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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2023-00127-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2023-00127-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 55 Número Interno: 6097-2024 Demandante: Wilder Arias Maturana Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2023-00127-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 66001-23-33-000-2023-00127-01 (6097-2024)1
Demandante: Wilder Arias Maturana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad de los fallos disciplinarios del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), expedido por la Inspección Delegada
Región Nº 3 de la Policía Nacional, y del veinte (20) de enero de dos mil veintidós
(2022), proferido por la Inspección General de la Policía Nacional – Área de Asuntos

1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Índices 00002 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 6097-2024
Demandante: Wilder Arias Maturana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Internos, mediante el cual se confirmó la decisión primigenia, que impuso la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) el reintegro al grado que
ostentaran los “compañeros de curso” al momento de proferirse la sentencia; (ii) el
reconocimiento, liquidación y pago de los salarios y haberes dejados de percibir,
entre ellos, primas, vacaciones, bonificaciones y demás emolumentos, con los
respectivos incrementos legales, desde la fecha del retiro del servicio, hasta el pago
efectivo de las sumas reclamadas; (iii) la indemnización del perjuicio causado (sic)
por la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes; y (iv) la
actualización de las sumas con base en el índice de precios al consumidor.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que el señor Wilder Arias Maturana ingresó al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional el catorce (14) de enero de dos mil ocho (2008) y que ostentó el cargo de
patrullero desde el primero (1º) de julio de la referida anualidad.

4. Señaló que en el año dos mil veinte (2020) el señor Arias Maturana se encontraba
laborando en la subestación de policía del corregimiento de Santa Cecilia y que, por
hechos acaecidos el diecisiete (17) de enero de ese año, la entidad inició una
investigación disciplinaria. Dichos hechos estuvieron relacionados con la presunta
ingesta de bebidas embriagantes, tanto al interior de la subestación, como en un
establecimiento comercial ubicado a las afueras del corregimiento en mención.

5. Mediante el fallo disciplinario de primera instancia, de fecha treinta y uno (31) de
mayo de dos mil veintiuno (2021), expedido por la Inspección Delegada Región Nº
3 de la Policía Nacional, el demandante fue sancionado con el correctivo de
destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años, al encontrarse
acreditada la falta gravísima contenida en el artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015
de 2006, consistente en “consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias
que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio”, calificada a título de dolo.

6. El acto sancionatorio antes relacionado fue apelado y, por medio del fallo

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Índices 00002 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 6097-2024
Demandante: Wilder Arias Maturana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

disciplinario de segunda instancia, del veinte (20) de enero de dos mil veintidós
(2022), notificado el siete (7) de junio de ese año, proferido por la Inspección
General de la Policía Nacional – Área de Asuntos Internos, se confirmó la sanción.

1.3. Concepto de la violación4.

7. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados violan el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 9º, 21, 140, 142 y
143 de la Ley 734 de 2002; los artículos 188 y 221 del Código General del Proceso;
el artículo 15 de la Ley 906 de 2004; y el artículo 1613 del Código Civil.

8. Explicó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 734 del
2002, toda duda razonable debe resolverse a favor del proceso, circunstancia que
no se observó en el caso de autos, comoquiera que, en criterio de los operadores
disciplinarios, los medios de prueba valorados ofrecían certeza sobre los hechos
investigados. A su juicio, las declaraciones que se tuvieron en cuenta, entre ellas,
la del mayor Ronal Alberto Serrano, el subteniente Jhonatan Ortiz Bustamante y el
intendente Wilman Castañeda Ceballos, no constituían prueba para demostrar que
el disciplinado se encontraba “bajo el efecto de bebidas embriagantes durante el servicio”.

9. Advirtió que, en el marco de la actuación disciplinaria, para sancionar por la falta
gravísima que le fue endilgada al actor, esto es, la prevista en el artículo 34, numeral
26, de la Ley 1015 de 2006, debía practicarse una “prueba científica”, correspondiente
a la de alcoholemia, y someterse a contradicción las declaraciones rendidas. Sobre
este último punto, puso de presente que el disciplinado no participó en la práctica
de las declaraciones que fundamentaron los fallos disciplinarios, situación que
entraña una irregularidad sustancial que vulnera el derecho al debido proceso.

10. Así las cosas, precisó que se trató de una prueba sumaria, al no haberse
sometido a contradicción por parte del disciplinado, o de su defensor. En sus
términos, tales declaraciones “no fueron sometidas a contradicción, es decir, no fueron
practicadas en presencia del investigado o en presencia de su defensor, para que pudiese participar
de la práctica, para que pudiese interrogar al declarante, para que pudiese impugnar la credibilidad
del declarante y observar su conducta en audiencia, por tales razones son pruebas sumarias (…) ”.

Con ello, aseveró que, en el asunto de marras, las declaraciones antes referidas no

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Índices 00002 y 00009 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Wilder Arias Maturana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

debieron considerarse para fundamentar los actos sancionatorios.

1.4. La contestación de la demanda5.

11. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que la actuación
disciplinaria adelantada contra el señor Arias Maturana goza de plena legalidad, y
se encuentra sustentada en el material probatorio incorporado al expediente,
elementos de juicio que fueron recaudados de acuerdo con el artículo 128 de la Ley
734 de 2002. Expuso que, para la expedición de los actos acusados, se respetó el
debido proceso y, en adición, “se cumplieron todos los presupuestos necesarios para endilgar
responsabilidad, en el entendido que las pruebas recaudadas dan cuenta de la ocurrencia de una
falta y de igual manera contenían información que comprometía la responsabilidad del disciplinado ”.

12. Anotó que, durante el curso de la investigación, el actor y su apoderado pudieron
solicitar la práctica de pruebas, incluidas las testimoniales y que, en la etapa de
juicio, el disciplinado pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción. Resaltó
que, en esta última, el apoderado del disciplinado adujo que “no existía cuestionamiento
alguno de la actividad que se encontraba desempeñando los señores subteniente Andrés Sánchez
Mayorga y patrullero Wilder Arias Maturana, la tarde del 17 de enero de 2020 como fecha en que
ocurrieron los hechos, del caso precisar (sic) que se encontraban realizando actividades recreo (sic)
con el personal que se encontraba disponible, atendiendo así a lo dispuesto en la Resolución 01360
del 8 de abril de 2016 – Manual de bienestar y calidad para el personal de la Policía Nacional ”.

13. Puntualizó que los falladores disciplinarios identificaron que los testimonios
fueron congruentes y que, en general, los medios de convicción valorados daban
cuenta que el demandante se encontraba con otros integrantes de la patrulla de
vigilancia y demás funcionarios de la subestación de Policía en un establecimiento
denominado “las piscinas”, lugar al que llegó el comandante de estación, pudiendo
verificar que los policiales se encontraban bajo el efecto de bebidas embriagantes,
como se hizo constar en el informe de novedad. Del estado del actor también dieron
cuenta los testigos Ronal Alberto Serrano y Wilman Alfonso Castañeda. Alegó que,
aunque los disciplinados manifestaron que se encontraban realizando una actividad
recreo-deportiva, dicha justificación no les permitía el consumo de bebidas con
alcohol, máxime, si se encontraban en servicio para el momento de los hechos.

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Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Wilder Arias Maturana
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

14. Frente al reproche relacionado con la ausencia de la prueba de alcoholemia,
hizo hincapié en que la misma no está tarifada, por lo que le era dable a las
autoridades valerse de otros medios de convicción que ofrecieran certeza de los
hechos materia de investigación, “sin que sea indispensable un examen de laboratorio”.
Agregó que, con el actuar del señor Arias Maturana, no sólo se afectó el buen
servicio y el deber funcional que le asistía como miembro de la Policía Nacional,
sino que además “pusieron en riesgo su propia integridad física, siendo blanco fácil de los grupos
al margen de la ley al encontrarse en un establecimiento público en estado vulnerable ”.

15. Reiteró que el proceso disciplinario se desarrolló con estricta observancia del
debido proceso y de las reglas propias de dicha actuación, y que además la decisión
se sustentó “en la prueba fehaciente de la conducta cometida y de la responsabilidad disciplinaria
en cabeza del sancionado”, por lo que no consideró factible reabrir la etapa de juicio y

la valoración probatoria “como si se trata de una tercera instancia disciplinaria”. Al respecto,
destacó que el control jurisdiccional realizado a la actuación disciplinaria no puede
convertirse en una instancia adicional, motivo por el cual, una vez establecido -por
el juez- que el procedimiento se ajustó al ordenamiento superior, y que se llevó a
cabo con el pleno conocimiento del derecho de defensa y contradicción, no cabe
más que declarar la legalidad de los actos administrativos demandados.

16. Finalmente, la entidad demandada no formuló medio exceptivo alguno.

1.5. La sentencia de primera instancia6.

17. Mediante la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro
(2024), el Tribunal Administrativo de Risaralda7, Sala Cuarta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Al respecto, dispuso:

“1. Se niegan las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, realícense en el sistema de registro SAMAI las anotaciones
de rigor, y archívese el expediente”.

18. En criterio del Tribunal, no se evidenciaron errores en la apreciación y valoración
probatoria efectuada por los operadores disciplinarios, originados, en los términos
de la parte actora, en la fuerza persuasiva que se le restó a las declaraciones que

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Índice 00044 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Conformada por los magistrados Leonardo Rodríguez Arango, Dufay Carvajal Castañeda y Juan Carlos Hincapié Mejía.

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apuntaban a que el señor Arias Maturana no se encontraba bajo el efecto de
bebidas embriagantes. Para el juez de primer grado, las autoridades disciplinarias
especificaron las razones para atribuirle mayor credibilidad a los elementos que
“condujeron a una concepción racional de encontrar probados los hechos que tipificaron la conducta
reprochada disciplinariamente”. A su juicio, la forma en la que se hilaron los argumentos

fácticos y jurídicos no admiten criterio alguno de corrección, pues, el hecho de que
los dichos de unos uniformados se hubieren recaudado en “sede preliminar”, no anula
la posibilidad de que tales declaraciones fueran tenidas en cuenta, máxime si al
disciplinado se le permitió ejercer el derecho de defensa y contradicción, “ incluyendo
el debate de las pruebas que se encontraban ya recogidas en el plenario administrativo ”.

19. Sobre el particular, al acudir a la relación de las pruebas, el A-quo encontró
acreditado que las declaraciones del mayor Ronal Serrano, el subteniente Jhonatan
Ortiz y el intendente Wilman Castañeda Ceballos, coincidieron en el estado en el
que se encontraban los señores Wilder Arias Maturana y Carlos Andrés Sánchez
Mayorga, evidenciando “dificultad al caminar y hablar, halitosis de aliento alcohólico, ojos
enrojecidos”, así como, latas de cerveza en el lugar de los hechos, entre otros, los

cuales se encuentran asociados a la ingesta de bebidas embriagantes.

20. Aunado a lo expuesto, detalló que en el proceso disciplinario se observaron las
garantías del debido proceso, específicamente, en materia probatoria, comoquiera
que se respetaron las oportunidades correspondientes para aportar y controvertir
pruebas, y para ejercer el derecho de defensa y contradicción. Además,
considerando que se les otorgó razonadamente valor a los medios de prueba.
Frente al particular, adujo que los elementos valorados daban certeza de la
ocurrencia de los hechos, “y no se evidenció que la prueba valorada generara duda que debiera
ser resuelta en favor del encartado”. Hizo énfasis en que las narraciones de los testigos

no fueron “atacadas eficazmente en su consistencia y coherencia, al margen que se pueda
pretender, exigirse para su validez que se hayan recogido en una fase posterior del procedimiento ”.

21. En relación con la alegada vulneración del debido proceso por haberse omitido
la práctica de la prueba de alcoholemia, señaló, con fundamento en antecedentes
del Consejo de Estado, que la prueba en mención no es el único medio de
convicción para demostrar una conducta reprochable desde el punto disciplinario
relacionado con el consumo de bebidas embriagantes, puesto que se ha aceptado
como medios de prueba: la historia clínica, la prueba de embriaguez, el examen

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Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

clínico y los testimonios de terceros, entre otras cosas, porque si el investigado se
rehúsa a realizarse la prueba, no podría tipificarse la conducta reprochada. Con ello,
aseveró que el examen de alcoholemia no es el único medio probatorio para
demostrar la falta prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006,
habida cuenta que ésta puede acreditarse mediante el testimonio de terceros, razón
por la cual, no puede admitirse que se afirme que los actos administrativos se
expidieron en forma irregular por no contar con esa prueba específica.

1.6. El recurso de apelación8.

22. Mediante memorial del nueve (9) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024),
el apoderado de la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda. Para el efecto, afirmó que la
sanción se sustentó en una prueba inexistente, en la medida en que, según adujo,
las declaraciones que le sirvieron de base al operador no fueron sometidas a
contradicción y, en adición, porque se debió practicar la prueba de alcoholemia,
siendo esta el único medio para acreditar la falta endilgada. Así las cosas, alegó el
desconocimiento de los artículos 21, 128 y 140 de la Ley 734 de 2002, así como, la
presunta inobservancia del principio de necesidad de la prueba -para sancionar-.

23. Anotó que las declaraciones del mayor Ronal Serrano, el subteniente Jhonatan
Ortiz y el intendente Wilman Castañeda Ceballos, no tienen valor probatorio, habida
cuenta que, aunque fueron incorporadas al proceso, los declarantes no ratificaron
sus dichos en la actuación, por lo cual, eran pruebas inexistentes. Agregó que,
inclusive, el ahora demandante colaboró con la investigación para la realización de
la prueba de toxicología, examen que finalmente no se tuvo en cuenta.

24. Concluyó que al disciplinado se le vulneró el derecho de defensa y contradicción,
pues, los correctivos disciplinarios se tomaron sobre la base de “unas declaraciones las
cuales los declarantes no se ratificaron en sus dichos, y no se practicó la prueba de alcoholemia la
cual determinaría sí o no el estado de embriaguez del demandante (sic) ”. En tal virtud, insistió

en no se logró demostrar, más allá de toda duda, que el señor Arias Maturana se
encontrara bajo los efectos de bebidas embriagantes durante el servicio.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

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Índices 00049 y 00050 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

25. Mediante el auto del diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025) 9 , el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia. Más adelante, mediante el auto del primero (1º) de junio de dos mil
veintiséis (2026)10, el consejero ponente decretó de pruebas de oficio al evidenciar
que distintas declaraciones que fueron relacionadas en el expediente disciplinario
no reposaban en el dossier procesal. En esa medida, requirió a la entidad
demandada para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación del proveído, allegara el expediente disciplinario, tramitado con el Rad.
REGI3-2021-2, completo y legible, con inclusión de todas las grabaciones de los
testimonios, entre ellos, de los señores Dairo Mosquera Coocio, Jesús Edelio García
Quenud, Yeiver Andrés Gutiérrez Ocampo y Julián Andrés Mosquera Córdoba.

26. La entidad accionada, a través del memorial del ocho (8) de julio de dos mil
veintiséis (2026)11, dio cumplimiento a la orden al remitir la totalidad de las piezas
faltantes que fueron requeridas. Luego, por medio del auto del veintidós (22) de julio
del año en cita12, el despacho sustanciador ordenó continuar con el trámite, para lo
cual se surtió el traslado de rigor y, una vez fenecido el término, el proceso ingresó
al despacho para fallo, sin concepto del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

27. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 13 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse

9
Índice 00005 del expediente que reposa en el Samai.
10
Índice 00011 del expediente que reposa en el Samai.
11
Índice 00020 del expediente que reposa en el Samai.
12
Índice 00025 del expediente que reposa en el Samai.
13
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

28. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿Los fallos disciplinarios develan errores en el recaudo y la valoración
probatoria, al haberse sancionado al señor Wilder Arias Maturana con
fundamento en declaraciones que no fueron sometidas a contradicción, y
pretermitiéndose la práctica de la prueba de alcoholemia?
(ii) ¿En el marco de la actuación disciplinaria se desconocieron las garantías
del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción del actor?
(iii) ¿De acuerdo con las pruebas incorporadas, se encuentran configurados
los elementos estructurantes de la responsabilidad disciplinaria?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

29. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por
las personerías distritales, municipales o las oficinas de control interno disciplinario.

30. La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso; sin embargo,
los artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo, cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190
de 1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera que sea el acto que dé
inicio a la acción disciplinaria, en un primer momento se abre una indagación
preliminar, la cual, tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta y determinar
si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal
de exclusión de la responsabilidad.

31. Cuando la información recibida permita la identificación del autor o los autores
de la falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación con la finalidad de:
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta,
esclarecer los motivos determinantes, establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, identificar los perjuicios causados a la administración y establecer la
responsabilidad del disciplinado. En este punto, puede dictar auto de cierre de la

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investigación por vencimiento de términos, o acudir al proveído de decreto de
pruebas para formular cargos. En el segundo evento, se puede dar por terminada
la actuación -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, formular cargos -artículo
175 ídem-, o remitir por competencia.

32. En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal
decisión debe reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle
objetivamente demostrada la falta y que se cuente con pruebas que comprometan
la responsabilidad del investigado 14 . Igualmente, debe cumplir los siguientes
requisitos formales: descripción y determinación de la conducta investigada con
indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de
la conducta; normas violadas y concepto de violación; identificación del autor o
autores de la falta; análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados;
exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad o
levedad de la falta, clasificadas en gravísimas, graves y leves; forma de culpabilidad,
ya sea a título de dolo, culpa gravísima o grave.

33. Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar
sus descargos para garantizar su debido proceso, así como la materialización del
derecho de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa. En esta
misma etapa, el imputado puede proponer nulidades, controvertir, solicitar o aportar
pruebas. Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de
conclusión, por el término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de
acuerdo con lo establecido en el inciso 5º del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.

34. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva
autoridad disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser
absolutorio o sancionatorio. De cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las
exigencias previas en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión en
cita, procede el recurso de apelación ante el superior.

2.3.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

35. La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 216, que la fuerza

14
Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos cuando este
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión
no procede recurso alguno.

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pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La misma
Carta define a la institución policial como un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, cuyo fin fundamental es la conservación del ejercicio de los
derechos y libertades de los habitantes en el territorio nacional. En línea con lo
expuesto, el artículo 218 ibidem facultó al legislador para determinar los regímenes
disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.

36. En virtud de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 1015 de 2006, por medio de
la cual, fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y, en el artículo 23,
estableció que son destinatarios: “(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares
de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo” . A su turno, el artículo 58

ejusdem precisa que, el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen
disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002.

37. En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, aplicarán dicha normativa en el
ámbito sustancial, y la Ley 734 de 2002 en el campo procedimental y dogmático o,
según el caso, la Ley 1952 de 2019, mediante la cual, se modificó la anterior, y que
entró en vigor a partir del veintinueve (29) de marzo del dos mil veintidós (2022).

2.3.2. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.

38. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:

«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)

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El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

39. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»

40. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para preservar el orden jurídico en
abstracto, salvaguardar las finalidades de la función pública, así como, el interés
general, y garantizar la tutela judicial efectiva de la persona sancionada, siendo un
postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Esta postura, relativa al control integral, ha sido reiteradamente adoptada por la
Sección Segunda de esta Corporación en diversos pronunciamientos, razón por la
cual, en el asunto bajo examen, la Sala también aplicará dicho control integral 15.

2.4. Hechos probados y recuento de la actuación disciplinaria.

41. De acuerdo con las pruebas que obran en el dossier procesal, la Sala acudirá al
recuento de las actuaciones surtidas en el marco del proceso disciplinario, así:

a) De acuerdo con el extracto de la hoja de vida expedido el once (11) de diciembre
de dos mil veintitrés (2023)16, el señor Wilder Arias Maturana ingresó como alumno
del nivel ejecutivo el catorce (14) de junio de dos mil ocho (2008), y, desde el primero
(1º) de julio de dos mil ocho (2008) ostentó un cargo del nivel ejecutivo (siendo el
último el de integrante patrulla de vigilancia), hasta el siete (7) de junio de dos mil
veintidós (2022), para un total de dieciséis (16) años, tres (3) meses y veintisiete
(27) días de servicio, con inclusión del tiempo de servicio militar.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
16
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 19 y siguientes.

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b) A través del auto del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020) 17 , el
Inspector Delegado de Región Nº 3 de la Policía abrió investigación preliminar en
contra de las personas por establecer, con el Rad. Nº P-REGI3-2020-1, por los
hechos que se pasan a consignar: “por medio de llamada telefónica recibida por el señor
mayor Ronal Alberto Serrano Jaimes, Comandante del Distrito II Apía, donde le indican que en el
corregimiento de Santa Cecilia en un balneario se encontraban un grupo de policías, entre ellos el
comandante de la Subestación de Policía, consumiendo bebidas embriagantes (sic) ”.

c) En la diligencia del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020)18, se recibió
la declaración del señor Rubén Darío Tabares Giraldo. En la misma fecha, se
recaudó la declaración del señor Edward Jiménez Nieto19. Por su parte, el dieciocho
(18) de enero20 de la misma anualidad, se recibió la declaración del señor Diego
Alejandro Rendón Jiménez, así como, la de los señores Ronal Alberto Serrano
Jaimes21 y Jhonatan Ortiz Bustamante22. A su turno, el diecinueve (19) de enero del
año en cita, declararon los señores Wilman Alonso Castañeda Ceballos 23, Jhon
Alexander Román Lasso 24 y Robertulio Carmona Mejía 25 .El conjunto de
declaraciones será valorado conjuntamente en el análisis del caso concreto.

d) Según la minuta de servicios, con las respectivas actas de cierre y apertura26, en
la que se lee, para la fecha del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020): “a
esta hora y fecha se deja constancia que sale el subteniente Sánchez Mayorga Carlos, Pt. Arias
Maturana Wilder (…) en traje de civil desconociendo hacia dónde se dirigen, minutos después
informa a mi IT Castañeda Ceballos Wilman sobre la salida de los señores policiales nombrados
anteriormente. Lo anterior como constancia y demás fines pertinentes(…) (19:20) A esta hora y fecha
se deja constancia en la minuta de guardia que por orden del señor comandante del distrito 2 de
policía, señor mayor Ronal Serrano, llega al corregimiento de Santa Cecilia con el fin de verificar la
información donde presuntamente algunos uniformados se encontraban consumiendo bebidas
embriagantes; al momento de llegar al corregimiento se ingresa al balneario “las piscinas” en donde

17
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 22 y siguientes.
18
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 22 y siguientes.
19
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NroActua 29, pág. 30 y siguientes.
20
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 28 y siguientes.
21
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 48 y siguientes.
22
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 132 y siguientes.
23
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 135 y siguientes.
24
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 137 y siguientes.
25
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 139 y siguientes.
26
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NroActua 29, pág. 32 y siguientes.

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se encuentra el señor Subteniente Sánchez Mayorga, AP Conrado Mena, AP Caro Bartolo, quienes
se encontraban en traje de civil compartiendo en la piscina, es de anotar que alrededor de la piscina
se encontraban varias latas de cerveza (lo cual consta en video). Se resalta dentro de la presente
anotación que al momento de ingresar al establecimiento los funcionarios ST Sánchez y PT Arias
Maturana emprenden la huida del lugar, a lo que el señor Sánchez es sorprendido y no logra escapar
del sitio, pero el señor PT Arias logra llegar a la subestación sin ser sorprendido según lo manifestado
por el señor (ilegible). Con el fin de verificar esta información se pasa revista de la minuta de guardia
en la cual reposa una anotación en el folio 301 y 302, en la cual consta que el señor PT Arias sale
en traje civil a las 16:00 horas con el ST Sánchez y los señores auxiliares sin informar el lugar para
donde se dirigían. Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la subestación de policía con
el fin de verificar el parte de personal de policía, el estado anímico y físico de los policías, momento
en el que el señor PT Arias no llegaba a la formación por lo cual se pasa revista al alojamiento en
donde se encontraba el señor patrullero bañándose, inmediatamente se pasa revista del estado físico
de todos los uniformados de la subestación de policía en donde se puede evidenciar por sus
comportamientos y olor alcohólico al parecer los funcionarios antes mencionados en la presente
anotación se encontraban en estado de embriaguez (sic)”.

e) En la misma minuta, se dejó consignada la anotación -para esa fecha- que se
pasa a relacionar: “(20:15) a esta hora y fecha se deja constancia que el señor Intendente Wilman
Castañeda Ceballos me informa vía telefónica que al parecer en horas de la tarde el señor
subteniente Carlos Andrés Sánchez Mayorga autoriza el ingreso de una caja de cerveza a la
subestación y que al parecer estarían consumiendo bebidas embriagantes al interior de la
subestación de policía de Santa Cecilia. De manera inmediata ordenó al señor Intendente Castañeda
desplazarse a la subestación de policía a verificar la información, encontrando 02 canastas de
cerveza vacías y cerca de la garita de seguridad delta tres, 24 botellas vacías tiradas en el suelo, de
manera inmediata pongo en conocimiento esta información al señor comandante de departamento
señor Coronel José Daniel Gualdrón Moreno donde ordena que el señor subteniente Jhonatan Ortiz,
comandante de la estación de policía de Pueblo Rico se desplace de manera inmediata al
corregimiento de Santa Cecilia al igual que el señor Ronal Serrano Jaimes, comandante de distrito ”.

f) En el Oficio Nº S-2020-002760-DERIS/COSEC-DISPO2 del dieciocho (18) de
enero de dos mil veinte (2020)27, el señor Ronal Alberto Serrano Jaimes, en calidad
de Comandante de Policía Nº 2 Apía, le informó al Coronel José Daniel Gualdrón
sobre la novedad, así: “respetuosamente me permito informar mi coronel la novedad ocurrida el
día de ayer 17/01/2020, siendo las 17:00 horas aproximadamente, cuando mediante llamada
telefónica el señor intendente Wilman Alonso Castañeda Ceballos, subcomandante de la estación
de Policía de Santa Cecilia (Pueblo Rico), quien se encontraba de servicio en el casco urbano de la
jurisdicción junto con otros uniformados y que tuvo conocimiento que en horas de la tarde, el señor
subteniente Carlos Andrés Sánchez Mayorga, comandante de la misma unidad, había autorizado a

27
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 50 y siguientes.

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un personal subalterno para que ingresara a las instalaciones policiales una canasta de cerveza, la
cual, al parecer, fue ingerida por éste y cuatro uniformados más, entre ellos el patrullero Wilder Arias
Maturana y los auxiliares de policía Yesid Ferney Galeano Mena, Nelson Andrés Conrado Mena y
Elkin de Jesús Caro Bartolo. De manera inmediata le ordeno al señor intendente Wilman Alonso
Castañeda Ceballos que se traslade hasta las instalaciones de la subestación y corrobore lo
informado debiendo recaudar evidencia de lo manifestado como soporte. Posteriormente, este
uniformado se comunica nuevamente conmigo a través de la línea telefónica y me expresa que
efectivamente al interior de las instalaciones y junto a la garita de seguridad “Delta 3” observó 24
botellas de este producto vacías y en la sala de televisión igualmente observa dos canastas de
cerveza vacías. Agrega este policial que al revisar la minuta de guardia de la unidad, observa que el
jefe de información y seguridad de instalaciones en turno había radicado la respectiva anotación de
salida del señor subteniente Carlos Sánchez, junto con el señor patrullero y dos auxiliares de policía
en traje de civil, desconociendo el lugar de destino (…)”.

g) Por medio del Oficio DISPO-ESTPO-29.57 del dieciocho (18) de enero de dos
mil veinte (2020)28, el señor Jhonatan Ortiz Bustamante, en calidad de comandante
de la estación de policía de Pueblo Rico (Departamento de Risaralda), dirigió al
coronel José Daniel Gualdrón el informe de novedad en la subestación, así:

h) En las actas (COSEC-DISPO-2) que reposan en el plenario29, se relacionan las
instrucciones impartidas al personal policial adscrito al distrito dos (2), así como, las

28
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 183 y siguientes.
29
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 50 y siguientes.

16

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consideraciones relativas al proceso de integridad y rectitud policial:

i) Mediante el auto del veinticuatro (24) de enero de dos mil veinte (2020) 30, se
vinculó a la indagación preliminar al subteniente Carlos Andrés Sánchez Mayorga,
al patrullero Wilder Arias Maturana, y a los auxiliares de policía Nelson Andrés
Conrado Mena y Elquin de Jesús Caro Bartolo, quienes fueron debidamente
notificados. Obra igualmente el poder conferido por el actor a su defensor.

j) Por medio del auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) 31, el
operador disciplinario resolvió la solicitud de práctica de pruebas elevada por el
apoderado de los investigados, en el sentido de acceder a algunas testimoniales;
negar la prueba consistente en oficiar a las dependencias competentes a efectos de
remitir copia de la Resolución 01360 – “Manual de bienestar y calidad de vida para el personal
de la Policía Nacional”; y ordenar, de oficio, la prueba trasladada de la investigación

penal S-2135 adelantada en la jurisdicción penal militar contra los disciplinados.

k) En el informe del investigador de campo FPJ-11 dirigido al Juez 159 de
Instrucción Penal Militar 32 , se dejó constancia de las siguientes actividades:
desplazamiento hasta el Hospital Universitario San Jorge en el municipio de Pereira;
verificación del embalaje y rotulado de los elementos materiales probatorios y
evidencia física; y la visita a las dependencias del Instituto Nacional de Medicina

30
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 171 y siguientes.
31
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 334 y siguientes.
32
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 367 y siguientes.

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Legal y Ciencias Forenses, de la cual se plasmaron algunos resultados:

l) Con la prueba trasladada de la investigación penal S-2135 adelantada por el
Juzgado 159 de Instrucción Penal Militar 33 , se allegó al proceso disciplinario el
informe pericial de toxicología forense N.º DROCC-LTOF-0000222-2020, realizado
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que quedaron
consignados los resultados de la prueba practicada al señor Arias Maturana, así:

m) De acuerdo con la diligencia de indagatoria ante el Juzgado 159 de Instrucción
Penal Militar34, rendida por el señor Wilder Arias Maturana el once (11) de junio de

33
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 371 y siguientes.
34
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 394 y siguientes.

18

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dos mil veinte (2020), se le imputaron a aquél los delitos de desobediencia (artículo
96 de la Ley 1407 de 2010) y de abandono del puesto (artículo 105 ibidem), frente
a los cuales el investigado -ahora demandante- no aceptó los cargos.

n) El veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020)35, la Inspección Delegada
de la Región de Policía N.º 3 recibió los testimonios del señor Julián Andrés
Mosquera Córdoba, Dairo Mosquera Coocio y Yeivier Andrés Gutiérrez Ocampo.

o) Mediante auto del siete (7) de enero de dos mil veintiuno (2021) 36, el operador
disciplinario declaró la terminación del procedimiento respecto de los señores Yesid
Ferney Galeano Medina, Elquin de Jesús Caro Bartolo y Nelson Andrés Conrrado
Mena; y, a su turno, dispuso la continuación del trámite disciplinario -bajo el
procedimiento verbal- con los señores Carlos Andrés Sánchez Mayorga y Wilder
Arias Maturana, quienes fueron citados a la audiencia de formulación de cargos.

p) El nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)37, se llevó a cabo la diligencia
en la cual el apoderado de los señores Sánchez Mayorga y Arias Maturana rindió
los respectivos descargos y formuló nulidades. El ocho (8) de marzo de la misma
anualidad38, se dio continuidad a la audiencia anterior, oportunidad en la cual se
resolvieron las nulidades formuladas y la solicitud de pruebas elevada.

q) El ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021)39, se practicaron los testimonios
de los señores Carlos Andrés Grisales Chisco y Yesid Ferney Galeano Mena. El
quince (15) de abril, por su parte, se recibió la declaración del señor Eleazar Vargas
Mena40. A su turno, el veintiuno (21) del mismo mes y año41, se practicó el testimonio
del señor Medardo Sánchez Bonilla. Posteriormente, el veintinueve (29) de abril, se
practicó el testimonio de Fernando Sánchez Bonilla 42 . El despacho disciplinario
decretó -de oficio- unas pruebas testimoniales y accedió a la solicitud probatoria

35
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 408 y siguientes.
36
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 418-465.
37
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 484 y siguientes.
38
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 489 y siguientes.
39
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 504 y siguientes.
40
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 519 y siguientes.
41
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 527 y siguientes.
42
Índice 00020 del Samai.

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elevada por el apoderado de los disciplinados, por lo que ordenó oficiar a la
seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pereira, a efectos
de remitir: copia de los libros de población y minutas de servicios de la seccional;
copia de los soportes documentales “donde conste o se registre el uso de elementos tales
como neveras, contenedores u otros dispuestos para conservar la cadena de frío de EMP y EF, por
los funcionarios adscritos al área de criminalística (…) y soportes que den cuenta del personal de
servicio responsable de la custodia o cuidado de dichos elementos para conservar la cadena de frío,
todo lo anterior para los días 18,19 y 20 de enero de 2020”; y los datos del funcionario a quien

se le habría realizado la entrega de los elementos a conservar en cadena de frío
para el período comprendido entre el dieciocho (18) y veinte (20) de enero.

r) Por medio del Oficio N.º GS-2021/SUBIN-GUCRI-3.1 del siete (7) de mayo de dos
mil veintiuno (2021)43, el jefe del grupo de investigación en criminalística SIJIN-
MEPER, dio respuesta al requerimiento efectuado por el operador disciplinario. Para
dicho propósito, la entidad: (i) aportó copia de algunos folios del libro de minuta del
servicio, correspondientes a los días dieciocho (18), diecinueve (19) y veinte (20) de
enero de dos mil veinte (2020); (ii) relacionó los equipos de refrigeración asignados
para la fecha objeto de consulta; (iii) e indicó que no se contaba con soportes físicos
que dieran cuenta del funcionario encargado de recibir los elementos de prueba.

s) El trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)44, el despacho practicó las
pruebas testimoniales decretadas, por lo que recibió las declaraciones del mayor
Ronal Alberto Serrano Jaimes y del subteniente Jhonatan Ortiz Bustamante. En la
misma diligencia, practicó las testimoniales del comisario José Alonso Palma
Valenzuela y del intendente (retirado) Carlos Alberto González López.

t) En la diligencia del veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 45, el
apoderado de los disciplinados presentó los respectivos alegatos de conclusión.

u) Mediante fallo de primera instancia expedido el treinta y uno (31) de mayo de dos
mil veintiuno (2021)46, la Inspección Delegada Región N.º 3 de Policía sancionó
disciplinariamente al patrullero Wilder Arias Maturana, por haber incurrido en la falta

43
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 537 y siguientes.
44
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 540 y siguientes.
45
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 545 y siguientes.
46
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 546 y siguientes.

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gravísima contemplada en el artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015 de 2006,
consistente “consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan
dependencia física o psíquica, durante el servicio”, calificada a título de dolo, por los

correctivos de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.
Contra dicha decisión, el actor interpuso el recurso de apelación47.

v) Por medio del fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el veinte (20) de
enero de dos mil veintidós (2022) 48 , la Inspección General – Área de Asuntos
Internos de la Policía Nacional, confirmó el acto sancionatorio de primera instancia.

w) En virtud de la Resolución Nº 01269 del trece (13) de mayo de dos mil veintidós
(2022)49, el director general de la Policía Nacional dispuso el retiro del servicio del
señor Wilder Arias Maturana, acto que le fue notificado el siete (7) de junio.

x) Cabe anotar que al plenario se allegó, además de las videograbaciones50 de las
audiencias celebradas en el marco de la actuación disciplinaria, también aquellas
en las que consta la visita especial a la subestación de policía del corregimiento de
Santa Cecilia, y al balneario “Las piscinas”, realizadas ambas el diecinueve (19) de
enero de dos mil veinte (2020). De igual manera, reposan en el acervo dos
grabaciones adicionales: (i) por un lado, aquella en la que se aprecia la formación
de los policiales al servicio de la subestación, llevada a cabo el día de ocurrencia de
los hechos investigados, en donde se practica “la prueba de la gorra”, consistente en
hacer soplar a los uniformados en la prenda a efectos de identificar el aliento a
alcohol; y (ii) por el otro lado, la visita al balneario “Las piscinas” el diecisiete (17) de
enero de dos mil veinte (2020), en la que se aprecia la presencia de unos efectivos
de civil en el lugar, así como latas vacías de cerveza en el suelo.

2.5. Análisis del caso concreto.

42. En el sub judice, la parte demandante pretende la nulidad de los fallos
disciplinarios del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), expedido
por la Inspección Delegada Región N.º 3 de la Policía Nacional, y del veinte (20) de
enero de dos mil veintidós (2022), proferido por la Inspección General de la Policía

47
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 604 y siguientes.
48
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 625 y siguientes.
49
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
50
Índice 00020 del Samai.

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Nacional – Área de Asuntos Internos, mediante el cual se confirmó la decisión
sancionatoria primigenia, que impuso la sanción de destitución e inhabilidad general
por el término de doce (12) años al señor Wilder Arias Maturana, al encontrarse
acreditada la falta gravísima contenida en el artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015
de 2006, consistente en “consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias
que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio”, calificada a título de dolo.

43. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda
negó las súplicas del libelo inicial, al considerar que no se evidenciaron errores en
la valoración y apreciación probatoria efectuada por los operadores disciplinarios,
derivados -según el actor- de la fuerza demostrativa que las autoridades les restaron
a las declaraciones que apuntaban a que el señor Arias Maturana no se encontraba
bajo el efecto de bebidas embriagantes. En criterio del A-quo, los falladores de
instancia especificaron las razones para atribuirle mayor credibilidad a los
elementos que “condujeron a una concepción racional de encontrar probados los hechos que
tipificaron la conducta reprochada disciplinariamente”. A su turno, destacó que, durante todo

el procedimiento disciplinario, se observaron las garantías del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción del disciplinado. En lo que toca a la “ prueba de
alcoholemia” cuya práctica presuntamente se omitió, advirtió que dicho medio de

convicción no es el único con el que se puede demostrar la conducta reprochada.

44. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el demandante interpuso
recurso de apelación, medio de impugnación que sustentó en los siguientes reparos:
(i) los actos sancionatorios acusados se fundamentaron en “pruebas inexistentes”,
comoquiera que las declaraciones de Ronal Serrano, Jhonatan Ortiz, Wilman
Castañeda, entre otras, no fueron sometidas a contradicción; (ii) la prueba idónea
para demostrar que el disciplinado estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes
es la “prueba de alcoholemia”, la cual, en criterio del actor, no se le practicó; y (iii) se le
vulneraron las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso.

45. Para efectos metodológicos, la Sala se pronunciará sobre los motivos de
inconformidad esgrimidos por el apelante, en el orden que se pasa a desarrollar:

2.5.1. De la alegada inexistencia de las pruebas testimoniales.

46. En este punto, se reitera que, a juicio del recurrente, la sanción disciplinaria se

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fundó en pruebas inexistentes o sin valor probatorio, comoquiera que, bajo la égida
de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 734 de 200251, las declaraciones de los
señores Ronal Alberto Serrano, Jhonatan Ortiz Bustamante y Wilman Castañeda
Ceballos, no fueron objeto de contradicción y sus dichos iniciales no fueron
ratificados en audiencias posteriores. La Sala anticipa que esta inconformidad no
tiene vocación de prosperidad, por las razones que se pasan a exponer.

47. En primer lugar, conviene recordar que, mediante auto del diecisiete (17) de
enero de dos mil veinte (2020)52, el Inspector Delegado de Región N.º 3 de la Policía,
dispuso la apertura de la investigación preliminar en contra de las “personas por
establecer”, adelantada con el Rad. Nº P-REGI3-2020-1, por los hechos que se pasan

a consignar: “por medio de llamada telefónica recibida por el señor mayor Ronal Alberto Serrano
Jaimes, comandante del Distrito II Apía, donde le indican que en el corregimiento de Santa Cecilia
en un balneario se encontraban un grupo de policías, entre ellos el comandante de la Subestación
de Policía, consumiendo bebidas embriagantes (sic) ”. En el proveído en cita, el operador

resolvió que, para el esclarecimiento de los hechos sometidos a su conocimiento,
debía decretar unas pruebas documentales, la realización de visitas especiales y
las declaraciones del comandante de estación de Pueblo Rico, del comandante del
Distrito de Policía Nº II, de los ciudadanos que percibieron “a los policiales presuntamente
ingiriendo bebidas embriagantes”, y de los policías que integran la estación señalada.

48. Así las cosas, en la diligencia del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte
(2020)53, se recibió la declaración del patrullero Rubén Darío Tabares Giraldo. En
la misma fecha, se recaudó la declaración del patrullero Edward Jiménez Nieto 54.
Por su parte, el dieciocho (18) de enero55 de la mentada anualidad, se recibió la
declaración del auxiliar de policía Diego Alejandro Rendón Jiménez, así como, la de
los señores Ronal Alberto Serrano Jaimes 56 , mayor de la Policía Nacional, y
Jhonatan Ortiz Bustamante57, subteniente de la referida institución. Asimismo, el
diecinueve (19) de enero del año en cita, declararon los señores Wilman Alonso

51
Artículo 140. Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con
desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendra cómo inexistente.
52
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NroActua 29, pág. 22 y siguientes.
53
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NroActua 29, pág. 22 y siguientes.
54
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NroActua 29, pág. 30 y siguientes.
55
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NroActua 29, pág. 28 y siguientes.
56
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NroActua 29, pág. 48 y siguientes.
57
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NroActua 29, pág. 132 y siguientes.

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Castañeda Ceballos 58 , Jhon Alexander Román 59 y Robertulio Carmona Mejía 60 .
Más adelante, mediante el auto del veinticuatro (24) de enero de dos mil veinte
(2020) 61 , se vinculó a la indagación preliminar al subteniente Carlos Andrés
Sánchez Mayorga, al patrullero Wilder Arias Maturana, y a los auxiliares de policía
Nelson Andrés Conrado Mena y Elquin de Jesús Caro Bartolo.

49. De acuerdo con las piezas que conforman el expediente disciplinario, el
apoderado del disciplinado, a través del memorial del treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veintiuno (2021), solicitó el decreto de unas pruebas documentales, así
como, la práctica de los testimonios de las siguientes personas: Fernando Sánchez,
Medardo Sánchez, Dairo Mosquera, Yeiver Gutiérrez y Julián Córdoba. Por medio
del auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) 62 , el operador
accedió a la práctica de todas las pruebas testimoniales solicitadas, sin excepción.

50. El veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020) 63 , la Inspección
Delegada de la Región de Policía N.º 3 recibió los testimonios de los señores Julián
Andrés Mosquera Córdoba, Dairo Mosquera Coocio y Yeivier Andrés Gutiérrez
Ocampo, diligencia en la que el apoderado del actor participó activamente. El nueve
(9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)64, se llevó a cabo la diligencia en la cual
el apoderado del demandante rindió los respectivos descargos y formuló nulidades.
El ocho (8) de marzo de la misma anualidad 65, se dio continuidad a la audiencia
anterior, oportunidad en la cual se resolvieron las nulidades formuladas y la solicitud
de pruebas promovida, entre ellas, de pruebas testimoniales, a la cual se accedió.

51. El ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021)66, se practicaron los testimonios
de los señores Carlos Andrés Grisales Chisco y Yesid Ferney Galeano Mena. El
quince (15) de abril, por su parte, se recibió la declaración del profesional Eleazar

58
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NroActua 29, pág. 135 y siguientes.
59
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NroActua 29, pág. 137 y siguientes.
60
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NroActua 29, pág. 139 y siguientes.
61
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NroActua 29, pág. 171 y siguientes.
62
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NroActua 29, pág. 334 y siguientes.
63
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NroActua 29, pág. 408 y siguientes.
64
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NroActua 29, pág. 484 y siguientes.
65
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NroActua 29, pág. 489 y siguientes.
66
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NroActua 29, pág. 504 y siguientes.

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Vargas Mena67. A su turno, el veintiuno (21) del mismo mes y año68, se practicó el
testimonio del señor Medardo Sánchez Bonilla. Posteriormente, el veintinueve (29)
de abril, se evacuó el testimonio de Fernando Sánchez Bonilla 69 , todos los
anteriores solicitados por la parte actora. El despacho disciplinario decretó -de
oficio- unas pruebas testimoniales, las cuales se practicaron el trece (13) de mayo
de dos mil veintiuno (2021), oportunidad en la cual declararon el mayor Ronal
Alberto Serrano Jaimes, el subteniente Jhonatan Ortiz Bustamante, el comisario
José Alonso Palma Valenzuela y el intendente (R) Carlos Alberto González López.

52. Nótese que, aunque el demandante alegó en el recurso que unas declaraciones
se rindieron en el marco de la apertura de la investigación, cuando todavía no se
había vinculado, lo cierto es que, para el caso del mayor Ronal Alberto Serrano
Jaimes y el subteniente Jhonatan Ortiz Bustamante (cuyas declaraciones fueron
tildadas de “inexistentes” por el accionante), por mencionar algunos -de quienes ya
se contaba la declaración inicial-, sus testimonios se decretaron de oficio,
justamente, a efectos de permitir la producción y contradicción de la prueba.

53. Se advierte, además, que el defensor del disciplinado tuvo la oportunidad de
solicitar pruebas, entre ellas, testimoniales, a las cuales accedió el despacho. No
obstante, en ningún momento consideró conducentes, pertinentes y útiles las
declaraciones de quienes, en esta etapa, adujo que no ratificaron sus dichos. No
sobra precisar que, al universo de diligencias referenciadas ut supra, asistió el
entonces apoderado del disciplinado, el Dr. Carlos Andrés Castaño Clavijo y que,
en su seno, tuvo la oportunidad de interrogar a los declarantes o, inclusive, de
cuestionar su imparcialidad a través de los mecanismos legales, manifestaciones
inherentes al derecho de defensa y contradicción y, de suyo, del debido proceso.

54. Al respecto, la Corte Constitucional, en las sentencias C-790 de 2006 y T-461
de 2003 señaló que, el derecho de contradicción apunta a dos (2) fenómenos
distintos: (i) por un lado, a la posibilidad de oponer pruebas a aquellas presentadas
en su contra, perspectiva desde la cual el derecho de contradicción aparece como
un mecanismo directo de defensa, dirigido a que las razones propias sean
presentadas y consideradas en el proceso, por lo que, su vulneración se presentaría

67
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 519 y siguientes.
68
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NroActua 29, pág. 527 y siguientes.
69
Índice 00020 del Samai.

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cuando se impide o niega la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y
oportunas en el proceso; y (ii) por otro lado, a la facultad que tiene la persona para
(a) participar efectivamente en la producción de la prueba, por ejemplo, interrogando
a los testigos presentados por la otra parte o por el funcionario investigador, y (b)
exponer sus argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba.

55. En esa línea, no observa esta Sala que los actos sancionatorios se hayan
sustentado en pruebas inexistentes, esto es, en medios de convicción recaudados
sin el lleno de formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos
fundamentales del investigado, como equivocadamente lo aseveró el apelante.

2.5.2. De la supuesta omisión en la práctica de la “prueba de alcoholemia”.

56. En la alzada, la parte demandante manifestó que: “se tomaron decisiones con unas
declaraciones las cuales los declarantes no se ratificaron en sus dichos, y no se practicó la prueba
de alcoholemia la cual determinaría sí o no el estado de embriaguez del demandante, es decir no se
demostró que el señor Arias Maturana se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes
durante el servicio, pero arbitrariamente se le sancionó por estar bajo los efectos de bebidas
embriagantes”. En hilo con lo expuesto, aseveró que “la prueba de alcoholemia es la prueba

determinante para establecer si una persona está bajo los efectos de bebidas embriagantes ”.

57. Los reparos del señor Arias Maturana, los cuales no son de recibo para la Sala,
merecen las siguientes observaciones. En primer término, no es cierto que el
operador disciplinario haya prescindido de la práctica y valoración de una prueba
técnica orientada a determinar el grado de alcohol en sangre. Por el contrario, está
acreditado que, en virtud del auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinte
(2020)70, el despacho ordenó la prueba trasladada de la investigación penal S-2135
adelantada por la jurisdicción penal militar (Juzgado 159 de Instrucción Penal
Militar), con ocasión de los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria.

58. Así pues, se allegó el informe del investigador de campo FPJ-11 dirigido al Juez
159 de Instrucción Penal Militar71, en el que el servidor de policía judicial, Carlos
Andrés Grisales Chisco, dejó constancia de las siguientes actividades realizadas:
desplazamiento hasta el Hospital Universitario San Jorge en el municipio de Pereira;

70
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 334 y siguientes.
71
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NroActua 29, pág. 367 y siguientes.

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verificación del embalaje y rotulado de los elementos materiales probatorios y
evidencia física, asociados a la muestra de fluidos corporales del disciplinado; y la
visita a las dependencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, de la cual se plasmaron las siguientes anotaciones:

“(…) El día 17 de Enero de 2019, siendo las 20:00 horas, realicé desplazamiento hasta el
Hospital Universitario San Jorge en Pereira atendiendo la misión de trabajo número 016 MDN
DEJPMDGDJ J 159IPM, es así que siendo aproximadamente las 00:00 horas, procedí a tomar
contacto con el médico de turno a fin de que se me entregaran en custodia los EMP y EF,
(muestras) tomadas por funcionarios adscritos a este hospital, atendiendo la orden emanada
del señor Juez 159 IPM, acto seguido procedo a recibir los EMP y EF rotulados y embalados
debidamente por parte de la señora enfermera jefe de turno, los cuales son sometidos de
manera inmediata a cadena de frio entre 3 a 8 grados centígrados, misma forma procedí a
desplazarme hasta las instalaciones del instituto de medicina legal y ciencias forenses a fin de
entregar allí en el laboratorio las muestras tomadas en el san Jorge, una vez allí el señor
guarda de seguridad manifiesta que en las instalaciones no se encontraba ningún funcionario
que pudiera recibir los elementos y que debía de regresar de nuevo en día y horario hábil para
realizar la entrega de los EMP y EF, teniendo en cuenta esto procedí el día 20/01/2020 a las
9:12 am, a realizar entrega física de los EMP y EF a la señorita MELISSA GÓMEZ RAMÍREZ
funcionaria del laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en custodia y
debidamente embalados y rotulados los elementos, funcionaria que los recibió sin novedad
para proceder a realizar los exámenes solicitados por el señor juez (sic)”.

59. Asimismo, se remitió el Oficio Nº 074 del treinta y uno (31) de enero de dos mil
veinte (2020), a través del cual el Juzgado 159 de Instrucción Penal Militar le solicitó
al Director Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el
envío de los resultados de los exámenes de laboratorio -muestras de fluido corporal-
practicados a los señores Carlos Andrés Sánchez Mayorga y Wilder Arias Maturana.
En respuesta, el citado Instituto envió al proceso disciplinario el informe pericial de
toxicología forense Nº DROCC-LTOF-0000222-202072, Rad. 20206600100080, con
los siguientes resultados, los cuales corresponden a la prueba del demandante:

72
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 371 y siguientes.

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59.1. Fuerza destacar que la prueba practicada al señor Carlos Andrés Sánchez
Mayorga arrojó una concentración de 153 mg de etanol / 100 ml de sangre total,
mientras que los resultados de los auxiliares de policía Yesid Ferney Galeano Mena
y Elquin de Jesús Caro Bartolo no indicaron la presencia de etanol en sangre.

60. Para profundizar en los aspectos relativos a la obtención y análisis de la
muestra, el despacho disciplinario, en atención a lo solicitado por la parte actora,
recibió la declaración del señor Eleazar Vargas Mena el quince (15) de abril de dos
mil veintiuno (2021) 73 . En dicha oportunidad, el señor Vargas Mena, quien se
identificó como químico farmacéutico adscrito al laboratorio de toxicología del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, para la época, a la
estación de alcoholemias, declaró que elaboró los informes periciales
correspondientes a Carlos Andrés Sánchez Mayorga y Wilder Arias Maturana.

60.1. Explicó que su función se limitaba al análisis de las muestras biológicas para
establecer la presencia y concentración de etanol, sin efectuar valoraciones clínicas
sobre el estado de embriaguez. Precisó que las muestras externas son recibidas y
radicadas por personal del laboratorio, quien verifica sus condiciones de recepción;
posteriormente, para el análisis, se contrasta la identificación consignada en el tubo
con la documentación y el sistema de información, se verifica que la muestra esté
refrigerada, no presente descomposición ni coágulos y se toma una alícuota,
conservándose el resto como “contramuestra.” Anotó que el análisis se realiza por
duplicado mediante cromatografía de gases y controles de calidad, y el informe
resultante es sometido a revisión por otro funcionario antes de su liberación. Por
último, fue enfático en señalar, en punto a la cadena de custodia y su conservación,
que dentro de su órbita competencial no está la firma de dicha cadena, sino la hoja
de trabajo correspondiente a la alícuota que analiza, y que Medicina Legal sólo
puede responder por la respectiva muestra desde su ingreso al Instituto.

60.2. Con respecto a los resultados, el profesional señaló que la muestra atribuida
a Wilder Arias Maturana presentó 47 mg de etanol por 100 ml de sangre,
correspondiente, según la escala a la que aludió, a grado uno, mientras que la
asociada al señor Sánchez Mayorga correspondía a grado tres, concentración que,

73
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 519 y siguientes.

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de acuerdo con la literatura, puede producir alteraciones posturales, del habla, de
la visión y del autocontrol. No obstante, enfatizó en que tales manifestaciones varían
de persona a persona y que los efectos descritos son del promedio de la población,
por lo que no podía afirmar que necesariamente se hayan presentado.

60.3. También declaró el señor José Alonso Palma Valenzuela en la diligencia del
trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)74, quien para enero de dos mil veinte
(2020) se desempeñaba como jefe del grupo de investigación criminalística en la
seccional de investigación criminal de Pereira. Relató que el procedimiento para el
manejo de muestras de sangre destinadas a pruebas de embriaguez se encontraba
estandarizado, por lo que, una vez tomada la muestra por personal experto y con
consentimiento del examinado, debía iniciarse la cadena de custodia y trasladarse
inmediatamente a un laboratorio autorizado, con el respectivo requerimiento.

60.4. Señaló que existían dos (2) neveras destinadas exclusivamente a conservar
transitoriamente elementos susceptibles de descomposición cuando Medicina Legal
no se encontraba disponible o en función, especialmente durante la noche. Según
su declaración, las muestras eran responsabilidad exclusiva del funcionario de
laboratorio que las recolectaba, debían permanecer bajo condiciones de seguridad
y refrigeración y no podían conservarse allí por más de doce (12) horas. Advirtió
que, en esos eventos, a primera hora del día siguiente, antes de finalizar el turno,
debían ser trasladadas a Medicina Legal. Agregó que esta regla también operaba
durante los fines de semana, pues Medicina Legal recibía ese tipo de elementos en
horario de funcionamiento, y afirmó que el límite temporal -el de las doce horas en
las neveras- se encontraba previsto en el manual de cadena de custodia.

61. En este punto, la Sala resalta que, pese a que sí se practicó y, en su momento,
se remitió al proceso disciplinario las resultas del informe de toxicología forense, las
mismas fueron descartadas por el operador disciplinario, al evidenciar anomalías en
la cadena de custodia. Al respecto, en el fallo de primera instancia, se sostuvo:

“En importante indicar que, en el proceso reposa prueba de toxicología practicada al señor
Patrullero WILDER ARIAS MATURANA, sin embargo, este despacho se abstiene de
atribuir valor probatorio a la misma para demostrar la falta reprochada al disciplinado,
teniendo en cuenta que hay dudas respecto del tratamiento brindado a la muestra de
sangre en cuanto al manejo de cadena de custodia y que generan incertidumbre
respecto a su aptitud probatoria, pues de conformidad con el testimonio del señor
Intendente Jefe GRISALES CHISCO, actuando como Investigador y cumpliendo funciones

74
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 540 y siguientes.

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en el Juzgado 159 de Instrucción Penal Militar, habría guardado la muestra de sangre en
una nevera en la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira,
bajo la autorización del señor Comisario PALMA VALENZUELA durante los días 18, 19 y 20
de enero de 2020; sin embargo, el señor Subcomisario en mención refiere en testimonio que
no recibió dicho elemento, que estos elementos no pueden permanecer por más de 12 horas
en ese lugar y al revisar la minuta de servicio del Grupo de Criminalística de la Seccional de
Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira el señor Subcomisario no se
encontraba en servicio para esa fecha y tampoco aparece diligenciando la cadena de
custodia de las muestras; por lo tanto, este despacho no tendrá en cuenta la prueba de
toxicología practicada al investigado por las dudas que recaen frente a su mismidad toda vez
que las pruebas que reposan en el proceso no logran desentrañar el tratamiento que se dio
a la muestra y a esta altura procesal no hay elementos adicionales que permitan verificar lo
acontecido; igualmente, este despacho se abstiene de hacer análisis adicional frente a la
calidad de la prueba y su existencia, porque fue llegada como prueba trasladada y no se
cuenta con la totalidad del expediente del proceso penal militar para decretar sobre ella
alguna condición particular, además por ser decretada por esa autoridad” (Se destaca).

62. En el fallo de segunda instancia, la Inspección General de la Policía Nacional
tampoco incluyó dentro de la valoración la prueba técnica antes anotadas, sino que,
por el contrario, respaldó la decisión del fallador de primer grado en marginar del
debate probatorio el informe de toxicología forense y de valerse, por su parte, de los
restantes elementos de juicio que se incorporaron con su valor legal al proceso.

63. Las consideraciones antedichas, según las cuales “el despacho (disciplinario) se
abstiene de otorgarle valor probatorio a la prueba de toxicología” o “de no tenerla en cuenta” por

las dudas sobre el procedimiento de cadena de custodia, debe ser objeto de
precisión por parte de esta Sala, en la medida en que, los errores, vicios o
irregularidades advertidas en los protocolos de la cadena de custodia no comportan
un asunto de legalidad del medio de convicción, sino de su eficacia probatoria.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-496 de 2015, recordó
que la cadena de custodia es un mecanismo que tiene como finalidad demostrar la
autenticidad de los elementos materiales probatorios y la evidencia física75. En este
sentido, es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar
la identidad o integridad de dichos elementos -y evidencias- y asegurar el poder
demostrativo de la prueba. A su turno, la Corte Suprema de Justicia ha definido la
cadena de custodia como “un documento escrito en donde se reflejan las incidencias de una
prueba compuesta por los eslabones de custodia, donde cada uno de estos debe incluir el momento
de la custodia, de quien se recibió la evidencia y a quien le paso, además de las medidas tomadas
para asegurar la integridad de la evidencia y evitar que esta se altere ”76.

75
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier
de Jesús Zapata Ortiz, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 04 de abril de 2009, Radicación:
28628, M.P. José Leónidas Bustos Martínez.
76
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María
del Rosario González de Lemos.

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65. En la citada providencia, el Alto Tribunal Constitucional precisó que, el
procedimiento a través del cual se aplica la cadena de custodia no es un fin en sí
mismo, sino un medio a través del cual se busca asegurar la autenticidad del
elemento probatorio, aspecto que, en ningún momento, descarta que existan otros
mecanismos para asegurar ese propósito. En tal virtud, y con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia77, la cadena de custodia “se refiere
entonces a la acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento material probatorio, es decir, a
su eficacia, credibilidad o asignación de mérito probatorio, por lo cual, lo que se cuestiona cuando
no se cumple con los requisitos de la cadena de custodia, no es la legalidad de elemento material
probatorio sino su eficacia probatoria”. Cabe aclarar que la Corte Suprema de Justicia,

mediante sentencia del ocho (8) de octubre de dos mil ocho (2008)78, enseñó que:

“(…) Impera recordar que los yerros en el curso y respeto de los protocolos derivados de la
denominada cadena de custodia no comportan la exclusión de la prueba, en cuanto no se
trata de un asunto de legalidad del medio de convicción, sino de valoración y ponderación
judicial del mismo, en cuanto puede verse afectado lo genuino, fidedigno y auténtico del
elemento probatorio, de modo que aún en aquellos casos en los cuales se constate la ruptura
efectiva de la cadena de custodia, no por ello debe automáticamente marginarse la prueba
del acervo probatorio, sino que corresponde al juez verificar hasta qué punto y en qué
medida, ello compromete la acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio
en punto de su credibilidad y potencial persuasivo”.

66. Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional, en la mencionada sentencia
C-496 de 2015, aseveró que, cuando no se cumplen cabalmente los procedimientos
de la cadena de custodia, no se está afectando la legalidad del decreto de la prueba
ni de su incorporación en el juicio, sino su mérito probatorio. Así las cosas, reafirmó
que “la cadena de custodia no puede ser tomada como un requisito de legalidad, por lo (que) no
condiciona la admisibilidad de la prueba, su decreto o práctica ”. Por ello, cuando no se

cumplen con los requisitos que le son inherentes, la prueba no deviene ilegal, sino
que se cuestiona únicamente su fuerza persuasiva o grado de convicción. Con todo,
concluyó que, “en caso de ruptura de la cadena de custodia, el funcionario judicial les debe otorgar
un mérito menguado pero jamás su declaratoria de ilegalidad o ilicitud con fundamento en la regla
de exclusión”. En otros términos, la exclusión de la prueba no es la consecuencia que

77
Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Penal: Sentencia de 23 de mayo de 2006, Radicación:25260, M.P. Sigilfredo
Espinosa Pérez; Sentencia de 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz; Sentencia de
23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramirez Bastidas; Sentencia de 08 de octubre de 2008, Radicación:
28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P. Julio Enrique
Soacha Salamanca; Sentencia de 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P. José Leonidas Bustos Martinez;
Sentencia del 17 de noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 21 de septiembre
de 2011, Radicación: 32136, M.P. María del Rosario González de Lemos; Sentencia de 5 de agosto de 2014, M.P. Fyder
Patiño Cabrera, Radicación: 43.691; Sentencia de 8 de agosto de 2012, Radicación: 38800, M.P. Julio Enrique Soacha
Salamanca; Sentencia de 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P. María del Rosario González Muñoz; Sentencia
de 29 de mayo de 2013, Radicación: 39835, M.P. José Luis Barcelo Camacho; Sentencia de 09 de octubre de 2013,
Radicación: 41915, M.P. María del Rosario Gonzalez Muñoz; Sentencia del 11 de diciembre de 2013, Radicación: 40629,
M.P. Eyder Patiño Cabrera; Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P. María del Rosario Gonzalez
Muñoz; Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
78
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio
Enrique Soacha Salamanca.

31

Número Interno: 6097-2024
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Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

se deriva de los yerros identificados en la cadena de custodia.

67. Hasta acá, no es cierto, como lo arguye la parte actora, que se omitió la práctica
de una prueba científica encaminada a determinar la ingesta de bebidas
embriagantes, comoquiera que, al plenario se allegó el informe de toxicología
forense. Tampoco lo es, como lo advirtieron los operadores disciplinarios, que las
dudas sobre la cadena de custodia de las muestras recaudadas deben conducir, de
manera automática, a la exclusión de la prueba, puesto que, el procedimiento en sí
no entraña un asunto de legalidad del medio de convicción, sino de su valoración,
de manera que el juzgador no puede marginarla del dossier procesal de forma
irreflexiva, sino que le corresponde verificar si dichas irregularidades menoscaban
su credibilidad, confrontándola con los demás elementos que conforman el acervo.

67.1. Quiere ello decir que las irregularidades advertidas en la cadena de custodia,
en especial, por el tiempo transcurrido para la recepción de la muestra, o la alegada
falta de soportes físicos que acreditaran el funcionario que recibió los elementos, no
determinan, por sí solas, la exclusión del resultado toxicológico, habida cuenta que,
aquellos yerros no conciernen a la legalidad o licitud de la prueba, sino a su fuerza
persuasiva. Por lo tanto, corresponde valorarla en conjunto con los registros
documentales y las declaraciones de quienes intervinieron en su producción, así
como, las demás pruebas, con miras a determinar si los vacíos invocados
comprometen en definitiva su mismidad, integridad y autenticidad.

68. Frente al reparo del apelante orientado a advertir que la “prueba de alcoholemia” es
el medio determinante para acreditar la falta disciplinaria endilgada, es decir, si el
disciplinado estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes -durante el servicio-,
la Sala pone de presente que, en reiteradas oportunidades, esta Sección ha
sostenido la tesis contraria. Por ejemplo, en sentencia del dieciséis (16) de abril de
dos mil veinte (2020)79, la Subsección “A” de la Sección Segunda explicó:

“(…) Como ya se indicó en el acápite precedente, no tiene asidero la tesis del demandante
según la cual la prueba de alcoholemia o el examen médico son los únicos medios para
demostrar que un individuo ha consumido o está bajo los efectos del alcohol, más aún
cuando él mismo se negó a la práctica del examen, por lo que no puede admitirse que alegue
esa omisión en su favor, cuando precisamente esta Corporación ha señalado que
existen otros medios de prueba tales como las declaraciones, que permiten establecer
si el infractor se encuentra bajos los efectos de bebidas embriagantes.

79
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 16 de abril de
2020, Rad. 19001-23-33-000-2016-00275-01 (0130-2019) , C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

32

Número Interno: 6097-2024
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En efecto, la alcoholemia mide el nivel de alcohol en la sangre a partir del cual se determinan
las multas que se imponen al conductor en el proceso contravencional; sin embargo, en este
caso la conducta reprochable a la luz del derecho disciplinario es la conducción en estado
de embriaguez sin que interese el grado de alcohol en el organismo, debate que sí le atañe
al proceso penal o contravencional” (Se destaca).

69. En hilo con lo anterior, mediante la sentencia del diecinueve (19) de febrero de
dos mil veintiséis (2026)80, esta Sala de Subsección, reiterando lo dispuesto en la
sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020)81, refirió:

“En consecuencia, se insiste en que no existe una tarifa legal para decir cuál es la forma
de acreditar o desvirtuar ciertos hechos o circunstancias relacionadas con la
embriaguez, por cuanto el convencimiento debe someterse a la objetividad y a la
racionalidad, sin que ello implique la utilización de excesivos formalismos y fórmulas
sacramentales. Ello, incluso, es todavía más entendible, cuando un medio como el
presente está caracterizado por ser un control integral, en el cual el juez tiene amplios
poderes para revisar la valoración probatoria en procura de adoptar la decisión que
en derecho corresponda.

En tal modo, la sana crítica, como criterio de valoración probatoria, está edificada con los
criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia.
Respecto de la lógica, podemos destacar el principio de no contradicción y el de razón
suficiente. En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios
y dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas por
conocimientos públicos y privados. Una regla de la experiencia plena es la que tiene en
cuenta tanto lo colectivo como lo público. Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de
conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta formalidad. En esas condiciones,
cuando el material probatorio de determinado proceso no solo está construido por pruebas
técnicas, sino por otras ―como las testimoniales o documentales― es necesario que cada
una de ellas proceda a corroborarse con la otra y, en tal forma, que las conclusiones que se
vayan forjando se sometan a los principios antedichos”. (Se destaca).

70. Como corolario de lo anterior, no le asiste razón al apelante al sostener que la
“prueba de alcoholemia” es la única dirigida a acreditar el tipo disciplinario contemplado
en el artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015 de 2006, consistente en “consumir o estar
bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica,
durante el servicio”. Con ello, la Sala acudirá a un análisis conjunto e integral de los

demás elementos de juicio que conforman el expediente, a la luz de la sana crítica.

2.5.3. Sobre la valoración de las pruebas recaudadas.

71. Frente al particular, la Sala recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable al caso sub judice), las pruebas
deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Aunado a ello, se precisa que, “en toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente

80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de febrero
de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2016-00555-01 (5149-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar,
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación
15001-23-33-000-2015-00301-01(4094-18).

33

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el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta.” El artículo 141 ibidem dispone, por su

parte, que no se podrá proferir fallo sancionatorio “sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado .”

72. Las normas en cita permiten advertir que, no existe una tarifa legal que
determine cuál es el medio idóneo para acreditar o desvirtuar ciertos hechos o
circunstancias, habida cuenta que, el convencimiento al que llegue el operador
disciplinario, o la autoridad judicial -según el caso-, debe someterse a una valoración
conjunta, integral, objetiva, razonada y armónica del acervo probatorio, sin que ello
implique la utilización de excesivos formalismos y fórmulas sacramentales82.

73. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del diecinueve (19)
de marzo de dos mil veinte (2020), señaló que, la sana crítica está sustentada en
los criterios de la lógica, asociada al principio de no contradicción y al de razón
suficiente; en el uso de la ciencia y de la técnica, relacionado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias; y en las reglas de
la experiencia, las cuales pueden ser individuales o colectivas y, además, estar
constituidas por conocimientos públicos y privados83.

74. En lo atinente a la prueba testimonial, esta Sala de Subsección, en reciente
sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)84, reafirmó que su
fuerza probatoria material depende de que el juez o la autoridad administrativa
encuentre en cada una de las declaraciones, en su conjunto con las demás,
“argumentos que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los hechos que interesen al
proceso”, los cuales, deberán erigirse a la luz de las reglas de la sana crítica. En

punto a los criterios racionales de valoración, se resaltaron los siguientes: (i) la
coherencia del relato; (ii) la contextualización del relato; (iii) las corroboraciones
periféricas; y (iv) la existencia de detalles oportunistas a favor del(la) declarante.

75. Descendiendo al asunto de marras, se tiene que la falta disciplinaria endilgada
al demandante es la prevista en el artículo 34, numeral 26, de la Ley 1015 de 2006,
consistente en “consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que

82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
83
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
84
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).

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produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio”, calificada a título de dolo,

adecuándose la conducta por parte del operador disciplinario a la hipótesis
subrayada, es decir, estar bajo el efecto de bebidas embriagantes durante el
servicio, por lo que se descarta el verbo transitivo “consumir”, así como el elemento
relativo a las sustancias que produzcan dependencia física o psíquica.

76. Con fundamento en las pruebas incorporadas al plenario, se evidencia que, para
el diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), fecha de ocurrencia de los
hechos investigados, el señor Wilder Arias Maturana, quien desde el primero (1º)
de julio de dos mil ocho (2008) se desempeñaba como patrullero en la Policía
Nacional, se encontraba en servicio en la subestación de policía del corregimiento
de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, ubicado en el departamento de
Risaralda. Así se acredita con la minuta de servicios que se aportó:

77. Según la minuta de servicios, con las respectivas actas de cierre y apertura 85,
para el diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), se dejó consignado:

“(16:00) A esta hora y fecha se deja constancia que sale el subteniente Sánchez Mayorga
Carlos, Pt. Arias Maturana Wilder (…) en traje de civil desconociendo hacia dónde se dirigen,
minutos después informa a mi IT Castañeda Ceballos Wilman sobre la salida de los señores
policiales nombrados anteriormente. Lo anterior como constancia y demás fines pertinentes
(…) (19:20) A esta hora y fecha se deja constancia en la minuta de guardia que por orden
del señor comandante del distrito 2 de policía, señor mayor Ronal Serrano, llega al
corregimiento de Santa Cecilia con el fin de verificar la información donde presuntamente
algunos uniformados se encontraban consumiendo bebidas embriagantes; al momento de
llegar al corregimiento se ingresa al balneario “las piscinas” en donde se encuentra el señor
Subteniente Sánchez Mayorga, AP Conrado Mena, AP Caro Bartolo, quienes se
encontraban en traje de civil compartiendo en la piscina, es de anotar que alrededor de la
piscina se encontraban varias latas de cerveza (lo cual consta en video). Se resalta dentro
de la presente anotación que al momento de ingresar al establecimiento los funcionarios ST
Sánchez y PT Arias Maturana emprenden la huida del lugar, a lo que el señor Sánchez es
sorprendido y no logra escapar del sitio, pero el señor PT Arias logra llegar a la subestación

85
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 32 y siguientes.

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sin ser sorprendido según lo manifestado por el señor (ilegible). Con el fin de verificar esta
información se pasa revista de la minuta de guardia en la cual reposa una anotación en el
folio 301 y 302, en la cual consta que el señor PT Arias sale en traje civil a las 16:00 horas
con el ST Sánchez y los señores auxiliares sin informar el lugar para donde se dirigían.
Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la subestación de policía con el fin de
verificar el parte de personal de policía, el estado anímico y físico de los policías, momento
en el que el señor PT Arias no llegaba a la formación por lo cual se pasa revista al alojamiento
en donde se encontraba el señor patrullero bañándose, inmediatamente se pasa revista del
estado físico de todos los uniformados de la subestación de policía en donde se puede
evidenciar por sus comportamientos y olor alcohólico al parecer los funcionarios antes
mencionados en la presente anotación se encontraban en estado de embriaguez (sic) .

(19:55) A esta hora hace presentación el señor mayor Ronal Serrano, comandante de distrito
en vehículo de siglas (sic) 260512 con el conductor Robert Carmona.

(20:15) A esta hora y fecha se deja constancia que el señor Intendente Wilman Castañeda
Ceballos me informa vía telefónica que al parecer en horas de la tarde el señor subteniente
Carlos Andrés Sánchez Mayorga autoriza el ingreso de una caja de cerveza a la subestación
y que al parecer estarían consumiendo bebidas embriagantes al interior de la subestación
de policía de Santa Cecilia. De manera inmediata ordeno al señor Intendente Castañeda
desplazarse a la subestación de policía a verificar la información, encontrando 02 canastas
de cerveza vacías y cerca de la garita de seguridad delta tres, 24 botellas vacías tiradas en
el suelo, de manera inmediata pongo en conocimiento esta información al señor comandante
de departamento señor Coronel José Daniel Gualdrón Moreno donde ordena que el señor
subteniente Jhonatan Ortiz, comandante de la estación de policía de Pueblo Rico se
desplace de manera inmediata al corregimiento de Santa Cecilia al igual que el señor Ronal
Serrano Jaimes, comandante de distrito.

(21:15) A esta hora y fecha se deja constancia que por orden del comando de departamento
se trasladan los funcionarios que al parecer se encuentran en estado de embriaguez,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la seguridad de las instalaciones policiales, así como
la integridad y la vida de los demás policiales de la unidad, hacia la base del departamento.
En constancia de lo anterior, firma ST. Jhonatan Ortiz, comandante de estación (sic)”.

78. Los hechos relacionados con el servicio activo para la fecha en que acaeció la
conducta investigada, la salida de la subestación de policía del corregimiento de
Santa Cecilia, el ingreso y permanencia en un establecimiento denominado “Las
Piscinas”, y los efectos en los que presuntamente se encontraba el actor, derivado

de la ingesta de bebidas embriagantes, fueron esclarecidos por los testigos, además
de encontrar sustento en las visitas especiales y demás elementos de juicio.

79. El señor Ronal Alberto Serrano Jaimes86, quien se identificó como mayor de
la Policía Nacional, explicó que se encontraba patrullando en zona rural de La Celia
– Risaralda y que, siendo aproximadamente las 17:00 horas del diecisiete (17) de
enero de dos mil veinte (2020), recibió la llamada del intendente Wilman Castañeda,
subcomandante de la estación de policía de Santa Cecilia, informándole una
novedad con un supuesto ingreso de bebidas embriagantes a la unidad policial.
Luego, señaló: “(…) posteriormente este uniformado se comunica nuevamente conmigo vía
telefónica y me expresa que efectivamente al interior de las instalaciones policiales y junto a la garita

86
Índice 00020 del Samai.

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de seguridad denominada delta 3 observó 24 botellas de este producto vacías y en la sala de
televisión, igualmente observó dos canastas de cerveza vacías. Me agrega este policial que al revisar
la minuta de guardia de la unidad observa una anotación realizada por el jefe información del
momento donde realiza una anotación sobre la salida de las instalaciones policiales del señor
subteniente Carlos Sánchez junto con el señor patrullero (Wilder Arias) y dos auxiliares de policía en
traje de civil, desconociendo el lugar de destino. Es importante notar que un tercer auxiliar de policía
de apellido Conrado se retiró también de las instalaciones, según lo ha manifestado, pero no lo hizo
a través de la entrada principal, según lo manifestado por el subcomandante de la unidad”.

79.1. Habiendo advertido dicha novedad, indicó que se comunicó con el coronel
José Daniel Gualdrón, a quien le informó la situación, y quien, en consecuencia,
autorizó el desplazamiento del subteniente Jhonatan Ortiz Bustamante al
corregimiento de Santa Cecilia, e incluso de él mismo. Aseveró que llegó a la
subestación después de dos (2) horas y se refirió a la condición del patrullero Arias
en los siguientes términos: “la situación con el patrullero Wilder Arias en el momento que llegué
allá y de intercambiar unas palabras con él, eh se sintió un posible aliento alcohólico también en este
patrullero”. Y, en términos generales, frente a los uniformados involucrados, refirió:

“(…) era evidente el olor, se percibía el olor ahí al momento de uno de acercarse al hablar con ellos
de un aliento alcohólico, un olor alcohólico (…) Bueno, el señor subteniente Carlos Andrés Sánchez
Mayorga, al momento de él expresarse se le sentía que no concordaba (sic) en las cosas que decía
y hablaba de una manera enredada las palabras. El señor patrullero Arias, ehh, no era tan evidente
lo del tema, se concordaban las cosas que decía, pero lo que sí era evidente era el tema del de ese
aliento alcohólico que se percibía ahí entre ellos (sic). Y los auxiliares la misma situación. Ellos
hablaban muy poco. Pero se percibía también el aliento alcohólico entre ellos”.

79.2. Relató que, con posterioridad, se realizó un desplazamiento con los
involucrados ordenado por el comando del departamento, desde el corregimiento
de Santa Cecilia hasta el Municipio de Pereira, concretamente, al comando, en
donde los esperaba la jefe de planeación. Enfatizó en que, del estado de los
uniformados que él advirtió, también lo percibieron el subteniente Jhonatan Ortiz y
el comandante de la subestación, Wilman Castañeda. Agregó que en ningún
momento se le solicitó permiso para hacer alguna actividad de esparcimiento.

79.3. Por último, describió las consignas frente a la labor en la subestación de policía
de Santa Cecilia, resaltando que: “Bueno, ya las órdenes que vienen emanadas desde el
mismo comando del departamento, es importante recordar que es una unidad de alto riesgo, ¿sí?,
donde semanalmente y diariamente nos emiten alertas de inteligencia sobre intenciones terroristas,
especialmente el ELN, de atentar contra instalaciones policiales de esta zona. Entonces, la orden
allá es de total disponibilidad en la estación o en la subestación de policía mejor, y por eso este

37

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personal tiene un descanso especial que son 30 días laborados por seis de descanso precisamente
para tener el personal disponible allá, teniendo en cuenta la zona y las informaciones que diariamente
se manejan referentes a intenciones terroristas en este en este sector”.

79.4. En el Oficio N.º S-2020-002760-DERIS/COSEC-DISPO2 del dieciocho (18) de
enero de dos mil veinte (2020)87, el señor Serrano Jaimes le informó al Coronel José
Daniel Gualdrón sobre la novedad, así: “respetuosamente me permito informar mi coronel la
novedad ocurrida el día de ayer 17/01/2020, siendo las 17:00 horas aproximadamente, cuando
mediante llamada telefónica el señor intendente Wilman Alonso Castañeda Ceballos,
subcomandante de la estación de Policía de Santa Cecilia (Pueblo Rico), quien se encontraba de
servicio en el caso urbano de la jurisdicción junto con otros uniformados y que tuvo conocimiento
que en horas de la tarde, el señor subteniente Carlos Andrés Sánchez Mayorga, comandante de la
misma unidad, había autorizado a un personal subalterno para que ingresara a las instalaciones
policiales una canasta de cerveza, la cual, al parecer, fue ingerida por éste y cuatro uniformados
más, entre ellos el patrullero Wilder Arias Maturana y los auxiliares de policía Yesid Ferney Galeano
Mena, Nelson Andrés Conrado Mena y Elkin de Jesús Caro Bartolo. De manera inmediata le ordeno
al señor intendente Wilman Alonso Castañeda Ceballos que se traslade hasta las instalaciones de
la subestación y corrobore lo informado debiendo recaudar evidencia de lo manifestado como
soporte. Posteriormente, este uniformado se comunica nuevamente conmigo a través de la línea
telefónica y me expresa que efectivamente al interior de las instalaciones y junto a la garita de
seguridad “Delta 3” observo 24 botellas de este producto vacías y en la sala de televisión igualmente
observa dos canastas de cerveza vacías. Agrega este policial que, al revisar la minuta de guardia de
la unidad, observa que el jefe de información y seguridad de instalaciones en turno había radicado
la respectiva anotación de salida del señor subteniente Carlos Sánchez, junto con el señor patrullero
y dos auxiliares de policía en traje de civil, desconociendo el lugar de destino (…) ”.

80. Por su parte, mediante el Oficio DISPO-ESTPO-29.57 del dieciocho (18) de
enero de dos mil veinte (2020)88, el señor Jhonatan Ortiz Bustamante, en calidad
de comandante de la estación de policía de Pueblo Rico, dirigió al coronel José
Daniel Gualdrón el informe de novedad en la subestación, así:

“Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, los hechos ocurridos el día 17 de Enero
de 2020 siendo aproximadamente las 18:00 horas, por orden del señor Mayor RONAL
ALBERTO SERRANO JAIMES, Comandante Distrito Dos Apía, me desplazo al corregimiento
de Santa Cecilia, con el fin de verificar la situación que se está presentando donde
presuntamente algunos uniformados se encuentran consumiendo bebidas embriagantes; al
momento de llegar al Corregimiento se ingresar al balneario "Las Piscinas" donde se
encuentran al señor ST Sánchez Mayorga Carlos y los señores auxiliares de Policía Galeano
Mena Yesid Ferney, Conrado Mena Nelson Andrés y Caro Bartolo Elkin de Jesús, quienes se
encontraban en traje de civil compartiendo en la piscina y presuntamente ingiriendo bebidas
alcohólicas, es de anotar que alrededor de la piscina se encontraban varias latas de cerveza
(lo cual consta en video). Así mismo es de resaltar que al momento de ingresar al

87
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 50 y siguientes.
88
Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 30_030CONTESTACIONDEMANDAP(.pdf)
NroActua 29, pág. 183 y siguientes.

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establecimiento el señor ST Sánchez y el señor PT Arias Maturana emprenden la huida del
lugar, momento en el cual el señor ST Sánchez es sorprendido y no logra huir del sitio; el
señor PT Arias logra llegar a la Subestación sin ser sorprendido según lo manifestado por el
Auxiliar de Policía Rentería Mosquera Yurgen, con el fin de verificar esta información se pasa
revista a la minuta de guardia en la cual reposa una anotación en el folio 301-302, en la cual
consta que el Señor PT Arias Maturana Wilder sale en traje de civil a las 16:00 horas con el
Señor ST Sánchez Carlos y los Auxiliares de Policía, sin informar el lugar para donde se
dirigían. Al momento de llegar a las instalaciones policiales de manera inmediata procedo a
verifica el parte del personal policial adscrito a la unidad, con el fin de verificar novedades,
estado físico y anímico de los uniformados, donde no hace presencia el señor PT Arias, por
tal motivo se pasa revista en el alojamiento y se encuentra al señor Patrullero alistándose
instante en el cual se le pasa revista al estado físico y anímico, donde se puede evidenciar por
sus comportamientos y olor alcohólico, al parecer se encuentra en estado de embriaguez. Por
orden del Comando de Departamento se trasladan a la ciudad de Pereira los funcionarios que
al parecer se encuentran en estado de embriaguez, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la
seguridad de las instalaciones policiales, así como la integridad y la vida de los demás
policiales de la unidad (sic)”.

80.1. En su declaración89, Ortiz Bustamante indicó que, durante el tiempo en que se
desempeñó como comandante de la estación de policía de Pueblo Rico, Risaralda,
tuvo conocimiento de las instrucciones y medidas de seguridad impartidas respecto
de la subestación de Santa Cecilia, unidad cuyo comandante era el subteniente
Carlos Andrés Sánchez Mayorga. Reconoció haber asistido a reuniones dirigidas
por el comandante del Distrito en las que se impartían instrucciones y se suscribían
actas que contenían orientaciones relacionadas con el comportamiento, la ética y
las instrucciones que debían observar los oficiales, y señaló que existían consignas
permanentes de seguridad para Santa Cecilia, dada su ubicación y las condiciones
de riesgo de la zona, entre ellas, que el cuadrante debía trabajar con mínimo dos
(2) policías y que los desplazamientos debían efectuarse con diez (10) uniformados.
Indicó que tales instrucciones habían sido impartidas por escrito, se reiteraban
mediante comunicación con el comandante de la subestación, se consignaban en
las minutas digitales y también eran recordadas mediante programas radiales.

80.2. Asimismo, manifestó que, durante su permanencia como comandante, recibió
diferentes alertas de inteligencia sobre posibles acciones contra la Fuerza Pública,
aunque no pudo precisar los números de los respectivos polígamas. Explicó que, si
bien en Risaralda no se tenía plenamente identificado el asentamiento de grupos
armados ilegales, la zona limítrofe con el Chocó era históricamente reconocida
como corredor utilizado por esos grupos, razón por la cual se ordenaba extremar
las medidas de seguridad. Anotó, frente al comandante de la subestación de Santa
Cecilia, que se le mantenía informado de esas alertas e instrucciones, pues, los

89
Índice 00058 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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polígamas llegaban por correo electrónico, su contenido se reiteraba mediante
programas radiales y también se comunicaba en los comités de vigilancia.

81. El testimonio del señor Hugo Fernando Rojas Castañeda90 da cuenta de que,
para la tarde del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), se encontraba
“realizando tercer turno de las 13:00 a las 19:00 horas” como jefe de información y seguridad
de la unidad policial. Afirmó que realizó una anotación a las 16:00 horas en la que
consignó que “el señor subteniente Sánchez Mayorga Carlos, el patrullero Arias Maturana Wilder,
el auxiliar de policía Mena Yesid y el auxiliar de policía Caro Bartolo, salieron de las instalaciones
policiales en traje de civil”, sin informar hacia dónde se dirigían. Advirtió que entregó

turno entre las 18:50 y 19:00 horas y que, para ese momento, los referidos policías
no habían regresado. Narró que, quince (15) minutos después de entregar el turno,
el teniente (sic) Ortiz ordenó formar al personal y que, en ese trámite, estaban
tratando de ubicar al patrullero Arias, quien -según escuchó- se estaba bañando en
el alojamiento. Indicó que: “yo me percaté de que el patrullero Arias, mi teniente lo hizo salir de
la formación. Eh, a mi subteniente Sánchez, pues lo mandó a cambiarse el uniforme. Eh, pasó al
frente de la formación a los auxiliares de policía Galeano Mena, Caro Bartolo Elkin, y un auxiliar, no
tengo presente el nombre de él, es Conrado, pero no tengo como es nuevo, no lo tengo presente ”.

81.1. Aseveró que no le constaba que dentro de la subestación se hubiese
consumido alcohol; sin embargo, relató que, mientras se formó al personal, se hizo
la verificación del consumo de bebidas embriagantes, para lo cual se utilizó una
gorra en la que se les pedía a los uniformados que soplaran. De esa “ prueba”,
destacó que cuatro (4) personas resultaron con “aliento alcohólico”, siendo estas “el
Patrullero Arias Maturana Wilder, auxiliar de policía Galeano Mena Yesid, auxiliar de policía Caro
Bartolo y el auxiliar de policía Conrado (sic) ”. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que no

estuvo cerca del patrullero Arias y que, por esa razón, no le pudo sentir el aliento.

81.2. El testigo Rojas Castañeda mencionó que: la modalidad de trabajo en la
subestación es de treinta (30) días laborados por seis (6) de descanso de franquicia;
que la subestación es considerada una unidad de orden público y que se ubica en
una zona de riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales, como es el
caso del ELN; y que el personal no está autorizado a salir de las unidades policiales
a realizar diligencias, salvo que “solamente si el comandante autoriza salir a dos policiales, ya
que pues muchas veces nosotros compramos eso los alimentos en uno de los supermercados de

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abajo y pues para traerlos (…) De resto, nadie debe estar por fuera de las unidades de la unidad ”.

Además, para el personal que sale a descansar, recalcó que debía pernoctar en la
instalación y estar disponible para cualquier situación que lo amerite.

82. El patrullero Rubén Darío Tabares Giraldo91, en su declaración, relató que,
para la fecha de los hechos, se desplazó hacia la ciudad de Pereira y que luego
adelantaba labores administrativas cuando fue notificado por el comando de
estación para trasladarse hacia el corregimiento de Santa Cecilia, en compañía del
subteniente Jhonatan Ortiz, el patrullero Edward Jiménez Nieto, el conductor Julián
Rivera Castañeda y el auxiliar de policía Diego Rendón Jiménez, y en donde, al
llegar al establecimiento que tenía una piscina, se le pidió entrar grabando. En dicha
oportunidad, sostuvo lo siguiente: “Entro grabando, él (comandante de estación) saluda al
profesor que se encontraba ahí y al fondo había tres muchachos. Él llega, mira, se hace al lado de
una banca y llama, Sánchez, salga que ya lo vi. Y sale el señor comandante de la subestación que
está en la parte de atrás, una zona boscosa, sin camiseta y pantaloneta negra. Él me dice que grabe,
él le pregunta que qué hace ahí. Yo sigo grabando. Él luego me dice que grabe a los muchachos
que estaban sentados en las bancas, al parecer eran tres auxiliares de la subestación. El
comandante de la subestación dice que sí, que hacen parte de allá. Me dice que grabe los
alrededores, se encuentran unas latas de cerveza, póker, no sé exactamente. Yo grabo todo. Él
notifica el comandante al subteniente Sánchez y a los muchachos que se suban a la camioneta y
arrancamos para la subestación de Santa Cecilia. Subimos, él hace formar al personal (…) ”.

82.1. Al ser interpelado por los nombres de los policías involucrados, refirió al
teniente Carlos Sánchez Mayorga, al patrullero Arias y a tres (3) auxiliares. Aseguró
que, en la subestación, el teniente Sánchez se veía bien y caminaba por sus propios
medios, lo propio el patrullero Arias. Dijo que el subteniente Ortiz, al pedir que se
formaran los agentes, le pidió la gorra para que el personal “ soplara la gorra de pronto
para descartar algún olor así fuera de lo normal”. Anotó que tuvo la oportunidad de hablar

por un momento con el patrullero Arias, quien le comentó “que había hecho primer turno
y que volvía a formar a la a las 19 horas para la disponibilidad según lo ordenado por el comandante
y subcomandante de la subestación”, y de quien sostuvo que no pudo sentirle el aliento.

83. El señor Eduardo Jiménez Nieto92, quien se identificó como patrullero de la
Policía Nacional, explicó que, para el diecisiete (17) de enero de dos mil veinte
(2020), se le ordenó, en horas de la tarde, dirigirse al corregimiento de Santa Cecilia,
a donde se desplazó en compañía del subteniente Jhonatan Ortiz, el conductor

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Julián Rivera, y el patrullero Rubén Tabares. Aunque precisó que no entró al
balneario al que ingresó el teniente Ortiz, por quedarse afuera “de seguridad”, sí puso
de presente que en el sitio estaban “tres muchachos que posteriormente me di cuenta que
eran pues auxiliares y estaba mi teniente, mi teniente Sánchez, el comandante de allá de la
subestación de Santa Cecilia”, y quienes, según refirió, estaban de civil y que los vio

“normal”, a pesar de no tener ningún contacto cercano con ellos, ni haber entablado
conversación alguna. Hizo constar que, estando en la subestación de policía, el
subteniente Jhonatan Ortiz “formó a todo el personal y estuvo hablando con ellos (…) ”. No
ofreció mayores elementos contextuales, toda vez que, insistió en que durante el
procedimiento permaneció a una distancia prudencial de los demás.

84. John Alexander Román Lasso 93 , quien fungía como policial adscrito a la
subestación de Santa Cecilia (Pueblo Rico, Risaralda), y se encontraba “disponible”
para la fecha de los hechos en la subestación de Santa Cecilia, relató que se quedó
guardando reposo en las instalaciones porque se sometió a una intervención
odontológica. Aseveró que no tenía conocimiento sobre la ingesta de bebidas
embriagantes en la subestación, ni le gustaba “meterse” en ese tipo de cosas. Narró
que el subteniente Ortiz los hizo formar “a ver si de pronto alguno estaba pues con el con
tufo o con olor alcohólico”, y que todo el procedimiento quedó grabado en video.

85. Wilman Alonso Castañeda Ceballos94, como subcomandante de la unidad
policial del corregimiento de Santa Cecilia, en la visita especial realizada el
diecinueve (19) de enero de dos mil veinte (2020), según la videograbación allegada
al plenario, dio cuenta de los espacios que conforman la subestación de Policía,
identificando la garita en la que adujo encontrar las cervezas “dentro de una bolsa de
costal”, a las cuales les tomó una foto que quedó debidamente incorporada en los

informes presentados. De igual manera, en la grabación se observa la bolsa, de
color verde oscuro (con las cuales se arman las garitas), contentiva de veinticuatro
(24) botellas de cervezas en botella de vidrio, sin tapa -ni contenido-, marca Póker.

85.1. En su declaración, el intendente Castañeda Ceballos narró que, para la fecha
de los hechos, mientras se encontraba en un puesto de control, observó en horas
de la tarde a dos (2) auxiliares que rodeaban el sector de civil, a quienes identificó
como Yesid Galeano Medina y Elquin Caro Bartolo, que sacaron de una bodega lo

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que al parecer se trataba de una caja de cervezas y que se dirigieron hacia la
subestación de policía. Después de eso, advirtió que le informó al mayor Serrano
sobre la presunta irregularidad, y agregó: “(…) entonces yo me trasladé. Llegué acá a la a
la subestación de policía y me encuentro que no encuentro a mi teniente, averigüé por todos los por
todos los lados. Igualmente, pues le marqué a ver dónde estaba y no nadie pues me dio razón de él.
Consulté pues al muchacho de la guardia y me dijo, me mostró, una, me dijo que ellos habían salido,
habían salido con rumbo desconocido. Entonces, pues comencé a verificar a ver qué había pasado
acá y encontré unas cajas, dos cajas de cerveza en el en el sector del rancho. Observé 24 envases
de cerveza vacíos en la parte trasera de la garita Delta 3. Eh, y de inmediato pues le puse en
conocimiento de mi mayor comandante distrito lo que lo que había pasado de lo que había pasado.
Entonces, él ya quedó todo pues eh claro ahí. Eh, le informé a él que no sabía dónde hacia dónde
habían salido, que habían salido de pronto con rumbo que habían salido con rumbo desconocido y
ya en ese momento eso fue la labor mía que vine que hice acá arriba ” (sic).

85.2. Al absolver los interrogantes sobre lo acaecido en horas de la noche, señaló
que se hizo la verificación y se formó al personal. Sobre las novedades observadas
en la formación, dijo: “observé que mi teniente, eh comandante, de estación Santa Cecilia
caminaban con dificultad, con halitosis. Tenía (…) observé los ojos muy, muy enrojecidos, al igual
que los señores que presumiblemente lo acompañaban a él (…) Según lo manifestado por el señor
jefe de información y la verificación de la anotación presumiblemente pues se encontraba con el
auxiliar Galeano Mena Yesid, el auxiliar Caro Bartolo, el señor patrullero, ya le ya digo el nombre, el
señor patrullero Arias Maturana, Arias Maturana y él con mi teniente el que usted me acabó de
mencionar, mi teniente Mayorga”. Advirtió que las últimas personas antes citadas
presentaban un aliento a alcohol muy fuerte, que se notaba al estar cerca de ellos.

86. En ese mismo sentido, en la visita especial adelantada el diecinueve (19) de
enero de dos mil veinte (2020)95, en el “balneario las piscinas” o “finca las palmeras” de
propiedad del señor Jesús Edelio García Quenud, éste hizo constar que el
diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020) se encontraba trabajando cuando
llegaron unos docentes del corregimiento de Santa Cecilia “a refrescarse, a pasar un rato
ahí”, y a quienes identificó como Fernando Sánchez y Medardo Sánchez, con uno

de sus amigos y miembros de sus familias. Adujo que, en la tarde, pasaron unas
personas por la vía “como en pantaloneta”, quienes eran conocidos de los docentes,
pues, uno de ellos les gritó “teniente, teniente”. Refirió que se trataba de cuatro (4)
agentes de policía que se sentaron junto a los docentes y sus acompañantes.

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86.1. Sostuvo que, aunque los docentes le pidieron cervezas, en ningún momento
los policiales le compraran a él ese tipo de bebidas. Observó, a la distancia, que
uno de ellos “traía un frasco de gatorade en la mano”. Puntualizó que los policiales
estuvieron, aproximadamente, dos horas y media en el lugar, hasta que llegó una
patrulla de la institución como si se tratara de “un operativo”, puesto que entraron
“grabando e inmediatamente los sacaron y se los llevaron en la camioneta ”. Aludió a que los
policiales salieron del sitio “por su propia cuenta y caminando normal”.

87. El señor Fernando Sánchez Bonilla 96 se presentó como docente de la
Institución Educativa de San Pablo, en Pueblo Rico – Risaralda. Dio cuenta de que,
para la fecha de los hechos, no recordaba con claridad lo que estaba haciendo ese
día. Luego de una serie de preguntas realizadas por el defensor del disciplinado,
reconoció que estuvo en un balneario, en horas de la tarde, en el corregimiento de
Santa Cecilia. Dijo que llegó al establecimiento, que identificó como “ la piscina de
Cuenú”, solo, pero se encontró allá con su hermano, el señor Medardo Sánchez

Bonilla, advirtiendo que en el lugar se encontraban unos agentes de policía de la
subestación. Afirmó que, cuando llegó, los policiales ya se encontraban en el sitio,
con traje deportivo. Adujo que “no podía asegurar que los haya visto en eso”, refiriéndose
a la ingesta de bebidas embriagantes, “porque llegó y ellos estaban en la piscina, otros
alrededor, pero no sé qué estaban ingiriendo, o sea no miré qué estaban bebiendo ”.

87.1. Resaltó que le ofreció a su hermano una cerveza cuando llegó, y que no sabía
“si los agentes estaban tomando o no (…) no sé qué plan tenían ellos allí ”. Agregó que llegó al
lugar más o menos a las 16:30 y que estuvo en el sitio unos 30 o 45 minutos
hablando con su hermano y con el dueño del balneario. Durante ese tiempo, no se
percató si los agentes que permanecían en el lugar estaban o no tomando cerveza.
Insistió en que “ellos estaban en la piscina, y nosotros estábamos acá en la casa de él” (sic). Al
respecto, aseveró que, cuando él se fue, los cuatro (4) policiales se quedaron en el
lugar, y que sabía que eran miembros de la Policía Nacional porque su hermano se
lo confirmó, pues eran conocidos de él “y tenían muy buenas relaciones con la Policía”, con
quienes incluso jugaban fútbol. Destacó que, después del acontecimiento, supo que
uno era patrullero, otro sargento, y dos (2) más estaban prestando servicio. Cuando
le consultaron si podía acudir a una descripción física, explicó que dos (2) de ellos
eran muy jóvenes, delgados, y de piel negra, otro que era trigueño, no tan alto y con
cara redonda, y el otro era mestizo, “un poco más altico, con buena contextura física”.

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88. El señor Medardo Sánchez Bonilla97, por su parte, indicó que, para el diecisiete
(17) de enero de dos mil veinte (2020), ostentaba el cargo de docente en el
corregimiento de Santa Cecilia. Narró que, para esa calenda, en horas de la tarde
estaba (aproximadamente desde las 13:00 horas) con su esposa y otros
acompañantes, en un sitio con piscina compartiendo con ellos, establecimiento cuyo
nombre no recordaba, pero que identificó como “La piscina de Edelio Cuenú”. Narró que
se encontraba en el balneario cuando llegaron “unos funcionarios” de la Policía
Nacional, a quienes saludaron. Indicó que: “ellos iban haciendo ejercicio, entonces nosotros
los llamamos para que tomáramos un fresco (gatorade) ”. También anotó que ellos iban en

traje deportivo, con pantaloneta, y que no portaban ningún tipo de armamento.

88.1. Explicó que estuvo tomando, con su esposa y amigo, cerveza (águila original
en lata, y que cada uno consumió entre 7 u 8 cervezas), y que se ubicaron en una
parte del establecimiento que les permitía observar la entrada principal. Manifestó
que, durante el tiempo que estuvo ahí, no vio que los policiales estuvieran tomando
cerveza, ni percibió que tuvieran aliento a trago. Resaltó que “ ellos charlaron un rato, y
se metieron un chapuzón en la piscina”. Refirió que salió del lugar cuando todavía estaba

“claro” el día. Al igual que el señor Fernando Sánchez Bonilla, también aseguró que
sostenía una buena relación con los miembros de la Policía Nacional, con quienes
realizaban actividades culturales y deportivas. Por último, al ser consultado por el
despacho disciplinario si distinguía o podía describir a los policiales que se
encontraban en el lugar, hizo énfasis en el señor Sánchez y el patrullero Arias,
mientras que de los oficiales no se sabía los nombres, “porque no eran allegados”.
Aunque afirmó que todos salieron al mismo tiempo del establecimiento, luego
reconoció que, cuando llegó la fuerza pública, los policiales continuaban adentro.

89. El testigo Yeiver Andrés Gutiérrez Ocampo98 expuso que prestó sus servicios
como miembro de la Policía Nacional por espacio de dieciocho (18) meses (sin
precisar los extremos temporales de la vinculación). Manifestó que, para la fecha de
ocurrencia de los hechos, se encontraba en “el pueblo patrullando”, puesto que estaba
“de guardia de seguridad”. A su turno, sostuvo que: “no alcanzó a ver bien, que solo vio que
ellos llegaron allí (a un establecimiento del corregimiento de Santa Cecilia) y ya, llevaron como una
chuspa ahí, no sé, como gatorade o gaseosa, no sé, porque no hablé con ellos ni nada ”. Insistió

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en que no sabía bien qué llevaban ellos (los disciplinados) en la “ chuspa” -que
caracterizó como una bolsa de color negra- y que no le constaba el contenido de
aquella. Aseguró que el puesto de control estaba bajo el mando del sargento (sic)
Castañeda y que él “fue el que los vio, él estaba ahí”. Indicó que la actitud de los
disciplinados era “normal, que llegaron allí normal”. Al ser consultado por la vestimenta
de los policiales, puso de presente que estaban disponibles ese día, pero que
“estaban de civil, demás que con pantaloneta y todo eso (…) estaban de civil”.

90. El señor Dairo Mosquera Coocio99, quien no figura como miembro de la Policía
Nacional, sino como “monitor de deportes” del corregimiento, explicó que, para la fecha
de ocurrencia de los hechos investigados, se encontraba con un grupo de amigos
en el corregimiento de Santa Cecilia, cuando se dirigieron al establecimiento “ La
Piscina” a tomar “unas cervecitas” y que, al ver a los policiales por el sitio, les ofrecieron

un “fresco”. Puntualizó que, después de que llegaron los policías, él se fue a los diez
(10) minutos y que ellos quedaron allí “tomándose el gatorade”. Hizo énfasis en que los
policías estaban en traje deportivo y que no recuerda cuántos eran.

91. El señor Julián Andrés Mosquera Córdoba100 narró que prestó sus servicios
en la Policía Nacional (desde el 27 de octubre de 2019, hasta el 28 de febrero de
2020) y que, durante ese tiempo, estuvo en el corregimiento de Santa Cecilia. Narró
que, para el diecisiete (17) de enero del dos mil veinte (2020), estaban al mando del
intendente Castañeda en el puesto de control instalado ese día. Al ser consultado
por los hechos materia de investigación disciplinaria, explicó que tuvo conocimiento
que unos compañeros se acercaron al establecimiento -que caracterizó como una
tienda- y que supo “que ellos salieron con unos gatorade, o no sé si eran pony maltas, seguro
eran pony maltas, desde mi lugar no me podía percatar ”. Destacó que estaba retirado y que

no tuvo conversación alguna con ellos. Puntualizó que, en caso de haberse
acreditado el consumo de bebidas embriagantes, lo procedente era que les llamaran
la atención. Resaltó que los policiales a quienes vio “iban uniformados”. Al reiterarse el
interrogante sobre la vestimenta, reafirmó que los policiales portaban uniforme.

91.1. Por otra parte, aseveró que tenía la seguridad que lo que llevaban los
uniformados era “gatorade y pony malta”, especialmente, por el “envase café” y porque
se trataba “de un tarro redondo”. No recordó la cantidad o la forma en la que llevaban

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las bebidas. Dijo que supo de lo que llevaban porque, estando en el puesto de
control, miró momentáneamente cuando los policiales pasaron y “ llegaban al lugar”.
Luego refirió que los vio fue cuando se retiraron del establecimiento con “los productos
que compraron”. Resaltó que quien llevaba esas bebidas era el compañero “ Yesid

Mena”. Puntualizó que se enteró de una novedad cuando llegó a la subestación, a

eso de las 18:00. Ilustró que fueron llamados a formarse, les hicieron la prueba del
alcohol “con la gorra” (soplándola) -practicada por el intendente (sic) Ortiz-, luego
sacaron a dos funcionarios (Sánchez y Arias) y los superiores se fueron con ellos.

92. El señor Robertulio Carmona Mejía101, quien se identificó como patrullero en
la estación de Apía, sostuvo que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, se
encontraba desempeñando patrullaje rural. Señaló que ese día, entre las 17:40 y
18:00 horas, se le ordenó dirigirse hacia el corregimiento de Santa Cecilia por una
novedad con algunos funcionarios de la subestación. Aunque no llegó directamente
al lugar de los hechos, dio cuenta de que cinco (5) personas de civil, a quienes
identificó como “uniformados de la estación (…) mi teniente Sánchez, el patrullero Arias, y creo
que eran 3 auxiliares, no conozco a los auxiliares, a mi teniente y a Arias sí ”, abordaron dos

camionetas de la institución y fueron trasladados hacia el municipio de Pereira,
específicamente, al comando de policía. Aseguró que la forma de trabajo en la
subestación de Santa Cecilia, por tratarse de un punto de “orden público”, o una zona
de riesgo, es de treinta (30) días de labor por seis (6) de descanso.

93. A partir de la valoración conjunta e integral de las pruebas relacionadas ut supra,
la Sala encuentra acreditado que Wilder Arias Maturana, para la fecha de ocurrencia
de los hechos, estaba en servicio y que, aproximadamente a las 16:00 horas, salió
de la subestación del corregimiento de Santa Cecilia, vestido de civil, en compañía
del teniente Sánchez y auxiliares de la Policía. Esta circunstancia encuentra
respaldo tanto en los registros de la unidad policial, como en las declaraciones de
quienes tuvieron conocimiento directo de la salida, y de quienes identificaron a los
policiales mientras permanecían en el establecimiento “Las piscinas”. Valga anotar
que sólo uno de los deponentes, Julián Andrés Mosquera Córdoba, adujo que los
policiales iban uniformados, aspecto que dista de las demás declaraciones que
coincidieron en señalar que iban de civil o en traje deportivo, contradicción que le
resta fuerza persuasiva a su declaración. En ese sentido, el acervo no presenta una

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controversia sustancial acerca del desplazamiento del disciplinado con el grupo, de
modo que este constituye un primer hecho objetivamente acreditado.

94. También está demostrado que el demandante, junto con Carlos Andrés Sánchez
Mayorga, y los auxiliares de policía que los acompañaban, estuvieron en el sitio
denominado “Las piscinas”. Las declaraciones, registros y material audiovisual
permiten reconstruir la presencia de varios integrantes de la unidad policial vestidos
de civil. En particular, Tabares relacionó a Arias con el grupo que acompañaba al
teniente Sánchez y a los auxiliares. De igual manera, aunque se hizo referencia a
la supuesta “huida” que emprendió Arias Maturana del establecimiento al advertir la
llegada de los demás policiales, lo cierto es que, el mismo Medardo Sánchez Bonilla,
quien se encontraba en el lugar, declaró que conocía a dos de los agentes que
estuvieron en el sitio con ellos, refiriéndose al señor Sánchez y al patrullero Arias.
Esta versión se respalda con lo declarado por Fernando Sánchez Medina, quien, a
pesar de no haber ofrecido nombres, indicó el número y características físicas de
quienes en su momento estuvieron departiendo con su grupo. Por consiguiente,
más allá de las diferencias acerca de lo que allí ocurrió, existe una base probatoria
consistente y sólida sobre la presencia del disciplinado en ese escenario.

95. De acuerdo con la videograbación allegada al plenario, la visita especial a la
subestación de policía del corregimiento de Santa Cecilia, y al Oficio N.º S-2020-
002760-DERIS/COSEC-DISPO2 del dieciocho (18) de enero de dos mil veinte
(2020) elaborado por el señor Ronal Alberto Serrano Jaimes, se observa que
también existe una convergencia objetiva acerca de la presencia de recipientes de
cerveza, tanto en las instalaciones de la subestación, como en el establecimiento
en donde fueron sorprendidos unos policiales. Valga anotar que esta circunstancia
solo ostenta valor indiciario, comoquiera que, por sí sola, no acredita el consumo de
bebidas embriagantes por parte del funcionario investigado, ni mucho menos los
efectos bajo los cuales se encontraba. Fuerza iterar también que la conducta
endilgada se circunscribió a la acreditación de “estar bajo los efectos de bebidas
embriagantes” durante el servicio, y no a la primera hipótesis del tipo disciplinario,

correspondiente al consumo de bebidas embriagantes o a otra clase de sustancias.

96. Este último punto reviste medular importancia, toda vez que, aunque las
declaraciones de Medardo Sánchez Bonilla y de Jesús Edelio Quenud apuntan a
que no observaron a los policiales comprar e ingerir bebidas embriagantes, sino que

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aludieron a la ingesta de bebidas como “gatorade”, se insiste en que la conducta
reprochada no se inscribe en el ámbito del consumo durante el servicio, sino de
estar bajo los efectos de bebidas embriagantes, descripciones que, aunque no son
excluyentes, quedaron redactadas en el tipo disciplinario de la Ley 1015 de 2006
como supuestos alternativos (con la inclusión de la “o” con valor disyuntivo). En
otros términos, la percepción sensorial de los declarantes frente a la acción de
“consumir” no desvirtúa la hipótesis alternativa de estar bajo los efectos de bebidas
embriagantes, máxime, si se tiene en cuenta que los referidos testigos solo
ofrecieron elementos contextuales de lo ocurrido durante un tiempo en el que
coincidieron con el disciplinado en el establecimiento, pero no frente a los hechos
acaecidos por fuera del establecimiento, por ejemplo, en la subestación de policía,
en donde se identificaron botellas de cerveza vacías, según los informes.

97. Ahora bien, el núcleo de mayor capacidad individualizadora se encuentra en las
declaraciones de quienes afirmaron percibir olor a bebidas alcohólicas después de
los acontecimientos del balneario. Particular importancia tiene la declaración de
Wilman Alonso Castañeda, quien, como subcomandante de la unidad policial del
corregimiento de Santa Cecilia, sostuvo haber tenido interacción personal con Arias
Maturana y haber percibido un “aliento muy fuerte a alcohol”, al igual que el señor
Sánchez Mayorga, de quien sostuvo además que le observaba los ojos enrojecidos.

98. Esta declaración se armoniza con lo percibido por el mayor Ronal Alberto
Serrano Jaimes, quien refirió que sintió el “aliento alcohólico” o el “olor alcohólico” al
momento de acercarse a hablar, entre otros, con el patrullero Arias Maturana.
Huelga advertir que, en su declaración, diferenció el estado en el que se encontraba
Sánchez Mayorga, de quien resaltó que “no concordaba en las cosas” o que hablaba “de
manera enredada”, mientras que, frente a Arias Maturana, aseveró que no era “ tan
evidente lo del tema (…) pero lo que sí era evidente era el tema del de ese aliento alcohólico que se
percibía ahí entre ellos”. El mayor Serrano Jaimes hizo hincapié en que el estado de los

uniformados también lo percibió el subteniente Jhonatan Ortiz y Wilman Alonso
Castañeda. Además, fue enfático en sostener que en ningún momento se le solicitó
permiso para que los policiales salieran de la subestación a algún otro lugar.

99. La percepción sensorial sobre el aliento alcohólico también quedó consignada
por el comandante de la estación de policía de Pueblo Rico -quien llegó a la
subestación e hizo formar a los funcionarios-, en el Oficio DISPO-ESTPO-29.57 del

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dieciocho (18) de enero de dos mil veinte (2020), en el que indicó que, al pasar
revista en la unidad policial, se encontró al patrullero Arias Maturana, “instante en el
cual se le pasa revista al estado físico y anímico donde se puede evidenciar por sus comportamientos
y olor alcohólico, al parecer (sic) se encuentra en estado de embriaguez ”. De la formación que

ordenó Ortiz Bustamante, y de la “prueba de la gorra” que adelantó, dieron cuenta los
señores Hugo Fernando Rojas Castañeda, Rubén Darío Tabares, John Alexander
Román Lasso y Eduardo Jiménez Nieto. Ciertamente, la denominada “prueba de la
gorra” no constituye una prueba científica, pero su uso sí se orienta establecer uno

de los síntomas clínicos establecidos por el Instituto de Medicina Legal: el aliento
alcohólico, el cual fue verificado por los señores Ortiz Bustamante, Serrano Jaimes
y Castañeda Ceballos, como testigos directos de los hechos.

100. Para la Sala, los efectos derivados de la ingesta de bebidas embriagantes no
exigen la necesaria verificación de universo de síntomas, o patrones uniformes en
todos los casos, pues, las manifestaciones pueden ser variadas, dependiendo del
nivel de etanol en sangre, e incluir, en menor o mayor intensidad, diferentes signos
de alerta, expresiones corporales, el olor o aliento alcohólico, congestión conjuntival
y convergencia ocular, la anormalidad motriz, entre otros. Así las cosas, las
narraciones que refieren a la regularidad de la marcha del demandante, a su
desplazamiento normal o a la capacidad motora percibida no enervan otras
alteraciones como las del aliento y el olor, las cuales sí fueron advertidas.

100.1. En otros términos, la ausencia de alteración motriz o la coherencia del habla
a la que aludieron algunos deponentes podría debilitar la proposición según la cual,
el actor se encontraba ostensiblemente embriagado, pero no necesariamente
desvirtúa la hipótesis de que estuviera bajo los efectos de bebidas embriagantes.
No pasa inadvertido que el tipo disciplinario no distingue el grado de alcohol en el
sujeto, sino que reprocha, en general, bien sea el consumo durante el servicio, ora
el estar bajo los efectos de tales bebidas -u otras sustancias- durante aquel.

101. Las pruebas arrimadas al proceso develan una convergencia documental y
testimonial acerca del traslado del señor Arias Maturana, con los demás efectivos
involucrados, al comando ubicado en el municipio de Pereira; asimismo, de la
obtención de una muestra biológica; de igual manera, que una muestra atribuida a
él, fue recibida y analizada por Medicina Legal y que el examen reportó presencia
de etanol. La controversia probatoria no recae, entonces, sobre la existencia del

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material objeto de análisis, sino sobre su trazabilidad y conservación durante el
lapso entre su obtención y ulterior recepción, particularmente, por las deficiencias
documentales detectadas respecto de su custodia, anomalías que, pese a tener
incidencia en el grado de credibilidad que ofrecen, al valorarse conjuntamente con
los demás elementos de juicio, permiten llegar al convencimiento de la ingesta de
bebidas embriagantes por parte del actor, quien se encontraba en servicio.

2.5.4. Sobre la violación del derecho al debido proceso.

102. El demandante considera que se le violó el debido proceso y el derecho de
defensa, en especial, por las pruebas omitidas y las consideradas para sancionar.
Para resolver el asunto planteado, se impone recordar que, según lo sostenido por
esta Sección, el debido proceso es un derecho de rango superior que busca la
protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes
se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. Por ende,
siendo el proceso disciplinario un trámite de naturaleza administrativa, es claro que
las partes que en él intervienen se encuentran amparadas por tales prerrogativas102.

103. Esta Colegiatura también ha sido enfática en señalar que no toda violación a
la dimensión formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la
anulación de la actuación procesal afectada, pues, para tales efectos, será
necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de protección
de la garantía fundamental en estudio. Para ilustrarlo, se ha explicado que “ no es lo
mismo dejar de practicar algunas pruebas esenciales, cuyo análisis puede incidir de forma decisiva
en las conclusiones acerca de la responsabilidad disciplinaria, que desistir de la realización de otras
frente a las cuales no solo es compleja su práctica, sino que ya no son principales por existir en el
proceso un suficiente material probatorio para poder adoptar la respectiva decisión”103.

104. Bajo ese contexto, para que una irregularidad sustancial pueda afectar la
validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario, debe tratarse de un vicio
determinante, por lo que, las omisiones o yerros procedimentales de menor entidad
no tienen la virtualidad de aducirse a efectos de anular el acto sancionatorio.

105. Como quedó expuesto, los operadores disciplinarios se valieron de un amplio
recaudo probatorio que, analizado integralmente, a la luz de las reglas de la sana

102
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de octubre
de 2019, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2011-00661-00(2553-11).
103
Ibidem.

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crítica, sirvió de sustento para imponer el correctivo disciplinario objeto de censura.
En el seno de la actuación disciplinaria, las autoridades no omitieron la práctica de
la prueba científica, ni anularon la contradicción de las pruebas incorporadas, en
concreto, las testimoniales, respecto de las cuales el defensor desplegó una
conducta procesal activa, al solicitar aquellas que consideró conducentes,
pertinentes y útiles, interrogar a los declarantes y controvertir sus dichos.

106. Por último, no pasa inadvertido para la Sala que, en el marco de la actuación
disciplinaria, se observaron todas las garantías del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción del actor, en la medida en que el disciplinado fue notificado
en debida forma de las actuaciones, tuvo la oportunidad de actuar a través de su
apoderado de confianza, presentar descargos, guardar silencio cuando así lo
consideró, aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusión, interponer los
recursos de ley, proponer distintas nulidades, participar activamente en las
audiencias y diligencias conducidas por el despacho, entre otras manifestaciones
que se inscriben en el núcleo esencial de esta garantía iusfundamental.

2.5.5. Elementos mínimos que sustentan la responsabilidad disciplinaria.

2.5.5.1. Tipicidad.

107. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3)
elementos estructurantes: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los
cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal104.

108. En la sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)105, esta
Sala recordó que, la tipicidad es una categoría dogmática que encuentra su razón
de ser en el principio de legalidad, como expresión del derecho al debido proceso.
Así, para determinar si un comportamiento constituye falta gravísima, grave o leve,
debe realizarse un proceso de adecuación típica a través de la comprobación lógica
y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal y la efectivamente
desplegada por el sujeto. Como manifestación del principio de legalidad y del debido
proceso, cumple con la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al

104
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).
105
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).

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establecer de forma previa y clara qué comportamientos son sancionables y, a la
vez, preservar la seguridad jurídica, sin desconocer garantías fundamentales.

109. Asimismo, en sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026) 106,
esta Sala reiteró que, a diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se
caracteriza porque las conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas
de manera cerrada o taxativa, sino que están consignadas en tipos abiertos o en
blanco, dada la imposibilidad del legislador de prever, de forma detallada, todos los
comportamientos reprochables de los servidores públicos. En ese sentido, el tipo
disciplinario se complementa con normas que establecen deberes, mandatos y
prohibiciones a cada cargo, de las cuales se deriva la adecuación específica.

110. En el asunto de marras, la Sala evidencia que, por los hechos acaecidos el
diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), relacionados con los efectos de la
ingesta de bebidas embriagantes durante el servicio, el operador disciplinario
encuadró la conducta en la falta gravísima contenida en el artículo 34, numeral 26,
de la Ley 1015 de 2006, consistente en “consumir o estar bajo el efecto de bebidas
embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio”,

calificada a título de dolo, con énfasis en las hipótesis resaltadas. Para ese fin, se
examinaron las pruebas que permitieron acreditar, por un lado, el “ estar bajo el efecto
de bebidas embriagantes”, y, por el otro lado, que dicho supuesto acaeciera durante el

servicio, esto es, en el ejercicio de labores encomendadas en la unidad policial.

111. La cadena argumentativa empleada en los actos enjuiciados permite afirmar
que, en el sub-lite, la conducta reprochada está prevista en la ley como falta, y que
el ejercicio de adecuación típica adelantado por el fallador disciplinario refleja una
comprobación lógica, sustentada y razonada de la relación de subsunción entre la
descripción legal y la efectivamente desplegada -y atribuida- al disciplinado.

2.5.5.2. Ilicitud sustancial.

112. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, en su redacción original, dispuso que “ la
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna ”. En el ámbito del

derecho disciplinario, la ilicitud sustancial no se fundamenta en la producción de un

106
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).

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daño material, o en la lesión de un bien jurídico en sentido estricto, sino en el
incumplimiento de los deberes que rigen el ejercicio de la función pública107.

113. La Sala entiende satisfecho el estadio de la ilicitud sustancial, comoquiera que,
más allá de la infracción formal de la prohibición que derivó en la falta disciplinaria,
el encontrarse en situación de servicio -o disponibilidad- mientras estaba bajo el
efecto de bebidas embriagantes, el actor comprometió los deberes inherentes a la
función policial, máxime, si se tiene en cuenta que, quien permanece en servicio,
debe conservar condiciones de idoneidad, disciplina y aptitud necesarias para
atender oportuna, adecuada y diligentemente los requerimientos del servicio. Este
deber se acentúa al considerar, como se logró demostrar, que la subestación de
Santa Cecilia se ubica en una zona de constantes amenazas de grupos armados
ilegales, circunstancia que involucraba un deber reforzado de cuidado de sí, del
entorno y de los demás policiales que custodiaban la unidad policial y la zona.

2.5.5.3. Culpabilidad.

114. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 preceptúa: “ en materia disciplinaria queda
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa”. La Sala recuerda que, es en el análisis de la culpabilidad, en el que se valora

el aspecto subjetivo de la conducta108, estadio dentro del cual está proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva, límite que no presupone que, para su
configuración -como dolo, culpa grave y gravísima- se exija la causación de un daño.

115. En el asunto bajo examen, el operador disciplinario determinó que el
disciplinado actuó a título de dolo, es decir, conociendo los hechos constitutivos de
falta y, aun así, queriendo su realización. A juicio de esta Sala, la autoridad
disciplinaria justificó de manera plena y adecuada la imputación de la conducta a
título de dolo, resaltando que, a pesar de conocer el deber de estar en disponibilidad
permanente, y las obligaciones que le asistían al personal uniformado en la unidad
asignada, desplegó actos positivos encaminados a frustrar la integridad policial.

116. Como colofón, la Sala concluye que, la presunción de legalidad de los actos
administrativos enjuiciados permanece incólume, en tanto y en cuanto, no se

107
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).
108
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de marzo
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022).

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acreditó la vulneración del debido proceso o del derecho de defensa y contradicción,
ni alguna de las causales de nulidad invocadas por el actor.

2.6. Conclusiones.

117. En atención a las consideraciones expuestas, y conforme con las pruebas
valoradas, la Sala confirmará la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio
de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditado
que los operadores omitieran el decreto y práctica de la prueba técnica alegada, o
que desconocieran el derecho de defensa y contradicción del demandante.

2.7. Condena en costas.

118. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio
de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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