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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00401-00

Inscripción registro público de carrera administrativa: propia de los funcionarios que han adquirido derechos de carrera

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00401-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niéganse las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), conforme a la parte motiva. 2º. Sin condena en costas. 3º. En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2015-00401-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

5 de agosto de 2021

INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA - Propia de los funcionarios que han adquirido derechos de carrera / FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - Administración del registro público de carrera administrativa / INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA POR SUPRESIÓN DE CARGO - Obligatoriedad de verificación de que las funciones laborales y requisitos académicos y de experiencia fueran análogos con los del empleo del que fue retirado / SEMEJANZA ENTRE LOS EMPLEOS CONTRASTADOS - Inexistentes / INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA - Improcedente

El registro público de carrera administrativa contiene toda la información formal, histórica, consecutiva, laboral y funcional de los servidores públicos que han adquirido derechos de carrera en uno de los sistemas administrados por la CNSC (valga recordar, los generales y específicos). Recae en la CNSC la inscripción y actualización del mencionado registro, que, en los casos de incorporación, debe verificar que tanto el empleo suprimido como aquel al cual se va a vincular, sean equivalentes. Las funciones de la CNSC relacionadas con la administración del registro público de carrera administrativa son propias, independientes y regladas, y no afectan ni se inmiscuyen en las decisiones propias de las entidades que optan por modificar su planta de personal e incorporar a los empleados que estimen, de acuerdo con las necesidades del servicio y los estudios técnicos previos que hayan adelantado para tal propósito. Se advierte que no le asiste razón al Ministerio demandante en su dicho, comoquiera que, según lo afirma la CNSC, la actualización en el registro de carrera no es consecuencia directa y necesaria de la incorporación del respectivo servidor, sino que está sometida a la autorización de ese organismo, a cuyo cargo se encuentra la verificación de que las funciones laborales y requisitos académicos y de experiencia fueran análogos con los del empleo del que fue retirado como consecuencia de la supresión, estudio que se realizó ampliamente en los actos administrativos acusados y que dio lugar a establecer la imposibilidad de modificar los registros. Es más, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 (que estima el Ministerio se interpretó de manera errada por la accionada) es claro en establecer que la incorporación es procedente cuando se trata de cargos equivalentes, condición que no se colmó. Es evidente que no existe ninguna semejanza entre los empleos contrastados, pues mientras que el conductor mecánico es operativo, encargado de labores de conducción de vehículos oficiales y mensajería, el de auxiliar concierne a actividades administrativas, lo que justifica, además, el nivel de educación que para uno y otro caso se exige, que sin duda no son equiparables.

FUENTE FORMAL: LEY 443 DE 1998 / DECRETO 772 DE 2001 / DECRETO 2192 DE 2001 / DECRETO 1116 DE 2002

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00401-00(0917-15)

Actor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. LITISCONSORTES NECESARIOS DE LA PARTE ACTORA JOSÉ FRANCISCO GÓNGORA SÁNCHEZ, LUZ MILA GIL SANTOS Y JOSÉ ALBERTO GIRALDO FORERO

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

Agotado el trámite procesal de instancia y como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala se ocupa de dictar sentencia de mérito dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 234 a 247). La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 1411 (artículo 1º) y 1463 de 18 y 22 de julio (artículo 3º), respectivamente, y 2260 de 29 de octubre (artículo 2º), todas de 2014, por medio de las cuales se negó la actualización del registro público de carrera administrativa de los señores José Alberto Giraldo Forero, José Francisco Góngora Sánchez y Luz Mila Gil Santos.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada «[…] actualizar y hacer la respectiva anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa, tal como quedaron en la incorporación por modificación de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público […]»; y reconocer «[…] el derecho a la favorabilidad que asiste a los trabajadores y que determina la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas constituidas a favor de los […]» mencionados empleados.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que durante los años 2001 y 2002 modificó su planta de personal «[…] por áreas y etapas, de manera que se expidieron varios decretos por parte del Gobierno Nacional suprimiendo algunos cargos y creando otros, e incorporando a la nueva planta [a] los funcionarios […]» citados en precedencia, entre otros.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 7 de mayo y 18 de octubre de 2001 y 28 de mayo de 2002, autorizó «[…] la incorporación de los empleos a la nueva planta de personal dada a través [de los] Decreto[s] 772 [y 2192 de 2001 y 1116 de 2002], previa solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público formulada en la misma fecha».

Dice que, con Resoluciones 849 de 7 de mayo y 2187 de 19 de octubre de 2001 y 958 de mayo de 2002, incorporó a los señores José Alberto Giraldo Forero, José Francisco Góngora Sánchez y Luz Mila Gil Santos en los empleos de profesional especializado 3010-18, auxiliar administrativo 5120-18 y profesional especializado 3010-18, en su orden, quienes previamente desempeñaban los de profesional universitario 3020-12, conductor mecánico 5310-15 y profesional universitario 3020-12, suprimidos por medio de los Decretos 772 y 2192 de 2001 y 1116 de 2002, respectivamente.

Que en «[…] este proceso de restructuración, mediante Oficio No. 2-2007-015349 de 14 de junio de 2007, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público envía a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la documentación requerida para la inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de 85 servidores públicos dentro de los que se encuentran los […]» citados en precedencia; información complementada, a solicitud del último organismo, el 3 de octubre de 2011 y 13 de junio de 2014.

Aduce que «Como consecuencia de la revisión que la Comisión Nacional del Servicio Civil efectuó sobre los documentos que en varias oportunidades se han entregado […], expidió la Resolución No. 1463 del 22 de julio de 2014 y la […] 1411 del 18 de julio de 2014, mediante las cuales […] niega la solicitud de actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa […] por considerar que no cumplen con los criterios de empleo equivalente» (sic).

Que en relación con el señor Giraldo Forero (Resolución 1463 de 22 de julio de 2014), la accionada coligió que «[…] no existe equivalencia entre el empleo denominado Profesional Universitario, Código 3020, Grado 12, -en que el servidor ostenta derechos de carrera, como consecuencia de haber accedido a él a través de concurso de méritos- y los [de] Profesional Especializado, Código 3010, Grado 18, y Grado 15 […]» (sic), por lo que «[…] no es procedente la actualización del registro público de carrera administrativa […]».

Afirma que en lo atañedero al señor Góngora Sánchez, la demandada advirtió que «[…] al analizar la igualdad y/o equivalencia de los empleos Conductor Mecánico y Auxiliar Administrativo, se encontró que los empleos tienen asignadas funciones para su desempeño diferentes, pues si bien ambos […] son del nivel asistencial, las […] de Conductor Mecánico son operativas, mientras que las […] del empleo denominado Auxiliar Administrativo son administrativas […]», y, en esa medida, «[…] la incorporación realizada […] no se ajustó a la igualdad y/o equivalencia dispuesta en el Decreto 1173 del 29 de junio de 1999, por lo […] cual no es procedente la actualización en este empleo»; al paso que frente a la señora Gil Santos, precisó que aunque los empleos concernidos tienen obligaciones similares, «[…] los requisitos de estudio son diferentes, al igual que el […] de experiencia […]».

Que el 12 de agosto de 2014 interpuso recurso de reposición contra las mencionadas Resoluciones 1411 y 1463 de 2014, confirmadas por medio de Resolución 2260 de 29 de octubre siguiente.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos censurados los artículos 25, 29, 53, 58, 83, 125 y 230 de la Constitución Política; 2 y 8 de la Ley 153 de 1887; 39 de la Ley 443 de 1998; 148 del Decreto 1572 de 1998 y 46 del Decreto 1227 de 2005; y el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo 158 de 1982 y la recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo 119 de 1963, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Arguye que las Resoluciones demandadas devienen ilegales e infringen la normativa en que deberían fundarse, dado que «[…] es irregular fundamentar [la] negativa de actualización bajo el imperio de la Ley 909 de 2004 y su decreto Reglamentario 1225 de 2005, está [sic] decisión debe ser analizada a la luz del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, norma según la cual se preveía hacer incorporaciones en cargos que de acuerdo a las necesidades del servicio se crearan en las plantas de personal de las Entidades»; además, «Las restructuraciones de las plantas de personal llevan implícito cambios estructurales y tienen por objetivo mejorar la estructura funcional de la entidad por tal razón, la norma no es restrictiva ordenando crear cargos equivalentes, por el contrario permite que por necesidades del servicio se creen cargos en atención a los nuevos requerimientos de la entidad […]».

Asimismo, que en el sub lite se configura lo que denomina violación por ilegalidad generada en la interpretación errónea de las normas en que se fundan los actos administrativos acusados, puesto que la precitada restructuración se efectuó de acuerdo con «[…] las necesidades del servicio y contó con el aval del Departamento Administrativo de la Función Pública, de ahí que las incorporaciones que se hicieren con posterioridad están sujetas al estudio que la administración hiciere en aras de obtener una planta estructuralmente funcional por lo tanto, las incorporaciones no pueden ser denominadas “irregulares” por la Comisión […]».

Asevera que las Resoluciones atacadas incurren en falsa motivación, pues, por un lado, los actos administrativos por cuyo conducto los litisconsortes necesarios fueron incorporados, se encuentran amparados por la presunción de legalidad, lo que significa que «[…] deben ser reconocidos y por ende darse aplicación al artículo 39 de la Ley 443 […] y al artículo 6° del Decreto 2504 de 1998, que obligaba a efectuar la actualización en carrera una vez se hiciera la incorporación»; y, por el otro, se debe «[…] dar aplicación al Artículo 53 de la Constitución Política mediante el cual se establece la regla de la favorabilidad para el trabajador en caso de duda en la interpretación de la ley laboral […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue admitida con auto de 19 de mayo de 2017 (f. 250); se ordenó la notificación personal a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a la señora agente del Ministerio Público; se vincularon a los señores José Francisco Góngora Sánchez, Luz Mila Gil Santos y José Alberto Giraldo Forero, en condición de litisconsortes necesarios de la parte actora; y se dispuso dar traslado de aquella conforme al artículo 172 del CPACA.

2.1 Contestación de la demanda (ff. 269 a 276 vuelto). La CNSC, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no le constan y los demás no constituyen situaciones fácticas.

Que no se le puede enrostrar desconocimiento del ordenamiento jurídico al expedir los actos enjuiciados, pues si bien tiene la obligación de actualizar el registro de los empleados de carrera cuando hay ascenso, traslado, incorporación o reincorporación, lo cierto es que ello no opera de manera automática, en la medida en que se debe determinar si la situación administrativa colma las exigencias que prevé el artículo 47 del Decreto 1227 de 2005.

Dice que en ejercicio de la administración del registro público de carrera administrativa, tiene la facultad de negar las solicitudes de inscripción si comprueba que «[…] los antecedentes del servidor carecen de los supuestos indispensables para declarar la titularidad de los derechos de carrera […], como quiera que [su] adquisición […] no puede ser establecida por las omisiones o irregularidades en que incurrió el nominador o el funcionario responsable, sino por las normas legales que componen el sistema […]».

Que en los actos que ahora se le reprochan, «[…] se limitó a pronunciarse sobre la procedencia o no de la actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de los mencionados servidores públicos, y en ese sentido [la negó], ya que esto es lo propio de su competencia, en la medida [en] que la actuación administrativa adelantada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de nominador, tendiente a la incorporación de sus funcionarios […] corresponde a una actuación propia de su resorte, por lo que debe decirse que los trámites de actualización […] y de incorporación al corresponder a diferentes autoridades, surtir procedimientos separados en tiempo y espacio, hace que los mismos sean trámites independientes, de tal manera que la decisión adoptada en uno de ellos no supedite o modifique la del otro».

Afirma que las resoluciones por las que la cartera demandante incorporó en su planta de personal a los litisconsortes necesarios no la obligaban a actualizar el referido registro, máxime cuando, como se explicó, no resultan procedentes.

Agrega que los empleos a los que fueron incorporados los señores José Francisco Góngora Sánchez, Luz Mila Gil Santos y José Alberto Giraldo Forero «[…] NO RESULTAN EQUIVALENTES, bien sea por no tener funciones iguales o similares, no exigir para su ejercicio […] requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares a los empleos en los cuales estos ostentan derechos de carrera administrativa, haciendo imposible a la CNSC avalar tal irregularidad, en la medida que se ascendería de manera automática a los servidores en cuestión, posibilidad proscrita por ley».

Que si bien la parte accionante realizó estudios tendientes a determinar la viabilidad de la incorporación, no tuvo en cuenta la totalidad de requisitos legales vigentes contenidos en el Decreto 1173 de 1999, tales como actividades asignadas, estudios y experiencia, lo que impide la actualización en dicho registro.

2.2 Audiencia inicial (ff. 294 a 299). El 8 de abril de 2019 se celebró la audiencia inicial en la que, entre otros aspectos, (i) se fijó el litigio del caso y (ii) se tuvieron como pruebas los documentos allegados por las partes.

2.3 Alegatos de conclusión. En la citada audiencia inicial el despacho consideró que, por razones operativas y de celeridad procesal, no resultaba indispensable la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del CPACA, por lo que se prescindió de esta conforme al inciso final del artículo 181 ibidem y se corrió traslado a las partes para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión y recibir concepto del Ministerio Público, oportunidad aprovechada por todos ellos.

2.3.1 Parte accionada (ff. 306 a 309). A través de apoderada, pide negar las súplicas de la demanda, para lo cual, además de insistir en los argumentos expuestos en la contestación, sostiene que (i) las Resoluciones acusadas «[…] cumplen con los requisitos de existencia, validez y eficacia que les permitieron producir todos sus efectos jurídicos; ii) las incorporaciones que efectúen las entidades nominadoras sobre sus servidores públicos no vinculan automáticamente a la [CNSC], quien debe adelantar un trámite de verificación sobre la procedencia o no, de la actualización en el […] -RPCA- [registro público de carrera administrativa]; iii) de conformidad con el trámite de verificación efectuado por la CNSC, las incorporaciones de los 3 servidores públicos […] no cumplieron con el criterio de “empleo equivalente” […]; [y] iv) la CNSC no es competente ni pretender efectuar juicios de legalidad sobre los actos administrativos de incorporación emitidos por […]» esa cartera.

2.3.2 Ente actor (f. 310). Por conducto de su apoderada, reiteró los planteamientos que expuso en la demanda y agrega que los señores Góngora Sánchez y Gil Santos se desvincularon de esa cartera, por lo que ya iniciaron, ante la CNSC, el trámite de cancelación de los derechos de registro de carrera; al paso que el señor Giraldo Forero actualmente es titular del empleo de profesional especializado 2028-15, con derechos de carrera en el de profesional universitario 3020-12, que en la nueva nomenclatura corresponde a profesional universitario 2044-09.

2.3.3 Ministerio Público (ff. 311 a 322). La señora procuradora segunda delegada ante esta Corporación presentó concepto en el que solicita negar las pretensiones, por cuanto la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1173 de 1999, aplicables para la fecha de incorporación de los litisconsortes en la planta de personal de la actora, prevén que esta se debe realizar en empleos equivalentes, lo que se echa de menos en el asunto sub judice, motivo por el cual la CNSC no podía actualizar ese registro.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del numeral 2 del artículo 149 del CPACA, esta Colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en las cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

3.2 Problema jurídico. Se contrae a determinar si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas citadas en la demanda, y, en consecuencia, si le asiste derecho a los señores José Francisco Góngora Sánchez, Luz Mila Gil Santos y José Alberto Giraldo Forero a que la incorporación que hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los empleos creados en virtud de la modificación de la planta de personal, sea incluida y actualizada en el registro público de carrera administrativa que gestiona la CNSC.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

En primer lugar, cabe recordar que el artículo 125 de la Carta Política prevé que «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley».

Para administrar, vigilar y coordinar de manera uniforme el régimen de carrera de los servidores que ingresen al servicio público (excluidos los que se vinculen a uno de los sistemas de carrera especial), el constituyente creó la Comisión Nacional del Servicio Civil, «[…] órgano autónomo e independiente […] ajeno a las influencias de otras instancias del poder público, para asegurar que el sistema de concurso de méritos para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, se lleve a cabo de manera transparente, idónea e imparcial, conforme con los postulados constitucionales y legales que regulan la materia. El propósito constitucional, por lo tanto, es asegurar que los procesos de selección de personal se adelanten sin presiones de ninguna clase y lejos de los intereses políticos o burocrático».

A través de la Ley 443 de 11 de junio de 1998, el legislador expidió normas sobre carrera administrativa, que en lo concerniente al registro único de esta, preceptuó:

ARTICULO 26. REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Créase el registro público de la carrera administrativa, el cual estará conformado por todos los empleados inscritos o que se llegaren a inscribir. La administración y organización de este registro público corresponderá a la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien para el efecto se apoyará en el Departamento Administrativo de la Función Pública.
[…]

ARTICULO 27. INSCRIPCION Y ACTUALIZACION. La inscripción y/o actualización consistirá en la anotación en el Registro Público del nombre, sexo y documento de identidad del empleado, el empleo en el cual se inscribe o efectúa la actualización, el nombre de la entidad, el lugar en el cual desempeña las funciones, la fecha de ingreso al registro, y el salario asignado al empleo.
La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará las inscripciones y/o actualizaciones en el Registro Público.

Conforme a lo anotado, el registro público de carrera administrativa contiene toda la información formal, histórica, consecutiva, laboral y funcional de los servidores públicos que han adquirido derechos de carrera en uno de los sistemas administrados por la CNSC (valga recordar, los generales y específicos).

Ahora bien, en aquellos eventos en los que, con ocasión de la modificación de la planta de personal de entidades u organismos del Estado, se supriman cargos de carrera, los servidores afectados «[…] podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes […]», siempre que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal y se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño, caso en el cual continuarán con los derechos de carrera que tenían al momento de la supresión de su empleo y les será actualizada su inscripción.

La anterior disposición (Ley 443 de 1998) fue reglamentada por el Decreto 1572 de 5 de agosto de 1998, que frente al precitado registro público de carrera administrativa, previó:

Artículo 91º.- La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará la inscripción y actualizaciones en el Registro Público del personal de las entidades del orden nacional y las Comisiones Departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, las de los empleados de su jurisdicción. Todos estos registros conformarán el registro público de la carrera administrativa. […]

Artículo 93º.- Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales serán actualizadas cuando hubiere lugar a ello en relación con el nuevo empleo ejercido por el inscrito, y las inscripciones no vigentes por retiro de los empleados de la carrera.
[…]

Artículo 97º.- Al empleado inscrito en la carrera administrativa que cambie de empleo por ascenso, traslado, incorporación, o cuyo ingreso sea ordenado judicialmente, le será actualizada su inscripción en el Registro Público de la Carrera [subraya la Sala].

De acuerdo con lo expuesto, recae en la CNSC la inscripción y actualización del mencionado registro, que, en los casos de incorporación, debe verificar que tanto el empleo suprimido como aquel al cual se va a vincular, sean equivalentes.

Al respecto, el artículo 158 del Decreto 1572 de 1998 (modificado por el 1º del Decreto 1173 de 29 de junio de 1999) estableció:

Se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tienen funciones iguales o similares, para su ejercicio se exijan requisitos de estudio y de experiencia iguales o similares y cuando la asignación básica de aquél no sea inferior a la de éste [destaca la subsección].

Así las cosas, si bien la normativa autoriza la incorporación de los servidores públicos de carrera cuyos cargos sean suprimidos a otros dentro de la misma entidad, lo cierto es que dicha prerrogativa no es automática ni depende exclusivamente de la voluntad del empleador o el trabajador, pues, en todo caso, está supeditada al estudio de las respectivas condiciones por parte de la CNSC, entre ellas, la de equivalencia, esto es, que exista identidad (o cuando menos similitud) de responsabilidades a cargo, requisitos académicos y experiencia laboral.

Posteriormente, con la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 se derogó expresamente la 443 de 1998, pero mantuvo, en esencia, lo concerniente a las funciones de la CNSC, la incorporación de servidores públicos y el registro público de carrera administrativa.

Por su parte, el Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley  HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861" \l "0" 909 de 2004 y el Decreto-ley  HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246" \l "0" 1567 de 1998», sobre los mismos temas determinó:

ARTÍCULO  45. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales serán actualizadas cuando hubiere lugar a ello y las no vigentes por retiro de los empleados de la carrera.
[…]

Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones administrativas que permitan la actualización del registro o su cancelación definitiva.

ARTÍCULO  46. Las solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente por el jefe de la unidad de personal o por quien haga sus veces de la entidad en donde el empleado presta sus servicios.

ARTÍCULO  47. Al empleado inscrito en carrera administrativa que cambie de empleo por ascenso, traslado, incorporación, reincorporación, se le deberá actualizar su inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa.
[…]

ARTÍCULO  49. […]

PARÁGRAFO. La Comisión Nacional del Servicio Civil revisará la información a que se refiere el presente artículo y dispondrá la correspondiente actualización en el Registro cuando se haya dado cumplimiento a las normas que rigen la materia.
[…]

ARTÍCULO  89. [ HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=20355" \l "0" modificado por el Decreto 1746 de 2006] Se entenderá por empleos equivalentes aquellos que sean similares en cuanto a funciones, requisitos de experiencia, estudios, competencias laborales y tengan una asignación salarial igual [se subraya].

En este orden de ideas, las funciones de la CNSC relacionadas con la administración del registro público de carrera administrativa son propias, independientes y regladas, y no afectan ni se inmiscuyen en las decisiones propias de las entidades que optan por modificar su planta de personal e incorporar a los empleados que estimen, de acuerdo con las necesidades del servicio y los estudios técnicos previos que hayan adelantado para tal propósito.

Agrégase a lo anterior que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que la función de administración y vigilancia del régimen general de carrera administrativa asignada a dicho órgano es de carácter indivisible, en cuanto no puede ser disgregada para ser compartida con otras entidades, pues no fue ese el deseo del constituyente. En ese contexto, es claro que ningún ente público o privado puede tener injerencia en la responsabilidad de la CNSC.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

Documento denominado «JUSTIFICACI[Ó]N REESTRUCTURACI[Ó]N 2001» (ff. 3 a 32), por el que la dirección general de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta, entre otros informes, el estudio técnico para el «PROGRAMA DE ADOPCI[Ó]N DE PLANTA DE PERSONAL» de esa cartera, en la que propone la creación de «[…] los cargos necesarios para continuar con el cumplimiento de [las] funciones dentro de la nueva estructura».

Oficio de 14 de junio de 2007, por medio del cual la subdirección de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pide de la CNSC inscribir y actualizar el registro público de carrera administrativa de los señores José Alberto Giraldo Forero, José Francisco Góngora Sánchez y Luz Mila Gil Santos (ff. 123 a 127), para lo cual adjunta los siguientes documentos:

Del señor José Alberto Giraldo Forero:

Certificación de 22 de noviembre de 1996 de la CNSC, en la que consta que fue inscrito en el aludido registro, el 24 de septiembre de ese año, en el cargo de coordinador, código 5005, grado 23, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f. 129).

Resolución 912 de 26 de mayo de 1997, mediante la cual se nombra al señor Giraldo Forero, en período de prueba, en el empleo de profesional universitario 3020-12, quien hasta esa fecha desempeñó el de coordinador 5005-23 de la dirección general de crédito público del precitado Ministerio, posesionado el 28 siguiente (ff. 132 a 134).

Resolución 2488 de 10 de noviembre de 2000 (ff. 152 a 155), que contiene el manual de funciones de los empleos del Ministerio demandante, que frente al de profesional universitario 3020-12 de la división de registro de la deuda, preceptuó que le corresponde preparar informes sobre la deuda pública externa, emitir concepto sobre las solicitudes de gestión externa y registrar asunciones de deuda. De igual modo, exige formación profesional en economía, finanzas y relaciones internacionales, ingenierías industrial o de sistemas o contaduría pública, así como 24 meses de experiencia relacionada.

Decreto 772 de 3 de mayo de 2001, a través del cual la demandante modifica su planta de personal, en el sentido de suprimir, entre otros, seis (6) empleos de profesional universitario 3020-12, y crear siete (7) de profesional especializado 3010-18.

Oficio 4473 de 7 de mayo de 2001, por cuyo conducto el Departamento Administrativo de la Función Pública «[…] imparte autorización general para efectuar la incorporación de los empleos a la nueva planta de personal dada al Ministerio mediante decreto 772 […]», entre ellos, cuatro (4) plazas de profesional especializado, código 3010, grado 18 (ff. 42 y 43).

Resolución 849 de 7 de mayo de 2001, por la que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorpora y ubica en la planta de personal al señor José Alberto Giraldo Forero, en el empleo de profesional especializado 3010-18, adscrito a la división de servicio de la deuda (ff. 44 a 47).

Acta 95 de 7 de mayo de 2001, que da cuenta de que el aludido servidor, quien previamente ocupaba el cargo de profesional universitario 3020-12, se posesionó en esa fecha como profesional especializado 3010-18 de la dirección general de crédito público, de acuerdo con lo dispuesto en Resolución 849 del mismo año (f. 141).

Resolución 848 de 7 de mayo de 2001 (ff. 142 a 149), «Por la cual se establece el manual Específico de Funciones y requisitos para los diferentes cargos de la Planta de personal de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público», que para el de profesional especializado 3010-18 de la división de servicio de deuda, prevé (i) formación universitaria en economía, ingeniería industrial, finanzas y relaciones internacionales o administración pública, (ii) postgrado en finanzas o áreas relacionadas, (iii) experiencia relacionada de nueve (9) meses, (iv) cuyas funciones específicas y responsabilidades se contraen, principalmente a «Preparar, controlar y ejecutar el presupuesto de la cuenta especial de deuda externa [y] Coordinar la información sobre las condiciones financieras y liquidaciones presentadas por las entidades correspondientes en las cuantas de cobros de los créditos administrados […]».

Certificación laboral proveniente de la subdirección de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que informa que el señor Giraldo Forero (i) presta sus servicios desde el 14 de julio de 1993, (ii) «[…] mediante Resolución 849 del 7 de mayo de 2001 fue incorporado al cargo de Profesional Especializado 3010-18, cargo considerado equivalente a aquel para el cual fue nombrado en período de prueba» (el de profesional universitario 3020-12), y (iii) «[…] actualmente es titular del cargo de Profesional Especializado 2028-15 […]» (ff. 150 y 151).

Respecto de la señora Luz Mila Gil Santos:

Constancia de 24 de mayo de 1999 de la CNSC, en la que figura que fue inscrita en el registro público de empleados de carrera administrativa el 12 de los mismos mes y año, en el empleo de profesional universitario, código 3020, grado 12, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f. 158).

Resolución 2490 de 10 de noviembre de 2000 (ff. 168 a 170), que contiene el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la secretaría administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en lo atañedero al profesional universitario 3020-12 de la oficina de sistemas, exige acreditar (i) título profesional en ciencias de la computación, ingeniería de sistemas, sistemas, sistematización, sistemas y computación, sistemas y computadores, sistematización de datos, sistemas de información o ingeniería de sistemas y computación; y (ii) veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. Asimismo, fija como funciones «Analizar […] los requerimientos para el desarrollo de los sistemas de información de la Secretaría Administrativa, Elaborar diseños lógicos físicos necesarios para la construcción de los sistemas de información de la Secretaría Administrativa […]», entre otras.

Decreto 1116 de 24 de mayo de 2002, mediante el cual el mencionado Ministerio suprime de su planta de personal el empleo de profesional universitario 3020-12 (artículo 1º) y crea el de profesional especializado 3010-18 (artículo 2º), entre otros, trámite avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 28 de mayo de 2002 (ff. 108 a 117).

Resolución 949 de 28 de mayo de 2002 (ff. 164 a 167), «Por la cual se establece el manual Específico de Funciones y Requisitos Mínimos para los diferentes cargos de la planta de personal de la Dirección General de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público», que para el de profesional especializado 3010-18 de la subdirección de ingeniería de software, consignó como requisitos nueve (9) meses de experiencia relacionada y título de ingeniero de sistemas, cuyas obligaciones están dirigidas especialmente a manejar y optimizar los sistemas de información e ingeniería de software.
Resolución 958 de 28 de mayo de 2002, por medio de la cual la parte demandante incorpora a la señora Luz Mila Gil Santos al cargo de profesional especializado 3010-18 (ff. 118 a 121).

Acta 95 de 29 de mayo de 2002, que da cuenta de que dicha servidora se posesionó en esa fecha como profesional especializado 3010-18 de la dirección general de tecnología, de acuerdo con lo dispuesto en Resolución 958 del mismo año (f. 163).

Frente al señor José Francisco Góngora Sánchez:

Resolución 5457 de 26 de octubre de 1990, por la que el entonces Departamento Administrativo del Servicio Civil lo inscribió en el escalafón de carrera administrativa en el empleo de conductor mecánico, código 6010, grado 06, adscrito a la dirección general de servicios administrativos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f. 173).

Resolución 11935 de 22 de julio de 1996, por cuyo conducto la CNSC actualiza la inscripción en el escalafón de carrera en el cargo de conductor mecánico, 5310-15, en virtud de un ascenso (f. 174).

Manual de funciones, contenido en la Resolución 2491 de 10 de noviembre de 2000, que sobre el empleo de conductor mecánico 5310-15, precisa que está adscrito a la dirección general de apoyo fiscal, requiere de cuatro (4) años de educación básica secundaria aprobados y veinticuatro (24) meses de experiencia especializada, cuyas responsabilidades están dirigidas a la operación y conservación de los vehículos asignados y realizar las diligencias que se les encomiende (ff. 184 a 186).

Decreto 2192 de 17 de octubre de 2001, por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual suprime, entre otros empleos, los de conductor mecánico 5310-15, y crea los de auxiliar administrativo 5120-18 (7 plazas), cuya incorporación fue autorizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con oficio 9339 de 18 de los mismos mes y año (ff. 64 a 72).

Resolución 2187 de 19 de octubre de 2001, a través de la cual la cartera accionante incorporó al señor José Francisco Góngora Sánchez al empleo de auxiliar administrativo 5120-18 de la planta de personal creada por el Decreto citado en el apartado precedente (ff. 73 a 75).
Acta 215 de 19 de octubre de 2001, en la que consta que dicho servidor se posesionó en esa fecha como auxiliar administrativo 5120-18 de la dirección administrativa (f. 179).

Resolución 2182 de 19 de octubre de 2001 (ff. 180 a 182), que contiene el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la dirección administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en lo concerniente al auxiliar administrativo 5120-18 del despacho de la subdirección financiera, al que le corresponde actualizar, certificar y atender todo lo relacionado con los registros por pagos a municipios y resguardos desde el año 2000, debe demostrar doce (12) meses de experiencia relacionada y título de bachiller.

Certificación laboral proveniente de la subdirección de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que informa que el señor Góngora Sánchez presta sus servicios desde el 20 de agosto de 1989 y «[…] actualmente es titular del cargo de Auxiliar Administrativo 4044-18 […]» (f. 183).

Oficio 10796 de 7 de junio de 2009, por el que la CNSC solicitó de la demandante documentación adicional para continuar con el trámite de actualización del registro público de carrera administrativa (ff. 15 a 25).

Resolución 1411 de 18 de julio de 2014, mediante la cual la accionada niega la actualización del mencionado registro de los señores Góngora Sánchez y Gil Santos en los empleos de auxiliar administrativo 5120-18 y profesional especializado 3010-18, respectivamente (artículo 1º).

En relación con el señor Góngora Sánchez, advierte que «[…] al analizar la igualdad y/o equivalencia de los empleos Conductor Mecánico y Auxiliar Administrativo, se encontró que […] tiene[n] asignadas funciones para su desempeño diferentes, pues si bien ambos […] son del nivel asistencial, las funciones del Conductor Mecánico son operativas, mientras que […] del Auxiliar Administrativo son administrativas, en consecuencia no se presenta el concepto de empleo equivalente».

En cuanto a la señora Gil Santos, colige que si bien entre los cargos de profesional universitario 3020-12 y profesional especializado 3010-18 hay funciones similares, «[…] los requisitos de estudio son diferentes, al igual que el […] de experiencia, pues para el [primero] se requiere título de formación universitaria y experiencia de 24 meses, mientras que para el [segundo, adicionalmente,] título de postgrado y sólo nueve (9) meses de experiencia específica relacionada».

Resolución 1463 de 22 de julio de 2004 (ff. 203 a 205 vuelto), por cuyo conducto el organismo accionado niega «[…] la actualización del Registro Público de Carrera Administrativa del servidor Público JOSÉ ALBERTO GIRALDO FORERO, […] en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 3010, Grado 18, y en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 3010, Grado 15 […]» (sic), al estimar que «[…] las incorporaciones realizadas […] no cumplen con el criterio de empleo equivalente», puesto que el profesional universitario 3020-12 (que desempeñaba previamente y en el que tiene derechos de carrera) solo exige título de formación universitaria, al paso que el de profesional especializado 3010-18 pide, además de este, postgrado en áreas afines; además, las obligaciones asignadas al primero «[…] son más elementales que las [del segundo], pues […] requieren de conocimientos en formación avanzada».

Asimismo, concluye que los empleos de profesional especializado 3010-18 y 3010-15 «[…] exigen requisitos diferentes a los exigidos para desempeñar [el de profesional universitario 3020-12], y así también difieren en cuanto a las funciones», por lo que al no existir equivalencia, no procede la actualización reclamada.

Resolución 2260 de 29 de octubre de 2014, por medio de la cual la CNSC confirma los actos administrativos citados en precedencia, por las mismas razones allí consignadas.

Agrega que no «[…] desatendió el principio de irretroactividad de la Ley, como lo señala la representante del Ministerio, pues es claro que cada un[a] de las solicitudes se analizó a la luz de la disposición -de carácter general- contenida en el Decreto 1173 de 1999, norma que a las claras era aplicable […] por encontrarse vigente al momento de las incorporaciones irregulares, para efectos de registro».

De igual modo, aclara que «[…] no interfiere en los asuntos internos de la entidad respecto a la movilidad laboral de los servidores públicos, salvaguarda el cumplimiento de las normas de carrera administrativa, en este caso la aplicabilidad de las normas respecto al concepto de empleo equivalente para cada época en que se surtan las incorporaciones y, de esta manera garantizar los derechos de carrera administrativa […]».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aras de mejorar el servicio a su cargo y adecuarse a las exigencias actuales que imponen las actividades que desarrolla, modificó, a través de diferentes actos administrativos, entre ellos los Decretos 772 de 3 de mayo y 2192 de 17 de octubre de 2001 y 1116 de 24 de mayo de 2002, la planta de personal, para lo cual suprimió algunos empleos y, concomitantemente, creó otros; (ii) dentro de los cargos suprimidos se encontraban los de profesional universitario 3020-12, conductor mecánico 5310-15 y profesional universitario 3020-12, que eran desempeñados en carrera administrativa por los señores José Alberto Giraldo Forero, José Francisco Góngora Sánchez y Luz Mila Gil Santos, en su orden; (iii) los mencionados servidores fueron luego incorporados a la planta de personal de la aludida cartera, en su orden, en los empleos de profesional especializado 3010-18 y 3010-15, auxiliar administrativo 5120-18 y profesional especializado 3010-18; y (iv) mediante oficio de 14 de junio de 2007, ese Ministerio solicitó de la CNSC la actualización del registro público de carrera administrativa respecto de los anteriores funcionarios, negada a través de Resoluciones 1411 de 18 de julio, 1463 de 22 de julio y 2260 de 29 de octubre, todas de 2014, al estimar que los requisitos de ingreso a los cargos suprimidos frente a los que se dio la incorporación, no resultan equivalentes.

En primer lugar, se precisa que las normas aplicables en el asunto sub judice son la Ley 443 de 1998 y los Decretos 1572 del mismo año y 1173 de 1999, pues eran las vigentes para la fecha en que la actora incorporó a los litisconsortes a la nueva planta de personal (años 2001 y 2002), situación que aceptan los extremos procesales y que dieron lugar a la expedición de las Resoluciones demandadas, motivo por el cual se descarta, de entrada, la alegada «Violación por infracción de las normas en que debía fundarse derivada del desconocimiento de los principios generales del derecho», invocada en la demanda.

En el asunto sub examine, la parte accionante alega que los actos enjuiciados devienen ilegales, por cuanto, ante la modificación de su planta de personal, incorporó a los señores José Alberto Giraldo Forero, José Francisco Góngora Sánchez y Luz Mila Gil Santos en los nuevos empleos, por lo que procedía su inscripción en el registro de carrera, como lo imponía el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y los Decretos 2504 y 2505 de 1998, de manera que estaba facultada para «[…] realizar esa incorporación […] en cualesquiera cargos de la planta que se hubieran creado por necesidades del servicio».

En tal sentido, se advierte que no le asiste razón al Ministerio demandante en su dicho, comoquiera que, según lo afirma la CNSC, la actualización en el registro de carrera no es consecuencia directa y necesaria de la incorporación del respectivo servidor, sino que está sometida a la autorización de ese organismo, a cuyo cargo se encuentra la verificación de que las funciones laborales y requisitos académicos y de experiencia fueran análogos con los del empleo del que fue retirado como consecuencia de la supresión, estudio que se realizó ampliamente en los actos administrativos acusados y que dio lugar a establecer la imposibilidad de modificar los registros. Es más, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 (que estima el Ministerio se interpretó de manera errada por la accionada) es claro en establecer que la incorporación es procedente cuando se trata de cargos equivalentes, condición que no se colmó.

Tampoco es viable dar el alcance que pretende la actora a los Decretos 2504 y 2505 de 10 de diciembre de 1998, pues si bien estos prevén la posibilidad de que las entidades que suprimen empleos de su planta decidan el procedimiento para incorporar a los servidores que consideren pertinentes, a quienes seguidamente se les debe actualizar la inscripción en el registro, ello no significa que sea un permiso para obviar u omitir el estudio que debe adelantar la CNSC, al paso que las autorizaciones que emitió el Departamento Administrativo de la Función Pública no fueron para ingresar a los precitados señores a su nueva planta de personal, sino para avalar los trámites «[…] de provisión de empleos o movimientos de personal […] como resultado de un proceso de reestructuración, fusión o supresión […]», en los que por demás ese organismo anotó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público «[…] se hace responsable de la calificación de excepcionalidad en los términos del Decreto 2505 de 1998, igualmente, del cumplimiento del artículo 1º del Decreto 2504 de 1998, en materia de provisión de cargas de carrera» (f. 43), como se evidencia de las pruebas aportadas por las partes.

En lo atañedero a la presunta «[…] ilegalidad generada en la interpretación errónea de las normas en que se fundan los actos administrativos demandados», fundado en que la experiencia igual o similar permite un margen de movilidad por parte del empleador, aunque la normativa no introdujo ningún lineamiento que definiera los términos «igual o similar» al referirse a las responsabilidades, estudios y experiencia de quien va a ser incorporado, lo cierto es que en el sub lite resulta evidente que no se cumplieron tales condiciones.

En efecto, frente al señor José Alberto Giraldo Forero, se encuentra:

Profesional universitario 3020-12 - registro vigente (Resolución 2488 de 10 de noviembre de 2000)
Profesional especializado 3010-18 - que se pretende actualizar (Resolución 848 de 7 de mayo de 2001)
Funciones
En términos generales, correspondientes a actividades de preparación de informes y conceptos sobre deuda externa.

Preparar, controlar y ejecutar el presupuesto de la cuenta especial de deuda externa; coordinar la información sobre las condiciones financieras y liquidaciones presentadas por las entidades correspondientes en las cuantas de cobros de los créditos administrados; etc.
Requisitos académicos
Título universitario en economía, finanzas y relaciones internacionales, ingenierías industrial o de sistemas y contaduría.

Formación universitaria en economía, ingeniería industrial, finanzas y relaciones internacionales o administración pública.
Formación avanzada en finanzas y/o áreas relacionadas.
Experiencia
24 meses de experiencia profesional relacionada
9 meses de experiencia profesional relacionada

En lo referente a la señora Gil Santos, se observa:

Profesional universitario 3020-12 - registro vigente (Resolución 2490 de 10 de noviembre de 2000)
Profesional especializado 3010-18 - que se pretende actualizar (Resolución 949 de 28 de mayo de 2002)
Funciones
En términos generales, correspondientes a actividades de manejo y asesoría sobre los sistemas de información de la secretaría administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Desarrollar e implantar los sistemas de información e ingeniería de software, etc.
Requisitos académicos
Título universitario en ciencias de la computación, ingeniería de sistemas, sistemas, sistematización, sistemas y computación, sistemas y computadores, sistematización de datos, sistemas de información, ingeniería de sistemas o computación.
Formación universitaria en ingeniería de sistemas.

Formación avanzada o de postgrado en áreas afines.
Experiencia
24 meses de experiencia profesional relacionada
9 meses de experiencia profesional relacionada

Hasta aquí, no puede pregonarse similitud entre los mencionados empleos, habida cuenta de que si bien tienen funciones, en principio, análogas, lo cierto es que el de profesional universitario solo exige título profesional, y el de profesional especializado requiere adicionalmente otro de formación avanzada o postgrado, lo que sugiere el mayor nivel de conocimientos del segundo, amén de la experiencia laboral que debe tener, relacionada con esa experticia más exigente.

En el caso del señor Góngora Sánchez, se tiene:

Conductor mecánico 5310-15 - registro vigente (Resolución 2491 de 10 de noviembre de 2000)
Auxiliar administrativo 5120-18 - que se pretende actualizar (Resolución 2182 de 19 de octubre de 2001)
Funciones
Operación y conservación de los vehículos asignados y realizar las diligencias que se les encomiende
Llevar y mantener actualizados registros, preparar certificaciones, atender requerimientos y archivar lo correspondiente a pagos a municipios y resguardos desde el año 2000 en adelante.
Requisitos académicos
4 años de educación básica secundaria
Título de bachiller
Experiencia
24 meses de experiencia
12 meses de experiencia relacionada

Revisado el anterior comparativo, es evidente que no existe ninguna semejanza entre los empleos contrastados, pues mientras que el conductor mecánico es operativo, encargado de labores de conducción de vehículos oficiales y mensajería, el de auxiliar concierne a actividades administrativas, lo que justifica, además, el nivel de educación que para uno y otro caso se exige, que sin duda no son equiparables.
A partir de lo anterior, no se pueden reprochar las decisiones del organismo demandado para negar las actualizaciones en el registro público de carrera administrativa, dado que, como se vio, las incorporaciones no colmaron las condiciones, por lo menos desde el punto de vista del sistema de carrera que aquel administra y vigila, para tal fin.

Hay que decir que la posición de la CNSC no se traduce en la ilegalidad de los actos administrativos de incorporación emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues, se insiste, el estudio efectuado por aquella solo está dirigido a verificar la equivalencia entre los empleos suprimido e incorporado de los respectivos servidores.

Por otra parte, no se encuentra que la negativa de actualizar el registro público de carrera administrativa desconozca instrumentos internacionales, pues estos, en todo caso, remiten a la normativa interna aplicable, al paso que el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo 158 de 1982 y la recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo 119 de 1963 de la OIT promueven la protección del trabajador cuando medie la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador, lo que no acontece en este litigio.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados fueron expedidos con apego al orden jurídico vigente, por consiguiente, se negarán las súplicas de la demanda.

Por último, no se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma (artículo 188 del CPACA).

En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Ministerio Público,

FALLA:

1º. Niéganse las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), conforme a la parte motiva.

2º. Sin condena en costas.

3º. En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
«El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.
[…]».
«Al respecto la jurisprudencia ha identificado los regímenes de las universidades estatales (art. 69 CP), de las Fuerzas Militares (art. 217 CP), de la Policía Nacional (art. 218 CP), de la Fiscalía General de la Nación (art. 253 CP), de la Rama Judicial (art. 256-1 CP), de la Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 266 CP), de la Contraloría General de la República (art. 268-10 CP) y de la Procuraduría General de la Nación (art. 279 CP)». Sentencia de 29 de mayo de 2020, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2018-00605-00 (2577-18).
Artículo 130 de la Constitución Política: «Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial».
Sentencia C-471 de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa.
Artículo 4º de la Ley 443 de 1998: «Estos son los que rigen para el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-; en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec; en la Registraduría Nacional del Estado Civil; en la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales; los que regulan la carrera diplomática y consular y la docente […]».
Artículo 39 ibidem, «DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESION DEL CARGO».
«Por el cual se modifica el artículo 158 del Decreto 1572 de 1998».
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones».
Ver sentencias C-476 de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, y C-183 de 2019, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(i) Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, C. P. César Palomino Cortés, fallo de 31 de enero de 2019, expediente 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-16); y (ii) concepto 2307 de 19 de agosto de 2016, sala de consulta y servicio civil, C. P. Germán Alberto Bula Escobar.
No contiene fecha de elaboración.
«Por el cual se modifican los artículos 2, 4 y 12 (transitorio), 130, 131, 135, 149, 151, 154, 155 y 156 del Decreto 1572 de 1998».
«Por el cual se dictan disposiciones en materia de administración de personal».
La formación avanzada hace referencia a los títulos de postgrado otorgados por universidades con una duración no menor de un año. Ver, entre otros, fallo de 27 de junio de 2013, Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-25-000-2010-00187-01 (1880-12).
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

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