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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00320-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00320-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de julio de 2024, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones 20226310005423 del 5 de agosto de 2022 y 3652 del 2 de noviembre de 2022 que declararon la responsabilidad disciplinaria de los demandantes y les impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses, por las razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia. 104En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Radicado: 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024) Demandante: Nelson Gabriel Velásquez Marín y otro Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que adelante todas las gestiones para que se registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades -SIRI- y, en consecuencia, se proceda a eliminar la correspondiente anotación de las sanciones impuestas. Igualmente, condenar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a pagar a Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia de la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término 3 meses. Estas sumas deberán indexarse, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto. Sin condena en costas en ambas instancias. Sexto. La sentencia se deberá cumplir en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. Séptimo. Reconocer personería para actuar en representación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al abogado Brandon Daniel Roncancio […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00320-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024)
Demandantes: Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes
Demandada: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia1

Tema: Disciplinario. Artículo 35.2 de la Ley 734 de 2002: «2. Imponer a
otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el
cumplimiento de sus deberes».

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

1. Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso -
administrativo3 acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad
de los siguientes actos:

1 En adelante UAE Migración Colombia.
2 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 2, pág. 1.
3 En adelante CPACA.

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Demandante: Nelson Gabriel Velásquez Marín y otro

1.1. Resolución 20226310005423 del 5 de agosto de 2022, expedida por el
subdirector de control disciplinario interno de la UAE Migración Colombia,
mediante la cual fueron sancionados por «la falta disciplinaria descrita en el
numeral 2 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 (numeral 2 del artículo 39 de la Ley
1952 de 2019), vigente para la época de los hechos, y demás normas concordantes
referidas en el acápite de normas violadas» y, en consecuencia, les impuso la
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial de 3
meses

1.2. Resolución 3652 del 2 de noviembre de 2022, expedida por el director de la
UAE Migración Colombia, que confirmó la decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho pidieron (i) el reintegro sin solución de
continuidad; (ii) el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir en
virtud de la ejecución de la sanción; (iii) la cancelación de cualquier anotación en la
hoja de vida o en el sistema de antecedentes disciplinarios; (iv) el pago de
$10.000.000 por los honorarios pagados a profesionales del derecho y de 20 smlmv
a cada uno por concepto de perjuicios morales.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Desde el 5 de junio de 2018 Nelson Gabriel Velásquez Marín desempeñaba el
cargo de oficial de migración código 3010 grado 11, asignado al Grupo
Interdisciplinario Misional Regional Amazonas4.

5. Joan Mauro Cerón Reyes fue incorporado a la UAE Migración Colombia el 1 de
enero de 2012. Para el 30 de julio de 2019 se desempeñaba como oficial de
migración código 3010 grado 13, asignado al Grupo Interdisciplinario Misional
Regional Amazonas5.

6. Diana Johanna Quintero Amaya también laboraba en la Regional Amazonas de
la UAE Migración Colombia como secretaria ejecutiva y una de sus funciones era
ser «enlace de seguridad». Su superior jerárquico era Jamelia Torres Gómez, quien
se desempeñaba como directora regional Amazonas.

7. El 15 de julio de 2019 Diana Johana Quintero Amaya puso en conocimiento de
Jamelia Torres Gómez que el día anterior [domingo], después de cumplir la orden
de hacer la auditoría a las cámaras de las instalaciones de la Regional Amazonas,

4 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 33.
5 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 31.

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Demandante: Nelson Gabriel Velásquez Marín y otro

en la vía pública se encontró con los demandantes, quienes la amenazaron porque
su jornada laboral era de lunes a viernes y no tenía «nada que hacer» ese día en las
instalaciones de la entidad. Asimismo, le dijeron que la directora era temporal y que
eran los oficiales de migración los que mandaban; además, que el «consejo» que le
daban era que no se «metiera en problemas».

8. El mismo día, la directora regional puso estos hechos en conocimiento de la
subdirectora de control disciplinario interno, Paola Andrea Castañeda Cáceres. Para
tal efecto, en un correo electrónico adjuntó copia de la denuncia interpuesta el 14
de julio de 2019 por Diana Johanna Quintero Amaya, con número de noticia criminal
910016101509-2019-00374.

9. Mediante auto del 16 de julio de 2019 se dio apertura a la investigación
disciplinaria y se declaró su cierre el 15 de diciembre de 2020.

10. El 5 de enero de 2021 se dictó el pliego de cargos. A ambos disciplinados [por
separado] se les imputó «la falta disciplinaria descrita en el numeral 2º del artículo 35 de
la ley 734 de 2.002» porque el 14 de julio de 2019, de manera agresiva y sin
justificación alguna, intimidaron a la funcionaria por haber acudido al PCMF6 La
Balsa en cumplimiento de una orden impartida por la directora regional, hecho que
denotaba impedirle cumplir con sus deberes que, como enlace de seguridad, debía
realizar ese día y durante fechas posteriores. Ello, por haber acudido a cumplir con
una orden impartida por la directora, «lo cual hicieron profiriéndole amenazas para que
no se acercara ni acudiera a dicho puesto de control migratorio».

11. El 5 de agosto de 2022 se expidió el fallo de primera instancia. Se les declaró
disciplinariamente responsables y se les impuso la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de 3 meses. La decisión fue confirmada el 2 de
noviembre de 2022.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

12. Como tales se señalaron los artículos 137 y 138 del CPACA y se expuso lo
siguiente:

13. Los derechos de defensa y debido proceso se vulneraron y el acto se expidió
con falsa y falta de motivación, en razón a que la sanción se sustentó en la denuncia
presentada y descartó los argumentos planteados por la defensa.

14. Se desconoció el principio «indubio pro disciplinado», en tanto no existía
elemento probatorio –distinto de la denuncia– que permitiera afirmar la existencia
del hecho. En efecto, la sanción se erigió en supuestas amenazas que hicieron los
disciplinados a una funcionaria de migración, pero ello no tuvo sustento en ningún

6 Puesto de Control Fluvial Migratorio.

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elemento de prueba; además, de la denuncia tramitada por la Fiscalía General de
la Nación no se podía extraer que los disciplinados amenazaron, violentaron o
abordaron agresivamente a la quejosa. Lo único que se podía deducir era que sí la
cuestionaron sobre su estancia en horas no laborales en la balsa de migración.

15. Con la lectura de la queja solo se podía evidenciar que «dicho domingo» no se le
impidió cumplir con la «supuesta labor» que la directora le encomendó, pues según
la narración, la conversación fue después de haber salido de La Balsa.

16. Como cierto debió tenerse que a la quejosa se le preguntó qué hacía un
domingo fuera del horario laboral en La Balsa. Este cuestionamiento no podía
interpretarse como una amenaza ni como forma de obstrucción de función alguna,
pues incluso ella debía someterse a los reglamentos de la entidad y, de cualquier
modo, no era necesario hacer un análisis minucioso en si era justificada o no la
pregunta, pues se trató de una simple manifestación fundada en una convicción
funcional.

17. A la declaración de Jamelia Torres Gómez se le otorgó un valor que no tenía,
pues era una prueba de referencia. Incluso, agregó afirmaciones que ni siquiera la
quejosa había advertido, por ejemplo, que «le habían dicho que aprendieran a
respetarlos», entre otras afirmaciones; en todo caso, solo podía probar lo que le dijo
la quejosa, pero no los hechos relevantes objeto de investigación. La entidad
aseguró que esta testigo tenía amplia vocación probatoria porque se trataba de la
máxima autoridad, lo que constituía una falacia por autoridad.

18. De otro lado, Carlos Andrés López López dio cuenta del normal comportamiento
de Joan Mauro Cerón Reyes, pero «convenientemente» la entidad le restó valor
probatorio porque no era testigo presencial.

19. El acto sancionatorio de segunda instancia se limitó a reproducir apartes
jurisprudenciales del concepto e hizo afirmaciones abstractas, habida cuenta que
no precisó si se refería al cumplimiento o no del deber funcional de los investigados
o a la supuesta obstaculización del deber funcional en cabeza de la quejosa.

20.A Nelson Gabriel Velásquez Marín se le negó la oportunidad de acceder al
expediente para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

1.2. Contestación de la demanda7

21. La UAE Migración Colombia se opuso a las pretensiones por las siguientes
razones:

22. La actuación disciplinaria se ajustó a lo previsto en las leyes 734 de 2002 y 1952

7 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21.

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de 2019, así como a las garantías fundamentales de los disciplinados, pues la
decisión se adoptó con base en pruebas testimoniales y documentales legalmente
practicadas. Además, se decretaron las que fueron solicitadas y no existió obstáculo
para que los investigados accedieran al expediente y en todas las etapas realizaron
las intervenciones que consideraron pertinentes.

23. El material probatorio aportado evidenciaba que la valoración que permitió
declarar probado el cargo, así como el análisis de documentos, testimonios e
inspecciones, permitieron demostrar la correspondencia entre la tipicidad y los
elementos fácticos que constituían la conducta objeto de reproche. No era cierto
que la valoración se efectuó con base en la «denuncia penal»; al contrario, fue la
valoración integral la que permitió establecer la responsabilidad.

24. Asimismo, se demostró la ilicitud sustancial, pues al intimidar a una compañera
de trabajo, al punto de impedirle el cumplimiento de funciones, denotaba la
afectación de la buena marcha de la administración y la perturbación dolosa de las
labores de seguridad de la «Regional Amazonas».

1.3. Sentencia de primera instancia8

25. Mediante sentencia proferida el 24 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.

26. Para tal efecto, reseñó los hechos probados y se detuvo en el marco normativo
y jurisprudencial del control de legalidad de los actos disciplinarios y los elementos
por analizar. A continuación, resolvió el caso concreto así:

27. Los demandantes fueron notificados de la investigación, el pliego de cargos, los
actos sancionatorios y participaron activamente en algunas declaraciones
juramentadas. Asimismo, se les remitió copia del expediente disciplinario 080 de
2019 y la autoridad disciplinaria indicó la norma transgredida en razón de la
conducta endilgada, la cual fue congruente en todas las etapas.

28. Sobre los videos de las cámaras de seguridad, si bien la parte actora alegó que
no tuvo acceso, el operador los desestimó por las falencias en su obtención y
recaudo, de conformidad con la regla de exclusión probatoria.

29. En relación con la denuncia presentada por Diana Johanna Quintero Amaya, en
el acto de primera instancia se precisó que era el punto de partida para la
investigación de los hechos en el proceso, pero que no constituía prueba. Además,
la denunciante también rindió declaración juramentada, presentó la queja y con los

8 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 54.

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demás elementos probatorios se llegó a la convicción de la comisión de la falta.

30. Si bien los indicios no eran medios de prueba, sí eran herramientas a tener en
cuenta al momento de apreciar los documentos y testimonios, de conformidad con
el artículo 141 de la Ley 734 de 2002. A su vez, la Corte Constitucional precisó que
la sana crítica, a diferencia de otros sistemas de valoración, obligaba al juzgador a
establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica,
la ciencia y la experiencia.

31. La sanción fue adoptada a partir del conjunto de pruebas recaudadas que dieron
cuenta de la ocurrencia de los hechos. Incluso, Nelson Gabriel Velásquez Marín
expresó que la discusión «continuó entre los tres», es decir que, pese a que la quejosa
se encontraba en las instalaciones por orden de su superior, al salir de estas se
presentó una discusión con los actores que se circunscribió a la labor que se estaba
ejecutando y que la llevó a estar «bastante intimidada, al punto que interpuso la
respectiva denuncia ante la referida Fiscalía, presentó queja disciplinaria, se le solicitó la
adopción de medidas necesarias para las actividades pertinentes para proveerle protección
policiva y evitar afectaciones futuras en su vida e integridad y finalmente se le realizó un
traslado en la entidad».

32. Los demandantes sí incurrieron en la falta disciplinaria descrita en el artículo
35.2 de la Ley 734 de 2002 porque le impidieron a su compañera el cumplimiento
de sus deberes; en consecuencia, no tenía vocación de prosperidad el argumento
relacionado con la falsa motivación. Ello, porque se realizó un análisis claro,
detallado y coherente.

33. En la demanda se alegó una persecución o acoso laboral, pero no fue
debidamente sustentado ni probado, por el contrario, se demostró que se
garantizaron los derechos al debido proceso y contradicción de los disciplinados.

1.4. El recurso de apelación9

34. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:

35. El a quo [en 2 párrafos] consideró que las decisiones se notificaron y que el
proceso se surtió con las formalidades de ley. Igualmente, se dio por cierto que se
permitió el acceso íntegro al expediente por el hecho de haber presentado
descargos y recursos aun cuando la entidad admitió que a los disciplinados no se
les permitió tener acceso –por ejemplo– a los videos de las cámaras de seguridad.
En esta oportunidad también se incurrió en falta de motivación de la decisión.

36. La denuncia fue tomada como única y absoluta prueba en el marco del proceso

9 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 58.

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disciplinario. Lo primero, porque la declaración de la directora se sustentó en lo que
esta relataba (prueba de referencia), la petición de medidas de protección también
se fundamentó en lo afirmado por la quejosa y la solicitud de traslado también se
remite a aquella. Lo segundo, porque se dio pleno valor de verdad cierta e
inamovible a «lo que creían los falladores se decía en la denuncia». No solo en ello
consistió la falta y falsa motivación, sino que también se argumentó que se le dio un
sentido que no tenía en su contenido.

37. En los actos acusados, a partir de dicho documento, se concluyó «de manera
agresiva y sin justificación alguna» que los actores intimidaron a Diana Johanna
Quintero Amaya aun cuando de su propio relato no se derivaba tal conducta. Lo
único que se desprendía era que le reprocharon el hecho de estar un domingo en
unas instalaciones de la entidad, hecho del cual no se derivaba ineludiblemente la
agresividad que sirvió de sustento a las decisiones.

38. El a quo despachó desfavorablemente en una página los argumentos de la
demanda sin aterrizar su atención en cada uno de los planteamientos desarrollados.
Omitió señalar cómo, en el marco del proceso disciplinario, no se analizó si las
pruebas se habían valorado de forma razonable y conjunta.

39. La sentencia y los actos siguieron la misma línea discursiva [no argumentativa]:
«el proceso disciplinario se surtió conforme a las garantías fundamentales, la denuncia
interpuesta por DIANA QUINTERO da cuenta del hecho disciplinario, POR TANTO, los mismos
son responsables disciplinariamente», razonamiento que quebrantaba sus derechos
porque bastó la denuncia para dar por acreditados los hechos, sin realizar la
corroboración periférica de su valoración conjunta.

40. Lo anterior, especialmente si se tenía en cuenta que Diana Johanna Quintero
Amaya nunca afirmó que había sido objeto de agresiones, violencias o
intimidaciones, sino que solo le preguntaron qué hacía en las instalaciones un
domingo, esto era en horario no laboral.

1.5. Trámite en segunda instancia

41. En auto del 29 de noviembre de 202410 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley
2080 de 2021.

41.1. La Procuraduría Tercera Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo
de Estado11 consideró que se debía confirmar la sentencia por las siguientes
razones: (i) la investigación administrativa, la formulación de cargos y los actos

10 Samai, índice 6.
11 Samai, índice 11.

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acusados fueron debidamente notificados a los demandantes, quienes intervinieron
y ejercieron su oposición en algunas etapas procesales; (ii) no podía alegarse que
no tuvieron acceso a unos videos extraídos de las cámaras de seguridad
identificadas con los números 20 y 21, pues el operador disciplinario se abstuvo de
valorarlas como soporte fáctico al momento de adoptar la decisión; y (iii) la sentencia
de primera instancia recogió el análisis documental probatorio efectuado de
declaraciones juramentadas, informes, memorandos e inspección que dan cuenta
de las irregularidades imputadas a los funcionarios disciplinados.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

42. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problemas jurídicos

43. De conformidad con el recurso de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:

43.1. ¿Se vulneraron los derechos de defensa, contradicción y debido proceso
porque a Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes se les
impidió conocer el expediente disciplinario?

43.2. ¿Se demostró que Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes
incurrieron en la falta prevista en el «artículo 35.2 de la Ley 734 de 2002», es
decir, impedir a otro servidor público el cumplimiento de sus deberes?

43.3. ¿En la valoración probatoria realizada se atendieron los principios de sana
crítica y apreciación integral?

43.4. ¿La queja presentada fue la única prueba que sirvió de sustento para imponer
la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses?

44. Con el fin de resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala seguirá la
siguiente estructura expositiva: (i) se expondrán las actuaciones adelantadas en el
procedimiento administrativo; (ii) se abordará lo relacionado con el derecho al
debido proceso; y (iii) comoquiera que los cargos relativos a la valoración probatoria

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y la denuncia se enmarcan en la categoría dogmática de tipicidad, se expondrá el
marco normativo y jurisprudencial pertinente para cada asunto y, posteriormente, se
resolverán en conjunto los demás problemas jurídicos.

2.3. La actuación administrativa

45. En el expediente está demostrado lo siguiente:

46. El 14 de julio de 2019 Diana Johanna Quintero Amaya [secretara ejecutiva,
Apoyo Dirección Regional Amazonas] presentó denuncia por «amenazas» en su
contra por parte de sus compañeros Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro
Cerón Reyes. Esta situación fue puesta en conocimiento de su superior jerárquica,
Jamelia Torres Gómez [directora regional Amazonas].

47. Mediante correos electrónicos del 15 de julio de 2019 Diana Johanna Quintero
Amaya remitió a Jamelia Torres Gómez la «denuncia con número único de noticia
criminal». A su vez, esta última funcionaria lo reenvió a Paola Andrea Castañeda
Cáceres [subdirectora de control disciplinario interno] con la siguiente anotación:
«remito denuncia interpuesta [por Diana Quintero], donde relat[ó] amenazas recibidas por
parte de funcionarios Joan Mauricio Cerón Reyes y Nelson Gabriel Velásquez Marín, en
hecho ocurridos en la vía pública en la tarde [del 14 de julio de 2019] en Leticia». Asimismo,
pidió un formato para solicitar la apertura de la indagación disciplinaria
correspondiente.

48.El mismo día, Jamelia Torres Gómez remitió correo electrónico a Christian
Kruger Sarmiento, director de la UAE Migración Colombia, en la cual expuso los
hechos acaecidos.

49. A través del auto expedido el 16 de julio de 201912 se dio apertura a la
investigación disciplinaria en contra de Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan
Mauro Cerón Reyes y se decretaron pruebas documentales, testimoniales y la visita
especial a la Regional Amazonas. Esta decisión se notificó personalmente el 17 de
julio de 201913.

50.Por medio de correos electrónicos remitidos el 7 de julio de 201914, enviados
con copia a los disciplinados, Diana Johanna Quintero Amaya y Jamelia Torres
Gómez fueron citadas para rendir declaración juramentada el 17 de julio de 2019.

12 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 1», pág. 25.
13 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 1», pág. 33 y 35.
14 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 1», pág. 38.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nelson Gabriel Velásquez Marín y otro

51.El 3 y 16 de diciembre de 2019 Nelson Gabriel Velásquez Marín15 y Joan Mauro
Cerón Reyes16 rindieron versión libre.

52. Mediante auto 20206320008443 del 15 de diciembre de 2020 se declaró el
cierre de la etapa de investigación disciplinaria17. Esta decisión se notificó por
estado el 21 de diciembre de 202018.

53. En auto 20216320000013 del 5 de enero de 202119 se formularon los cargos. A
ambos disciplinados se les imputó «la falta disciplinaria descrita en el numeral 2º del
artículo 35 de la ley 734 de 2.002» y las razones en común fueron las siguientes:

«[...] el día 14 de julio de 2019, de manera agresiva y sin justificación alguna,
intimidó a la funcionaria DIANA JOHANNA QUINTERO AMAYA, por haber
acudido al PCMF La Balsa en cumplimiento de una orden impartida por la
directora regional, hecho que denota impedirle cumplir sus deberes que como
enlace de seguridad debía realizar ese día y durante fechas posteriores.

[...] El cargo disciplinario endilgado se materializa en las normas anteriormente
transcritas y por disposiciones legales, las cuales son claras en definir que los
servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o función, deben
hacerlo al servicio de los intereses generales conforme lo manda la función
administrativa, pues ella la que determina el buen funcionamiento de la
administración, que la labor de un Oficial de Migración con desempeño de
funciones en un PCM no puede impedir que otro servidor cumpla sus deberes,
sino que por el contrario deben apoyar y/o facilitar su cumplimiento, que en el
presente caso le competía a la funcionaria DIANA QUINTERO desempeñar,
quien pese de haber informado que se encontraba cumpliendo una orden de la
directora regional, la vetó a que no tenía nada que hacer en el PCMF La Balsa,
con fundamento en no ser el horario de oficina y que allí no manda la directora,
sino que quien manda son los oficiales de migración, actuar que equivale a faltar
a la diligencia, eficiencia y eficacia que son encomendados por disposiciones
legales, lo cual al parecer cumplió el investigado, cuando es un deber cuya
ejecución así lo demanda la función pública y era de observar dado el deber
funcional que le era exigible.

[...] Acopio probatorio que fue decretado y allegado dentro de la oportunidad legal
que permite inferir de manera clara que al parecer el día 14 de julio de 2019, el
señor [...] junto con el Oficial de Migración [...] abordaron de manera intempestiva
y agresiva a la funcionaria DIANA QUINTERO, por haber acudido al PCMF La
balsa en cumplimiento de un orden impartida por la directora, profiriéndole
amenazas para que no se acercara ni acudiera a dicho puesto de control
migratorio so pretexto que allí no mandaba la directora ni nadie, pues que solo

15 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 7.
16 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 17.
17 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 39.
18 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 3», pág. 1.
19 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 3», pág. 3.

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mandaban allí los oficiales de migración, lo cual es sinónimo de no atender
razones de jerarquía ni de obediencia debida ante una orden que había sido
impartida a la citada funcionaria, lo que equivale a impedirle que cumpliera las
funciones, conforme se acredita mediante la denuncia [...], el formato de solicitud
de medida de protección de la Fiscalía invocada por DIANA JOHANNA
QUINTERO AMAYA dirigido a la Policía Nacional [...], la declaración de la
doctora JAMELIA TORRES [...], la declaración de la funcionaria DIANA
JOHANNA QUINTERO AMAYA [...], los videos [...], confrontados con la
diligencia de versión libre del investigado [...].

[...] Con base en el análisis hecho anteriormente, debe concluir este Despacho
que con su irregular proceder y de acuerdo con el Artículo 43 de la Ley 734 de
2002, que indica los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta y
en la cual se puede ver incurso el investigado frente al cargo que se le endilga,
la falta se califica provisionalmente como GRAVE, teniendo en cuenta que la
conducta se cometió a título de DOLO, según el análisis jurídico probatorio que
antecede, y que se trata de una prohibición para no perturbar el cumplimiento de
una orden, que trascendió al punto de alterar el orden administrativo de la
regional pues la funcionaria fue trasladada, con miras a protegerla de las
amenazas recibidas por acudir al PCMF la balsa en cumplimiento de una orden
y que en el hecho el investigado actuó en compañía de otro servidor infligiendo
advertencias a la funcionaria, lo que amerito que la funcionaria sintiera tal temor
que implicó colocar denuncia penal en contra de los funcionarios implicados en
el hecho» [sic].

54. Nelson Gabriel Velásquez Marín20 y Joan Mauro Cerón Reyes21 presentaron los
descargos22 y a través del auto 20216320002663 proferido el 11 de mayo de 202123
se decretaron las pruebas solicitadas por los disciplinados. Entre ellas, el testimonio
de Carlos Andrés López López, quien compareció el 1 de febrero de 202224.

55. Mediante auto 20226300000983 del 15 de febrero de 202225 se corrió el traslado
para que los disciplinados presentaran sus alegatos de conclusión. La decisión se
notificó por estado el 16 de febrero de 202226.

20 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 3.
21 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 47.
22 Argumentaron ─entre otras cosas─ que (i) a Diana Johanna Quintero Amaya no se le impusieron

labores ajenas a su función y tampoco se le impidió su cumplimiento; (i) la queja era falsa y así
estaba demostrado «en materia penal»; (iii) la radicación de la denuncia no implicaba que los
hechos narrados fueran ceritos y tampoco se infería una sanción automática o la existencia de una
falta; además, esta fue archivada, lo que demostraba la inexistencia de los hechos y la consecuente
ineficacia de la prueba; (iv) el testimonio de Jamelia Torres Gómez era de referencia y de oídas; y
(iv) los videos aportados por dicha declarante eran irreales e inadmisibles porque fueron recaudados
con violación del derecho a la intimidad; además, su contenido y cadena de custodia no soportaba
el análisis de legalidad.
23 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 69.
24 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 133.
25 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág.141.
26 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 155.

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56. A través del auto 20226310003693 del 15 de junio de 2022 27 se resolvió el
impedimento declarado por la subdirectora de control disciplinario interno para
adelantar la etapa de juzgamiento. Con sustento en la Ley 1952 de 2019, modificada
por la Ley 2094 de 2021 fue aceptado y se designó al subdirector de talento humano
de la UAE Migración Colombia para que adelantara lo correspondiente a la etapa
de juzgamiento.

57. Mediante acto 20226310005423 del 5 de agosto de 202228 el subdirector de
control disciplinario interno ad hoc resolvió declarar probado y no desvirtuado el
cargo formulado a los disciplinados por la falta disciplinaria descrita en el numeral 2
del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y, en consecuencia, imponerles la sanción de
suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses.

58. Contra la anterior decisión, Nelson Gabriel Velásquez Marín29 y Joan Mauro
Cerón Reyes30 presentaron recurso de apelación y alegaron ─entre otras cosas─
que se valoraron indebidamente las pruebas y que debían tenerse en cuenta los
móviles de la medida de protección, en razón a que la quejosa no tenía arraigo y le
convenía el traslado a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la decisión se confirmó a
través de la Resolución 3652 del 2 de noviembre de 202231.

2.4. El derecho al debido proceso en las actuaciones disciplinarias

2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial

59. El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso se deberá
aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Además, que (i)
nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio; y (ii) quien sea sindicado tiene derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.

27 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 4», pág. 163.
28 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 5», pág. 1.
29 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 5», pág. 85.
30 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 5», pág. 59.
31 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 6», pág. 43.

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60.En términos de la Corte Constitucional32, el debido proceso en sede
administrativa comprende lo siguiente: «(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin
dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su
inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar
de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii)
a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la
nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso».

61. Entonces, el derecho en mención se conforma por garantías procedimentales y
sustanciales; las primeras que corresponden a la observancia de las formas de cada
juicio, mientras que las segundas se concretan en la legalidad de la falta y sanción
disciplinaria, la defensa, publicidad, contradicción y la posibilidad de solicitar las
pruebas33.

2.4.2. Caso concreto

62. La parte demandante alegó que el a quo dio por cierto que a los disciplinados
se les permitió el acceso íntegro al expediente por el hecho de haber presentado
los descargos y recursos, aun cuando la entidad aceptó que no tuvieron acceso, por
ejemplo, a los videos de las cámaras de seguridad.

63. Pues bien, el auto dictado el 16 de julio de 2019 [que dio apertura a la
investigación] fue notificado personalmente el 17 de julio de 2019 con la siguiente
constancia: «[d]e igual manera se le hace entrega real, material y legible de dicha
providencia en tres (3) folios anverso y reverso, [...]. El expediente N° 080-2019 estará a su
disposición en la Subdirección de Control Disciplinario Interno de la UAE Migración
Colombia, ubicada en la Av. El Dorado N° 59-51, edificio Argos, torre 3º, piso 4º de Bogotá».

64. Luego, para notificar el pliego de cargos, el 6 de enero de 2021 se comisionó a
la directora regional Amazonas y se adjuntó «formatos de diligencia de notificación
personal, citación y copia del auto, en un total de dieciséis (16) folios para ser entregados
al investigado». Esta se surtió el 8 de enero de 202134 y, tal como se anotó, se entregó
a Nelson Gabriel Velásquez Marín la citación y el mismo día se notificó con la
anotación: «se le hace entrega gratuita e íntegramente la copia de la citada providencia en
un total de catorce (14) folios; igualmente se le comunica que tiene derecho a presentar sus
descargos y/o solicitar la práctica de pruebas».

65. Por su parte, Joan Mauro Cerón Reyes solicitó copia de la investigación

32 Sentencia C-980 de 2010
33 Ver entre otras: Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia proferida el 6 de octubre de 2016.

Demandante: Piedad Córdoba. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012)
34 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 3», pág. 25.

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disciplinaria en archivo digital a su correo institucional el 22 de enero de 2021 35.
Mediante correo electrónico del 28 de enero del mismo año36 se dio respuesta a la
anterior petición y se adjuntó un archivo denominado «COPIA EXPEDIENTE 080-19»
con el siguiente comentario: «me permito remitir copia del expediente en un total de
ciento diez (110) folios (doble cara), documentos que obran dentro del expediente
disciplinario No. 080 de 2019, el cual se lleva a cabo en su contra.

66. Al rendir los descargos, Nelson Gabriel Velásquez Marín manifestó que, de
conformidad con la Ley 734 de 2002, después de formulados los cargos el
expediente debía quedar a disposición de los sujetos procesales y que desde el 12
de enero de 2021 solicitó información para acceder a la copia del expediente; sin
embargo, no recibió «respuesta alguna y por tanto no [había] tenido acceso integral al
expediente respectivo a fin de conocer los elementos materiales de prueba y así poder
pronunciar[se] claramente frente a los cargos y las evidencias».

67. Aun cuando en el expediente no reposa petición alguna radicada el 12 de enero
de 2021 por el disciplinado; se evidencia que al rendir los descargos su intervención
se realizó a partir del contenido del auto entregado, pues respecto de las pruebas
cuyo contenido no se transcribía, manifestó: «[a]l parecer es una prueba de forma, no
he tenido acceso a la misma, por las razones antes expuestas».

68. Después de los descargos, la entidad no dio alcance a la manifestación
realizada, sino que continuó con el trámite a pesar de que conocía que el
disciplinado laboraba en la ciudad de Leticia, tan era así que las notificaciones las
realizaba a través de comisión a la directora regional Amazonas de la entidad.

69. Incluso, en el fallo de primera instancia la autoridad se limitó a señalar que
«durante la actuación procesal surtida [...], se garantizó el debido proceso y el derecho de
defensa de LOS DISCIPLINADOS», consideración que la Sala no comparte, pues si bien
no remitió petición alguna como su homólogo, lo cierto es que, si el proceso
sancionatorio se adelantaba en la ciudad de Bogotá y allí se encontraban los
documentos que lo componían, debía adelantar las gestiones pertinentes para que
conociera en su integridad todas las pruebas aportadas, incluso, al comisionar al
funcionario de la regional. Ello, sin duda, cercenó su derecho de defensa y
contradicción, máxime porque no hizo esfuerzo alguno para determinar si se había
enviado o no la petición referida en los descargos.

70. De otro lado, respecto de los videos, es del caso señalar que en la declaración
rendida Jamelia Torres Gómez manifestó que el 15 de julio de 2019 «se bajaron los
videos del CCTV del puesto de control migratorio fluvial, igualmente [tenía] el video de
establecimientos comerciales de la zona donde ocurrieron los hechos», razón por la cual,

35 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 3», pág. 29.
36 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 3», pág. 31.

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en auto del 16 de julio de 2019 se le requirió para que aportara copia «de los videos
del puesto de control del 14 de julio de 2019».

71. En cumplimiento de lo anterior, el 24 de julio de 201937 Jamelia Torres Gómez
aportó 2 Cd que contenían los videos del 14 de julio de 2019 y correspondían a los
interregnos de las 13:56:04 a las 18:49:15, pero además, los de las cámaras 20 y
21 que fueron suministrados «por un comerciante», en los que presuntamente los
disciplinados abordaron y «amenazaron» a Diana Johanna Quintero Amaya.

72. Luego, al dictar el pliego de cargos, estos se tuvieron como prueba para afirmar
que los investigados «profirieron amenazas para que no se acercara ni acudiera» al
puesto de control migratorio, pero cuando se dictó el fallo de primera instancia la
autoridad consideró que, «en aras de brindar las mayores garantías al derecho de
defensa y al debido proceso», se procedería conforme con la regla de exclusión
probatoria de aquellos aportados por «el comerciante» por las falencias en su
obtención y recaudo.

73. En relación con los captados por el circuito de la Regional Amazonas, consideró
que no revestían un mérito probatorio útil ni conducente porque la presencia en las
instalaciones fue admitida por los disciplinados cuando rindieron la versión libre,
«señalando que estaban fuera de labores en otra balsa privada, y que se acercaron a la
Balsa migratoria para pedirle al guardia de seguridad de la empresa Cosequin Ltda. que les
guardara los cascos, y fue allí donde se dio el primer encuentro con LA QUEJOSA, hecho
que tampoco desmienten o desconocen en sus descargos y que no requiere mayor
demostración probatoria, pues constituye un hecho notorio del presente caso».

74. En ese orden, si bien es cierto que Nelson Gabriel Velásquez Marín no tuvo
acceso a los videos que fueron suministrados por «un comerciante» y después por
Jamelia Torres Gómez, lo cierto es que fueron excluidos del material probatorio y,
por consiguiente, no se erigieron como el sustento de la sanción impuesta.

2.5. La valoración probatoria y la categoría dogmática de tipicidad

2.5.1. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1.1. La tipicidad

75. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional38. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para

37 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 1», pág. 81.
38 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.

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imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

76. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

77. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»39,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»40

78. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio41».42

79. Es decir que este principio comprende dos garantías43: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»44.

80. A partir de lo anterior, para determinar si un comportamiento constituye falta
gravísima, grave o leve debe realizarse un proceso de adecuación típica a través de
la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción
legal y la efectivamente desplegada por el sujeto.

81. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el

39 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
40 Sentencia C-135 de 2016. También ver: auto del 26 de febrero de 2025, radicación 62070, AP966-

2025.
41 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
42 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
43 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
44 Ibidem

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legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se puntualizó lo siguiente45:

«El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta46; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional47, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»

82. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurables», lo cual tiene asidero en que, permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable, desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

83. De otro lado, en cuanto a la formulación de los tipos abiertos y en blanco, esta
Sección48 y la Corte Constitucional49 han explicado que los primeros son las
infracciones disciplinarias que, ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen, remiten a un complemento
normativo, de ahí que se deba realizar una lectura sistemática de la función, la orden
o la prohibición y aquella que prescribe de manera genérica que su incumplimiento
constituye falta. Los segundos, son preceptos que requieren de una remisión
normativa para completar su sentido50, bajo la condición de que se verifique la
existencia de normas que definan ─de manera clara e inequívoca─ los aspectos «de
los que adolece el precepto en blanco»51. A su turno:

45 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
46 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»46,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
47 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.
48 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
49 Sentencia C-818 de 2005
50 Ver la sentencia 404 de 2001.
51 Corte Constitucional, sentencia C-343 de 2006.

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«[...] la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su
alcance52, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”53, afirma Hans
Welzel»54. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal55, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido56».

84. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.

2.5.1.2. La valoración probatoria

85. Sobre la valoración probatoria, la Ley 734 de 2002 dispuso lo siguiente:

85.1. Artículo 12857: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben
fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por
petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba
corresponde al Estado.

85.2. Artículo 12958: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es
obligatorio investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que
demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del
investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de
responsabilidad. Para tal efecto, puede decretar pruebas de oficio.

85.3. Artículo 14159: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con
las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse
razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

86. Al respecto, en la sentencia de unificación dictada el 9 de agosto de 2016 60, la

52 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
53 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
54 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
55 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
56 Ibidem p.118.
57 También artículo 147 de la Ley 1952 de 2019.
58 También artículo 148 de la Ley 1952 de 2019.
59 También artículo 159 de la Ley 1952 de 2019.
60 Radicación 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).

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Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo que el juez puede examinar
sin restricciones la interpretación normativa efectuada por el operador disciplinario
y realizar una nueva valoración del acervo probatorio de acuerdo con la sana crítica.

87. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las
inferencias probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las
conclusiones que fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se
estructuró a la luz de los postulados de la sana crítica.

88. Esta Sección ha señalado que aquella, como criterio de valoración probatoria,
«está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas
de la experiencia»61. Igualmente, precisó lo que sigue62:

«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las
reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también
pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados.63 Una regla de la
experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo
público.64 Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin
que sea necesario una prueba o cierta formalidad.65».

Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse
un hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio».

89. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador. Para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga
un examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a
la investigación. Dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el
que no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de
la falta y responsabilidad del investigado»66.

2.5.1.3. La prueba testimonial

90. Tal como lo ha señalado la doctrina, las declaraciones son «hechas —en general,

61 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
62 Ibidem.
63 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
64 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-

01(4235-17).
65 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.

Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
66 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-

00 (1380-2011).

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aunque no necesariamente, en respuesta a preguntas formuladas en el curso de un
interrogatorio ad hoc— por una persona que supuestamente sabe algo que puede ser útil
para establecer la verdad de los hechos en disputa—»67.

91. Cuando se trata de testimonios, esta corporación ha señalado que, a través de
este, el juez puede reconstruir los hechos objeto de investigación, a partir de la
narración que realice quien haya tenido conocimiento por haberlos percibido con
sus sentidos68. Así, el testigo es una persona «de quien se supone que sabe algo
relevante sobre los hechos del caso y a quien se interroga bajo juramento con el fin de
saber lo que ella conoce sobre tales hechos69»70, por tal razón, es necesario establecer
sus características para determinar que su relato sea creíble y fidedigno, tales como
el interés o si es parte o no de la causa.

92. Frente al primero, se ha sostenido que no es una causa para excluir el
testimonio, pues aun teniendo interés puede ser interrogado, máxime si con su
relato se demuestra que tuvo conocimiento directo de los hechos. En el segundo
caso, las partes son «quienes mejor conocen los hechos en litigio»71 aunque deben
examinarse con «sumo cuidado»72.

93. Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que la prueba
testimonial ofrece algunos peligros «a los cuales inevitablemente está sometida la
justicia a la hora de valorarlos73; los riesgos de error y falsedad son frecuentes y difíciles de
descubrir, no obstante, no puede considerarse que el remedio a estos problemas consista
en eliminar esta prueba, pues, salvo en el campo de los negocios jurídicos, “es un mal
necesario”74».

94. En ese orden, la fuerza probatoria material depende de que el juez o la autoridad
administrativa encuentre en cada una de las declaraciones, en su conjunto con las
demás, «argumentos que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los hechos que
interesen al proceso»75, los cuales deberán erigirse a la luz de las reglas de la sana
crítica.

95. Para tal efecto, se han establecido criterios racionales a partir de los desarrollos

67 Taruffo Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, 2008, pág. 62.
68 Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 44001-23-33-000-2016-00115-01

(0226-2017).
69 Acerca de la historia del testimonio véanse LEVY, 1963a: 49; GILISSEN, 1963: 800;

KIEL.MANOVICH, 1996: 119.
70 Óp. Cit. 75. Pág. 62.
71 Óp. Cit. 75. Pág. 67.
72 Óp. Cit. 75. Pág. 67.
73 «Un interesante experimento referido por MUSATTI (acerca de la fidelidad de la percepción de los

hechos de los declarantes en una prueba testimonial); dio por resultado que de 36 sujetos, apenas
4 tuvieron una percepción fiel en un 90%, ninguno llegó a la fidelidad total y en conjunto apenas se
llegó a un 68% de fidelidad». Ibidem, p. 84.
74 Ibidem, p. 83.
75 Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 44001-23-33-000-2016-00115-01

(0226-2017).

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de la psicología del testimonio que son76:

Criterio Contenido
«La adecuada estructuración lógica del relato ha sido uno de los criterios más
relevantes a la hora de valorar la credibilidad del testigo. En este caso, en
materia punitiva, se exige una persistencia en la incriminación, o que la
declaración no se contradiga. A pesar de lo anterior, el hecho de que una
persona exprese un relato coherente no es sinónimo automático de su
veracidad, porque los testimonios falsos suelen presentarse de una manera
La coherencia del continuamente estructurada y generalmente cronológica; además, las
relato contradicciones pueden originarse en fallos naturales de la memoria del
sujeto.

De esta manera, si bien la coherencia de un testimonio no es un dato a tener
en cuenta, por sí solo, a la hora de valorar su credibilidad, ello no quiere decir
que sea inútil, porque puede servirle al juez si lo analiza conjuntamente con
los otros parámetros probatorios que tiene a su disposición.»
«La contextualización consiste en que el testigo describa datos del entorno
espacial o temporal en el que tuvieron lugar los hechos acerca de los cuales
declara. Así, si lo que manifiesta se inserta fácilmente en ese ambiente, ello
La
puede configurarse en un indicio de su verosimilitud. En este punto, se reitera
contextualización
que este parámetro también puede ser distorsionado por la memoria, pero,
del relato
si esos hechos ambientales son plausibles y son declarados de forma
espontánea por el testigo, suele valorarse que es difícil que su declaración
corresponda a una mentira.»
«[...] se refiere a que el relato de un testigo se vea corroborado por otros
datos aportados al proceso que, indirectamente, acrediten la veracidad de la
Las declaración. En ese sentido, esta pauta requiere que coincidan las diferentes
corroboraciones declaraciones que varios sujetos hayan realizado sobre un mismo hecho, o
periféricas que el testimonio del que se estudia su credibilidad, se reafirme con los
indicios a través de los cuales se construyen presunciones que acreditan la
hipótesis fáctica a probar77.»
«[...] esta pauta consiste en que el testigo haga referencia a datos
innecesarios que busquen favorecer a una de las opciones que se debaten
La existencia de
en el proceso, o incluso al propio declarante. En este caso se trata, por
detalles
ejemplo, de manifestaciones sobre el carácter o la intencionalidad de una de
oportunistas a
las partes, o justificaciones de las propias actuaciones o de la persona que
favor del
se quiere beneficiar, las cuales van más allá de lo que se le haya preguntado
declarante
al declarante. Estos detalles son indicadores de pérdida de objetividad del
testigo que pueden conducir a la falsedad de sus afirmaciones 78.»

96. Para hacer esa apreciación, entonces, deben atenderse las operaciones del
proceso mental de valorización o apreciación de la prueba como son 79: (i)

76 Ibidem.
77 Ibidem, pp. 227-228: «[…] Con todo, este criterio posee riesgos evidentes. En primer lugar, en

cuanto a lo subjetivo, el hecho de que los diferentes testimonios de varios declarantes no coincidan
en estas circunstancias periféricas, no quiere decir que todos ellos mientan, y ni siquiera que mienta
alguno de ellos, sino que recuerdan los hechos de modo distinto, como consecuencia del
funcionamiento de la memoria […] En segundo lugar, el hecho de que todos los testigos coincidan
en este punto tampoco tiene por qué ser indicativo de verosimilitud. Al contrario, incluso sin mala fe
de los declarantes acordando su testimonio, dependiendo de la manera en la que se haya hecho
declarar a los diferentes sujetos […] es posible que se haya inducido en todo un conjunto de
declarantes una historia errónea que pase por ser auténtica. Y en tercer lugar, también es posible
que las corroboraciones periféricas eviten darle importancia a la prueba del hecho principal,
quedando indemostrado […]».
78 Ibidem, pp. 228-230.
79 Ibidem, pág. 275.

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percepción, representación o reconstrucción y razonamiento deductivo o inductivo;
(ii) la lógica; y (iii) la psicología y la sociología, además de otros conocimientos
científicos y técnicos.

2.5.1.4. La denuncia y la queja

97. El artículo 69 de la Ley 734 de 2002 estableció que la acción se iniciaba y
adelantaba (i) de oficio; (ii) por información proveniente de servidor público o de otro
medio que amerite credibilidad; y (iii) por queja formulada por cualquier persona. A
su vez, previó que no procedía por anónimos, salvo que cumpliera con los requisitos
mínimos previstos en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de
1992. En el artículo 86 de la Ley 1952 de 2019 se mantuvo dicha disposición.

98. A la par, en ambos cuerpos normativos se incluyeron como medios de prueba
la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial [ahora
denominada inspección disciplinaria] y los documentos. En cuanto a los indicios y
aquellos no previstos, se tienen en cuenta al momento de apreciar las pruebas, en
los términos de la sana crítica y se practican de acuerdo con las disposiciones que
los regulen, con pleno respeto de los derechos fundamentales, respectivamente.

99. La jurisprudencia ha definido que la queja parte de la «denuncia»80 que hace un
ciudadano de una irregularidad a fin de que se inicie la correspondiente investigación81. Es
un mecanismo que impulsa la acción y tiene como finalidad la prevención y buena marcha
de la gestión pública; sin embargo, aunque esta puede poner en movimiento la actividad
disciplinaria, no necesariamente origina una actuación porque desde el principio «pude
descartarse por [...] intrascendente»82.

100. A su vez, es necesario precisar que el artículo 90 de la Ley 734 de 2002 limitó
la intervención del quejoso únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la
gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tuviera en su poder y a recurrir
la decisión de archivo y fallo absolutorio; para estos efectos, podía conocer el
expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión. A su turno, en el
parágrafo 1º del artículo 110 de la Ley 1952 de 2019 se reprodujo lo anterior, pero
se agregó la precisión de que no es sujeto procesal83.

101. A partir de estos artículos, esta Sección ha explicado que «la responsabilidad del
servidor público no puede basarse solamente en las afirmaciones contenidas en la queja
que dio inicio a la investigación, sino que debe estar fundamentada en las pruebas
válidamente aportadas al proceso disciplinario, con el lleno de los requisitos legalmente

80 Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2006.
81 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicación 11001-03-25-

000-2011-00017-00(0046-11).
82 Corte Constitucional, sentencia C-430 de 1997.
83 A excepción de las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho

Internacional Humanitario, así como de acoso laboral, de conformidad con el artículo 109 del mismo
estatuto.

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establecidos para cada una de ellas y respecto de las cuales se haya asegurado el derecho
de contradicción». En ese orden, será a través de los demás medios de prueba que
se determine la veracidad de lo manifestado por el quejoso.

102. De otro lado, de conformidad con el artículo 66 del Código de Procedimiento
Penal, la investigación puede iniciarse a través de denuncia, de oficio, petición
especial, querella o cualquier otra forma84 y se podrá hacer por escrito o verbal o
con otro medio técnico que permita la identificación del autor. Asimismo, se deja
constancia del día y la hora de su presentación, se hace la relación detallada de los
hechos que conozca el denunciante y se puede ampliar por una sola vez a instancia
de este o del funcionario competente sobre aspectos de importancia para la
investigación, de acuerdo con el artículo 69 ibidem.

103. La denuncia, tal como ocurre con la queja que se presenta ante el operador
disciplinario, es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona,
ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación
un hecho delictivo, con la expresión detallada de circunstancias de tiempo, modo y
lugar que le conste85. «A la vez que representa la activación de un medio para acceder a
la administración de justicia, cuando concurren la calidad de ofendido y denunciante,
constituye el ejercicio de una obligación legal y social de poner en conocimiento de la
autoridad los hechos delictuosos. Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad
estatal»86.

104. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia ha precisado que la denuncia no constituye fundamento de la imputación,
del grado de participación, o de ejecución del hecho87, en razón a que al funcionario
le corresponde calificar los comportamientos y en este trabajo, así como con los
elementos de convicción, debe resolver «confirmarla o infirmarla»88. De igual manera,
puede ser objeto de ampliación para obtener mayor información relevante, «para lo
cual ha de entenderse como un todo integrado con la exposición primera y sus anexos»89.

105. En efecto, al tener un carácter informativo90, por sí sola constituye una
declaración previa y no tiene vocación probatoria91, es decir, no se considera medio
de prueba idóneo para demostrar la ocurrencia de los hechos denunciados o la

84 Salvo las excepciones previstas en la Constitución Política y el mismo código.
85 Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005-
86 Ibidem.
87 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del del 10 de agosto de 2022,

radicación 58685, SP2879-2022.
88 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de abril de 2007, radicación

23667.
89 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de abril de 2015, radicación

41724, SP4364-2015. También: sentencia del 16 de julio de 2025, radicación 59286, SP1730-2025.
90 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias (i) del 10 de agosto de 2022,

radicación 58685, SP2879-2022; (ii) 19 de abril de 2023, radicación 54894, SP138-2023.
91 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de mayo de 2023, radicación

60737, AP361-2023. También: auto del 12 de noviembre de 2025, radicación 69076, AP8679-2025.

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responsabilidad penal de las personas señaladas como posibles autores o
partícipes92. Sobre el particular, en el auto del 21 de agosto de 202493 se explicó:

«La denuncia no se considera un elemento material probatorio o evidencia física,
ya que, además de no estar prevista como tal en el Título II, Capítulo Único, del
Libro II de la Ley 906 de 2004, no tiene la capacidad de demostrar por sí sola la
presunta comisión del punible y los autores o partícipes del mismo.

Es claro que, en atención a lo manifestado por la víctima, la Fiscalía General de
la Nación elabora un plan metodológico con el fin de recolectar los elementos
materiales probatorios que le permitan establecer con probabilidad de verdad
que la conducta delictiva existió y que el denunciado es el autor o participe del
hecho censurado».

106. Con todo, tanto en las investigaciones penales como disciplinarias, la denuncia
o queja, aunque constituyen el elemento inicial de conocimiento de la autoridad
investigadora, no son consideradas como prueba, primero, porque las leyes no los
incluyen como tal y, segundo, porque deben ser objeto de constatación, verificación
o comprobación a través de los demás elementos que se recauden. Tal como ocurre
en el proceso penal, el quejoso puede ampliar la queja bajo la gravedad del
juramento, es decir que también se debe considerar que hace parte del escrito
inicial.

2.5.2. Caso concreto

107. La parte demandante sostuvo que (i) el único medio de prueba que sustentó la
sanción fue la denuncia presentada por Diana Johanna Quintero Amaya; y (ii) las
pruebas no fueron valoradas de manera conjunta.

108. Previamente a resolver los cargos de apelación, la Sala debe precisar cuál fue
el origen de la investigación disciplinaria:

109. Como se relató en los hechos probados, el 15 de enero de 2019 Diana Johanna
Quintero Amaya remitió a su superior, Jamelia Torres Gómez, un correo electrónico
que contenía la denuncia presentada por las presuntas amenazas de las que fue
víctima. Esta última funcionaria, a su vez, se la remitió a Paola Andrea Castañeda
Cáceres, quien fungía como subdirectora de control disciplinario interno, es decir
que, en principio, la investigación se originó por la información proveniente de otro
servidor público, en los términos del artículo 69 de la Ley 734 de 2002.

110. Sin embargo, al dictar el auto que dio apertura a la investigación, la autoridad
disciplinaria anotó que se debía «evaluar la denuncia presentada por la funcionaria Diana
Johanna Quintero Amaya» y en el mismo sentido se pronunció cuando dictó el pliego

92 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de junio de 2023, radicación

57242, AP767-2023.
93 Radicación 66993, AP761-2024,

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de cargos, aun cuando ─por ejemplo─ al remitir el oficio a la Procuraduría General
de la Nación [en cumplimiento del artículo 155 ibidem] indicó que fue Jamelia Torres
Gómez quien puso en conocimiento la denuncia presentada por Diana Johanna
Quintero Amaya.

111. Ello obedeció a que Diana Johanna Quintero Amaya, «en cumplimiento de las
instrucciones del director general» remitió la «noticia disciplinaria» al Centro Virtual de
Atención al Ciudadano el 15 de julio de 2019, pero solo hasta el 19 de julio de 2019
dicho centro le informó acerca del número de radicación, es decir, después de que
se ordenara la apertura de la investigación [16 de julio de 2019]. Es así, además,
por la constancia del mismo día adjuntada al expediente:

«La suscrita Subdirectora de Control Disciplinario Interno deja constancia que a
través del Centro Virtual de Atención al Ciudadano se remitió la queja radicada
con el número 20192410633112 del 16 de julio de 2019, presentada por la
señora DIANA JOHANNA QUINTERO AMAYA, con la que allega la denuncia
presentada ante la Fiscalía al parecer por presuntas amenazas en su contra por
parte de los funcionarios JOAN MAURO CERÓN REYES y NELSON GABRIEL
VELASQUEZ MARIN.

Se ordenó iniciar actuación disciplinaria, pero revisada la base de datos de la
Subdirección se constató, que por los mismos hechos se adelanta el proceso
disciplinario N* 080/2019.

Por lo anterior, alléguense los documentos a la actuación disciplinaria N*
080/2019, para su incorporación contentivos en siete (7) folios» [sic].

112. En todo caso, Diana Johanna Quintero Amaya fue considerada en el proceso
disciplinario como quejosa, pues el 22 de abril de 202094 solicitó información sobre
el trámite del proceso y al día siguiente95 se le informó que se encontraba en etapa
de investigación disciplinaria, «con base en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 90
de la Ley 734 de 2002» que estableció las intervenciones del quejoso.

113. En el mismo sentido, los investigados se refirieron a ella como quejosa y, en el
fallo de primera instancia, se anotó: «[l]a noticia disciplinaria se allegó mediante Informe
remitido por el correo electrónico institucional en fecha 15 de julio de 2019 (folios 1 al 6), a
la Subdirectora de Control Disciplinario Interno de Migración Colombia, por parte de la
Directora de la Regional Amazonas de la entidad, la Doctora Jamelia Torres Gómez, con el
cual se remite la denuncia penal No. 910016101509201900374 interpuesta el 14 de julio de
2019 por la funcionaria Diana Johana Quintero Amaya, a quien, en adelante se hará
referencia como “LA QUEJOSA” en contra de los funcionarios de dicha regional».

114. Lo anterior resulta relevante para examinar los elementos probatorios que se
tuvieron en cuenta para imponer la sanción. Si a Diana Johanna Quintero Amaya

94 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 36.
95 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 2», pág. 35.

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se le dio la calidad de quejosa, debía comprenderse, entonces, que la «declaración
juramentada» que rindió el 17 de julio de 2019 no se trató de un testimonio, sino de
la ampliación y ratificación de la queja que, como supra se expuso, hace parte
integral de esta. Incluso, así se comprendió en el acto de primera instancia cuando
se consignó que era coherente con la denuncia, «sin que alguno de sus apartes fuera
objeto de retracto [...], antes bien, se ratifica y reitera en su versión de lo ocurrido», a pesar
de que líneas más adelante sostuvo que su valor probatorio debía valorarse
individualmente «y cuya vinculación con la denuncia penal [era] meramente incidental».

115. Ahora bien, advertido lo anterior, es del caso señalar que los argumentos de la
apelación se dirigen a desvirtuar que los demandantes cometieron la falta grave
imputada, es decir, corresponden al elemento de tipicidad. En ese orden, la Sala
resolverá en primer lugar si las «amenazas» se demostraron en el proceso
disciplinario y, después, establecerá si la conducta se subsume en la prohibición
prevista en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002: impedir a otro servidor
público el cumplimiento de sus deberes.

 Las amenazas

116. En los acápites de «ANÁLISIS PROBATORIO QUE FUNDAMENTA EL CARGO ÚNICO» del
pliego de cargos, la autoridad administrativa tuvo en cuenta la denuncia, así como
las «declaraci[ones] juramentada[s]» de Diana Johanna Quintero Amaya y Jamelia
Torres Gómez. Además, citó las siguientes:

116.1. Correo electrónico del 15 de julio de 2019 remitido por Jamelia Torres
Gómez a Paola Andrea Castañeda Cáceres, cuyo contenido es: «Buenas tardes
Dra. Paola: de manera atenta remito denuncia interpuesta por la funcionaria Diana
Quintero, donde relata amenazas recibidas por parte de los funcionarios Joan Mauro
Cerón Reyes y Nelson Gabriel Velásquez Marín, en hechos ocurridos en la vía pública en
la tarde de ayer en Leticia. Agradezco apreciada Dra. Paola me regale el formato del que
hablamos en la mañana para solicitar de inmediato la apertura de la indagación
disciplinaria correspondiente».

116.2. Copia del formato de novedad remitido mediante correo electrónico, suscrito
por Jamelia Torres Gómez y dirigido a Christian Kruger Sarmiento [director] 96,
cuyo contenido es:

«Buenas tardes Señor Director: de manera atenta pongo en su conocimiento que
se presentó el día de ayer un hecho preocupante, he implementado que
frecuentemente se monitoreen los videos que guarda el sistema de CCTV en la
balsa, situación que ha causado malestar en algunos funcionarios, el día de ayer
domingo 14 de julio de 2019, la funcionaria Diana Quintero quien es mi secretaria
y apoya como enlace del grupo de seguridad, luego de salir de la balsa y en el
trayecto hacia su lugar de residencia fue alcanzada en sus respectivas motos,

96 Samai, proceso 25000-23-42-000-2023-00320-00, índice 21, carpeta «Expediente 080-2019 [...]»,

archivo «080-19 EXPEDIENTE 1», pág. 15.

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por dos oficiales de migración NELSON GABRIEL VELASQUEZ MARIN Y JOAN
MAURO CERON REYES adscrito al grupo de verificaciones y quienes venían
procedentes de la isla de santa Rosa, uno de ellos, el señor Nelson Velásquez
había ingresado a la balsa a recoger su casco, donde se percató de la presencia
de la señorita Diana Quintero en la actividad de monitoreo de cámaras.

Adjunto señor Director la noticia criminal donde la señora Diana Quintero relata
lo acontecido con los señores Cerón y Velásquez quienes la amenazaron los dos
según manifiesta la señora Diana se encontraban en aparente estado de
embriaguez» [sic].

116.3. Videos que fueron remitidos en 2 Cd’s. Sobre los que no fueron excluidos
anotó: «[s]e observa que la funcionaria DIANA QUINTERO hacia las 18:36:30 horas, sale de
La Balsa, presuntamente a su lugar de residencia».

116.4. Memorando 20197010004263 del 26 de julio de 2019 suscrito por Jamelia
Torres Gómez y dirigido a la Subdirección de Control Disciplinario Interno, en el
cual se relacionó el personal adscrito a la Regional Amazonas «con corte al día 22
de julio de 2019». Según este documento, los investigados hacían parte del «GRUPO
EXTRANJERÍA / VERIFICACIONES».

116.5. Memorando 20196110023363 del 1 de agosto de 2019 suscrito por el
subdirector de talento humano y remitido a la Subdirección de Control Disciplinario
Interno, mediante el cual se aportaron: (i) copia de la historia laboral de Nelson
Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes; (ii) relación con los nombres
de los funcionarios de la Regional Amazonas junto con la dependencia a la que
pertenecen; (iii) certificaciones laborales en las que se mencionaba la calidad de
servidor público de cada uno, así como también se indicó que «para el día 14 de
julio de 2019, no se encontraban en vacaciones».

116.6. Memorando 2019701004253 del 26 de julio de 2019, por medio del cual
Jamelia Torres Gómez remitió el informe de seguridad suscrito por el supervisor
de Coseguin Ltda. [empresa de seguridad privada], así como constancia del
traslado de Diana Johanna Quintero Amaya y Joan Mauro Cerón Reyes. El tenor
literal de cada documento es:

➢ Escrito remitido por la «coordinadora proceso apoyo al supervisor de Cosequin
Ltda, sobre el traslado de Diana Johanna Quintero Amaya y Joan Mauro Cerón
Reyes, cuyo texto es el que se transcribe a continuación:

«De manera atenta solicito le sea socializado a su grupo de trabajo que presta
servicio las 24 horas en el CFSM – PCMF; las novedades presentadas con el
personal adscrito a esta Regional con el fin de prohibir el ingreso al CFSM –
PCMF ya sea para realizar procedimientos administrativos o misionales
acatando los lineamientos impartidos por la oficina de Control Interno, plasmado
en hallazgos en auditoría efectuada y relacionado en el plan de mejora de la
Regional.

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• A partir del día 24 de julio, Diana Johanna Quintero Amaya cargo Secretaria
Ejecutiva fue trasladada a la Regional Andina.
• A partir del día 23 de julio, Joan Mauricio Cerón Reyes, oficial de migración
fue trasladado a la Regional Antioquia.
• A partir del día 16 de julio, Nelson Gabriel Velásquez Marín, oficial de
migración disfruta de vacaciones y retorna el día 6 de agosto».

➢ Informe del 25 de julio de 2019 suscrito por el supervisor de Cosequin Ltda. y
dirigido a Jamelia Torres Gómez: en este se narró que, cuando Joan Mauro
Cerón Reyes intentó ingresar a las instalaciones de La Balsa, el guardia de
seguridad le solicitó el documento de identificación para realizar el registro en
la minuta de visitantes, «pero el Sr. Ceron manifestó que: “sí, es que usted no sabe
mi nombre?, yo soy funcionario” a lo que el guarda le manifestó que solamente estaba
cumpliendo con los protocolos; entones el Sr. Ceron le suministro el documento y le
dijo que “usted siga así, no más”; el guarda realizo el registro de los datos en la minuta
y le entrego el documento. En ese momento, yo, como supervisor de Cosequin Ltda,
intervine para presentarme y de paso aclararle al Sr. Ceron que el guarda estaba
acatando la orden dada; sin embargo, luego de presentarme el Sr. Ceron dijo “ah, sí
yo le conozco” y se dio media vuelta e ingreso a la oficina del 1er piso, sin permitirme
continuar con la aclaración que quería manifestarle» [sic].

117. A su turno, en el fallo de primera instancia, además de los documentos antes
relacionados, se citó el testimonio de Carlos Andrés López López [que se examinará
más adelante] y los siguientes documentos:

117.1. Inspección disciplinaria realizada el 18 de julio de 2019, en la que
únicamente se anotó que fue atendida por Jamelia Torres Gómez, quien permitió
«el acceso al lugar donde al parecer, se dio lugar a los hechos». Además, se registraron
fotografías del acceso a La Balsa, los pisos 1 y 2 y finalmente, «[n]o siendo otro el
objeto de la [...] diligencia, se firm[ó] y [aprobó] por los que en ella intervinieron».

117.2. Formato de solicitud de medida de protección a la Policía Nacional,
presentada por Diana Johanna Quintero Amaya. Solo se dejó la observación: «[l]a
señora DIANA JOHANNA QUINTERO AMAYA, quien informa que teme por su seguridad e
integridad física, toda vez que ha recibido intimidaciones, por parte de dos compañeros
de trabajo de nombres NELSON GABRIEL VELASQUEZ Y JOAN MAURO CERON debido a que la
misma cumple labores de supervisión a las cámaras de seguridad de la Balsa de
Migración de los días Sábado y Domingo, sitio este donde laboran los victimarios, al
parecer causándoles molestias a los mismos».

117.3. Oficio 20640-01-02-01-0015 del 14 de febrero de 2020, por medio del cual el
asistente de fiscal II con funciones de Policía Judicial de la Fiscalía General de la
Nación informó a Nelson Gabriel Velásquez que las diligencias relacionadas con
la noticia criminal 910016101509-2019-00374 ─iniciada en virtud de la denuncia
radicada por Diana Johanna Quintero Amaya─ fue archivada. Esta prueba se
anexó a los descargos.

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117.4. Constancia del 13 de marzo de 2020 suscrita por el técnico investigador I de
la Fiscalía General de la Nación, en la cual se anotó que ese día Joan Mauro Cerón
Reyes presentó denuncia por el delito de injuria en contra de Diana Johanna
Quintero Amaya, por los hechos ocurridos el 14 de julio de 2019. También se
relacionó como víctima a Nelson Gabriel Velásquez Marín.

118. En criterio de la Sala, las pruebas documentales que fueron tenidas en cuenta
por la autoridad administrativa no demuestran las supuestas amenazas de las que
fue víctima Diana Johanna Quintero Amaya porque: (i) los documentos suscritos
por Jamelia Torres Gómez se circunscriben a señalar lo que aquella le narró, nada
más; (ii) la parte del video captado solo da cuenta de que la funcionaria salió de La
Balsa a las 18:36 horas, hecho que no fue discutido en momento alguno; (iii) los
documentos que daban cuenta de la historia laboral, así como de los traslados,
tampoco permiten establecer la circunstancia especial que se hubiera suscitado con
los demandantes; (iv) el informe suscrito por el supervisor de Coseguin Ltda. se
refirió únicamente a unos hechos acaecidos el 25 de julio de 2019 porque no se
permitió la entrada libre a Joan Mauro Cerón Reyes; y (v) la inspección disciplinaria
solo muestra imágenes de las instalaciones de la PCMF La Balsa, sin que de allí se
derive información pertinente para la investigación.

119. Ahora bien, en la denuncia que dio lugar a la investigación, Diana Johanna
Quintero Amaya narró lo siguiente:

«[...] el día de hoy Domingo 14 de Julio de 2019, siguiendo instrucciones de la
directora de Migración Colombia, doctora Jamelia Torres, quien me informa que
me debo acercar a la balsa después de las 5:15 de la tarde para grabar
información de los días sábado y domingo de las cámaras que allí se encuentran
propiedad de migración Colombia, porque mi rol como enlace de seguridad
amerita que realice este proceso, llegue al lugar de la balsa como a eso de las
5:30 p.m., realice lo asignado, lo que me pidió la doctora y de ahí salí faltando
creo que un cuarto para las siete de la noche, mientras que le daba una
información al vigilante de la balsa, en la balsa de al lado se encontraba el
funcionario adscrito también a migración Colombia, Nelson Velásquez, quien me
dice “que hago ahí, si yo trabajo de lunes a viernes en horario de oficina” lo tome
como entre chiste y chanza y no respondí nada, a lo que espere que necesitaba
y me di cuenta que pidió el casco al vigilante; yo me dirigí para mi casa y en el
camino lo vi pasar en la moto, pero llegando al negocio del frente de Claro por la
dirección del almacén regalías, se devuelve con el funcionario (migración
Colombia) de nombre Johan Muro Cerón, cada uno en una moto y me abordan
diciéndome “que yo trabajo de Lunes A Viernes en horario de oficina y que no
tengo que hacer nada en esos momentos, además me dicen que la directora es
temporal y quien manda son los oficiales de migración Colombia y yo soy una
funcionaria más que el concejo que me dan es que no me meta en problemas”
el señor Joan Cerón me dice “calle la jeta” por qué le respondo que no me
amenace, a lo que ellos insisten que no es una amenaza si no un concejo; yo le
respondo que no tengo nada más que hablar con ellos que tienen una actitud de
que ellos mandan en la parada.

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[...] Preguntado: ¿cuál cree usted es el motivo por el cual las dos personas
mencionadas (Nelson Velásquez y Joan Cerón) le manifestaron estas palabras
y el motivo o fin de las mismas? Contesto: yo creo que el motivo es por el que
me envió la doctora a revisar las cámaras de la balsa [...] Preguntado:
¿infórmenos que otras personas conocen del hecho y de qué forma? Contesto:
la doctora Jamelia Torres, ya que ella me mando a hacer este seguimiento a la
balsa, se lo hice saber de forma telefónico, ella debería estar al tanto de lo
acontecido y a mi familia pero ellos allá en Bogotá [...] Preguntado ¿tiene algo
más que agregar a la presente? Contesto: si, vivo sola y no conozco a nadie, no
dependo de nadie para mi seguridad, las personas que saben dónde vivo es la
doctora Jamelia Torres y el coordinador misional Carlos Andrés López López»
[sic] [se resalta].

120. Luego, en la «declaración juramentada», al preguntarle qué tenía «que decir
adicional a la denuncia presentada» contestó: «[a]dicional que tienen en ese momento
actitud de acorralarme, que no están en sus cabales, que si hubiese sido un consejo me lo
hubieran dado aquí en la oficina y no en vía pública, en ese horario y en ese estado en que
se encontraban. Yo acá en esta ciudad vivo sola, no tengo enemigos, en dado caso de
cualquier cosa, yo los hago responsables a ellos».

121. Frente a esta pregunta, Nelson Gabriel Velásquez Marín le preguntó a qué se
refería cuando dijo que no se encontraba en sus cabales, a lo que respondió: «[a] lo
que yo me refiero es que estaba con efectos del alcohol y lo otro es que en la oficina a
duras penas nos damos el saludo, no sé por qué en vía pública esa actitud y esa forma en
que se dirigió a mí. Por eso creería que es por el efecto del alcohol» y, más adelante,
manifestó que no tenía ninguna prueba sobre tal afirmación, pero que, como
auditaba cámaras, ahí tenía la evidencia; sin embargo, no fue aportado video alguno
que la demostrara.

122. Como se anotó en precedencia, la denuncia y su ampliación tienen un fin
informativo que debe ser objeto de corroboración y verificación por parte de la
autoridad investigadora. En este caso, Diana Johanna Quintero Amaya fue
calificada como quejosa, de manera que estas afirmaciones no podían tenerse
como prueba para sustentar la sanción.

123. No obstante, aunque el operador de primera instancia citó la sentencia C-1177
de 2005 ─según la cual la denuncia es un mecanismo de activación penal, no un
medio de prueba─, después consideró que «algunos elementos» confluían con esta
y configuraban «serios indicios» que encausaron la labor probatoria, pues «la
quejosa» narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la
conducta reprochada y sus autores.

124. Ciertamente, uno de los elementos que sirvieron para «corroborar» la versión de
la quejosa fue la declaración rendida por Jamelia Torres Gómez, quien
expresamente manifestó que el 14 de julio de 2019 [a las 18:57 horas] recibió una
llamada de Diana Johanna Quintero Amaya, es decir, su conocimiento se derivó
exclusivamente de lo afirmado por la secretaria ejecutiva. Dicho en otros términos,

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este era un testimonio de oídas o ex auditu que a la luz de la jurisprudencia de esta
corporación es admisible, pero debe confrontarse de manera rigurosa con los
demás medios de prueba aportados97.

125. En criterio de la Sala, si bien se trata de un testimonio indirecto de primer grado
que ─en principio─ permitiría establecer que obtuvo de la víctima la versión de los
hechos, de la declaración rendida se extraen detalles oportunistas que buscaron
favorecerla y, por consiguiente, permiten establecer su pérdida de objetividad.

126. Se recuerda que en la primera e inmediata versión, Diana Johanna Quintero
Amaya manifestó que (i) al salir de la estación de control migratorio se encontró con
Nelson Gabriel Velásquez Marín, quien le preguntó por qué se encontraba en La
Balsa si su jornada era de lunes a viernes en horario de oficina, cuestionamiento
que no fue contestado porque pensó que se trataba de una broma; (ii) cuando se
encontraba en la vía pública, Nelson Velásquez y Joan Mauro Cerón la abordaron
y le repitieron que su horario era entre semana y que no tenía nada que hacer en
ese momento; (iii) también le dijeron que la directora era temporal y que, quien
mandaba, eran los oficiales de migración; (iv) aunado a que ella era una funcionaria
más y que le daban el consejo de que no se metiera en problemas; (v) asimismo,
Joan Cerón le dijo «calle la jeta» y le respondió que no la amenazara, pero los
operadores le manifestaron que se trataba de un consejo; (vi) ella contestó que no
tenía nada más que hablar con ellos.

127. Sin embargo, aunque Jamelia Torres ratificó que el 14 de julio de 2019 Diana
Jhoanna Quintero Amaya la llamó bastante alterada y le contó lo sucedido, agregó
afirmaciones que no fueron expuestas por la víctima directa:

127.1. A la afirmación relacionada con la pregunta que tomó como broma, agregó
que «el vigilante había dicho que al parecer Nelson se encontraba en estado de embriaguez
por lo que ella quiso menos prestarle atención a su comentario y que continuo su camino
rumbo a su lugar de residencia». Esta afirmación habría podido confrontarse con la
versión del guardia de seguridad, pero ningún ejercicio probatorio se hizo al
respecto.

127.2. Frente al diálogo sostenido en la vía pública, añadió que los disciplinados le
habían dicho que «aprendiera a respetarlos, que solo era una secretaria, que no sabía
con quién se estaba metiendo» y que Diana Quintero respondió que «no entendía de
qué le estaban hablando». Esto tampoco fue narrado por la «víctima».

127.3. Después de señalar que los investigados no la estaban amenazando, la
testigo ex auditu afirmó que le habían dicho que «sabían que de esto se iba a enterar
la Directora Regional, que mejor no se metiera en problemas» y que ella insistió «en que

97 Sección Tercera, Sentencia del 7 de octubre de 2009, radicación 20001-23-31-000-1998-04127-

01(17629).

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no la amenazaran que estaba cumpliendo instrucciones de la Directora y que ellos en torno
más alto, le manifestaron que no se trataba de una amenaza si no de un consejo» [sic]. Se
recuerda que en la denuncia nada se mencionó sobre dicha insistencia.

128. Adicionalmente, según su versión, le manifestó a Diana Johanna Quintero que
se comunicaría con el comandante de policía de Amazonas para que
«recepcionaran» la denuncia, en razón a que la Sijin atendía hasta las 6:00 p.m.; sin
embargo, al revisar el documento que la contiene, se evidencia que se practicó a
las 21:11 horas; además, al proceso disciplinario tampoco fue llamado a declarar el
uniformado que la recibió.

129. De otro lado, el aparente estado de embriaguez fue advertido por la misma
testigo cuando remitió el informe al director general, Christian Kruger Sarmiento,
pues en esta oportunidad manifestó que Diana Quintero relató que «lo acontecido
con los señores Cerón y Velásquez quienes la amenazaron los dos según manifiesta la
señora Diana se encontraban en aparente estado de embriaguez», pero ─se insiste─ ello
no fue mencionado por la directa implicada en la primera versión rendida
inmediatamente después de los hechos y tampoco fue comprobado con el vigilante
que lo vio antes de que saliera de La Balsa.

130. También llama la atención que en el mismo escrito la directora regional,
después de señalar lo que presuntamente le dijo Diana Johanna Quintero Amaya,
dedujera ─sin sustento alguno─ que esta situación «se derivaba» de que algunos
funcionarios habían sido permeados por las redes de traficantes de migrantes y de
narcotráfico, pues desde 2016 se reportaron casos de nacionales dominicanos con
documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta en otras ciudades de
Colombia.

131. Lo anterior, aun cuando en los videos registrados en las instalaciones de la
entidad se detectó que (i) a las 13:56:04 Nelson Velásquez y Mauro Cerón llegaron
al malecón; (ii) a las 13:57:13 Nelson Velásquez dejó los cascos de las motos en
custodia del personal de vigilancia de La Balsa; (iii) a las 18:34:07 recogió los
cascos; (iv) a las 18:35:04 el guarda de seguridad se los entregó; (v) a las 18:35:13
Diana Quintero salió del PCMF; y (vi) a las 18:36:27 Mauro Cerón aparece en el
malecón. Adicionalmente, anota categóricamente que a las 18:49:15 los
investigados la abordaron y «amenazaron»; pero ello no se acompasa con lo que la
misma testigo relató, esto es que los hechos sucedieron cuando se encontraba al
frente del almacén Nagoya y que fue con los videos suministrados por «un
comerciante» que se evidenciaba cómo ejecutaron tal acción. Tampoco la autoridad
disciplinaria estableció la distancia entre la sede de control migratorio y dicho local
comercial.

132. Con todo, aunque la testigo atribuyó los hechos a los operadores migratorios y
afirmó que sí existió la amenaza, se debe descartar su eficacia probatoria,

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comoquiera que al analizar todos sus asertos se deriva la existencia de detalles
oportunistas y afirmaciones que en ningún momento expuso Diana Jhoanna
Quintero Amaya. Esto, sumado a los escritos presentados y actuaciones que
permiten inferir una intención de beneficiarla al (i) aportar pruebas que la autoridad
disciplinaria no había solicitado, esto es los videos suministrados por el comerciante
que posteriormente fueron excluidos por violación del derecho al debido proceso; y
(ii) insinuar que los hechos obedecieron ─entre otras razones─ a que los
funcionarios [pareciera que incluye a los investigados por la línea expositiva] de la
entidad estaban involucrados en actos irregulares aunque los videos demostraban
que Nelson Velásquez dejó los cascos en las instalaciones de la entidad a las 13:56
y regresó a las 18:34 horas

133. En lo que concierne a la solicitud de medida de protección presentada el 22 de
julio de 2019, ha de señalarse una vez más que solo evidencia la versión de la
quejosa; pero además, de esta no se puede extraer fehacientemente la existencia
de las amenazas, máxime si se tiene en cuenta que manifestó expresamente que
había recibido intimidaciones por parte de los 2 investigados aun cuando Nelson
Gabriel Velásquez Marín se encontraba en vacaciones desde el 16 de julio y
regresaba solo hasta el 6 de agosto de 2019.

134. A lo anterior se debe agregar que también resulta llamativo que el 15 de julio de
2019 [a las 20:12 horas] Diana Johanna Quintero haya aportado «noticia disciplinaria»
en cumplimiento de las instrucciones del director general, en la cual se hizo un relato
en tercera persona que, por su contenido [pues no fue firmada], se trataba de la
narración de Jamelia Torres Gómez98. Es así, por cuanto el mismo día dicha
directora remitió personalmente la denuncia y demás correos electrónicos a la
subdirectora de control disciplinario interno.

135. A la par, en ese documento también se agregaron afirmaciones que no fueron
expuestas por la quejosa o denunciante: (i) «la abordaron juntos en tono de voz alta,
tanto que la gente que pasaba los miraba»; (ii) «ella manifiesta que no sabe a qué
problemas se [referían]»; (iii) «los oficiales en mención manifiestan acaloradamente y
subiendo aún más el tono de voz que la directora esta de forma temporal»: (iii) «ellos
insisten en repetidas oportunidades que se trata es de un consejo no de una amenaza»; y
(iv) «ella responde que no los está irrespetando, el funcionario Joan Cerón le dice que calle
la jeta, en repetidas ocasiones, que así como ella lo mandó a callar en otra ocasión, ella
responde que si quiere respeto, que la respetaran a ella que en ningún momento se ha
referido de esa manera a ninguno de los funcionarios».

98 El escrito se inicia en los siguientes términos: «los hechos ocurrieron el día de ayer domingo 14

de julio, a las 18:57 recibí una llamada a mi celular por parte de la funcionaria Diana Johanna
Quintero Amaya [...] y por solicitud mía se había desplazado después de las 5 pm para que no fuera
detectada la auditoría por parte de ningún funcionario debido a que había tenido conocimiento de
que el día sábado había sido estampado un sello en un pasaporte sin el correspondiente control
[...]».

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136. En relación con el testimonio de Carlos Andrés López López, el cual fue
solicitado por los disciplinados y quien, según el dicho de la quejosa, era el único
que sabía dónde residía, rindió declaración el 1 de febrero de 2022, así:

136.1. Conocía a Nelson Gabriel Velásquez Marín desde el año 2014 y que su
comportamiento era «adecuado con un alto sentido de compromiso, al punto de que por
su compromiso y desempeño lo [había] recomendado para desempeñar cargos de
responsabilidad como estar encargado en el área de sustanciación y de extranjería de la
Regional Amazonas [...] a tal punto que llegó a ser coordinador de apoyo administrativo,
por lo que no ten[ía] ninguna observación que [le indicara] alguna conducta o situación que
[le hiciera] inferir que [pudiera] ser una persona violenta o que [pudiera] llegar a amenazar
a un servidor público o particular».

136.2. A su vez, conocía Joan Mauro Cerón Reyes desde que trabajaba en el DAS y
que, en cuanto a su comportamiento, no tenía «ninguna observación que [le indicara]
ningún tipo de situación que [pudiera] implicar amenaza hacia compañeros o personal
externo [...]. Lo cono[cía] en el tema laboral sin queja alguna [...]». Además, al preguntarle
sobre una «situación de acoso con la administración» contestó que sí tenía
conocimiento, principalmente, de «una situación de agravio contra Joan Mauro Cerón,
situación que posteriormente se extendió a otros funcionarios en la Regional». También
aclaró: «cuando me refiero al tema personal con relación al señor JOAN MAURO CERON, la
Dirección Regional interpretó los problemas personales de JOAN MAURO CERON como
problemas de interés de la administración generando que los agravios fueran seguidos y
permanentes en lo laboral en contra del funcionario y agregar que posteriormente ese tipo
de comportamientos comenzó a generarse contra otros funcionarios sobre los cuales no
me refiero pues no son el objeto de la diligencia».

137. No obstante, esta prueba fue descartada por el operador disciplinario con
fundamento en que «no fue testigo presencial de los hechos materia de investigación» y
tampoco era relevante ni vinculante porque lo que demostraba el comportamiento
era el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la
Nación. Consideró que tampoco era pertinente, útil ni conducente, consideración
que no se comparte, pues los antecedentes a los que aludió solo reflejan la
inexistencia de sanciones disciplinarias, mientras que el testimonio daba cuenta de
la ausencia de conductas violentas o agresoras de los disciplinados en su entorno
laboral.

138. Así las cosas, la Sala considera que, en efecto, la sanción impuesta a Nelson
Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes se edificó únicamente en el
dicho de la quejosa y su superior, Jamelia Torres Gómez, quien se limitó a
reproducir lo dicho por aquella y ─además─ agregó detalles que ni por asomo fueron
expuestos en la denuncia ni en su ampliación. Ello, de suyo implica que tampoco se
aportaron las pruebas que permitieran corroborar las afirmaciones que dieron lugar
a la investigación y afirmar más allá de toda duda que sí existieron las amenazas.

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139. Agrégase a lo expuesto que la autoridad investigadora tampoco se detuvo en
las pruebas aportadas por los operadores migratorios. Si bien es cierto que las
investigaciones penal y disciplinaria son independientes o autónomas, no lo es
menos que los disciplinados informaron y probaron que la adelantada por la Fiscalía
General de la Nación fue archivada y, según lo expuesto en los descargos y en la
versión libre, ello ocurrió porque Diana Johanna Quintero Amaya se retractó; sin
embargo, ninguna gestión de verificación se realizó para corroborar dicha aserción.
Recuérdese que el artículo 129 de la Ley 734 de 2002 le imponía investigar también
aquellas circunstancias que demostraran la inocencia de aquellos y que de acuerdo
con el artículo 128 ibidem la carga de la prueba recaía en la entidad.

 El juicio de subsunción típica

140. Si bien no se demostraron las supuestas amenazas de las que fue víctima Diana
Johanna Quintero Amaya, en el pliego de cargos y en los fallos disciplinarios se
expuso que los disciplinados intimidaron a la funcionaria por haber acudido al PCMF
La Balsa y exhibieron un actuar agresivo, desmedido y sin justificación alguna.
Además, incluso desde la primera etapa se consideró que se arribaba «a un grado
de convicción y certeza de que tal acción fue derivada de las labores oficiales a ella
encomendadas», lo cual «denotaba impedirle cumplir, en lo sucesivo, los deberes como
enlace de seguridad debía realizar, al punto que tuvo que ser trasladada de dicha regional»
[se destaca].

141. De otro lado, aunque desde el pliego de cargos se acudió a la prohibición
prevista en el artículo 35.2 de la Ley 734 de 2002, esto es impedir a otro servidor
público el cumplimiento de sus deberes, la Sala comprende que se refería a las
faltas previstas en el artículo 50 ibidem, según el cual «[c]onstituye falta disciplinaria
grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación
de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley».

142. La prohibición referida contiene el verbo impedir que significa «[e]storbar o
imposibilitar la ejecución de algo»99. A su turno, los verbos que componen dicho
concepto son estorbar100 que es «[p]oner dificultad u obstáculo para la ejecución de
algo» e imposibilitar101 que es «[q]uitar la posibilidad de ejecutar o conseguir algo».

143. Enla versión libre, Nelson Gabriel Velásquez Marín expuso los hechos
acaecidos en los siguientes términos:

«[...] El pasado 14 de julio del presente año con el compañero JOAN MAURO
CERÓN nos encontrábamos en la zona de frontera de Perú, estábamos
almorzando regresamos a eso de las 6 de la tarde o siete del almuerzo cuando
nos encontramos que la compañera Diana no recuerdo el apellido de ella, se

99 Diccionario de la lengua española.
100 Ibidem.
101 Ibidem.

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encontraba saliendo de la balsa de Migración Colombia, nos causó mucha
curiosidad pues el 14 no era un día hábil de trabajo y le preguntamos que ella
que se encontraba haciendo ahí en la balsa migratoria, ella se encontraba
uniformada ese día, ella hace parte de la parte administrativa pues esa fue la
pregunta que le hicimos a ella. Es de aclarar que nosotros nos encontrábamos
en una balsa vecina a la de Migración Colombia. Así mismo como ella manifiesta
en su relato que el compañero Mauro le dice calle la jeta, tengo conocimiento
que en días anteriores a esos hechos la compañera Diana ya había tenido un
encuentro con el compañero Mauro refiréndose de la misma manera, o sea,
mandando a callar al compañero Mauro cuando pues en ese momento si nos
encontrábamos en día laboral. Tengo la certeza de que ese problema ya es algo
más de convivencia entre compañeros, no sé qué referencia hace ella con
amenazas pues cuando en ningún momento se cruzó algún tipo de frase que
pudiese poner en riesgo la vida de ella como ella manifiesta.

PREGUNTADO: Infórmele al Despacho si usted junto con el señor JOAN
MAURO CERÓN abordaron a la señora DIANA QUINTERO el día 14 de julio de
2019, luego de que ella saliera de La Balsa. En caso positivo, explique en qué
lugar, qué conversaron y si-usted y el señor Cerón, se encontraban a bordo de
motocicleta (s). Explique su respuesta. CONTESTO: El compañero Mauro Cerón
ya había tenido un encontrón con la compañera Diana, ibamos a bordo cada uno
de motocicletas y pues como el camino era uno solo, íbamos los tres por la
misma calle para poder salir de allí de la balsa y la discusión continuó entre los
tres, por mi parte yo le dije a ella que ella que hacía en la balsa a esta hora,
estaba ya tarde, que ella era una administrativa, pues teníamos conocimiento
que bajo un memorando hecho por la Directora, personal ajeno al que presta
funciones en la Balsa tenía totalmente prohibido el ingreso a la misma y ahí
fueron las discusiones que normalmente uno tiene sin decir palabras ofensivas
o amenazantes ante ella» [sic] [se resalta].

144. Igualmente, Joan Mauro Cerón Reyes narró los hechos así:

«[...] mi compañero Nelson le pidió el favor al guarda de seguridad que nos
guardara los cascos el cual el señor accedió y los recibió por la ventanilla, como
le venía relatando al regreso eran las 6:30 o 7 de la noche más o menos,
arribamos a la balsa turística donde nos dejó la embarcación, acto seguido el
compañero Nelson pidió el favor al guarda de seguridad que nos regresara los
cascos, con gran asombro nos percatamos que la compañera DIANA
QUINTERO, estaba saliendo de la balsa de Migración Colombia, le
manifestamos que hacía un domingo uniformada y laborando a esas horas de la
noche fuera de su lugar habitual de trabajo, que para esa época se
desempeñaba como secretaria de la Dirección Regional. Argumentándole que
existe un memorando, emanado por la Directora Regional en donde expresa que
está totalmente prohibido el ingreso de personal no autorizado en horarios
laboral y no laboral a las instalaciones de la balsa llamada PCMF (se anexa
memorando con radicado N° 20197010002613). En esta conversación la
compañera Diana lo tomó a mal, siendo grosera con nosotros, es importante
resaltar que en ningún momento a la compañera Diana se le trató con malas
palabras y mucho menos se le amenazó como ella manifestó para esa época, ya
que en actuación judicial que se lleva en la Fiscalía de Leticia ella se retractó y
dicha actuación ya se encuentra archivada. Seguidamente conversamos con la
compañera ella se molestó por lo que dijimos, abordamos nuestras motocicletas
y como a esa hora de la noche el sector del puerto es solo, peligroso, también
hay bares de mala muerte y mucho borracho, decidimos acompañarla dos calles

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más adelante dado que solo hay una ruta de entrada y salida, seguimos con la
conversación, por ultimo le dijimos que se allegara más a los compañeros ya que
los directores son funcionarios de paso y estas mismas palabras las ha empleado
el Director Nacional en diferentes reuniones. También quiero aclarar que en
ningún momento la abordamos, ni la amenazamos.

PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted junto con el señor NELSON
GABRIEL VELASQUEZ MARIN abordaron a la señora DIANA QUINTERO el día
14 de julio del 2019, luego de que ella saliera de La Balsa: En caso positivo,
explique en qué lugar, que conversaron y si usted y el señor Velásquez Marín,
se encontraban a bordo de motocicleta (s). Explique su respuesta. CONTESTO:
es importante aclarar que en ningún momento abordamos, ni amenazamos ni le
dijimos palabras soeces a la compañera Diana y si sostuvimos una conversación
como quedó plasmado en el relato antes mencionado».

145. De acuerdo con el relato de los aquí demandantes, sí existió interacción con
Diana Johanna Quintero Amaya el 14 de julio de 2019, pero ello por sí mismo no
implica el desconocimiento de la prohibición; incluso, la discusión referida por uno
de los investigados tampoco es suficiente para determinar con grado de certeza que
le impidieron desarrollar sus funciones como secretaria o enlace de seguridad.
Cuando menos, podría predicarse una ofensa, pero no una actuación tendiente a
obstaculizar, paralizar, dificultar, complicar, detener o interrumpir el cumplimiento de
sus deberes.

146. Es así, en razón a que, cuando ocurrieron los hechos, la quejosa ya había
cumplido con la instrucción impartida por la directora regional y no hay prueba que
permita establecer cuáles fueron las funciones que desempeñó en días posteriores,
si tuvo algún contacto con los actores y si desplegaron acciones para entorpecer
sus labores, especialmente si se atiende que Nelson Gabriel Velásquez Marín se
encontró en la situación administrativa de vacaciones desde el 16 de julio al 6 de
agosto de 2019 y la servidora pública fue trasladada antes de su reincorporación,
esto es el 24 de julio.

147. Tampoco hay documento o testimonio que permita inferir que con ocasión de la
«discusión» con los operadores migratorios se generó miedo o zozobra que le
impidiera el desempeño óptimo en sus tareas como secretaria o que hasta el
momento de su traslado no pudo ejecutar su deber como enlace de seguridad. Es
cierto que se aportó la medida de protección que solicitó, pero lo allí consignado no
se acompasa con las vacaciones que disfrutaba Nelson Velásquez y tampoco
permite inferir alguna actuación en su contra por parte de Joan Mauro Cerón.
Incluso, si en gracia de discusión se llegara a la conclusión que sí existió la
amenaza, la conducta tampoco se subsume en la prohibición por las mismas
razones.

148. De otro lado, la autoridad consideró que se trataba de una falta grave cometida
a título de dolo porque la conducta trascendió al punto de alterar el orden
administrativo de la regional porque la funcionaria fue trasladada; sin embargo,

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aunque son muy próximas las fechas de los hechos y su traslado [14 y 24 de julio
de 2019], incurrió en un falso juicio por suposición, en razón a que a partir de esos
hechos no puede afirmarse con grado de certeza la existencia de tal alteración, que
la única razón hubiera sido el acontecimiento investigado y tampoco que ello hubiera
trastocado sus funciones, en tanto continuó con su labor en la Regional Andina de
la UAE Migración Colombia.

149. Asimismo, se anotó que «se trató de una situación que conmovió de manera grave
el estado anímico de la funcionaria». Con esta consideración también incurrió en un
falso raciocinio por ideación, por cuanto no hay prueba alguna que dé cuenta del
grado de afectación emocional y, menos aún, que por este no hubiese
desempeñado sus funciones en debida forma.

150. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de las
resoluciones 20226310005423 del 5 de agosto de 2022 y 3652 del 2 de noviembre
de 2022 que declararon la responsabilidad disciplinaria de los demandantes y les
impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses.

2.6. El restablecimiento del derecho

151. Los actores solicitaron:

«2.2. Que se ordene el reintegro si hay lugar a ellos y se ordene el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir en virtud de la ejecución de
la sanción impuesta. Que el reintegro se realice sin solución de continuidad.

2.3. Que se ordene la cancelación de cualquier anotación que pueda aparecer
en la hoja de vida de los peticionarios o en el sistema de antecedentes
disciplinarios.

2.4. Que se ordene a la convocada el pago de $10.000.000 (DIEZ MILLONES
DE PESOS M/CTE) equivalente al pago de los honorarios profesionales que
tuvieron que realizar los convocantes, en cuantía de $5.000.000 CADA UNO.
2.5. Que se ordene el pago de 20 slmlmv A FAVOR DE CADA uno de los
convocantes como consecuencia de los daños morales padecidos por los
mismos» [sic].

152. En cuanto a los salarios y prestaciones sociales, se condenará a la UAE
Migración Colombia a que pague los salarios y prestaciones correspondientes a los
3 meses en que se hizo efectiva la sanción. Para tal efecto, los valores reconocidos
se deberán actualizar de acuerdo con la fórmula que se describe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

153. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico

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(Rh), por cuenta de los emolumentos reconocidos, por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago).

154. La sentencia se cumplirá en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA.

155. Asimismo, se ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que
registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e
Inhabilidades -SIRI- y proceda a efectuar la correspondiente eliminación de las
sanciones impuestas.

156. De otro lado, la pretensión relacionada con el reintegro sin solución de
continuidad será negada, en razón a que, de conformidad con los oficios
20236110009893 y 20236110009903 del 27 de febrero de 2023, se comunicó que
la sanción se haría efectiva desde el 6 de marzo al 6 de junio de 2023.

157. Tampoco se reconocerá la suma relativa a los «honorarios de los profesionales
que tuvieron que realizar los convocantes», en razón a que en el proceso disciplinario
ejercieron la defensa material, es decir, presentaron personalmente los descargos,
solicitudes y recursos. No está demostrado que con ocasión del proceso
disciplinario hubiesen incurrido en gastos de abogado.

158. Finalmente, esta Subsección ha señalado que el perjuicio moral tiene existencia
autónoma y se configura una vez satisfechas las condiciones generales para su
reconocimiento, a saber: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no
eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado102. Asimismo, se
ha detenido en la necesidad de que, quien pretende el reconocimiento de perjuicios
morales, debe acreditar su ocurrencia.

159. Entonces, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria irregular, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento
causado con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que
este, dentro de su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor,
aflicción, tristeza o congoja y, con fundamento en ello, la indemnización a
reconocer103.

160. En consecuencia, comoquiera que no está demostrada la aflicción o congoja
con ocasión de las decisiones sancionatorias, también serán negadas. Es del caso
señalar que los demandantes solicitaron el testimonio de Carlos Andrés López

102 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
103Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, radicación: 52001-23-31-000-2006-00268-
01(0354-09).

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López [a cuya práctica se accedió] para que expusiera su conocimiento sobre la
persecución laboral; sin embargo, de este no se puede establecer ningún nexo con
los actos acusados.

2.7. Conclusión

161. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia que
negó las pretensiones y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos y se
ordenará que se eliminen los antecedentes disciplinarios, así como el pago de los
salarios y prestaciones dejados de devengar en los 3 meses que fueron
suspendidos. Ello, porque (i) se vulneraron los derechos de defensa, contradicción
y debido proceso de Nelson Gabriel Velásquez Marín al impedirle conocer las
pruebas en que se sustentó la imputación y el fallo; y (ii) no se demostró con grado
de certeza que los actores amenazaron a Diana Johanna Quintero Amaya ni que
los hechos suscitados le impidieron desarrollar sus funciones.

162. Ciertamente, los fallos se sustentaron en la denuncia y la «declaración
juramentada» de la «quejosa» y el testimonio de oídas de su superior jerárquico, quien
no solo replicó lo que aquella manifestó, sino que adicionó detalles que no fueron
inicialmente expuestos en el escrito que dio origen a la investigación. Además, si
bien acudió a otras pruebas, lo cierto es que ellas no dan cuenta de la conducta de
los demandantes que, a juicio de la autoridad disciplinaria, configuró la prohibición
prevista en el artículo 35.2 de la Ley 734 de 2002.

2.8. Costas

163. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

164. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

165. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva

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respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma104.

166. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

167. La Sala no evidencia que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual no se condenará en costas en ninguna instancia.

2.9. Reconocimiento de personería para actuar

168. Al plenario se aportó poder otorgado por Helver Alberto Guzmán Martínez [en
calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UAE Migración Colombia] al
abogado Brandon Daniel Roncancio Bautista, identificado con cédula de ciudadanía
1.010.237.390 y tarjeta profesional 385.675 del C.S. de la J. En consecuencia,
comoquiera que se aportaron los documentos que sustentan el mandato, se le
reconocerá personería para actuar en representación de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 24 de julio de 2024, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan
Mauro Cerón Reyes. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones 20226310005423 del 5 de agosto
de 2022 y 3652 del 2 de noviembre de 2022 que declararon la responsabilidad
disciplinaria de los demandantes y les impuso la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de 3 meses, por las razones anotadas en la parte
considerativa de esta providencia.

104En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia que adelante todas las gestiones para
que se registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones
e Inhabilidades -SIRI- y, en consecuencia, se proceda a eliminar la correspondiente
anotación de las sanciones impuestas.

Igualmente, condenar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a
pagar a Nelson Gabriel Velásquez Marín y Joan Mauro Cerón Reyes los salarios y
prestaciones dejados de percibir como consecuencia de la sanción de suspensión
e inhabilidad especial por el término 3 meses. Estas sumas deberán indexarse, de
acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. Sin condena en costas en ambas instancias.

Sexto. La sentencia se deberá cumplir en los términos de los artículos 192 y 195
del CPACA.

Séptimo. Reconocer personería para actuar en representación de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia al abogado Brandon Daniel Roncancio
Bautista, identificado con cédula de ciudadanía 1.010.237.390 y tarjeta profesional
385.675 del C.S. de la J., en los términos del poder visible en el índice 15 de la
plataforma Samai.

Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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