Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00020-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2023-00020-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00020-01 (1244-2026)1
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad de los fallos disciplinarios del veintidós
(22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferido en primera instancia por la
Coordinadora de Control Interno Disciplinario de la Delegación Departamental del
Magdalena de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y del ocho (8) de julio de
dos mil veintidós (2022), dictado en segunda instancia por la Delegada
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índices 00001 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Magdalena, dentro
de la actuación disciplinaria adelantada con el Rad. Nº. 021-004-018-D.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reintegrar al señor Eduardo
Alberto Noguera Dangond al servicio activo, en el cargo de Registrador Municipal
de Ciénaga (Magdalena); (ii) pagar los salarios, primas, subsidios, vacaciones,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, desde la fecha en
que fue retirado del servicio, hasta su reintegro efectivo; (iii) indexar y actualizar las
sumas que resulten a favor del demandante; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; (v) y condenar en costas.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que, mediante auto del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se
dio apertura a la investigación disciplinaria contra el señor Eduardo Alberto Noguera
Dangond y Said Sarquis Lissa. Frente al primero, los hechos que dieron lugar a la
investigación se resumen en que, en su calidad de Registrador Especial de Ciénaga
(Magdalena), para la época de ocurrencia de los hechos (4 de noviembre de 2016),
presuntamente afectó el Sistema de Información de Registro Civil e Identificación
de la Registraduría Nacional del Estado Civil (SIRC-DU), considerado como un
activo de la información de la entidad, al permitir la asignación del número único de
identificación personal a un ciudadano extranjero, de nombre Alex Shames, a través
del usuario institucional que le fue suministrado (“ENOGUERA”), sin el lleno de los
requisitos constitucionales y legales, circunstancia que, según la entidad, configuró
la falta gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
4. Anotó que, a través del auto del veinticuatro (24) de julio de la misma anualidad,
el despacho de la operadora disciplinaria que conoció del asunto suspendió
provisionalmente al señor Noguera Dangond, en su calidad de Registrador Especial
de Ciénaga (Magdalena), por el término de tres (3) meses, sin derecho a
remuneración. Dicha decisión fue confirmada a través de la Resolución Nº. 495 del
dieciséis (16) de agosto, expedida por la Delegada Departamental del Magdalena.
5. En el marco de una acción de tutela adelantada por el demandante, el Juzgado
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Índices 00001 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Tercero (3º) Promiscuo Municipal de Ciénaga, dentro del Rad. Nº. 2018-00512,
ordenó reintegrar al cargo al actor, por lo que, en virtud del auto de dieciocho (18)
de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el operador disciplinario levantó la
medida de suspensión provisional, en cumplimiento del fallo de tutela. Explicó que,
por medio del escrito del siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la
Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil impugnó el fallo de
tutela y, mediante la sentencia de segunda instancia, notificada el veintinueve (29)
de octubre, revocó la decisión primigenia. Por tal razón, la entidad, a través del auto
del treinta (30) de octubre, reanudó la medida de suspensión provisional, la cual fue
prorrogada mediante auto del cinco (5) de diciembre, por el término de tres (3)
meses más, sin derecho a remuneración del disciplinado.
6. Adujo que, en una segunda acción de tutela, el Juzgado Segundo (2º) Promiscuo
Municipal de Ciénaga, dentro del proceso con Rad. Nº. 2018-00454, tuteló los
derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, ordenó su reintegro
a la labor que desempeñaba. Así las cosas, en virtud del auto del veinticuatro (24)
enero de dos mil diecinueve (2019), el operador disciplinario, en cumplimiento del
fallo de tutela, dispuso el levantamiento de la medida de suspensión. No obstante,
el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Ciénaga, mediante providencia
notificada el ocho (8) de marzo, revocó la sentencia de tutela de primera instancia,
motivo por el cual, mediante auto del once (11) de marzo, se reanudó la medida.
7. Anotó que, mediante auto del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019), después de adelantarse la etapa probatoria, la operadora disciplinaria
ordenó el cierre de la investigación disciplinaria. Más adelante, con el auto del tres
(3) de abril de dos mil veinte (2020), se formuló pliego de cargos contra el señor
Noguera Dangond, Sarquis Lissa y Jenny Rodríguez Pabón, a quienes se les
endilgó, a título de dolo, la falta gravísima prevista en el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, consistente en “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo
delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia
de la función o cargo, o abusando del mismo ”, específicamente, por haber incurrido,
presuntamente, en las conductas descritas en los artículos 269D, 269H y 286 del
Código Penal, relacionadas con la protección de la información y los datos.
8. Señaló que, dentro de la oportunidad legal, presentó los respectivos descargos y
que, mediante auto del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), se
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
decidieron las pruebas que fueron solicitadas, para lo cual el fallador disciplinario
ordenó la práctica de algunas de ellas y, al tiempo, negó otras.
9. Indicó que, el primero (1º) de febrero de dos mil veintiuno (2021), interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el auto de pruebas.
Expuso que, mediante oficio del veinticinco (25) de marzo de la referida anualidad,
el señor Montoya Infante, en calidad de Delegado Departamental, manifestó su
impedimento para conocer del asunto ante el Registrador Nacional, invocando para
el efecto la causal contenida en el artículo 84, numeral 5º, de la Ley 734 de 2002.
10. Posteriormente, a través de la Resolución Nº. 2969 del seis (6) de abril de dos
mil veintiuno (2021), el Registrador Nacional del Estado Civil aceptó el impedimento
y, en tal sentido, ordenó que el conocimiento de los procesos disciplinarios, en
particular el tramitado con el Rad. Nº. 021-004-018-D, fuera conocido por otra
Delegada Departamental (la funcionaria Yurleidis Yoasin Granados Glen).
11. Agregó que, con auto del ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021), se
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de pruebas y que, por
medio del auto del veintisiete (27) de abril de dicho año, se aclaró el objeto de una
de las pruebas decretadas después de la formulación de cargos.
12. Manifestó que, el diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), presentó un
incidente de nulidad, el cual fue resuelto mediante auto del veintiocho (28) de mayo.
Contra dicha decisión presentó recurso de reposición el cuatro (4) de junio y, a
través del auto del veintidós (22) del mismo mes y año, la entidad lo desestimó.
13. Resaltó que, mediante auto del veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno
(2021), se corrió traslado para alegar de conclusión y, dentro del término legal,
allegó los alegatos correspondientes. Agotada esta etapa, el operador disciplinario
profirió fallo disciplinario de primera instancia el veintidós (22) de noviembre, en
virtud del cual se sancionó con destitución e inhabilidad general por doce (12) años
al señor Noguera Dangond, en su condición de Registrador (0065-1) en Ciénaga.
14. Destacó que, mediante decisión del ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022),
el despacho de la Delegada Departamental de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, confirmó en su integridad el fallo disciplinario de primera instancia.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
1.3. Concepto de la violación4.
15. El demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 2º, 21, 29 y 89 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 3º y
24 de la Ley 80 de 1993; el artículo 95 de la Ley 489 de 1998; y los artículos 5º, 6º
y 20 de la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario.
16. Arguyó que, el operador disciplinario realizó una indebida adecuación típica de
la falta disciplinaria endilgada, “al ser remitida a una norma de complementación, la cual no
permite determinar el comportamiento censurado al actor, y porque la comisión del ciudadano
Noguera Dangond no quedó demostrada con certeza ”. Para soportarlo, adujo que, los fallos
objeto de censura acudieron al numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
que se limita a describir “el comportamiento funcional” vulnerado y que, para la
adecuación típica, acudieron a la Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, acto
que contiene los lineamientos a seguir por parte de los servidores públicos de la
entidad respecto al tratamiento de la información y los activos informáticos.
16.1. Sobre esta base, aseveró que, las disposiciones a las que acudieron los
operadores disciplinarios “no comporta todo el comportamiento (sic) censurado al actor, por
cuanto las políticas no dejan de ser orientaciones (no prohibiciones) acerca de las actividades que
se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre
individuos”. Puntualizó que, si la norma a la que acude el fallador no determina la
conducta reprochable, luego no le es dable definirla de manera discrecional, “ sin
referentes normativos precisos”, con lo cual se desconocería el principio de legalidad.
17. Advirtió que, ni en la referida Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), ni en el acuerdo de confidencialidad suscrito por el
disciplinado, se subsumía la falta disciplinaria atribuida al actor y que, por tanto, no
era factible que, a partir de ello, se definiera el deber funcional violentado.
18. Trajo a colación una de las afirmaciones contenidas en los actos enjuiciados,
del siguiente tenor: “(…) considera este despacho, que el investigado no tuvo el deber de cuidado
con los activos de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, siendo esto una
prioridad como lo establece el acto administrativo que adoptó la Política de Seguridad de la
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Índices 00001 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Información desde el año 2016, sobre todo lo concerniente al usuario y contraseña asignado al
investigado, ENOGUERA, que como se ha indicado, es personal e intransferible ”. Con base en
dicho aserto, alegó que: (i) no era posible estructurar un cargo con fundamento en
“unos reglamentos” que el disciplinado desconocía; (ii) los operadores desestimaron el
hecho de encontrarse en vacaciones -el demandante- para cuando se materializó
la conducta reprochada y que, para tal fin, apelaron a los deberes consignados en
la Resolución Nº. 4173 de 2016, “la cual se desconocía para la época de la conducta
sancionada”; y (iii) que no se allegaron elementos de juicio al plenario que dieran
cuenta de la responsabilidad del señor Eduardo Noguera Dangond en lo atinente al
uso de su usuario y contraseña que la entidad le asignó como Registrador.
19. Por último, refirió, en punto a la prescripción de la acción disciplinaria, que la
norma aplicable era la contenida en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado
por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 y que, en tal virtud, como la conducta
enrostrada, consistente en la asignación de un número único de identificación
personal a un extranjero con el usuario “ENOGUERA”, con fecha de posgrabación del
cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), era de ejecución instantánea,
el término feneció, pues, el fallo de primera instancia tiene fecha del veintidós (22)
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), superó el plazo extintivo de cinco (5)
años, sin que la suspensión de término derivada de la emergencia sanitaria (COVID-
19) tuviera la aptitud de suspender la prescripción de la acción disciplinaria.
1.4. La contestación de la demanda5.
20. La Registraduría Nacional del Estado Civil se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, para lo cual señaló que los actos administrativos demandados gozan
de plena validez, en la medida en que el procedimiento disciplinario que se adelantó
contra el actor observó las garantías propias del debido y, en adición, se ajustó a la
normatividad existente y vigente para la época, como es la Ley 734 de 2002.
21. Explicó que, al examinar los medios probatorios allegados al proceso
disciplinario, se pudo concluir que existió una “secuencia y congruencia” relacionada
directamente con la conducta endilgada al señor Eduardo Alberto Noguera
Dangond, que condujo a que el operador definiera la falta contenida en el artículo
48.1 de la Ley 734 de 2002. Añadió que no se probó ninguna de las causales de
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Índices 00010 y 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
exclusión de la responsabilidad disciplinaria, previstas en el artículo 28 ibidem.
22. Puso de presente que, la entidad implementó el programa de digitalización de
los documentos con los cuales se fija la identidad de las personas y que, para dicho
propósito, es indispensable contar con Registradores del Estado Civil que, en su
condición de funcionarios públicos, cumplan con rectitud y probidad su deber, “de
manera que exijan acreditar en los peticionarios las condiciones necesarias con las cuales serán
titulares de un documento público para nacer a la vida jurídica de un Estado Social de Derecho, tal
cual como lo exige la Constitución Política”. Dicho lo anterior, sostuvo que, en el marco de
la actuación disciplinaria, se logró acreditar que el actor, quien ostentaba el cargo
de Registrador del Estado Civil 0065-01 en Ciénaga (Magdalena), “cometió una
falsedad en documento público”, debido a la información apócrifa consignada en la
preparación del NUIP 1.221.979.581 -número de preparación 47907264-, asignados
al señor Alex Shame, trámite realizado sin los requisitos constitucionales y legales
para los ciudadanos extranjeros. En esa línea, reiteró que el disciplinado trasgredió
el deber funcional inherente a la función que desempeñó como Registrador.
23. Frente a la indebida adecuación típica que alegó el actor, recordó que, en
materia disciplinaria, los tipos sancionatorios se caracterizan por carecer de una
descripción estricta y precisa, siendo este el caso del denominado “tipo en blanco”,
que no describe concretamente la infracción, pero remite a las disposiciones que
consagran deberes, mandatos y prohibiciones aplicables al funcionario investigado.
Además, afirmó que, en la órbita disciplinaria, el fallador cuenta con un margen de
valoración y de individualización más amplio que en otras esferas.
24. Hizo hincapié en que, con base en el acervo probatorio recaudado, el operador
disciplinario constató la violación a las políticas de seguridad informática de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por parte del ahora demandante, quien
fungiendo como Registrador Municipal, le asignó al señor Alex Shames, el cuatro
(4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), un número único de identificación
personal, con el usuario “ENOGUERA”, siendo estas credenciales personales e
intransferibles, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº. 4173 del veinte
(20) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Con base en lo ocurrido, alegó que se
alteró la información que maneja la entidad, afectando así la imagen institucional,
“en atención a que con estas actuaciones, se permitió expedir un pasaporte a nombre de este
ciudadano extranjero que lo reconocía a nivel internacional como un ciudadano colombiano”.
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Número Interno: 1244-2026
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
1.5. La sentencia de primera instancia6.
25. En la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda
incoada por el señor Eduardo Alberto Noguera Dangond, sin condena en costas:
“Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta contra los fallos disciplinarios proferidos el 22 de noviembre de 2021 y el 8 de
julio de 2022 por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.
Tercero. Una vez ejecutoriada esta providencia, REALÍCENSE las anotaciones
correspondientes en el sistema Web SAMAI y, cumplido lo anterior, ARCHÍVESE el
expediente, de conformidad con las tablas de retención documental del Consejo Superior de
la Judicatura”.
26. En síntesis, expuso que la acción disciplinaria no se afectó por los fenómenos
de la caducidad y la prescripción; se adelantó conforme a la Ley 734 de 2002,
respetando el debido proceso; y la responsabilidad se configuró por la omisión
personalísima en la custodia de las credenciales de acceso al sistema de la entidad,
sin que factores como vacaciones, usuarios genéricos y la intervención de terceros
pudieran desvirtuar “el nexo subjetivo de la falta”, por lo que los actos gozan de validez.
27. Con arreglo a las pruebas que fueron recaudadas en el proceso, identificó que,
la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de sus dependencias
competentes, declaró disciplinariamente responsable al actor, al concluir que
incurrió en una falta al deber funcional y desconoció los principios de eficiencia y
eficacia que rigen el ejercicio de la función registral. Tal conducta se concretó en la
autorización de un registro civil de un ciudadano extranjero, sin que aquel cumpliera
los requisitos constitucionales y legales para su expedición, lo cual derivó en la
afectación de la función pública a su cargo, en calidad de Registrador Especial.
28. En punto al fenómeno de la caducidad y la prescripción de la acción disciplinaria,
advirtió que los mismos no se configuraron. Explicó que, en el caso de autos, la
conducta reprochada -de carácter instantáneo- acaeció el cuatro (4) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016), y el auto de apertura de la investigación disciplinaria se
profirió el cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018), esto es, dentro de los
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Índice 00034 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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términos establecidos en la Ley 734 de 2002. Asimismo, tanto el fallo de primera
instancia (22 de noviembre de 2021), como el de segunda (8 de julio de 2022) se
emitieron oportunamente, sin que se hubiera consolidado la prescripción ni la
caducidad de la acción disciplinaria, como equivocadamente lo alegó el accionante.
Al margen de la suspensión derivada de la emergencia sanitaria, aseveró que, “ el
auto de apertura de investigación interrumpió el término dentro del primer quinquenio, y, a fortiori,
las suspensiones por COVID‑19 corroboran la razonabilidad temporal del trámite ”.
29. Puntualizó que la investigación disciplinaria se adelantó por las autoridades
competentes, con sujeción a las disposiciones de la Ley 734 de 2002. Resaltó,
además, que el trámite se surtió respetando las etapas propias del procedimiento,
garantizándole al investigado el derecho de defensa y contradicción, mediante la
notificación de las decisiones, la posibilidad de rendir descargos, solicitar y
controvertir pruebas, interponer recursos, participar activamente en las diligencias y
alegar de conclusión. Aunado a ello, afirmó que los fallos disciplinarios se
encuentran debidamente motivados, al exponer de manera clara los hechos
investigados, las pruebas en que se sustentan y la norma aplicable al caso. Por
último, señaló que la decisión sancionatoria se sustentó, entre otros, en el informe
técnico que dio origen a la investigación, en la trazabilidad de la operación realizada
en el sistema institucional con el usuario asignado al demandante, y en el análisis
de las funciones propias del cargo de Registrador Especial del Estado Civil.
30. Agregó que, el disciplinado no logró demostrar que la valoración probatoria
efectuada por la autoridad disciplinaria fuera arbitraria, irrazonable o contraevidente.
Por el contrario, destacó que, del recaudo probatorio era posible constatar que el
demandante se desempeñaba como Registrador del Estado Civil de Ciénaga
(Magdalena) para le época de los hechos, cargo que entrañaba deberes reforzados
de custodia, verificación y control en relación con el registro civil y la asignación de
números únicos de identificación personal (NUIP). Asimismo, se acreditó que la
operación irregular en la asignación de un NUIP se realizó con su usuario personal
“ENOGUERA”, sin que se lograra demostrar una causa extraña, algún evento de
suplantación, el forzamiento de credenciales o una falla sistémica que excluyera su
deber funcional -reforzado en razón del cargo- de custodia y verificación.
31. En esa misma línea, el A-quo hizo hincapié en que los argumentos relacionados
con la existencia de usuarios genéricos, accesos remotos al sistema o el disfrute de
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vacaciones -para el momento de los hechos-, no desvirtuaban el deber de
protección de las credenciales de acceso, ni el deber de verificación previa a la
autorización de la asignación del NUIP, “máxime cuando el hecho investigado fue singular,
concreto, datado y directamente asociado al usuario personal del investigado ”.
32. Finalmente, el Tribunal compartió que, en un proceso distinto, tramitado con el
Rad. 47-001-2333-000-2023-00018-00, en el que se controvirtieron los mismos
actos administrativos, aunque respecto de otro investigado, se llegó a la conclusión
según la cual la actuación disciplinaria se ajustó al principio de congruencia y al
debido proceso, al acreditarse la omisión del deber de custodia de la información
mediante el uso de credenciales personales e intransferibles, manteniéndose así
incólume la presunción de legalidad de la sanción disciplinaria impuesta.
1.6. El recurso de apelación7.
33. Mediante memorial del veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026), el
actor solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda
a las súplicas de la demanda. Como fundamento de la solicitud, expuso que el fallo
apelado está falsamente motivado e incurrió en una indebida valoración probatoria.
34. A manera de sustento fáctico, adujo que, el dieciséis (16) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), se llevó a cabo, dentro de los mandatos constitucionales y
legales, la preparación de tres (3) cédulas de ciudadanía a las personas de nombre
Amer Al Rafaee, Bachar Tuameth y Ahmad Al Hariri, registros de nacimiento que
fueron grabados el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en
la Registraduría Municipal de Pivijay, siendo los documentos preparados con su
clave y usuario. Alegó que, un (1) año después, le iniciaron un proceso disciplinario
(021-023-017-D), por la preparación de las tres (3) cédulas de ciudadanía.
35. Bajo ese contexto, explicó que la preparación del material de identidad de las
prenombradas personas, se efectuó conforme a los lineamientos establecidos por
la entidad, a saber: que los registros civiles de nacimiento se encontraran
“posgrabados” en el Sistema Nacional de Registro Civil (SIRC); que estuviesen en
estado “válido”; que hubiesen pasado el filtro de seguridad, es decir, los treinta (30)
días que tiene el centro de acopio en Bogotá para verificarlos; que los ciudadanos
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Índice 00038 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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se hayan acercado a la Registraduría con los respectivos registros; y que los datos
de los registros civiles físicos, y los consignados en la “postgrabación” (realizada el 17
de septiembre de 2016), resultara coincidente. Concluyó que, en el caso de autos,
los requisitos se cumplieron y verificaron por el funcionario correspondiente.
36. Reprochó que la sola coincidencia del usuario, es decir, la simple acreditación
del acceso con el usuario “ ENOGUERA”, que le fue asignado, no permitía concluir
que el disciplinado cometió las faltas endilgadas de manera dolosa. Al respecto,
expuso que dicha cuenta era usada por “todos los empleados de la Registraduría Nacional
del Estado Civil en el Municipio de Ciénaga”, y que, si bien tal circunstancia podía poner en
evidencia una falta por “no realizar gestiones pendientes a individualizar su usuario y a imponer
la obligación de contraseña”, también lo era que la entidad “fue laxa” al permitirle continuar
gestionando el usuario “ENOGUERA” por muchos años. Para ilustrar el escenario,
narró que, en época de elecciones, cuando otro funcionario llegaba al Municipio de
Ciénaga, “también usaba la misma credencial para acceder al sistema ”, situación que, en su
criterio, “genera dudas más que razonables dentro del presente proceso ”.
37. En suma, alegó que, para el A-quo, la sanción disciplinaria se ajustó a la
normativa aplicable, por el solo hecho que el usuario utilizado para la preparación
irregular de las cédulas de ciudadanía estaba asignado a su nombre.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
38. Mediante el auto del primero (1º) de junio de dos mil veintiséis (2026) 8 , el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de los demás sujetos procesales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
39. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
8
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
12
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este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 9 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
40. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿Debe declararse fallido el recurso de apelación, al no dirigirse los
reparos expuestos contra al fondo de la decisión impugnada, o por no
estar relacionados con los hechos debatidos en el proceso?
(ii) En caso contrario, ¿debe declararse la nulidad de los actos
administrativos de carácter disciplinario, al adolecer de falsa motivación y
estar sustentados en una indebida valoración probatoria?
2.3. Cuestión previa.
41. El artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
dispone lo relativo al recurso de apelación contra sentencias. Al respecto, el numeral
1º señala que, “el recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia”, mientras que el numeral 3º ibidem establece que, “si el recurso fue
sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el
que se dispondrá remitir el expediente al superior; recibido el expediente por el superior, este decidirá
sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos ”. En armonía con lo expuesto, el
artículo 320 del CGP prevé que el recurso de apelación tiene como objeto “(…) que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”.
42. Debe precisarse que, con sujeción al principio de congruencia, la competencia
del juez de segunda instancia se encuentra limitada por los aspectos planteados en
el recurso de apelación, los cuales deben guardar coherencia con lo alegado en la
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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demanda y su contestación, con el fin de salvaguardar el derecho de defensa y
contradicción de las partes. Sobre el particular, la Sección Segunda de esta
Corporación10 ha dicho que, de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación,
“resulta necesario no solo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma
adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los
cuales determinarán el objeto de análisis del Ad-quem y su competencia frente al caso”.
43. Dicha exigencia presupone un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la
fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo
el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera
instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. En ese
sentido, se ha sostenido que, cuando los fundamentos de la apelación son extraños
al debate por no corresponder al caso juzgado por el fallador de instancia, se
entiende como una apelación fallida, en cuanto que, la falta de congruencia entre la
sentencia recurrida y los motivos de inconformidad no permite resolver la apelación.
44. En el caso concreto, el recurrente alegó que el operador disciplinario, con la
expedición de los actos enjuiciados, incurrió en falsa motivación y en un error
manifiesto en la valoración probatoria. Adujo que, la coincidencia con el usuario que
le fue asignado (“ENOGUERA”) no constituía un motivo suficiente para concluir que
se llevó a cabo la falta endilgada a título de dolo. Reiteró que, el usuario en cita era
usado por otros funcionarios y que “si bien es cierto puede ser considerada una falta del aquí
procesado el no realizar gestiones pendientes a individualizar su usuario y a imponer la obligación
de contraseña, también lo es que la Registraduría Nacional del Estado Civil fue laxa (…)”. Aseveró
que la imputación carecía de sustento jurídico, comoquiera que, no era dable atribuir
una conducta a quien no tenía dominio funcional, ni control exclusivo, del hecho.
45. Para sustentar tales reparos, explicó que, el dieciséis (16) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), se prepararon tres (3) cédulas, correspondientes a los
ciudadanos Amir Al Rafaee, Bachar Tuameh y Admar Al Hariri, proceso que se
realizó con su clave y usuario. Manifestó que, por presuntas irregularidades en el
proceso, y en el manejo de los sistemas de información de la entidad, el cuatro (4)
de diciembre de dos mil diecisiete (2017) se dio apertura a la investigación
disciplinaria dentro del Rad. Nº. 021-023-017-D, actuación que se fundamentó, en
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 13 de febrero
de 2020, Rad. 25000-23-25-000-2011-00401-01(3598-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14
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estricto sentido, en la alteración del Sistema Nacional de Registro Civil (SIRC), que
derivó en la asignación de las identificaciones de los prenombrados ciudadanos.
46. La Sala observa que, los hechos en los que se sustenta el recurso de apelación,
distan de aquellos que dieron origen a la actuación disciplinaria que concluyó con la
expedición de los actos acá demandados. Al respecto, los fallos disciplinarios del
(22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferido por la Oficina de Control
Disciplinario de la Delegación Departamental del Magdalena, y del ocho (8) de julio
de dos mil veintidós (2022), dictado en segunda instancia por la Delegada
Departamental del Magdalena la Registraduría Nacional del Estado Civil, se
profirieron dentro de la actuación disciplinaria adelantada con el Rad. Nº. 021-004-
018-D, por hechos relacionados con la asignación, desde el usuario del disciplinado
(“ENOGUERA”), del número único de identificación personal del señor Alex Shames,
trámite que se efectuó el cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Las
diferencias advertidas se pueden visualizar en la siguiente tabla:
Rad. Nº. 021-023-017-D Rad. Nº. 021-004-018-D
Elementos contextuales: hechos ocurridos el Elementos contextuales: hechos acaecidos el
dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), relacionados con irregularidades en la (2016), relacionados con irregularidades en la
asignación de números de identificación -para asignación de un número de identificación, con
preparación de cédulas-, con el usuario el usuario “ENOGUERA”, al ciudadano de
“ENOGUERA” de los ciudadanos de origen origen extranjero Alex Shames.
extranjero Amir Al Rafaee, Bachar Tuameh y
Admar Al Hariri.
47. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala aclara que, en virtud del
principio de congruencia, y los límites que impone el artículo 328 del CGP, no resulta
factible estudiar hechos ajenos a la presente controversia, máxime, cuando se trata
de circunstancias que fueron objeto de investigación y esclarecimiento en una
actuación disciplinaria independiente, y que dieron lugar a la expedición de actos
que, aunque son pasibles de control, su legalidad no se discute en esta oportunidad.
48. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que, las imprecisiones en los
hechos relacionados en el recurso de apelación, o la falta de correspondencia de la
información aducida, no enervan la aptitud los demás motivos de inconformidad,
con los cuales se busca controvertir el fondo de la sentencia de primera instancia.
Ello supone que, aunque le está vedado a esta instancia pronunciarse sobre los
hechos que se circunscriben a la actuación disciplinaria adelantada con el Rad. Nº.
15
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021-023-017-D, no es menos cierto que sí pueden estudiarse aquellos reparos que,
aunque puedan resultar transversales a las actuaciones disciplinarias, guarden
relación con el objeto del litigio y con lo resuelto por el juez de primer grado.
49. Vistas así las cosas, la Sala procederá con el estudio y resolución del recurso
de apelación, atendiendo a las consideraciones expuestas en este acápite, y en el
entendido que al juez administrativo le es dable ejercer un control integral sobre los
actos administrativos que se cuestionan, sobre la base del ordenamiento
constitucional y legal, y orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.
50. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:
«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
51. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»
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52. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para preservar el orden jurídico en
abstracto, salvaguardar las finalidades de la función pública, así como el interés
general, y garantizar la tutela judicial efectiva de la persona sancionada, siendo un
postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Esta postura, relativa al control integral, ha sido reiteradamente adoptada por la
Sección Segunda de esta Corporación en diversos pronunciamientos, razón por la
cual, en el asunto bajo examen, la Sala también aplicará dicho control integral 11.
2.5. Hechos probados y recuento de la actuación disciplinaria.
53. De acuerdo con las pruebas que obran en el dosier procesal, la Sala acudirá al
recuento de las actuaciones surtidas en el marco del proceso disciplinario, así:
a) Mediante la Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis
(2016)12, la Registraduría Nacional del Estado Civil derogó las Resoluciones Nº.
13829 del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) y 9025 del treinta (30) de
octubre de dos mil doce (2012), con el propósito de adoptar nuevas políticas de
seguridad de la información, de las operaciones y los datos.
b) En virtud de la Resolución Nº. 274 del veintiuno (21) de octubre de dos mil
dieciséis (2016)13, la Registraduría Nacional del Estado Civil reanudó el tiempo de
las vacaciones decretadas mediante la Resolución No. 245 del treinta (30) de
septiembre de dicho año, a partir del veinticuatro (24) de octubre, y hasta el quince
(15) de noviembre inclusive, del año dos mil dieciséis (2016).
c) Acta de la diligencia de declaración juramentada rendida por el señor Enuer
Megues Rivadeneira, del veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) 14.
Asimismo, reposa el acta de la diligencia de declaración juramentada rendida por el
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
12
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 335 y ss.
13
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 85 y ss.
14
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 738 y ss.
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señor Arnaldo César Costa Angarita, el tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018),
y del señor José Álvaro Amaya Charris, el cuatro (4) de abril de la misma anualidad,
todas en el marco de la actuación disciplinaria con Rad. 021-023-017-D.
d) Mediante auto del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018)15, la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del
Expediente Nº. 021-004-18-D, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en
contra de los funcionarios Eduardo Noguera Dangond, en calidad de Registrador
Especial de Ciénaga (Magdalena), y Said Saquis Lissa, en calidad de Registrador
Especial de Pivijay (Magdalena), por la posible preparación de una cédula de
ciudadanía de manera irregular a una persona de origen extranjero, y por ingresar
datos o post-grabar un registro de nacimiento sin el lleno de los requisitos.
e) Por medio del auto del dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018) 16, la
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil
ordenó vincular a la investigación disciplinaria a la señora Jenny Cecilia Rodríguez
Pabón, en calidad de funcionaria de la Registraduría Municipal de Pivijay.
f) A través del auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018) 17, el
operador disciplinario suspendió provisionalmente al señor Eduardo Alberto
Noguera Dangond, por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración.
Asimismo, mediante la Resolución Nº. 428 del veinticuatro (24) de julio de la referida
anualidad18, se dispuso la ejecución de la medida de suspensión provisional.
g) Con la Resolución 495 del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 19,
la delegada del Registrador Nacional del Estado Civil en el Magdalena, al resolver
la consulta de la medida de suspensión provisional, confirmó la decisión primigenia,
contenida en el auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018).
h) Posteriormente, a través del auto del dieciocho (18) de septiembre de dos mil
15
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 9 y ss.
16
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 67 y ss.
17
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 73 y ss.
18
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, pág. 79.
19
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 90-110.
18
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dieciocho (2018) 20 , el operador disciplinario de la Delegación del Magdalena,
dispuso el levantamiento de la medida de suspensión provisional, en cumplimiento
del fallo de tutela del cinco (5) de septiembre, proferido por el Juzgado Tercero (3º)
Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), dentro del Rad. 2018-00512. Sin
embargo, dicha providencia fue revocada por el Juzgado Primero (1º) Promiscuo de
Familia de Ciénaga, por lo que, mediante auto del treinta (30) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), el operador disciplinario reanudó la medida de suspensión 21.
i) Acta de visita especial practicada por la Registraduría Regional del Magdalena, el
veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil 22.
j) Según la información que reposa en el auto del cinco (5) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018) 23 , el operador disciplinario resolvió prorrogar la medida de
suspensión provisional por tres (3) meses más, con el ánimo de proteger los
elementos de juicio “que permitirán al operador disciplinario actuar con imparcialidad (…)”. A
su turno, mediante la Resolución Nº. 678 del veinte (20) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018) 24, los delegados departamentales del Registrador Nacional del
Estado Civil en el Magdalena, al resolver la consulta planteada frente a la medida
de suspensión, confirmaron en su integridad la prórroga de la medida.
k) Versión libre de la señora Jenny Cecilia Rodríguez Pabón, en calidad de
vinculada, rendida el veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) 25.
l) Mediante auto del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019) 26, el
despacho del operador disciplinario decretó la práctica de unas pruebas, entre ellas,
las siguientes: (i) solicitar a la Dirección Nacional de Registro Civil indicar la oficina
con facultad de registro civil a la que le fue asignado el rango del indicativo serial
25659175; (ii) solicitar al Director Nacional de Identificación si el cupo numérico
20
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 124-125.
21
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 137 y ss.
22
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 162 y ss.
23
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 175 y ss.
24
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 190 y ss.
25
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 228 y ss.
26
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 256 y ss.
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1.221.979.581, asignado a nombre de “Alex Shames”, le fue expedida cédula de
ciudadanía y si se encuentra vigente; (iii) solicitar al centro de acopio de la
Delegación del Magdalena copia de todos los formatos, año por año, en los cuales
los señores Noguera Dangond y Sarquis Lissa suscribieron la aceptación de las
políticas de seguridad de acceso a las estaciones sistematizadas del SIRC-ANI.
m) De conformidad con lo dispuesto en el auto del veinticuatro (24) de enero de dos
mil diecinueve (2019)27, la Oficina de Control Disciplinario, en cumplimiento del fallo
de tutela del diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), proferido por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), ordenó levantar
la medida de prórroga de suspensión provisional en el ejercicio del cargo.
n) A través del auto del quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019) 28, el
despacho del operador disciplinario decretó la práctica de algunas pruebas
solicitadas por el disciplinado, entre ellas, las encaminadas a obtener: (i) por parte
de la Cancillería, copia del pasaporte y los documentos que sirvieron de base para
la expedición del mismo (del ciudadano Alex Shames); (ii) la información por parte
de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en lo que toca a los ingresos al
país por parte del prenombrado ciudadano; y (iii) una declaración a rendir por parte
del señor Mauricio Fierro, en calidad de coordinador del Centro de Acopio. Contra
la negativa frente al decreto de algunas pruebas, el investigado interpuso recurso
de reposición, solicitando la revocatoria -parcial- de la decisión impugnada29.
o) El once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 30, el despacho disciplinario,
dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia, proferido por el Juzgado
Segundo (2º) Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena), dispuso la reanudación
de la medida de suspensión provisional que había sido levantada.
p) Por medio del auto del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019)31, el despacho disciplinario declaró el cierre de la investigación disciplinaria
dentro del Expediente Nº. 021-004-018-D, adelantado contra el ahora demandante.
27
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 259-261.
28
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 278 y ss.
29
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 383 y ss.
30
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 327 y ss.
31
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 405 y ss.
20
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q) El tres (3) de abril de dos mil veinte (2020) 32 , la Oficina de Control Interno
Disciplinario formuló pliego de cargos contra los señores Said Sarquis Lissa y
Eduardo Alberto Noguera Dangond, por los hechos que se sintetizaron así:
r) En el acápite de cargos, la entidad formuló los siguientes contra el señor Noguera
Dangond: “(…) en su condición de Registrador Especial de Ciénaga (Magdalena) para la época
de los hechos, presuntamente afectó el Sistema de Información de Registro Civil e Identificación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil (SIRC-DCU), considerado un activo de la información de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, consistente en permitir la asignación del Número Único
de Identificación Personal a ciudadanos de origen extranjero con el usuario ENOGUERA, al parecer
en la Registraduría de Ciénaga. Con su actuar, presuntamente incurrió en una falta gravísima
determinada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que además remite al Código
Penal colombiano, por posible comisión de las conductas punibles señaladas en los artículos 269D
y 269H, numeral 2º y 286 de la Ley 599 de 2000, falta que se califica provisionalmente como
gravísima cometida a título de dolo”. Dicho acto fue notificado en debida forma.
s) Resoluciones Nº. 3027 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), Nº.
3070 del once (11) de abril de dos mil veinte (2020), Nº. 3241 del veintiséis (26) de
abril de dos mil veinte (2020), Nº. 3486 del once (11) de mayo de dos mil veinte
(2020), Nº. 3677 del veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020), Nº. 3778 del
32
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 416 y ss.
21
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primero (1º) de junio de dos mil veinte (2020), Nº. 4553 del treinta (30) de junio de
dos mil veinte (2020), Nº. 4993 del trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), Nº.
5392 del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020), Nº. 6201 del primero
(1º) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante las cuales se adoptaron
medidas (entre ellas, de suspensión de términos) durante la emergencia sanitaria 33.
t) El veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) 34, el señor Eduardo Alberto
Noguera Dangond presentó escrito de descargos, en el cual expuso, en síntesis,
que: (i) la conducta se torna atípica, toda vez que no estructuró el punible de
falsedad ideológica, habida cuenta que “lo anotado en la tarjeta decadactilar obedecen a la
verdad”; (ii) el pliego de cargos devela “una clara y evidente vía de hecho por defecto
sustancial” porque no se adecuó la situación fáctica a la norma aplicada; (iii) y, en
adición, comporta también un defecto fáctico, comoquiera que, a su juicio, se
desconocieron las pruebas aportadas por la defensa, con las cuales se llegaba al
convencimiento que, para la época de los hechos, se encontraba en vacaciones, y
que el NUIP coincidía con los datos insertados en la post-grabación.
u) Con arreglo al auto del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020) 35,
el operador disciplinario resolvió las solicitudes probatorias formuladas después de
proferido el pliego de cargos, en el sentido de acceder al decreto y práctica de
algunas de las pruebas pretendidas por el señor Noguera Dangond. El veintiocho
(28) de enero de dos mil veintiuno (2021), estando dentro del término de ley, el
disciplinado interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra el
auto de pruebas36, el cual fue desatado, en primer lugar, mediante auto del doce
(12) de febrero de la referida anualidad37, en el cual se repuso parcialmente el acto
recurrido, y, en consecuencia, se solicitó al Juzgado 63 Municipal con Funciones de
Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, copia de las audiencias celebradas en
el marco del proceso penal adelantado con el Rad. 11001609914420170009800.
En lo demás, se dejó incólume la negativa frente a las demás pruebas. Asimismo,
se concedió -ante el superior- el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado.
33
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 450-515.
34
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 554 y ss.
35
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 583 y ss.
36
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 608-611.
37
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 619 y ss.
22
Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
v) Previo a resolver el recurso de apelación, el Delegado Departamental del
Magdalena, Ricardo Montoya Infante, manifestó impedimento ante el Registrador
Nacional del Estado Civil, sobre la base de la causal consignada en el numeral 5º
del artículo 84 de la Ley 734 de 2002, dentro de los procesos disciplinarios
adelantados con los Rad. Nº. 021-023-017D y Nº. 021-004-018-D38. En esa línea,
mediante la Resolución Nº. 2969 del seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021) 39,
el Registrador Nacional del Estado Civil aceptó el impedimento y, en consecuencia,
ordenó remitir los procesos de la referencia al despacho de la Delegada en el
Departamento del Magdalena, Dra. Yurleidis Yoasin Granados Glen.
w) Más adelante, a través del auto del ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) 40,
el despacho de la Delegada del Registrador Nacional en el Departamento del
Magdalena confirmó el auto apelado, del doce (12) de febrero del mismo año.
x) Mediante el auto del cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021)41, el despacho
disciplinario decretó una prueba, en el sentido de solicitarle al gerente de informática
de la entidad rendir un informe técnico en el que se precise si, para la fecha de los
hechos materia de investigación, “hubo alguna afectación, posibles daños, sustracciones de
datos, alteraciones al sistema de software de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…) ”.
y) En escrito del diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 42, el señor Noguera
Dangond tramitó un incidente de nulidad, invocando, para el efecto, las causales
previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, aludiendo
a presuntas irregularidades frente a la prueba decretada en auto del cuatro (4) de
mayo, relacionada con el informe técnico a rendir por el gerente de informática.
z) Mediante oficio del catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 43, el Director
Nacional de Registro de la Registraduría Nacional del Estado Civil dio respuesta a
las consultas relacionadas con el indicativo serial Nº. 25659175, en los siguientes
términos: (i) no reposa la primera copia para el servicio nacional de inscripción en
38
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 646-648.
39
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 652-656.
40
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 675-703.
41
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 723-728.
42
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 761 y ss.
43
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 792 y ss.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
la GED-RC; (ii) la información grabada en el Sistema de Información de Registro
Civil – SIRC, se encuentra a nombre de Alex Shames; (iii) la información
incorporada en el SIRC se realizó el tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) con el usuario “PIVIJAY” – Código L1Q de Magdalena; (iv) la supuesta
inscripción se realizó en la Notaría Primera (1ª) de Cartagena el doce (12) de junio
de mil novecientos noventa y cinco (1995); (v) su estado en el sistema de
información es “válido”; y (vi) que, una vez solicitada la copia del registro civil de
nacimiento del anterior indicativo serial, ante la Notaría en cita, esta refirió que: “luego
de efectuada la búsqueda y verificación pertinente en el archivo de registro civil, encontramos que
este despacho notarial a cargo, no existe ni en forma física, ni tampoco conservados
tecnológicamente, archivos correspondientes al registro civil de nacimiento con indicativo serial Nº.
25659175 a nombre de Alex Shames. Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos expedir copia. ”.
aa) Oficio de respuesta del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 44,
expedido por el gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en la cual se atiende el requerimiento efectuado por el operador disciplinario.
ab) A través del auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 45, el
despacho disciplinario rechazó la solicitud de nulidad promovida por el señor
Eduardo Alberto Noguera Dangond, decisión que fue notificada en debida forma.
ac) El tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) 46 , se remitió al proceso
disciplinario copia del formato en el cual el señor Eduardo Alberto Noguera Dangond
suscribió la aceptación de las políticas de seguridad de acceso a la información.
ad) Mediante auto del veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021) 47, el
operador disciplinario corrió traslado para alegar de conclusión. En respuesta, a
través de memorial del doce (12) de julio de la referida anualidad, el señor Noguera
Dangond, a través de apoderado, presentó los respectivos alegatos 48 , con los
cuales aportó: (i) certificado de inscripción del registro civil del ciudadano Alex
Shames; (ii) respuestas a derechos de petición elevados, entre ellos, al director
44
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 792 y ss.
45
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 798-819.
46
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 854-855.
47
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, pág. 899.
48
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 935 y ss.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
nacional de identificación; (iii) respuesta de la empresa IDEMIA; (iv) copia de la
Circular 030 del veintitrés (23) de julio de dos mil cuatro; entre otros.
ae) Copia de la noticia criminal y del informe de investigador de campo49, dentro de
la actuación 471896001024201800606, así como de la entrevista por el señor
Noguera Dangond, en calidad de denunciante, quien en dicha oportunidad relató:
“La Registraduría Nacional del Estado Civil, para la fecha del 4 de noviembre de 2016, fecha
en la cual utilizaron mi clave y mi usuario para preparar la cédula de ciudadanía del
ciudadano Alex Shames, no tenía directrices en cuanto a la utilización personalizada de
claves y usuarios para sus funcionarios, como sí existe a partir del año 2017 en dicha entidad;
de igual manera, la clave y usuario del suscrito se utilizaba y era conocida por los
funcionarios a mi cargo, ya que con los mismos se daba inicio a los equipos que existen en
la Registraduría para desarrollar los ejes misionales de la misma. El día 4 de noviembre de
2016, tal como se plasmó en la denuncia, me encontraba disfrutando de vacaciones pero los
delegados departamentales del Magdalena, doctores Montoya Infante y Ruth María Escobar
de Reyes, plasman en una resolución sancionatoria al suscrito, donde me suspenden de mi
cargo, ya que de acuerdo a la Resolución 4173 del 20 de mayo de 2016, el suscrito debía
avisarle a ellos que yo me encontraba de vacaciones, cuando ellos son los que firman la
resolución donde me permiten el goce de mis vacaciones anuales, pero además de eso, en
las páginas 18 y 19 de la Resolución 4173 dice: en las oficinas centrales de la entidad, la
gerencia de talento humano debe reportar oportunamente a la gerencia de informática, los
funcionarios, contratistas y terceros que cesan sus actividades y solicitar la desactivación de
su cuenta de correo o cualquier otra. Para los departamentos, los delegados
departamentales deberán solicitar la desactivación de cuentas como las registradurías
especiales y municipales (…) Esto significa que ellos omitieron sus funciones al permitir que
estando el suscrito en vacaciones, mi usuario y clave estuvieses activas, lo que permitió que
una persona o funcionario utilizara, entre la una y diez de la tarde (sic), a una y media, mi
clave y mi usuario para preparar dos cédulas de ciudadanía, una de ellas del ciudadano Alex
Shames. De igual manera, el ciudadano al que se hizo referencia fue registrado el día 12 de
junio de 1995, bajo el serial Nº. 00256599175 de la Notaría Primera de Cartagena, registro
que se encontraba pos grabado desde el día 3 de noviembre de 2016 en la Registraduría
Municipal de Pivijay, lo que significa que si un registro civil se encuentra pos grabado en el
sistema PMTI de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos corresponde
obligatoriamente darle trámite y elaborar las cédulas de ciudadanía de los colombianos (…)”.
af) Sentencia de tutela del veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) 50 ,
mediante la cual el Juzgado Segundo (2º) Promiscuo Municipal de Ciénaga
(Magdalena) negó por improcedente la acción incoada por el señor Noguera
Dangond contra la Oficina de Control Disciplinario de la Delegación Departamental
del Magdalena. Dicha decisión fue impugnada y, a través de la sentencia del
diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 51, el Juzgado Segundo (2º)
Penal del Circuito de Ciénaga, confirmó integralmente el fallo de primera instancia.
49
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1004 y ss.
50
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1030-1040.
51
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1062 y ss.
25
Número Interno: 1244-2026
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
ag) El veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 52 , la Oficina de
Control Disciplinario expidió fallo disciplinario de primera instancia, en virtud del cual
sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por el término de
doce (12) años al señor Eduardo Alberto Noguera Dangond. El mismo correctivo
disciplinario le impuso al señor Said Saquis Lissa, mientras que la vinculada, la
señora Jenny Cecilia Rodríguez Pabón, fue absuelta del cargo único endilgado.
ah) Mediante escrito del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021)53, el señor Noguera Dangond interpuso recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia. En consecuencia, por medio del auto de trámite del catorce
(14) de diciembre de ese mismo año, se remitió el proceso disciplinario de la
referencia a la Procuraduría Regional del Magdalena, instancia que, a través del
oficio del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintidós (2022)54, determinó que era
“perfectamente viable su remisión al superior funcional de la entidad, para que sea este, de acuerdo
con lo que establece la norma, revise y adopte la decisión correspondiente ”.
ai) En la decisión del dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022) 55 , el
Viceprocurador General de la Nación (E) resolvió no autorizar el ejercicio del poder
disciplinario preferente a la Procuraduría Regional del Magdalena, respecto a las
diligencias adelantadas por la Oficina de Control Disciplinario de la Delegación
Departamental del Magdalena, dentro del proceso con Rad. Nº. 021-004-018-D.
aj) Finalmente, mediante fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el ocho
(8) de julio de dos mil veintidós (2022)56, la delegada del Registrador Nacional del
Estado Civil en el Departamento del Magdalena, confirmó integralmente el fallo de
primera instancia, mediante el cual se sancionó al disciplinado.
2.5. Análisis del caso concreto.
54. A partir de los reparos identificados, la Sala procederá con el estudio del caso
en el siguiente orden: (i) consideraciones sobre los alegados errores en la
52
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1074-1163.
53
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1175-1202.
54
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45, págs. 1252 y ss.
55
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1269 y ss.
56
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 1276-1349.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
valoración probatoria; (ii) la falsa motivación de los actos disciplinarios; y (iii) la
verificación integral de los elementos que sustentan la responsabilidad disciplinaria.
2.5.1. Sobre la indebida valoración probatoria.
55. Frente al particular, la Sala recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable al caso sub judice), las pruebas
deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Aunado a ello, se precisa que, “en toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta .” El artículo 141 ibidem dispone, por su
parte, que no se podrá proferir fallo sancionatorio “sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado .”
56. Las normas en cita permiten advertir que, no existe una tarifa legal que
determine cuál es el medio idóneo para acreditar o desvirtuar ciertos hechos o
circunstancias, habida cuenta que, el convencimiento al que llegue el operador
disciplinario, o la autoridad judicial -según el caso-, debe someterse a una valoración
conjunta, integral, objetiva, razonada y armónica del acervo probatorio, sin que ello
implique la utilización de excesivos formalismos y fórmulas sacramentales. 57
57. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del diecinueve (19)
de marzo de dos mil veinte (2020), señaló que, la sana crítica está sustentada en
los criterios de la lógica, asociada al principio de no contradicción y al de razón
suficiente; en el uso de la ciencia y de la técnica, relacionado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias; y en las reglas de
la experiencia, las cuales pueden ser individuales o colectivas y, además, estar
constituidas por conocimientos públicos y privados. 58
58. En el sub lite, el señor Eduardo Alberto Noguera Dangond, en su calidad de
Registrador Especial del Municipio de Ciénaga (Magdalena) fue sancionado con
destitución e inhabilidad por doce (12) años, al haber incurrido, a título de dolo, en
la falta gravísima prevista en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en
“realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título
de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
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abusando del mismo”, por hechos relacionados con la asignación irregular del Número
Único de Identificación Personal – NUIP a un ciudadano de origen extranjero con el
usuario asignado “ENOGUERA”, los cuales, además de develar una contradicción con
la política de seguridad de la información de la entidad, se inscriben, presuntamente,
en las conductas punibles descritas en los artículos 269D, 269H y 286 del Código
Penal, relacionadas con la protección de la información, los datos y la fe pública.
59. Para la imposición del correctivo disciplinario, los operadores acudieron a una
valoración razonada e integral de los medios de prueba recaudados, con lo cual se
satisfizo el estándar en materia disciplinaria que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, exige certeza sobre la existencia de la falta
y la responsabilidad del investigado. Fuerza decir que, dicha certeza no presupone
la ausencia absoluta de cualquier discrepancia, sino, la existencia de un grado de
convicción suficiente, derivado de la valoración conjunta del acervo probatorio.
60. Al respecto, se encuentra acreditado que, el señor Noguera Dangond, como
Registrador Especial de Ciénaga (Magdalena), suscribió la “aceptación y compromiso
de las políticas de seguridad de la información ” de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, con la cual declaró, por un lado, conocer las políticas de seguridad de la
información establecidas tanto en la Resolución Nº. 9025 del treinta (30) de octubre
de dos mil doce (2012), así como en la Resolución Nº 4173 del veinte (20) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), vigente para la época de los hechos investigados, y, por
el otro, manifestó su consentimiento para que los activos informáticos de la entidad-
y la información allí almacenada- que estaban a su cargo, fuera monitoreada.
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60.1. Vale la pena anotar que, según el Oficio 0910-26-DDM-OTH del tres (3) de
junio de dos mil veintiuno (2021), una vez expedida la Resolución Nº 4173, así como
aquellas que fueron objeto de derogatoria, las mismas se podían consultar a través
de la intranet por parte de los servidores, atendiendo a la política de “ cero papel”.
61. Mediante la Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis
(2016)59, la Registraduría Nacional del Estado Civil derogó las Resoluciones Nº.
13829 del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) y 9025 del treinta (30) de
octubre de dos mil doce (2012), con el propósito de adoptar nuevas políticas de
seguridad de la información, de las operaciones y los datos. En los considerandos
del acto, cuyo conocimiento declaró el disciplinado, se lee que: (i) para la entidad,
la información constituye un componente indispensable para sus funciones, razón
por la cual, se establecen unas políticas, estrategias y acciones que aseguren que
la información sea protegida de una manera adecuada, independientemente de la
forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada; (ii)
asimismo, que la seguridad de la información es una prioridad para la entidad y, por
tanto, “es responsabilidad de todos los funcionarios, proveedores y colaboradores velar por que no
se realicen actividades que generen vulnerabilidades sobre la información en cualquiera de las
presentaciones que esta pueda tener, e independientemente de la forma que esta pueda revestir”;
y (iii) que la seguridad de la información implica procurar su protección de manera
preventiva contra las amenazas o riesgos existentes que permitan resguardar y
protegerla, “buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma ”.
59
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 335 y ss.
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62. La Resolución Nº. 4173 en cita estableció entre sus objetivos el de “informar al
mayor nivel de detalle a los usuarios, directivos, funcionarios y contratistas las normas y mecanismos
que deben cumplir en las interacciones con los activos de información ”, entendiendo por activo
de la información “todo elemento lógico o físico que conforme cualquiera de los sistemas de
información de la institución” (v.gr. bases de datos, sistemas operacionales, redes,
sistemas de información, documentos impresos). En línea con lo anterior, definió
como objetivo establecer el alcance de las responsabilidades del nivel directivo, con
la participación del personal de planta, supernumerarios, provisionales, contratistas,
y terceros en cuanto a la utilización y mantenimiento confidencial de la información.
63. El capítulo cinco del mentado acto, relacionado con el control de acceso, prevé
que: (i) los sistemas de información de la entidad contarán con mecanismos de
identificación de usuarios, privilegios y procedimientos para la autenticación y el
control de acceso a los mismos; (ii) cada funcionario tendrá un código único de
identificación ante el sistema y será responsable de todo registro a su nombre; y (iii)
que el funcionario que disponga de usuario(s) de acceso a los activos de
información, será responsable de su uso, el cual es personal e intransferible.
64. En punto a la gestión de contraseñas de usuario, la Resolución Nº. 4173 del
veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), frente a la cual, fuerza insistir,
manifestó su consentimiento en obligarse el disciplinado, dispuso que los servidores
se “responsabilizan de cualquier acción que se realice utilizando el nombre y contraseña de usuario
que le sean asignados”, disponiendo una serie de parámetros, entre ellos: (i) mantener
la confidencialidad de las contraseñas asignadas; (ii) utilizar de forma individual e
independiente las contraseñas de acceso; (iii) todo tipo de contraseña debe ser
secreta, personal y no puede prestarse ni permitir que la use otra persona; (iv) las
contraseñas no pueden ser reveladas por ningún medio, con las excepciones
pertinentes; (v) se debe reportar cualquier incidente que afecte la confidencialidad
de la contraseña; y (vi) se debe cambiar la contraseña de manera periódica.
65. La Sala hace hincapié en que, en el marco de la regulación contemplada en la
Resolución bajo estudio, se precisó que el incumplimiento de las políticas en ella
definidas, “se considerará un incidente de seguridad que, de acuerdo con el caso, podrá dar lugar
a un proceso disciplinario para los funcionarios (…) sin perjuicio de la iniciación de otro tipo de
acciones a las que hubiere lugar ”. Por ello, es enfática en señalar que cada usuario es
responsable por todas las actividades realizadas con los activos de la información
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que están a su cargo y custodia, o desde las cuentas asignadas para su acceso a
los servicios informáticos de la entidad. En tal virtud, se conciben como actos no
autorizados: el intento o violación de los controles de seguridad establecidos para
la protección de los activos de la información; realizar cualquier actividad que
pudiera comprometer la seguridad de cualquier activo de la información; el uso
indebido de las contraseñas, firmas digitales o dispositivos de autenticación; el
acceso, modificación o alteración no autorizada de componentes, datos o
información de los activos de la información, entre otras. El acto en cita puntualiza
que “cualquier violación o sospecha de violación de las medidas o controles de seguridad de los
sistemas de información, o de las políticas de seguridad de la información de la entidad, debe ser
reportada inmediatamente por quien conozca de ellas al comité de Seguridad de la Información”.
66. En la actuación disciplinaria quedó acreditado que el señor Noguera Dangond,
como Registrador Especial, tenía asignado el usuario “ENOGUERA”, aspecto que no
fue controvertido por el disciplinado. Además, se puso en evidencia, de acuerdo con
el informe rendido por IDEMIA, empresa encargada del soporte, mantenimiento y
operación de la línea de producción y administración de los sistemas de
identificación y registro civil, que el día cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), desde el usuario en comento, se asignó un número de identificación
personal a un ciudadano extranjero (Alex Shames), sin el lleno de los requisitos. El
informe relacionó los datos de preparación de la cédula, el usuario que ingresó al
sistema, la fecha de ingreso al sistema, y la oficina en la cual se realizó el trámite.
Adicionalmente, producto de la búsqueda en el Sistema de Información del Registro
Civil (SIRC), para el NUIP 1.221.979.581, se obtuvo el siguiente resultado:
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66.1. Para la fecha en la que se efectuó el informe, esto es, el dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), no se encontró ningún trámite en el flujo de producción
con el NUIP 1.221.979.581, a partir de la consulta realizada en el aplicativo “MTR”.
67. Obra en el plenario oficio de respuesta del once (11) de abril de dos mil dieciocho
(2018), expedido por el coordinador del Centro de Acopio de la Delegación del
Magdalena de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se hizo constar
que: “en atención al Oficio DDM-OCC Nº. 154 del 06 de marzo de 2018 y una vez consultado en el
sistema PMTII se pudo establecer que la tarjeta de preparación no. 47907264 correspondiente al
cupo numérico 1221979581 nunca fue recibida físicamente en el Centro de Acopio en la producción
correspondiente y quedó en estado faltante en el sistema del C.A., por lo tanto no hubo devolución
del material por parte de esta área, por ende no se proyectó oficio devolviendo. Por otro lado,
informamos que las claves de acceso al sistema PMTII son de carácter personal e intransferible, por
lo tanto la Registraduría Municipal de Pivijay y Ciénaga poseen clave personal ”.
68. Llama la atención que, en el oficio del catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), el Director Nacional de Registro Civil dio respuesta a las consultas
relacionadas con el asunto de marras, en los siguientes términos: (i) no reposa la
primera copia para el servicio nacional de inscripción en la GED-RC; (ii) la
información grabada en el Sistema de Información de Registro Civil – SIRC, se
encuentra a nombre de Alex Shames; (iii) la información incorporada en el SIRC se
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realizó el tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) con el usuario “PIVIJAY”
– Código L1Q de Magdalena; (iv) la supuesta inscripción se realizó en la Notaría
Primera (1ª) de Cartagena el doce (12) de junio de mil novecientos noventa y cinco
(1995); (v) su estado en el sistema de información es “válido”; y (vi) que, una vez
solicitada la copia del registro civil de nacimiento del anterior indicativo serial, ante
la Notaría de la referencia, esta refirió que: “(…) luego de efectuada la búsqueda y
verificación pertinente en el archivo de registro civil, encontramos que este despacho notarial a cargo,
no existe ni en forma física, ni tampoco conservados tecnológicamente, archivos correspondientes
al registro civil de nacimiento con indicativo serial Nº. 25659175 a nombre de Alex Shames ”.
69. También se logró constatar que, con ocasión de la certificación expedida por la
coordinadora del grupo interno de trabajo de pasaportes, al realizarse la consulta
en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano – SATC, el pasaporte expedido a
nombre del ciudadano Alex Shames, figura con el estatus de “cancelado”60. Es del
caso resaltar que, para la expedición del pasaporte, se tuvo en cuenta la cédula de
ciudadanía del prenombrado ciudadano, identificado con el Nº. 1.221.979.581,
nacido, según el documento identificativo, el diecinueve (19) de julio de mil
novecientos ochenta y cinco (1985) en Cartagena, pese a que, como se señaló ut
supra, en la notaría en la que se realizó la inscripción no existe registro alguno.
70. En el expediente disciplinario reposa la declaración juramentada rendida por el
señor Enuer Megues Rivadeneira, del veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho
(2018)61, así como la del señor Arnaldo César Costa, del tres (3) de abril de dos mil
60
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, pág. 396.
61
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 738 y ss.
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dieciocho (2018), y del señor José Álvaro Amaya Charris, de fecha cuatro (4) de
abril de la misma anualidad, todas en el marco de la actuación disciplinaria con Rad.
021-023-017-D, las cuales fueron trasladadas a la actuación 021-004-018-D.
70.1. En el primer caso, el señor Enuer Megues Rivadeneira, quien se desempeñó
como coordinador de “booking, soporte en PMT y HLED” de la entidad, explicó que los
equipos PMT son los correspondientes a cada una de las Registradurías en las
cuales se elaboran los trámites de identificación y que, para el ingreso, se debe
utilizar un usuario y una contraseña, precisando que cada uno de los funcionarios
posee una distinta. Aseveró que “el ingreso y salida de la información de esos equipos es
manejado por cada uno de los registradores o funcionarios de cada Registraduría que son los
encargados de bajar el lote”. Aclaró que no tenía acceso a las claves de los registradores
ni de ningún otro funcionario, pues, “estas las asigna el mismo funcionario y estos las pueden
modificar”. También advirtió que es posible el manejo remoto de las terminales PMT
y del sistema SES. Adujo, además, que dichos sistemas son seguros porque
requieren de un usuario inicial y, en adición, de otro usuario y clave para conexión.
70.2. Por su parte, el señor Costa Angarita, quien se identificó como profesional en
sistemas y formador en el centro de acopio, afirmó que no deben existir usuarios
genéricos en la entidad, toda vez que, “hay una circular donde se les establece a todos los
registradores que el uso de usuarios genéricos no está permitido ”. Expuso que, los usuarios
de cada registrador “son usuarios administrador, y son controlados por ellos, puesto que como
están en cada sede ellos requieren hacer una serie de procedimientos como usuarios
administradores, por ejemplo, cuando requieren realizar una grabación de un registro de su propia
oficina deben cambiar el código de su oficina al código de jornada de la misma ”. En punto a la
creación de usuarios y contraseñas, señaló que, “se le asigna un usuario único a quien se
haya autorizado para tal fin; con respecto a las claves, dentro del procedimiento el mismo usuario es
quien decide qué clave va a utilizar, la cual al momento de digitarla por el mismo usuario es cifrada
en el sistema, por lo cual no es posible visualizarla, por lo tanto, tanto el usuario como la clave o
contraseña es de manejo personal e intransferible por el usuario a quien se le creó la cuenta ”.
71. No pasa inadvertido para esta Sala que, incluso aquellos elementos de juicio en
los que el disciplinado fundamentó su defensa, fueron igualmente valorados por los
operadores disciplinarios. Tal es el caso de la Resolución Nº. 274 del veintiuno (21)
de octubre de dos mil dieciséis (2016) 62 , en virtud de la cual, la Registraduría
62
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 85 y ss.
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Nacional del Estado Civil reanudó el tiempo de las vacaciones del actor, decretadas
mediante la Resolución No. 245 del treinta (30) de septiembre de dicho año, a partir
del veinticuatro (24) de octubre, y hasta el quince (15) de noviembre inclusive, del
año dos mil dieciséis (2016). Así, aunque el recurrente alegó que, para la fecha de
ocurrencia de los hechos, estaba disfrutando de sus vacaciones, el fallador
disciplinario desestimó ese argumento, al sostener que no podía disponer de su
usuario ni contraseña habilitada para realizar trámites de identificación en la
Registraduría de Ciénaga, ni dejar que -en su defecto- otro funcionario lo utilizara,
por expresa prohibición de la política de seguridad de la información de la entidad.
72. Sobre la base de la situación administrativa a la que se hizo referencia, el
disciplinado alegó, además de la laxitud de la Registraduría, que, con sujeción a la
Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), era la
entidad la llamada a desactivar su cuenta durante el período de vacaciones. Frente
a ello, el operador disciplinario advirtió -con acierto- que de dicho acto no se extraía
tal conclusión, comoquiera que, lo que la Resolución dispuso fue que, en el evento
de cesar las actividades a cargo, la gerencia de talento humano debía poner en
conocimiento de la gerencia de informática esa situación, a efectos de proceder con
la respectiva desactivación de la cuenta. Puntualizó que el vocablo “cesar”, según la
RAE, significa “dejar de desempeñar un cargo o un empleo”, por lo que la desactivación de
cuentas no procedía frente aquellos servidores vinculados a la entidad, quienes,
según la misma política de protección de la información, debían seguir siendo
responsables del usuario asignado, el cual es de carácter personal e intransferible.
73. Por último, la Sala hace énfasis en que: (i) la responsabilidad del disciplinado
no fue presumida, sino inferida a partir de la valoración conjunta e integral de las
pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso; (ii) no se configuró una duda
razonable que condujera a la aplicación del principio in dubio pro disciplinado; (iii) y
aquellos supuestos de hecho en los cuales el demandante pretendió amparar su
conducta, no fueron demostrados, como fue el caso de la falta de dominio funcional
del medio, o el uso vulgarizado de su cuenta en la entidad, omisión que redundó en
el desconocimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código
General del Proceso. Con ello, el primer motivo de inconformidad no prospera.
2.5.2. De la falsa motivación.
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74. El Consejo de Estado63 ha entendido la causal de falsa motivación como aquella
razón que provee la administración de manera engañosa, fingida, simulada,
contraria a la realidad o carente de veracidad. En tal virtud, ha indicado que dicha
causal se configura cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen
para la emisión del acto administrativo correspondiente (para el caso, el de carácter
disciplinario), traducidas en la parte motiva del mismo, no tienen correspondencia
con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición.
75. Esta Sala de Subsección, en sentencia del dieciséis (16) de abril de dos mil
veintiséis (2026)64, recordó que la causal de falsa motivación no se configura por la
sola discrepancia del disciplinado con la apreciación probatoria efectuada por el
operador. Así pues, para que exista falsa motivación debe evidenciarse una ruptura
entre los hechos acreditados y la decisión adoptada, bien porque los supuestos
fácticos no estén demostrados, ora porque se hubieran omitido hechos relevantes
que, de haberse considerado, habrían derivado en una solución diferente.
76. En el caso de autos, la Sala no avizora que los fallos disciplinarios del veintidós
(22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferido en primera instancia por la
Oficina de Control Disciplinario de la Delegación Departamental del Magdalena de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, y del ocho (8) de julio de dos mil veintidós
(2022), dictado en segunda instancia por la Delegada Departamental, adolezcan de
falsa motivación, pues, por el contrario, los actos enjuiciados exponen de manera
suficiente y razonada los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta
el correctivo disciplinario impuesto, al tiempo que se apoya en pruebas válidamente
incorporadas, pertinentes y conducentes, con las cuales se llegó al convencimiento
de la configuración de la falta disciplinaria que le fue endilgada al actor.
77. En línea con lo expuesto, la Sala observa que los operadores disciplinarios: (i)
identificaron claramente los hechos relevantes, relacionados con la afectación del
Sistema de Información de Registro Civil e Identificación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil (SIRC), considerado como un activo de la información de
la entidad, al permitirse, el cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la
asignación del número único de identificación personal a un ciudadano extranjero,
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 12 de octubre
de 2011, Rad. No. 8001-23-31-000-2008-00066-01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
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a través del usuario institucional que le fue suministrado al actor (“ENOGUERA”), en
su condición de Registrador Especial del Municipio de Ciénaga (Magdalena), sin el
lleno de los requisitos constitucionales y legales, circunstancia que, según la
entidad, configuró la falta gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002; (ii) valoraron los elementos de juicio de manera conjunta y
razonada, entre ellos, versiones libres, pruebas testimoniales y un amplio recaudo
documental, medios de convicción con los cuales se logró determinar la
responsabilidad disciplinaria del señor Noguera Dangond; y (iii) explicaron las
razones que condujeron a la adopción de la sanción que se impuso, entre ellas:
“La infracción al deber funcional, según lo planteado en párrafos precedentes, se puede
entender cuando el señor Said Sarquis ingresó en el Sistema de Información de Registro
Civil (SIRC), información irregular de persona extranjera, con el usuario y contraseña
asignados solo a él, que no podía compartir con nadie de acuerdo con las Políticas de
Seguridad de la Información, y que le permitió al señor Eduardo Noguera Dangond preparar
en la oficina de la Registraduría Especial de Ciénaga, el 4 de noviembre de 2016, con el
usuario personal e intransferible, asignar un NUIP a este ciudadano, alterando la base de
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es la información confidencial de la
entidad, y con ello, afectando a la imagen institucional.
(…)
Por ende, estos Despachos comparten lo señalado por el A quo cuando indica en su fallo
que con la asignación del cupo numérico N° 1221979581 con el usuario ENOGUERA, el día
4 de noviembre de 2016, en la Registraduría Especial de Ciénaga (Magdalena), se
contraviene la Política de Seguridad de la Información de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, pues este usuario y contraseña fue asignado al señor Noguera Dangond de
carácter personal e intransferible, con ocasión a su labor registral y de identificación, que
sirvió para que se le expidiera al señor ALEX SHAMES, ciudadano de origen extranjero, un
PASAPORTE INTERNACIONAL como si fuera colombiano, tal como se observa en el
documento que allega la coordinadora - grupo interno de trabajo pasaporte sede norte de la
cancillería y que se encuentra como soporte probatorio, generándose un peligro para el
Estado y un daño a la imagen institucional, en tanto que la información que maneja la
Registraduría Nacional del Estado Civil es conexa a la Seguridad y Defensa Nacional.
(…)
No queda duda entonces que con su conducta incurrió en franca violación de los preceptos
enmarcados en la Ley 734 de 2002, por violación directa del artículo 48 numeral 1º, hoy
artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, con remisión a los artículos 269D, 269H y 286 del Código
Penal colombiano, conllevando a que sus actuaciones sean consideradas como falta
gravísima de conformidad a lo preceptuado en el artículo 162 del CDU, estando
objetivamente demostrada la falta y que exista (sic) prueba que comprometa la
responsabilidad del investigado, como en efecto ocurre para este caso”.
78. En suma, el análisis integral del acervo probatorio, y de las piezas que integran
el dosier disciplinario, permiten concluir que los operadores no sancionaron al señor
Noguera Dangond a partir de simples conjeturas, ni apreciaciones subjetivas
desprovistas de soporte fáctico, sino, sobre la base de un conjunto de pruebas
legalmente recaudadas, de las cuales se pudo colegir, con el grado de certeza
exigido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que el ahora demandante, como
Registrador Especial, infringió su deber funcional al contrariar las políticas de
seguridad de la información de la entidad, y violentar los activos de la información,
al asignar un número único de identificación a un ciudadano extranjero desde su
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usuario, del cual era responsable, siendo este además personal e intransferible.
2.5.2. Elementos mínimos que sustentan la responsabilidad disciplinaria.
2.5.2.1. Tipicidad.
79. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3)
elementos estructurantes: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los
cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal65.
80. En la sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)66, esta Sala
recordó que, la tipicidad es una categoría dogmática que encuentra su razón de ser
en el principio de legalidad, como expresión del derecho al debido proceso. Así,
para determinar si un comportamiento constituye falta gravísima, grave o leve, debe
realizarse un proceso de adecuación típica a través de la comprobación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal y la efectivamente
desplegada por el sujeto. Como manifestación del principio de legalidad y del debido
proceso, cumple con la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al
establecer de forma previa y clara qué comportamientos son sancionables y, a la
vez, preservar la seguridad jurídica, sin desconocer garantías fundamentales.
81. Asimismo, en sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026) 67,
esta Sala reiteró que, a diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se
caracteriza porque las conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas
de manera cerrada o taxativa, sino que están consignadas en tipos abiertos o en
blanco, dada la imposibilidad del legislador de prever, de forma detallada, todos los
comportamientos reprochables de los servidores públicos. En ese sentido, el tipo
disciplinario se complementa con normas que establecen deberes, mandatos y
prohibiciones a cada cargo, de las cuales se deriva la adecuación específica.
82. En el asunto de marras, la Sala evidencia que, por los hechos acaecidos el
cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), relacionados con la afectación
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).
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de los sistemas de información de la Registraduría Nacional, por cuenta de la
asignación de un número único de identificación personal a un ciudadano extranjero,
el operador disciplinario encuadró la conducta desplegada por el señor Noguera
Dangond, quien fungía como Registrador Especial de Ciénaga, en la falta gravísima
prevista en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en “ realizar objetivamente
una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo ”,
en concordancia con los punibles descritos en los artículos 269D, 269H y 286 del
Código Penal, relacionados con la protección de la información y los datos, bien
jurídico en el que se inscriben las conductas típicas contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos.
83. Al respecto, las descripciones típicas de los punibles relacionados disponen: (i)
por un lado, el artículo 269 del Código Penal, adicionado por el artículo 1º de la Ley
1273 de 2009, prevé que “el que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore,
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o
componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ”; (ii) por otro lado;
el artículo 269H ibidem señala que son circunstancias de agravación punitiva, del
mencionado delito, entre otras, el que la conducta se cometiere sobre redes o
sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales, nacionales o
extranjeros, y por servidor público en ejercicio de sus funciones. Por su parte, (iii)
el artículo 286 (circunscrito al ámbito de los delitos contra la fe pública) establece
que, “el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que
pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses ”.
84. Para el operador disciplinario, la conducta desplegada por el señor Noguera
Dangond encuadró en la descripción típica del artículo 269D del Código Penal, toda
vez que, el disciplinado, en su condición de servidor público, alteró los activos de
información de la entidad, disponiendo de su usuario “ENOGUERA”, de carácter
personal e intransferible, y de su exclusiva responsabilidad, para la asignación
irregular de un número único de identificación personal (NUIP) a un ciudadano
extranjero. En adición, la misma conducta reúne, presuntamente, los elementos
contextuales del ilícito de la falsedad ideológica en documento público, toda vez
que, en el ejercicio de su función como Registrador Especial de Ciénaga, “asignó, con
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su usuario y contraseña, personal e intransferible, el NUIP 1.221.979.581 en la oficina registral a su
cargo, el 4 de noviembre de 2016, a sabiendas que su contenido era falso ”.
85. Esta cadena argumentativa permite afirmar que, en el caso concreto, la
conducta reprochada está prevista en la ley disciplinaria como falta, y que el
ejercicio de adecuación típica adelantado por el fallador disciplinario refleja una
comprobación lógica, sustentada y razonada de la relación de subsunción entre la
descripción legal y la efectivamente desplegada -y atribuida- al disciplinado.
86. Finalmente, huelga decir que la falta gravísima endilgada no está supeditada a
la comprobación del delito en la órbita penal, dado el carácter autónomo del proceso
disciplinario. Sobre el particular, en la sentencia C-244 de 1996, la Corte
Constitucional precisó que, “cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra
una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad
de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los
bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege.”
En ese sentido, la Corte advirtió que, en cada uno de los procesos, se evalúa la
conducta del implicado a partir de normas de contenido y alcance propios.
87. En hilo con lo anterior, el Alto Tribunal Constitucional, en la sentencia C-270 de
2006, al examinar la constitucionalidad del artículo 1º del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, que preveía como falta gravísima la consistente en “realizar objetivamente una
descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa
en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo ”, anotó
que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración que le asiste,
concibió como fala gravísima aquella conducta realizada objetivamente que
corresponda a una descripción típica consagrada como delito, de lo que se extrae
que, al operador disciplinario le corresponde verificar que el comportamiento del
investigado concuerde con la descripción prevista en la legislación penal, sin
supeditar dicha labor al pronunciamiento previo de una autoridad judicial.
2.5.2.2. Ilicitud sustancial.
88. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, en su redacción original, dispuso que “ la
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna ”. En el ámbito del
derecho disciplinario, la ilicitud sustancial no se fundamenta en la producción de un
daño material, o en la lesión de un bien jurídico en sentido estricto, sino en el
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incumplimiento de los deberes que rigen el ejercicio de la función pública 68.
89. La Sala entiende satisfecho el estadio de la ilicitud sustancial, comoquiera que,
emerge con claridad meridiana que el señor Eduardo Alberto Noguera Dangond,
fungiendo como Registrador Especial del Municipio de Ciénaga, inobservó los
deberes contenidos en los numerales 1º y 4º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
los cuales obligan, por un lado, a “cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en
la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones (…) ”, y por el otro lado, a
“utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las
facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su
función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos ”, mandatos que deben leerse
en armonía con la prohibición prevista en el artículo 35.1. ejusdem, que proscribe
“incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones ”, contenidas entre
otras, en la Constitución, la ley, el reglamento y manuales internos.
90. Tales disposiciones se complementan con los deberes y prohibiciones
consagradas en la Resolución Nº. 4173 del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis
(2016)69, mediante la cual, la Registraduría adoptó nuevas políticas de seguridad
de la información, de las operaciones y los datos. Este instrumento, que vincula y
obliga a los servidores de la entidad, prevé que, cada funcionario cuenta con un
código único de identificación ante el sistema y será responsable de todo registro a
su nombre, y que el funcionario que disponga de un usuario de acceso a los activos
de información, será responsable de su uso, el cual es personal e intransferible.
91. Por ello, precisa que los servidores se “responsabilizan de cualquier acción que se
realice utilizando el nombre y contraseña de usuario que le sean asignados ”, propósito para el
cual se definieron una serie de parámetros, entre ellos: (i) mantener la
confidencialidad de las contraseñas asignadas; (ii) utilizar de forma individual e
independiente las contraseñas de acceso; (iii) todo tipo de contraseña debe ser
secreta, personal y no puede prestarse ni permitir que la use otra persona; (iv) las
contraseñas no pueden ser reveladas por ningún medio, con las excepciones
pertinentes; (v) se debe reportar cualquier incidente que afecte la confidencialidad
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).
69
Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 51Incorporaexped_EXPEDIENTE(.pdf) NroActua
45, págs. 335 y ss.
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de la contraseña; y (vi) se debe cambiar la contraseña de manera periódica.
92. Siendo así las cosas, surge diáfano que, al ser cada usuario responsable por
todas las actividades realizadas con los activos de la información que están a su
cargo y custodia, o desde las cuentas asignadas para su acceso a los servicios
informáticos de la entidad, el señor Noguera Dangond, quien tenía una relación de
especial sujeción con el Estado, de la cual surgen una serie de obligaciones y
deberes reforzados, desconoció la política de seguridad de la información de la
entidad, máxime, si se tiene en cuenta que, con la conducta desplegada,
comprometió la seguridad de los activos de información de la Registraduría, utilizó
indebidamente -y para finalidades ajenas a las del servicio y el interés público- las
contraseñas y dispositivos de autenticación, con las cuales alteró, de manera no
autorizada, los componentes, datos e información de los activos en cita. Valga
anotar que, las circunstancias descritas, son incompatibles con la función registral.
2.5.2.3. Culpabilidad.
93. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 preceptúa: “en materia disciplinaria queda proscrita
toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa ”.
La Sala recuerda que, es en el análisis de la culpabilidad, en el que se valora el
aspecto subjetivo de la conducta70, estadio dentro del cual está proscrita toda forma
de responsabilidad objetiva, límite que no presupone que, para su configuración -en
las formas del dolo, culpa grave y gravísima- se exija la causación de un daño.
94. En el asunto bajo examen, el operador disciplinario determinó que el disciplinado
actuó a título de dolo, es decir, conociendo los hechos constitutivos de falta y, aun
así, queriendo su realización, toda vez que, en sus términos, “ tenía pleno conocimiento
desde el principio que su actuar no estaba ajustado a lo direccionado por la entidad (…) al asignar
un NUIP a persona de origen extranjero, materializando la conducta objeto de reproche ”. A juicio
de esta Sala, la autoridad disciplinaria justificó de manera plena y adecuada la
imputación de la conducta a título de dolo, resaltando que, a pesar de conocer las
políticas de seguridad de la información, y los mandatos para el manejo y acceso a
los activos de la entidad, el disciplinado desplegó actos positivos encaminados a
violentar tales activos, poniendo en riesgo los sistemas institucionales y su misión.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
95. Por último, no escapa a la atención de esta Sala que, en el marco de la actuación
disciplinaria, se observaron todas las garantías del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción del actor, en la medida en que el disciplinado -como quedó
probado- fue notificado en debida forma de las actuaciones, tuvo la oportunidad de
actuar a través de su apoderado de confianza, presentar descargos, guardar
silencio en la versión libre, aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusión,
interponer los recursos de ley, proponer distintas nulidades, participar activamente
en las audiencias y diligencias llevadas a cabo, entre otras manifestaciones que se
inscriben en el núcleo esencial de esta garantía iusfundamental.
96. Aunado a lo expuesto, esta Sala reitera que, los actos disciplinarios objeto de
control, no develan deficiencias en la motivación, omisiones o yerros en la
valoración de las pruebas, ni tampoco se demostró que, en el marco de la actuación
disciplinaria, se desconocieran los elementos basilares del debido proceso. Con
todo, la Sala concluye que, la presunción de legalidad de los actos administrativos
enjuiciados permanece incólume, en tanto y en cuanto, no se acreditó la vulneración
del debido proceso, ni alguna de las causales de nulidad invocadas por el actor.
2.6. Conclusiones.
97. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala estableció, en primer
lugar, que sólo se estudiarían aquellos reparos dirigidos contra el fondo de la
decisión de la primera instancia, sin que resultara dable abordar hechos ajenos a la
presente controversia, es decir, aquellos que se circunscriben a la actuación
disciplinaria adelantada con el Rad. Nº. 021-023-017-D, a los cuales refirió el actor
en el recurso de alzada. Superado lo anterior, la Sala, con base en los medios de
convicción que reposan en el dosier procesal, encontró acreditado que los actos
enjuiciados no adolecen de falsa motivación, y que el correctivo disciplinario se
amparó en una exposición suficiente y razonada de los fundamentos de hecho y de
derecho, sustentado en una valoración conjunta e integral de las pruebas
válidamente incorporadas al trámite, con las cuales se llegó al convencimiento de la
configuración de la falta disciplinaria que le fue endilgada al actor.
98. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.
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Número Interno: 1244-2026
Demandante: Eduardo Alberto Noguera Dangond
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
2.7. Condena en costas.
99. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia del dieciocho (18) de
febrero de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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