Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00984-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00984-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00984-00
Consejero ponente: César Palomino Cortés
22 de julio de 2021
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE SUPERINTENDENTE FINANCIERO DELEGADO POR FALTAR AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO AL NO ADOPTARSE MEDIDAS PREVENTIVAS QUE IMPIDIERAN LA MANIPULACIÓN DE TÍTULO BURSÁTIL – Configuración
La Sala, concluye que la demandante en calidad de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, era competente para adoptar las medidas preventivas establecidas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, de conformidad con el numeral 1) del artículo 11.2.1.4.17 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No 1407 de 2008, esto es el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, por lo que para el 18 de julio de 2012, producto de las reuniones, informes y presentaciones que se habían realizado referente a la acción de Fabricato, tenía ya información suficientes que daba cuenta de la manipulación de esta especie, pero a pesar de ello no hizo nada al respecto. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el control judicial integral de los actos administrativos de contenido disciplinario, ver: C. de E., Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación: 1210-11, C.P.: William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 964 DE 2005 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 2555 DE 2010 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 13 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 28 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 163 NUMERAL 7
PROCESO DISCIPLINARIO / VARIACIÓN DE LA CULPABILIDAD DISCIPLINARIA DE DOLO A CULPA GRAVE – No vulnera el debido proceso del disciplinado
Al momento de analizarse el aspecto subjetivo de la imputación en la providencia de 2 de marzo de 2015, se consideró que en la actuación de la actora no se evidenció un yerro de la percepción personal que no hubiera podido eliminarse de ninguna forma, pues por el contrario se trata de un yerro que era a todas luces superable. Agregó la providencia que la disciplinada se abstuvo del cumplimiento de su deber por estimar que su comportamiento se ajustaba a la ley, error que pudo haberse disipado con un actuar más diligente y propositivo de su parte, como quiera que no era necesario atenerse al resultado de las acciones ilegales propiciadas, sino que en virtud del control preventivo, pudo haber iniciado o propuesto la medida de apartar transitoriamente del mercado las acciones en las cuales el grupo Corridori estuviera involucrado, por lo tanto se estimó que el comportamiento se cometió a título de culpa grave. Frente a lo señalado, esto es que en la decisión que desató el recurso de reposición se varió en beneficio de la demandante el grado de culpabilidad, toda vez que del dolo como lo había dispuesto el fallo de única instancia se convirtió a una culpa grave, debido a la actuación descuidada de la implicada, no se desconoció el derecho de defensa, ya que se modificó la calificación de la falta disciplinaria mas no la conducta imputada. Lo importante en estos casos es que, así como se cambió el título de imputación esto tenga su consecuencia en la variación de la sanción, lo que efectivamente sucedió en el caso analizado.
PROCESO DISCIPLINARIO / EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA POR CUMPLIMIENTO DE ORDEN LEGÍTIMA QUE PROVENGA DE SUPERIOR COMPETENTE – Improcedencia por tratarse de orden contraria a derecho
El hecho de haber adherido la actora a la posición institucional no la exime de responsabilidad simplemente se estudió como variación en el concepto de culpabilidad esto es para transformar el título de imputación de dolo a culpa, es por ello que en el auto que resolvió el recurso de reposición de fecha 2 de marzo de 2015 se dijo: “Ciertamente, la implicada se alejó de la teleología de la norma que reclama el despacho dejó de ser aplicada, pese a contar con elementos que le permitían verificar no solo la necesidad de su aplicación en razón al inminente daño y pérdida de confianza de los inversionistas que se generaría con la manipulación de la acción de Fabricato, elementos que es de resaltar fueron puestos en su conocimiento y que bastaba con su análisis juicioso para advertir que las circunstancias precisaban de una labor activa de parte de la SFC en defensa de los intervinientes en el tráfico bursátil, sin embargo la disciplinada consideró viable abstenerse de su deber, por estimar que era la forma adecuada de verificar la naturaleza de las anomalías presentadas, siendo su deber ya fuera adoptar o mínimo proponer la adopción de tales medidas”. Por consiguiente, para estar dentro de la causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria la actora debía demostrar en el sub judice que la orden era legítima, esto es no contraria a derecho e igualmente que corresponde al ejercicio de un deber constitucional y legal, lo que no sucede dentro del sub-judice. Sin embargo, en la realidad probatoria, se establece que no se estaba ante una orden legítima, toda vez que la supuesta posición institucional era contraria a derecho, tan es que la investigación disciplinaria se inició y falló en contra de varios integrantes de la Superintendencia Financiera de Colombia. Como corolario, estima la Sala que la demandante no probó la existencia de la causal eximente de responsabilidad en cumplimiento de orden legítima.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00984-00(4038-15)
Actor: ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Sala decide en única instancia sobre las pretensiones de la demanda formulada por la señora Rosita Esther Barrios Figueroa contra la Nación- Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la señora Rosita Esther Barrios Figueroa, a través de apoderado, pide las siguientes declaraciones y condenas:
Que se declare la nulidad del Fallo de única instancia de fecha 27 de noviembre de 2013, proferido por el Procurador General de la Nación, que sancionó a la actora en su condición de encargada como Superintendente Delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados de la Superintendencia Financiera de Colombia; y la decisión de 2 de marzo de 2015, expedida por el Procurador General de la Nación que desató el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de única instancia por medio del cual se modificó la sanción impuesta de destitución e inhabilidad general por la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses. En el escrito de subsanación de la demanda solicita se declare la nulidad de las resoluciones Nos 0391 del 6 de abril de 2015 y 0752 de 3 de junio de 2015, emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de las cuales se hace efectiva la sanción disciplinaria a la demandante.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la Procuraduría General de la Nación: i) reintegre a la demandante en el cargo que ocupaba o en otro de igual o superior categoría en la entidad, sin que para ningún efecto se entienda que ha existido solución de continuidad; iii) que se decrete y ordene el pago de todos los factores salariales y prestacionales dejados de percibir desde la separación transitoria del servicio como consecuencia de la suspensión en el ejercicio del cargo y hasta que se haya hecho efectivo el reintegro, incluyendo la actualización y el pago de los aportes faltantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud; iii) que por daño inmaterial se reconozca y paguen el equivalente a 100 SMLM; iv) que se ordene el pago de los intereses a que haya lugar de conformidad con el IPC o la fórmula prevista para esos efectos.
Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:
Narró que, el 13 de noviembre de 2009, la demandante tomó posesión del cargo de Delegado Código 0110 Grado 20 de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Siendo encargada de la Superintendencia Delegada Adjunta, Código 0108 Grado 22 de la Delegatura para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, del 9 de septiembre de 2010 hasta la fecha en la cual se ejecutó el acto de suspensión.
Refirió que el 23 de febrero de 2012, participó de una reunión de trabajo en la que, según el Procurador General de la Nación, estuvo al tanto de las investigaciones, por la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato. Posteriormente, el 18 de julio de 2012 se realizó una reunión convocada por el superintendente de la época, en la que se hizo una presentación sobre la posible manipulación del precio de la especie acción ordinario FABRICATO, por parte del inversionista Alessandro Corridori, durante el año 2011. Reunión en la cual el staff de la Superintendencia Financiera de Colombia, ante los hechos conocidos adoptó una “posición institucional” que consistió en adelantar las gestiones efectivas a fin de establecer si la fluctuación anormal presentada, se debía o no a la comisión de un ilícito o una alteración generada por la dinámica del mercado.
Anotó que, en el desarrollo de los acontecimientos presentados por la iliquidez de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., mediante Resolución 1812 del 06 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia, ordenó su liquidación forzosa administrativa.
Aseguró que el 14 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la Nación la posible comisión del delito de “manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores”.
Relató que el 19 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera mediante acto administrativo, radicado 20122094954-182 ordena: “(…) la suspensión de la negociación de la especie Fabricato, así como la suspensión del proceso de compensación y liquidación de todas las operaciones Repo pendientes por cumplir en el mercado sobre la especie Fabricato”.
Adujo que el Procurador General de la Nación, mediante autos emitidos el 6 y el 13 de diciembre de 2012, asumió el conocimiento de la actuación disciplinaria iniciada como consecuencia de la información publicada por los medios de comunicación sobre la crisis de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa S.A.
Explicó que el 27 de febrero de 2013 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de la demandante y el 29 de abril del mismo año declaró cerrada la investigación; el 6 de mayo de 2013 se presentó recurso de reposición para que se revocara el cierre de la investigación lo que fue ratificado mediante auto del 23 de mayo de 2013. El 4 de junio de 2013 se formuló pliego de cargos en contra de la actora quien presentó sus descargos donde explicó la dinámica de la supervisión de conductas del mercado de valores, la labor de supervisión y la toma de decisiones en la Superintendencia Financiera de Colombia.
Manifestó que el 27 de noviembre de 2013, se profirió fallo de primera instancia a través del cual se declaró responsable a la disciplinada de la falta grave consistente en el desconocimiento de los deberes previstos en el numeral 1º del artículo 34 del Código Disciplinario Único, en el Decreto 2555 de 2010 y el manual de funciones en concurso con la falta gravísima contenida en el numeral 4 del artículo 48 del mismo código.
Señaló que el 2 de marzo de 2015 se resolvió el recurso de reposición y se repuso parcialmente el fallo de única instancia cambiando la sanción de destitución e inhabilidad general por la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses. Con resolución No 0391 del 6 de abril de 2015, se hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta a la demandante.
Normas y concepto de violación
De la Constitución Política el artículo 29.
De la ley 734 de 2002, los artículos 4, 6, 9, 28-6.
La parte actora citó como normas violadas las siguientes:
Los actos acusados fueron proferidos con infracción de las normas superiores en que debió fundarse, con falsa motivación y con desconocimiento de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso.
1.- La sanción disciplinaria se impuso a partir de un cargo inexistente, carente de soporte fáctico y jurídico.
Invoca que la sanción disciplinaria tuvo como fundamento normativo el artículo 6 de la Ley 964 de 2005, aduciendo que la accionada no consideró que la Superintendencia si actuó dentro de sus competencias tal como lo evidencia los oficios No 2012094954-162-000, 2012101297-000-000 y 2012103168-000-000, del 19, 23 y 30 de noviembre de 2012, que ordenaron: “La suspensión del proceso de compensación y liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir en el mercado de valores, sobre la especie acción FABRICATO, y la suspensión de la negociación de la especie acción FABRICATO”. Así como la del 2 de agosto de 2012, que suspendió la negociación de la acción Bolsa Mercantil de Colombia – BCM. Pruebas valoradas deficientemente por parte de la Procuraduría.
Refiere a la diferencia entre el no actuar y actuar de manera tardía, enfatizando que por ésta última conducta no se le investigó ni sancionó, considerando a su juicio, tanto el cargo disciplinario como la sanción disciplinaria violatorios del principio de legalidad de la falta y de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
2.- Violación del principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia de tipicidad.
Señaló que se impuso la sanción disciplinaria a la demandante por la aparente omisión de un compromiso funcional que no está expresa ni exclusivamente asignado a su cargo.
Expone, que el pliego de cargos señaló que la disciplinada estaría incursa en el tipo disciplinario previsto en los artículos 23 y 34, numeral 1, del CDU en concordancia con las disposiciones consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Ley 964 de 2005 y el manual de funciones.
Alega que se determinó la tipicidad a partir de la siguiente función, prevista en el numeral 1 del artículo 11.2.1.4.17 del Decreto 2555 de 2010, que adolece de la debida reglamentación, que supere el Marco General, que si bien es cierto impone tal obligación a la entidad, no individualiza su responsabilidad en funcionario específico e individualizado. Además, que la actora no contaba con competencia para tomar las medidas preventivas, pues ya se habían adoptado por parte del Superintendente Financiero el 19 de noviembre de 2012.
3.- Violación del principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia de ilicitud sustancial pues nada cambió entre julio y noviembre de 2012, en relación con el valor de la acción de Fabricato.
Indicó que los fallos frente a la ilicitud sustancial contienen expresiones y manifestaciones genéricas que no cuentan con el debido asidero, llegando a configurar una responsabilidad objetiva, proscrita en la ley disciplinaria. Es evidente la diferencia cualitativa y cuantitativa de la información con la cual contaba la Superintendencia Financiera en noviembre de 2012, frente a la que se tenía conocimiento en julio del mismo año. No obstante, la accionada arribó a una conclusión diferente, al realizar una comparativa de la situación presentada entre julio y noviembre de 2012, determinando que la investigada no tomó las medidas preventivas, respecto a las cuales se encontraba obligada, en aras de proteger los intereses de los inversionistas y el mercado de valores en general.
Concluye que se hizo un reiterado uso de las expresiones “la afectación de los deberes funcionales de la Dra Rosita Barrios”, “el claro desconocimiento de los principios que rigen la función pública”, “los daños que se generaron al mercado de valores y a los inversionistas”, “el desconocimiento de los principios de eficiencia y eficacia”, y “el desconocimiento y el quebranto de normas superiores con estructura de principios, tales como los referenciados”. Señalando que las mismas se quedan en expresiones que sin rigurosidad alguna alude y da por sentada. Sin apreciar que de los mismos cuadros se denota de manera palpable la diferencia de información disponible por parte de la Superintendencia entre julio y noviembre de 2012. Siendo la del 18 de julio de 2012 precaria para tomar una decisión debidamente fundada.
Adicionó que la autoridad disciplinaria no advirtió que durante dicho periodo la acción de Fabricato se mantuvo estable, así como el volumen de las operaciones repo en el mercado de valores.
Añade que se evidencia los parámetros de responsabilidad objetiva cuando algunos apartes del fallo hacen relación a que: “Claramente el instituto “temor fundado” es netamente de carácter subjetivo, pues se produce por la impresión y valoración de una serie de elementos de conocimiento, sobre un posible resultado o consecuencia respecto de un asunto en particular, del cual previamente se conocen sus posibles causas, sin embargo, contrario a lo que refiere la defensa, la generalización del temor fundado bajo los presupuestos fácticos que se analizan, no entraña un juicio de valor que requiera un rango o nivel de implicación probatoria que hasta tanto no se dé no pueda tener lugar, ello en razón a la entidad de la irregularidad a la que estaba expuesto el mercado”.
4.- Violación del derecho de audiencia y de defensa al cambiar el título de imputación subjetiva al momento de imponer la sanción disciplinaria definitiva.
Afirma que se varió el título de imputación de la conducta de dolo a culpa y que durante el proceso se mantuvo una estrategia de defensa respecto al dolo, quedando sin oportunidad de defenderse cuando en el fallo definitivo se establece una modalidad culposa, más exactamente a título de culpa grave. En tal sentido, señaló que el Consejo de Estado sostiene que se configura una violación al derecho de audiencia y defensa previsto como causal de nulidad por el artículo 137 del C.C.A.
5.- Violación del principio de culpabilidad y de proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva al adoptar la sanción disciplinaria con fundamento en el contenido de una información general y preliminar señale en una presentación de power point.
Estimó en tal sentido que el despacho del Procurador realizó toda una inferencia partiendo de una simple guía de power point, elaborada como ayuda para el desarrollo de una reunión el 18 de julio de 2012.
Se denota tal violación, en la reiterativa referencia del fallo de instancia a la aludida presentación, la cual no refleja información relevante que impusiera la adopción de una medida preventiva inmediata, aun cuando en la parte final de dicha presentación se advierte que está pendiente la consolidación probatoria.
6.- Causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
Anotó, que la eventual omisión por parte de la señora Rosita Barrios Figueroa estuvo amparada por la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 28 del CDU, dado que se comportó como lo imponía una determinación administrativa legítima adoptada por la autoridad competente y emitida dentro de los parámetros propios de la gestión administrativa estatal para este tipo de decisiones.
Trámite procesal
Mediante auto del 15 de agosto de 2017, el despacho sustanciador admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Rosita Esther Barrios Figueroa contra la Nación - Procuraduría General de la Nación.
El día 23 de julio de 2018 se celebró la audiencia inicial donde se dispuso la fijación del litigio. El problema jurídico por resolver se contrae a establecer si los actos administrativos demandados, al mantener la responsabilidad disciplinaria en contra de la actora, por el cargo de no adoptar medidas preventivas respecto de la manipulación de la acción de Fabricato, fueron proferidos con infracción de normas superiores del derecho de defensa y debido proceso e incurren en falsa motivación.
Se decretó como pruebas la documental (física y digital) solicitada y aportada por las partes. Por la parte actora se dispuso la práctica de las pruebas a que hace referencia los literales a) y d). No se ordenó las referidas en los literales b) y c) en consideración a que ya obraban en el expediente. Por la parte demandada no se hizo necesario solicitar en calidad de préstamo la investigación disciplinaria ya que la demandante las aportó.
Se verifica la existencia de 61 cuadernos que contiene la actuación disciplinaria.
Como prueba de oficio se ordenó: i) Informe o publicación del índice de bursatilidad accionaria, mensual y anual de la acción de Fabricato. ii) Manual de requisitos y funciones. iii) Acta y la directriz institucional, adoptada respecto de la manipulación de la especie Fabricato. iv) Documento contentivo de la presentación power point (físico o electrónico) que se llevó a cabo a la reunión de 18 de julio de 2012.
En audiencia de pruebas de 22 de octubre de 2018 se dispuso incorporar las pruebas documentales de folios 319 a 439, así como los documentos contenidos en el cd de folio 336. Se corrió traslado para alegar a las partes y para que emita concepto el Ministerio Público.
3. Contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que el trámite disciplinario cuenta con amplio y contundente material probatorio, así como una clara motivación que demuestra la omisión en el deber funcional de la sancionada en su calidad de Superintendente Delegada de la Delegatura adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados de la Superintendencia Financiera de Colombia, al no haber adoptado las medidas preventivas correspondientes en cumplimiento de lo ordenado en el literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni las demás que le son propias en materia preventiva tendientes a evitar o aminorar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, en cumplimiento de su deber funcional.
Frente a los cargos de la demanda, manifestó:
1.- La sanción disciplinaria se impuso a partir de un cargo inexistente, carente de soporte fáctico.
Estima que de acuerdo con lo normado en el Decreto 2555 de 2010, entre otras funciones corresponde al Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados, adoptar cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
Aclara que la Resolución No 1407 de 2008, Manual de Funciones, Requisitos y Competencia Laborales, en cuanto a las funciones del Superintendente Adjunto de la Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados prevé adoptar cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
Precisa que las normas citadas radican en cabeza de la disciplinada la facultad de proceder de manera preventiva, y de acuerdo al acervo visto en los expedientes administrativos, a pesar de tener conocimiento desde el 23 de febrero de 2012, de la manipulación de la acción de Fabricato no adoptó las medidas, permitiendo un comportamiento irregular del mercado subyacente de repos, del cual se aprovechó de manera indebida Interbolsa, omisión cuyo estudio se presentó desde la actuación administrativa de primera instancia.
2.- Violación del Principio de legalidad de falta disciplinaria por ausencia de tipicidad.
Explicó que, a diferencia de lo manifestado por la actora, la normativa consagra de manera positiva las funciones a cargo de la delegada, cuya omisión acarreó la sanción disciplinaria, contemplada entre otros en varios apartes normativos los que enuncia.
Expuso que para el 18 de julio de 2012, producto de las reuniones, informes y presentaciones que se habían realizado en la Superintendencia en relación con la acción Fabricato, ya se tenía consolidada toda la información y el material probatorio que daba cuenta de la manipulación de esta especie, más no hizo nada al respecto, cuando con base en las normas citadas tenía que haber adoptado las medidas preventivas correspondientes.
3.- Violación del principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia de ilicitud sustancial
Expresó que, al contrario de lo manifestado por el apoderado de la actora, la acción de Fabricato presentó un comportamiento anómalo al alza para el año 2011. Concluye que el simple transcurso del tiempo sin una determinación generó afectación al Mercado de Valores.
4.- Violación del derecho a audiencia y defensa al cambiar el título de imputación subjetiva al momento de imponer la sanción definitiva.
En tal sentido adujo que los cargos iniciales no sufrieron variación alguna de calificación, lo que en realidad ocurrió es que la Procuraduría General de la Nación, una vez conocido el recurso interpuesto por la disciplinada, en aras de dar aplicación al debido proceso, de garantizar la imparcialidad y objetividad en la decisión, mediante providencia del 2 de marzo de 2015, resuelve sancionar a la actora, únicamente por el primer cargo, absolviéndola de responsabilidad frente al segundo cargo, lo cual en momento alguno quiere decir o significa que se haya realizado variación alguna desde la calificación inicial de la conducta y el fallo proferido.
5.- Violación del principio de culpabilidad y de proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva al adoptar la sanción disciplinaria con fundamento en el contenido de una información general y preliminar.
Enfatizó que el análisis brindado por la presentación “power point”, no evidenció un temor aislado, sino una presunción o sospecha fundada, para la cual precisamente operaba las medidas preventivas que disponía la norma, de las cuales no hizo uso la disciplinada.
6.- Causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
Afirmó que el trámite administrativo sancionatorio, efectivamente frente al segundo cargo endilgado evidenció una causal de exclusión de responsabilidad, en el entendido que se actuó con el error invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, determinando la correspondiente absolución. Y en cuanto al primer cargo, no está probado el error como causal de exclusión de responsabilidad.
Frente a la legalidad de los actos acusados resaltó que los mismos se produjeron conforme a derecho, en cumplimiento de las funciones disciplinarias que le fueron asignadas, tan es así que las providencias proferidas expresan con claridad y precisión, las razones que se tuvieron en cuenta para proferir la sanción disciplinaria de la demandante.
Referente a la carga de la prueba, expresó que la misma le corresponde a la actora, quien habrá de desvirtuar la presunción de legalidad de la cual gozan los actos atacados, siendo aplicable el aforismo latino “onus probando incumbe actori”.
Alegatos de conclusión
En la audiencia del 22 de octubre de 2018, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes con el fin que presentaran los alegatos de conclusión y al ministerio público para que rindiera concepto, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.
4.1 Parte demandante
El apoderado de la parte actora reitera los fundamentos fácticos y de derecho a los que hizo referencia en la presentación de la demanda, se refiere a lo probado al interior del proceso de donde concluye que los fallos disciplinarios demuestran la ausencia total de fundamentación probatoria en la categoría de ilicitud sustancial.
Menciona que al proceso se aportó el dictamen rendido por el perito Luis Fernando Uribe, sobre la procedencia de las facultades previstas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, el cual fue desconocido.
4.2 Parte demandada
La Procuraduría General de la Nación reitera la oposición a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora con similares argumentos a los ya esgrimidos.
4.3 Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió su concepto solicitando se nieguen las pretensiones de la demanda ya que si bien es cierto se varió el título de imputación de la culpabilidad, de dolo a culpa, la misma contribuyó a la reducción de la sanción finalmente impuesta. Adicionalmente el cargo primero, se mantuvo en esencia inalterado, por lo que frente al mismo pudo la actora ejercer el derecho de defensa y contradicción, tal como se evidenció en la versión libre y en la interposición del recurso.
En cuanto a la violación del principio de legalidad por ausencia de tipicidad considera que la Resolución No 1407 de 2008 señaló respecto al cargo de Superintendente Delegado Adjunto 0108 22 Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados Superintendente Financiero, como propósito principal adoptar las medidas administrativas de su competencia.
Establecida que si era su función el adoptar las medidas preventivas previstas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, procede a determinar si para la fecha referente del 18 de julio de 2012, era apreciable el “temor fundado” que determina la norma.
Asevera que, de acuerdo al concepto allegado, del experto Luis Fernando Uribe Restrepo, la sola variación exagerada de la especie no determina la configuración del temor infundado, debiéndose realizar el análisis de contexto respecto a lo que el mismo estudio denomina asimetría de la información, por lo que juegan otras variables.
Estima dicha agencia, que no es aceptable que alegándose una discrecionalidad que brinda la expresión “fundado temor”, se hubiese actuado tan solo hasta el día después del incumplimiento de Interbolsa con el sector bancario, evidenciando su iliquidez dada la exposición en la negociación de repos garantizados en la especie Fabricato, y es por esa circunstancia que en el proceso disciplinario se determinó la correspondiente sanción a la demandante.
Agrega que no brindarle una razonabilidad a la facultad discrecional, equivaldría que la misma quedase al capricho de la autoridad de vigilancia, en este caso la Superintendencia Financiera, o que fuese inoperante en su función preventiva, puesto que estaría sujeta a un accionar hasta tanto se concretase el daño, que está llamada precisamente a prevenir.
Concluye que como indicio del diagnóstico que correspondía, encuentra que la ayuda de power point, alerta no solo sobre la sobrevaloración de la especie, sino de la injerencia del inversionista Alessandro Corridori, tanto en calidad de persona natural como representante o inversionista de sociedades comerciales.
Considera que la ilicitud sustancial gravitó en la desconfianza que se generó en el mercado de valores que se tradujo en el descenso de la operación bursátil, más no como lo pretende entrever el apoderado de la demandante, en el sentido que dicho aspecto no se configuró por cuanto la acción de Fabricato presentó relativa estabilidad en el segundo semestre de 2012, ignorando muy seguramente que dicha afectación no fue sobre el valor de la acción de Fabricato, sino en general sobre el mercado de valores, llamado a proteger por la disciplinada.
CONSIDERACIONES
Competencia
Corresponde conocer en única instancia del Consejo de Estado del presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2°, inciso 2° del art., 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se refiere a los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que el profiera como supremo director del ministerio público.
Cuestión previa
Control de legalidad
El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró frente el alcance de aquél lo siguiente:
“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.
Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena competencia para realizar un examen integral de los cargos formulados en la demanda.
Problema jurídico
Teniendo en cuenta lo expuesto en la demanda, la Sala determinará si los actos administrativos de única instancia y el que resolvió el recurso de reposición proferidos por el Procurador General de la Nación, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente a la señora Rosita Esther Barrios Figueroa con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses, por no adoptar medidas preventivas respecto de la manipulación de la acción de Fabricato, son nulos por infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados y por falsa motivación, o si por lo contrario como lo afirma la accionada fueron proferidos atendiendo las normas constitucionales y legales que gobiernan el proceso disciplinario y en uso de la facultad sancionatoria.
La demandante estima que concurren las causales de nulidad de los actos administrativos acusados, en atención a que se evidenció desconocimiento de los derechos de defensa y debido proceso, toda vez que: i) la sanción disciplinaria se impuso a partir de un cargo inexistente, carente de soporte fáctico y jurídico; ii) no se valoran las pruebas que demuestran la adopción de medidas, por parte del Superintendente Financiero de Colombia; iii) violación del principio de legalidad por ausencia de tipicidad, y ausencia de ilicitud sustancial, iv) la demandada incurrió en violación del derecho de defensa al cambiar el título de imputación subjetiva al momento de imponer la sanción; y v) violación del principio de culpabilidad (presentación en power point).
La Sala con el fin de resolver el problema jurídico planteado seguirá el siguiente esquema: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.
Actuación disciplinaria
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública por auto del 14 de noviembre de 2012, ordenó la apertura de la indagación preliminar en contra de la actora.
El Procurador General de la Nación por medio de los autos de 6 y 13 de diciembre de 2012, asumió en única instancia el conocimiento de la actuación disciplinaria dada la importancia y trascendencia de los hechos.
Mediante auto del 27 de febrero de 2013 se dispuso la apertura de la investigación disciplinaria en contra de la parte demandante.
A través del proveído de 4 de junio de 2013, se profirió pliego de cargos en contra de la señora Rosita Esther Barrios Figueroa, imputándole los siguientes:
“PRIMER CARGO
La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, conociendo formalmente en las reuniones de 23 de febrero y 18 de julio de 2012, respectivamente, sobre la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores y del Código Penal Colombiano, atentatoria, no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes, en cumplimiento a lo ordenado en el literal c), del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni las demás que le son propias en materia preventiva tendientes a evitar o aminorar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público”.
“SEGUNDO CARGO
La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, conociendo oficialmente en razón del cargo o función como Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados, desde el 23 de febrero de 2012, sobre la posible manipulación de la especie Fabricato S.A. y desde el 18 de julio de 2012 la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas tipificadas como delito en el artículo 317 del Código Penal Colombiano, omitió la denuncia de la primera y retardó denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber, con lo cual incurrió al parecer en falta establecida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “…Omitir o retardar la denuncia de (…) delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función”.
Por medio de providencia del 27 de noviembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación sancionó a la señora Rosita Esther Barrios Figueroa con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años para ejercer funciones públicas por los cargos formulados.
A través de la decisión del 2 de marzo de 2015, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, modificando la sanción impuesta a la demandante de destitución e inhabilidad general por el lapso de 12 años a suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses.
Con la Resolución No 0391 del 6 de abril de 2015, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se hace efectiva la sanción disciplinaria impuesta a la actora, al igual que con la Resolución No 0752 de 3 de junio de 2015.
Caso concreto
En el asunto sub examine, la señora Rosita Esther Barrios Figueroa demanda la nulidad de los actos administrativos de única instancia y el que resuelve el recurso de reposición, expedidos por el Procurador General de la Nación, con los cuales fue sancionada disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses, por incurrir en la falta grave, en su calidad de Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, al no adoptar las medidas preventivas correspondientes a lo ordenado en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
Antes de realizar cualquier otro pronunciamiento se debe resaltar que en la audiencia inicial se estableció que las resoluciones 0391 de 6 de abril de 2015 y 0752 de 3 de junio de 2015, son actos que ejecutan las medidas disciplinarias impuestas, por lo que no son objeto de demanda.
Determinado el marco fáctico y jurídico objeto de Litis, procede la Sala a estudiar los cargos de la demanda.
la sanción disciplinaria se impuso a partir de un cargo inexistente, carente de soporte fáctico y jurídico
Alega la demandante que la Superintendencia Financiera sí adoptó las medidas preventivas previstas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, tal como se evidencia con los oficios No 2012094954-162-000, 2012101297-000-000 y 2012103168-000-000, del 19, 23 y 30 de noviembre de 2012, que ordenaron: “La suspensión del proceso de compensación y liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir en el mercado de valores, sobre la especie acción FABRICATO, y la suspensión de la negociación de la especie acción FABRICATO”. Así como la del 2 de agosto de 2012, que suspendió la negociación de la acción Bolsa Mercantil de Colombia – BCM. Pruebas valoradas deficientemente por parte de la Procuraduría.
La Superintendencia Financiera está facultada para ejercer, por delegación constitucional del Presidente de la República, la inspección, vigilancia y control que se debe hacer sobre las personas naturales y jurídicas que realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras, o relacionadas con el manejo o inversión de recursos captados del público.
De manera específica la Superintendencia Financiera supervisa el sistema financiero procurando la preservación de su estabilidad, seguridad, confianza, promoviendo su organización y el desarrollo del mercado de valores en el que debe proteger a los inversionistas, ahorradores y asegurados. Para lo que cuenta con el sistema integral de información del mercado de valores en los términos del artículo 7 de la Ley 964 de 2005.
De acuerdo con los artículos 55, 63 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la principal función de la Superintendencia Financiera es la vigilancia y control, así como la restricción a las prácticas contra la competencia. Al interior de la entidad participa de esta función la Dirección de Prevención del Ejercicio Ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores [artículo 11.2.1.4.13 Decreto Único 2555 de 2010], así como el Superintendente Delegado para la Supervisión de Riesgos del Mercado y Liquidez [artículo 11.2.1.4.25 Decreto Único 2555 de 2010], y el Superintendente Delegado Adjunto para la Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores [artículo 11.2.1.4.42 Decreto Único 2555 de 2010].
De lo manifestado se concluye que la supervisión financiera es una función pública que, si bien se basa en unas normas y reglas, tiene un amplio margen de discrecionalidad para actuar en cada circunstancia.
La investigación disciplinaria se inició en contra de Gerardo Alfredo Hernández Correa, superintendente financiero de Colombia; Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado; Diego Herrera Falla, superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado e integridad; y Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado adjunto para intermediarios de valores y otros agentes.
En el caso concreto el fundamento de la investigación disciplinaria es la manipulación en el precio de la acción de Fabricato. La Procuraduría General de la Nación señala que la disciplinada en calidad de Superintendente Delegada Adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado, con la información que recibió en julio de 2012, debió tomar medidas preventivas para evitar o disminuir el daño, que estaba ocasionando el inversionista Alessandro Corridori con la inestabilidad del precio de la acción de la textilera.
Precisa la Sala que a la demandante se le sancionó disciplinariamente mediante auto de 2 de marzo de 2015, únicamente por el primer cargo endilgado, esto es: “…sobre la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores y del Código Penal Colombiano, atentatoria, no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes, en cumplimiento a lo ordenado en el literal c), del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni las demás que le son propias en materia preventiva tendientes a evitar o aminorar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público”. Y se le absolvió por el segundo cargo relacionado con “omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función (…)”.
De conformidad con la certificación expedida por el director de Recursos Humanos de la Superintendencia Financiera de Colombia, la actora en calidad de Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado desempeñó las funciones contenidas en la Resolución No 1407 de 1o de septiembre de 2008, así:
“1.- Adoptar, dentro del ámbito de su competencia cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal c) del Artículo 6 de la Ley 964 de 2005 o las normas que la modifiquen o adicionen.
2.- Adoptar, dentro del ámbito de su competencia, las medidas cautelares previstas por las normas vigentes para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas.
3.- Velar porque las entidades sujetas a inspección, vigilancia o control, adopten mecanismos para la administración y control de los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus actividades con el propósito de preservar la estabilidad del sistema financiero la integridad de los mercados, y la protección de los consumidores e inversionistas.
4.- Resolver, en coordinación con el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional, las controversias suscitadas entre los Superintendentes Delegados para Supervisión por Riesgos y los Superintendentes Delegados para Supervisión Institucional por la adopción de decisiones que afecten la estabilidad de las instituciones, previo concepto del Comité de Coordinación del Núcleo de Supervisión.
5.- Solicitar a la Dirección de Investigación y Desarrollo, el diseño y/o ajuste de las metodologías de supervisión o de la normatividad, así como el diseño de los instrumentos que permitan a las entidades administrar y controlar sus riesgos.
6.- Proponer al Superintendente Financiero, la adopción de cualquiera de los institutos de salvamento o la de la toma de posesión.
7.- Ordenar a título de sanción, dentro del ámbito de su competencia, la suspensión o cancelación de la inscripción en cualquiera de los registros que conforman el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores.
8.- Informar sus decisiones a las demás áreas con interés en los asuntos objeto de pronunciamiento“.
Como consecuencia de las investigaciones iniciadas a raíz de la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato, la demandante participó en una reunión el día 23 de febrero de 2012 donde se le entregaron avances investigativos a los cuales hizo las correspondientes acotaciones y consideraciones, posteriormente el 18 de julio de 2012, en la reunión celebrada en el despacho del señor Superintendente Financiero de Colombia, se manifestaron los progresos relacionados con la inspección sobre los casos Fabricato y BMC, es por ello que la Procuraduría General de la Nación en las decisiones disciplinarias sostuvo que la Superintendencia Financiera de Colombia para julio de 2012 tenía probado: que no existía relación alguna entre los fundamentales de Fabricato o las noticias relevantes relacionadas con la textilera y el aumento excesivo en el precio de sus acciones, la existencia de múltiples relaciones entre las personas que conformaban el grupo de amigos de Alessandro Corridori, el poder de mercado que estos representaban, la participación accionaria que habían logrado en Fabricato S.A. y su posición en la junta directiva, además de los ingentes esfuerzos para lograr su venta, de toda esta situación, fue enterada en varias reuniones la máxima autoridad del ente supervisor por parte de los delegados de Supervisión de Riesgos y la Delegada Adjunta.
No obstante todo lo anterior, unido al extenso caudal probatorio que reposa en el expediente disciplinario no fue adoptada ninguna medida preventiva tendiente a proteger a los inversionistas, y en particular las consagradas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, con el fin de evitar daños de mayor envergadura o que nuevos inversionistas incurrieran en la operación sobre acciones manipuladas que ya era de amplio conocimiento para la Superintendencia Financiera, bajo el pretexto de que debía estar más consolidada la investigación y que no existían antecedentes al respecto, lo que desconoció la esencia y oportunidad que supone la función preventiva que ha asignado la Constitución y la ley tanto al Superintendente Financiero como a sus instancias asesoras.
La demandante conocía la investigación que se adelantaba concerniente a la posible manipulación del precio de la acción Fabricato desde el 23 de febrero de 2012, lo que se analizó también en la reunión del 18 de julio de 2012 convocada por el Superintendente Financiero de Colombia.
La sanción que se impuso a la actora se fundamentó en que como Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado no adoptó las medidas preventivas correspondientes a lo ordenado en el literal c) artículo 6 de la Ley 964 de 2005, que consagra:
“c) Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública en cualquiera de sus modalidades; la negociación de determinado valor, la inscripción de valores, o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y Emisores; la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores; la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores”.
Insiste la parte actora que la Superintendencia Financiera de Colombia contrario a lo manifestado si adoptó las medidas preventivas, tal como consta en los oficios No 2012094954-162-000, 2012101297-000-000 y 2012103168-000-000, del 19, 23 y 30 de noviembre de 2012, que ordenaron: “La suspensión del proceso de compensación y liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir en el mercado de valores, sobre la especie acción FABRICATO, y la suspensión de la negociación de la especie acción FABRICATO”. Así como la del 2 de agosto de 2012, que suspendió la negociación de la acción Bolsa Mercantil de Colombia – BCM.
Si bien efectivamente se tomaron las anteriores decisiones esto ocurrió tan solo hasta los días 19, 23 y 30 de noviembre de 2012, pero nada hizo la parte actora desde la fecha de la reunión del 18 de julio de 2012 convocada por el Superintendente Financiero de Colombia, donde no se adoptó ninguna medida.
Igualmente señala la investigada, que la negociación de acción de la Bolsa Mercantil de Colombia –BMC- fue suspendida mediante oficio No 2012067770 de 2 de agosto de 2012, tan es así que con fundamento en la referida prueba se absolvió a la demandante de responsabilidad respecto de la supuesta omisión en la que había incurrido al no suspender la negociación de la acción de la BMC, lo que, si bien es cierto ocurrió, la decisión de absolver a la implicada se dio por otras razones, toda vez que al suspender la posibilidad de realizar operaciones repo con la especie BMC, decisión que había tomado la Bolsa de Valores de Colombia el 9 de julio de 2012, los inversionistas dejaron de transarla con el patrón desplegado hasta el momento, es decir la manipulación de liquidez. Por lo tanto y debido a la decisión que adopta la BVC, se evitó la finalidad de la manipulación y según los informes de la propia Superintendencia Financiera, la misma cesó a partir del 10 de julio de 2012.
Con fundamento en lo dicho, no era necesaria la toma de una medida preventiva porque en cierta forma ya había cesado la irregularidad y la misma ya había sido acogida por la Bolsa de Valores de Colombia.
Justifica la parte demandante en la ampliación de la versión libre, que para el 18 de julio de 2012 no se conocía lo que se pudo establecer en el mes de noviembre de 2012; además considera que cuando se presentan infracciones al mercado de valores como fue el caso de manipulación de la acción de Fabricato (llevada a cabo en el año 2011), lo procedente son medidas sancionatorias y que cuando se presenten cambios súbitos, por ejemplo en la cotización de un valor y ausencia de información, lo que procede son las medidas preventivas como la suspensión de la negociación de la acción. Y que en el caso que se investigaba en la actuación disciplinaria, relacionado con el emisor Fabricato, la Superintendencia usó ambas facultades.
No le asiste razón a la actora cuando señala que para el 18 de julio de 2012 no se conocía lo que se pudo establecer en el mes de noviembre de 2012, es importante resaltar que las conclusiones a las que se llegaron en la citada reunión fueron los argumentos que soportaron las denuncias presentadas por la Superintendencia Financiera ante la Fiscalía General de la Nación, en noviembre de 2012, y no obstante, haberse estudiado el tema de la manipulación del precio de la acción de Fabricato nunca se adoptaron las medidas pertinentes conforme a los deberes funcionales de la inculpada.
No obstante, que existan medidas de supervisión dentro de las inspecciones que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia, a pesar de ello se pueden tomar medidas preventivas incluso sin mediar informe de inspección finalizado, las cuales se utilizan ante la falta de claridad que pueda vulnerar el mercado o los inversionistas, por lo que resulta ilógico indicar que no se pueden adoptar medidas preventivas hasta que no finalice el proceso sancionatorio.
En conclusión, desde el 18 de julio de 2012, de la información presentada al Superintendente Financiero con presencia de la demandante, se denotaba variaciones inusuales en torno al precio de la acción y la participación en las ventas y compras, lo cual permitía concluir que se estaba ante irregularidades que ameritaban tomar medidas preventivas, lo que no se hizo.
Resalta el fallo de única instancia, que desde el 23 de febrero de 2012, los accionista de Fabricato se habían apalancado mediante operaciones repo en una suma de $226.024.065 millones de pesos aproximadamente, lo que se traduce en que en principio ese valor equivale en buena parte al riesgo que estaba asumiendo el mercado en caso de que se incumplieran las operaciones repo, como consecuencia de la diferencia sustancial que podía surgir entre el precio al cual fueron pre acordadas esas operaciones repo y aquel a que estuviera dispuesta a pagar el mercado, que fue lo que sucedió, y lo que debió prevenir la demandante al conocer de la posibilidad que se incumplieran los repos.
En cuanto a que no había razones para tomar medidas con ocasión del monto de los repos, al analizarse lo manifestado por la actora se consideró que con este proceder se podía observar la actividad insegura, que terminó costándole a los inversionistas grandes pérdidas, ya que tienen una acción que le dieron liquidez aproximadamente de 90 pesos y solo podían recuperar 10 pesos.
2.- Violación del principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia de tipicidad.
Señaló que se impuso la sanción disciplinaria a la demandante por la aparente omisión de un compromiso funcional que no está expresa ni exclusivamente asignado a su cargo.
Expone, que el pliego de cargos señaló que la disciplinada estaría incursa en el tipo disciplinario previsto en los artículos 23 y 34, numeral 1, del CDU en concordancia con las disposiciones consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Ley 964 de 2005 y el manual de funciones.
En relación con la tipicidad debe la Sala analizar la congruencia entre lo imputado a la demandante en el pliego de cargos, así como las conductas por las cuales fue sancionada, como sigue:
Pliego de Cargos de 4 de junio de 2013
Fallo de Única Instancia de 27 de noviembre de 2013
La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, conociendo formalmente en las reuniones de 23 de febrero y 18 de julio de 2012, respectivamente, sobre la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores y del Código Penal Colombiano, atentatoria, no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes, en cumplimiento a lo ordenado en el literal c), del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni las demás que le son propias en materia preventiva tendientes a evitar o aminorar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público”.
De esta manera, la señora Rosita Esther Barrios Figueroa, contando con información contundente proveniente de la Dirección de Conductas de la SFC, acerca de la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato, esto es, para el 18 de julio de 2012 a más tardar, omitió adoptar las medidas preventivas establecidas en el literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
Mediante tal actuar la procesada desconoció abiertamente un deber legal, el cual consiste única y llanamente en asumir conforme a su competencia la aplicación de medidas preventivas, las cuales tienen como fin según la ley que las contempla, evitar el daño o bien disminuirlo ocasionado con la inestabilidad generada al mercado de valores por el señor Alessandro Corridori y los inversionistas relacionados con éste, efectos que en virtud de su conocimiento y experiencia profesional debieron haberse previsto como de gran probabilidad de materialización, con lo cual surgió su obligación de adoptar las decisiones que fueran oportunas para menguarlos, tales decisiones claramente constituyen aquellas determinaciones reclamadas por el despacho.
Al momento de citar como normas presuntamente violadas en el pliego de cargos de 4 de junio de 2013, se le mencionó que al parecer estaba incursa en el tipo disciplinario de los artículos 23 y 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, es decir lo relacionado con los deberes de los servidores públicos, en concordancia con otras disposiciones que le sirvieron de complemento como son las disposiciones consagradas en el Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Ley 964 de 2005 y el manual de funciones en los aspectos que le fueron resaltados.
La Sala indica que, el régimen disciplinario está orientado, entre otros principios, con el de legalidad y tipicidad. El de legalidad, según el artículo 29 de la Carta Política, exige que la conducta reprochable, así como las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos en el Código Disciplinario Único, por lo que es imposible adelantar un proceso disciplinario que no tenga definidos previamente estos aspectos en la ley.
El principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso, lo ha definido la Corte Constitucional, como "la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras"; de esta forma el sujeto procesal tiene la certeza sobre la disposición que le indican como transgredida por las actuaciones endilgadas, para ejercer el derecho a la defensa y contradicción, las cuales (las conductas y las normas) deben ser congruentes tanto en el pliego de cargos como en los fallos de primera y segunda instancia.
Así entonces, el ejercicio del principio de tipicidad conlleva la aplicación de aquellas disposiciones que contienen deberes, funciones, obligaciones o prohibiciones para los diferentes servidores públicos; en otras palabras, la autoridad disciplinaria al realizar la subsunción típica de la conducta endilgada al investigado debe en algunas oportunidades hacer una interpretación sistemática remitiéndose a otras preceptivas donde se encuentre regulada en concreto las funciones o deberes del implicado, como en este caso el numeral 1) del artículo 11.2.1.4.17 del Decreto 2555 de 2010, que dice:
“Artículo 11.2.1.4.17 (Artículo 26 del Decreto 4327 de 2005). Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados. El Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados tiene las siguientes funciones:
1. Adoptar, dentro del ámbito de su competencia, cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal c) del artículo 6° de la Ley 964 de 2005 o las normas que la modifiquen o adicionen.
Frente a este tema, es claro que la función preventiva consagrada en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 radica en cabeza de los superintendentes delegados o en los superintendentes delegados adjuntos.
No comparte la Sala las apreciaciones de la parte actora en cuanto a que se desconoció el principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia transitoria de competencia en el tema específico de parte de la señora Rosita Barrios Figueroa, cuando considera que la ley 964 de 2005 es una ley marco o cuadro, por lo que requiere de reglamentación, donde se asigna una función a la Superintendencia Financiera de Colombia y no a un empleado público de su planta, dado que esa no fue la única norma indicada como desconocida además se esgrimió lo dispuesto en la ley 734 de 2002, artículos 23 y 34 numeral 1; Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero); Decreto 2555 de 2010; y Resolución No 1407 de 2008 (Manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la Superintendencia Financiera).
Aduce la investigada que la función asignada por el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, está repartida internamente en varios despachos, pero cuando lo ejerce el Superintendente Financiero le quita la posibilidad a los Superintendentes Delegados Adjuntos de ejercer la respectiva función. Si bien es cierto el equipo directivo de la Superintendencia Financiera de Colombia adoptó el criterio que ante los hechos puestos en conocimiento el día 18 de julio de 2012, continuar con la correspondiente investigación administrativa, fue por dicha razón que se inició la presente investigación disciplinaria en contra de todos ellos y se analizó la responsabilidad que le incumbía en consideración a cada una de sus competencias.
Diferente a lo señalado por la defensa de la demandante, la Sala, concluye que la señora Rosita Barios Figueroa, en calidad de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, era competente para adoptar las medidas preventivas establecidas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, de conformidad con el numeral 1) del artículo 11.2.1.4.17 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No 1407 de 2008, esto es el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, por lo que para el 18 de julio de 2012, producto de las reuniones, informes y presentaciones que se habían realizado referente a la acción de Fabricato, tenía ya información suficientes que daba cuenta de la manipulación de esta especie, pero a pesar de ello no hizo nada al respecto.
3.- Violación del principio de legalidad de la falta disciplinaria por ausencia de ilicitud sustancial pues nada cambió entre julio y noviembre de 2012, en relación con el valor de la acción de Fabricato.
Indicó la disciplinada que los fallos frente a la ilicitud sustancial contienen expresiones y manifestaciones genéricas que no cuentan con el debido asidero, llegando a configurar una responsabilidad objetiva, proscrita en la ley disciplinaria. Es evidente la diferencia cualitativa y cuantitativa de la información con la cual contaba la Superintendencia Financiera en noviembre de 2012, frente a la que se tenía conocimiento en julio del mismo año. No obstante, la accionada arribó a una conclusión diferente, al realizar una comparativa de la situación presentada entre julio y noviembre de 2012, determinando que la investigada no tomó las medidas preventivas, respecto a las cuales se encontraba obligada, en aras de proteger los intereses de los inversionistas y el mercado de valores en general.
El principio de ilicitud sustancial ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como sigue:
“...La ilicitud sustancial como condición constitucional de las faltas disciplinarias.
“El ejercicio de la función pública debe estar enfocada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, destacándose los previstos en el artículo 2º C.P. Para cumplir con esta (sic) objetivo, la actividad de los servidores públicos debe guiarse tanto por los deberes específicos que le imponen a cada empleo el orden jurídico aplicable como, de una forma más amplia, los principios generales del ejercicio de la función pública, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (Art. 209 C.P.)
...
Es el incumplimiento de estas reglas y principios los que activan la actividad sancionatoria propia del derecho disciplinario. Como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto para la existencia de una falta disciplinaria es la acreditación acerca del incumplimiento de un deber funcional del servidor público o, en otras palabras, la presencia de una conducta u omisión que interfiere en el ejercicio adecuado de la función estatal ejercida por dicho servidor del Estado.
... Como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria concuerda con el criterio de afectación del deber funcional, antes explicado. Esto quiere decir que, desde la perspectiva constitucional, solamente podrán ser clasificadas como faltas disciplinarias aquellas conductas u omisiones que interfieran en el adecuado ejercicio de la función asignada por el ordenamiento jurídico al servidor público respectivo. En términos de la sentencia en comento y a partir de la reiteración de decisiones sobre el mismo tópico “‘[l]as conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias.”
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...Este concepto opera no solo como una limitación constitucional del derecho disciplinario, sino también como una exigencia prevista por el legislador como presupuesto para la justificación de la falta disciplinaria. En ese sentido, lo que se exige es que la conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor deba estar necesariamente vinculada con la afectación del deber funcional. Así, en caso que esa relación no se acredite, se estará ante un exceso en el ejercicio del poder disciplinario y, por la misma razón, ante la inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente, al mostrarse contraria con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes manifestaciones del ius puniendi del Estado.”
La jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el tópico ha señalado:
“La ilicitud sustancial consiste precisamente en la afectación de los deberes funcionales sin ninguna justificación. En consecuencia, dado que debe ser entendida como la capacidad de afectación de la función pública, para determinar si se estructuró la falta desde el punto de vista de la ilicitud sustancial, deben analizarse dos componentes dentro de los deberes funcionales del servidor público, esto es, el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones y, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses...”.
Así, el principio de ilicitud sustancial es presupuesto de antijuridicidad en materia disciplinaria, y consiste en la afectación de deberes funcionales sin justificación alguna.
En el proceso disciplinario adelantado se estableció la responsabilidad de la disciplinada ya que se vieron desconocidos los principios que rigen la función pública en cabeza de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues no permitió que las medidas preventivas de que habla el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 cumplieran con su función, esto es la de evitar o disminuir los daños ocasionados con la conducta ilegal del grupo Corridori, además de incumplir su deber como Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, que era precisamente controlar la fuente del riesgo.
Respecto de la adecuación de las conductas disciplinarias, si bien las disposiciones deben regular conductas en forma precisa y detallada, estas pueden ser complementadas mediante la integración jurídica de disposiciones constitucionales de aplicación directa o legales que regulan los comportamientos que se consideran reprochables de manera general bajo la figura de la remisión, que fue lo que hizo la demandada al citar las normas aludidas.
En síntesis, al quedar determinado que la entidad accionada observó los principios de legalidad y tipicidad conforme lo ha precisado la Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2005, al establecer: “[p]ara la configuración de una falta disciplinaria, se deben describir en términos absolutos, precisos e incondicionales las conductas que impliquen la existencia de una obligación, deber, prohibición, incompatibilidad o inhabilidad que impidan que el juzgamiento de una persona quede sometido al arbitrio del funcionario investigador. Ahora bien, los principios como norma jurídica también pueden ser objeto de complementación mediante la integración jurídica de su contenido normativo, ya sea a través de disposiciones constitucionales de aplicación directa o de normas de rango legal (o en términos generales: reglas), que permitan concretar de manera clara e inequívoca, los conductas prohibidas en materia disciplinaria. Se trata de acudir al empleo de la técnica de remisión del tipo disciplinario en blanco o abierto que exige para la constitucionalidad de la descripción de una infracción disciplinaria, la definición de un contenido normativo específico mínimo que garantice a los destinatarios de la norma, protección contra la aplicación arbitraria de la misma”, la Sala establece que, se adecuó la norma a la conducta realizada.
Argumenta la actora que se valoraron en indebida forma las pruebas allegadas al expediente como los cuadros 1(A), 1(B) y 2, de donde se pretende demostrar que la información con la que contó la Superfinanciera fue exactamente la misma en enero, en julio y en noviembre de 2012. En efecto con la información revelada con la toma de posesión y posterior liquidación de la sociedad comisionista Interbolsa fue determinante para adoptar las medidas preventivas en la especie acción Fabricato. Ya que, en julio de ese año, lo que se advertía era una posible infracción administrativa consistente en la presunta manipulación del precio de una acción, pero no se aportaba los elementos de un verdadero temor fundado para adoptar la decisión de suspender la negociación de la acción, lo que habría generado más pánico en el mercado que los eventuales correctivos.
Frente a este aspecto estima la Sala, que la incertidumbre que señala la actora sobre si se estaba generando una manipulación de precios, la cual se apoyaba en avances investigativos sólidos y serios que fueron presentados ante el Superintendente Financiero, constituía el insumo principal del temor fundado que exige la norma del artículo 6 de la ley 964 de 2005, que se pueda estar manipulando una especie que servía de base a negociaciones repo millonarias, es sin duda un incertidumbre que generaría un alto grado de probabilidad de vulneración a los inversionistas y al mercado de valores en general.
Sobre la existencia de la prueba no requería que estuviera probada con total certeza la manipulación de acciones para que se tomaran las medidas preventivas que se reclaman.
Se mencionó en repetidas ocasiones en el fallo de única instancia de 27 de noviembre de 2013, que el instituto “temor fundado” es netamente de carácter subjetivo, pues se produce por la impresión y valoración de una serie de elementos de conocimiento, sobre un posible resultado o consecuencia respecto de un asunto en particular, del cual previamente se conocen sus posibles causas, sin embargo, contrario a lo que refiere la defensa, la generación del temor fundado bajo los presupuestos fácticos que se analizan, no entraña un juicio de valor que requiera elevado nivel de implicación probatoria que hasta tanto no se dé no pueda tener lugar, ello en razón a la irregularidad a la que estaba expuesto el mercado.
Es así como el temor fundado, si bien ostenta un carácter de subjetividad, no puede ser que no sea susceptible de valoración y mucho menos que recurriendo a criterios como la sana crítica y las reglas de la experiencia, pueda derivarse una conclusión sobre su concurrencia.
A pesar de que entre el 18 de julio de 2012 a noviembre de 2012, el precio de la acción de Fabricato pudo mantenerse estable según el dicho de la defensa de la demandante, debe resaltarse que la sola variación de la especie no es elemento suficiente para determinar la configuración del temor fundado, pues se hace necesario el análisis de contexto de lo que se ha denominado asimetría de la información, vale decir, donde no todos los participantes tienen la misma información sobre los hechos relevantes que pueden incidir en el precio de la acción. Igualmente, no se requiere comprobar la existencia de una conducta o situación irregular o violatoria de la normatividad del mercado, solo se necesita que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado. Tampoco se requiere la certeza de la materialización del daño en el evento que la acción siga siendo negociada, basta con que haya una probabilidad razonable de que dicho daño se produzca.
En la prueba documental que contiene el dictamen allegado por el señor Luis Fernando Uribe Restrepo sobre la facultad de la Superintendencia Financiera de Colombia para suspender preventivamente la negociación de una especie de fecha septiembre 11 de 2015, se menciona que se requiere: i) la existencia de un temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, ii) se trata de una facultad de carácter discrecional, que la Superintendencia puede ejercer o no de acuerdo al criterio experto, de manera razonable mas no arbitraria, iii) se debe realizar con base en el conocimiento del mercado, teniendo en consideración las circunstancias de cada caso y la evolución del mercado, iv) por ser una medida de carácter preventivo, y no sancionatorio, se puede adoptar en cualquier momento y v) debe ser de carácter temporal.
De cara a las condiciones o circunstancias de negociación de una determinada acción que puede dar lugar a un temor fundado, enumera los problemas de asimetría de información sobre hechos relevantes, así como las fluctuaciones del precio de la especie, y finalmente, la modificación de los derechos que incorpora el respectivo documento (acciones) o que generen incertidumbre acerca de la posibilidad de ejercerlos.
Observa igualmente el señor Luis Fernando Uribe Restrepo que la suspensión de la negociabilidad de una acción no es la única medida que se puede adoptar, existen otras como ordenar la apertura de una investigación, realizar una visita especial y/o solicitar explicaciones a un emisor, a un intermediario, o incluso a un inversionista, no obstante explica que habrá situaciones en las que la única medida para proteger a los inversionistas y al mercado, sea suspender preventivamente la negociación de la respectiva especie.
Del anterior concepto deduce la parte demandante que era necesario la consolidación probatoria en cambio de sugerir adoptar una decisión apresurada de suspensión de la acción, actuación que es prudente de parte del servidor que asume el desempeño de la función relacionada con la estabilidad del mercado, pero también es del caso adoptar de conformidad con el ordenamiento jurídico las medidas administrativas con el fin de que el sistema financiero opere en forma continua, segura, eficiente y eficaz.
La Subdirección de Análisis e Información de la Superintendencia Financiera de Colombia remitió el índice de bursatilidad accionaria – IBA mensual y anual para la acción de Fabricato en los años 2010, 2011 y 2012, lo que consta en 39 cartas circulares, donde se observa la alteración de la categoría de la bursatilidad de las principales acciones del mercado de valores habida cuenta del nerviosismo generado en el mercado, tal como conceptúa el representante del Ministerio Público, consideraciones que comparte la Sala.
Por medio del oficio 2018098099-014-000 de 27 de agosto de 2018, proferido por el Grupo Contencioso Administrativo Uno de la Superintendencia Financiera, adjunta la presentación de power point que se llevó a cabo el 18 de julio de 2012, respecto del cual aclara que no corresponde a un documento institucional sino a documentos de trabajo utilizados por las áreas de supervisión, en el mismo se concluye que el señor Alessandro Corridori como persona natural, así como representante legal y dueño de Invertácticas SAS, y como socio gestor en el marco de un contrato de cuentas en participación de la sociedad Manrique y Manrique SCA, tuvo poder de mercado para, manipular el precio de la acción con una participación del 21,62% en compras y del 15,90% en ventas, respecto de la totalidad de las acciones transadas.
No obstante advirtió dicha presentación que se esperaba la consolidación probatoria, se informó que se habían adelantado pruebas estadísticas para corroborar un cambio estructural en el precio de la acción; análisis de información relevante y publica del emisor y su impacto en el precio; análisis de 28.139 operaciones a través de las cuales se transaron 27.577.757.552 acciones Fabricato por un monto de $1,6 billones, en 246 sesiones en las que se negoció esa especie, en las que participaron aproximadamente 2.426 inversionistas por la punta de compra y 4.079 por la de venta; evolución de la participación accionaria de los veinte (20) accionistas para los cuatro (4) trimestres del año 2011; identificación de las relaciones existentes entre inversionistas; inversionistas que transaron con participaciones porcentuales superiores al 1% respecto del total de acciones negociadas en el 2011, análisis que se efectuó diario, trimestral y anual; perfil transaccional de los inversionistas.
En lo relacionado a la otra hipótesis, es decir, a la posible manipulación del precio de referencia de la especie acción ordinaria Fabricato, por parte del inversionista Alessandro Corridori durante el año 2011, en los hechos se relacionó que esta acción presentó un incremento en el precio de referencia del 214.13%, pasando de $26.20 del 2 de enero a $84.50 por acción el 29 de enero de 2011. Las personas del grupo Corridori, tuvieron una mayor participación en las compras que en las ventas de la acción Fabricato, que se tradujo en un aumento del precio de referencia durante el año 2011. Finalmente se afirmó, que el test de Chow arrojó que el precio de referencia de la acción presentó un cambio estructural durante el año 2011.
De lo referido se concluye que desde este momento, esto es el 18 de julio de 2012 se contaban con elementos de conocimiento que determinaban la existencia de ciertas irregularidades, debiéndose dar aplicación a las medidas preventivas, ya que solo se necesitaba prueba sobre la duda de la responsabilidad de los investigados, pues con estas se busca prevenir los daños que los posibles actos irregulares pudiesen derivar, por tratarse de medidas previas a la consumación de los hechos, que sirven para advertir sobre la presencia de los hechos y el riesgo que conllevan.
Consideró el fallo de única instancia que a partir del 18 de julio de 2012, se tenía conocimiento de los participantes de dichas transacciones, de sus relaciones económicas, comerciales, contractuales, societarias, y de amistad para la mayoría de ellos, así como su relación con Fabricato, la manera conjunta en la que actuaban respecto de la asamblea de accionista de la textilera, su participación en los esfuerzos por vender la empresa y la modalidad de mantenimiento de la liquidez de una acción como la de BMC cuyo comportamiento era notoriamente disímil al que presentaba comúnmente.
Igualmente, la decisión que resolvió el recurso de reposición de fecha 2 de marzo de 2015, respecto a esta materia sostuvo que:
“Si bien, la defensa insiste en transcribir extensos apartes de las declaraciones vertidas por el Superintendente Financiero en la versión libre, o del señor Juan Pablo Arango Arango, del señor Luis Fernando Cuadrado Zafra, el señor Diego Mauricio Herrera Falla, el señor Juan Pablo Coy Navarro y su representada Rosita Barrios Figueroa, para significar que de dichos relatos surge diáfano que no es cierto lo asegurado por la Procuraduría sobre la certeza que debió generarle a los asistentes a dicha reunión, en especial a su representada la presentación de Power Point sobre la posible conducta manipulativa de la acción de Fabricato y que lo que se puede deducir de esa reunión es un estado de incertidumbre sobre la existencia de una posible conducta manipulativa de la acción de Fabricato durante el año 2011, incertidumbre generalizada y compartida por todos los asistentes, debe replicar el despacho que ha expresado en el intento por contestar los repetitivos argumentos de la defensa que no se solicitó nunca el grado de certeza sobre la conducta manipulativa sino que bastaba la incertidumbre planteada por el togado, la cual sin lugar a dudas genera la preceptiva contenida en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
Así, aunque destaque nuevamente el abogado las calidades profesionales y las altas competencias técnicas de los asistentes a la reunión del 18 de julio de 2012, aduciendo además que los mismo no fueron convidados de piedra a la reunión, sino que estuvieron allí para de expresar sus ideas y discutir entre todos las acciones posibles, el despacho además de los extensos análisis que ha efectuado tanto en el fallo como en esta providencia no ha hallado mérito para admitir que siquiera someramente se hubiera tratado por esas altas dignidades, la toma de medidas preventivas para dejar sentado su no procedencia respaldada en argumentos técnicos.
Por el contrario, lo que se observa incuestionablemente para esta jefatura es que en dicha reunión de altos funcionarios de la SFC incluida la implicada Barrios Figueroa lo que brilló fue la ausencia de contemplar siquiera la posibilidad de tomar medidas preventivas, por el contrario solo se contempló continuar con la investigación, consolidarla probatoriamente siempre con el fin de proseguir con las medidas de orden sancionatorio, de orden correctivo con total desprecio, insiste el despacho, de la toma de medidas preventivas para salvaguarda el mercado y a los inversionistas, no venidas del capricho del Procurador General de la Nación o de su desconocimiento técnico sino del mandato imperativo contenido en la Ley 964 de 2005”.
Por lo tanto, se desprende de lo relacionado que este conjunto de situaciones brindó el “fundado temor”, que obligaba a un accionar preventivo por parte de la disciplinada, que hubiese corregido un mercado de valores distorsionado.
4.- Violación del derecho de audiencia y de defensa al cambiar el título de imputación subjetiva al momento de imponer la sanción disciplinaria definitiva.
Afirma la demandante que se varió el título de imputación de la conducta de dolo a culpa y que durante el proceso se mantuvo una estrategia de defensa respecto al dolo, quedando sin oportunidad de defenderse cuando en el fallo definitivo se establece una modalidad culposa, más exactamente a título de culpa grave. En tal sentido, señaló que el Consejo de Estado sostiene que se configura una violación al derecho de audiencia y defensa previsto como causal de nulidad por el artículo 137 del C.C.A.
Considera la Sala que si bien es cierto se produjo la variación del título de imputación de la culpabilidad, de dolo a culpa grave, dicha situación contribuyó a la reducción de la sanción impuesta.
Efectivamente, en el fallo de única instancia de 27 de noviembre de 2013 se le impuso a la actora teniendo en cuenta la presencia de concurso de faltas, la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de doce años, decisión que fue modificada por el auto de marzo 2 de 2015 al desatar el recurso de reposición, cuando se le imputó la sanción consistente en 8 meses de suspensión, por encontrarla responsable de la falta grave a título de culpa grave, endilgada en el primer cargo.
Dentro de la actuación procesal en el fallo de única instancia se determinó la responsabilidad de la demandante por el primer cargo la comisión de una falta grave a título de dolo, que se determinó por el conocimiento acerca de las alternativas con que contaba de adecuar la conducta a lo que la norma ordenaba, ya que en su condición de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, debió adoptar la aplicación de las medidas preventivas al contar con la información que le permitía inferir y prever los efectos perjudiciales al mercado de valores.
Al momento de analizarse el aspecto subjetivo de la imputación en la providencia de 2 de marzo de 2015, se consideró que en la actuación de la actora no se evidenció un yerro de la percepción personal que no hubiera podido eliminarse de ninguna forma, pues por el contrario se trata de un yerro que era a todas luces superable.
Agregó la providencia que la disciplinada se abstuvo del cumplimiento de su deber por estimar que su comportamiento se ajustaba a la ley, error que pudo haberse disipado con un actuar más diligente y propositivo de su parte, como quiera que no era necesario atenerse al resultado de las acciones ilegales propiciadas, sino que en virtud del control preventivo, pudo haber iniciado o propuesto la medida de apartar transitoriamente del mercado las acciones en las cuales el grupo Corridori estuviera involucrado, por lo tanto se estimó que el comportamiento se cometió a título de culpa grave.
Frente a lo señalado, esto es que en la decisión que desató el recurso de reposición se varió en beneficio de la demandante el grado de culpabilidad, toda vez que del dolo como lo había dispuesto el fallo de única instancia se convirtió a una culpa grave, debido a la actuación descuidada de la implicada, no se desconoció el derecho de defensa, ya que se modificó la calificación de la falta disciplinaria mas no la conducta imputada.
Lo importante en estos casos es que, así como se cambió el título de imputación esto tenga su consecuencia en la variación de la sanción, lo que efectivamente sucedió en el caso analizado.
5.- Violación del principio de culpabilidad y de proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva al adoptar la sanción disciplinaria con fundamento en el contenido de una información general y preliminar señale en una presentación de power point.
Aseguró la accionante que el despacho del Procurador realizó toda una inferencia partiendo de una simple guía de power point, elaborada como ayuda para el desarrollo de una reunión el 18 de julio de 2012.
Alegó que se denota tal violación, en la reiterativa referencia del fallo de instancia a la aludida presentación, la cual no refleja información relevante que impusiera la adopción de una medida preventiva inmediata, aun cuando en la parte final de dicha presentación se advierte que está pendiente la consolidación probatoria.
Conforme se le definió la forma de culpabilidad en el pliego de cargos y fallo de única instancia a la implicada por la autoridad disciplinaria, la Sala determina que se cumplió con el requisito previsto en el numeral 7 del artículo 163 de la Ley 734 de 2002, que establece: “[l]a forma de culpabilidad”, como se pasa a demostrar.
El elemento de culpabilidad lo previó el constituyente en el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, al establecer, “[t]oda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” y en materia disciplinaria el legislador en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, dispuso que “queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”.
A su turno, la Corte Constitucional sobre la forma de culpabilidad en el régimen disciplinario, precisó:
“/PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación
Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”.” .
Así entonces, la forma de culpabilidad en materia disciplinaria es dolosa o culposa, y en el sub examine como se explicó anteriormente en el fallo de única instancia se consideró la imputación a título de dolo, la cual fue variada a culpa, con sustento en la falta de cuidado, pero no se modificó la conducta respecto de la cual se defendió la demandante. Además, que si se presentó un cambio en la sanción impuesta pues de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años pasó a suspensión en el ejercicio del cargo por 8 meses.
No es cierto que la decisión sancionatoria se hubiera basado únicamente en la presentación de power point a la que se hace referencia en diferentes oportunidades, además de esta se analizaron las pruebas documentales y testimoniales en forma integral de conformidad con los criterios de la sana crítica.
En cuanto a que en la presentación que se hizo en power point en reunión del 18 de julio de 2012 requería consolidación probatoria, esta se dirigía a establecer un material más sólido para efectos de emitir el pliego de cargos en contra de los implicados en la manipulación de la acción, pero no para tomar las medidas preventivas.
Para efecto de adoptar las medidas preventivas solo se requería de la existencia de un temor fundado de que se cause un daño al mercado de valores o a los inversionistas, conclusión a la que se arribó en la decisión que desató el recurso de reposición cuando dijo: “Todo esto, porque del análisis probatorio puede evidenciarse que se reunían los requisitos para generar en cada uno de ellos, y concretamente en la implicada Barrios Figueroa, temor fundado sobre una posible afectación del mercado de valores y la confianza que se debe desprender de este en relación con los inversionistas y demás intervinientes y participantes, tales apreciaciones se basan en que éste aspecto, si bien eminentemente subjetivo, se advierte, tiene una estructura basada en el conocimiento de los hechos y posibles daños que estos puedan generar. Por tanto y al llevar a cabo el raciocinio del conocimiento de los hechos y actos de investigación que para ese momento se habían adelantado, puede establecerse que el conocimiento de las circunstancias externas era de tal índole que no solo representaba una posible necesidad de adoptar las medidas preventivas, sino que hacía imperioso un actuar de la SFC, en resguardo de los mencionados intereses jurídicos, pues es claro que tal información permitía prever que el desarrollo de actos ilegales conllevarían un colapso en el ámbito bursátil, pues los datos se concretaban en el avecinamiento de un daño de mayores proporciones”.
Respecto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y con explicación en la respectiva decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirtió:
« […] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]» (Subraya fuera de texto).
En el caso estudiado una vez analizadas las pruebas se llegó a la certeza de los hechos y la responsabilidad de la encartada tal como se manifestó anteriormente.
6.- Causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria
Anotó, que la eventual omisión por parte de la señora Rosita Barrios Figueroa estuvo amparada por la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 28 del CDU, dado que se comportó como lo imponía una determinación administrativa legítima adoptada por la autoridad competente y emitida dentro de los parámetros propios de la gestión administrativa estatal para este tipo de decisiones.
Aclara la Sala, que el trámite administrativo sancionatorio, efectivamente frente al segundo cargo endilgado evidenció una causal de exclusión de responsabilidad, en el entendido que se actuó con el error invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, determinando la correspondiente absolución. Y en cuanto al primer cargo, se consideró que no está probado el error como causal de exclusión de responsabilidad.
Referente a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 prevé de manera taxativa la materia como sigue:
“Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento”.
En lo concerniente a este cargo se establece que acorde con el numeral 3 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice el comportamiento «En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales».
Hay que hacer diferencia entre los argumentos esgrimidos como posición institucional de la búsqueda de una mayor información para consolidar la investigación sobre la posible manipulación especie acción Fabricato, antes que adoptar medidas de carácter preventivo, respecto de la posición asumida al estudiar el segundo cargo, cuando se analizó la causal eximente de responsabilidad consagrada en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, ya que en esa última oportunidad se consideró que la disciplinada actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, por cuanto la existencia de la invocada posición institucional contenida en el memorando de 29 de mayo de 2009, emanado de la Dirección Jurídica de la Superintendencia Financiera, con la función de unificar criterios al interior del organismo, en los términos del Decreto 2555 de 2010, dispuso que solo era viable poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un hecho punible, cuando se agotara la respectiva actuación administrativa correspondiente y se culminara en un informe final de visita, indiscutiblemente, llevó a la implicada a caer en un error insalvable que excluye conforme al numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, la responsabilidad disciplinaria, pues su actuación se construyó sobre la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía una falta disciplinaria.
A pesar de que se hace referencia a una posición institucional son diversos los conceptos que sustentan la misma, una es cuando se refiere al primer cargo al sostener que se requería mayor consolidación probatoria para decretar las medidas preventivas y otra respecto del segundo cargo, por la existencia del memorando de 29 de mayo de 2009, emanado de la Dirección Jurídica de la Superintendencia Financiera.
El hecho de haber adherido la actora a la posición institucional no la exime de responsabilidad simplemente se estudió como variación en el concepto de culpabilidad esto es para transformar el título de imputación de dolo a culpa, es por ello que en el auto que resolvió el recurso de reposición de fecha 2 de marzo de 2015 se dijo: “Ciertamente, la implicada se alejó de la teleología de la norma que reclama el despacho dejó de ser aplicada, pese a contar con elementos que le permitían verificar no solo la necesidad de su aplicación en razón al inminente daño y pérdida de confianza de los inversionistas que se generaría con la manipulación de la acción de Fabricato, elementos que es de resaltar fueron puestos en su conocimiento y que bastaba con su análisis juicioso para advertir que las circunstancias precisaban de una labor activa de parte de la SFC en defensa de los intervinientes en el tráfico bursátil, sin embargo la disciplinada consideró viable abstenerse de su deber, por estimar que era la forma adecuada de verificar la naturaleza de las anomalías presentadas, siendo su deber ya fuera adoptar o mínimo proponer la adopción de tales medidas”.
Por consiguiente, para estar dentro de la causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria la actora debía demostrar en el sub judice que la orden era legítima, esto es no contraria a derecho e igualmente que corresponde al ejercicio de un deber constitucional y legal, lo que no sucede dentro del sub-judice.
Sin embargo, en la realidad probatoria, se establece que no se estaba ante una orden legítima, toda vez que la supuesta posición institucional era contraria a derecho, tan es que la investigación disciplinaria se inició y falló en contra de varios integrantes de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Como corolario, estima la Sala que la demandante no probó la existencia de la causal eximente de responsabilidad en cumplimiento de orden legítima.
A manera de conclusión, la Sala determina que, la Procuraduría General de la Nación no desconoció los derechos al debido proceso y a la defensa, ni tampoco incurrió en falsa motivación, ya que está demostrado que la actora desplegó el comportamiento imputado, con lo cual menoscabó la función pública asignada por la Constitución y la ley, encuadrando su actuación en las normas citadas como infringidas. En conclusión, los actos administrativos se fundamentaron en la realidad probatoria y el ordenamiento jurídico preexistente.
DECISIÓN
De conformidad con lo anterior, para la Sala está probado que la señora Rosita Esther Barrios Figueroa cometió la falta disciplinaria grave que le reprocharon en el auto de cargos, y los actos administrativos demandados no se encuentran viciados de nulidad por las causales alegadas por la parte actora, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Rosita Esther Barrios Figueroa contra la Nación – Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las providencias del 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1203-2010, esta Corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.
Folios 253 al 256 del cuaderno principal
Folios 13 al 14 del cuaderno principal.
Folios 14 al 20 del cuaderno principal.
Folios 20 al 52 del cuaderno principal.
Folio 259 del cuaderno principal
Folios 303 al 312 del cuaderno principal.
Folios 449 al 452 del cuaderno principal
Folios 275 al 284 del cuaderno principal.
Folio 451 del cuaderno principal
Folios 466 al 473 del cuaderno principal.
Folios 457 al 465 del cuaderno principal.
Folios 474 al 483 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), 20 de marzo de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.
Folios 43 vto al 44 del cuaderno No 1
Folios 552 al 553 del cuaderno No 3
Folios 549 al 551 del cuaderno No 3
Folios 1401 al 1420 del cuaderno No 5
Folio 1838 al 1855 del cuaderno No 7
Folios 63 al 206 del cuaderno principal
Folios 207 al 252 del cuaderno principal.
Folio 7 del cuaderno principal
Folio 8 al 9 del cuaderno principal
Folio 10 del cuaderno principal
Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional Sentencia C-452 de 24 de agosto de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado. Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00368-00(1381-11) providencia del 27 de octubre de 2016. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Folios 319 al 335 del cuaderno principal
Folios 337 al 423 del cuaderno principal
Folio 434 del cuaderno principal
Folios 428 al 433 del cuaderno principal
Sentencia del 5 de marzo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de La Nación.
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