Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00015-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00015-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00015-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00015-00 (0025-2016)
Demandante: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Litisconsortes: Fanny Elizabeth Barahona Nova y Gloria Eva Suárez Quiroga
Tema: Actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa
por supresión de cargos.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. En esta oportunidad, la Sala procede a dictar la sentencia que en derecho
corresponda dentro del proceso que, en ejercicio del medio de control de la
referencia, promovió la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. La parte actora solicitó la nulidad parcial de los siguientes actos
administrativos:
2.1 Resoluciones nros. 2792 del 21 de mayo de 2015 y 3681 del 18 de agosto
del mismo año, mediante las cuales se negó la actualización en el Registro
Público de Carrera Administrativa (en adelante RPCA) de las señoras Fanny
Elizabeth Barahona Nova1 y Gloria Eva Suárez Quiroga2.
2.2 Resoluciones nros. 3592 del 6 de agosto de 2015 y 4044 del 24 de
septiembre de la misma anualidad, por medio de las cuales se confirmaron
en su integridad las decisiones anteriores.
3. Como restablecimiento del derecho se exigió que se ordenara la actualización
y realización de las respectivas anotaciones en el RPCA de las mencionadas
servidoras, en los cargos de técnico administrativo, código 4065, grado 15.
4. Hechos. Entre los años 2001 y 2002, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, adelantó una modificación de su planta de personal. En esa oportunidad,
1 Se negó la actualización en los empleos denominados técnico administrativo, código 4065, grado 15 y técnico
administrativo, código 3124, grado 15.
2 Se negó la actualización en el empleo denominado técnico administrativo, código 4065, grado 15.
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Demandante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el Gobierno Nacional, luego de suprimir y crear algunos cargos, incorporó en la
nueva planta a las señoras Fanny Elizabeth Barahona Nova y Gloria Eva Suárez
Quiroga en los empleos de técnico administrativo, código 4065, grado 15.
5. Esa decisión fue autorizada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) y acogida por las citadas empleadas, quienes al ser consultadas
sobre la opción de recibir una indemnización o ser incorporadas a un cargo
equivalente, optaron por la segunda alternativa.
6. En virtud de lo anterior, mediante oficio del 19 de junio de 2007, la entidad
demandante remitió a la CNSC la documentación requerida para la inscripción y
actualización en el registro público de carrera administrativa de las antedichas
servidoras. Sin embargo, en aquella oportunidad se consideró que la solicitud no
cumplía con los criterios para la equivalencia de empleos, por lo que era necesario
allegar un estudio de conexidad funcional entre los cargos, requerimiento que fue
atendido el 28 de enero de 2008.
7. Posteriormente, los días 5 de mayo de 2013, 14 de marzo y 18 de diciembre de
2014, respectivamente, el ministerio continuó con el trámite y remitió nuevamente
la documentación para la actualización en el RPCA; no obstante, esa petición fue
negada a través de los actos demandados.
8. Para la entidad actora, es inadmisible que, transcurridos más de diez (10) años,
la CNSC no haya efectuado la actualización en el RPCA.
9. Fundamentos de derecho. Para la institución demandante, las decisiones
cuestionadas infringieron los siguientes artículos: 25, 29, 53, 58, 83, 90, 125 y 230
de la Constitución Política; 2.° y 8.° de la Ley 153 de 1887; 39 de la Ley 443 de
1998; 148 del Decreto 1572 de 1998; 46 del Decreto 1227 de 2005; el Convenio 158
de 1982 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 119 de
1963. Al desarrollar el concepto de violación, formuló los siguientes cargos:
10. Violación por ilegalidad de los actos administrativos. Señaló que la CNSC
debió analizar la solicitud de actualización del RPCA conforme a lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley 443 de 1998, y no a la luz de la Ley 909 de 2004, por cuanto
esta última no se encontraba vigente para la época en que ocurrieron los hechos.
En ese sentido, indicó que la referida Ley 443 contemplaba la incorporación de
servidores en cargos que, de acuerdo con las necesidades del servicio, se crearan
en las nuevas plantas de personal, procedimiento que fue debidamente adelantado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11. Violación por ilegalidad generada en la interpretación errónea de las
normas en que se fundan los actos administrativos demandados. Afirmó que
la interpretación de la CNSC es equivocada, en la medida en que la noción de
empleo equivalente no exige que la incorporación se realice en un cargo de igual
nivel jerárquico, sino que permite que se efectúe en uno con funciones iguales o
similares, lo cual otorga a la administración un margen razonable de flexibilidad.
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12. En tal sentido, sostuvo que las incorporaciones realizadas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no podían calificarse como irregulares, pues la
reestructuración fue adelantada con concepto favorable del DAFP y se fundamentó
en estudios técnicos internos, razón por la cual debían reconocerse los efectos
jurídicos derivados de la titularidad de los derechos de carrera, conforme a lo
previsto en la Ley 443 de 1998 y en el Decreto 2504 de 1998, que imponían la
obligación de actualizar el registro.
13. En consecuencia, no es admisible que, transcurrido un periodo superior a diez
(10) años, la entidad demandada niegue la actualización en el RPCA con
fundamento en una interpretación equivocada de la normativa aplicable y de las
circunstancias fácticas del caso.
14. Violación por infracción de las normas en que debía fundarse derivada del
desconocimiento de los principios generales del derecho. Reiteró que la
actualización en el RPCA de los funcionarios debía analizarse bajo el imperio de la
Ley 443 de 1998, en armonía con los artículos 53 y 58 de la Constitución Política,
en virtud del principio según el cual las situaciones jurídicas se rigen por las normas
vigentes al momento de su consolidación, máxime en un contexto de evolución
normativa.
15. Falsa motivación y violación al convenio OIT. Finalmente, sostuvo que los
actos acusados se encuentran falsamente motivados, en tanto parten de la premisa
errónea de que la incorporación de las funcionarias carecía de sustento jurídico,
cuando en realidad esta se fundó en el acto administrativo de reestructuración de la
planta de personal del Ministerio, expedido por el Gobierno Nacional con base en
criterios técnicos, decisión que no ha sido anulada.
16. Asimismo, aseguró que se vulneró el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, así
como de la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente, y de los Convenios
de la OIT, en la medida en que la carrera administrativa implica una garantía de
estabilidad laboral. En ese sentido, la negativa de la CNSC a actualizar el registro
de carrera desconoce dicha garantía y vulnera los estándares internacionales
aplicables.
17. Contestación de la demanda3. Dentro del término legal, la CNSC ejerció su
derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos:
18. De conformidad con las competencias establecidas en el artículo 130 de la
Constitución Política y las disposiciones de la Ley 443 de 1998, le correspondía
analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaban la solicitud de
actualización del RPCA derivada de la incorporación en la planta del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, la actualización no operaba de forma
automática, sino que exigía un estudio particular de cada situación administrativa,
con el fin de verificar si el cambio de empleo se ajustaba a la normativa aplicable.
3 Folios 313 a 320 del cuaderno principal.
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19. En esa medida, la CNSC aplicó las disposiciones vigentes al momento de la
ocurrencia de los hechos, en particular el Decreto 1572 de 1998, modificado por el
artículo 1.º del Decreto 1173 de 1999, según el cual un empleo es equivalente a otro
cuando: a) tienen funciones iguales o similares; b) para su ejercicio se exigen
requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares y; c) la asignación básica
de aquel no sea inferior a este.
20. En el caso de marras, es claro que tales requisitos no se cumplieron en las
incorporaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo
que, el aceptar la petición de actualización, habría implicado un ascenso automático
en el escalafón de carrera, lo que se encuentra prohibido por el artículo 125 de la
Constitución Política.
21. Agregó que, si bien el ministerio realizó un estudio previo para determinar la
procedencia de la incorporación, no tuvo en cuenta de manera integral los criterios
establecidos en la ley, particularmente los relativos a las funciones, requisitos de
formación, experiencia y asignación salarial.
22. Finalmente, propuso la excepción denominada «innominada».
23. Trámite de instancia. Por Auto de fecha 14 de diciembre de 20174 se admitió
la demanda. Posteriormente, en providencia de 27 de septiembre de 20225 se
vinculó en calidad de litisconsorte necesario a las señoras Fanny Elizabeth
Barahona Nova y Gloria Eva Suárez Quiroga. Luego, a través del proveído del 6 de
febrero de 20256 se ordenó dar trámite de sentencia anticipada al proceso, para los
cual se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, se fijó el litigio y se corrió
traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus
alegatos de conclusión y concepto de fondo respectivamente.
24. Alegatos de conclusión. Dentro de esta oportunidad solo intervino el
apoderado de la CNSC, quien reiteró los argumentos planteados en la contestación
de la demanda7.
25. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá el asunto de marras, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
26. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.° del artículo 149
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin
4 Folio 120-121.
5 Folios 325 a 327 del cuaderno principal.
6 Folios 334 a 336 del cuaderno principal.
7 Actuación visible en el índice 46 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021-,9 esta Sala de Subsección es
competente para resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
27. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si ¿La CNSC debe
actualizar el Registro Público de Carrera Administrativa frente a las señoras Fanny
Elizabeth Barahona Nova y Gloria Eva Suárez Quiroga, con ocasión al proceso de
incorporación del que fueron beneficiarias, luego de la reestructuración
administrativa adelantada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público?
28. Para resolver el anterior interrogante, la Subsección reseñará el marco
normativo y jurisprudencial relacionado con: i) la inscripción y actualización en el
Registro Público de Carrera Administrativa y; ii) el concepto de “equivalencia” entre
cargos públicos para los fines de la actualización en el RPCA.
29. La inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera
Administrativa.
30. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales empleos se haría previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la Ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes. A su turno, el artículo 130 ibidem. creó la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, como la entidad responsable de la
administración y vigilancia de los sistemas generales de carrera administrativa de
los servidores públicos.
31. Este mandato constitucional fue desarrollado por La Ley 443 del 11 de junio de
1998, reglamentada, entre otros, en el título II del Decreto 1572 de 1998. En dicho
régimen se dispuso que en el RPCA debían anotarse aspectos tales como el
nombre del empleado, su sexo y documento de identidad, cargo objeto de
inscripción y/o de actualización, la entidad y el lugar en el que desempeña las
funciones, la fecha de ingreso al registro, y el salario asignado al empleo. En lo
pertinente, la citada normativa estableció:
«Artículo 90. La inscripción en la carrera administrativa consiste en la declaración
expresa de que un empleado ostenta derechos de carrera, la cual se realiza mediante
la anotación en el Registro Público de la Carrera de los datos de identificación del
empleado y del cargo respecto del cual adquiere los derechos.
Artículo 91. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará las inscripciones y
actualizaciones en el Registro Público del personal de las entidades del orden
nacional y las Comisiones Departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá, las de los empleados de su jurisdicción. Todos estos registros conformarán
el registro Público de la carrera administrativa.
9 Que establece que «[e]l Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio
de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 2. De los de nulidad y restablecimiento
del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional. […]».
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Artículo 92. El Registro Público de la Carrera Administrativa estará conformado por
todos los empleados inscritos o que se llegaren a inscribir. Dicho registro contendrá
el nombre, el sexo y el documento de identificación del empleado, el cargo en el cual
se inscribe o se efectúa la actualización, el nombre de la entidad, el lugar en el cual
desempeña las funciones, la fecha de ingreso al registro, y el salario asignado al
empleo en el momento de la inscripción o de la actualización.
Parágrafo 1°. El Registro Público se llevará en forma automatizada o manual y cada
anotación contendrá además de los datos anteriormente señalados, el número de
folio y de orden en los cuales se efectúa.
[…]
Artículo 93. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales
serán actualizadas cuando hubiere lugar a ello en relación con el nuevo empleo
ejercido por el inscrito, y las inscripciones no vigentes por retiro de los empleados de
la carrera.
Parágrafo. Las inscripciones deberán contener las anotaciones a que hubiere lugar
en la última situación en que se encuentre en el registro público, cuando el empleado
se retire del servicio por renuncia regularmente aceptada, cuando se encuentre
desempeñando empleo de libre nombramiento y remoción o de período fijo para lo
cual haya sido previamente comisionado o cuando haya optado por la incorporación
en caso de supresión del empleo. Estas inscripciones se mantendrán con estas
anotaciones hasta que se presenten las situaciones administrativas que permitan la
actualización del registro o su cancelación definitiva, en los términos previstos en la
ley para cada una de ellas.
Artículo 94. Las solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas
oficialmente por el jefe de la unidad de personal o por quien haga sus veces, de la
entidad en donde el empleado presta sus servicios, ante el Departamento
Administrativo de la Función Pública cuando se trate de entidades nacionales o ante
las dependencias de las Gobernaciones de Departamento y de la Alcaldía Mayor de
Santa Fe de Bogotá, a las cuales se les atribuya esta función, cuando se trate de
entidades del orden territorial, en el formulario que adopte la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Artículo 95. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará un formulario único que
se utilizará para los trámites de inscripción y de actualización en la carrera
administrativa por todas las entidades.
Artículo 96. Para el trámite de la inscripción o de la actualización en el Registro
Público de la Carrera Administrativa, El Departamento Administrativo de la Función
Pública, las Gobernaciones de Departamento y la Alcaldía Mayor de Santa Fe de
Bogotá, según el caso, efectuarán el análisis de los datos contenidos en el formulario
de solicitud y producirán los listados correspondientes los cuales serán presentados
a la respectiva Comisión del Servicio Civil para lo de su competencia.
Artículo 97 Al empleado inscrito en la carrera administrativa que cambie de empleo
por ascenso, traslado, incorporación, o cuyo reintegro sea ordenado judicialmente, le
será actualizada su inscripción en el Registro Público de Carrera.
Artículo 98. La notificación de la inscripción o actualización en la carrera se cumplirá
con la anotación en el Registro Público de la Carrera.»
32. Ahora bien, en caso de que fuera negada la solicitud de inscripción o de
actualización en el RPCA, dicha decisión debía ser adoptada por acto administrativo
motivado y notificarse al interesado. Sobre este tema, la Corte Constitucional, en la
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sentencia C -372 de 1999, sostuvo que el Registro Nacional de Carrera es único y
debe ser administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo el apoyo
del Departamento Administrativo de la Función Pública meramente instrumental y
logístico.
33. Por otra parte, la misma Ley 443 de 1998 previó las opciones con las que cuenta
el empleado de carrera administrativa cuando su cargo es suprimido con ocasión
de una modificación de planta, así:
«Artículo 39.- Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de
supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les
supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de
funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por
ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Para la incorporación de que trata este artículo se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la
supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén
vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las
plantas de personal, en el siguiente orden:
[…]
2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos
mínimos para el desempeño de los respectivos empleos exigidos en la entidad
obligada a efectuarla.
3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que
ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su
inscripción en la carrera.
4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el
exempleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización…»
(Énfasis de la Sala)
34. En la misma línea, el artículo 40 ejusdem. reguló los efectos de la incorporación
del empleado de carrera a las nuevas plantas de personal, y para el caso, precisó
que no podía exigírseles requisitos distintos a los acreditados al momento de su
ingreso, en caso de incorporación o traslado a empleos iguales o equivalentes, so
pena de las sanciones disciplinarias correspondientes.
35. De igual manera, el artículo 41 ibidem. contempló que las reformas a las plantas
de personal de las entidades del orden nacional debían: i) fundamentarse en las
necesidades o modernización del servicio; ii) realizarse previo adelantamiento de
un estudio técnico que así lo demuestre y; iii) ser aprobadas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
36. Cabe resaltar que, al resolver un caso con supuestos fácticos y jurídicos
similares al del presente, esta Sección concluyó que la inscripción y actualización
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del mencionado registro recae en la CNSC, entidad que debe verificar la
equivalencia de funciones y requisitos entre el empleo suprimido y el cargo objeto
de incorporación10.
37. Posteriormente, la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 11 derogó
expresamente la 443 de 1998, pero mantuvo, en esencia, las funciones de la CNSC
en materia del RPCA, así como las reglas relativas a la incorporación de servidores
públicos y a la actualización del citado registro.
38. A su vez, esta norma fue reglamentada parcialmente por el Decreto 1227 de
2005, especialmente en las inscripciones y actualizaciones del RPCA, en los
siguientes términos:
«Artículo 44. La Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo responsable de
la administración, la organización, la actualización y el control del Registro Público de
Carrera Administrativa, el cual estará conformado por todos los empleados
actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir en la carrera administrativa regulada
por la Ley 909 de 2004.
En el registro deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y
apellidos del empleado, género, identificación, denominación del empleo, código,
grado, jornada, nombre de la entidad, tipo de inscripción. Además de los datos
anteriormente señalados, el registro contendrá el número de folio y de orden y fechas
en las cuales se presentó la novedad que se registra y la del registro mismo y del
cuadro funcional al que pertenece según el caso.
Artículo 45. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales
serán actualizadas cuando hubiere lugar a ello y las no vigentes por retiro de los
empleados de la carrera.
El registro deberá contener además, las anotaciones a que hubiere lugar cuando un
empleado se encuentre desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción
o de período fijo, para el cual haya sido previamente comisionado, o cuando haya
optado por la reincorporación en caso de supresión del empleo.
Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones
administrativas que permitan la actualización del registro o su cancelación definitiva.
Artículo 46. Las solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas ante
la Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente por el jefe de la unidad de personal
o por quien haga sus veces de la entidad en donde el empleado presta sus servicios.
Artículo 47. Al empleado inscrito en carrera administrativa que cambie de empleo por
ascenso, traslado, incorporación, reincorporación, se le deberá actualizar su
inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa.
Artículo 48. Del Registro Público de Carrera Administrativa harán parte, en capítulos
especiales, los registros que administren las entidades con sistemas específicos de
carrera. El reporte de la correspondiente información se efectuará conforme con la
reglamentación que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Carmelo
Perdomo Cuéter sentencia del 5 de agosto de 2021 expedida al interior del proceso identificado con el radicado
nro. 11001-03-25-000-2015-00401-00 (0917-2015).
11 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones».
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Artículo 49. Para todos los efectos se considera como empleados de carrera a
quienes estén inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa y a quienes
habiendo superado satisfactoriamente el período de prueba no se encuentren
inscritos en él.
Toda solicitud de actualización en el Registro Público de carrera administrativa que
se presente ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá estar acompañada
de los soportes documentales necesarios para determinar las circunstancias
específicas en que se produjo la vinculación del empleado en el cargo en el cual se
pide dicha actualización.
Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas únicamente por el Jefe de
Unidad de Personal o quien haga sus veces con los documentos que la soportan. Las
solicitudes que no cumplan estos requisitos serán devueltas a la Entidad, a efecto de
ser revisadas y complementadas para el envío nuevamente a la Comisión Nacional
del Servicio Civil para el trámite correspondiente.
Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil revisará la información a que se
refiere el presente artículo y dispondrá la correspondiente actualización en el Registro
cuando se haya dado cumplimiento a las normas que rigen la materia.»
39. En este orden de ideas, las funciones de la CNSC, relacionadas con la
administración del Registro Público de Carrera Administrativa son propias,
autónomas y regladas.
40. El concepto “equivalencia” de empleos para los fines de la actualización
del Registro Público de Carrera Administrativa.
41. El artículo 158 del Decreto 1572 de 1998, vigente para cuando se concretó el
proceso de supresión de cargos y la posterior incorporación a la nueva planta de
personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estableció que los empleos
“equivalentes” son «[…] aquellos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico, tengan
igual asignación salarial y funciones iguales o similares y para su desempeño se
exijan los mismos o similares requisitos de experiencia y de estudios.»
42. Esa norma fue modificada por el Decreto 1173 de 29 de junio de 1999, en los
siguientes términos:
«Artículo 158. Se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tienen
funciones iguales o similares, para su ejercicio se exijan requisitos de estudio y de
experiencia iguales o similares y cuando la asignación básica de aquél no sea inferior
a la de éste.»
43. En este punto, la Sala estima necesario precisar que, si bien el servidor cuyo
cargo es suprimido tiene derecho a optar por la incorporación a otro empleo dentro
de la entidad, ello no autoriza una actuación automática o discrecional por parte del
nominador. Por el contrario, se trata de un procedimiento reglado que debe
articularse con la autoridad administradora y vigilante de la carrera administrativa, a
quien corresponde verificar, entre otros aspectos, la equivalencia entre funciones,
requisitos académicos y experiencia laboral de los empleos en comparación.
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44. El caso concreto. Interrogante único: ¿La CNSC debe actualizar el Registro
Público de Carrera Administrativa frente a las señoras Fanny Elizabeth Barahona
Nova y Gloria Eva Suárez Quiroga, con ocasión al proceso de incorporación del que
fueron beneficiarias, luego de la reestructuración administrativa adelantada en el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público?
45. Para resolver el problema planteado, la Sala considera pertinente destacar que
en el expediente se encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos:
46. Mediante el documento denominado «estudio técnico de la estructura del área
administrativa12», el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó la propuesta
para la supresión de cargos al interior de la planta de personal, la cual pasaría de
201 a 145 cargos. La entidad justificó dicha modificación en la existencia de
duplicidad de funciones, desempeños no acordes con la denominación de algunos
empleos, entre otros factores.
47. Como consecuencia de esa reestructuración, fueron suprimidos los cargos de
secretario ejecutivo, código 5040, grado 18 y auxiliar administrativo, código 5120,
grado 17, entre otros, que ejercían en carrera administrativa las señoras Fanny
Elizabeth Barahona Nova y Gloria Eva Suárez Quiroga.
48. Posteriormente, a través del Decreto 2192 del 17 de octubre de 200113 se
modificó la planta de personal del mencionado ministerio.
49. A su turno, las referidas servidoras fueron incorporadas a los cargos de técnico
administrativo, código 4065, grado 15, tal como se evidencia del Decreto 2191 de
200114. Esta incorporación estuvo precedida del cuadro comparativo de
equivalencia de funciones15 y la escogencia efectuada por las propias empleadas,
una vez se les comunicó la supresión de sus empleos16.
50. Por medio del oficio identificado con el radicado nro. 2-2007-015669 del 19 de
junio de 200717, el subdirector de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público solicitó a la CNSC la actualización del RPCA de ciento siete (107)
servidores públicos, entre ellos, Fanny Elizabeth Barahona Nova y Gloria Eva
Suárez Quiroga.
51. Esta solicitud fue atendida negativamente por la entidad demandada en el oficio
con radicado 00-02-2007-1422118, en el que indicó que, tratándose de
actualizaciones derivadas de cambio de nivel jerárquico, era indispensable allegar
un estudio que permitiera establecer la conexidad funcional entre los cargos, así
como otros documentos orientados a verificar la equivalencia exigida por la
normativa vigente. Ello quedó plasmado en la Circular 010-2005.
12 Folios 3 a 25 del cuaderno principal.
13 Folios 26 a 33 del cuaderno principal.
14 Folios 35 a 37 del cuaderno principal.
15 Folios 39 y 40 del cuaderno principal.
16 Folios 41 a 44 del cuaderno principal.
17 Folio 45 del cuaderno principal.
18 Folios 47 a 50 del cuaderno principal.
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52. El 28 de enero de 200819, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respondió
a dicho requerimiento y manifestó que la Circular 010-2005 no exigía estudio de
conexidad de funciones cuando mediara cambio del nivel jerárquico. Además,
añadió que el analisis correspondiente se realizó oportunamente y fue remitido al
Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que impartió la
respectiva autorización.
53. Luego, el 18 de diciembre de 201420, el ministerio remitió nuevamente los
documentos para obtener las anotaciones en el RPCA de varios empleados, entre
ellos, Fanny Barahona Nova y Gloria Suárez Quiroga. Sin embargo, la entidad
demandada expidió los actos enjuiciados y en ellos negó la actualización solicitada
al considerar que las funciones, así como los requisitos de estudio y experiencia de
los cargos suprimidos y de los empleos en los que fueron incorporadas, no eran
equivalentes.
54. En la Resolución nro. 2792 del 21 de mayo de 2015 «por la cual se resuelve
una solicitud de actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de la
servidora FANNY ELIZABETH BARAHONA NOVA» se consignó:
«C. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
[…]
De acuerdo a lo anterior y de conformidad con la información remitida por la
subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
procede a realizar el siguiente análisis respecto a la movilidad laboral presentada por
la servidora pública FANNY ELIZABETH BARAHONA NOVA.
[…]
Al analizar la igualdad y/o equivalencia de los empleos, se encontró que en cuanto a
funciones los empleos son similares. No obstante lo anterior, al analizar los requisitos
de estudio y de experiencia exigidos para el ejercicio de los empleos, se encontró que
son totalmente diferentes.
En este orden de ideas, es preciso concluir que la incorporación efectuada en el
empleo denominado técnico administrativo, código 4065, grado 15 no cumplió con
todos los presupuestos determinados en el Decreto 1173 del 29 de junio de 1999,
para considerar la equivalencia entre los empleos…»
55. Por su parte, la Resolución nro. 3681 del 18 de agosto de 2015 «por la cual se
niega la solicitud de actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa
de unos servidores públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público»,
concluyó:
«C. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
[…]
19 Folios 51 a 53 del cuaderno principal.
20 Folios 58 a 60 del cuaderno principal.
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Al hacer un análisis detallado de las incorporaciones realizadas por la entidad
mediante actos administrativos, se pudo constatar que las mismas no cumplen con el
criterio de empleo equivalente, pues los servidores públicos relacionados
anteriormente no fueron incorporados en empleos del mismo nivel al que venían
desempeñando, en consecuencia, las funciones y los requisitos de estudio y
experiencia no comparten el concepto de equivalencia entre los mismos.
[…]
En el caso de la servidora pública GLORIA EVA SUÁREZ QUIROGA, al analizar el
equivalencia de los empleos denominados auxiliar administrativo y técnico
administrativo, se encontró que los empleos tienen asignadas funciones para su
desempeño diferentes, pues las funciones del empleo denominado auxiliar
administrativo son asistenciales, mientras que las funciones del empleo denominado
técnico administrativo son funciones técnicas, en consecuencia, no se presenta el
concepto de empleo equivalente con respecto a las funciones.
Con respecto a los requisitos de estudio y experiencia tampoco se presenta la
equivalencia del Decreto 1173 de 1999, norma aplicable, pues para el empleo
denominado auxiliar administrativo se requieres solamente diploma de bachiller y seis
(6) meses de experiencia, mientras que para el empleo denominado técnico
administrativo se requiere aprobación de tres (3) años de educación superior y 24
meses de experiencia.
Por lo anterior se concluye que la incorporación realizada mediante Resolución nro.
2191 del 19 de octubre de 20021 en el empleo denominado técnico administrativo,
código 4064, grado 15 a la servidora pública GLORIA EVA SUÁREZ QUIROGA, no
se ajustó al concepto de equivalencia dispuesto en el Decreto nro. 1173 de 1999, por
lo cual no es procedente la actualización del registro público de carrera administrativa
en este empleo…»
56. Contra las anteriores decisiones se interpuso recurso de reposición, los cuales
fueron resueltos negativamente a través de las Resoluciones nro. 3592 y 4044 del
6 de agosto y del 24 de septiembre de 2015, respectivamente21.
57. A partir de ese recuento fáctico, advierte la Sala que, en efecto, tal como lo
sostuvo la apoderada de la parte actora, a las señoras Fanny Barahona Nova y
Gloria Suárez Quiroga no se les actualizó el RPCA, pese a haber sido incorporadas
a nuevos cargos dentro de la planta de personal. La negativa de la CNSC se
fundamentó en la ausencia de equivalencia entre los cargos suprimidos y aquellos
a los que fueron incorporadas, particularmente en lo atinente a funciones, requisitos
de estudio y experiencia.
58. En primer lugar, la Sala considera que no le asiste razón al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público frente al reparo denominado «violación por ilegalidad de
los actos administrativos», toda vez que, en los actos administrativos enjuiciados se
hizo la salvedad que los empleos (suprimidos e incorporados) no eran equivalentes
en los términos de la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, en especial
el nro. 1173 del 29 de junio de 1999.
21 Folios 64 a 77 del cuaderno principal.
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59. No se desprende de las resoluciones demandadas que la negativa se haya
fundamentado en la aplicación de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios,
razón por la cual no es de asidero el reparo de la entidad demandante.
60. En este punto de la providencia es pertinente aclarar que las consideraciones
de la CNSC para negar la actualización en el Registro de Carrera son totalmente
ajustadas al ordenamiento jurídico, ya que el derecho consagrado en el artículo 39
de la Ley 443 de 1998 (incorporación a un cargo equivalente) no es de aplicación
inmediata, sino que demanda el agotamiento de un procedimiento reglado en donde
la entidad responsable de la vigilancia y administración de la carrera administrativa
verifique la equivalencia entre las funciones y requisitos académicos y de
experiencia entre los empleos suprimidos y los de la nueva planta.
61. Siendo así, pierde solidez la causal de nulidad de falsa motivación, ya que no
se puso en entredicho que la incorporación carecía de un sustento jurídico, sino la
actualización automática en el RPCA.
62. En segundo lugar, respecto de las causales identificadas como «violación por
ilegalidad generada en la interpretación errónea de las normas en que se fundan los
actos administrativos demandados» y «violación por infracción de las normas en
que debía fundarse derivada del desconocimiento de los principios generales de
derecho», advierte la Subsección que el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, es claro
en señalar que la incorporación solo procede cuando se trata de cargos
equivalentes, condición que no se cumplió en este caso.
63. Cierto es que al revisar el Manual de Funciones y Requisitos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público22, se evidencian diferencias sustanciales entre las
funciones y sobre todo en las exigencias de estudios y experiencia entre los cargos
suprimidos y al que fueron incorporados las vinculadas.
64. Por ejemplo, para desempeñar el cargo denominado auxiliar administrativo,
código 5120, grado 17 se exigía diploma de bachiller y seis (6) meses de experiencia
relacionada, mientras que para ejercer el empleo llamado técnico administrativo,
código 4065, grado 15 se requiere aprobación de tres (3) años de educación
superior y veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.
65. Así las cosas, a juicio de la Sala, no se está en presencia de una interpretación
desacertada de la norma aplicable, sino del incumplimiento de la misma por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
66. Si bien en el plenario reposa un cuadro comparativo entre las funciones de los
cargos involucrados, documento que sirvió de soporte al ministerio para la viabilidad
de la incorporación, lo cierto es que de su contenido no se desprende un análisis de
los requisitos de estudios y experiencia, razón por la cual no resulta procedente la
actualización.
22 Folios 300 a 312 del cuaderno principal.
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67. Aceptar una tesis contraria implica desconocer las facultades constitucionales y
legales de la Comisión Nacional del Servicio Civil y, además, avalar una
actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa que, en el presente
caso involucra un ascenso en ese sistema -porque las vinculadas cambiarían de
nivel jerárquico-, sin el lleno de los requisitos de Ley.
68. En tercer lugar, sobre la violación a los convenios de la OIT, la Sala comparte
la interpretación que esta Sección, al resolver un caso similar, adoptó en la
sentencia del 5 de agosto de 202123, así:
«[…] Por otra parte, no se encuentra que la negativa de actualizar el registro público
de carrera administrativa desconozca instrumentos internacionales, pues estos, en
todo caso, remiten a la normativa interna aplicable, al paso que el convenio sobre la
terminación de la relación de trabajo 158 de 1982 y la recomendación sobre la
terminación de la relación de trabajo 119 de 1963 de la OIT promueven la protección
del trabajador cuando medie la terminación de la relación laboral por iniciativa del
empleador, lo que no acontece en este litigio.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre
el particular, la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos
demandados fueron expedidos con apego al orden jurídico vigente, por
consiguiente, se negarán las súplicas de la demanda.»
69. A lo anterior, se le suma el hecho de que la negativa de la CNSC estuvo
fundamentada en una causa objetiva y razonable de acuerdo al ordenamiento
jurídico.
70. Por todo lo dicho, la Sala concluye que las decisiones adoptadas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se expidieron con estricto apego de las
normas que regulaban los derechos de los empleados a los que se le suprimieron
los cargos al interior de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
71. En consecuencia, y como los cargos de nulidad invocados no prosperaron,
deviene procedente negar las súplicas de la demanda.
72. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
73. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Carmelo
Perdomo Cuéter sentencia del 5 de agosto de 2021 expedida al interior del proceso identificado con el radicado
nro. 11001-03-25-000-2015-00401-00 (0917-2015).
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dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.24
74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
75. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte actora,
por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el suscrito
magistrado ponente y las expensas serán liquidadas por la secretaría de esta
sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por
las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora al pago de las costas. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente y las expensas serán liquidadas por la secretaría de esta
sección.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
24 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00015-00 (0025-2016)
Demandante: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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