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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2016-00158-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00158-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00158-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por La Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM (liquidada). A su turno, DECLARAR probada la 56 Número Interno: 0737-2016 Demandante: Fabián Federico Montes Medina Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos sancionatorios del veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), mediante el cual, la Oficina de Control Interno Disciplinario (Secretaría General) de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM sancionó disciplinariamente al señor Fabián Federico Montes Medina con el correctivo de destitución e inhabilidad general por once (11) años, y del fallo del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), expedido por el director general de la entidad, en virtud del cual se confirmó parcialmente la decisión primigenia, de conformidad con las consideraciones arriba expuestas. TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación a que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades - SIRI- y, en consecuencia, proceda a eliminar todas las anotaciones de la sanción impuesta al señor Fabián Federico Montes Medina, por lo expuesto. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. Sin condena en costas. SEXTO. RECONOCER PERSONERÍA a la señora Yamile Ospina Sáenz, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 52.557.505, abogada portadora de la tarjeta profesional Nº. 195.224 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder conferido por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. SÉPTIMO. Aceptar la renuncia al poder presentada por el señor Camilo Andrés Prieto Jaimes71 y, en consecuencia, RECONOCER PERSONERÍA al señor Gabriel Ricardo Cardozo de los Ríos, mayor edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.117.549.519, abogado portador de la tarjeta profesional Nº. 387.676 del Consejo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00158-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00158-00 (0737-2016)1
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (Caja
de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom
E.I.C.E. en liquidación) y Fiduciaria La Previsora S.A.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario (sanción de destitución e inhabilidad)
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el señor Fabián Federico Montes Medina contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social – CAPRECOM E.I.C.E en liquidación y
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del PAR – CAPRECOM.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contentivo del fallo
disciplinario del veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), mediante el cual,
la Oficina de Control Interno Disciplinario (Secretaría General) de la Caja de

1
Expediente híbrido.
2
Cuaderno 1, folios 1-37.

2

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM, lo sancionó disciplinariamente
con el correctivo de destitución e inhabilidad general por once (11) años, y del fallo
del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), expedido por el director general de la
entidad, en virtud del cual se confirmó parcialmente la decisión primigenia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada a: (i) reintegrar al señor
Fabián Federico Montes Medina al cargo de director de la Regional Bolívar; (ii)
pagar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir,
desde la fecha de “declaratoria de insubsistencia” (sic), hasta que se produzca el
reintegro; (iii) condenar al pago de perjuicios morales causados al demandante y a
su esposa, por el valor de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
para cada uno, “por el hecho de haber sido sometido injustamente a un proceso disciplinario ”; y
(iv) oficiar a la autoridad competente “para cancelar la sanción disciplinaria”.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que, en contra del señor Fabián Federico Montes Medina, se adelantó una
actuación disciplinaria, en su calidad de director de la Regional Bolívar, por parte de
la oficina de control interno disciplinario de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM. Señaló que, mediante auto del diecisiete (17) de
febrero de dos mil nueve (2009), la oficina de control interno disciplinario le formuló
pliego de cargos en el pliego, dentro del cual se incluyeron cinco (5) cargos, por
hechos relacionados con irregularidades en procesos de contratación.

3.1. Asimismo, se le endilgaron cargos por hechos relacionados con: la omisión para
crear, en su condición de Director Territorial de la Regional Bolívar, el Comité de
Contratos y Licitaciones, de conformidad con lo ordenado en la Resolución Nº 2799
de 2003; por no velar por el estricto cumplimiento del contrato de administración
suscrito el dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005) con la Inmobiliaria
Andina Ltda.; por la no presentación y pago oportuno del impuesto de retención de
industria y comercio correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006; y la no
realización de ningún trámite relacionado con el proceso de recobros, omitiendo lo
contemplado en el Manual de Procesos y Procedimientos de Régimen Subsidiado
– Gestión de Control de Cuentas y Recobros de la entidad demandada.

3
Cuaderno 1, folios 1-37.

3

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

4. Explicó que, los operadores disciplinarios, al formular cargos, se basaron en
normas que no estaban vigentes al momento de la suscripción de los contratos,
como fue el caso de la Resolución Nº. 2800 de 2003, la cual, en sus términos, perdió
fuerza vinculante en el año dos mil siete (2007). Precisó que, para la fecha de
ocurrencia de los hechos, resultaba aplicable la Ley 1122 de 2007, cuyo objeto se
inscribía en el campo de la salud, atendiendo a lo establecido en la Ley 100 de 1993.
Anotó que, la observancia de dicha Ley empezó a partir de su entrada en vigor, esto
es, en enero de dos mil siete (2007), y que en el artículo 45 ibidem se dispuso que
el régimen de contratación de las empresas promotoras del servicio de salud del
régimen subsidiado y contributivo, de carácter público, era el previsto para las
empresas sociales del Estado, es decir, aquel contenido en el derecho privado.

5. Indicó que, en el marco del proceso, alegó la “falta de violación de las normas citadas
como violadas”, al sostener que las actuaciones del actor estuvieron amparadas en la

Ley 1122 de 2007 y en la Ley 100 de 1993. No obstante, reprochó que, aunque el
operador disciplinario reconoció “un cambio para el régimen de contratación al interior de
CAPRECOM”, dicho cambio operó sólo a partir de la expedición de la Resolución Nº.

569 de 2008, con la cual se derogaron las disposiciones anteriores en materia
contractual, entre ellas, el manual de contratación adoptado en dos mil tres (2003).
Advirtió que las demás normas invocadas, como aquellas de la Ley 80 de 1993, no
eran aplicables para la entidad, “sobre todo en lo que respecta a la celebración de contratos
relacionados con la actividad que desarrolla como empresa industrial y comercial (…) ”.

6. Adujo que, en la segunda instancia, la entidad cambió el argumento expuesto por
el operador de primer grado, en punto a que la Resolución Nº. 2800 de 2003 no
podía superponerse a la Ley 1122 de 2007. Además, resaltó que, se le aplicó la Ley
1150 de 2007, cuando la misma no había entrado en vigor. Con ello, sostuvo que:
“se empeñó CAPRECOM, a través de sus funcionarios investigadores, en establecer que la Ley
1150 de 2007 es aplicable a CAPRECOM en cuanto al régimen de contratación cuestionado y, que
el procedimiento establecido en dicha ley, como es la selección abreviada, se convertía en el
procedimiento contractual que debió utilizarse para la contratación de la territorial Bolívar ”.

7. Expuso que los argumentos invocados por las autoridades disciplinarias eran
“totalmente falsos y amañados”, por dos (2) razones: (i) porque la Ley 1150 de 2007

4

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

entró en vigor seis (6) meses después de su promulgación, fecha posterior a la
celebración de los contratos que originaron la investigación; y (ii) porque dicha
norma no fue mencionada como violada para estructurar los cargos formulados, “ por
lo que mal hicieron en fundamentar la decisión en una norma diferente a las citadas (…) ”. Aseveró

que, al fundarse la decisión en una norma distinta, que además no estaba vigente,
constituía una flagrante violación al principio de legalidad y al debido proceso.

8. Adujo que, resultaba cuestionable la dosificación de la sanción realizada por la
segunda instancia, comoquiera que, se mantuvo igual a la determinada por el
operador de primer grado, a pesar de que se terminó sancionando por solo uno de
los tres cargos que se acreditaron en el fallo de primera instancia. Aunado a ello,
cuestionó el exiguo análisis frente a las causas de exclusión de responsabilidad
disciplinaria que fueron invocadas, como fue el caso de la prevista en el numeral 6º
del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, en la medida en que, según sostuvo, el
disciplinado actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituía falta disciplinaria, pues, siempre consideró que estaba ajustada a la ley.

9. Manifestó que, en todo el íter disciplinario, se le vulneraron las garantías del
debido proceso, y del derecho de defensa y contradicción, habida cuenta que: el
pliego de cargos no se le notificó en debida forma; se rechazaron las pruebas
testimoniales y de oficio solicitadas en la etapa de descargos, alegando el operador
la inconducencia e impertinencia de las mismas; existieron circunstancias que
comprometían la imparcialidad de los operadores; y una de las solicitudes de
nulidad elevadas fue resuelta en el fallo de primera instancia, cuando, según adujo,
bajo la égida del artículo 147 de la Ley 734 de 2002, debía resolverse antes.

1.3. Concepto de la violación4.

10. El demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 6º, 25 y 125 de la Constitución Política de Colombia; y los artículos 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 94, 128, 129, 142, 162, 163 y 165 de la Ley 734 de 2002.

11. Afirmó que, se infringieron las disposiciones constitucionales citadas, toda vez
que, dentro de la actuación disciplinaria, no se le garantizó el debido proceso, y el
derecho de defensa y contradicción al señor Montes Medina. Para ilustrarlo, explicó

4
Cuaderno 1, folios 1-37.

5

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

que el pliego de cargos no se notificó en debida forma, comoquiera que, al haberse
efectuado por funcionario comisionado, debía cumplirse el encargo a cabalidad, es
decir, que quien fuera enterado de la actuación correspondiera al interesado. Anotó
que, también se prescindió del decreto de las pruebas testimoniales solicitadas, las
cuales consideró conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad.
Además, reprochó que el director general de la entidad demandada no se declarara
impedido, teniendo en cuenta que, en distintas ocasiones, “se extendió a un análisis de
fondo y comentarios sobre normas que son tema de debate, llevando un comentario de la defensa a
un plano diferente al que realmente se planteó”, situación que comprometía su objetividad.

12. Indicó que, los operadores se basaron en normas que no estaban vigentes al
momento de suscribirse los contratos que dieron origen a la investigación, como fue
el caso de la Resolución Nº. 2800 de 2003, con lo cual se desconoció, además, que
para ese entonces resultaba aplicable la Ley 1122 de 2007, “norma aplicable a
CAPRECOM por ser una empresa industrial y comercial del Estado, que tiene por objeto operar en
el campo de la salud como EPS y como IPS de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de
1993”. Para ilustrar lo anterior, trajo a colación la siguiente tabla:

Norma Vigencia
Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas Según el artículo 46, rige a partir de su
modificaciones en el Sistema General de promulgación, es decir, el nueve (9) de enero
Seguridad Social en salud y se dictan otras de dos mil siete (2007).
disposiciones.
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se De acuerdo con el artículo 33, empieza a regir
introducen medidas para la eficiencia y la seis (6) meses después de su promulgación,
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan que data del dieciséis (16) de julio de dos mil
otras disposiciones generales sobre la siete (2007).
contratación con recursos públicos.

13. Insistió en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1122
de 2007, las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado y contributivo
públicas tendrían el mismo régimen de contratación de las empresas sociales del
Estado, las cuales, según el artículo 195, numeral 6º, de la Ley 100 de 1993, se
rigen por el derecho privado. Cuestionó que, a juicio de la entidad, dicha norma sólo
resultara aplicable hasta tanto se adoptara el respectivo manual de contratación, lo
cual ocurrió el catorce (14) de marzo de dos mil ocho (2008), de manera que, con
anterioridad, se imponía la aplicación a la Resolución 2800 de 2003. Esta
consideración, en su criterio, desconoció la jerarquía normativa del ordenamiento
jurídico interno, al tratar de sobreponerse una resolución a una Ley.

14. Puntualizó que, al estructurarse el fallo de segunda instancia en disposiciones

6

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Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

de la Ley 1150 de 2007, que entraron en vigor con posterioridad a los hechos
investigados, se presentó una variación de cargos que desconocía lo preceptuado
por el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, que señala: “el pliego de cargos podrá ser
variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia,
por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma
forma del pliego de cargos se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas,
el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original ”.

15. Puso de presente que, la entidad catalogó la conducta investigada como una
falta gravísima, aspecto que resultaba “absolutamente contradictorio” con la realidad
legal de la época de los hechos, en la medida en que, el demandante actuó con
estricto apego al artículo 45 de la Ley 1122 de 2007, en punto al régimen aplicable
a los procesos de contratación adelantados por la entidad demandada. A su turno,
cuestionó que, en la formulación de cargos, se hiciera referencia al hecho de
haberse incumplido los requisitos de la etapa precontractual, previstos en la
Resolución Nº. 2800 de 2003, y las normas del Estatuto General de Contratación
Pública, sin acudirse a ningún cuestionamiento o análisis que permitiera sostener
que se violaron los principios de la función administrativa.

1.4. La contestación de la demanda5.

1.4.1. Fiduciaria La Previsora S.A. (administradora del patrimonio autónomo
de remanentes de CAPRECOM – liquidada)6.

16. Frente a los hechos de la demanda, la accionada sostuvo que: (i) el señor
Montes Medina renunció a la entidad el veintinueve (29) de diciembre de dos mil
ocho (2008), la cual fue aceptada el seis (6) de enero de dos mil nueve (2009); (ii)
en esa línea, no puede aceptarse la tesis según la cual la desvinculación del
demandante se dio por el proceso disciplinario, comoquiera que éste inició, y
concluyó, con posterioridad a la renuncia al cargo; (iii) en la diligencia de versión
libre, el disciplinado reconoció que en la entidad existían normas específicas de
contratación, como era el caso de la Ley 80 de 1993 y la Resolución Nº. 2800 de
2003; y (iv) el proceso disciplinario cumplió con todas las etapas, al tiempo que se
satisficieron las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.

17. Adujo que, dentro del expediente, no se acreditó que el demandante hubiese

5
Cuaderno 3.
6
Cuaderno 3, folios 726-753.

7

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

sido diligente en la gestión contractual, pues, habiendo reconocido la existencia y
vigencia de la Resolución Nº. 2800 de 2003 como régimen de contratación aplicable,
pretendió sustraerse de su observancia al aludir a la derogatoria de la norma, con
ocasión de la expedición de la Ley 1122 de 2007. Para el efecto, explicó que la
versión libre rendida en el marco de la actuación disciplinaria dista de la tesis
prohijada en el libelo inicial, toda vez que, en dicha oportunidad, el actor admitió que
los procesos de contratación quedaban al amparo de la resolución en cita.

18. Frente al proceso disciplinario, señaló que, en cada una de las etapas del
mismo, los funcionarios de la liquidada CAPRECOM cumplieron con los trámites
legales establecidos, garantizándole el debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción. Afirmó que dicha situación era tan clara que “el pliego de cargos inicial
contemplaba cinco situaciones aparentemente irregulares y que, al recibir los descargos y alegatos
de primera instancia, se encontró que sólo había justificación para sancionar por tres de ellos, y que
al apelar esta decisión la entidad consideró que le asistía razón al Sr. Montes en dos de ellos y uno
fue el que quedó en firme, en la cual se impuso la sanción que aquí se discute ”. Añadió que, le

correspondía al demandante demostrar las falencias presentadas en el proceso
disciplinario y que las afirmaciones expuestas reflejan el descontento frente a la
negativa para decretar unas pruebas que no eran conducentes y pertinentes.

19. Con respecto a la graduación de la sanción, expuso que, para la imposición del
correctivo disciplinario, se tuvo en cuenta que el señor Montes Medina no era un
funcionario cualquiera, pues, ostentaba el cargo de director regional de la entidad
en el Departamento de Bolívar, por lo que, conocía sus funciones como ordenador
del gasto y, al mismo tiempo, las disposiciones que regulaban los procesos de
contratación que se adelantaban. Así las cosas, no le era dable privilegiar su propia
interpretación sobre el alcance de la Ley 1122 de 2007, en la medida en que, si la
consideró en su momento aplicable, debió informar a sus superiores o solicitar
autorización para acoger ese criterio, máxime si estaban en juego recursos públicos.

20. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: (i) caducidad de la acción, al
considerar que, como la decisión fue notificada el diecinueve (19) de abril de dos
mil once (2011), la demanda debió presentarse -a más tardar- el dieciocho (18) de
agosto de esa anualidad, y no el cuatro (4) de noviembre, como ocurrió; y (ii) la
legalidad de la actuación, para lo cual sostuvo que el trámite se ajustó a derecho.

8

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

1.4.2. Ministerio de Salud y Protección Social7.

21. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, arguyó que el Ministerio no tiene, ni tuvo injerencia alguna con la Caja de
Previsión Social de las Comunicaciones – CAPRECOM, ya liquidada. En tal virtud,
precisó que no tiene responsabilidad en el presente asunto, comoquiera que no fue
la autoridad que profirió los actos administrativos acusados, ni actúa como sucesor
procesal de CAPRECOM, y tampoco intervino en su proceso liquidatorio.

22. Llamó la atención en que, no existe fuente legal que imponga al Ministerio de
Salud y Protección Social asumir los proceso en que CAPRECOM, hoy liquidada,
actúe como demandada. Sobre el particular, resaltó que la mera adscripción de una
entidad no impone en quien debe ejercer el control tutelar, la obligación de suceder
procesalmente en caso de desaparición de la entidad adscrita o vinculada. Puso de
presente que la operancia de la sucesión procesal se limita a aquellos casos en los
cuales la entidad desaparece estando en curso un proceso judicial en su contra y,
en ese sentido, es reemplazada por otra entidad en virtud de una norma expresa.

23. Aunado a ello, alegó que no existe obligación solidaria por la figura de la
adscripción administrativa y, en esa línea, que no se puede predicar responsabilidad
solidaria entre el Ministerio de Salud y Protección Social, y CAPRECOM, hoy
liquidada, máxime, cuando aquella no se deriva de ninguna norma positiva. Al
respecto, anotó que la fuente de las obligaciones pasivas solo es en virtud de la
voluntad de las partes y de la Ley, por lo que no es dable presumir la solidaridad.

24. Propuso como excepciones las de: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; (ii) inexistencia de la obligación; (iii) pago de lo no debido; (iv) inexistencia
de solidaridad entre CAPRECOM y el Ministerio; y (v) la innominada o genérica.

1.5. Actuaciones procesales relevantes.

25. Mediante auto interlocutorio del catorce (14) de diciembre de dos mil quince
(2015)8, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de todo lo actuado
a partir del auto del veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012) inclusive, proferido
por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Descongestión de Cartagena, por

7
Cuaderno 3, folios 766-781.
8
Folios 668 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

9

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

medio del cual se admitió la demanda. En consecuencia, declaró la falta de
competencia para conocer del asunto y, en su lugar, remitió al Consejo de Estado
para lo de su cargo, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 128, numeral 13 del
CCA, modificado por el artículo 136 de la Ley 446 de 1998.

25.1. A través del auto de veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018) 9, el
entonces despacho ponente 10 de esta Corporación, avocó conocimiento de la
acción de la referencia, negó la solicitud de suspensión provisional contra los actos
acusados, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor.

26. Mediante auto del doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020)11, el despacho
sustanciador tuvo por contestada la demanda por parte de la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social y Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM.
Asimismo, decretó algunas pruebas, por lo que requirió a la Distribuidora Drovida
Ltda. y a la Policlínica San Fernando y Cía. Ltda. para que, dentro del término
improrrogable de diez (10) días, certificaran desde qué año prestaron servicios a
CAPRECOM – Territorial Bolívar, entidad hoy liquidada, y anexaran la constancia
de los contratos celebrados. Las demás pruebas requeridas fueron negadas.

26.1. Luego, mediante providencia del dos (2) de julio de dos mil veinticuatro
(2024) 12 , se advirtió que, pese a los requerimientos formulados, no se había
allegado dicha documentación, por lo que se ordenó que, por Secretaría, se pusiera
en conocimiento de la parte actora, como interesada directa en el recaudo de la
prueba, la actuación adelantada por esta Corporación para obtenerla, a fin de que
se pronunciara al respecto y, en caso de insistir en la solicitud, indicara el lugar, la
dirección electrónica o entidad pública o privada en la cual pudiera obtenerse la
información requerida. Para dicho propósito, se le concedió un término de cinco (5)
días para que se manifestara, so pena de prescindir de dicho medio de convicción.

27. Mediante memorial radicado el veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro
(2024)13, la apoderada del demandante solicitó prorrogar el término dispuesto en el
proveído del dos (2) de julio. Seguidamente, el catorce (14) de agosto de la referida

9
Folios 686 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
10
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Folios 808 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
12
Índice 00038 del Samai.
13
Índice 00043 del Samai.

10

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

anualidad, la apoderada suministró las direcciones de notificación y los certificados
de las empresas arriba mencionadas. Con tales insumos, se logró evidenciar que
las direcciones allí registradas coincidían con aquellas a las cuales la Secretaría de
la Sección remitió los oficios que reposan en los folios 817 a 822 del cuaderno físico.

28. Por las consideraciones antedichas, mediante providencia del dieciséis (16) de
enero de dos mil veintiséis (2026)14, el despacho concluyó que, por tratarse de las
mismas direcciones a las cuales ya se había oficiado, y no evidenciarse yerro alguno
por parte de la Secretaría, no era factible insistir en la obtención de la prueba, pues,
ello implicaba reiterar una gestión infructuosa. Bajo ese contexto, se declaró cerrado
el período probatorio y se ordenó correr traslado a las partes, por el término común
de diez (10) días, para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito y,
vencido ese término, se dispusiera el traslado al Ministerio Público por diez (10)
días, a fin de emitir concepto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 210 del CCA.

1.6. Alegatos de conclusión.

1.6.1. Ministerio de Salud y Protección Social15.

29. Reiteró que, la controversia estriba en la legalidad de los actos administrativos
de carácter disciplinario proferidos por CAPRECOM, dentro del proceso tramitado
con el Rad Nº. 1252, respecto al cual el Ministerio no desplegó actuación alguna
que condujera a la expedición de las decisiones acusadas. En ese sentido, ratificó
los argumentos expuestos en el escrito de contestación, en punto a la autonomía
administrativa, financiera y presupuestal de la que gozaba CAPRECOM, siendo esa
entidad la llamada a responder por los actos en cuya adopción interviniera.

1.6.2. Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAPRECOM (liquidado)16.

30. En sus alegatos, anotó que: (i) se encuentra acreditado que el debate planteado
por la parte actora gira en torno a la supuesta inaplicabilidad del régimen interno de
contratación utilizado como fundamento del reproche disciplinario, especialmente,
frente a la incidencia normativa que, en su criterio, produjo la Ley 1122 de 2007; (ii)
se probó, conforme a las documentales incorporadas al proceso, que el señor
Montes Medina presentó renuncia al cargo que desempeñaba en CAPRECOM, el

14
Índice 00055 del Samai.
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Índice 00061 del Samai.
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Índice 00065 del Samai.

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Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

veintiocho (28) de diciembre de dos mil ocho (2008), siendo esta aceptada mediante
acto administrativo del cinco (5) de enero de dos mil nueve (2009), haciéndose
efectiva a partir del veintinueve (29) de enero; y (iii) en tal sentido, para la fecha de
expedición de los fallos disciplinarios, el actor no se encontraba vinculado a la
extinta entidad, circunstancia que, a su juicio, resulta jurídicamente relevante para
examinar la procedencia del restablecimiento del derecho pretendido.

31. Hizo hincapié en que los actos administrativos enjuiciados no adolecen de falsa
motivación, comoquiera que, las razones que fundamentaron la decisión no son
contrarias con la realidad fáctica y jurídica. Explicó que, en el caso de autos, la
sanción no se sustentó en “una discusión abstracta sobre la naturaleza pública o privada del
régimen contractual de CAPRECOM tras la Ley 1122 de 2007, como sugirió la demanda; por el
contrario, el reproche se edificó sobre el incumplimiento de deberes funcionales concretos en materia
contractual y el apartamiento de procedimientos, exigencias y controles institucionalmente definidos
por la entidad”. Con ello, enfatizó que, la sola invocación de un cambio legal no

implicaba la derogatoria automática de los procedimientos internos de la entidad, ni
autorizaba al servidor a prescindir unilateralmente de las reglas que guiaban su
actuación funcional, en concreto, frente a los procesos de contratación.

32. Adicionalmente, en lo que toca a la alegada vulneración del debido proceso y
del derecho de defensa, derivada de una supuesta modificación del fundamento de
la imputación en segunda instancia, aseguró que no existió una “ alteración sustancial
del núcleo fáctico imputado”, sino que se trató de una precisión o depuración del

razonamiento jurídico con el que el operador disciplinario resolvió el recurso de
alzada, “lo cual no entraña una lesión a las garantías del disciplinado, siempre que el núcleo fáctico
del reproche permanezca incólume ”. Advirtió que, el comportamiento sometido a
escrutinio fue, de principio a fin, el mismo: la actuación contractual desplegada por
el demandante con desconocimiento de las exigencias y procedimientos vinculantes
de la entidad, sin que hubiese tenido lugar una “mutación sorpresiva de los cargos”.

1.6.3. Parte demandante17.

33. Ratificó que, el señor Montes Medina fue sancionado con base en normas que
no se encontraban vigentes al momento de la decisión administrativa de primera y
segunda instancia, lo cual, constituye una violación del debido proceso consagrado

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Índice 00064 del Samai.

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Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, especialmente por
desconocer el principio de legalidad. Al respecto, indicó que, mientras
desempeñaba la función de director de la Regional Bolívar, el actor celebró distintos
contratos con la Distribuidora Drovida Ltda. y la Policlínica San Fernando y Cía.
Ltda., entre mayo de dos mil siete (2007), y octubre de ese año, tiempo para el cual
resultaban aplicables las disposiciones de la Ley 1122 de 2007 (artículo 45).

34. Mencionó que, con ocasión de la celebración de dichos contratos, fue
sancionado por desconocer los requisitos de la etapa precontractual, especialmente
los contemplados en la Ley 80 de 1993 y la Resolución Nº. 2800 de 2003. En
segunda instancia, se confirmó el correctivo disciplinario, pero con fundamento en
la Ley 1150 de 2007, norma que no se encontraba vigente para la fecha en que
fueron celebrados los contratos, anotando que la Ley 1122 de 2007 era la aplicable.
Con respecto a esta última, explicó que aquella “derogó tácitamente” la Ley 80 de 1993
y la Resolución Nº. 2800 de 2003, al modificar el régimen contractual de la entidad.
Sobre este punto, refirió al artículo 195 de la Ley 100 de 1993, con miras a precisar
que, en materia contractual, las empresas promotoras de salud de régimen
subsidiado y contributivo públicas se regirían por el derecho privado.

1.6.4. Vencido el término de traslado, el Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

35. En vigencia del Decreto 01 de 1984, esta Corporación, por medio de los autos
del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)18 y del dieciocho (18) de mayo de
dos mil once (2011)19, determinó que la competencia para conocer de las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho, en las que se controviertan actos
administrativos que impongan sanciones disciplinarias de destitución o suspensión
en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, es privativa en única instancia del
Consejo de Estado, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 2º y 13 del
artículo 128 del otrora Código Contencioso Administrativo – CCA.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Expediente: 11001-03-25-
000-2010-00163-00 (1203-2010) Actor: Carlos Alberto Velásquez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 11001-03-25-000-
2010-00020-00. Actor: Anastasio Avendaño Tangarife. Demandado: Ministerio de Transporte.

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2.2. Problema jurídico.

36. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción contenciosa,
de acuerdo con la excepción planteada por la entidad demandada?
(ii) ¿Las autoridades disciplinarias de la extinta Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM, en el marco de la actuación adelantada
contra el señor Montes Medina, vulneraron las garantías del debido
proceso y el derecho de defensa y contradicción del ahora demandante?
(iii) ¿Los operadores disciplinarios desconocieron el principio de congruencia,
al haberse fundado la decisión de segunda instancia en la aplicación de
la Ley 1150 de 2007, norma que no se encontraba vigente para la fecha
de ocurrencia de los hechos objeto de investigación disciplinaria, y que
no fue invocada en el pliego de cargos, ni en el fallo primigenio?
(iv) ¿Los fallos disciplinarios del veinticinco (25) de enero de dos mil once
(2011) y del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), expedidos por la
extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM,
mediante los cuales se sancionó al actor, adolecen de falsa motivación?
(v) En caso afirmativo, ¿debe declararse la nulidad de los actos acusados y,
de ser así, resulta procedente el restablecimiento del derecho, en los
términos pretendidos por la parte actora?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

37. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual, se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por
las personerías distritales, municipales o las oficinas de control interno disciplinario.

38. La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso; sin embargo,
los artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo, cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190
de 1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera que sea el acto que dé
inicio a la acción disciplinaria, en un primer momento se abre una indagación
preliminar, la cual, tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta y determinar
si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal

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de exclusión de la responsabilidad.

39. Cuando la información recibida permita la identificación del autor o los autores
de la falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación con la finalidad de:
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta,
esclarecer los motivos determinantes, establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, identificar los perjuicios causados a la administración y establecer la
responsabilidad del disciplinado. En este punto, puede dictar auto de cierre de la
investigación por vencimiento de términos, o acudir al proveído de decreto de
pruebas para formular cargos. En el segundo evento, se puede dar por terminada
la actuación -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, formular cargos -artículo
175 ídem-, o remitir por competencia.

40. En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal
decisión debe reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle
objetivamente demostrada la falta y que se cuente con pruebas que comprometan
la responsabilidad del investigado. 20 Igualmente, debe cumplir los siguientes
requisitos formales: descripción y determinación de la conducta investigada con
indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de
la conducta; normas violadas y concepto de violación; identificación del autor o
autores de la falta; análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados;
exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad o
levedad de la falta, clasificadas en gravísimas, graves y leves; forma de culpabilidad,
ya sea a título de dolo, culpa gravísima o grave.

41. Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar
sus descargos para garantizar su debido proceso, así como, la materialización del
derecho de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa. En esta
misma etapa, el imputado puede proponer nulidades, controvertir, solicitar o aportar
pruebas. Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de
conclusión, por el término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de
acuerdo con lo establecido en el inciso 5º del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.

42. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva

20
Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos cuando este
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión
no procede recurso alguno.

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autoridad disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser
absolutorio o sancionatorio. De cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las
exigencias previas en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión en
cita, procede el recurso de apelación ante el superior.

2.3.1. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.

43. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:

«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

44. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»

45. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para preservar el orden jurídico en
abstracto, salvaguardar las finalidades de la función pública, así como, el interés
general, y garantizar la tutela judicial efectiva de la persona sancionada, siendo un
postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Esta postura, relativa al control integral, ha sido reiteradamente adoptada por la

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Sección Segunda de esta Corporación en diversos pronunciamientos, razón por la
cual, en el asunto bajo examen, la Sala también aplicará dicho control integral 21.

2.4. Hechos probados y recuento de la actuación disciplinaria.

46. De acuerdo con las pruebas que obran en el dossier procesal, la Sala acudirá al
recuento de las actuaciones surtidas en el marco del proceso disciplinario, así:

a) Según la certificación que reposa en el expediente administrativo 22 , el señor
Fabián Federico Montes Medina se vinculó a la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM, mediante Resolución Nº. 00381 del cinco (5) de
marzo de dos mil uno (2001), y acta de posesión Nº. 04 del ocho (8) del mismo mes
y año, en calidad de “director territorial de entidad descentralizada, código 0042, grado 17, de la
Regional Bolívar”, siendo el último salario devengado (para la fecha de expedición de

la certificación: 02/01/2008) el correspondiente a $3.622.904.

b) En octubre de dos mil siete (2007), se adelantó una auditoria integral, en la
Regional Bolívar de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM,
por parte del grupo interdisciplinario de la oficina de control interno, producto de la
cual se rindió un informe que dio origen a la investigación disciplinaria 23.

c) Mediante auto del trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007)24, se ordenó la
apertura de la investigación disciplinaria, en contra del señor Fabián Federico
Montes Medina, en calidad de director territorial de la Regional Bolívar, como
presunto responsable de las irregularidades advertidas en el marco de la auditoría,
derivadas de la alegada inobservancia de la Resolución Nº. 02800 de noviembre de
dos mil tres (2003), por medio de la cual se establece el manual de contratación; la
Ley 80 de 1993; la Ley 734 de 2002; y la Resolución Nº. 2799 del veinte (20) de
noviembre de dos mil tres (2003), a través de la cual se creó el comité de contratos
y licitaciones, tanto a nivel central, como en las regionales. En la misma oportunidad,
se decretaron pruebas y se ordenó la notificación personal al investigado.

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
22
Folios 33 y siguientes del Cuaderno No. 6.
23
Folios 9 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.
24
Folios 1 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.

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d) En la diligencia de versión libre del dos (2) de abril de dos mil ocho (2008), el
señor Montes Medina hizo constar que, desde el ocho (8) de marzo de dos mil uno
(2001), ejercía el cargo de director territorial de la entidad y que, para la Regional
Bolívar, tenía -entre otras- las siguientes funciones: “dirigir, coordinar en todas las áreas
y velar que se cumplan las funciones, procedimientos y directrices establecidas, que permitan cumplir
las metas en todas y cada una de las dependencias, para que la empresa logre cumplir cabalmente
con el objeto de su creación”. En punto a los procesos de contratación, sostuvo que:

“Preguntado: Indique al Despacho cómo se maneja y adelanta el proceso de contratación
en la territorial a su cargo. Contestó: El proceso de contratación se lleva a cabo de acuerdo
con la normatividad establecida para tal fin (Ley 80 de 1993, Resolución 2800 de 2003 y
demás normas concordantes). Preguntado: Indique al Despacho si todo el proceso
contractual efectuado por la territorial a su cargo se ciñe a los lineamientos establecidos en
la Ley 80 de 1993 y en la resolución interna de CAPRECOM. Contestó: Considero que el
proceso contractual se realiza de acuerdo con las normas establecidas para ello, estando en
el proceso de mejoramiento continuo, lo cual permite ir corrigiendo y adecuando dicho
proceso a las normas y disposiciones que surjan, tanto internas como las estatales.
Actualmente las áreas involucradas en este proceso están analizando la Resolución 00569
del 14 de marzo de 2008, la cual contempla el manual interno de contratación de
CAPRECOM, para darle aplicación una vez recibida la comunicación del nivel central (…)”.

e) Mediante auto del veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008)25, el despacho
disciplinario decretó de oficio otras pruebas. Así las cosas, el doce (12) de junio de
dos mil ocho (2008)26, se llevó a cabo la diligencia de ampliación de versión libre
rendida por el señor Montes Medina, oportunidad en la cual se pronunció,
exclusivamente, sobre el proceso de facturación y radicación de facturas en
entidades territoriales. A su turno, en la diligencia del nueve (9) de mayo de dos mil
ocho (2008)27, declaró la señora Margarita Cecilia Barón Arias, quien se refirió sobre
el proceso de cancelación de ICA y los presuntos sobrecostos por sanciones y
multas derivadas del no pago de la retención de industria y comercio. Por su parte,
se recaudó la declaración del señor Félix Rivera Pineda el día doce (12) de junio de
dos mil ocho (2008)28, quien se identificó como funcionario de la planta de personal
en salud, y quien se refirió sobre el proceso de glosas en el trámite de cancelación
de cuentas por capitación. Vale la pena anotar que, en las citadas declaraciones,
no se abordaron las presuntas irregularidades en los procesos de contratación
discriminados, cargo que fue el que finalmente prosperó en la actuación.

f) Una vez recaudadas las pruebas, a través del auto del diecisiete (17) de febrero
de dos mil nueve (2009)29, se profirió pliego de cargos, actuación que fue notificada

25
Folios 66 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.
26
Folios 154 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.
27
Folios 157 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.
28
Folios 160 y siguientes del Cuaderno Nº. 6.
29
Folios 223 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.

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mediante edicto fijado el dieciocho (18) de marzo, y desfijado el veinticinco (25) de
marzo del año en cita, por conducto de la Personería Distrital de Cartagena, previa
comisión otorgada30. De igual manera, obra copia del envío del pliego de cargos a
través del correo electrónico del señor Montes Medina, de fecha seis (6) de abril de
dos mil nueve (2009)31. En el pliego, se relacionaron cinco (5) cargos:

Síntesis del cargo Consideraciones sobre el cargo

Cargo primero: inobservancia de los requisitos Falta endilgada: Artículo 48, numeral 31, de la
exigidos para la etapa precontractual, previo a Ley 734 de 2002 – CDU: “31. Participar en la
la suscripción de seis (6) contratos durante la etapa precontractual o en la actividad
vigencia de dos mil siete (2007), frente a los contractual, en detrimento del patrimonio
cuales, presuntamente, no se efectuó la público, o con desconocimiento de los principios
respectiva justificación, términos de referencia, que regulan la contratación estatal y la función
invitación a proponer -y ofertas-, evaluación de administrativa contemplados en la Constitución
propuestas y actos de adjudicación. y en la ley”.

Fundamento: Incumplimiento de las
exigencias contenidas en la Resolución 2800 de
2003 (numerales 1º al 5º), los Decretos 3512 de
2003 (artículo 15), 2170 de 2002 (artículo 6º),
2788 de 2004 (artículo 1º) y 2232 de 2005
(artículo 1º), y las Leyes 828 de 2003 (artículo
1º), 80 de 1993 y 580 de 2000.

Grado de culpabilidad: culpa gravísima.

Cargo segundo: La omisión en crear -en su Falta endilgada: Artículo 50 (falta grave) de la
condición de Director Territorial de la Regional Ley 734 de 2002 por incumplimiento de los
Bolívar- el Comité de Contratos y Licitaciones, deberes contenidos en los numerales 1º y 2º del
de conformidad con lo ordenado en la artículo 34 de la citada Ley. Asimismo, por
Resolución 2799 de 2003. incurrir en la prohibición del artículo 35,
numerales 1º, 13 y 35 ibidem.

Fundamento: Inobservancia de lo dispuesto en
el artículo primero de la Resolución 2799 del
2003, por medio de la cual ordena la creación
del Comité de Contratos y Licitaciones.

Grado de culpabilidad: dolo.

Cargo tercero: No velar por el estricto Falta endilgada: Artículo 50 (falta grave) de la
cumplimiento del contrato de administración Ley 734 de 2002 por incumplimiento de los
suscrito el 18 de noviembre de 2005, con la deberes contenidos en los numerales 1º y 2º del
Inmobiliaria Andina Ltda., haciendo incurrir a la artículo 34 de la citada Ley. Asimismo, por
entidad en un detrimento y menoscabo incurrir en la prohibición del artículo 35,
patrimonial, por no tener ingreso alguno, numerales 1º, 13 y 35 ibidem.
durante un tiempo, por concepto del canon de
arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle Fundamento: violación de los artículos 1495 al
29 Nº. 21-82 del Barrio Manga. 1499, y 1614, del Código Civil; desconocimiento
del artículo 9º del Decreto 640 de 1997, por
medio del cual se aprueban los Acuerdos 026
de 1996 y 003 de 1997, de la Junta Directiva de
Caprecom.

Grado de culpabilidad: dolo.

30
Folios 268 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.
31
Folios 288-A y siguientes del Cuaderno Nº. 7.

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Cargo cuarto: En su condición de Director Falta endilgada: Artículo 50 (falta grave) de la
Territorial de la Regional Bolívar, no presentó ni Ley 734 de 2002 por incumplimiento de los
realizó oportunamente el pago del impuesto de deberes contenidos en los numerales 1º y 2º del
retención de industria y comercio (sic) artículo 34 de la citada Ley. Asimismo, por
correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006, incurrir en la prohibición del artículo 35,
generando dicha omisión el pago de multas y numerales 1º, 13 y 35 ibidem.
sanciones por un total de $6.230.134. Ello a
pesar de haber recibido del nivel central las Fundamento: Artículos 6º, 123 y 209 de la
directrices e instrucciones para realizar el pago. Constitución Política; artículos 634, 635 y 643
del Estatuto Tributario; artículo 9º del Decreto
640 de 1997 y Circulares Nº 007, 034, 044,
0088 de 2004, 0009 y 0077 de 2005.

Grado de culpabilidad: dolo.

Cargo quinto: En su condición de Director Falta endilgada: Artículo 50 (falta grave) de la
Territorial de la Regional Bolívar, teniendo la Ley 734 de 2002 por incumplimiento de los
obligación de hacerlo, no realizó ningún trámite deberes contenidos en los numerales 1º y 2º del
relacionado con el proceso de recobros, artículo 34 de la citada Ley. Asimismo, por
omitiendo lo contemplado en el Manual de incurrir en la prohibición del artículo 35,
Procesos y Procedimientos de Régimen numerales 1º, 13 y 35 ibidem.
Subsidiado – Gestión de Control de Cuentas y
Recobros, siendo un proceso de carácter Fundamento: Artículos 6º, 123 y 209 de la
obligatorio, “más aun cuando el mismo se Constitución Política; artículo 9º del Decreto
encuentra encaminado a recuperar recursos de 640 de 1997 (núm. 2,3,4,9,10,11,14,18 y 27).
la entidad, concluyendo así que la no
recuperación de esos recursos girados a favor Grado de culpabilidad: dolo.
de terceros, constituyen un detrimento
patrimonial de la entidad”.

g) Por medio del memorial del ocho (8) de abril de dos mil nueve (2009) 32 , la
apoderada del disciplinado solicitó declarar la nulidad de lo actuado, a partir de la
notificación del pliego de cargos, al aducirse una indebida notificación del mismo.
No obstante, mediante auto del quince (15) del mismo mes y año 33, el despacho
disciplinario desestimó la solicitud elevada por la parte actora, decisión contra la
cual se interpuso recurso de reposición. Al resolverse mediante auto del trece (13)
de mayo de dos mil nueve (2009), se confirmó la decisión primigenia.

h) En virtud del auto del ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009) 34, el operador
disciplinario se pronunció frente a las pruebas cuyo decreto se solicitó en los
descargos, accediendo a unas y decretando de oficio otros medios de convicción.
Al respecto, tuvo como medio de prueba los documentos aportados por el
disciplinado; rechazó la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas; y, de
oficio, ordenó requerir a la oficina de gestión de control de cuentas y recobros, “para
que certifique la gestión de la Regional Bolívar en el proceso de recobro de los recursos ”.

32
Folios 289 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.
33
Folios 353 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.
34
Folios 879 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.

20

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i) El siete (7) de julio de dos mil nueve (2009) 35 , la apoderada del disciplinado
interpuso recurso de apelación contra el auto del ocho (8) de junio del mismo año,
mediante el cual, fuerza insistir, se negaron las pruebas testimoniales solicitadas en
los descargos, así como el decreto de oficio de otros medios de prueba. El citado
medio de impugnación fue concedido mediante auto del veintisiete (27) de agosto
de dos mil nueve (2009), ante el director general de la entidad.

j) Mediante auto del diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009), la dirección
general resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el sentido
de confirmar la negativa inicial. La decisión fue notificada a los sujetos procesales.

k) En virtud del proveído del veintinueve (29) de diciembre de dos mil nueve (2009),
el despacho disciplinario corrió traslado al investigado para alegar de conclusión36.

l) El dos (2) de febrero de dos mil diez (2010), la apoderada del ahora demandante
solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado por violación de derecho de defensa
del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido
proceso, de conformidad con el artículo 143, numerales 2º y 3º, de la Ley 734 de
2002, pedimento que tuvo su génesis en el rechazo de algunas pruebas.

m) El cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010), la apoderada del disciplinado
recusó a Dora Zuluaga Pineda, en calidad de coordinadora de la oficina de control
interno disciplinario de la Regional Bolívar, solicitud que fue resuelta a través del
auto del nueve (9) de febrero de dos mil diez (2010)37, por parte del funcionario
investigador del extinto CAPRECOM. Asimismo, el ocho (8) de febrero de dos mil
diez (2010), se radicaron los respectivos alegatos de conclusión 38 y, mediante
escrito del nueve (9) de febrero de dos mil diez (2010), la apoderada recusó al señor
Carlos Tadeo Giraldo, en calidad de director general de la Caja, manifestación que
fue finalmente resuelta a través de la Resolución Nº. 00000749 del veintiséis (26)
de febrero de dos mil diez (2010) 39, expedida por el Ministerio de la Protección
Social, en el sentido de declararse infundada la causal invocada por la parte actora.

n) Más adelante, el disciplinado, a través de su apoderada de confianza, solicitó que

35
Folios 827-836 del Cuaderno Nº. 3.
36
Folios 527 y siguientes del Cuaderno Nº. 8.
37
Folios 881 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.
38
Folios 937 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.
39
Folios 924 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.

21

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

se declarara la nulidad de lo actuado 40 , alegando para el efecto la violación al
derecho de defensa y contradicción, así como la existencia de irregularidades
sustanciales. Dicha solicitud fue resuelta mediante auto del once (11) de febrero de
dos mil diez (2010), oportunidad en la que el operador decidió “diferir” el
pronunciamiento sobre el particular al momento del fallo de primera instancia.

o) Mediante el auto del diecisiete (17) de febrero de dos mil diez (2010), el despacho
disciplinario ordenó corregir el numeral tercero de la parte resolutiva del auto del
once (11) del mismo mes y año, a través de la cual se ordenó diferir la solicitud de
nulidad para ser resuelta al momento de proferir fallo de primera instancia. Lo
anterior teniendo en cuenta que el operador evidenció un error en el proveído. Valga
anotar que, contra ambos autos, la parte actora interpuso recurso de reposición.

p) El diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010), la apoderada del disciplinado
recusó al señor Gabriel Zuluaga Montes, quien para la fecha fungía como secretario
general de la entidad y se desempeñaba como funcionario investigador. La
recusación fue desestimada mediante auto del veintidós (22) de febrero y, en
consecuencia, fue remitida al superior jerárquico para lo de su competencia.

q) En el marco del proceso de tutela adelantado por el ahora demandante, el
Juzgado Primero (1º) Civil del Circuito de Cartagena negó el amparo constitucional
deprecado, al advertir que, en la actuación disciplinaria, no se avizoraba violación
del derecho al debido proceso, ni del derecho de defensa y contradicción.

r) A través del Oficio Nº. 15000-59415, de fecha dos (2) de marzo de dos mil diez
(2010), la Secretaría General del Ministerio de Protección Social, remitió al operador
disciplinario la Resolución Nº. 0749 del veintiséis (26) de febrero de dicho año. Por
medio de la cual se resolvió la recusación formulada contra el señor Carlos Tadeo
Giraldo Gómez, decisión que fue comunicada a los sujetos procesales.

s) A su turno, por medio del auto del diez (10) de marzo de dos mil diez (2010)41, la
dirección general desestimó la recusación presentada por el disciplinado contra el
señor Gabriel Zuluaga Montes, funcionario investigador para la época. El diecinueve
(19) de marzo de dos mil diez (2010), el despacho disciplinario resolvió

40
Folios 850 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.
41
Folios 930 y siguientes del Cuaderno Nº. 3.

22

Número Interno: 0737-2016
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negativamente el recurso de reposición interpuesto contra los autos del once (11) y
diecisiete (17) de febrero de la citada anualidad.

t) Posteriormente, la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá expidió el acta de
visita especial del quince (15) de abril de dos mil diez (2010), con la cual se solicitó
el envío de algunas piezas procesales que reposaban en el expediente disciplinario.
Así, a través del Oficio SG-CID Nº del diecinueve (19) de abril de la misma calenda,
el despacho remitió a la Procuraduría copia de las actuaciones solicitadas. Luego,
mediante Oficio Nº. 102436, dentro del Rad. Nº. 84123-10, la Procuraduría Segunda
Distrital de Bogotá informó que no desplegaría el ejercicio del poder preferente.

u) El veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011)42, la Oficina de Control Interno
Disciplinario (Secretaría General) de la extinta Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM profirió el fallo disciplinario de primera instancia,
con arreglo al cual sancionó al señor Montes Medina con destitución e inhabilidad
general por el término de once (11) años, al encontrarlo responsable de los cargos
primero (a título de culpa gravísima), tercero y cuarto (a título de culpa grave).
Contra dicho acto el disciplinado interpuso recurso de apelación y, mediante el fallo
de segunda instancia del cinco (5) de abril de dos mil once (2011) 43, el director
general de la entidad confirmó parcialmente la decisión primigenia, al resolver:

“PRIMERO. DECRETAR la prescripción de la acción disciplinaria respecto del cargo
formulado al doctor Fabián Federico Montes Medina, consistente en la no presentación y
pago oportuno del impuesto de retención de industria y comercio de los años 2004, 2005 y
2006 de la Regional Bolívar. Consecuentemente, REVOCAR el numeral cuarto de la decisión
impugnada.

SEGUNDO. ABSOLVER al disciplinado Fabián Federico Montes Medina del cargo
consistente en no velar por el estricto cumplimiento del contrato de administración suscrito
el 18 de noviembre de 2005, con la Inmobiliaria Andina Ltda., por las razones indicadas en
la parte motiva de esta decisión.

TERCERO. CONFIRMAR el fallo sancionatorio del 25 de enero de 2011, proferido por la
Secretaría General de CAPRECOM – Control Disciplinario Interno, exclusivamente en lo que
respecta al cargo elevado al señor Fabián Federico Montes Medina, en su condición de
Director Territorial de la Regional Bolívar para la época de los hechos, referente a participar
en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley (…)”.

v) Con el expediente disciplinario se allegaron, entre otros, los siguientes
documentos: cruce de correos electrónicos; constancias de notificación de las
actuaciones disciplinarias; copia del Oficio SG-CID 0579, de fecha tres (3) de enero

42
Folios 359 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
43
Folios 397 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

23

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de dos mil ocho (2008), con arreglo al cual el señor Fabián Federico Montes Medina
hizo constar que el comité de contratación de la Regional Bolívar se conformaba por
él, en calidad de director territorial, y por el jefe de la oficina de E.P.S., la oficina
jurídica, el área financiera y el jefe de calidad y costos; copia de las piezas
procesales de las acciones de tutela adelantadas por el ahora demandante; copia
de la Resolución del veinte (20) de noviembre de dos mil tres (2003), por la cual se
crea el Comité de Contratos y Licitaciones de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones de la Territorial Bolívar44; y los formularios de declaración bimestral
de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio45.

w) De igual manera, se aportó: el Decreto Nº. 640 de 1997, por medio de la cual se
aprobaron los Acuerdos Nº. 026 de 1996 y 003 de 1997 de la Junta Directiva de la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM; y, en hilo con lo
anterior, la Resolución Nº. 02800 de 2003, por medio de la cual, se adoptó el
procedimiento para la contratación administrativa de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM, en cuyo artículo primero se dispuso: “adoptar el
manual de procedimiento para la contratación administrativa de CAPRECOM ”.

x) En el plenario, reposa el formato único de hoja de vida del señor Montes
Medina46, así como la Resolución Nº 00009 del dos (2) de enero de dos mil nueve
(2009)47, mediante la cual se aceptó la renuncia del actor a partir del treinta (30) de
enero del año en cita, en el cargo de “director territorial de entidad descentralizada, código
0042, grado 17, de la Regional Bolívar”. En la certificación allegada, de fecha dieciséis

(16) de junio de dos mil diez (2010)48, se lee: “que el doctor Fabián Federico Montes Medina
laboró en esta entidad desde el 08 de marzo de 2001, en el cargo de director territorial de entidad
descentralizada, código 0042, grado 17, de la Regional Bolívar, hasta el 29 de enero de 2009, fecha
en la cual se le aceptó la renuncia al cargo, según Resolución 00009 del 02 de enero de 2009. Que
al momento de su retiro devengaba una asignación mensual de $4.122.735”.

y) De acuerdo con la certificación49 expedida por la división de recursos humanos
de la extinta Caja, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), el señor
Montes Medina, en su calidad de director territorial, y de conformidad con el Manual
Específico de Funciones (adoptado mediante Resolución 638 de 1997), tenía a su

44
Folios 312 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.
45
Folios 323 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.
46
Folios 718 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
47
Folios 719 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
48
Folio 721 del Cuaderno Nº 1.
49
Folios 722 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

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cargo las siguientes funciones: “(i) respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes,
decretos, acuerdos reglamentarios aplicables a Caprecom; (ii) desempeñar con eficiencia e
imparcialidad las funciones asignadas a su cargo; (iii) administrar la organización y los recursos
asignados a la Regional; planear, dirigir, orientar, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las
actividades operativas, administrativas, financieras y técnicas que deban ejecutarse a nivel regional,
en desarrollo de la misión y objeto social de Caprecom; (iv) ejercer, por delegación del director
general, la representación legal de la empresa en la Regional, celebrar los contratos y ejecutar los
actos administrativos que se requieran en cumplimiento de la misión y objeto social; (v) velar por la
correcta aplicación de los fondos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes de la Regional;
(vi) velar por el cumplimiento de las políticas, normas, estrategias, procesos y procedimientos
adoptados por la empresa; (vii) cuidar de la debida recaudación o inversión de los fondos de la
empresa y presentar informes a la dirección general sobre las inversiones financieras (…)”.

z) Al plenario también se aportó copia de la Resolución Nº 569 de 200850, por medio
de la cual se adoptó el Manual Interno para la Contratación de la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones – CAPRECOM, en cuya parte considerativa se dispuso:
“En virtud de lo anterior, CAPRECOM no está sometido al Estatuto General de Contratación Pública,
sino que su régimen contractual está regulado por las disposiciones civiles y comerciales, así como
por las normas específicas de cada materia, siguiendo los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal contemplados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y aplicando
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal, referidos por
los artículos 13 de la Ley 1150 de 2007 y 51 del Decreto 066 del 16 de enero de 2008 (…) ”.

2.5. Caso concreto.

47. En el asunto sub examine, el señor Fabián Federico Montes Medina pretende la
nulidad del acto administrativo contentivo del fallo disciplinario del veinticinco (25)
de enero de dos mil once (2011), mediante el cual, la Oficina de Control Interno
Disciplinario (Secretaría General) de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
– CAPRECOM, lo sancionó disciplinariamente con la destitución e inhabilidad
general por el término de once (11) años, y del fallo del cinco (5) de abril de dos mil
once (2011), expedido por el director general de la entidad, en virtud del cual se
confirmó parcialmente la decisión primigenia. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó el reintegro, el pago de los emolumentos dejados de percibir y el
pago de cien (100) salarios mínimos mensuales legales por perjuicios morales.

48. En criterio del demandante, durante la actuación disciplinaria se le vulneraron

50
Folios 450 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

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las garantías esenciales del derecho al debido proceso; aunado a ello, sostuvo que
el operador de segunda instancia modificó el alcance del primer cargo, al estructurar
el análisis en la presunta inobservancia de la Ley 1150 de 2007, norma que, además
de no haberse concebido por el fallador de primer grado, no estaba en vigor cuando
se celebraron los contratos que originaron la actuación disciplinaria; y, por último,
en el entendido que el reproche disciplinario se fundó, esencialmente, en el
desconocimiento de la Resolución Nº 2800 de 2003 (que adoptó el manual interno
de contratación de ese entonces), acto de inferior jerarquía a la Ley 1122 de 2007
(artículo 45) y a la Ley 100 de 1993 (artículo 195) que disponen que, en materia
contractual, las empresas sociales de salud se someten al derecho privado.

49. Por su parte, la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PAR
CAPRECOM, expuso que el proceso disciplinario cumplió con todas las etapas, al
tiempo que se satisficieron las garantías del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción; en adición, precisó que no se acreditó que el demandante
hubiese sido diligente en la gestión contractual, pues, habiendo reconocido la
existencia y vigencia de la Resolución Nº. 2800 de 2003 como régimen de
contratación aplicable, pretendió sustraerse de su observancia al aludir a la
derogatoria de la norma, con ocasión de la expedición de la Ley 1122 de 2007.
También precisó que no le era dable al actor privilegiar su propia interpretación
sobre el alcance de la Ley 1122 de 2007, en la medida en que, si la consideró en
su momento aplicable, debió informar a sus superiores o solicitar autorización para
acoger ese criterio, máxime, si estaban en juego recursos públicos. En el escrito de
contestación, propuso las excepciones de caducidad y legalidad de la actuación.

49.1. El Ministerio de Salud y de la Protección Social propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, al precisar que no tiene responsabilidad en
el presente asunto, comoquiera que no fue la autoridad que profirió los actos
administrativos acusados, tampoco actúa como sucesor procesal o misional de la
extinta CAPRECOM, y mucho menos intervino en su proceso liquidatorio. En este
punto, la Sala anticipa que declarará la excepción invocada por la citada cartera
ministerial, al no evidenciarse que haya intervenido en la expedición de los actos
enjuiciados, ni en la actuación disciplinaria que concluyó con aquellos.

50. Para efectos metodológicos, la Sala se referirá, en primer lugar, a la oportunidad
de la acción, seguido de lo cual procederá con el análisis de las pretensiones de la

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demanda, y de las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas.

2.5.1. Caducidad.

51. El artículo 136, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, estatuto al
amparo del cual se promovió la demanda, establecía que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho “caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso ”. Esta

disposición debe leerse en armonía con lo preceptuado por la Ley 446 de 1998 y la
Ley 640 de 2001, en las cuales se previó que la solicitud de conciliación suspende
el término de caducidad “hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero ”.

52. En el caso de autos, el fallo disciplinario de segunda instancia fue proferido el
cinco (5) de abril de dos mil once (2011), y notificado el diecinueve (19) del mismo
mes y año, por lo que el término de cuatro (4) meses empezó a computarse a partir
del día hábil siguiente, esto es, desde el veinte (20) de abril. De ahí que, en línea de
principio, el término para el ejercicio del derecho de acción fenecía el veinte (20) de
agosto, pero al tratarse de un día inhábil, se extendía hasta el lunes veintidós (22)
de ese mes51; sin embargo, la solicitud de conciliación se presentó el nueve (9) de
agosto de dos mil once (2011), con la cual se suspendió el término de caducidad,
es decir, cuando restaban once (11) días para la extinción del plazo.

52.1. De conformidad con el Auto Nº 1139 del veinticinco (25) de octubre de dos mil
once (2011) 52 que reposa en el expediente, proferido por la Procuraduría 130
Judicial II para Asuntos Administrativos, en dicha fecha se declaró agotada la etapa
conciliatoria. Aunque no obra constancia de su notificación a la parte convocante, lo
cierto es que la demanda se presentó el cuatro (4) de noviembre de dos mil once
(2011), es decir, diez (10) días después de reanudado el término. Por tales razones,
la Sala no advierte que, en el sub-lite, haya operado la caducidad de la acción, como
equivocadamente lo sostuvo una de las demandadas, al aducir que el término se
extinguió el diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011), sin reconocer la
suspensión que tuvo lugar al presentarse la solicitud de conciliación.

51
El 20 de agosto fue sábado.
52
Folios 476 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

27

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2.5.2. Análisis sustancial del caso.

53. Como se expuso ut supra, el veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011)53,
la Oficina de Control Interno Disciplinario (Secretaría General) de la extinta Caja de
Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM profirió el fallo disciplinario de
primera instancia, con arreglo al cual sancionó al señor Fabián Federico Montes
Medina con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años, al
encontrarlo responsable de tres (3) de los cinco (5) cargos que se le formularon, a
saber: (i) el cargo primero (a título de culpa gravísima), relacionado con la
inobservancia de requisitos propios de la etapa precontractual en la suscripción de
una serie de contratos durante el año dos mil siete (2007); (ii) el cargo tercero (a
título de culpa grave), asociado a la presunta inobservancia del contrato de
administración suscrito el dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005), con
la Inmobiliaria Andina Ltda.; y (iii) el cargo cuarto (a título de culpa grave), referente
a la omisión de pago oportuno del impuesto de retención de industria y comercio.

Fallo disciplinario de primera instancia
Pliego de cargos Análisis de los cargos (efectuado por el
operador disciplinario)
CARGO PRIMERO: “Usted Fabián Federico “(…) En ese mismo sentido, la suscrita debe
Montes Medina, identificado con la cédula de recordar que en el caso que nos ocupa, la falta
ciudadanía número 73.543.625 expedida en de requisitos esenciales se configuró en
Carmen de Bolívar, en su condición de Director contratos cuyos objetos a desarrollar eran: la
Territorial de la Regional Bolívar por delegación prestación de las actividades objeto de
permanente contenida en la Resolución No. prestación especifica, detección temprana,
02797 del 20 de noviembre de 2003 (artículo demanda inducida y atención de enfermedades
primero), emanada de la Dirección General, de interés en salud pública, el suministro de los
suscribió en la ciudad de Cartagena durante el medicamentos del POSS de uso ambulatorio
año 2007, los contratos que a continuación se bajo la modalidad de capitación y la prestación
relacionan y que fueron allegados al despacho de los servicios médicos asistenciales de baja
con sus anexos en el informe de auditoría complejidad, entre otros; casos en los cuales no
integral realizado por Control Interno de se predica urgencia vital y en donde se plasma
Gestión, dentro de los cuales presuntamente la necesidad o conveniencia del objeto a
no se cumplieron los requisitos exigidos en la contratar, así las cosas, para el caso que nos
etapa PRECONTRACTUAL, incumpliendo lo ocupa, no es viable sostener que debido a la
establecido en las siguientes normas: premura y urgencia del servicio, se hizo caso
Resolución 2800 - Procedimiento 1, numerales omiso a los elementos o requisitos formales que
1.2; 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3; Procedimiento 2, debía contener la contratación, más aún cuando
numerales 1.2, 2.1, 4.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3; está probado que los servicios no eran de
artículo 15 del Decreto 3512 de 2003; artículo aquellos que la ley prevé como urgencia vital y
1º de la Ley 828 de 2003; Ley 80 de 1993; Ley en el caso de haber sido así, se contaba con un
580 de 2000; artículo 6º del Decreto 2170 de procedimiento específico para lograr de manera
2002; artículo 1º del Decreto Reglamentario oportuna e inmediata la prestación del servicio,
2788 de 2004; artículo 1º del Decreto 2232 de sin embargo tampoco fue el camino adoptado.
2005; dentro de los cuales se presume, no eran
solicitados a los contratistas todos los Frente a la afirmación de la defensa en la cual
documentos necesarios para llevar a cabo la expone que los requisitos contemplados en el
contratación, entre otros requisitos, los cuales pliego de cargos, tales como estudio de
se encuentran establecidos, tanto en normas oportunidad y conveniencia, elaboración de

53
Folios 359 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

28

Número Interno: 0737-2016
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internas como externas”. términos de referencia, invitaciones,
presentaciones de ofertas, evaluación de
ofertas y acto de adjudicación, son requisitos
generales para la contratación típica de la ley 80
de 1993, mas no son requisitos obligatorios para
contratación de prestación de servicios de
salud, contratación que constituye una
excepción a las reglas generales de la
contratación directa, el despacho debe
manifestar que de conformidad con lo antes
expuesto, esta aseveración carece de todo
argumento fáctico, pues de la premisa "se debe
garantizar la prestación del servicio de salud" se
concluye que precisamente este tipo de
contratación, se debe adelantar con especial
diligencia y apego a la Ley, ello con el fin de
garantizar en el caso específico, a la población
más vulnerable la efectiva y oportuna protección
y prestación del servicio de la salud.

Ahora bien, pasando a otro punto, en el cual la
apoderada sostiene que con la entrada en
vigencia de la Ley 1122 de 2007, quedó
expuesta la ambigüedad de la Resolución 2800
de 2003 en la contratación de CAPRECOM, la
cual justamente fue subsanada en el año 2008
con la Resolución No. 569 de 2008, la suscrita
debe manifestar que es totalmente cierto que la
Ley 1122 de 2007, facultó a las Empresas
Promotoras de Salud (EPS), tanto del régimen
subsidiado como del contributivo, como
CAPRECOM, para que en materia contractual,
se rijan por normas del derecho privado y
suprimió la obligatoriedad de someter dicha
contratación a lo consagrado en el Estatuto
General de Contratación de la Administración
Pública, indicando que su régimen contractual
estaría regulado por las disposiciones civiles y
comerciales, así como por las normas
específicas de cada materia, siguiendo los
principios de la función administrativa y de la
gestión fiscal contemplados en los artículos 209
y 267 de la Constitución Política.

Asimismo, en la Ley 1122 de 2007, se definió el
régimen de contratación de las EPS´s públicas,
indicando que debían regirse por el derecho
privado, observando eso sí, los principios
generales consagrados en el Estatuto General
de Contratación (Ley 80 de 1993), ello teniendo
en cuenta que los principios son normas de
organización en los cuales se estipulan valores
éticos y de justicia.

Sin embargo, no es necesario realizar un mayor
análisis deductivo, para advertir que dicha
facultad o mejor, dicho cambio de régimen, tan
solo lo fue a partir de la expedición de dicha Ley
(1122/07), y en el caso en concreto, es decir la
contratación al interior de CAPRECOM, tan solo
tuvo ocasión con la expedición del nuevo
Manual Interno de contratación Resolución No.
569 del 14 de marzo de 2008.

29

Número Interno: 0737-2016
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“(…) Así pues, la defensa no puede pretender
que se dé aplicación a una norma cuando para
la fecha en que se incurrió en la conducta
reprochable, la misma ni siquiera se encontraba
en proyecto, pues en ese sentido el Estado se
quedaría sin aparatos sancionatorios, por la
posible previsión o entrada en vigencia de una
norma posterior que regule dos aspectos de
maneras disímiles y más favorables.

En ese mismo sentido, es preciso señalar que
la Resolución No. 569, entró en vigencia el 14
de marzo de 2008, derogando tan solo hasta
ese momento las disposiciones contrarias en
especial las Resoluciones Nos. 2798, 2799 y
2800, todas de 2003 expedidas por el Director
General de CAPRECOM; una razón más para
sostener con vehemencia que para la época de
los hechos que aquí se investigan, es decir
contratación de la vigencia 2007, era
perfectamente aplicable el Manual de
Contratación contemplado en la Resolución
2800 de noviembre de 2003, pues la entidad
aun no cambiaba de régimen y hasta tanto se
tenía que regir por los preceptos consagrados
en el Estatuto General de la Contratación
Estatal.

Así las cosas, es evidente que siendo la
Resolución 2800 de 2003 el Manual Interno,
adoptado por la entidad para el manejo de su
contratación, de la cual cabe advertir,
encontraba su fundamento legal en la Ley 80 de
1993, era éste el aplicable para el caso sub
judice, razón por la cual el cuestionamiento de
la apoderada relacionado con las fechas de
suscripción de los contratos objeto de
imputación, sugiriendo que para dichos meses
ya se debía regir la contratación por la ley 1122
de 2007, artículo 45, norma que entró en
vigencia en enero del año 2007, la suscrita debe
recordar que en la entidad con la expedición de
la Resolución No. 569 del 14 de marzo de 2008,
se llevó a cabo la transición de un régimen a
otro, por ende, para la época de ocurrencia de
los hechos objeto de investigación, aún era
aplicable el Manual de contratación adoptado
conforme a los preceptos establecidos en la Ley
80 de 1993, Estatuto General de Contratación,
pues solo hasta la expedición de dicha ley (1122
de 2007) se otorgó tal facultad, facultad que
además debe advertirse, no podía entrar a
operar en cada Entidad, hasta tanto la misma,
creara su propio Manual de Contratación,
conforme a las facultades reconocidas a las
Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, que operaran como Empresas Públicas
Promotoras de Salud; es decir, hasta tanto no
adoptaran su régimen especial en cuanto a la
contratación, situación que se repite, en
CAPRECOM se dio hasta el 14 de marzo de
2008, razón por la cual el régimen aplicable para
la época de los hechos objeto de investigación,
era la Resolución 2800 de 2003, la cual no era

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más que la mera transcripción de manera
práctica y didáctica del Estatuto de Contratación
Estatal (Ley 80 de 1993)”.
CARGO SEGUNDO: “Usted Fabián Federico “(…) Luego entonces, de lo anterior se colige
Montes Medina, identificado con la cédula de que la imputación debió elevarse por no haber
ciudadanía número 73.543.625, expedida en designado tal como lo establece esta normativa,
Carmen de Bolívar, en su condición de Director es decir de manera escrita, el personal que
Territorial de la Regional Bolívar, por integraría el mencionado Comité, ello teniendo
delegación otorgada en la Resolución No. en cuenta que la creación se dio desde el mismo
02797 del 20 de noviembre de 2003 (artículo momento en que entró a regir la ya citada
primero), emanada de la Dirección General, Resolución; así las cosas, imputar la NO
presuntamente no creó en esa Regional el CREACIÓN del Comité de Contratos y
Comité de Contratación y Licitaciones, de Licitaciones en la Regional Bolívar, sería una
conformidad con lo ordenado en el artículo imprecisión interpretativa a la norma,
primero y parágrafo tercero de la Resolución imprecisión que obviamente no le haría la
No. 2799 del 20 noviembre de 2003, con el fin situación más favorable al investigado, por el
que el mismo evaluara la contratación realizada contrario, iría en menoscabo de sus derechos al
por la Regional, por lo que los contratos que a mantenerse una imputación errada.
continuación se relacionan sin dar
cumplimiento a los requisitos legales y De este modo, siendo congruentes con el
objetivos de selección objetiva del contratista, anterior análisis, la suscrita funcionaria
ya que en los documentos obrantes en el anexo Investigadora, actuando como garante de los
No. 1 del expediente, no fueron evaluados, no derechos del investigado y demostrando
obran las actas del Comité de Contratación en igualmente la imparcialidad del despacho frente
las cuales se observa el estudio y conveniencia a sus decisiones, se abstendrá de mantener la
de la selección del contratista, contraviniendo imputación realizada en el cargo sub judice,
asimismo los principios de la contratación declinándose así el mismo, razón por la cual no
contemplados en la Ley 80 de 1993”. se considera necesario trasladar a este análisis
los argumentos y exculpaciones, expuestos por
la defensa respecto a esta imputación”.

CARGO TERCERO: “Usted Fabián Federico “En cuanto a la imputación realizada en el cargo
Montes Medina, identificado con la cédula de tercero, esto es la relacionada con la omisión en
ciudadanía número 73.543.625, expedida en el estricto cumplimiento del contrato de
Carmen de Bolívar, en su condición de Director administración suscrito con la Inmobiliaria
Territorial de la Regional Bolívar, incurrió en ANDINA Ltda., el 18 de noviembre de 2005,
falta disciplinaria al no velar por el estricto haciendo incurrir a la Entidad en un posible
cumplimiento del contrato de administración detrimento y menoscabo patrimonial, al no
suscrito el 18 de noviembre de 2005, con la percibir ésta durante los años 2006 y 2007, los
Inmobiliaria ANDINA Ltda., haciendo dos años dineros correspondientes al canon de
la Regional en un detrimento y menoscabo arrendamiento del bien inmueble objeto del
patrimonial por concepto del canon de contrato de administración.
arrendamiento del inmueble ubicado en la calle
29 No. 21 - 82, del Barrio Manga, el cual “(…) Ahora bien, en cuanto a la afirmación "(…)
ascendía a la suma de cuatro millones de pesos aun pasado cierto lapso de tiempo el contratista
($4.000.000) mes vencido, ello según lo cumplió con la obligación de cancelar los
estipulado en el mismo contrato de cánones de arrendamiento vencidos, quiere
administración en su cláusula tercera decir que la finalidad de la gestión realizada por
denominada “Obligaciones del mandatario. el Director se efectuó, y no puede reprochársele
(…) 5. A pagar a EL MANDANTE lo que porque es presumir su mala fe", la suscrita debe
corresponda dentro de los primeros cinco (5) precisar que en materia disciplinaria, la
días del mes siguiente al que debe cancelar el conducta es ex ante, pues la misma se
arrendatario del inmueble (…)”, según la configura cuando se materializa el hecho, como
consignación que obra en el plenario a folio de hecho sucedió en el presente caso, por
137, la cual es por un valor de $97.996.954 y cuanto las faltas disciplinarias son de mera
fue efectuada el 28 de noviembre de 2007”. conducta y no de resultado, queriendo decir con
esto que no se requiere de una afectación
adicional y concreta, pues con el simple hecho
de incurrir en una conducta irregular, (omisión)
subsiste la falta y se queda inmerso en la
misma, ello debido a que el derecho disciplinario
se funda en las relaciones especiales de
sujeción, donde lo relevante es el examen de la
conducta en interferencia con la función oficial o

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las máximas de comportamiento; lo que es
objeto de investigación y posterior sanción es el
no actuar conforme al deber ser y en el caso sub
judice, lo que debió ser, o mejor lo que debió
hacer el Director Regional al tener el directo
conocimiento del incumplimiento del contrato de
administración, fue poner en conocimiento de la
Subdirección Jurídica de la Entidad de manera
inmediata, con el fin que esta dependencia
efectuara y adelantara las acciones a que
hubiera lugar, pues no está de más recordar que
mediante la aplicación de la ley disciplinaria se
pretende la buena marcha de la administración
pública asegurando que los servidores del
Estado cumplan fielmente con sus deberes
oficiales; por lo tanto, basta con la consumación
del atentado contra el bien jurídico protegido, sin
necesidad de dar lugar a una variación del
mundo exterior, o aún más allá, sin que se
produzca un resultado perjudicial para la
sociedad.

De otra parte, con relación a que el nivel central
tuvo conocimiento de los hechos desde el día 2
de abril de 2008, la suscrita debe informar a los
sujetos procesales que por estos hechos, el
despacho adelanta las averiguaciones
correspondientes bajo el radicado No. 1347, con
el fin de establecer las actuaciones hasta el
momento adelantadas y de este modo
determinar la existencia de responsabilidad por
parte de otros funcionarios.

De acuerdo con lo anterior, queda
suficientemente demostrado que el disciplinado
si incurrió en una omisión, vulnerando de esta
manera los deberes que como servidor público
debió observar, razón suficiente para sostener
que la falta se cometió y por ende habrá que
declarar el cargo probado”.

CARGO CUARTO: “Usted Fabián Federico “(…) Agrega la defensa que en el caso sub
Montes Medina, identificado con la cédula de examine, se imputó la no presentación y pago
ciudadanía número 73.543.625, expedida en oportuno del impuesto de Retención de
Carmen de Bolívar, en su condición de Director Industria y Comercio de los años 2004, 2005, y
Territorial de la Regional Bolívar, incurrió en 2006, sin que previamente se verificara si el
falta disciplinaria ya que en la Regional a su nivel central había enviado a la territorial, los
cargo, no se presentó, ni se realizó formularios debidamente liquidados
oportunamente el pago del Impuesto de diligenciados y firmados por los funcionarios
Retención de Industria y Comercio facultados para tal fin.
correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006,
generando dicha omisión el pago de sanciones Bien, frente a las anteriores exculpaciones, el
y multas así: despacho tiene para señalar varios aspectos, el
primero de ellos hace referencia a que pese a
VIGENCIA SANCIONES INTERESES DE MORA
las aseveraciones de la defensa, el acervo
probatorio obrante en el expediente, permite
2004 1.716.750 2.623.639 evidenciar que el Nivel Central, más
específicamente la División de Contabilidad -
2005 471.050 1.499.354 Departamento de Impuestos, remitió
instrucciones y directrices precisas a la
2006 - 9.341 Regional Bolívar, con el fin de realizar el pago
oportuno del citado Impuesto, pues se observa
TOTAL 2.187.800 4.132.334
a folios 75 a 133, que obran las Circulares y
Resoluciones emanadas de la Subdirección

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SANCIONES INTERESES DE MORA TOTAL
Financiera de la entidad, orientadas a
suministrar la información requerida para
2.187.800 4.132.334 6.320.134 cumplir con las obligaciones tributarias en cada
Regional; sin embargo a pesar de ello se
observa que dichos pagos tan solo fueron
Ello a pesar de haber recibido por parte del realizados en el año 2006, generando como se
Departamento de Impuestos del Nivel Central, puede corroborar a folios 218 a 221, unas
todas las instrucciones y directrices para sanciones y multas por valor de seis millones
realizar el pago, entre ellas las emanadas de la trescientos veinte mil ciento treinta y cuatro
Subdirección Financiera de la entidad Nos. 007 pesos ($6.320.134), haciendo incurrir de esta
del 13 de enero de 2004, 034 del 5 de marzo de manera a la Regional en un detrimento
2004, 044 del 23 de marzo de 2004, 088 del 6 Patrimonial, pues dicho menoscabo se hubiese
de julio de 2004, 00153 del 9 de diciembre de podido evitar acatando las directrices
2004, 0009 del 31 de enero de 2005, 00077 del suministradas por la Subdirección Financiera de
26 de agosto de 2005, 009 del 25 de enero de la entidad.
2006 y Resoluciones Nos. 01788 del 29 de
septiembre de 2004, 02427 del 16 de diciembre (…) En cuanto a las declaraciones de RETEICA,
de 2005, 0160 del 27 de enero de 2006, dando se estableció que las Regionales que
lugar a la configuración de un detrimento estuviesen practicando dicha retención, debían
patrimonial para la entidad”. LIQUIDAR, PRESENTAR Y CANCELAR en el
Municipio correspondiente la declaración,
dentro de los plazos establecidos por el ente
territorial encargado y remitir fotocopia del pago
del mismo a la División de Contabilidad -
Departamento de Impuestos.
En otro punto, esto es, el relacionado con la
calificación de la conducta, la suscrita debe
manifestar su extrañeza al encontrar que la
defensa sostiene en su memorial, que
curiosamente este cargo no trae calificación de
la falta, pues al retrotraernos a la providencia
que contiene la imputación de cargos, se
advierte a folios 258 y 259 que la falta fue
calificada de manera provisional como GRAVE,
indicando en dicho proveído las razones que
motivaron tal calificación; razón por la cual se
considera que tal afirmación carece de sustento
fáctico.

Así las cosas, sin hesitación alguna, el
despacho debe sostener la conducta imputada
en el presente cargo, ya que está totalmente
demostrado que estaba más que reglamentado
el procedimiento a seguir en materia de pago de
impuesto de industria y comercio y RETEICA,
pues en cada una de las vigencias, se expide
normatividad referente al tema; sin embargo, es
preciso señalar que la responsabilidad en este
asunto no recae únicamente en el Director
Regional, sino también en el funcionario
responsable del manejo y envío de la
información, razón por la cual se deberá ordenar
compulsar copias de los documentos pertinente
con el fin que se analice la viabilidad de iniciar
investigación disciplinaria por estos mismos
hechos en contra del funcionario encargado del
área financiera de la Regional Bolívar para la
época de los hechos objeto de estudio”.

CARGO QUINTO: “Usted Fabián Federico “En cuanto al quinto cargo imputado, este es el
Montes Medina, identificado con la cédula de relacionado con el proceso de recobros en la
ciudadanía número 73.543.625, expedida en Regional Bolívar, la suscrita tiene para
Carmen de Bolívar, en su condición de Director manifestar que a pesar de ser este uno de los
Territorial de la Regional Bolívar, incurrió en procedimientos de mayor relevancia ya que

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falta disciplinaria ya que teniendo la obligacióntiene como fin recuperar los recursos de la
de velar por el proceso de recobros, omitiendo entidad, es preciso señalar que el cargo se
lo contemplado en el Manual de Procesos y encuentra indebidamente estructurado, ya que
Procedimientos de Régimen subsidiado – efectivamente tal como lo advierte la apoderada
Gestión Control de Cuentas y Recobros, no se especifican las circunstancias de tiempo y
proceso que es de carácter obligatorio, no veló modo de dichas omisiones, ni se describe en
por el estricto cumplimiento de las obligaciones forma concreta y especifica el cargo imputado,
de la entidad permitiendo así que la no tal como lo exige el articulo 163 de la Ley 734
recuperación de esos recursos económicos de 2002; pues si bien es cierto, dentro del
girados a favor de terceros, constituyen un informe que dio origen a la presente
detrimento patrimonial para la entidad”. investigación, esto es el informe de auditoría
integral realizado por la Oficina de Control
Interno de Gestión, se señala que el proceso de
recobros es totalmente nulo en la Regional
Bolívar, no es menos cierto que en el cargo
referido, debió quedar estipulado en qué fechas
y en cuales casos específicamente la Regional
no cumplió con dicho proceso, pues este
despacho no debe desconocer que tal situación
facilitaría en cierta medida la ubicación temporal
y espacial del hecho al investigado, para que de
conformidad con ello, pueda ejercer sus
derechos y más aún poder controvertir los
hechos imputados y de esa forma aportar los
elementos que le permitan desvirtuar el mismo
o en su detecto exponer las razones en que
pueda fundar tal omisión; as las cosas, a pesar
de ser un proceso de cumplimiento obligatorio
en todas las Regionales de CAPRECOM,
teniendo en cuenta que se encuentra
encaminado a recuperar los recursos
económicos de la entidad, ya sea ante el
FOSYGA o ante el Ente Territorial, y a pesar de
no encontrar evidencia de recobros efectuados
por la Regional Bolívar, el despacho encuentra
que las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en la imputación de cargos, deben
conceptualizarse de manera concreta; es por
ello que al observar ausencia de estos
elementos en el cargo sub examine, la suscrita
operadora disciplinaria, en esta instancia del
proceso, deberá abstenerse de mantener la
imputación realizada en este cargo y de esta
manera ser consecuente, inhibiéndose de
elevar reproche alguno frente a este
comportamiento”.
Decisión de la primera instancia

Sancionar disciplinariamente al señor Fabián Federico Montes Medina, quien se desempeñó para
la época de los hechos que originaron la investigación disciplinaria como director territorial de la
Regional Bolívar de CAPRECOM, con sanción e inhabilidad general de once (11) años, al haber
sido encontrado responsable del cargo primero, esto es, al haber incurrido en la falta gravísima
del artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, consistente en “participar en la etapa
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley”, a título de culpa gravísima. Además, al encontrarse
disciplinariamente responsable de los cargos tercero y cuarto, a título de culpa grave.

54. Mediante el fallo disciplinario del cinco (5) de abril de dos mil once (2011),
expedido por el entonces director general de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM, se confirmó parcialmente el acto sancionatorio del

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veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), en el sentido de: (i) mantener la
sanción de destitución e inhabilidad por el término de once (11) años, derivada de
la responsabilidad frente al cargo primero, esto es, la falta gravísima en que incurrió
el disciplinado, prevista en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, a título
de culpa gravísima; (ii) declarar la prescripción de la acción disciplinaria respecto al
cargo cuarto, relacionado con “la no presentación y pago oportuno del Impuesto de Retención
de Industria y Comercio de los años 2004, 2005 y 2006 de la Regional Bolívar ”; y (iii) absolver al

disciplinado del cargo tercero, relativo a “no velar por el estricto cumplimiento del contrato
de administración suscrito el 18 de noviembre de 2005, con la Inmobiliaria Andina Ltda. ”.

55. En lo que toca a la prescripción de la acción disciplinaria frente al cargo cuarto,
el operador de segunda instancia explicó que la imputación se concretó en la
omisión de pago de la retención del ICA para los períodos 2004, 2005 y 2006, lo
cual, le acarreó a la Regional Bolívar sanciones y multas por $6.320.134. Por ello,
el término prescriptivo debía contabilizarse a partir del día en que se omitió la
conducta. Así las cosas, expuso que: “teniendo en cuenta que las obligaciones tributarias a
que se ha hecho referencia, debían cumplirse en los años 2004, 2005 y dentro de los tres primeros
meses del año 2006, en tanto si esta última se canceló en el mes de marzo de 2006, y para entonces
ya se hallaba extemporánea, ha de entenderse que la conducta debía cumplirse en cualquier
momento y antes de esa fecha, resulta indiscutible que como lo indica la apoderada de la defensa,
para éste momento ha transcurrido el termino prescriptivo de cinco (5) años”. Lo anterior, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

56. Con respecto al cargo tercero, relacionado con la presunta inobservancia del
contrato de administración suscrito el dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco
(2005), con la Inmobiliaria Andina Ltda., y el consecuente detrimento que se le
endilgó por no haber generado ingreso alguno por concepto de canon de
arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 29 Nº. 21-82 del Barrio Manga, el
operador de segunda instancia encontró que, contrario a lo advertido por el fallador
de primer grado, el disciplinado efectuó sendos requerimientos orientados a
garantizar el cumplimiento del contrato. Además, advirtió que no era dable variar el
reproche formulado en el cargo tercero, al punto de exigírsele una conducta sobre
la cual el disciplinado no se pudo defender, como el hecho de no haber dado
traslado de la situación a la subdirección jurídica de la entidad. Bajo ese contexto,
concluyó que: “no se encuentra procedente emitir sanción alguna por un hecho que, aunque en
principio se advierte existente, no fue debidamente formulado y menos aún controvertido por el
disciplinado; lo que de hacerse, sin lugar a dudas conculcaría de manera trascendental sus derechos

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de contradicción y de defensa. De acuerdo con ello y en razón a la no comprobación del supuesto
de hecho sobre el que inicialmente fuera formulado el cargo, se le absolverá por el mismo ”.

57. Ahora, en lo atinente al cargo primero, asociado a presuntas irregularidades en
procesos de contratación celebrados en el año dos mil siete (2007), el operador de
segunda instancia empezó explicando que, de acuerdo con la Ley 314 de 1996,
CAPRECOM es una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) del orden
nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa. En esa línea, refirió
que, al amparo del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, las EICE son organismos
creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho
privado. Además, aludió al artículo 45 de la Ley 1122 de 2007 para advertir que las
entidades prestadoras del servicio de salud están sometidas al régimen de
contratación privado, en armonía con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100
de 1993. Al desatar los reparos del recurso de apelación, el operador explicó:

“(…) Bien, qué disponía entonces el Manual de Contratación vigente para la época de
suscripción de los contratos por el doctor MONTES MEDINA, particularmente en su etapa
precontractual. De acuerdo con el articulo 4° de la Resolución No. 02800 del 20 de noviembre
de 2003, "por medio de la cual se adopta el procedimiento para la contratación administrativa
de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM", se establecen
procedimientos y subprocesos respectivos, indicándose el Procedimiento No. 1, para la
celebración de contratos de prestación de servicios de salud. En este mismo procedimiento
y dentro del ítem correspondiente a la elaboración de la justificación (2) además de adscribir
claramente la responsabilidad de lo propio en los Directores Regionales, se destacan como
supuestos concernientes a ese requerimiento, la necesidad o conveniencia del objeto a
contratar, exigiéndose como mínimo la descripción de lo siguiente:

• La definición de la necesidad que la Regional pretende satisfacer con la
contratación
• La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad.
• Las condiciones del contrato a celebrar tales como objeto, plazo y lugar de
ejecución del
mismo entre otras.
• Análisis técnico y económico del valor estimado del contrato.
• Análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de
los riesgos que deben ser amparados por el contratista.
• Concepto de sondeo de precios.

Lo propio se reitera en el procedimiento No. 2 para la celebración de contratos que tienen
como objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de la empresa
industrial y comercial del estado y así sucesivamente en todos los acuerdos de voluntades
que se pretenden consolidar por la Entidad.

Pues bien, habrá de indicarse a la defensa que el contenido y esencia de la Ley 1122 de
2007, por virtud de la cual CAPRECOM se encuentra sometida al régimen de contratación
privado previsto para las Empresas Sociales del Estado -en esencia contenido en el Capítulo
III de la Ley 100 de 1993- en manera alguna se distancia de lo dispuesto por el Manual de
Contratación de CAPRECOM vigente para la época de los hechos - Resolución 02800 del
20 de noviembre de 2003-. La Ley 1122 de 2007 viene a clarificar de manera definitiva las
discusiones y debates propios del régimen contractual de las entidades vinculadas al
régimen de seguridad social en salud; pero no tradujo un alcance diferente al que en su
ausencia se daba por entendido sobre la naturaleza jurídica y el régimen de contratación de

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aquellas y que recogía el Manual de Contratación de CAPRECOM del año 2003.

Resulta claro que el contenido de las Leyes 100 de 1993, Los Decretos 855 de 1994, 2170
de 2002 y demás disposiciones afines -que sin duda alguna han de analizarse
contextualizada y sistemáticamente- contienen cierta laxitud para determinadas entidades
públicas en materia de contratación, atendiendo principalmente al desarrollo de su objeto
social; sin que se siga de ello, que en ejercicio de su objeto deban distanciarse de los
principios y postulados para la contratación pública en general, sin excepción alguna.

Dado que se ha expuesto amplia y suficientemente el alcance de las citadas disposiciones.
no se volverá sobre ellas; pero en cambio sí se destacará - como ya se dijo - que en defecto
de la Ley 1122 de 2007, pero con mayor razón bajo su égida; los regímenes exceptivos de
la contratación pública dispuesta en líneas generales por la Ley 80 de 1993, en manera
alguna implican ni comportan el rezago de los principios y postulados de orden constitucional
previstos para la función administrativa y por ende, para la contratación pública (…)”.

58. A juicio del operador disciplinario, los contratos suscritos por el demandante,
durante la vigencia de 2007, obviaron presupuestos como “la determinación de la
justificación y la conveniencia de tales objetos contractuales, de la inexistencia de requerimientos
por responsabilidad fiscal en los contratistas, así como las razones de orden técnico y económico
por las que resultaba acertada la contratación”. Así, aseveró que tales exigencias no son

propias de la Ley 80 de 1993, sino de “cualquier modalidad de contratación”. Adujo,
además, que de haberse motivado el señor Montes Medina por la aplicación de la
Ley 1122 de 2007 y no por lo reglado en el manual de contratación vigente para la
época (contenido en la Resolución Nº 2800 de 2003), debió igualmente guiarse por
la efectividad de los principios de moralidad, economía, transparencia y publicidad,
previstos también en la Ley 1122 de 2007, norma que habilitaba a la entidad a
orientar los procesos de contratación con las reglas del derecho privado.

59. Al estudiar la causal de exclusión de responsabilidad invocada por la parte
actora, contenida en el artículo 28, numeral 6º, de la Ley 734 de 2002, consistente
en realizar la conducta “con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye
falta disciplinaria”, resaltó que el señor Montes Medina es odontólogo con
especialización en gerencia en servicios de salud, y que fungía para la época de los
hechos, como director territorial de la Regional Bolívar, cargo que ostentó desde el
dos mil uno (2001), “lapso ampliamente suficiente para que hubiere dado alcance a las
exigencias legales y reglamentarias que debía adherirse en cumplimiento de su función de ordenador
del gasto en la territorial, sin que hubiese acreditado el traslado a las oficinas del nivel central o a
cualquier otra dependencia respecto de cuestionamientos o dudas sobre lo anterior o quizá un
entendimiento errado o inadecuado sobre lo propio (…) sencillamente obvió cualquier requerimiento
sobre el particular, desconociendo los principios que regulan la contratación estatal”.

60. Con todo, la Sala observa que, después de examinar los reparos esgrimidos por
el apelante, la dirección general de la extinta CAPRECOM, en segunda instancia,

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decretó la prescripción de la acción disciplinaria frente al cargo cuarto, relativo a la
presunta omisión en la presentación y pago oportuno del impuesto de retención de
industria y comercio para los años 2004, 2005 y 2006; absolvió al disciplinado del
cargo tercero, consistente en no velar por el cumplimiento del contrato suscrito el
dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005), con la Inmobiliaria Andina
Ltda.; y confirmó el fallo impugnado en lo que toca al primer cargo, asociado a la
participación en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que
gobiernan la contratación estatal y la función administrativa. Al confirmar el cargo
en mención, mantuvo el correctivo disciplinario que impuso la primera instancia.

61. Siendo así las cosas, la Sala precisa que los argumentos de la demanda se
centran, principalmente, en la decisión del cargo primero, comoquiera que fue el
único que mantuvo el operador de segunda instancia y que sustentó la sanción que
se impuso. Por ello, el análisis se centrará en el citado cargo, sin perjuicio de las
consideraciones relativas al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción,
siendo estas garantías transversales a toda la actuación disciplinaria.

2.5.2.1. De la alegada vulneración al derecho de defensa y contradicción.

62. El demandante aseveró que se le violó el derecho de defensa y se configuraron
irregularidades sustanciales, toda vez que, según adujo, no fue notificado en debida
forma del pliego de cargos; el operador disciplinario rechazó las pruebas
testimoniales cuyo decreto solicitó; y los falladores adolecían de imparcialidad.

63. Para resolver el asunto planteado, se impone recordar que, según lo sostenido
por esta Sección, el debido proceso es un derecho de rango superior que busca la
protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes
se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. Por ende,
siendo el proceso disciplinario un trámite de naturaleza administrativa, es claro que
las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos54.

64. Esta Colegiatura también ha sido enfática en señalar que no toda violación a la
dimensión formal del debido proceso debe traducirse, inexorablemente, en la
anulación de la actuación procesal afectada, pues, para tales efectos, será
necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de protección

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de octubre
de 2019, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2011-00661-00(2553-11).

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de la garantía fundamental en estudio. Para ilustrarlo, se ha explicado que “ no es lo
mismo dejar de practicar algunas pruebas esenciales, cuyo análisis puede incidir de forma decisiva
en las conclusiones acerca de la responsabilidad disciplinaria, que desistir de la realización de otras
frente a las cuales no solo es compleja su práctica, sino que ya no son principales por existir en el
proceso un suficiente material probatorio para poder adoptar la respectiva decisión 55”. Bajo ese

contexto, para que una irregularidad sustancial pueda afectar la validez de lo
actuado en el procedimiento disciplinario, debe tratarse de un vicio determinante,
por lo que las omisiones o yerros procedimentales de menor entidad no tienen la
virtualidad de aducirse a efectos de anular el acto sancionatorio.

65. Con respecto a los alegados vicios en la notificación del pliego de cargos, la
Sala observa que los reproches del demandante, encaminados a advertir que la
citación le fue enviada a la portería del inmueble donde reside cuando se encontraba
fuera de la ciudad, no logra enervar la efectividad del acto de enteramiento, del que
conoció, pues, dentro del término legal, presentó el correspondiente escrito de
descargos. Aunado a ello, se tiene que se satisficieron los requisitos previstos en el
artículo 104 de la Ley 734 de 2002, al haberse comisionado a la Personería Distrital
de Cartagena para adelantar las actuaciones tendientes a la notificación del pliego
de cargos, como se hizo. Así, las pruebas aportadas dan cuenta de que se intentó
la notificación personal y, agotada dicha etapa, se fijó el edicto por el término de
cinco (5) días (fijado el 18 de marzo y desfijado el 25 de marzo de 2009)56.

66. Frente al rechazo de algunas pruebas, debe decirse que, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 132 de la Ley 734 de 2002, el operador estaba facultado
para prescindir de aquellos elementos de juicio que, habiendo sido solicitados,
resultaran inconducentes, impertinentes y superfluos. Tal fue el caso de las
testimoniales deprecadas, las cuales fueron rechazadas al advertirse que no eran
los medios de convicción idóneos para verificar los hechos materia de investigación,
en tanto y en cuanto, se podían acreditar con las documentales allegadas. En gracia
de discusión, la Sala vislumbra que las testimoniales fueron solicitadas para enervar
los cargos segundo al quinto, de los cuales ninguno prosperó con el fallo de segunda
instancia, puesto que, huelga iterar, sólo se mantuvo la sanción por el cargo primero.

67. Aunado a lo anterior, la Sala considera que, en lo atinente a los impedimentos y
recusaciones, la entidad demandada dio trámite a cada una de las solicitudes

55
Ibidem.
56
Folios 273 y siguientes del Cuaderno Nº. 7.

39

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elevadas, en los términos de los artículos 84-88 de la Ley 734 de 2002, sin encontrar
configuradas circunstancias que comprometieran la imparcialidad, objetividad y
neutralidad en el juicio de las autoridades que intervinieron en la actuación.

68. Por último, no pasa inadvertido para la Sala que, en el marco de la actuación
disciplinaria, se observaron las garantías esenciales del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción del actor, en la medida en que, el disciplinado
fue notificado en debida forma de las actuaciones, tuvo la oportunidad de actuar a
través de su apoderada de confianza, presentar descargos, rendir -y ampliar- la
versión libre, aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusión, interponer los
recursos de ley, cuestionar la imparcialidad de los operadores disciplinarios a través
de sendas recusaciones propuestas, promover distintas nulidades, participar
activamente en las audiencias y diligencias llevadas a cabo. Además, contó con el
principio de la doble instancia y se respetó la non reformatio in pejus, entre otras
manifestaciones que se inscriben en el núcleo de esta garantía iusfundamental.

2.5.2.2. De la presunta violación al principio de congruencia y sobre la falsa
motivación de los actos administrativos enjuiciados.

69. En este punto, la Sala se ocupará de resolver los reparos relacionados con la
incongruencia entre los fallos de primera y segunda instancia -en relación con el
examen del cargo primero- y la alegada falsa motivación de los actos acusados.
Para ello, se referirá, en primer lugar, a la naturaleza jurídica de la extinta Caja de
Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM, así como, al régimen jurídico
aplicable a la actividad contractual de la entidad en cita, para luego abordar los
elementos estructurantes en que se sustentó la sanción disciplinaria.

2.5.2.2.1. De la naturaleza y el régimen jurídico de la extinta CAPRECOM.

70. De conformidad con la Ley 314 de 1996, CAPRECOM, como establecimiento
público creado mediante la Ley 82 de 1912, se transformó en Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa, y patrimonio independiente, siendo su régimen jurídico el de ese tipo
de entidades. Al respecto, la Ley 489 de 1989, en su artículo 85, señala que “las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley”.

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71. Conviene anotar que, en el artículo 2º de la referida Ley 314 de 1996, se precisó
que CAPRECOM, en su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Estado,
operaría en el campo de la salud como una Entidad Promotora de Salud (EPS) y
como una Institución Prestadora de Salud (IPS), acorde con lo establecido en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de tal forma que podría ofrecer a sus
afiliados el plan obligatorio de salud (POS) en los regímenes contributivo y
subsidiado y planes complementarios de salud (PCS) en el régimen contributivo.

72. La Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, que entró en vigor el nueve (9)

de enero de dos mil siete (2007), es decir, a partir de su promulgación según el
artículo 46 ejusdem, dispuso en el artículo 45 que “las Empresas promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado y Contributivo Públicas tendrán el mismo régimen de contratación que las
Empresas Sociales del Estado”. Esta norma remite necesariamente a la previsión del

artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en cuyo numeral 6º se aclara que las Empresas
Sociales de Salud se someten, en materia contractual, al derecho privado, pero
pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes contempladas en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993.

73. Más adelante, se expidió la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos ”, cuya entrada en vigor se dio seis (6)

meses después de su promulgación el dieciséis (16) de julio de dos mil siete (2007),
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 ibidem, esto es, el dieciséis (16) de enero
de dos mil ocho (2008). La norma en cita no derogó la Ley 1122 de 2007, sino que,
por el contrario, la complementó y armonizó. Para ilustrarlo, el artículo 2º de la Ley
1150 de 2007, en el numeral 2º, literal c), dispuso que sería una causal de la
modalidad de selección abreviada: “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en
la Ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. El
reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas (…)”.

74. En hilo con lo anterior, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 previó que: “las
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto

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legalmente para la contratación estatal”. Con ello, la Ley en comento no sometió a las

entidades de régimen exceptuado al Estatuto General de Contratación Pública –
Ley 80 de 1993, puesto que, expresamente reconoció la subsistencia de los
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, es decir, aquellos
sustentados en el derecho privado, pero favoreció la coexistencia de dichas reglas
con la observancia de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal.

2.5.2.2.2. Del desconocimiento del principio de congruencia.

75. En la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)57, esta Sala
de Subsección hizo hincapié en que el principio de congruencia permite que el
disciplinado, desde una etapa temprana del proceso, tenga conocimiento de la
conducta constitutiva de falta que se le reprocha, comoquiera que, es a partir de esa
consideración que estructura su defensa [descargos y alegaciones finales] y ejerce
la contradicción de las pruebas que sirven de sustento a la imputación (artículo 92
de la Ley 734 de 2002). En la misma providencia, puntualizó que:

“(…) En suma, en el pliego se deben identificar plenamente los cargos, en tanto delimitan el
marco en que el disciplinado ejerce su derecho de defensa y, por consiguiente, el
pronunciamiento en la decisión final, pues de no atender el principio de congruencia puede
ocurrir la invalidación de la actuación, por violación al debido proceso y al derecho de
defensa y contradicción; de ahí que se haga énfasis en el deber de consonancia y armonía,
pues «el debido proceso administrativo impone a la autoridad disciplinaria entre otros
aspectos, sancionar al disciplinado exclusivamente por la comisión de los hechos objeto de
reproche disciplinario inicialmente imputados, y no por unos diferentes”.

76. En sentencia del treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020)58, esta Sección
explicó que el principio de congruencia tiene tres (3) dimensiones, a saber: (i) la
personal que “es la más diciente, pues solamente a aquella persona que se le imputa la conducta
puede eventualmente ser sancionada”; (ii) la fáctica, en la medida en que el aspecto

fáctico muestra que debe haber una equivalencia entre los aspectos esenciales de
la conducta reprochada con el comportamiento por el que se sanciona; y (iii) la
jurídica, en la que la congruencia se concibe como la consonancia que debe existir
entre la falta disciplinaria imputada -gravísima, grave o leve- con la descripción típica
por la cual se declara la responsabilidad del investigado o disciplinado.

77. En el sub-lite, el demandante considera que se le imputó el primer cargo, y se

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de febrero
de 2026, Rad. 08001-23-33-000-2021-00596-01 (6854-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia 30 de enero de 2020, radicación
11001-03-25-000-2012-00728-00 (2442-12). También se puede consultar la sentencia del 27 de octubre de 2022, número
interno 0675- 2020.

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le sancionó en primera instancia, por el desconocimiento de los requisitos de la
etapa precontractual, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 2800 de
2003 y la Ley 80 de 1993, mientras que la segunda instancia lo sancionó sobre la
base de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, norma que entró en vigor después de
haberse celebrado los contratos que dieron origen a la actuación disciplinaria. Para
el efecto, se trae a colación la tabla que reposa en el fallo de segunda instancia.

Requisitos de los que
Número, fecha y Contratista Objeto del contrato adolece, según la
valor del contrato investigación disciplinaria.
Contrato Nº. 028 POLICLÍNICA “Prestación con calidad, -No obra justificación en la cual
SAN FERNANDO oportunidad y eficiencia de se plasme la necesidad o
Y CIA LTDA. las actividades objeto de conveniencia del objeto a
protección especifica, contratar.
Plazo: 120 días dirección temprana demanda -No obran términos de
Fecha: 01/06/07 inducida y atención de referencia.
Valor: $60.320.536 enfermedades de interés en -No obran invitaciones.
millones salud pública a los afiliados -No obran ofertas (por ende no
CDP: 01/06/07 carnetizados del régimen existe ningún documento
60.320.536 subsidiado de CAPRECOM”. exigible con la presentación de
la oferta).
-No obra la evaluación de
propuestas.
-Acta de adjudicación.
Contrato Nº. 001 POLICLÍNICA “Prestación con calidad, -No obra justificación en la cual
SAN FERNANDO oportunidad y eficiencia de se plasme la necesidad o
Y CIA LTDA las actividades objeto de conveniencia del objeto a
protección especifica, contratar.
Plazo: 1 mes dirección temprana demanda -No obran términos de
Fecha: 01/10/07 inducida y atención de referencia.
Valor: $15.079.961 enfermedades de interés en -No obran invitaciones.
millones salud pública a los afiliados -No obran ofertas (por ende no
carnetizados del régimen existe ningún documento
subsidiado de CAPRECOM”. exigible con la presentación de
la oferta).
-No obra la evaluación de
propuestas.
-Acta de adjudicación.
Contrato Nº. DISTRIBUIDORA “Suministro del medicamento -No obra justificación en la cual
PROVIDA LTDA. del POS-S de uso se plasme la necesidad o
ambulatorio de acuerdo con conveniencia del objeto a
el porcentaje a 1.887 contratar.
Plazo: 4 meses 15 afiliados carnetizados del -No obran términos de
días Régimen Subsidiado de referencia.
Fecha: 06/05/07 CAPRECOM del Municipio -No obran invitaciones.
Valor: $11.159.020 de Cartagena de Indias”. -No obra la evaluación de
millones propuestas.
-Acta de adjudicación
-Obra solamente una
propuesta

Contrato Nº. 017 POLICLÍNICA “Prestación de los servicios -No obra justificación en la cual
SAN FERNANDO médicos asistenciales de se plasme la necesidad o
Y CIA LTDA baja complejidad por parte conveniencia del objeto a
del contratista a los afiliados contratar.
Plazo: 120 días carnetizados del Régimen -No obran términos de
Fecha: 1/06/07 Subsidiado de CAPRECOM”. referencia.
Valor: $110.857.756 -No obran invitaciones.
millones -No obran ofertas (por ende no
existe ningún documento
exigible con la presentación de
la oferta).
-No obra la evaluación de
propuestas.
-Acta de adjudicación.

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Contrato Nº. 001 POLICLINICA “Prestación de los servicios -No obra justificación en la cual
SAN FERNANDO médicos asistenciales de se plasme la necesidad o
Y CIA LTDA baja complejidad por parte conveniencia del objeto a
Plazo: 120 DÍAS del contratista a los afiliados contratar.
Fecha: 01/06/07 carnetizados del Régimen -No obran términos de
Valor: $27.701.938 Subsidiado de CAPRECOM”. referencia.
millones -No obran invitaciones.
-No obran ofertas (por ende no
existe ningún documento
exigible con la presentación de
la oferta).
-No obra la evaluación de
propuestas.
-Acta de adjudicación.
Contrato Nº. 025 DISTRIBUIDORA “Prestación de los -No obra justificación en la cual
PROVIDA LTDA. medicamento del POS-S se plasme la necesidad o
subsidio total, por capitación conveniencia del objeto a
Plazo: 120 DÍAS de uso ambulatorio a de los contratar.
Fecha: 01/06/07 afiliados carnetizados del -No obran términos de
Valor: $219.325.545 Régimen Subsidiado de referencia.
millones CAPRECOM (…)” -No obran invitaciones.
-No obran ofertas (por ende no
existe ningún documento
exigible con la presentación de
la oferta)
-No obra la evaluación de
propuestas.
-Acta de adjudicación

78. Observa la Sala que, en el fallo de segunda instancia, el operador disciplinario
hizo referencia a la Ley 1150 de 2007, específicamente, a los artículos 2.2 (literal
c), 13 y 14, con el propósito de robustecer la exposición sobre el régimen legal de
contratación aplicable a CAPRECOM, esto es, como un argumento interpretativo
corroborativo, pero no como la fuente del deber funcional, puesto que la misma se
halla, principalmente, en el manual de contratación interno que regía para la fecha
de ocurrencia de los hechos, adoptado mediante la Resolución Nº 2800 de 2003.

79. A pesar de haberse introducido en el análisis del cargo algunas referencias a la
Ley 1150 de 2007, lo cierto es que ninguna de las dimensiones del principio de
congruencia fue pretermitida, habida cuenta que: (i) la persona a la que se le endilgó
la conducta fue quien finalmente fue sancionada; (ii) los aspectos esenciales de la
conducta reprochada -haber prescindido de requisitos de la etapa precontractual-
guarda estricta consonancia con el comportamiento sancionado; y (iii) en lo que
toca a la imputación jurídica, la falta disciplinaria -gravísima- que desde el principio
se le atribuyó al señor Montes Medina, prevista en el artículo 48, numeral 31, de la
Ley 734 de 2002, consistente en “participar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley”, permaneció inalterada en las decisiones disciplinarias de instancia.

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80. Sin perjuicio de lo anterior, la congruencia entre el pliego de cargos y los resuelto
por los operadores o, en otros términos, entre la imputación y la sanción, no es óbice
para evaluar la motivación de los actos demandados, ni mucho menos para verificar
la concurrencia de los elementos configurativos de la responsabilidad disciplinaria.

2.5.2.2.3. De la falsa motivación de los actos demandados y los elementos
acreditados de la responsabilidad disciplinaria.

81. El Consejo de Estado59 ha entendido la causal de falsa motivación como aquella
razón que provee la administración de manera engañosa, fingida, simulada,
contraria a la realidad o carente de veracidad. En tal virtud, ha indicado que dicha
causal se configura cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen
para la emisión del acto administrativo correspondiente (para el caso, el de carácter
disciplinario), traducidas en la parte motiva del mismo, no tienen correspondencia
con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición.

82. Esta Sala de Subsección, en sentencia del dieciséis (16) de abril de dos mil
veintiséis (2026)60, recordó que la causal de falsa motivación no se configura por la
sola discrepancia del disciplinado con la apreciación probatoria efectuada por el
operador. Así pues, para que exista falsa motivación debe evidenciarse una ruptura
entre los hechos acreditados y la decisión adoptada, bien porque los supuestos
fácticos no estén demostrados, ora porque se hubieran omitido hechos relevantes
que, de haberse considerado, habrían derivado en una solución diferente.

82.1. Con miras a analizar la motivación de los actos que sancionaron al señor
Montes Medina, la Sala procederá a abordar los siguientes elementos.

2.5.2.2.3.1. Tipicidad.

83. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3)
elementos estructurantes: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los
cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal61.

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 12 de octubre
de 2011, Rad. No. 8001-23-31-000-2008-00066-01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).

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84. En la sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)62, esta Sala
recordó que, la tipicidad es una categoría dogmática que encuentra su razón de ser
en el principio de legalidad, como expresión del derecho al debido proceso. Así,
para determinar si un comportamiento constituye falta gravísima, grave o leve, debe
realizarse un proceso de adecuación típica a través de la comprobación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal y la efectivamente
desplegada por el sujeto. Como manifestación del principio de legalidad y del debido
proceso, cumple con la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al
establecer de forma previa y clara qué comportamientos son sancionables y, a la
vez, preservar la seguridad jurídica, sin desconocer garantías fundamentales.

85. Asimismo, en sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026) 63,
esta Sala reiteró que, a diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se
caracteriza porque las conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas
de manera cerrada o taxativa, sino que están consignadas en tipos abiertos o en
blanco, dada la imposibilidad del legislador de prever, de forma detallada, todos los
comportamientos reprochables de los servidores públicos. En ese sentido, el tipo
disciplinario se complementa con normas que establecen deberes, mandatos y
prohibiciones a cada cargo, de las cuales se deriva la adecuación específica.

86. En el caso de autos, el demandante fue sancionado al haber prosperado el cargo
primero, este es, el relacionado con la presunta desatención de requisitos de la
etapa precontractual, circunstancia que, tras evidenciarse en una serie de contratos
celebrados durante el año dos mil siete (2007), derivó en la falta gravísima prevista
en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, correspondiente a: “participar en
la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley”. Para la Sala, el estudio de la falta en cita

impone una obligada referencia a lo resuelto en la sentencia C-818 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en la que se examinó la constitucionalidad del
aparte subrayado. En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo:

“(…) En el asunto en concreto, una lectura detenida del precepto legal demandando permite
establecer, sin la menor duda, que la tipificación de la conducta es vaga, deficiente y lesiva

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).

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de las garantías fundamentales del debido proceso del sujeto disciplinado, ya que se
establece como falta gravísima el desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa en la etapa precontractual y en la actividad
contractual del Estado, sin que se concrete en ella de manera taxativa y específica el tipo de
conductas que dan lugar a la configuración del comportamiento prohibido.

En este orden de ideas, el legislador al intentar ampliar el catálogo de infracciones
disciplinarias, mediante el señalamiento como falta gravísima del desconocimiento de los
principios de la contratación estatal y de la función administrativa, incurre en una flagrante
vulneración de los principios de legalidad y tipicidad que rigen el ejercicio del derecho
punitivo del Estado, pues como previamente se expuso, los principios en cuanto normas
jurídicas, por sí solos, sin mas, no pueden servir de instrumento para la descripción de los
comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias dada su vocación normativa de
carácter general, por la cual resultan manifiestamente contrarios a la concreción y
especificidad que se requiere para la tipificación de las conductas prohibidas en el campo
disciplinario.

Además es claro que dada la textura abierta de sus mandatos, el precepto legal acusado
deja a la libre apreciación subjetiva del funcionario que ejerce la potestad disciplinaria, el
juicio acerca de la realización o no de la conducta prohibida, pues ante la ausencia de una
definición legal, y del señalamiento de pautas y criterios que permitan entender cuáles son y
en qué consisten los principios cuyo desconocimiento en el ámbito contractual del Estado
sugieren la imposición de una sanción disciplinaria; se estaría, en últimas, facultando
automáticamente al funcionario investigador para imponer la pena prevista en las normas
disciplinarias, sin importar cuál sea la actuación realizada, y si la misma deba ser objeto o
no de reproche a título de falta gravísima, dentro de las cuales, según lo ha reconocido esta
Corporación, deben consagrarse exclusivamente aquellos comportamientos esencialmente
graves derivados del incumplimiento de los deberes funcionales de los servidores públicos.

(…) Conforme a esta argumentación, estaríamos en principio ante una disposición que por
desconocer la taxatividad y certeza que se exige en la descripción de las infracciones
disciplinarias, debería ser objeto de declaratoria de inexequibilidad pura y simple. Sin
embargo, es preciso recordar que los principios como norma jurídica también pueden
ser objeto de complementación mediante la integración jurídica de su contenido
normativo, ya sea a través de disposiciones constitucionales de aplicación directa o
de normas de rango legal, que permitan concretar de manera clara e inequívoca, las
conductas prohibidas en materia disciplinaria.

De suerte que, si bien los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y la ley, admiten muchas
interpretaciones, mediante la aplicación directa de preceptos constitucionales y de
normas legales que desarrollen esos principios, se logra la especificidad punitiva que
resulta exigible en materia disciplinaria, en aras de dar certeza y evitar aplicaciones
abusivas o excesivas de conductas que constituyen faltas gravísimas.

Para lograr este propósito, es indispensable emplear la técnica de remisión del tipo
disciplinario en blanco que exige para la constitucionalidad de la descripción de una falta
disciplinaria, la definición previa de un contenido normativo específico que garantice la
certeza de los comportamientos antijurídicos que serán objeto de reproche. En este caso, lo
que se pretende determinar es la viabilidad de complementar la norma demandada, con otras
disposiciones que preserven la posibilidad de reconocer consecuencias disciplinarias frente
a aquellos comportamientos que infrinjan los principios que regulan la contratación estatal y
la función administrativa. En últimas, esta Corporación debe antes de declarar la
inconstitucionalidad de la norma, dilucidar si la misma a través de la complementación o
remisión legislativa, admite salvaguardar la eficacia jurídica de los citados principios que
sirven de fundamento para orientar y regular el comportamiento de los servidores públicos,
a fin de hacer efectivos los fines del Estado.

En este orden de ideas, así cómo no se pueden realizar conductas contrarias a los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa, que puedan tener
consecuencias disciplinarias (sic). De igual forma, tampoco se puede considerar que
cualquier regla de la contratación estatal o de la función administrativa sirve para la
complementación de dichos principios, pues se llegaría al absurdo de que toda disposición
o pauta prevista en el ordenamiento jurídico podría constituir una falta gravísima. Aunado a

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que no es posible que una norma de inferior jerárquica (sic) a la ley, sirva para la
descripción de los prepuestos básicos de la conducta típica que será sancionada,
pues como previamente se expuso, de permitir que ello ocurra, se degradaría la
garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña, cual es, asegurar que la
regulación de los ámbitos de libertad y de otros derechos fundamentales reconocidos
a las personas, como lo son los derechos al trabajo y al debido proceso, dependan
exclusivamente de la voluntad de sus representantes” (Destacado fuera del texto).

87. En esa línea, la Corte64 concluyó que, para convalidar el señalamiento de un
principio que regula la contratación estatal y la función administrativa como
descriptor de un comportamiento constitutivo de falta gravísima, es necesario:

(i) Acreditar que la infracción disciplinaria de uno de tales principios tiene un carácter
concreto y específico a partir de su complementación con una regla que le permita
determinar de manera específica su contenido normativo, describiendo con claridad cuál es
el deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público o por los
particulares en los casos previstos en la ley. Para ello, es indispensable demostrar que a
pesar de tener la conducta reprochable su origen en un principio, (a) la misma se desarrolla
conforme a una norma constitucional de aplicación directa, como sucede, por ejemplo, en
las hipótesis previstas en los artículos 126 y 268 del Texto Superior, el primero, que para
garantizar el principio de moralidad pública prohíbe el nepotismo, y el segundo, que para
lograr el mismo fin prohíbe a los Congresistas dar recomendaciones a fin de proveer empleos
en la Contraloría General de la República; (b) o que a pesar de su generalidad, éste se puede
concretar acudiendo a una disposición de rango legal que lo desarrolle de manera específica,
como sucedería, a manera de ejemplo, con algunas de las reglas previstas en los artículos
23 a 26 de la Ley 80 de 1993.

(ii) Cuando se formule la acusación disciplinaria debe señalarse tanto la conducta imputable
como la norma que la describe, según lo ordena el artículo 163 del Código Disciplinario
Único. Así las cosas, no es suficiente la simple manifestación de haber vulnerado un
principio, sino que resulta exigible su descripción y determinación conforme a la disposición
de rango legal o al precepto constitucional de aplicación directa que le sirve de complemento.

(iii) Finalmente, teniendo en cuenta que el derecho disciplinario, como lo ha reconocido esta
Corporación en sentencias C-1076 de 2002, C-125 de 2003 y C-796 de 2004, se somete al
principio constitucional de proporcionalidad (C.P. arts. 1°, 2° y 13), es obligación del
funcionario investigador determinar si el comportamiento reprochable en materia disciplinaria
resulta excesivo en rigidez frente a la gravedad de la conducta tipificada. De igual manera,
le corresponde a dicho funcionario determinar si la irregularidad imputada al servidor pública
o al particular, se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad reconocido por el
legislador (…)”.

88. Descendiendo al asunto bajo examen, nótese que, en los actos acusados, los
operadores estructuraron la falta del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, en la
inobservancia de los artículos 3º, 24 (principio de transparencia) y 26 (principio de
responsabilidad de la Ley 80 de 1993, complementada -principalmente- con las
exigencias previstas en la Resolución Nº 2800 de 2003, por medio de la cual, se
adoptó el procedimiento para la contratación administrativa de la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones, acto que, a juicio de la entidad, permanecía vigente y
produciendo plenos efectos para la fecha de ocurrencia de los hechos.

64
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-818 de 2005.

48

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

89. En esencia, la Resolución Nº 2800 de 2003 -sustentada en los preceptos de la
Ley 80 de 1993- establecía que, para la celebración de los contratos de prestación
de servicios de salud, se debía: (i) elaborar la justificación en la que se plasme la
necesidad o conveniencia del objeto a contratar; (ii) confeccionar los términos de
referencia básicos en los que se determine, entre otros, el servicio requerido, la
calidad de los oferentes, los criterios de selección, el término dentro del cual deberá
presentarse la oferta, el presupuesto oficial, la forma de pago, régimen de salud al
cual corresponde el servicio (contributivo, subsidiado), la modalidad del contrato
(por capitación, evento o paquete), las garantías exigidas y el plazo a contratar; (iii)
invitar a personas naturales y/o jurídicas públicas y privadas que presten el servicio
en el lugar donde se deba ejecutar el contrato, mediante aviso público o en un diario
de amplia circulación o comunicaciones escritas en los que se determine el lugar y
el plazo para retirar los términos de referencia; y (iv) obtener por lo menos dos (2)
ofertas de personas naturales o jurídicas que presten el servicio.

90. Este ejercicio de adecuación típica devela notorias deficiencias. En primer lugar,
los principios aludidos de la Ley 80 de 1993 se complementaron con reglas descritas
en la Resolución Nº 2800 de 2003, circunstancia que, al amparo de la sentencia C-
818 de 2005, resultaba improcedente, comoquiera que, para evidenciar que la
conducta reprochable -disciplinariamente- se originaba en un principio, la misma
debía desarrollarse conforme a una norma constitucional de aplicación directa o, en
su defecto, en virtud de una disposición de rango legal que la desarrollara de
manera específica. Como se observa, la resolución en comento, por medio de la
cual, se adoptó el procedimiento interno de contratación de la entidad, no ostenta
rango constitucional o legal, siendo una norma de inferior jerarquía, por lo que no
era dable que se apelara a las disposiciones allí previstas para determinar la
configuración de la falta gravísima endilgada. De aceptarse esa posibilidad,
cualquier reglamento tendría la potencialidad de estructurar faltas disciplinarias.

90.1. En otros términos, a las autoridades disciplinarias les correspondía identificar
una norma superior, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, que
concretara los principios de la contratación pública que se advirtieron desconocidos,
y que, además, describiera con suficiencia la conducta reprochada. Ciertamente, el
reglamento no sustituye y/o desplaza a los preceptos legales y constitucionales. No
en vano la Corte Constitucional, en la providencia referida supra, adujo que: “ no es
posible que una norma de inferior jerárquica (sic) a la ley, sirva para la descripción de los prepuestos

49

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

básicos de la conducta típica que será sancionada, pues como previamente se expuso, de permitir
que ello ocurra, se degradaría la garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña ”.

91. Si en gracia de discusión se admitiera que los operadores satisficieron la carga
de motivación, y que cumplieron con la observancia del elemento de tipicidad, al
alegar que el señor Montes Medina desconoció los principios de la función pública
(artículo 209 superior) y los de la contratación pública (artículos 23 a 26 de la Ley
80 de 1993), la misma Corte estableció como sub-regla que, cuando se formule la
acusación disciplinaria, debe señalarse tanto la conducta imputable como la norma
que la describe, no siendo suficiente la simple manifestación de haber vulnerado un
principio, pues, para dicho propósito, “resulta exigible su descripción y determinación
conforme a la disposición de rango legal o al precepto constitucional de aplicación directa que le
sirve de complemento”. Recuérdese que, como se mencionó en el acápite de “ hechos

probados”, en el fallo disciplinario de segunda instancia, el fallador acudió a asertos

genéricos sobre el desconocimiento de “principios que regulan la contratación estatal”.

92. En segundo lugar, la Sala observa que, para mantener la sanción por el cargo
primero, se le reprochó al disciplinado -quien adujo haber actuado al amparo de la
Ley 1122 de 2007- no actuar conforme a los requisitos previstos en la Resolución
Nº. 2800 de 2003 (que reprodujo, en su momento, diferentes disposiciones de la
Ley 80 de 1993). Para ilustrarlo, basta con traer a colación algunas consideraciones
del operador de primer grado, quien manifestó sobre el particular:

“(E)s evidente que siendo la Resolución 2800 de 2003 el Manual Interno adoptado por la
entidad para el manejo de su contratación, de la cual cabe advertir, encontraba su
fundamento legal en la Ley 80 de 1993, era éste el aplicable para el caso sub judice, razón
por la cual el cuestionamiento de la apoderada relacionado con las fechas de suscripción de
los contratos objeto de imputación, sugiriendo que para dichos meses ya se debía regir la
contratación por la ley 1122 de 2007, artículo 45, norma que entró en vigencia en enero del
año 2007, la suscrita debe recordar que en la entidad con la expedición de la Resolución No.
569 del 14 de marzo de 2008, se llevó a cabo la transición de un régimen a otro, por ende,
para la época de ocurrencia de los hechos objeto de investigación, aún era aplicable el
Manual de contratación adoptado conforme a los preceptos establecidos en la Ley 80 de
1993, Estatuto General de Contratación, pues solo hasta la expedición de dicha ley (1122
de 2007) se otorgó tal facultad, facultad que además debe advertirse, no podía entrar a
operar en cada Entidad, hasta tanto la misma creara su propio Manual de Contratación”.

93. Con ello, además de no explicar la norma legal vigente que concretaba los
principios presuntamente vulnerados con la conducta del disciplinado, la entidad
privilegió la aplicación de la Resolución Nº. 2800 de 2003 sobre la Ley 1122 de
2007, norma que estaba en vigor para la fecha de suscripción de los contratos, y en
cuyo artículo 45, con la remisión al artículo 195.6 de la Ley 100 de 1993, estableció
que las empresas promotoras de salud se someten, en materia contractual, al

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Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

derecho privado. Luego, si por virtud de la Ley el proceso de contratación podía
adelantarse al amparo del derecho privado, exceptuándose así de la aplicación del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no se explica por
qué la demandada superpuso las reglas del manual interno a efectos de reivindicar
las previsiones de este último, y no aquellas que gobernaban la contratación de la
entidad para ese entonces. En ese hilo, no es de recibo el argumento de la
accionada, según el cual, en la antesala de la expedición de la Resolución Nº. 569
de 2008, que actualizó el manual interno de contratación a efectos de armonizarlo
con la Ley 1122 de 2007, seguía rigiendo la Resolución Nº 2800 de 2003, pues, de
admitirse tal tesis, se aceptaría que el reglamento ostenta un carácter supralegal.

94. Con todo, es dable sostener que, para estructurar la falta gravísima del artículo
48.31 de la Ley 734 de 2002, consistente en “participar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en
la ley”, las autoridades disciplinarias no acreditaron las hipótesis alternativas del tipo

en cita, en el entendido que, por un lado, no se acreditó que, con la celebración de
los contratos en los que se advirtieron presuntas irregularidades, se haya generado
un detrimento al patrimonio público (precisando que sobre ese supuesto no se
estructuró el cargo), y, por el otro lado, que se hayan desconocido los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa, en los precisos términos
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2005.

95. Sobre este último punto, se insiste en que no cualquier atisbo de irregularidad
precontractual o contractual configura la falta gravísima de la que trata el artículo
48.31 ibidem y que los operadores no podían adecuar típicamente la conducta a
través de una resolución interna que no se acompasaba con la Ley vigente para la
fecha de ocurrencia de los hechos; a partir de la enunciación de principios sin
motivación suficiente que los concretara mediante mandatos legales o
constitucionales; o en virtud de la aplicación retrospectiva de la Ley 1150 de 2007.

96. Como corolario de lo anterior, se concluye que los actos demandados fueron
expedidos con falsa motivación y sin encontrarse acreditado el elemento de
tipicidad, lo cual, por sustracción de materia, implicaría omitir el pronunciamiento
sobre la ilicitud sustancial y el elemento de culpabilidad. Empero, la Sala acudirá a
unas breves precisiones sobre el análisis efectuado por los operadores.

51

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

96.1. En este punto, la Sala pone de presente que, aunque los argumentos a
exponer en materia de ilicitud sustancial y culpabilidad, en tanto elementos
estructurantes de la responsabilidad disciplinaria, refuerzan la conclusión sobre los
vicios de nulidad de los actos acusados, no la condicionan, es decir que su eventual
adecuación o conformidad con el ordenamiento superior no subsana los yerros
identificados en precedencia frente a la tipicidad y la motivación exigida.

2.5.2.2.3.2. Ilicitud sustancial.

97. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, en su redacción original, dispuso que “ la
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna ”. En el ámbito del

derecho disciplinario, la ilicitud sustancial no se fundamenta en la producción de un
daño material, o en la lesión de un bien jurídico en sentido estricto, sino en el
incumplimiento de los deberes que rigen el ejercicio de la función pública65.

98. En este punto, las autoridades disciplinarias arguyeron, en síntesis, que el señor
Montes Medina es odontólogo con especialización en gerencia en servicios de
salud, y que fungía para la época de los hechos como director territorial de la
Regional Bolívar, cargo que ostentó desde el dos mil uno (2001), “ lapso ampliamente
suficiente para que hubiere dado alcance a las exigencias legales y reglamentarias que debía
adherirse en cumplimiento de su función de ordenador del gasto en la territorial (…)”. La afectación

del deber funcional se tradujo -en su criterio- en la inobservancia de los requisitos
previstos en el manual interno y demás disposiciones concordantes.

99. Frente a este elemento, la Sala resalta que los operadores no demostraron cómo
las alegadas omisiones en atender los procedimientos precontractuales internos,
afectaron sustancialmente la función administrativa o los deberes que, como
director territorial, le asistían. Al respecto, no se acreditó que la contratación hubiese
derivado en una afectación al erario, que los servicios contratados no hubieran sido
necesarios o efectivamente prestados, que el valor pactado fuera desfavorable para
la entidad, ni que la selección de los contratistas hubiese obedecido a un interés
particular o a un provecho indebido, aspectos que resultaban relevantes para probar
que la conducta investigada produjo una afectación material y sustancial del deber

65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).

52

Número Interno: 0737-2016
Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

funcional y que, frente a la misma, no existía justificación alguna.

100. No pasa inadvertido que, de acuerdo con la certificación 66 expedida por la
división de recursos humanos de la extinta Caja, de fecha dos (2) de septiembre de
dos mil nueve (2009), el señor Montes Medina, en su calidad de director territorial,
y de conformidad con el Manual Específico de Funciones (adoptado mediante
Resolución 638 de 1997), tenía a su cargo, entre otras, la función de respetar,
cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos, y acuerdos
reglamentarios aplicables a CAPRECOM; así como, celebrar los contratos y
ejecutar los actos administrativos que se requirieran en atención a la misión y objeto
social de la entidad. Ahora, si bien al demandante le correspondía velar por el
adecuado cumplimiento de los reglamentos internos, no es menos cierto que
también le correspondía cumplir -y hacer cumplir- la Constitución y la ley, deber en
el que afincó su defensa al reivindicar la aplicación de la Ley 1122 de 2007, y que
no fue abordado con suficiencia por las autoridades disciplinarias de instancia.

101. A pesar de haberse invocado las causales de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria contempladas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, los operadores
reprocharon que, por el hecho de haber desempeñado el cargo de director desde el
dos mil uno (2001), el actor debía tener conocimiento de los procedimientos internos
y de los requisitos para contratar, pasando por alto que, antes del dos mil siete
(2007), año en el que entró en vigor la Ley 1122 y se celebraron los contratos objeto
de investigación, el ordenamiento no contemplaba con claridad que el régimen
contractual aplicable era el del derecho privado. Ello podría explicar por qué los
contratos de vigencias anteriores no presentaban las presuntas irregularidades, sino
aquellos suscritos al amparo de la Ley 1122 de 2007, que posteriormente sirvió de
sustento para la expedición del manual con ocasión de la Resolución 569 de 2008.

102. Los defectos señalados ut supra también apuntan a la conclusión según la cual
los actos enjuiciados adolecen de falsa motivación.

2.5.2.2.3.3. Culpabilidad.

103. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 dispone: “en materia disciplinaria queda proscrita
toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa ”.

66
Folios 722 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

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Número Interno: 0737-2016
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Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

La Sala recuerda que, es en el análisis de la culpabilidad, en el que se valora el
aspecto subjetivo de la conducta67, estadio dentro del cual está proscrita toda forma
de responsabilidad objetiva, límite que no presupone que, para su configuración -en
las formas del dolo, culpa grave y gravísima- se exija la causación de un daño.

104. En el caso de autos, tampoco se identifica que los fallos hayan desarrollado un
juicio de reproche subjetivo suficientemente autónomo y consistente respecto del
primer cargo formulado, siendo este el único que prosperó. Aunque se calificó la
conducta a título de culpa gravísima, por ignorancia supina, la motivación se limitó
a aseverar que, por su condición de director territorial, tenía el deber de conocer las
normas que regulaban los procedimientos de contratación de la entidad, por lo que
se concluyó que existió negligencia frente a los deberes que le asistían. Este
razonamiento resulta insuficiente para explicar cómo, en un contexto de transición
normativa -y reglamentaria-, la interpretación del demandante era manifiestamente
inexcusable y no se erigía como una discrepancia legítima del régimen de
contratación llamado a gobernar los contratos de la entidad.

105. Siendo así las cosas, la Sala concluye que los actos sancionatorios fueron
expedidos con falsa motivación, razón suficiente para declarar su nulidad.

2.5.3. Del restablecimiento del derecho.

106. El señor Montes Medina pretende, a título de restablecimiento del derecho, el
reintegro a la entidad, el pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir, y el
pago de cien (100) salarios mínimos mensuales a título de perjuicios morales.

107. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordenará, en primer lugar,
oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que registre esta decisión en el
Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades -SIRI- y, en
consecuencia, proceda a eliminar todas las anotaciones de la sanción impuesta.

108. Ahora, en lo que toca al reintegro y a los reconocimientos subyacentes, la Sala
encuentra acreditado que, mediante la Resolución Nº 00009 del dos (2) de enero
de dos mil nueve (2009)68, la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones –

67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
68
Folios 719 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.

54

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Demandante: Fabián Federico Montes Medina
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

CAPRECOM aceptó la renuncia del actor a partir del treinta (30) de enero del año
en cita, en el cargo de “director territorial de entidad descentralizada, código 0042, grado 17, de
la Regional Bolívar”. En la certificación allegada, de fecha dieciséis (16) de junio de dos

mil diez (2010)69, se lee: “que el doctor Fabián Federico Montes Medina laboró en esta entidad
desde el 08 de marzo de 2001, en el cargo de director territorial de entidad descentralizada, código
0042, grado 17, de la Regional Bolívar, hasta el 29 de enero de 2009, fecha en la cual se le aceptó
la renuncia al cargo, según Resolución 00009 del 02 de enero de 2009. Que al momento de su retiro
devengaba una asignación mensual de $4.122.735”. Así las cosas, considera esta Sala que

el reintegro, y el pago de las sumas dejadas de percibir, devienen improcedentes,
habida cuenta que, dos (2) años antes de proferirse el fallo disciplinario de primera
instancia, el demandante ya había presentado su renuncia voluntaria al cargo, y no
obra prueba que permita acreditar que la desvinculación se dio con ocasión de la
actuación disciplinaria, ni así lo advierte el señor Montes Medina en la demanda.

109. Con respecto a los perjuicios morales, esta Colegiatura, en la ya citada
sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)70, recordó que el
perjuicio moral tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechas las
condiciones generales para su reconocimiento, a saber: que sea particular,
determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien
jurídicamente tutelado. Además, se resalta que, quien pretende el reconocimiento
de perjuicios morales, debe acreditar la ocurrencia del daño que lo origina.

110. Aunado a ello, en dicha oportunidad se precisó que, para que proceda el
reconocimiento de la indemnización por concepto de perjuicios morales generados
por una sanción disciplinaria irregular, es necesario convencer plenamente al juez
de la existencia de un padecimiento causado con ocasión de la sanción y la
publicidad de aquella, de tal manera que el operador judicial, dentro de su
discrecionalidad, determine la magnitud del dolor, aflicción, tristeza o congoja y, con
fundamento en ello, la indemnización a reconocer.

111. En el sub judice, no se aportó ningún elemento de convicción que permita
probar el dolor, la aflicción, la tristeza, la congoja y el sufrimiento que padeció el
señor Montes Medina, con ocasión de la lesión a sus intereses jurídicos protegidos
que, según adujo, le produjo la sanción disciplinaria. Más allá de los dichos de la

69
Folio 721 del Cuaderno Nº 1.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de febrero
de 2026, Rad. 08001-23-33-000-2021-00596-01 (6854-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

55

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Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y Otros

demanda, según los cuales es el único sustento de su hogar, o que se ha visto en
la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado, o de vincularse al sector
público, no existe ningún medio de convicción que así lo acredite o que, habiéndose
demostrado, hubiese impactado la órbita interna del actor o de su familia.

2.6. Conclusiones

112. Con base en los elementos de prueba valorados conjunta e integralmente, la
Sala concluye que los actos sancionatorios enjuiciados, aunque no develan una
infracción al principio de congruencia, sí adolecen de falsa motivación y que, de su
contenido, no es posible advertir la configuración de los elementos estructurantes
de la responsabilidad disciplinaria, circunstancia que conduce a declarar su nulidad.
Adicionalmente, se declarará no probada la excepción de caducidad, mientras que
prosperará la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pese a que no proceden las
pretensiones de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Procuraduría
General de la Nación a que registre esta decisión en el Sistema de Información de
Registro de Sanciones e Inhabilidades y, en consecuencia, proceda a eliminar todas
las anotaciones de la sanción impuesta al señor Fabián Federico Montes Medina.

2.7. Condena en costas.

113. Revisada la actuación de las partes, no hay lugar a la condena en costas, toda
vez que no se demostró temeridad o mala fe, tal y como lo regulaba el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo – CCA, estatuto aplicable al asunto de
marras, teniendo en cuenta la fecha en que se promovió el proceso, que consagraba
un criterio subjetivo para efectos de su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por La
Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de CAPRECOM (liquidada). A su turno, DECLARAR probada la

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excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por el Ministerio
de Salud y Protección Social, conforme a las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos sancionatorios del
veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), mediante el cual, la Oficina de
Control Interno Disciplinario (Secretaría General) de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM sancionó disciplinariamente al señor Fabián
Federico Montes Medina con el correctivo de destitución e inhabilidad general por
once (11) años, y del fallo del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), expedido
por el director general de la entidad, en virtud del cual se confirmó parcialmente la
decisión primigenia, de conformidad con las consideraciones arriba expuestas.

TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación a que registre esta
decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades -
SIRI- y, en consecuencia, proceda a eliminar todas las anotaciones de la sanción
impuesta al señor Fabián Federico Montes Medina, por lo expuesto.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. Sin condena en costas.

SEXTO. RECONOCER PERSONERÍA a la señora Yamile Ospina Sáenz, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadanía 52.557.505, abogada portadora de
la tarjeta profesional Nº. 195.224 del Consejo Superior de la Judicatura, en los
términos del poder conferido por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social.

SÉPTIMO. Aceptar la renuncia al poder presentada por el señor Camilo Andrés
Prieto Jaimes71 y, en consecuencia, RECONOCER PERSONERÍA al señor Gabriel
Ricardo Cardozo de los Ríos, mayor edad, identificado con la cédula de ciudadanía
1.117.549.519, abogado portador de la tarjeta profesional Nº. 387.676 del Consejo
Superior de la Judicatura, en representación del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de CAPRECOM (liquidada), atendiendo a los términos de la sustitución
del poder que reposa en el expediente72.

71
Índice 00053 del Samai.
72
Índice 00060 del Samai.

57

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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