tienen empleado titular con derechos de carrera o no están provistos transitoriamente; o en empleos creados por las necesidades del servicio. Así, contrario a lo que afirma la parte demandante, las posibilidades contempladas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 de cualquier forma exigían que dicho empleo fuera equivalente al inicialmente ocupado por el servidor, pues la autorización del DAFP no significaba la actualización automática del Registro de Carrera Administrativa. Aceptar una interpretación contraria atentaría contra los principios constitucionales de la carrera administrativa contemplados en el artículo 125 constitucional, al desconocer las condiciones que fija la ley para ocupar un empleo de esta categoría, y autorizaría el ascenso automático de un servidor a un cargo sin que mediara concurso público. (…) [L]a Comisión Nacional del Servicio Civil es competente para valorar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de actualización por incorporación realizado por el Ministerio de Hacienda respecto de 4 servidores, con fundamento en las normas vigentes para la fecha del trámite de incorporación de cada uno y no frente al marco normativo de presentación de la solicitud por parte de la entidad.(…) En el caso concreto, se observa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó las actualizaciones el 16 de noviembre de 2007, es decir, 6 años después de la incorporación a la planta de personal y, en vigencia de la Ley 909 de 2004, no obstante lo anterior, al analizar los actos administrativos demandados, el estudio realizado para determinar la procedencia de la actualización lo realizó conforme a la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1173 de 1999, en los cuales concluyó la no equivalencia de los cargos en que se realizaron las incorporaciones [L]a Sala considera que las pretensiones de la demanda no deben despacharse favorablemente, toda vez que la negativa de actualización del RPCA de los 4 servidores por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil se sustentó en los principios y en las normas superiores en que debían fundarse, vigentes para la época en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó el trámite de incorporación. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de los derechos del empleado de carrera cuando se produce la supresión de su empleo, ver: Corte Constitucional, sentencia de C-994 de 2000 de 2 de agosto de 2000, Exp. D-2785 y D-2813 acumulados, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Frente a la incorporación a la carrera administrativa regulada del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, ver: C. de E., sentencia del 23 de agosto de 2007.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 130 / LEY 443 DE 1998 – ARTÍCULO 36 / DECRETO 590 DE 1993 / DECRETO 861 DEL 2000 / DECRETOS 406 DE 1994 / DECRETO 1572 DEL 5 DE AGOSTO DE 1998 - ARTÍCULO 158
CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del C.P.A.C.A., concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la condena en constas en vigencia del CPACA, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2019, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00382-00(0788-15)
Actor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Tema: Negativa Actualización de Registro Público de Carrera Administrativa
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil:
(i) Resolución 0874 del 07 de mayo de 2014, que negó la actualización en el registro público de carrera de los señores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez..
(ii) Resolución 2043 del 29 de septiembre de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla en su totalidad.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil –en adelante CNSC-, actualizar y hacer la respectiva anotación en el registro público de carrera administrativa –en adelante RPCA-, tal como quedó en la incorporación por modificación de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a los siguientes servidores:
Servidor Público
Documento de identidad
Empleo en el que se debe actualizar el RPCA
Luz Alba Mosquera Aguilar
51.753.507
Técnico administrativo, código 4065, grado 18.
Javier Guamán Rojas
79.299.652
Profesional especializado, código 3010, grado 18.
Edna Ruby González Pineda
31.943.714
Técnico administrativo, código 4065, grado 16.
Aidé Gómez Ramírez
51.746.211
Técnico administrativo, código 4065, grado 16.
Asimismo, reconocer «el derecho de favorabilidad» que le asiste a los trabajadores y las situaciones jurídicas constituidas a favor de los servidores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:
i) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los años 2001 y 2002 realizó una modificación de su planta de personal por áreas y etapas, en la que se suprimieron algunos cargos, se crearon otros, y se incorporaron en la nueva planta los funcionarios Mosquera Aguilar, Guamán Rojas, González Pineda y Gómez Ramírez.
ii) La Dirección General de Crédito Público del ministerio mediante la justificación de reestructuración explicó cuáles cargos no eran necesarios y creó otros para continuar con el desarrollo de sus funciones. Así, mediante Decreto 772 de 2001, previo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, modificó su planta de personal, y de acuerdo con el análisis de equivalencia efectuado entre los cargos suprimidos y los creados en la planta, por medio de la Resolución 852 del 7 de mayo de 2001, incorporó a la planta de personal a la señora Aidé Gómez Ramírez en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
iii) El Área Administrativa del ministerio, en el estudio técnico presentó una propuesta con base en el estudio de la situación de la época, en donde se detectaron algunas anomalías referentes a duplicidad de funciones, el desempeño de funciones no acordes con la denominación del cargo, la ubicación inadecuada dentro de la dependencia, o el exceso o concentración de funciones. De esta manera, por Resolución 772 de 2001 modificó su planta de personal, y de acuerdo con el análisis de equivalencia efectuado entre los cargos suprimidos y los creados, mediante Resolución 2191 del 19 de octubre de 2001 incorporó a la servidora Edna Ruby González Pineda en el de técnico administrativo, código 4065, grado 16.
iv) La Dirección General de Apoyo Fiscal del ministerio presentó el estudio técnico respectivo en el que señaló la necesidad de revisar su organización funcional; por ello, mediante Decreto 2045 de 2002, y previo concepto favorable del DAFP, modificó su planta de personal, y de acuerdo con el análisis de equivalencia efectuado entre los cargos suprimidos y los creados en la nueva planta, a través de la Resolución 1921 del 18 de septiembre de 2002, se incorporó a la servidora Luz Alba Mosquera Aguilar en el empleo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
v) La Dirección General de Informática del ministerio presentó el estudio técnico respectivo, en el que señaló la necesidad de modificación de su planta; por ello, mediante Decreto 1116 de 2002, previo concepto favorable del DAFP, procedió a modificarla, y de acuerdo con el análisis de equivalencia efectuado entre los cargos suprimidos y los creados en la nueva, mediante la Resolución 958 del 28 de mayo de 2002 incorporó al servidor Javier Guamán Rojas en el cargo de profesional especializado, código 3010, grado 18.
vi) En virtud de todo lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó el 14 de junio de 2007 a la CNSC la actualización del RPCA de Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez, entre otros, petición que fue negada por la CNCS a través de la Resolución 0874 del 7 de mayo de 2014, por considerar que no cumplían con los criterios de empleo equivalente.
vii) Dentro del término legal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió por la Comisión mediante Resolución 2043 del 29 de septiembre de 2014 en el sentido de confirmar la decisión contenida en la referida resolución 0874, acto administrativo que quedó ejecutoriado el 6 de noviembre de 2014 según constancia emitida por la CNSC.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los Convenios de la OIT 158 de 1982, y la Recomendación 119 de 1963; los artículos 25, 29, 53, 58, 83, 125, y 230 de la Constitución Política; 2.° y 8.° de la Ley 153 de 1887; 39 de la Ley 443 de 1998; 148 del Decreto 1572 de 1998 y 46 del Decreto 1227 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:
i) La CNSC debió analizar la solicitud de actualización del RPCA de los funcionarios conforme al contenido del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y no bajo el imperio de la Ley 909 de 2004, norma que no se encontraba vigente para la época de los hechos. En esa medida, la referida Ley 443 contemplaba la incorporación de servidores en cargos que, de acuerdo con las necesidades del servicio, se creen en las nuevas plantas de personal con miras a garantizar su vinculación, procedimiento que fue adelantado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así, la CNSC debió tener en cuenta que las situaciones y relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al momento en que se configuraron, y por ello la actualización en carrera administrativa de los funcionarios relacionados tenían que ser analizadas a la luz del marco normativo con valor legal a la fecha en que se realizó la incorporación, conforme lo señala el numeral 3.° del artículo 39 ibidem y el Decreto 2505 del 10 de diciembre de 1998, según el cual, el Gobierno Nacional autorizó a los ministerios y entidades públicas en general, a proveer las vacantes por necesidades del servicio o por restructuración previa la autorización del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo cual ocurrió en el presente asunto.
ii) La interpretación de la CNSC es errada, toda vez que la noción de empleo equivalente no contempla que la incorporación de un servidor público deba realizarse en un empleo de igual nivel, y admite que dicho procedimiento se realice en uno de funciones iguales o similares, lo cual da a la entidad un margen de movilidad.
En tal sentido, las incorporaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no podían ser irregulares ya que la reestructuración que las originó se llevó a cabo previo concepto favorable del DAFP, y se sujetaban exclusivamente al estudio que para tal efecto realizara la entidad, razón por la cual era necesario que se reconocieran los efectos jurídicos derivados de la titularidad de dichos derechos a los servidores, conforme lo establecido en los artículos 39 de la Ley 443 de 1998 y 6.º del Decreto 2504 de 1998 que obligaban a la actualización de su registro.
iii) La CNSC no puede negarse a actualizar el RPCA ya que existieron actos administrativos de dos entidades distintas: de un lado, los de incorporación proferidos por el Ministerio, como derecho por el cumplimiento de los requisitos de ley y, de otro, los emitidos por la CNSC que negaron la actualización del RPCA, que como acto de simple anotación no podía vulnerar derechos de carrera ya reconocidos a los funcionarios, pues con dicha negativa la Comisión desconoció la presunción de legalidad de los primeros e infringió las disposiciones del artículo 39 de la Ley 443 de 1998.
iv) Se desconoció igualmente el contenido del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011; lo dispuesto en las sentencias C-177 de 2005 de la Corte Constitucional y del 20 de febrero de 1998 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejero ponente Julio Correa Restrepo, y del 3 de diciembre de 2007, Sección Tercera, consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio; así como los Convenios de la OIT, en tanto que la carrera administrativa trae consigo una estabilidad laboral que garantiza que quienes se encuentren inscritos solo puedan ser separados de su cargo por causas objetivas, derivadas de la evaluación del desempeño o de la disciplina y, bajo esa óptica, la no actualización del registro de los derechos de carrera de los empleados escalafonados por parte la CNSC viola las normas internacionales aplicables al caso.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:
i) Conforme a las competencias establecidas en el artículo 130 de la Constitución Política y a las disposiciones de la Ley 443 de 1998, era su deber analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que acompañaron la solicitud de actualización del Registro Público de Carrera Administrativa con ocasión de la incorporación en la planta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que pudiera entenderse que la actualización operaba de manera automática, pues debía realizarse en cada caso concreto el estudio de la situación administrativa, en aras de determinar si el cambio de empleo se ajustaba a la normativa vigente.
ii) En esa medida, la Comisión Nacional del Servicio Civil aplicó las normas que regían al momento de la ocurrencia de los hechos contenida en el Decreto 1572 de 1998, modificado por el artículo 1.º del Decreto 1173 de 1999, en el cual se determinó que un empleo es equivalente a otro cuando: (a) tienen funciones iguales o similares; (b) para su ejercicio se exijan requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares; y (c) cuando la asignación básica de aquel no sea inferior, requisitos que no se cumplieron en las incorporaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que, de haberse aceptado el trámite de actualización, hubiera significado un ascenso automático en el escalafón de carrera, lo cual se encuentra proscrito por el artículo 125 Constitucional.
iii) Si bien es cierto el Ministerio realizó un estudio previo para determinar la procedencia de la incorporación, también lo es que no tuvo en cuenta todas las reglas y criterios establecidos en la ley, específicamente los contenidos en el Decreto 1173 de 1999, como son las funciones, estudios, experiencia y factor salarial.
1.3. Trámite procesal
1.3.1 Admisión de la demanda y notificación
Revisado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 161, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante auto del 15 de octubre de 2015 se admitió la demanda interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se ordenó notificar personalmente al director de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al agente del ministerio público, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y a los señores de Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez.
Realizada la notificación de la demanda a terceros interesados, la señora Aidé Gómez Ramírez por intermedio de apoderada y el señor Javier Guamán Rojas, coadyuvaron las pretensiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vencido el término de traslado de la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, mediante auto del 27 de junio de 2019 se convocó a audiencia inicial, trámite al cual fueron citadas las partes, sus apoderados y a los sujetos procesales.
1.3.2. Audiencia inicial
En la fecha y hora prevista se instaló la audiencia inicial en la que se presentaron, por la parte demandante, la apoderada Carolina Jiménez Bellicia, la señora Aidé Gómez Ramírez y su apoderada; por el demandado, la apoderada María del Pilar Contreras Aguilar, a quien se le reconoció personería jurídica en estrados y, por el ministerio público, la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado.
De conformidad con el numeral 5.º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 se verificó el trámite adelantado y se concluyó que no se configuraba causal alguna de nulidad, toda vez que el proceso se tramitó ante la autoridad competente, se llevó a cabo con las formalidades de ley, y se surtieron adecuadamente las notificaciones del auto admisorio de la demanda. De la decisión del saneamiento se corrió traslado a las partes y al ministerio público, se les indicó que quedaban notificados en estrados, y que contra ella procedía el recurso de reposición en los términos del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011.
Frente a las excepciones previas y demás relacionadas en el numeral 6.º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la entidad demandada propuso la que llamó «innominada», la cual se desestimó, con base en los siguientes argumentos:
[…] La entidad demandada, Nación, Comisión Nacional del Servicio Civil, propuso la excepción denominada innominada, la que comporta un exhorto para que esta Corporación, de oficio, declare las excepciones que se advierten o lleguen a estar probadas, por ello, se desestima esta excepción pues lo señalado es una potestad que la ley le otorgó a esta jurisdicción […]
En relación con la fijación del litigio, el despacho sustanciador señaló que la pretensión se contrae a la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 0874 del 7 de mayo de 2014 y 2043 del 29 de septiembre de 2014 proferidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio de las cuales se negó a los señores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez, la actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa.
La parte demandante adujo que se vulneró el Convenio de la OIT 158 de 1982; la Recomendación 119 de 1963; los artículos 25, 29, 53, 58, 83, 125, y 230 de la Constitución Política; 2.° y 8.° de la Ley 153 de 1887; 39 de la Ley 443 de 1998; 148 del Decreto 1572 de 1998 y 46 del Decreto 1227 de 2005, por cuanto se desconoció que 5 empleados ostentaban derechos de carrera administrativa, ya que accedieron a sus cargos mediante concurso y fueron incorporados en cargos equivalentes o similares, razón por la cual debió ser actualizado su respectivo registro en el escalafón.
En ese sentido, reiteró que los actos acusados estaban incursos en las causales de nulidad de violación de los principios y las normas superiores en que han debido fundarse y falsa motivación.
El despacho tuvo como hechos admitidos los relacionados con la actualización de carrera de los empleados del Ministerio de Hacienda y la decisión en sentido desfavorable emitida por la entidad demandada; y como hechos discutidos, todos aquellos relacionados con las causales de nulidad alegadas en relación con los actos administrativos acusados. De la fijación del litigio se corrió traslado a las partes, que quedó notificada en estrados.
Finalmente, y como quiera que no hubo pruebas que practicar de conformidad con el inciso final del artículo 181 del CPACA, se dispuso correr el término para que las partes y el ministerio público presentaran alegatos de conclusión dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de la audiencia.
1.4. Alegatos de conclusión
1.4.1. Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del término respectivo reiteró los argumentos invocados en la demanda y señaló que conforme al litigio fijado en la audiencia inicial, la negativa de actualización a los servidores se fundamentó en normativa que no estaba vigente para la fecha de la modificación de la planta de personal y la correspondiente incorporación. Por ello, consideró que si la CNSC hubiera efectuado el análisis de incorporación a la luz de la Ley 443 de 1998, la decisión habría sido distinta, ajustada a derecho, y hubiera procedido a efectuar la actualización del RPCA de los señores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez.
1.4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil
La entidad demandada, por conducto de apoderada, dentro del término para alegar, solicitó denegar las súplicas de la demanda al considerar que actuó en uso de sus competencias constitucionales y legales, pues las incorporaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda no cumplieron con el criterio de empleo equivalente establecido en el Decreto 1173 del 29 de junio de 1999. Por lo anterior, si bien dichos servidores no tienen derecho a la actualización de su RPCA, lo cierto es que sí conservan los derechos de carrera en el empleo en que se encontraban inscritos.
1.4.3. Aidé Gómez Ramírez
La apoderada de la señora Aidé Gómez Ramírez dentro del término respectivo coadyuvó la petición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 53 Constitucional que consagra el principio de favorabilidad para el trabajador en caso de duda en la interpretación de la Ley laboral.
1.5. El ministerio público
La agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que la Comisión Nacional del Servicio Civil negó las solicitudes de actualización del Registro Público de Carrera de los servidores teniendo en cuenta aspectos como la denominación del empleo, nivel, grado, funciones, requisitos académicos y de experiencia, para concluir que las resoluciones atacadas se encuentran ajustadas a la normatividad vigente para la época de los hechos.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer (i) si la negativa de la actualización del RPCA se determinó con base en la normativa vigente para la época de la incorporación a la planta de personal o de la solicitud de actualización realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (ii) si era procedente la actualización del RPCA de los Servidores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez, al cumplirse con los requisitos establecidos para la equivalencia de cargos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Del Registro Público de la Carrera Administrativa – Inscripción y actualización
El artículo 125 de la Constitución Política estableció como regla general que los empleos y órganos del Estado serían de carrera administrativa, y señaló que para su ingreso y ascenso, se haría previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Para tales efectos, el artículo 130 ibidem creó la Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos de los sistemas generales, especiales de orden legal y específicos de carrera administrativa.
Dicho mandato constitucional fue desarrollado por La Ley 443 del 11 de junio de 1998, que en su artículo 26 creó el Registro Público de la Carrera Administrativa conformado por todos los empleados inscritos o que se llegaren a inscribir en el sistema de carrera administrativa, y que consiste en la anotación de datos como sexo, documento de identidad del empleado, el cargo en el cual se inscribe o efectúa la actualización, la entidad, el lugar en el cual desempeña las funciones, la fecha de ingreso al registro, y el salario asignado al cargo. Sobre el Registro de la Carrera Administrativa la Corte Constitucional en la sentencia C -372 de 1999 consideró lo siguiente:
El registro nacional de la carrera es único y debe ser llevado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El registro público de la carrera administrativa, creado por el artículo 26 que se analiza, y que está conformado por todos los empleados inscritos o que se lleguen a inscribir en la carrera, habrá de ser administrado y organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo claro que el apoyo que al tenor de la misma norma le brindará el Departamento Administrativo de la Función Pública es puramente instrumental y logístico.
Posteriormente, mediante el Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el Gobierno Nacional reglamentó Ley HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190" \l "0" 443 de 1998 e indicó en su artículo 90 que la inscripción en la carrera administrativa era de carácter declarativo de los derechos de carrera que ostentaba un empleado y que su solicitud de actualización debía ser presentada por el jefe de la unidad de personal de la entidad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando se tratara de entidades nacionales, en el formulario adoptado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo de su competencia.
Asimismo, indicó que en caso de que fuera negada la solicitud de inscripción o de actualización en el Registro Público de la Carrera, dicha decisión debía ser adoptada mediante resolución motivada, la cual se notificaría al interesado.
Ahora bien, respecto de los derechos del empleado escalafonado cuando se produce la supresión de su empleo, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 definió que podían ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir una indemnización en los términos señalados por el Gobierno Nacional, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 39.- Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Para la incorporación de que trata este artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el siguiente orden:
1.1. En las entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido suprimidas.
1.2. En las entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos.
1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las dependencias, los empleos o las funciones suprimidas.
1.4. En cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.
2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño de los respectivos empleos exigidos en la entidad obligada a efectuarla.
3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la carrera.
4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el exempleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.
PARÁGRAFO 1º.- Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de éstos.
PARÁGRAFO 2º.- En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación. Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-994 de 2000 consideró lo siguiente:
8- El artículo 39 de la Ley 443 de 1998 protege los derechos del empleado de carrera administrativa, en caso de que haya habido supresión de su cargo, para lo cual establece que estos funcionarios pueden optar entre ser incorporados a un empleo equivalente o recibir una indemnización. La disposición señala entonces las reglas que gobiernan el proceso de incorporación a un empleo equivalente, y en especial establece las plantas de personal en donde ésta puede operar, para lo cual indica un orden de preferencias. Así, en primer término, la incorporación se hace en la propia entidad, si ésta no ha sido suprimida. En segundo término, en las entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos. En tercer término, en las entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las dependencias, los empleos o las funciones suprimidas. O, por último, como lo establece literalmente el ordinal 1.4., del cual hace parte la expresión impugnada, en cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.
Frente a este artículo, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de agosto de 2007 efectuó las siguientes consideraciones:
Ahora bien, haciendo una lectura detallada de la citada Ley 443, existen dos tipos de incorporación, a pesar de tener igual denominación en la misma ley, pero que claramente responden a dos objetivos distintos, ocurren en dos momentos diferentes y cada una se rigen por normas propias. Una de ellas es la incorporación directa que por lo general se concibe y se hace, después de proferidos tres actos: Un acto de contenido general y abstracto que modifica la estructura del ente, otro por el cual se suprime una planta de personal y se expide la nueva, y uno final de contenido particular y concreto que es el que en definitiva señala qué empleos son efectivamente suprimidos, identificando las personas que por tal razón deben retirarse y las personas que continuarán en los cargos subsistentes.
(…)
La otra incorporación que se tiene que distinguir de la anterior, es la que podemos llamar incorporación solicitada y que se conoce a veces con el nombre de reincorporación solicitada y que se conoce a veces con el nombre de reincorporación, regulado por los incisos uno y dos del citado artículo 39 de la Ley 443 de 1998, y ocurre una vez expedido el acto de contenido particular y concreto, del cual se deduce la supresión de los cargos de los que no fueron incorporados, quedando personas de carrera administrativa cuyos cargos resultaron suprimidos retiradas del servicio pero conservando sus derechos de carrera, que se traducen en el derecho de ser indemnizados, o ser incorporados a empleos equivalentes que estén vacantes o que se creen en las plantas de personal.
Esta incorporación, como ya se insinuó, se expide a solicitud de interesado, con posterioridad a la supresión de los cargos y retiro de los empleados y procede siempre que se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño del respectivo empleo; y en consecuencia esta decisión se considera reglada. Aquí se entiende que el nominador debe analizar la equivalencia de los cargos como una equivalencia de funciones y responsabilidades.
Solo se entiende equivalente un empleo con otro, si las funciones asignadas a ambos resultan homologables frente a las calidades un determinado empleado. En tal situación, la entidad mide las condiciones de formación y capacidad frente a los nuevos requerimientos del servicio público y si ellas resultan aceptables podrá ordenar su incorporación por equivalencia. SI por el contrario no ha sido posible su incorporación deberá retirarse definitivamente, pero con el pago de la indemnización de que trata la ley para empleados de carrera administrativa.
En la misma línea, el artículo 40 de la Ley 443 de 1998 estableció los efectos de la incorporación del empleado de carrera a las nuevas plantas de personal, y para el caso, determinó que no podía exigírseles requisitos distintos a los acreditados en su ingreso, en caso de incorporación o traslado a empleos iguales o equivalentes, so pena de las sanciones disciplinarias.
Asimismo, el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 contempló que las reformas a las plantas de personal de las entidades del orden nacional debían: (i) fundamentarse en las necesidades o modernización del servicio; (ii) realizarse previo un estudio técnico que así lo demuestre; y (iii) ser aprobadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
A su turno, mediante el artículo 2.° del Decreto 2505 de 10 de diciembre de 1998 se autorizó a los ministerios y entidades públicas a proveer las vacantes en los siguientes eventos:
(…) 13.- Cuando a juicio del nominador sea indispensable su provisión para garantizar el buen servicio público, para lo cual deberá contar con autorización expresa del Departamento Administrativo de la Función Pública.
14.- Cuando se trate de provisión de empleos o movimientos de personal que deban efectuar las Entidades Públicas a que se refiere este Decreto, como resultado de un proceso de reestructuración, fusión o supresión dispuestos por un mandato legal, la autoridad nominadora correspondiente con el único fin de dar cumplimiento a las normas que hayan adoptado tales medidas, solicitará ante el Departamento Administrativo de la Función Pública una autorización general para proceder a ello, debiendo sujetarse a los parámetros que en la misma señalen para tal efecto (…).
En esa medida, si bien el citado Decreto estableció que para la provisión de empleos derivados de una restructuración o supresión de empleos en los ministerios el nominador debía solicitar una autorización al Departamento Administrativo de la Función Pública, esta norma no implicó una actualización automática del registro de carrera, en la medida en que la Comisión Nacional del Servicio Civil debe en todo caso realizar el estudio de la situación administrativa en concreto para determinar si la provisión se ajusta a las normas propias de la incorporación de los funcionarios de carrera administrativa, entre ellas la equivalencia en los empleos.
2.2.2. De la equivalencia de empleos
El Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, en su artículo 158, determinó que los empleos equivalentes eran aquellos que pertenecieran al mismo nivel jerárquico, tuvieran igual asignación salarial, funciones iguales o similares y para su desempeño se exigieran los mismos o similares requisitos de experiencia y de estudios.
Esta norma fue modificada por el Decreto 1173 de 29 de junio de 1999, en el sentido de reiterar la exigencia de igual asignación salarial y pertenencia a un mismo nivel jerárquico. No obstante, mantuvo los criterios de funciones iguales o similares, requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares, y agregó que la asignación básica del empleo suprimido no fuera inferior al que sería objeto del análisis de incorporación.
Frente al establecimiento de funciones para los empleos que formaran parte de su planta de personal, las entidades del orden nacional se encontraban sujetas al siguiente marco normativo, a saber:
Previo a la promulgación de la Constitución de 1991, la nomenclatura y clasificación de los empleos estaba determinada por el Decreto 1042 de 1978. Allí se definió la noción de empleo como el conjunto de funciones, deberes y responsabilidades que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública; la clasificación de los empleos bajo criterios de la naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño; se describió el marco sobre el cual deberían desarrollarse las funciones para cada nivel como fue el caso del nivel profesional que agrupa aquellos empleos cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley; del nivel técnico en el que estaban comprendidos los empleos cuyas funciones exigieran la aplicación de los procedimientos y recursos indispensables para ejercitar una ciencia o un arte y del entonces denominado nivel administrativo que comprendía los empleos cuyas funciones constituían el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, y a la supervisión en un pequeño grupo de trabajo; requisitos de estudio y experiencia para los empleos, entre otros aspectos.
La descripción de funciones y requisitos establecidos en el Decreto 1042 de 1978 fue desarrollada por los Decretos 643, 1151, 1665 de 1992, y finalmente el 590 del 30 de marzo de 1993 que derogó todos los anteriores, y en el marco de la nomenclatura y clasificación fijada por el citado Decreto 1042. De otra parte, en relación con el nivel asistencial, el artículo 2.º del Decreto 406 del 18 de febrero de 1994 derogó el artículo 7º del Decreto 590 de 1993, entre otros, y modificó la denominación de nivel administrativo a asistencial.
Mediante el Decreto 861 del 11 de mayo del 2000 se derogó el contenido del Decreto 590 de 1993 y 406 de 1994, entre otros, y en su lugar señaló lo siguiente:
NIVEL DEL EMPLEO
Decreto 406 de 1994
Decreto 861 del 2000
ASISTENCIAL
Artículo 2º DE LAS FUNCIONES DEL NIVEL ASISTENCIAL. El nivel asistencial comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo administrativo o complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o se caracterizan por el predominio de actividades manuales o de simple ejecución.
Artículo 7°. Del nivel asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos. 2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo o financiero; verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes. 3. Adelantar labores relacionadas con el recibo, el pago y el manejo de valores y de fondos institucionales, de conformidad con las disposiciones, los trámites y las instrucciones pertinentes. 4. Responder por la seguridad de elementos, dinero o valores, recursos naturales, documentos y registros de carácter manual, mecánico o electrónico y adoptar mecanismos para la conservación, el buen uso, evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos. 5. Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos. 6. Informar al jefe inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos y/o correspondencia encomendados. 7. Colaborar en el diseño de formas y cuestionarios para la recolección de datos, en la verificación de información y revisión de tabulados y en la obtención de promedio o proposiciones sencillas. 8. Coordinar, de acuerdo con instrucciones; reuniones y eventos que deba atender el jefe inmediato, llevando la agenda correspondiente y recordando los compromisos adquiridos. 9. Llevar controles periódicos sobre consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de requerimientos correspondiente. 10. Llevar y actualizar las hojas de vida de los equipos de la entidad, registrar las novedades presentadas, responder por su seguridad e informar sobre el cumplimiento de los contratos de mantenimiento. 11. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de carácter institucional. 12. Coordinar, evaluar y controlar las actividades técnicas y/o administrativas de una dependencia o grupo de trabajo y garantizar la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos. 13. Elaborar presupuesto de obras sencillas de ejecutar y colaborar en la obtención de cotizaciones. 14. Ejecutar labores auxiliares, tales como: aseo de instalaciones, muebles y utensilios; preparación y distribución de alimentos y bebidas; mantenimiento y reparación de elementos, maquinaria y equipos; traslado de muebles, enseres y equipos; de carpintería, cerrajería, albañilería, pintura, electricidad o jardinería; de instalaciones telefónicas, eléctricas o sanitarias y otras de naturaleza similar. 15. Controlar el acceso y el tránsito de personas dentro de la edificación y aplicar las medidas de seguridad respectivas. 16. Participar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres. 17. Entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y documentos que sean solicitados. 18. Elaborar, de acuerdo con instrucciones del jefe inmediato, actas, registros y relaciones sencillas. 19. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la formación y adiestramiento del funcionario.»
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño. »
NIVEL DEL EMPLEO
Decreto 590 de 1993
Decreto 861 del 2000
TÉCNICO
Artículo 6º.- Del nivel técnico. Comprende los empleos cuya naturaleza demanda la aplicación de métodos y procedimientos que permitan obtener resultados concretos y/o básicos para desarrollos posteriores.
Artículo 6°. Del nivel técnico. En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías.
TÉCNICO
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
1. Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan una especialidad, arte u oficio. 2. Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas. 3. Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades auxiliares o instrumentales y sugerir las alternativas auxiliares o instrumentales y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos apropiados al área correspondiente. 4. Participar en la planeación, la programación, la organización, la ejecución y el control de las actividades propias del cargo y del área de desempeño. 5. Comprobar la eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas. 6. Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y/o conservación de recursos propios del área y de la entidad. 7. Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 8. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al área de desempeño; presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la ejecución de los diversos programas o proyectos. 9. Preparar el material y el equipo requeridos para el desarrollo y la elaboración de experimentos, ensayos, cálculos, mapas, gráficos y pruebas, con el fin de ejecutar las labores del área de competencia. 10. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos del área respectiva y efectuar los controles periódicos necesarios. 11. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su inmediata responsabilidad. 12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la formación u adiestramiento del titular del cargo.
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Organización.
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.
4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño.
NIVEL DEL EMPLEO
Decreto 590 de 1993
Decreto 861 del 2000
PROFESIONAL
Artículo 5º.- Del nivel profesional. Comprende los empleos cuya naturaleza demanda la realización de investigaciones y el desarrollo de actividades que implican la aplicación de conocimientos propios de la formación universitaria o profesional; que requieren capacidad de análisis y de proyección, para concebir y desarrollar planes, programas y proyectos.
Artículo 5°. Del nivel profesional. Agrupa aquellos empleos a los cuales corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de una disciplina académica, para generar nuevos productos y/o servicios; efectuar aplicaciones de los ya existentes y desarrollar métodos de producción.
2. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las actuaciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia.
3. Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución y el control de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de una dependencia o grupo de trabajo; y garantizar la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
4. Realizar investigaciones, experimentos y análisis con el fin de aprobar, elaborar o perfeccionar materiales, bienes y/o servicios y controlar o desarrollar procedimientos.
5. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las áreas de desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.
6. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.
7. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación de la entidad, por delegación de autoridad competentes; realizar las investigaciones y preparar los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
8. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la entidad y de la dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas.
9. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos, para garantizar su efectividad.
10. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.
11. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su inmediata responsabilidad.
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la profesión del titular del encargo.
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas, proyectos, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.
2. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
5. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño.
Conforme a lo anterior, los Decretos 406 de 1994 y 861 del 2000 mantuvieron la naturaleza de las funciones de los empleos del nivel asistencial como el «ejercicio de actividades de apoyo administrativo o complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o se caracterizan por el predominio de actividades manuales o de simple ejecución». No obstante, con el Decreto 861 del 2000 se concretaron las funciones que pudieran ser consideradas por las entidades en su respectivo manual para empleos de dicho nivel, sin que fueran taxativas.
Por otro lado, en relación con los empleos del nivel técnico, el Decreto 861 del 2000 modificó su propósito principal en el sentido de que no solo conllevan la aplicación de métodos y procedimientos que permitieran obtener resultados concretos y/o básicos para desarrollos posteriores sino también exigían el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías.
De lo anterior se concluye que:
i) La figura de la incorporación introducida por la Ley 443 de 1998 era optativa para el servidor a quien se le suprimiera el empleo sobre el cual tenía derechos de carrera;
ii) Solo era procedente sobre empleos equivalentes, que en los términos del artículo 158 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 1173 del 29 de junio 1999, eran los cargos que tenían funciones iguales o similares, exigían requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares y su asignación básica no era inferior;
iii) Las reglas de «empleo equivalente» fueron definidas en el artículo 158 del Decreto 1572 de 1998, y la naturaleza de las funciones, según el nivel del empleo, estaban dadas por los Decretos 590 de 1993, 406 de 1994 y 861 del 2000, según la época de su creación o modificación;
iv) Como administradora del Registro Público de Carrera, a la Comisión Nacional del Servicio Civil le correspondía analizar la procedencia del trámite de actualización del RPCA presentada por los jefes de la unidad de personal de cada entidad; y
v) La negativa de actualización del RPCA emitida por la CNSC se debía adoptar mediante resolución motivada, y estaba sujeta a recurso de reposición.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:
i) Mediante los Decretos 772 del 03 de mayo 2001; 2192 del 17 de octubre de 2001; 2045 del 16 de septiembre de 2002; y 1116 del 24 de mayo de 2002 se modificó la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ii) El 7 de mayo de 2001, mediante Resolución 0852, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporó a la servidora Aidé Gómez Ramírez en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
iii) El 19 de octubre de 2001, por medio de la Resolución 2191, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporó a la servidora Edna Ruby González Pineda en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 16.
iv) El 18 de septiembre de 2002, mediante Resolución 1921, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporó a la servidora Luz Alba Mosquera Aguilar en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
v) El 28 de mayo de 2002, por medio de la Resolución 958, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporó al servidor Javier Guamán Rojas en el cargo de Profesional Especializado, código 3010, grado 18.
vi) El 16 de noviembre de 2007, por Oficio 1-2007-065826, el Ministerio solicitó a la CNSC la actualización del RPCA de los servidores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez. A dicha solicitud se le dio alcance el 12 de mayo de 2011 mediante Oficio radicado número 2-2011-014660.
vii) El 7 de mayo de 2014, por medio de la Resolución 0874 de 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil negó la solicitud de actualización de carrera de los servidores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez.
Al analizar los casos concretos,
viii) El 29 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 2043, la Comisión Nacional del Servicio Civil resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de confirmar la decisión contenida en dicho acto administrativo.
2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto
Como los actos demandados para negar la actualización del RPCA por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil se fundamentaron en que los empleos a los cuales fueron incorporados los servidores Luz Alba Mosquera Aguilar, Javier Guamán Rojas, Edna Ruby González Pineda y Aidé Gómez Ramírez en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cumplieron los criterios de «empleo equivalente», es preciso definir la normatividad vigente para la época de los hechos, y conforme al marco normativo aplicable, si es procedente la actualización del RPCA para los servidores, de la siguiente manera:
(i) Según los hechos probados, el trámite de incorporación de los empleados de carrera mencionados se llevó a cabo con ocasión de las reestructuraciones realizadas a la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante los Decretos 772 del 03 de mayo 2001; 2192 del 17 de octubre de 2001; 2045 del 16 de septiembre de 2002; y 1116 del 24 de mayo de 2002, previa autorización del Departamento Administrativo de la Función Pública, en los términos del artículo 41 de la Ley 443 de 1998.
En este sentido, dichas restructuraciones gozan de plena legalidad y corresponden al ejercicio de la facultad de las entidades públicas para realizar los ajustes que considere necesarios conforme a los estudios técnicos desarrollados y los resultados que estos arrojen.
Ahora bien, las modificaciones conllevaron la necesidad de suprimir y crear empleos de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio, por lo que correspondía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dar aplicación a las disposiciones del artículo 39 ibidem, esto es, efectuar los trámites de incorporación de los servidores a quienes se les hubiere suprimido el empleo y no optaren por la indemnización contemplada en el artículo en cita.
En la misma línea, se fijaron reglas a las cuales debía sujetarse la entidad para adelantar la incorporación, entre ellas efectuarla «dentro de los seis meses siguientes a la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal (…).». De lo anterior se colige que la actuación de la entidad tiene un límite temporal de 6 meses, y se debe realizar en empleos equivalentes vacantes en la planta, esto es, los que no fueron objeto de restructuración, no tienen empleado titular con derechos de carrera o no están provistos transitoriamente; o en empleos creados por las necesidades del servicio.
Así, contrario a lo que afirma la parte demandante, las posibilidades contempladas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 de cualquier forma exigían que dicho empleo fuera equivalente al inicialmente ocupado por el servidor, pues la autorización del DAFP no significaba la actualización automática del Registro de Carrera Administrativa. Aceptar una interpretación contraria atentaría contra los principios constitucionales de la carrera administrativa contemplados en el artículo 125 constitucional, al desconocer las condiciones que fija la ley para ocupar un empleo de esta categoría, y autorizaría el ascenso automático de un servidor a un cargo sin que mediara concurso público.
(ii) En línea con las disposiciones de la Ley 443 de 1998, y conforme al artículo 94 y siguientes del Decreto reglamentario 1572 de 1998, una vez realizada la incorporación por parte de la entidad, la solicitud de actualización debe ser presentada por el jefe de la unidad de personal ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando se trate de entidades nacionales, en el formulario que adopte la Comisión Nacional del Servicio Civil; y corresponde al DAFP efectuar el análisis de los datos contenidos en el formulario de solicitud y producir los listados correspondientes, los cuales serán presentados a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo de su competencia.
En el caso concreto, se observa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó las actualizaciones el 16 de noviembre de 2007, es decir, 6 años después de la incorporación a la planta de personal y, en vigencia de la Ley 909 de 2004, no obstante lo anterior, al analizar los actos administrativos demandados, el estudio realizado para determinar la procedencia de la actualización lo realizó conforme a la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1173 de 1999, en los cuales concluyó la no equivalencia de los cargos en que se realizaron las incorporaciones. En efecto, en la Resolución 2043 de 2005, se indicó:
[…] En ninguno de los casos anteriores, la Comisión Nacional del Servicio Civil desatendió el principio de irretroactividad de la Ley, como lo señala la representante del Ministerio, pues es claro que cada una de las solicitudes se analizó a la luz de la disposición – de carácter general – contenida en el Decreto 1173 de 1999, norma que a las claras era aplicable a ellos por encontrarse vigente al momento de las incorporaciones irregulares, para efectos del registro […]
En consecuencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil es competente para valorar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de actualización por incorporación realizado por el Ministerio de Hacienda respecto de 4 servidores, con fundamento en las normas vigentes para la fecha del trámite de incorporación de cada uno y no frente al marco normativo de presentación de la solicitud por parte de la entidad.
(iii) Por tanto, los actos administrativos de incorporación expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a saber, las Resoluciones 0852 del 7 de mayo de 2001, 2191 del 19 de octubre de 2001, y 1921 del 18 de septiembre de 2001, se configuraron en vigencia de la Ley 443 de 1998, como norma general de carrera administrativa, junto con el Decreto 1173 de 1999, frente a las reglas de empleo equivalente, y el Decreto 861 del 2000, respecto de la nomenclatura y clasificación de los empleos. Por tanto, la Sala procederá a realizar el estudio de los requisitos de actualización a la luz de dicha normativa.
2.4.1. Resolución 0874 del 07 de mayo de 2014.
2.4.1.1. Luz Alba Mosquera Aguilar.
La CNSC realizó el análisis de la funcionaria con observancia del contenido del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999, por lo que se pudo verificar lo siguiente:
Regla
Empleo inscrito en el RPCA
Incorporación Resolución 852 de 2001
Nivel - Funciones
Administrativo
Técnico
Frente al particular, con la entrada en vigencia del Decreto 861 del 2000 la naturaleza de las funciones de los empleos del nivel administrativo y técnico distan mucho entre uno y otro, toda vez que se relacionan con actividades de apoyo a niveles superiores o exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías respectivamente. Así, si bien el nivel por sí mismo no es un criterio que deba ser evaluado en el análisis de equivalencia, sí debe guardar correspondencia con las funciones detalladas para el empleo, encontrándose que la naturaleza de las funciones entre los cargos no son iguales ni similares.
Requisitos de estudio
Diploma de Bachiller.
Aprobación de cuatro (4) años de educación superior en economía, derecho, administración pública, administración.
Frente al requisito de estudio se tiene que para el empleo del cual ostenta derechos de carrera se exige ser bachiller, que certifica la formación media según las exigencias de la Ley 115 de 1994 en la modalidad comercial, y para el empleo incorporado se exige un nivel de formación diferente, a saber, educación superior, la cual se realiza con posteridad a la educación media según la Ley 30 de 1992, con una aprobación no inferior a cuatro (4) años en las áreas relacionadas.
Requisitos de experiencia
Tres (3) meses
Dieciocho (18) meses
Para este caso, si bien se mantuvo el tipo de experiencia exigida, los empleos presentan una variación de tres (3) a dieciocho (18) meses.
Así las cosas, el análisis efectuado por la CNSC frente a la incorporación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la servidora Luz Alba Mosquera Aguilar se encuentra ajustado a derecho, en la medida en que se determinó, al analizar la equivalencia de los empleos, que no tienen las mismas funciones, y que los requisitos de estudio y de experiencia difieren, por lo que no se cumplen los requisitos del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999.
2.4.1.2. Javier Guamán Rojas
La CNSC realizó el análisis del funcionario con observancia del contenido del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999 por lo que se pudo verificar lo siguiente:
Regla
Empleo inscrito en el RPCA
Incorporación Resolución 958 de 2002
Nivel - Funciones
Profesional Universitario
Profesional Especializado
En este caso, el empleo para el cual se pretende la incorporación corresponde al nivel profesional el cual guarda identidad con el que actualmente ostenta derechos de carrera. No obstante lo anterior, la denominación del empleo para el cual se solicita la incorporación implica el desarrollo de actividades especializadas las cuales no son cumplidas para los empleos cuya denominación sea profesional universitario.
Requisitos de estudio
Formación Universitaria en Ingeniería de Sistemas
Título Universitario en ingeniería de sistemas y título de formación avanzada o de postgrado en áreas afines
En relación con el requisito, si bien es cierto la formación de título universitario en ingeniería de sistemas se mantiene entre los dos empleos, el requisito tiene una variación sustancial toda vez que se incluye la exigencia de formación avanzada o de posgrado. En este sentido, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la educación superior en Colombia señala que son programas de posgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post - doctorados. Así, los programas de especialización son posteriores a la formación de pregrado con miras a su perfeccionamiento, y en este caso dicha formación adicional no estaba contemplada en el empleo del cual el servidor ostenta derechos de carrera.
Requisitos de experiencia
No requiere experiencia
Nueve (9) meses de experiencia específica relacionada.
Sobre este aspecto, los empleos modifican su exigencia del requisito de experiencia, toda vez que de no requerirla, se pasa a solicitar nueve (9) meses de experiencia específica relacionada para efectos de cumplir el requisito mínimo exigido.
Así las cosas, el análisis efectuado por la CNSC frente a la incorporación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al servidor Javier Guamán Rojas se encuentra ajustada a derecho, toda vez que difieren en los requisitos de estudios y experiencia exigida.
2.4.1.3. Edna Ruby González Pineda
La CNSC realizó en análisis del funcionario con observancia del contenido del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999 por lo que se pudo verificar lo siguiente:
Regla
Empleo inscrito en el RPCA
Incorporación Resolución 2191 de 2001
Nivel – Funciones
Administrativo
Técnico
En el caso particular, con la entrada en vigencia del Decreto 861 del 2000, la naturaleza de las funciones de los empleos del nivel administrativo y técnico distan mucho entre uno y otro toda vez que se relacionan con actividades de apoyo a niveles superiores o exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías respectivamente. Así, si bien el nivel por sí mismo no es un criterio que deba ser evaluado en el análisis de equivalencia, sí debe guardar correspondencia con las funciones detalladas para el empleo encontrándose que la naturaleza de las funciones entre los cargos no son iguales ni similares.
Requisitos de estudio
Diploma de bachiller
Aprobación de cuatro (4) años de educación superior en economía, administración pública, administración de empresas y contaduría.
Frente al requisito de estudio se tiene que para el empleo del cual ostenta derechos de carrera se exige ser bachiller, que certifica la formación media según las exigencias de la Ley 115 de 1994 en la modalidad comercial, y para el empleo incorporado se exige un nivel de formación diferente, a saber, educación superior, la cual se realiza con posterioridad a la educación media según la Ley 30 de 1992, con una aprobación no inferior a cuatro (4) años en las áreas relacionadas.
Requisitos de experiencia
Tres (3) meses
Seis (6) meses de experiencia específica relacionada
Frente al particular, existe un incremento del tiempo de experiencia de tres (3) a seis (6) meses y adicionalmente tipifica el requisito de experiencia como específica relacionada la cual no era contemplada como exigencia para el empleo para el cual la servidora tiene derechos de carrera.
Así las cosas, el análisis efectuado por la CNSC frente a la incorporación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la servidora Edna Ruby González Pineda se encuentra ajustada a derecho, en la medida en que difieren en los requisitos de estudio y experiencia.
2.4.1.4. Aidé Gómez Ramírez.
La CNSC realizó el análisis de la servidora con observancia del contenido del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999, por lo que se pudo verificar lo siguiente:
Regla
Empleo inscrito en el RPCA
Incorporación Resolución 852 de 2001
Nivel - Funciones
Administrativo
Técnico
Frente al particular, con la entrada en vigencia del Decreto 861 del 2000 la naturaleza de las funciones de los empleos del nivel administrativo y técnico distan mucho entre uno y otro, toda vez que se relacionan con actividades de apoyo a niveles superiores o exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías, respectivamente. Así, si bien el nivel por sí mismo no es un criterio que deba ser evaluado en el análisis de equivalencia, sí debe guardar correspondencia con las funciones detalladas para el empleo, encontrándose que la naturaleza de las funciones entre los cargos no son iguales ni similares.
Requisitos de estudio
Diploma de Bachiller.
Aprobación de cuatro (4) años de educación superior en economía, derecho, administración pública, administración de empresas, contaduría.
Frente al requisito de estudio se tiene que para el empleo del cual ostenta derechos de carrera se exige ser bachiller, que certifica la formación media según las exigencias de la Ley 115 de 1994 en la modalidad comercial, y para el empleo incorporado se exige un nivel de formación diferente, a saber, educación superior, el cual se realiza con posteridad a la educación media según la Ley 30 de 1992, con una aprobación no inferior a cuatro (4) años en las áreas relacionadas.
Requisitos de experiencia
Tres (3) meses
Seis (6) meses
Para este caso, si bien se mantuvo el tipo de experiencia exigida, los empleos presentan una variación de tres (3) a seis (6) meses.
Así las cosas, el análisis efectuado por la CNSC frente a la incorporación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la funcionaria Aidé Gómez Ramírez se encuentra ajustado a derecho, en la medida en que se determinó, al analizar la equivalencia de los empleos, que no tiene las mismas funciones, y que los requisitos de estudio y de experiencia difieren, por lo que no se cumplen los requisitos del Decreto 1173 del 29 de junio de 1999.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del C.P.A.C.A., concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
En el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia, toda vez que de conformidad con el artículo 188 del CPACA se ventiló un asunto de interés público, como lo son los requisitos para la actualización de la carrera administrativa y, en esa medida, no es posible afirmar que la entidad demandada sea la parte vencida en el litigio.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda no deben despacharse favorablemente, toda vez que la negativa de actualización del RPCA de los 4 servidores por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil se sustentó en los principios y en las normas superiores en que debían fundarse, vigentes para la época en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó el trámite de incorporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
Segundo.- Sin condena en costas, por las razones establecidas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Se negó actualización en el empleo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
Se negó actualización en el empleo de profesional especializado, código 3010, grado 18.
Se negó actualización en los empleos de técnico administrativo, código 4065, grado 16.
Se negó actualización en el empleo de técnico administrativo, código 4065, grado 18.
Folios 354 a 371.
Folios 325 a 326
Oficio de notificación número 23927 del 14 de diciembre de 2015.
Oficio de notificación número 23928 del 14 de diciembre de 2015.
Oficio de notificación número 23929 del 14 de diciembre de 2015.
Folios 344 a 346
Folios 347 a 348
Folio 382 a 384
Folios 415 a 416.
Folios 406 a 414.
Folios 404 a 405.
Folios 417 a 427.
Corte Constitucional, Sentencia C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Artículo 2 del Decreto 1042 de 1978.
Artículo 3, Ibidem.
Artículo 7 Ibidem
Artículo 8, Ibidem.
Artículo 9, Ibidem.
Folios 32 a 37
Folios 64 a 71
Folios 86 a 89
Folios 124 y 129
Folio 43 a 45
Folio 73 a 75.
Folio 93 a 94.
Folio 135 a 138.
Folios 222 y 223
Folios 224 a 268
Folios 272 a 276
Folio 283 a 287
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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