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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00136-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 33 Número Interno: 1827-2025 Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2024-00136-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2024-00136-01 (1827-2025) 1
Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos de contenido
disciplinario vertidos en los fallos IUS D-2019-394383 de Veintinueve (29) de enero
de Dos Mil Veinte (2020)3, y IUC D-2019-1342366 de Veintidós (22) de septiembre

1
Expediente digitalizado.
2
Índices 00002 y 00008 del expediente del Tribunal de origen.
3
Expedido por la Procuraduría Segunda Distrital.

2

Número Interno: 1827-2025
Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria
Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

de Dos Mil Veintidós (2022)4, a través de los cuales se sancionó disciplinariamente
al demandante con suspensión e inhabilidad especial por el término de ocho (8)
meses; tanto como la anulación de la Resolución Núm. 2739 del Treinta y Uno (31)
de agosto de Dos Mil Veintitrés (2023)5, en virtud del cual, se dispuso la ejecución
de la sanción disciplinaria antes referida.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) a ser reintegrado al servicio
activo de la Policía Nacional; y (ii) al reconocimiento y pago de los sueldos,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de la
suspensión, incluyendo “la respectiva indemnización por los daños causados”.

1.2. Los hechos.

3. En el escrito de demanda6, y en la respectiva subsanación7, se precisó que, el
señor Eduar Yesid Ávila Sanabria se vinculó a la Policía Nacional desde el Catorce
(14) de julio de Dos Mil Ocho (2008), graduándose como patrullero el Once (11) de
diciembre de la misma anualidad. Expuso que, el Siete (7) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019), siendo las 17:30 horas, mientas se encontraba adelantando la
actividad de policía de tránsito en la Avenida “El Dorado” con carrera 68, le impuso
un comparendo al señor José Santos Ruiz Rincón (por estar haciendo uso del
celular mientras conducía), procedimiento que derivó en un altercado con el
ciudadano, hechos que posteriormente fueron objeto de investigación disciplinaria.

4. Narró que, el Ocho (8) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), se dio apertura a
la Investigación Preliminar Núm. P-MEBOG-2019-158, por parte de la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bogotá, por los hechos
antes relacionados, los cuales, fueron difundidos a través de medios de
comunicación. A través del auto del Cinco (5) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
el encargado de las funciones de Viceprocurador General de la Nación, autorizó, en
ejercicio del poder preferente, la asunción de la actuación disciplinaria.

5. Indicó que, mediante el fallo del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Veinte

4
Expedido por el Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 3.
5
Expedida por el Director General de la Policía Nacional.
6
Índice 00002 del expediente del Tribunal de origen, 1ED_001RADICACIONOFICINA(.zip) NroActua 2.
7
Índice 00006 del expediente del Tribunal de origen.

3

Número Interno: 1827-2025
Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria
Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

(2020), el Procurador Segundo Distrital de Bogotá resolvió sancionar
disciplinariamente al ahora demandante, con suspensión e inhabilidad especial por
el término de ocho (8) meses, al encontrar acreditada la falta grave prevista en el
numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, consistente en “agredir o someter
a malos tratos al público, superiores, subalternos o compañeros”.

6. Por su parte, el Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), el
Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 3º, al resolver el recurso de
apelación interpuesto por el entonces disciplinado, confirmó el fallo disciplinario de
primera instancia.

7. Explicó que, en virtud de los fallos disciplinarios, la Dirección General de la Policía
Nacional expidió la Resolución Núm. 2739 del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos
Mil Veintitrés (2023), a través de la cual, ejecutó la sanción disciplinaria en comento.
El citado acto fue notificado el día siete (7) de septiembre de ese mismo año.

1.3. Concepto de la violación.

8. El demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 2º, 4º, 25 y 29 de la Constitución Política de Colombia; el Decreto 1791 de
2000; la Ley 1015 de 2006; la Ley 734 de 2002 y la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

9. Manifestó que, la Procuraduría General hizo uso del poder preferente sin el
cumplimiento de los presupuestos legales para el caso objeto de investigación,
porque los hechos que dieron lugar a la actuación disciplinaria no revestían de
trascendencia social e institucional para que fueran asumidos por dicha entidad.
Señaló que, aunque el poder preferente desplaza al servidor que inicia la
investigación disciplinaria, “su ejercicio no es obligatorio ni exclusivo”.

10. Agregó que, por la conducta investigada (contemplada en el numeral 2º del
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006), no había lugar a adelantar el procedimiento
verbal del que trata el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, comoquiera que, en su
criterio, para ese tipo de faltas está instituido el procedimiento ordinario, y no el que
se tramitó en su caso.

11. Alegó el desconocimiento por parte de la autoridad disciplinaria del que

4

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Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

denominó “el principio de valoración de la prueba”, toda vez que la investigación fue
orientada y sustentada en “unas declaración no objetivas”, así como en “un video
incompleto” que no permite evidenciar todo lo ocurrido, puesto que, en dicho
registro, sólo se muestra la reacción del demandante frente a las agresiones
verbales y físicas de algunos ciudadanos. En adición, sostuvo que, las
declaraciones fueron rendidas por testigos que, de alguna manera, no estaban de
acuerdo con el escenario que resultó del procedimiento de tránsito que se adelantó.

12. Expresó que, existen vacíos argumentativos respecto al video que fue valorado
por la autoridad disciplinaria (y que fue publicado por medios como Caracol), en el
entendido que “muestra un escenario ausente de verdad”, estuvo desprovisto de
“un estudio íntegro”, y “carece de objetividad”. Puntualizó, frente al citado medio de
convicción, que no se analizaron los elementos contextuales del video, como las
reacciones provocadoras del contraventor y de su familiar.

13. En punto a las pruebas testimoniales que fueron practicadas, también señaló
que, no fueron valoradas en debida forma, pues, se le dio validez a aquellas que
“de manera subjetiva exponían parte de lo ocurrido”, y se le restó fuerza persuasiva
a las de otros deponentes que daban cuenta que el demandante fue víctima de
agresiones físicas y verbales.

14. Resaltó que, en el marco del proceso disciplinario, se le vulneró el debido
proceso, como consecuencia de una indebida valoración probatoria. En adición,
afirmó que, la actuación desplegada por el señor Ávila Sanabria, se inscribe en uno
de los supuestos de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, que no fue
considerado por el fallador. Sobre el particular, adujo que la conducta reprochada
no fue un acto de agresión, sino una manifestación en defensa de su integridad
física, para lo cual aseveró que: “es de resaltar que si (sic) hubo un uso de la fuerza,
y esta obedeció a las mismas circunstancias del hecho en el marco de la reacción
de los ciudadanos frente a la imposición del comparendo de tránsito (…)”.

1.4. La contestación de la demanda.

1.4.1. Procuraduría General de la Nación.8

8
Índices 00016 y 00017 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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15. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al sostener que,
en el marco de la actuación adelantada, la entidad observó los preceptos legales
que regulan el trámite disciplinario, así como los mandatos y principios
constitucionales que gobiernan esta clase de actuaciones administrativas. Precisó
que, durante todas las etapas del procedimiento, se le garantizó al demandante el
debido proceso, pudiendo él solicitar y aportar pruebas, controvertir las allegadas
en su contra e impugnar las decisiones adoptadas por el operador disciplinario.

16. En lo que toca a la inconformidad relacionada con el ejercicio del poder
preferente, señaló que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 277, numeral 6º,
de la Constitución Política, en armonía con el artículo 3º de la Ley 734 de 2002, la
Procuraduría General de la Nación es titular del poder disciplinario preferente.
Agregó que, mediante el auto del Cinco (5) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
el Viceprocurador (E) autorizó el ejercicio de dicha facultad, al considerar que se
cumplieron los presupuestos de los literales a) y c) del artículo 8º de la Resolución
456 de 2017, comoquiera que, el asunto comprendía hechos de trascendencia
social (con una connotación especial en la opinión pública) y debía ser asumido
para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad.

17. En punto a la supuesta vulneración del debido proceso por seguirse las reglas
del procedimiento verbal, señaló que, el demandante realizó una “lectura sesgada
y parcializada del artículo 175 del Código Único Disciplinario”, toda vez que, los
requisitos para su aplicación no se circunscriben única y exclusivamente a los que
se enlistan en la demanda, pues, sin perjuicio de aquellos, el operador disciplinario
debía analizar si, al momento de valorar la decisión de apertura de investigación, se
materializaban los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos. Así las
cosas, concluyó que, la actuación impartida por la Procuraduría Segunda Distrital
se “hizo con total atención de las directrices legales que regulan la materia.”

18. Frente al cargo de falsa motivación por la indebida valoración probatoria,
recordó, con base en pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, que la valoración de la prueba no está delimitada por una tarifa legal,
sino que, por el contrario, “está configurada para la administración de justicia dentro
de un sistema racional donde es el juez y/o el operador disciplinario quién da valor
a las pruebas según las máximas de la lógica, la ciencia y la experiencia.” En ese
sentido, precisó que, la valoración realizada por la autoridad disciplinaria no fue

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Número Interno: 1827-2025
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caprichosa o arbitraria, en la medida en que las decisiones cuestionadas
contemplaron un análisis integral de los elementos de convicción.

19. En este punto, resaltó que los testimonios concordaban con lo registrado en el
video, en el que se pudo apreciar la agresión del disciplinado en contra de los
ciudadanos. Además, anotó que, en lo atinente a las declaraciones de Carlos
Fernando Gómez Rodríguez y Jorge Arialdo Bonilla López, el operador no estaba
obligado a darles el valor probatorio pretendido por el disciplinado, habida cuenta
que, los prenombrados patrulleros llegaron al lugar de los hechos con posterioridad
a su ocurrencia.

20. Con respecto a las causales de exclusión de responsabilidad invocadas por el
demandante, arguyó que, de las declaraciones recibidas y el video examinado, se
podía concluir que la agresión del patrullero en contra de dos civiles no fue en
legítima defensa, en razón a que, su actuar no respondió a criterios de razonabilidad
y proporcionalidad. Aseveró que, el disciplinado no demostró en el juicio que, a su
favor, concurriera alguna de las causales previstas en el numeral 4º del artículo 41
de la Ley 1015 de 2006, y del numeral 4º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.

1.4.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.9

21. Solicitó que, se denieguen las súplicas de la demanda, toda vez que, a su juicio,
los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación,
contentivos de la sanción disciplinaria, atienden a los presupuestos de existencia,
validez y eficacia que debe tener todo acto que emana de la administración. Como
medios exceptivos, propuso los siguientes: (i) el que denominó “acto administrativo
ajustado a la Constitución, la ley y la jurisprudencia”; y (ii) la genérica.

22. Indicó que, las pretensiones elevadas por el actor no tienen vocación de
prosperidad, teniendo en cuenta que: (i) se le garantizó el debido proceso en todas
las actuaciones disciplinarias que se llevaron a cabo; (ii) de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, el disciplinado pudo ejercer su
derecho de defensa, siempre tuvo acceso a la investigación, y estuvo representado
en el proceso por su apoderado; y (iii) se observó el principio de publicidad.

9
Índice 00018 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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23. Recordó que, el comportamiento que generó la investigación disciplinaria, es el
que se adecúa a la falta establecida en el artículo 35, numeral 2º, de la Ley 1015 de
2006, consistente en “agredir o someter a malos tratos al público, superiores,
subalternos compañeros”, y que, en virtud de su comisión, se adelantó el proceso
disciplinario con estricta observancia de los parámetros normativos aplicables.

1.5. La sentencia de primera instancia.

24. En la sentencia del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025)10, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, negó
las pretensiones de la demanda promovida por el señor Eduar Yesid Ávila Sanabria,
sin condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, previa la liquidación correspondiente, devuélvase
a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso, si lo hubiere, y solamente
una vez realizado lo ordenado, archívese el expediente dejando las constancias del caso.”

25. Para resolver los cargos planteados en la demanda, el A-quo empezó por
advertir que, contrario a lo manifestado por el demandante, el poder preferente
ejercido por la Procuraduría General tuvo sustento en las facultades previstas en el
artículo 277 constitucional, y el artículo 3º de la Ley 734 de 2002, motivado además
en las circunstancias de procedencia que establece la Resolución 456 de 2017. En
tal virtud, señaló que, no se configuró ninguna vulneración al debido proceso por el
hecho que la entidad demandada hubiera asumido el conocimiento del asunto,
cuando ya la Oficina de Control Interno de la Policía Metropolitana había dispuesto
la apertura a la indagación previa, máxime, si “el uso del poder preferente puede
ejercerse al inicio o durante el trámite del proceso disciplinario, e incluso cuando el
proceso se encuentre en segunda instancia”, por lo que el reparo no era de recibo.

26. Frente a la inconformidad relacionada con el trámite verbal, consideró que,
contrario a lo argüido por el actor, la aplicación del procedimiento del que trata el
artículo 175 de la Ley 734 de 2002, no sólo procede por la calificación de la falta
(leves o gravísimas), sino que también por otros eventos, como la flagrancia y la
confesión, o cuando la autoridad disciplinaria encuentra que se cumple con las

10
Índice 00028 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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exigencias para proferir pliego de cargos.

27. En el caso de autos, encontró acreditado que, mediante el auto del Cuatro (4)
de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), se adoptó el procedimiento verbal, no por
la calificación de la falta (grave), sino en virtud de lo preceptuado en el último inciso
del artículo 175 ibidem que, como se anticipó, previó el procedimiento verbal si al
momento de valorar la apertura de la investigación, estuvieran dados los requisitos
para formular pliego de cargos.

28. Respecto a las deficiencias advertidas por el actor en la valoración probatoria,
el Tribunal procedió a analizar lo dicho por los declarantes, a efectos de determinar
si se acudió a una valoración conjunta, integrada y racional de la prueba, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica.

29. Así las cosas, examinó las declaraciones de José Santos Ruiz Rincón, Cristián
Camilo Bernal Pereira, de los pasajeros que iban en el bus que transitaba por el
lugar al momento de la ocurrencia de los hechos, y de los patrulleros que llegaron
al sitio con posterioridad, evidenciando que la narración de los hechos percibidos
se acompasaba con el contenido del video (que fue divulgado a través de distintos
medios de comunicación), con los exámenes médico legales, el formato de minuta
de vigilancia, entre otros elementos, que daban cuenta de la agresión del
disciplinado a los ciudadanos involucrados en el procedimiento policial de tránsito.

30. En adición, el A-quo encontró que la autoridad disciplinaria no dejó de valorar
pruebas, o que las mismas estuvieran indebidamente valoradas, pues, por el
contrario, constató que las mismas demostraban la falta que se le endilgó al actor.

31. En relación con la causal de exclusión de responsabilidad alegada por el
accionante, correspondiente a la salvaguarda de un derecho propio o ajeno al cual
deba ceder el cumplimiento de un deber legal, el Tribunal evidenció que, de las
pruebas valoradas, era posible advertir que, aunque el conductor del vehículo
manifestó su desacuerdo con el comparendo impuesto, y discutió con el
demandante, la reacción de este último (agrediéndolo físicamente) fue
desproporcionada, máxime, cuando no hubo agresión por parte del ciudadano hacia
él y, cuando otro de los involucrados trató de mediar, también hubo una respuesta
violenta. Bajo ese contexto, concluyó que, “(…) no puede hablarse de la causal de

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exclusión de responsabilidad invocada, cuando no acreditó que el actuar de los
ciudadanos representara un peligro para la integridad física del actor, o que
justificara su proceder, más aún cuando como policía tiene un deber de
comportamiento mayor al que le es exigible a otros miembros de la comunidad.”

1.6. El recurso de apelación.

32. Mediante memorial radicado el Siete (7) de mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025)11, el actor insistió en que, por los cargos expuestos, debía declararse la
nulidad de los actos administrativos enjuiciados. Hizo énfasis en que, pese a que el
Tribunal valoró “objetivamente” los medios de prueba, entre ellos, las testimoniales
y las documentales allegadas, no se pronunció frente al video que, según adujo,
“expone un hecho parcializado, y sin mostrar el hecho real de lo ocurrido en el
procedimiento de policía” en el que, debido a la alteración del orden público, acudió
al uso de la fuerza para “evitar afectaciones” en contra de su vida e integridad física.

33. Además, cuestionó que, la autoridad disciplinaria, no hubiese “concatenado” el
video de manera general, es decir, analizado el porqué de la reacción del actor. Al
respecto, señaló que, “(…) pese a que se observa una acción inusual perpetrada
por el demandante, lo es también que desde el análisis probatorio, esta acción debe
de ser interpretada de acuerdo a las circunstancia de tiempo modo y lugar,
debiéndose demostrar una imparcialidad del análisis dado por parte de los
operadores.”

34. Llamó la atención en que, en los fallos disciplinarios, no se tuvieron en cuenta
algunas manifestaciones del disciplinado, a saber: (i) que todo el proceso se
estructuró y fundamentó en el video divulgado por un medio de comunicación; (ii)
que no existe prueba que permita demostrar, de manera razonada, que el actor faltó
a sus deberes como servidor público; y (iii) que el video que se tomó como “prueba
fundamental” no podía tener el alcance probatorio que se le dio, toda vez que, el
mismo “está parcializado y no permite mostrar la ocurrencia fáctica del
procedimiento de policía llevado a cabo” el día de ocurrencia de los hechos.

35. Sostuvo, frente a las manifestaciones del entonces disciplinado y los
documentos aportados por él (v.gr. el informe de novedad y las anotaciones), que

11
Índice 00037 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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el despacho disciplinario los utilizó para soportar el cargo “sin fundamentar, o sin
exponer argumentos que permitan dar fuerza y relevancia a la falta endilgada”.

36. Señaló que, al verificarse las minutas de vigilancia que obran en el expediente,
se pueden identificar los elementos que portaba el disciplinado, por lo que, en su
sentir, no es de recibo que, a partir de la declaración del señor José Santos Ruiz,
en la que se mencionó que el agente portaba una chaqueta con número “67918”,
se concluya que, la misma coincide con la asignada para el servicio, que
corresponde al número “87918”, apreciación que calificó como una “conclusión
subjetiva del despacho, violatoria del debido proceso.”

37. Por último, criticó que, los exámenes médico-legales realizados por el Instituto
Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses fueran analizados por el despacho
disciplinario “de manera individual y mínima, pero no como una prueba documental
(sic)”, sin señalar las causas de los hallazgos.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

38. Mediante el auto del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)12, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

39. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 13 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse

12
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
13
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera

11

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solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

40. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, si debe revocarse la sentencia del
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda, encaminadas a que se declare la
nulidad de los fallos disciplinarios enjuiciados, en tanto:

(i) ¿Existió violación al debido proceso en el marco de la actuación
disciplinaria, derivada de una defectuosa e indebida valoración probatoria
por parte de las autoridades disciplinarias, en la medida en que la decisión
se fundó, principalmente, en un video divulgado por medios de
comunicación, restándole fuerza persuasiva a otros medios de
convicción?
(ii) A partir de la valoración integral y razonada de las pruebas, ¿es posible
advertir la configuración de la causal de exclusión de responsabilidad
disciplinaria invocada por el demandante?

2.3. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

41. La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 216, que la fuerza
pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La misma
Carta define a la institución policial como un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, cuyo fin fundamental es la conservación del ejercicio de los
derechos y libertades de los habitantes en el territorio nacional. En línea con lo
expuesto, el artículo 218 ibidem facultó al legislador para determinar los regímenes
disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.

42. En virtud de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 1015 de 2006, por medio de
la cual, fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y, en el artículo 23,
estableció que son destinatarios: “(…) el personal uniformado escalafonado y los

indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional;
aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio
activo”. A su turno, el artículo 58 ejusdem precisa que, el procedimiento aplicable a
los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en
la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.

43. En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, aplicarán dicha normativa en el
ámbito sustancial, y la Ley 734 de 2002 en el campo procedimental y dogmático.

2.4. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.

44. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:

«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

45. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»

46. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral

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de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial efectiva
de la persona sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto
de la dignidad humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Esta postura, relativa al control integral, ha
sido reiteradamente adoptada por la Sección Segunda de esta Corporación en
diversos pronunciamientos, razón por la cual, en el asunto bajo examen, la Sala de
Decisión también aplicará dicho control integral14.

2.5. Recuento de la actuación disciplinaria.

47. Mediante el auto SIJUR P-MEBOG-2019-158 del Ocho (8) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019)15, el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía
Metropolitana de Bogotá ordenó la apertura de la indagación preliminar y ordenó la
práctica de pruebas. La decisión se motivó en los hechos ocurridos el Siete (7) de
junio de la referida anualidad, en la ciudad de Bogotá (en la Avenida “El Dorado”
con carrera 68), aproximadamente a las 17:30, los cuales fueron divulgados por
Noticias Caracol bajo el siguiente rótulo: “En video: policías de tránsito se enfrentan
a ciudadanos en Bogotá. Un procedimiento de rutina terminó en una pelea que dejó
a un conductor detenido y a un grupo de ciudadanos ofendidos.”

48. En atención al requerimiento efectuado en el auto anterior, el jefe seccional de
tránsito y transporte de Bogotá, mediante el Oficio Núm. S-2019-205755, informó
que los nombres de los policías involucrados en el caso correspondían a los del
patrullero Eduar Yesid Ávila Sanabria y el patrullero Fabio Novoa Hernández.16

49. A través del auto P-MEBOG-2019-158 del Nueve (9) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019)17, el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía
Metropolitana de Bogotá ordenó vincular a la indagación preliminar a los
prenombrados patrulleros, notificarles la decisión y correrles traslado de las pruebas
y diligencias allegadas a la indagación, a efectos de ejercer el derecho de defensa.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
15
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1.
16
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), pág. 20.
17
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), págs. 81-82.

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Las constancias de la diligencia de notificación personal reposan en el plenario.18

50. Por medio del auto del Once (11) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019)19, la
Procuraduría Distrital de Bogotá dispuso la práctica de una visita especial a la oficina
de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana, con el fin de verificar el
estado de la actuación disciplinaria y, si hubiere mérito para ello, en atención a la
Resolución 456 de 2017, decidir sobre el ejercicio del poder preferente. Producto de
la visita en mención, los Procuradores Primero y Segundo Distrital de Bogotá
expidieron concepto positivo para que la Procuraduría General ejerciera el poder
preferente, conforme al trámite ordenado en los artículos 9, 11 y 13 de la Resolución

51.1. En la motivación, se lee que “cabe el ejercicio del poder prevalente de la
Procuraduría General de la Nación, en tanto en cuanto lo (sic) hechos que
suscitaron la indagación preliminar han conllevado un despliegue mediático de un
noticiero del orden nacional, y porque el video que se ha puesto a consideración de
la opinión pública tendría relevancia especial, puesto que, al parecer miembros de
la policía nacional habrían podido utilizar violencia indebida y/o excesiva en
procedimientos de tránsito” 20 . En la misma oportunidad, se dijo que, una vez
autorizado el ejercicio del poder preferente por el despacho del Viceprocurador
General, se procedería con el reparto correspondiente.

52. Mediante el Oficio S-2019/INSDE-MEBOG-CODIN-MEBOG 38.10 del Doce (12)
de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), se citó a declarar a los siguientes
uniformados: intendente jefe Luis Carlos Ortiz Buitrago; el patrullero Carlos
Fernando Gómez; y al patrullero Jorge Arialdo Bonilla21, cuyas declaraciones serán
valoradas en conjunto con la de los demás deponentes en el trámite disciplinario.
Asimismo, en la diligencia del Veintiuno (21) de junio de ese mismo año declaró el
señor José Santos Ruiz Rincón, ciudadano involucrado en los hechos.22

53. A través del Oficio COMAN-GRUIT-29.25 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019), se remitió a la oficina de control interno un “CD” contentivo del

18
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 7-8.
19
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1, pág. 92.
20
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 135 y siguientes.
21
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 9 y siguientes.
22
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 95 y siguientes.

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material de video que fue divulgado a través de Caracol 23. En la constancia visible
en el expediente disciplinario24, de la misma fecha, se corrió traslado del contenido
de “(…) un disco compacto marca gold serial terminado en 2008187, aportado
mediante oficio S-2019-225482 contentivo del registro videográfico correspondiente
a las imágenes emitidas por medio masivo de comunicación Noticias Caracol.” De
igual manera, en el mensaje de datos remitido, vía correo electrónico, el Veinticinco
(25) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), la oficina de control interno disciplinario
le corrió traslado del video al que se hizo alusión, y de la declaración del señor José
Santos Ruiz Rincón, al ahora demandante, y a su apoderado de confianza.25

54. Mediante la decisión del Cinco (5) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), el
Procurador Primero Delegado de Contratación Estatal, encargado de las funciones
de Viceprocurador General de la Nación, autorizó a la Procuraduría Distrital el
ejercicio del poder preferente respecto al Exp. 2019-158 que adelantaba la oficina
de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Bogotá. 26

55. En virtud del auto del Cinco (5) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019)27, la
Procuraduría Segunda Distrital avocó conocimiento de la indagación preliminar que
cursó en la Policía Nacional y puso a disposición de los disciplinados las pruebas
recaudadas. A partir de la fecha, se desplegaron las actuaciones pertinentes para
la práctica de las pruebas testimoniales y de versión libre en el marco de la
investigación disciplinaria E-2019-394383 / D-2019-1342366.28

56. El Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), rindieron su
declaración los señores Cristian Camilo Bernal29 y José Santos Ruiz Rincón.30 Por
su parte, el seis (6) de septiembre del año en cita, el patrullero Fabio Novoa
Hernández allegó el escrito contentivo de la versión libre.31 A su turno, mediante

23
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), pág. 87.
24
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), pág. 93.
25
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), pág. 107.
26
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 165-168.
27
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 50 y ss.
28
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 66-68.
29
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 92 y ss.
30
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 98 y ss.
31
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 148-150.

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memorial remitido el trece (13) de septiembre32, el señor Eduar Yesid Ávila Sanabria
aportó su versión libre y, en el mismo escrito, elevó una solicitud probatoria.

57. Por medio del auto del Cuatro (4) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019)33, la
Procuraduría Segunda Distrital, al encontrar acreditados los presupuestos del
artículo 175 y subsiguientes de la Ley 734 de 2002, adoptó el procedimiento verbal
y citó a audiencia pública a los disciplinados para que rindieran sus declaraciones.

57.1. En lo que toca al procedimiento verbal, explicó que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 175 ibidem, como al momento de valorar sobre la decisión de apertura
de la investigación, estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de
cargos, debía seguirse la cuerda de dicho procedimiento. En esta misma
oportunidad, el despacho disciplinario explicó que la falta (grave) que se le endilgó
al demandante es la prevista en el artículo 35, numeral 2º, de la Ley 1015 de 2006,
consistente en “agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos
o compañeros”, presuntamente cometida a título de dolo.

58. El Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)34, se llevó a cabo
la audiencia pública que fue convocada, diligencia en la cual, los apoderados de
confianza de los dos disciplinados expusieron los respectivos descargos.

59. Para el Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el operador
disciplinario ordenó la práctica de las pruebas testimoniales que fueron decretadas,
teniendo como declarantes -inicialmente- a: Sandra Liliana Sánchez, Nayibe Andrea
Sora Hernández, Marcela Castañeda Acosta, Clara Myriam Cárdenas Vela y Andrés
Camilo Páez.35 En la fecha antes señalada, rindió su declaración la señora Nayibe
Andrea Sora Hernández. Por su parte, el señor Andrés Camilo Páez Díaz rindió su
declaración en la diligencia celebrada el Quince (15) de enero de Dos Mil Veinte
(2020).36 En la misma oportunidad, declaró Sandra Liliana Sánchez Ospina37. Al

32
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 164-174.
33
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(301-400), págs. 25 y ss.
34
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(401-501), págs. 41 y ss.
35
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(401-501), págs. 151 y ss.
36
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 21 y ss.
37
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 23 y ss.

17

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Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

finalizar la diligencia, el operador disciplinario desistió de los demás testimonios.38

60. El Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte (2020) continuó la audiencia,
escenario en el cual se le concedió el uso de la palabra a los defensores de Eduar
Yesid Ávila Sanabria y Fabio Novoa Hernández para alegar de conclusión.39

61. Mediante el fallo disciplinario de primera instancia, proferido el Veintinueve (29)
de enero de Dos Mil Veinte (2020) por la Procuraduría Segunda Distrital, se resolvió
sancionar al señor Eduar Yesid Ávila Sanabria con suspensión e inhabilidad
especial por el término de ocho (8) meses, por encontrarse acreditada la falta
(grave) prevista en el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1015 de 2006, a título de
dolo, consistente en “agredir o someter a malos tratos al público, superiores,
subalternos o compañeros”. 40 Por su parte, frente al patrullero Fabio Novoa
Hernández, el despacho -disciplinario- declaró no probado el único cargo endilgado.

62. El Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), el otrora defensor del señor
Eduar Yesid Ávila Sanabria interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia.41

63. Mediante el fallo disciplinario de segunda instancia (342-22), de fecha Veintidós
(22) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022) 42 , la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento 3 confirmó el fallo impugnado, en el sentido de declarar
probado -y no desvirtuado- el cargo único endilgado al ahora demandante.

64. Mediante la Resolución Núm. 2739 del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil
Veintitrés (2023)43, el Director General de la Policía Nacional ordenó ejecutar la
sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad especial por ocho (8) meses y, en
consecuencia, se suspendió del ejercicio del cargo al demandante por ese término.

2.6. Caso concreto.

38
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), pág. 25.
39
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 29 y ss.
40
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 43-143.
41
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 147 y ss.
42
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 200 y ss.
43
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente que reposa en el Tribunal de origen, Archivo
1ED_001RADICACIONOFICINA(.zip) NroActua 2.

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65. Del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala identifica
dos (2) reproches específicos frente a la decisión de la primera instancia: (i) el
primero, encaminado a advertir que existió una indebida y defectuosa valoración
probatoria, producto de la cual se le vulneró el debido proceso; y (ii) la segunda
inconformidad, orientada a cuestionar que no se hayan examinado los elementos
contextuales del caso, con los cuales se podía avizorar la existencia de la causal de
exclusión de responsabilidad disciplinaria invocada por el actor. Valga anotar que,
en lo que toca al ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría General
de la Nación, o a las actuaciones adelantadas bajo el esquema del procedimiento
ordinario, no se expusieron reparos concretos frente a lo resuelto.

66. Delimitado el objeto de la presente decisión, la Sala recuerda que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 734 de 2002 (norma que
fue aplicada al caso sub judice), las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Aunado a ello, se precisa: “en toda decisión
motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta
se fundamenta.” El artículo 141 ibidem dispone, por su parte, que no se podrá
proferir fallo sancionatorio “sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.”

67. Las normas en cita permiten advertir que, no existe una tarifa legal que
determine cuál es el medio idóneo para acreditar o desvirtuar ciertos hechos o
circunstancias, habida cuenta que, el convencimiento al que llegue el operador
disciplinario, o el juez -según el caso-, debe someterse a una valoración conjunta,
integral, objetiva, razonada y armónica del acervo probatorio, sin que ello implique
la utilización de excesivos formalismos y fórmulas sacramentales44.

68. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del Diecinueve (19)
de marzo de Dos Mil Veinte (2020), señaló que, la sana crítica está sustentada en
los criterios de la lógica, asociada al principio de no contradicción y al de razón
suficiente; en el uso de la ciencia y de la técnica, relacionado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias; y en las reglas de
la experiencia, las cuales pueden ser individuales o colectivas y, además, estar

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).

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constituidas por conocimientos públicos y privados45.

69. En el asunto sub examine, evidencia esta Sala, que el operador disciplinario
acudió a una valoración razonada, conjunta e integral de los medios de convicción
incorporados al expediente, atendiendo a las reglas de la sana crítica.

70. Contrario a lo sostenido por el apelante, tanto la Procuraduría Segunda Distrital,
como la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, en las respectivas
instancias, no fundamentaron la decisión “sólo en un video en donde se expone un
hecho parcializado”, sino que examinaron otros elementos de juicio, entre ellos, el
informe de novedad diligenciado por el ahora demandante, los comparendos
impuestos, el formato de minuta de vigilancia, los informes médico-científicos de los
lesionados, el informe de captura en flagrancia, los testimonios de Nayibe Andrea
Sora, Andrés Camilo Páez y Sandra Liliana Sánchez, así como las declaraciones
de José Santos Ruíz Rincón, Cristián Camilo Bernal, de los patrulleros Carlos
Fernando Gómez y Jorge Arialdo Bonilla, y las versiones libres de los disciplinados.

71. Lo propio hizo el A-quo, a efectos de determinar si la autoridad disciplinaria
vulneró el debido proceso, en razón a las alegadas deficiencias en la valoración
probatoria. Así, al examinar el contenido del video y contrastarlo con las demás
pruebas, especialmente las testimoniales, llegó a la conclusión que la conducta del
patrullero Eduar Yesid Ávila Sanabria “(…) es reprochable, porque tuvo la
oportunidad de proceder de manera pacífica, sin acudir al recurso de la fuerza, no
obstante, actuó de forma violenta, sin que previamente recibiera una agresión física,
o por lo menos no lo demostró, pues en el video se observa que el conductor
hablaba y manoteaba, pero el actor golpeó con la cabeza donde portaba su casco
al conductor y posteriormente lo tomó del cuello y lo redujo hasta llevarlo al suelo.”

72. Con el propósito de abordar los reparos del apelante, consistentes en que todo
el proceso “se estructuró y fundamentó en lo expuesto (video) por el medio de
comunicación”, que “el video no guarda relación con el caso investigado”, o que se
le dio un alcance probatorio que no se debía por estar “parcializado”, la Sala
procederá a valorar su contenido, en conjunto con los demás medios de convicción.

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).

20

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Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria
Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

73. En efecto, se tiene que, la indagación preliminar tuvo origen en un video
divulgado, en un inicio, a través del portal de noticias “Caracol”, bajo el siguiente
rótulo: “En video: policías de tránsito se enfrentan a ciudadanos en Bogotá. Un
procedimiento de rutina terminó en una pelea que dejó a un conductor detenido y a
un grupo de ciudadanos ofendidos” 46. En el dosier procesal, el video se presenta
en dos (2) partes, como se pasa a explicar.

73.1. En el primer fragmento del video47 (1:33), grabado por una ciudadana desde
la parte trasera de un vehículo (cuyas características no se visualizan), se observa
a dos policías, uno de los cuales aparece discutiendo con un señor (conductor del
vehículo) que vestía de camiseta gris. En medio de la discusión, se aprecia que el
policía involucrado, que tenía el caso puesto, le propina un cabezazo al ciudadano,
a la altura de la frente. Luego, lo continúa confrontando, hasta que llega un joven,
con un buzo morado, que intercede entre el señor y el policía. De repente, el policía
forcejea con el joven, llega el otro patrullero a apoyarlo, y lo empujan hacia el anden.
Pese a que el joven levanta las manos, uno de los policías lo empuja nuevamente.
En un nuevo forcejeo que ocurre cuando el conductor se acerca a la moto de la
policía, el primer involucrado lo agrede físicamente y le intenta quitar la camiseta,
mientras el otro agente lo abraza. En medio de ese accionar, se escuchan voces de
los ciudadanos que observaban, en las que se dice: “Oiga, oiga, no sea abusivo (…)
grábele la placa (….) no se deje provocar (…) Oigan, ayuden, ayuden, por favor”.

73.2. El segundo fragmento del video (0:56)48 se grabó desde la parte exterior del
vehículo (y se aprecia la misma voz de la grabación anterior). En el registro se
observa al conductor y a los dos policías a su lado, aunque en la escena se
identifican otros vehículos y uniformados de la Policía que después se acercan. En
la videograbación se escucha a la mujer -quien sostiene el celular- replicar: “Pero
por qué, el señor qué hizo, si su compañero fue el que le pegó el cascazo (sic). Ahí
sí se queda callado, no. (Inaudible) la placa, porque esto se va por abuso de
autoridad”. Mientras hablaba, acerca el celular para identificar la placa que reposa
en la chaqueta del policía involucrado, en la cual figura el número 87918 (0:30).

46
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1.
47
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, CD. 4-VID-20190608-WA0005.
48
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, CD. 4-VID-20190617-WA0021.

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74. De acuerdo con las demás pruebas valoradas, se tiene que, mediante el Oficio
Núm. S-2019-205755, el jefe seccional de tránsito y transporte de Bogotá indicó que
los nombres de los policías involucrados en el caso correspondían a los de los
patrulleros Eduar Yesid Ávila Sanabria y Fabio Novoa Hernández, ambos adscritos
a la seccional de tránsito en comento. Este dato se acompasa con la información
consignada en el Oficio Núm. S-2019-205688 del Ocho (8) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019) 49 , con el asunto “informe de novedad”, suscrito por los
prenombrados patrulleros, en el que se hizo constar que adelantaron un
procedimiento de tránsito el siete (7) de junio de esa misma anualidad, en el que se
le impuso una orden de comparendo al conductor, señor José Santos Ruiz Rincón,
quien fue posteriormente capturado con el joven el Cristián Camilo Bernal.

75. Los informes periciales de clínica forense que fueron aportados, expedidos por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de las
lesiones que le fueron definidas al demandante, así como a los ciudadanos a
quienes se les señaló de agredir. En el informe UBUCP-DRB-82503-2019 del Siete
(7) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019)50, se hizo constar que, el señor Ávila
Sanabria presentaba “edema y equimosis en mucosa de hemilabio superior
derecho, y edema de dorso nasal”. Por su parte, en el informe UBUCP-DRB-82509-
2019 de la misma fecha51, quedó consignado que el señor José Santos Ruiz Rincón
presentaba “excoriación de aprox. 4 cm en región lumbar izquierda” y “eritema y
edema en ambas muñecas que dibuja un patrón de lesión consistente con el relato
de los hechos”. El joven Cristián Camilo Bernal también fue valorado, con ocasión
de las lesiones que presentó52. Las lesiones fueron registradas en imágenes.

76. Al margen de la copia del comparendo, el informe de captura en flagrancia, la
noticia criminal, las anotaciones en el registro de novedades, y demás documentales
allegadas, que dan cuenta del procedimiento de tránsito que se adelantó, de la
captura del señor Ruiz Rincón y el joven Bernal Pereira, y de las agresiones de las
que recíprocamente se acusan el demandante y los ciudadanos antes citados, la
Sala procederá a valorar las pruebas testimoniales, y las versiones rendidas en el

49
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), págs. 24-26.
50
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), págs. 62 y ss.
51
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), págs. 142 y ss.
52
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(1-100), págs. 146 y ss.

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marco del procedimiento disciplinario, con el propósito de reconstruir los hechos a
partir de la narración de quienes percibieron el evento que fue objeto de
investigación disciplinaria, así como de aquellos destinatarios de la misma.

77. Sobre la prueba testimonial, esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del
Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)53, recordó que su fuerza probatoria
material depende que el juez o la autoridad administrativa encuentre en cada una
de las declaraciones, en su conjunto con las demás, “argumentos que le sirvan para
formarse su convencimiento sobre los hechos que interesen al proceso”, los cuales,
deberán erigirse a la luz de las reglas de la sana crítica. En punto a los criterios
racionales de valoración, se resaltaron los siguientes: (i) la coherencia del relato; (ii)
la contextualización del relato; (iii) las corroboraciones periféricas; y (iv) la
existencia de detalles oportunistas a favor del(la) declarante.

78. Dicho lo anterior, al revisar la declaración del señor José Santos Ruíz Rincón54,
se evidencia que era él quien conducía el vehículo de servicio público involucrado
en el procedimiento de tránsito. Narró que fue requerido por dos policías mientras
transitaba por la calle 26 con carrera 68, uno de ellos Eduar Ávila (a quien identificó
con el número “67918” por su chaqueta), siendo quien le pidió los documentos y le
reprochó que fuera hablando por celular. Dijo que el policía le hizo un “parte” y le
pidió firmarlo, pero que al replicarle que no lo iba a firmar porque consideraba que
no había cometido la infracción que se le endilgaba, el patrullero lo insultó y le
manifestó que: “o me lo firma o le hago otro comparendo y le inmovilizo el vehículo”.
Aseveró que le respondió al policía que por qué lo trataba así y que lo respetara,
momento en el cual el señor Eduar Ávila le pegó un cabezazo en la frente con el
casco y empezó a agredirlo, escena que estaba siendo grabada por los pasajeros.

78.1. Explicó que, en ese momento, llegó su hijastro a evitar que el policía lo siguiera
agrediendo y que, en respuesta, el señor Eduar Ávila lo golpeó. Aclaró que, en
ningún momento, lesionó o trató de pegarle al prenombrado policía. Por el contrario,
producto de las lesiones recibidas, precisó que, tanto él, como su hijastro, fueron
valorados por medicina legal y recibieron -ambos- cinco (5) días de incapacidad.
Indicó que el nombre del referido patrullero lo obtuvo a partir de la noticia que fue

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).
54
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 98 y ss.

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divulgada en Caracol y que, aunque éste iba con otro agente, hizo énfasis en que
aquél (patrullero Fabio Novoa) “procedió como una persona respetuosa”.

79. Esta versión se acompasa, en varios puntos, con la declaración rendida por
Cristián Camilo Bernal Pereira55, a quien el señor Santos Ruiz señaló de ser su
hijastro. De acuerdo con sus dichos, cuando empezó la discusión entre el policía y
su padre, se ubicaba en la parte delantera del vehículo y, al escuchar a la gente
pedir que no le pegaran al conductor, se dirigió hacia la parte de atrás, percibiendo
que su padre y el patrullero Ávila se agredían verbalmente, a lo que este último
agredió físicamente a su padre, con un cabezazo (con el caso puesto) en la frente
del conductor agredido, como adujo que se veía en el video. Anotó que, al intentar
separarlos, el patrullero Eduar Ávila también lo agredió físicamente. Mientras lo
separaban, vio cómo “ahorcaban con los brazos” y le quitaban la respiración a su
padre, por lo que volvió a intervenir, pero lo retiraron y “botaron al piso”.

80. Entre los pasajeros que percibieron los hechos, se encontraba Nayibe Andrea
Sora Hernández56, quien aseguró que, para el día Siete (7) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019), fecha de ocurrencia de éstos, estaba en el colectivo cuando fue
detenido por la Policía porque, según narró, el conductor iba hablando por celular.
Explicó que se ubicaba en la parte delantera y que vio al conductor devolverse por
los documentos y regresar al procedimiento, cuando, después de un instante,
empezó a escuchar gritos de las personas que iban atrás, quienes le manifestaban
a los patrulleros que respetaran al conductor y que lo soltaran.

80.1. Dijo que, cuando se bajó del vehículo, percibió “una lucha de los dos
patrulleros por someter al conductor” y que, en medio del forcejeo, las personas
presentes les reclamaban a los agentes para que no usaran la fuerza. Expuso que,
había un policía que era el “más agresivo” porque era el que “más empujaba, el que
más trataba de someterlos contra el piso al conductor y al hijo”, aunque reconoció
que recordaba muy vagamente las características del hombre señalado.

80.2. Incluso, al ser interrogada por el defensor del disciplinado, manifestó que: (i)
no vio que el conductor y su “hijo” agredieran físicamente al personal policial; (ii) dio

55
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 92 y ss.
56
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(401-501), págs. 155 y ss.

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aviso al 123 para que atendieran los hechos; (iii) se unió a las voces de los demás
ciudadanos que solicitaron a los patrulleros no recurrir al uso de la fuerza; (iv)
reconoció que algunas personas agredieron verbalmente a los uniformados; (v)
adujo que la señora a la que condujeron en la patrulla no agredió ni física, ni
verbalmente, a los policías, y que lo único que hizo “fue acercar el celular
denunciando al policía” y tratar de localizar su identificación en el uniforme; y (vi)
señaló que vio al “hijo” del conductor tirar un elemento de los agentes al piso.

81. El señor Andrés Camilo Páez Díaz57, por su parte, adujo que, para la fecha y
hora de ocurrencia de los hechos, se encontraba sobre la 26 y que regresaba “a
pie” de “hacer una vuelta en la Clínica Colombia”, cuando observó un bus detenido
y escuchó gente gritando, por lo que se acercó para “ver qué pasaba”. Narró que,
en ese momento, vio una pelea entre dos civiles y un policía, y que, aunque llegaron
varios policías al sitio, sólo uno de ellos tuvo un comportamiento agresivo con los
civiles (el conductor y su “hijo”), cuyas características físicas -del uniformado- no
recordaba, pero sí su nombre, indicando que se trataba de “Eduar Ávila”.

82. En la declaración de Sandra Liliana Sánchez Ospina58, la deponente explicó
que, para el Siete (7) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), siendo
aproximadamente las 17:30, se encontraba en un colectivo por la calle 26, cruzando
la avenida 68, cuando el vehículo en el que se transportaba fue requerido por la
autoridad policial. Al ser consultada por lo que pasó en el marco del procedimiento
de tránsito, expuso que, el conductor le estaba entregando los documentos al
agente y “de un momento a otro vio que el agente le dio un cabezazo al conductor
teniendo el casco puesto”.

82.1. Sostuvo que toda la escena “la observaron los pasajeros” y que, en un
momento, apareció “un muchacho”, cuando “empezaron a golpearlos tanto al
muchacho como al conductor”, situación que los hizo sentir “impotentes” a quienes
permanecían en el colectivo. Narró que se salió por la ventana con ayuda de otro
pasajero y que se dirigió a los agentes pidiéndoles que “no maltrataran a esas dos
personas”. Agregó que, después, llegaron otros agentes y una patrulla. Cuando
llegó la patrulla, aseguró que grababa con el celular, acto que le fue reprochado por

57
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 21 y ss.
58
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 3(502-625), págs. 23 y ss.

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un agente que la interpeló que “por qué estaba grabando”, luego la tomó de las
muñecas y le dijo que “la iba a judicializar”, a lo que ella forcejeó. Adujo que la
esposaron y la subieron a la patrulla, junto con el conductor y el “hijo” de aquél.

82. 2. Al ser interrogada por el defensor del disciplinado, sostuvo que observó todo
el procedimiento, pero que no alcanzó a escuchar todo lo que se hablaba. Reiteró
que, desde la parte trasera del colectivo, observó con los demás pasajeros cómo el
agente le propinó un cabezazo con el casco al conductor y, al llegar el hijo, también
lo golpearon a él. Aclaró que: (i) no le constaba que los demás agentes que llegaron
hubieren agredido físicamente a los involucrados; (ii) hubo resistencia por parte del
conductor y el hijo, especialmente en medio del forcejeo, en donde el agente le quita
la camiseta al conductor; (iii) y que no observó algún tipo de agresión física o verbal
por parte del conductor, y su hijo, contra los agentes que intervinieron.

83. No pasa inadvertido que, en la versión libre rendida por el señor Fabio Novoa
Hernández59, quien adelantó el procedimiento de tránsito con el ahora demandante,
se lee que, cuando el patrullero Eduar Ávila le informó al conductor del vehículo que
se le iba a imponer un comparendo, los dos se exaltaron, y sostuvo: “(…) luego en
un movimiento que realiza el patrullero Ávila con la cabeza que no fue claro para
mí, escucho un grito en el que el ciudadano manifiesta que el compañero le pegó.”

83.1. Luego de la aparición del hijo del conductor, indicó que: “(…) en ese momento
nuevamente se exaltan tanto mi compañero, el conductor y su hijo, le digo a los dos
ciudadanos que se calmen (…) se van hacia la parte de atrás de la buseta en donde
mi compañero trata de manejar la situación y en cuestión de segundos observo al
patrullero Ávila caer hacia atrás con sangre, me dice que le pegaron una patada en
la cara, pero no observé cuál de los dos ciudadanos lo hizo”. Aseveró que solicitó
apoyo y, posteriormente, procedieron a trasladar a los ciudadanos al CAI.

84. Analizadas las declaraciones del patrullero Carlos Fernando Gómez
Rodríguez60, quien se desempeñaba como integrante de patrulla del cuadrante 4 y
5 del CAI Esmeralda, se tiene que, para la fecha de ocurrencia de los hechos,
aseguró estar patrullando por el Banco de la República, cuando, al tomar la 26,

59
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 2(201-300), págs. 148 y siguientes.
60
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), págs. 15 y siguientes.

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observó una buseta azul parqueada y que había personas forcejeando atrás, motivo
por el cual se dirigió al lugar. Expresó que, al llegar al sitio, vio que uno de los
ciudadanos le “lanza una patada en la cara” al policía de tránsito, razón por la cual,
decidió bajarse de la motocicleta y ayudarle al “compañero Ávila”, para intentar
colocarle las esposas a un señor “ya de edad” que estaba con su “hijo”.

84.1. Expuso, además, que: (i) solicitó apoyo a otras unidades, que luego llegaron
al lugar; (ii) su “compañero habló con Ávila y le dijo que pararon la buseta porque el
señor venía hablando por celular y que el señor José, quien era el conductor, le
rasgó la comparendera (sic) y se la tiró, y que no le quiso firmar el comparendo”;
(iii) le realizó una orden de comparendo por irrespeto a la autoridad a la señora que
estaba grabando; (iv) y que condujo a los involucrados al CAI Esmeralda.

85. El señor Jorge Arialdo Bonilla López, quien conducía la motocicleta en la que
patrullaba con el señor Gómez Rodríguez, también indicó que, al llegar a la avenida
26, observó que, en la parte de atrás de una buseta de color azul, se encontraba
“un compañero que estaba siendo agredido en el piso por parte de un ciudadano
que en ese momento se encontraba sin camisa”, quien, según expuso, le propinó
una patada en la cara al policía. Agregó que, el ciudadano estaba bastante exaltado,
agresivo y se negaba a dejarse colocar las esposas, pero que finalmente fue
capturado por violencia contra servidor público. Anotó que, en la parte trasera del
bus, se encontraba un grupo de personas que “lanzaban palabras soeces contras
los policiales” y que, dentro del grupo de pasajeros, estaba “una señora que grababa
el procedimiento”, quien -según afirmó-, intentó agredir al policía con la cámara que
grababa para que le “mostrara bien la cara”. Por ese hecho, manifestó que la
ciudadana fue conducida al CAI Esmeralda para imponerle un comparendo.

85.1. En su declaración, Bonilla López narró lo sucedido en el marco del
procedimiento de tránsito al que llegó, a partir del relató que escuchó de su
compañero “Ávila”. Al respecto, de la declaración se extrae lo siguiente: “(…)
posterior (sic) llamo al señor patrullero de tránsito que resultó agredido, quien me
manifestó que era de apellido Ávila, que él iba por la avenida 26 cuando observa a
este conductor de la buseta realizando maniobras peligrosas, en donde se acerca y
lo ve que va hablando por celular, le hace el pare, le solicita la documentación,
posteriormente el señor accede y el compañero Ávila procede a realizarle la orden
de comparendo. El señor, según Ávila, se baja del vehículo y el compañero le dice

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que firme el comparendo, el señor le vota (sic) la comparendera y el lápiz, él
nuevamente lo recoge (…) y ya comienza la agresión por parte de los señores al
compañero, y es cuando yo voy pasando y me doy cuenta que estas personas se
encontraban agrediendo al compañero”.

86. A partir del examen integral de las declaraciones, es claro para la Sala que, la
versión de los ciudadanos José Santos Ruíz Rincón y Cristián Camilo Bernal Rincón
coincide, en lo sustancial, con las declaraciones de los testigos que, estando en el
lugar de los hechos, percibieron cómo el patrullero Eduar Yesid Ávila Sanabria los
agredía físicamente, como en efecto se aprecia en el video cuya autenticidad
cuestiona el recurrente, en donde se observa que el prenombrado policía -sin
advertirse una agresión física previa- le propina un “cabezazo” al señor Ruiz Rincón,
a quien vuelve a agredir segundos después, así como a su hijastro.

87. Nótese que, en la misma versión del patrullero Fabio Novoa Hernández, quien
en ese momento adelantaba el procedimiento con el ahora demandante, se dijo que,
en medio de la exaltación, éste último realizó un movimiento con la cabeza que no
“fue claro” para él, seguido de lo cual escuchó el grito del ciudadano manifestando
que el policía lo había agredido físicamente. Además, explicó que, con posterioridad
al primer evento de exaltación, observó al patrullero Ávila caer porque, según le dijo,
uno de los ciudadanos (sin indicar cuál) le había pegado una patada.

88. Del relato de Novoa Hernández se extrae, con claridad meridiana, que la
supuesta agresión por parte de los ciudadanos obedeció a un evento posterior al
primer momento de exaltación entre Ávila Sanabria y el ciudadano Ruiz Rincón,
producto del cual -se insiste- él mismo percibió un movimiento con la cabeza de su
compañero que no fue claro, pero que derivó en el malestar del conductor.

89. Esta versión puede ser confrontada con la de los patrulleros Jorge Arialdo
Bonilla López y Carlos Fernando Gómez Rodríguez, quienes llegaron cuando ya se
había iniciado el procedimiento y desencadenado la discusión. Así las cosas, fueron
enfáticos en advertir que, al llegar, vieron cómo uno de los ciudadanos le propinaba
una “patada en la cara” al patrullero Ávila. Sin embargo, no dieron cuenta de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dicha confrontación ocurrió, al punto
que, el mismo Bonilla López sostuvo en su declaración que supo de los hechos
acaecidos a partir de lo que el patrullero Ávila le manifestó.

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90. Tales consideraciones también fueron tenidas en cuenta por el operador
disciplinario, y por el Tribunal de instancia, en la medida en que ambos coincidieron
en que, contrario a lo sostenido por el demandante, las declaraciones de Bonilla
López y Gómez Rodríguez sí fueron valoradas en conjunto con las demás pruebas,
pero no con el mismo grado de convicción, dadas las debilidades de su relato.

91. Sumado a las razones que anteceden, no es de recibo para esta Sala el
argumento según el cual el A-quo incurrió en apreciaciones subjetivas violatorias
del debido proceso, al sostener que, el número de placa identificativa del actor que
reposa en las minutas de vigilancia (87918), guarda correspondencia con la que se
alcanzó a observar en el video (7918) que fue valorado. Lo anterior teniendo en
cuenta que, esa ausencia de extrema identidad que reclama el apelante, no se erige
como una contradicción esencial, sino como una circunstancia periférica que, en
todo caso, termina siendo corroborada por los datos que suministran otras pruebas,
máxime, si ha sido el mismo actor el que reconoció que estuvo involucrado en los
hechos que originaron la investigación disciplinaria y, en gracia de discusión, fue
también identificado por los testigos y el patrullero que lo acompañaba.

92. Tampoco tiene vocación de prosperidad el cuestionamiento relativo al “análisis
individual y mínimo” de los exámenes médicos legales emitidos por el Instituto
Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, toda vez que, en criterio del actor,
no se señaló la forma en la que los hallazgos fueron causados en su cuerpo.

92.1. El punto en controversia merece dos observaciones de la Sala: (i) el informe61
aportado con la demanda, que en su momento se integró al expediente disciplinario,
no revela las causas del hallazgo, ni para dicho propósito el actor aportó una prueba
adicional, si lo que pretendía era demostrar un hecho que tuviera la suficiencia de
excluir la responsabilidad disciplinaria, o de desacreditar la falta endilgada; y (ii) sin
perjuicio de lo anterior, tampoco se explican las razones por las cuales esa prueba,
incluso valorada en conjunto con las demás, conduciría a una conclusión distinta.

93. Vistas así las cosas, los motivos de inconformidad del apelante, relacionados
con “el vicio de legalidad” del video, los “hechos parcializados” que éste medio
refleja, o la falta de valoración de otros elementos de juicio, no logran enervar la

61
Valorado como una prueba documental y no como una prueba pericial.

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fuerza persuasiva de la que goza al ser valorado integral y conjuntamente con los
demás medios de convicción, los cuales conducen a un grado de verosimilitud
suficiente que permite a esta Sala -y que permitió en su momento al operador
disciplinario- concluir que los hechos materia de investigación ocurrieron, y que los
elementos configurativos de la falta endilgada, prevista en el artículo 35, numeral 2,
de la Ley 1015 de 2006, consistente en “agredir o someter a malos tratos al público,
superiores, subalternos o compañeros”, y atribuida a título de dolo, se encuentran
configurados, circunstancia de la que se desprende la imposición de la sanción.

94. No pasa inadvertido que, a juicio de esta Sala, en el marco de la actuación
disciplinaria se observaron todas las garantías del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción, en la medida en que el disciplinado -como quedó probado-
fue notificado en debida forma de las actuaciones, tuvo la oportunidad de rendir su
versión libre, presentar descargos, actuar a través de su apoderado de confianza,
aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusión, interponer recursos, proponer
nulidades, participar activamente en las audiencias, entre otras manifestaciones que
se inscriben en el núcleo esencial de esta garantía iusfundamental.

95. En este punto, conviene anotar que, desde el Veinticinco (25) de junio de Dos
Mil Diecinueve (2019), se le corrió traslado al demandante, y a su otrora apoderado,
del video objeto de debate 62 . En las actuaciones disciplinarias subsiguientes,
adelantadas por la Procuraduría Distrital, no se aportó ninguna prueba técnica
encaminada a controvertir su autenticidad, o tendiente a demostrar, según lo
manifestó, que su contenido había sido alterado o que develaba hechos inexactos.

96. Por último, en el recurso de apelación se mencionó que el demandante adelantó
todo el procedimiento en debida forma, con apego a la Constitución y a la ley, y que
hizo uso de la fuerza “para evitar afectaciones en contra de su vida e integridad
física”. Del anterior aserto, entiende la Sala que, el actor insiste en la causal de
exclusión de responsabilidad disciplinaria que fue invocada, correspondiente a la
del artículo 28, numeral 4º, de la Ley 734 de 2002, la cual cobija a quien realice la
conducta “por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento
del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.”

62
Índice 00002 del expediente que reposa en el Samai, Archivo 5ED_CORREO_RV_RemisionExp202400(.eml) Nro.Actua 2,
Link “OneDrive”, Carpeta “Expediente disciplinario”, Cuaderno 1(101-200), pág. 107.

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Demandante: Eduar Yesid Ávila Sanabria
Demandada: Nación – Procuraduría General y otros

97. Frente a este punto de la discusión, la Sala comparte las apreciaciones del
operador disciplinario, ratificadas por el A-quo, en el entendido que, de acuerdo con
lo probado en el proceso, el uso de la fuerza no se enmarcó en los principios de
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, pues: (i) no existió una
agresión inicial -ilegítima y antijurídica- por parte del ciudadano involucrado, que
pusiera en peligro el bien jurídico individual del actor; (ii) la agresión primigenia del
demandante (cabezazo con el casco) no se concibe como una defensa necesaria
para impedir un ataque actual o inminente; (iii) la actuación del agente fue
desproporcionada, máxime si, con arreglo a las pruebas valoradas, se tiene que
quien inició el ataque fue el demandante, sin recurrir antes a otros medios
disuasorios; y (iv) en todo caso, la agresión verbal que pudo existir entre ambos, no
se erigía como una causa justificante para el uso de la fuerza, mucho menos si con
ella se generaba una afectación intensa a la integridad física de las personas.

2.6.1. Elementos mínimos sustanciales que sustentan la sanción disciplinaria.

98. Finalmente, actuando como juez de control de legalidad de los actos
administrativos, y como garante de los derechos de las partes del proceso
disciplinario, esta Sala concluirá con el análisis integral de los elementos
sustanciales que sustenta las decisiones disciplinarias adoptadas por la entidad
demandada.

99. Ilicitud sustancial, existencia del deber funcional vulnerado. En su
condición de patrullero de la Policía Nacional, adscrito a la seccional de tránsito y
transporte de Bogotá, el señor Eduar Yesid Ávila Sanabria estaba obligado a actuar
con respeto, moderación e imparcialidad, ejercer sus funciones con estricta sujeción
a los fines del servicio, y abstenerse de utilizar la fuerza con desconocimiento de los
principios de necesidad, adecuación proporcionalidad y razonabilidad. Estos
deberes se derivan tanto del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, como del régimen
especial de la Policía Nacional (Ley 1015 de 2006), que exige un estándar reforzado
de conducta que se entiende ínsita en la función de mantenimiento del orden público
que le asiste a la fuerza pública, como es el caso de la Policía Nacional.

100. Conducta desplegada: Agredir o someter a malos tratos al público. De
acuerdo con las pruebas que fueron valoradas conjunta y razonadamente, el
disciplinado, mientras adelantaba una actividad de policía de tránsito el Siete (7) de

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junio de Dos Mil Diecinueve (2019), agredió físicamente a los señores José Santos
Ruíz Rincón y Cristián Camilo Bernal Rincón. Esta conducta no corresponde al
ejercicio legítimo de la función policial, sino a hechos ajenos al servicio.

101. Adecuación típica y principio de legalidad: Correspondencia entre los
hechos y el tipo disciplinario. En la sentencia del Doce (12) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026) 63 , esta Sala de Subsección recordó que, la tipicidad es una
categoría dogmática que encuentra su razón de ser en el principio de legalidad
como expresión del debido proceso. Así, para determinar si un comportamiento
constituye falta gravísima, grave o leve, debe realizarse un proceso de adecuación
típica a través de la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción
entre la descripción legal y la efectivamente desplegada por el sujeto.

101.1. Dicho lo anterior, es dable sostener que, la conducta relacionada en
precedencia encuadra en el tipo aplicado por el operador disciplinario, esto es, la
falta (grave) prevista en el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1015 de 2006,
consistente en “agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos
o compañeros”, la cual, le fue atribuida a título de dolo. En el caso objeto de estudio,
la conducta no consistió en una simple respuesta a una agresión primigenia por
parte de los ciudadanos, como equivocadamente se alegó, sino, en una verdadera
agresión que no se enmarca en los principios y deberes que guían la función policial.

101.2. Siendo así, se evidencia una correspondencia plena entre los hechos
probados y el tipo disciplinario aplicado. Además, se observa que, el operador
disciplinario explicó con suficiencia las razones por las cuales la conducta del
disciplinado se subsume en el tipo de la referencia, motivo por el cual, no se aprecia
una indebida adecuación típica, o el desconocimiento del principio de legalidad.

102. Desestimación de los argumentos del apelante. Aunado a lo expuesto, esta
Sala reitera que, los actos disciplinarios objeto de control, no develan deficiencias
en la valoración de las pruebas, ni tampoco se demostró que, en el marco de la
actuación disciplinaria, se desconocieran las garantías del debido proceso.

103. Con todo, la Sala concluye que, la presunción de legalidad de los actos

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).

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administrativos enjuiciados permanece incólume, en tanto y en cuanto no se
acreditó la vulneración del debido proceso, ni del derecho de defensa, del señor
Eduar Yesid Ávila Sanabria. Ello es así, por cuanto la actuación disciplinaria se
adelantó con estricta observancia de las disposiciones de la Ley 1015 de 2006, la
Ley 734 de 2002, y las garantías superiores que le asisten al disciplinado, lo que se
concretó en la adopción de decisiones disciplinarias debidamente motivadas y
fundadas en un acervo probatorio suficiente, valorado conjunta, armónica, razonada
e integralmente a la luz de las reglas de la sana crítica.

104. En tal virtud, se confirmará la sentencia apelada, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

2.7. Condena en costas.

105. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del veinticuatro (24) de abril de dos mil
veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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