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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00430-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00430-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2016 00430 00 (1948-2016)
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Edgar Álvarez Álvarez

Temas: Causal del numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

SENTENCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala1 el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado
general del proceso liquidatorio del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la
extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales San Juan de Dios y Materno
Infantil, en liquidación, contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2012 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, la Fundación San Juan de Dios en Liquidación,2
por conducto de apoderado, solicitó revocar la sentencia proferida el 6 de diciembre
de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

1 Se precisa que esta providencia se emite por la Subsección B, integrada por los magistrados Rafael

Francisco Suárez Vargas y William Hernández Gómez, quien actúa en su doble condición, por un
lado, como integrante de dicha subsección, de acuerdo a la conformación que de ella se hizo en la
providencia del 14 de septiembre de 2017 (folios 40 y 41) y, por otro lado, en encargo, del despacho
que dirigía la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez y que, en la actualidad, se encuentra vacante
como consecuencia de la terminación de su periodo constitucional.
2 En adelante se referirá a ella como «la Fundación».

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Radicado: 11001 03 25 000 2016 00430 00 (1948-2016)
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

Subsección B, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001 33 31 024 2010 00268 01, a través de la cual se revocó la emitida
por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá,
que, a su vez, había negado las pretensiones de la demanda.

En consecuencia de lo anterior, deprecó que se acceda a las peticiones del proceso
que se revisa.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones de la entidad recurrente son, en
síntesis, los siguientes:

(i) El 19 de enero de 1983, la señora María Angélica Medina Llanos se vinculó al
Centro Hospitalario San Juan de Dios, mediante una relación legal y reglamentaria,
en el cargo de auxiliar de enfermería.

(ii) El 14 de mayo de 1995, en concepto 2156, la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado señaló que los trabajadores del Hospital San Juan de Dios
tienen el carácter de empleados departamentales, en tanto que prestan su servicio
en un establecimiento de ese orden, pues dicho ente hospitalario es perteneciente
a la Beneficencia de Cundinamarca.

(iii) En el año 2002, la Fundación expidió la Resolución 084, en virtud de la cual
reconoció una pensión de jubilación a la señora María Angélica Medina Llanos.

(iv) El 8 de marzo de 2005, en sentencia dictada dentro del proceso número 2001-
00145, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los Decretos 290 del 15 de
febrero de 1979, 1374 del 8 de junio de 1979 y 371 del 23 de febrero de 1998 y
debido a que los efectos de esa providencia fueron ex tunc ello conllevó que las
cosas se retrotrajeron a su estado anterior y, en ese orden, al concluir que la
Fundación siempre fue un establecimiento de salud del orden departamental, todas
las relaciones laborales que sostuvo, durante su existencia, eran legales y
reglamentarias, de modo que ninguna de ellas se rigió por el derecho privado.

(v) En la Sentencia de unificación SU 484 de 2008, la Corte Constitucional precisó,
entre otras cosas, las siguientes: a. que el día 21 de septiembre de 2001 salió el
último paciente de esa institución hospitalaria; b. que los contratos laborales del

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

hospital se extinguieron el 29 de octubre de 2001; por lo tanto, en esa fecha
quedaron terminadas todas las relaciones laborales de sus ex empleados y ex
trabajadores; c. que las consecuencias derivadas de la sentencia del Consejo de
Estado —a que se hizo referencia en el anterior numeral— «se deben tener como
producidas a partir de la expedición de los decretos anulados»; y d. que en lo que
se refiere a las relaciones laborales sostenidas entre el Instituto Materno Infantil y
sus trabajadores, «quedaron terminadas entre agosto y diciembre de 2006».

(vi) La consecuencia de las precisiones realizadas por la Corte Constitucional en la
sentencia enunciada permiten sostener que la Fundación siempre fue un
establecimiento de salud público del orden departamental, que las relaciones
laborales sostenidas con sus trabajadores concluyeron el 29 de octubre de 2001 y
que, por ende, no es viable afirmar que alguno de sus trabajadores prestó servicios
a esa institución con posterioridad a esa fecha, con las excepciones expresamente
señaladas en dicha providencia.

(vii) En mayo de 2010, la Fundación instauró acción de nulidad y restablecimiento
del derecho con el propósito de lograr la nulidad de la Resolución 084 de 2002, a
través de la cual se reconoció la pensión de jubilación a favor de la señora María
Angélica Medina Llanos. Se precisa que la pensionada falleció el 1.º de julio de
2012.

(viii) El 6 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia en el
proceso judicial mencionado en el numeral anterior, a través de la cual revocó la
sentencia de primer grado y, en su lugar, denegó las súplicas de la demanda.

(ix) El 25 de enero de 2013, la extinta Fundación reconoció la sustitución de la
pensión al señor Edgar Álvarez, en calidad de compañero permanente de la señora
Medina Llanos.

(x) En sentencias del Consejo de Estado emitidas el 19 de abril de 2012, en el
radicado 2009-00152 y el 1.º de septiembre de 2014, en el radicado 2010-00903 se
refirió a la calidad de empleados públicos de los servidores de la Fundación y que
su régimen prestacional era el previsto para los del orden nacional, en aplicación
de lo dispuesto en la parte final del artículo 30 de la Ley 10 de 1990.

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

(xi) En Sentencia T-121 de 2016, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones
en torno a las sentencias SU 484 de 2008 y de la proferida el 8 de marzo de 2005
por el Consejo de Estado, de la cual se citan y resaltan apartes relacionados con
que sus servidores tenían la condición de empleados públicos o trabajadores
oficiales, según las labores desempeñadas.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

La providencia objeto del recurso fue expedida el 6 de diciembre de 2012, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,3 y, en
ella, se revocó la decisión adoptada el 24 de octubre de 2011 por el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá,4 por la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar, el tribunal decidió
negar, en su integridad, las súplicas. Para tal efecto, se fundamentó en los
siguientes argumentos:

(i) El recuento normativo y jurisprudencial sobre la materia permite concluir que la
Fundación nació como entidad de naturaleza privada; con posterioridad, hizo parte
de la Beneficencia de Cundinamarca, pero luego volvió a ser una institución con
personería jurídica regida por sus estatutos y por el Código Civil; sin embargo, ante
la declaratoria de nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998
«regresó como ente administrado por la Beneficencia de Cundinamarca».

(ii) Ahora bien, producto de la nulidad de los decretos en mención, de las
consecuencias de tal decisión y de las diferentes precisiones que se han hecho
tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado sobre el particular,
se debe concluir que quedan a salvo las situaciones jurídicas particulares
consolidadas antes de la declaratoria de nulidad del acto general, pues durante su
vigencia estuvieron amparadas por la presunción de legalidad y, en ese orden, se
debe garantizar la seguridad jurídica a los administrados.

(iii) La anterior conclusión, de cara al análisis de la situación particular y concreta
de la señora Medina Llanos permite concluir que como la relación laboral que
suscribieron las partes fue contractual, al amparo de las normas del Código

3 Folios 616 a 628 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Folios 410 a 428 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Sustantivo del Trabajo, y esa situación se encuentra consolidada; el juicio de
legalidad del acto administrativo de reconocimiento pensional se debe realizar a la
luz de la Convención Colectiva 1982 suscrita entre la Fundación y el Sindicato de
Trabajadores de Hospitales Clínicas, Consultorios y Sanatorios y el departamento
de Cundinamarca, en cuyo artículo 30 se exige, para tal efecto, la acreditación de
20 años de labor en la institución, sin consideración a la edad, y dispone que el
reconocimiento, en ningún caso, puede ser inferior al 75% del salario promedio
mensual devengado por el trabajador en el momento del retiro, ni inferior al salario
mínimo convencional.

(iv) En línea con lo anterior, y como las pruebas allegadas al expediente
demuestran que a. la terminación de la relación laboral se produjo a partir del 1.º
de noviembre de 2002 —atendiendo las precisiones de la Corte Constitucional en
Sentencia SU 484 de 2008—; b. la señora Medina Llanos acumuló 19 años, 9
meses y 12 días de servicio y, pese a ello, la Fundación le reconoció la pensión de
jubilación dando por sentado que cumplía los 20 años exigidos para ese efecto; c.
la presunta inconsistencia advertida queda saneada si se tiene en cuenta que, en
el acto administrativo censurado, la Fundación señaló que «le fueron reconocidos
159 días como servicio anterior» entendido como aquel que sirvió a la beneficencia
de Cundinamarca con antelación a la sustitución patronal que hubo entre esta y la
Fundación, y así se admitió en la resolución enjuiciada.

(v) Aunado a lo anterior, en la Convención Colectiva 1982, que sirvió de sustento
para el reconocimiento pensional, en su artículo 74, se previó que continuaban
vigentes los pactos de trabajo anteriores, y, entre ellos, está el de 1970 —celebrado
entre la beneficencia de Cundinamarca y el sindicato de sus trabajadores— en cuyo
artículo 17, además de señalar las causas justas para la terminación del contrato
de trabajo, determinó que se podía reconocer la pensión de jubilación a quien no
hubiere cumplido la edad y el tiempo de servicio «siempre y cuando dicho pago se
haga por fondos comunes de la entidad en caso que les habilite tiempo superior a
dos (2) años». Y, en todo caso, como la pensionada estaba amparada por normas
ordinarias laborales, resultaría aplicable el artículo 267 del Código Sustantivo del
Trabajo, que impone al empleador el deber de reconocer la pensión al trabajador,
cuando se produce el retiro sin justa causa en cuanto este hubiere laborado entre
10 y 15 años o más de 15 y menos de 20.

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(vi) De lo expuesto se infiere que en las relaciones laborales de carácter privado,
es válido conceder el derecho pensional con menos de 20 años de servicio, por lo
cual el acto administrativo, regido por tales disposiciones y por la convención
colectiva de trabajo que le permitía acceder al derecho prestacional con unas
condiciones más beneficiosas, no está afectado por ilegalidad.

1.1.4. Causal de revisión invocada

El apoderado de la entidad recurrente invoca la causal de revisión prevista en el
numeral 7 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente «[n]o tener la persona en
cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

Para sustentar la prosperidad del recurso, el apoderado de la parte demandante
expuso los siguientes argumentos:

(i) En la Sentencia T-121 de 2016, la Corte Constitucional se pronunció sobre los
derechos fundamentales invocados por una ex funcionaria de la extinta Fundación
San Juan de Dios, y, en ese contexto, hizo «un amplio análisis de los límites y
alcances de la sentencia de unificación SU-484 de 2008 y [d]el fallo del 8 de marzo
de 2005 del Consejo de Estado» el cual se torna relevante para resolver sobre la
aptitud de los ex funcionarios de la Fundación a quienes se les reconoció una
prestación económica.

(ii) Dentro de tal análisis, se señaló que los recursos con los que se atienden
prestaciones periódicas, como la reconocida a la señora Medina Llanos, provienen
del patrimonio público; por lo tanto, es preciso agotar todas las instancias
necesarias para garantizar la defensa del erario y, por ende, el interés general. En
ese orden, y aun cuando la mencionada sentencia de tutela se dirigió a un grupo
poblacional determinado e identificable, esta constituye un hecho sobreviniente que
conviene acoger en el caso de la pensión que se debate, en la medida en que allí
se fijaron los alcances de la Sentencia de unificación SU 484 de 2008, en particular,
lo relativo a la naturaleza de la Beneficencia de Cundinamarca, como una institución
de salud departamental, circunstancia que conlleva la aplicación de las normas que

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rigen a los empleados públicos del sector salud y no las convenciones colectivas
como aquella que sustentó la decisión judicial que se recurre.

(iii) En efecto, si se examinan los argumentos que fundamentaron la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que aquí se debate, se
puede verificar que se apartó del precedente judicial que definió la naturaleza del
vínculo laboral de los ex funcionarios de la extinta Fundación, sin exponer una
«argumentación explícita y razonada del apartamiento»5 y, en consideración a ese
análisis, concluyó «equivocadamente» que la pensión de jubilación concedida a la
señora María Angélica Medina Llanos constituía un derecho consolidado, que
impedía declarar la nulidad del acto de reconocimiento.

(iv) En particular, en la providencia cuestionada, se tomó el 1º de noviembre de
2002 como fecha de terminación de la relación laboral de la señora Medina Llanos,
a pesar de que las disposiciones que gobiernan el vínculo laboral de los ex
trabajadores de la extinta Fundación son determinantes en cuanto la finalización de
esa relación laboral ocurrió el 29 de octubre de 2001. En ese orden, no es viable
predicar, respecto de aquella, una situación jurídica consolidada, motivo por el cual
fuerza aplicar, en su caso, los efectos ex tunc de la sentencia del año 2005 y, en
consecuencia, declarar que el reconocimiento prestacional fue ilegal.

1.2. Contestación al recurso extraordinario

El señor Edgar Álvarez Álvarez, en su calidad de cónyuge supérstite de la señora
María Angélica Medina Llano (q.e.p.d), y beneficiario de la pensión a ella
reconocida, por intermedio de su apoderado, se opuso la prosperidad del recurso,6
por las razones que se expresan a continuación:

(i) La Sentencia T 121 de 2016, que se invocó como sustento del recurso
extraordinario, no constituye un hecho sobreviniente que enerve el atributo de cosa
juzgada del que está revestida la sentencia judicial que se pretende debatir.

(ii) La causal 7.ª de revisión tiene por objeto restablecer el debido proceso; por lo
tanto, su procedencia está sujeta a la aparición de un hecho nuevo y no a reabrir el

5 El texto citado en comillas y referido, de igual manera, en la demanda, cita un aparte de la Sentencia

C-588 de 2012 de la Corte Constitucional.
6 Folios 60 a 65.

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debate probatorio ni la interpretación legal agotados en el proceso ordinario,
circunstancia esta última que pretende la parte recurrente, pues su fundamento se
orienta a debatir, nuevamente, el estudio acerca de la naturaleza de la relación
laboral de la pensionada y la procedencia o no de la aplicabilidad de la convención
colectiva de trabajo, aspectos que fueron ampliamente analizados en la providencia
que se recurre.

(iii) En todo caso, como la entidad demandante invoca la Sentencia T 121 de 2016
como hecho sobreviniente habilitante para acudir al recurso extraordinario, es
preciso señalar que dicha providencia no constituye un hecho nuevo pues el estudio
realizado en ella se circunscribió a reiterar asuntos ya decantados, como el relativo
a los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad del Consejo de Estado, que las
relaciones laborales de los ex trabajadores de la Fundación se extinguieron el 29 de
octubre de 2001 y que corresponde a la Beneficencia de Cundinamarca responder
por las obligaciones surgidas a partir del 15 de junio de 2005, lo que conlleva afirmar
que tal providencia no abordó un análisis novedoso que logre enervar la sentencia
objeto del recurso extraordinario de la referencia.

(iv) En lo que respecta a la legalidad del reconocimiento pensional, está amparado
por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada material, además, para su
reconocimiento se siguieron los parámetros de la convención colectiva; por lo tanto,
respecto de ella se debe aplicar la teoría de los derechos adquiridos y, en ese orden,
no se puede ver afectada por la decisión tomada en la sentencia que se pronunció
sobre la naturaleza jurídica de la Fundación.

(v) Adicional a lo expuesto, una interpretación jurisprudencial, en este caso, la que
se pregona en la Sentencia T 121 de 2016 no tiene la capacidad para afectar
situaciones pasadas, ni menos aquellas que ya fueron definidas en decisiones
judiciales respecto de las cuales recae la cosa juzgada.

(vi) Como elemento adicional se debe considerar que la Corte Constitucional, en
Sentencias SU 484 de 2008, T 10 de 2012 y T 121 de 2016 y en el Auto 268 de
2016, dejó claro que los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado del
8 de marzo de 2005 no conllevaban la alteración de situaciones jurídicas que
constituyeran derechos individuales consolidados y, para el caso concreto, es
evidente que el reconocimiento pensional, a favor de la señora Medina Llanos,

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ocurrió antes de dicha sentencia, esto es, el 28 de octubre de 2002, de donde surge
que se trataba de una situación jurídica consolidada.

(vii) Agregó que en la sentencia que se controvierte en este mecanismo
extraordinario se señaló que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 le confiere la
calidad de prepensionados a quienes les faltan menos de 3 años para adquirir el
derecho, situación en la que estaba inmersa la señora Medina Llanos; por lo tanto,
esa protección constitucional le otorgaba un fuero de inamovilidad, conforme a lo
estudiado en Sentencia T 768 de 2005 que, en todo caso, la hacía merecedora de
la pensión de jubilación con independencia de que hubiera cumplido o no los 20
años de servicios.

(viii) Finalmente, adujo que la Fundación carece de legitimación en la causa para
incoar el recurso extraordinario de revisión, pues en virtud de lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley 797 de 2003, la facultad para ese efecto reside en «las
instituciones de seguridad social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas» y tal circunstancia no se
predica de la demandante, pues es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien
tiene a cargo el pago periódico de la prestación que se controvierte.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 11 de mayo de 2016,7 esto es,
en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo;8 por lo tanto, esta corporación es competente para conocerlo, en
virtud de lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 249 ibidem.9 Ahora bien,
atendiendo el criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter
laboral, la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, en particular, la subsección
a la cual le hubiera correspondido el reparto, es competente para conocer el asunto,

7 Folio 19 vuelto.
8 El cual entró a regir el 2 de julio de 2012.
9 «Artículo 249. Competencia.

[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).

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en aplicación de lo previsto en el artículo 1310 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019.11

En este punto, también resulta oportuno precisar que, a través de auto del 14 de
septiembre de 201712 se declaró fundado el impedimento manifestado por los
magistrados César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter; por lo tanto, se
les separó del conocimiento del recurso extraordinario de revisión bajo análisis.
Además, se conformó la Sala de Subsección B con los magistrados de la
Subsección A, William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas.

Ahora bien, el 16 de junio de 2022,13 la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez
registró proyecto de sentencia, para discusión de la Sala de Subsección B,
conformada en los términos antes descritos; sin embargo, en esa oportunidad, la
ponencia presentada no logró el quorum necesario para su aprobación, razón por
la cual, a través de auto del 12 de julio de 2022,14 se dispuso el envío del expediente
al consejero de Estado que sigue en turno, a saber, el magistrado Rafael Francisco
Suárez Vargas, quien, en esta oportunidad, es ponente de esta providencia.

2.2. Problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2012 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001
33 31 024 2010 00268 01, está inmersa en la causal de revisión prevista en el
numeral 7 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente «[n]o tener la persona en
cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la

10 ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES .

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo
se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
[…]
Sección Segunda:
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.
11 Reglamento interno del Consejo de Estado.
12 Folios 40 y 41.
13 Según consta en auto del 12 de julio de 2012, visible en folio 80 del recurso extraordinario y en el

índice 45 de la plataforma Samai.
14
Folio 80 del recurso extraordinario y en el índice 45 de la plataforma Samai.

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aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Del recurso y la acción extraordinaria de revisión

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido
pacífica en considerar que el recurso extraordinario de revisión constituye una
excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar
la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes
que llevaron a una sentencia contraria a derecho»;15 por tal razón, su procedencia
se limita a las causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben
interpretarse de manera restrictiva. Asimismo, ha sostenido que más que un
recurso es una verdadera acción, cuyo propósito consiste en el «restablecimiento
de la justicia material». Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-
450 de 2015, en la que hizo un detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se
estudiará el presente recurso. En dicha sentencia se expuso lo siguiente:

Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente
ha indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge
como una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional,
el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,
ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que
ésta es materialmente injusta.[…] En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal
como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el
Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario
de revisión existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la
justicia, y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una
limitación a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.

[…]
Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa, tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en
el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas,
buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada. […]
[Negrillas y cursivas del original]

15 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Por su parte, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de
Estado, en diversos pronunciamientos, se ha referido a la naturaleza y alcance del
recurso extraordinario de revisión. Así, en vigencia del Decreto 01 de 1984
reconocía que se trataba de un mecanismo establecido por el legislador, como
excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias revestidas por cosa
juzgada, que permitía enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de
la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho al afectado, a través de una
nueva sentencia; lo anterior, previa constatación de la ocurrencia de alguna de las
causales que expresamente se fijaron para tal fin. Así se señaló:

Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a
la Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin
de que se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden
discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en
firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba,
que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.16

Por otro lado, en lo relacionado con el carácter instrumental del recurso, el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este se
debe interpretar como una actuación independiente del asunto origen, pues
constituye un nuevo proceso, es decir, un medio de control autónomo. Al respecto,
en sentencia del 3 de febrero de 2015, se afirmó lo siguiente:

Esta Corporación había acogido la tesis según la cual los recursos extraordinarios no
se podían entender como una actuación ajena e independiente del proceso de origen,
razón por la que se aplicaba la legislación que rigió el proceso en donde se emitió el
fallo objeto del recurso. Sin embargo, en reciente decisión, providencia de 12 de
agosto del año en curso, la Sala Plena Contenciosa modificó la postura expuesta,
para indicar que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y
no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto
del litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una
demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben
ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control
más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso administrativa. Huelga
advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de
Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe interponer por medio
de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros términos, el recurso

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de octubre de

2005, radicación: 1998 00173 00 (REV–173). M.P. María Elena Giraldo Gómez.

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es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia, a partir del
auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.17

Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional18 y el Consejo de Estado19 han
coincidido en que la Ley 797 de 2003 estableció una acción de revisión sui generis
para que se examinen las sumas periódicas, a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública, otorgadas de manera irregular, cuyo ejercicio está restringido
a: i) una parte activa calificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla;
ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la
protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el
procedimiento señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para las causales del artículo 250 ibidem; y, iv) su
objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas.

En lo atinente a las causales especiales de revisión, previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, estas se contraen al examen de sentencias en las cuales se
reconocen sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública, y frente a las cuales se cuestione: i) la violación al debido proceso, y/o ii)
el exceso en la cuantía reconocida, frente a lo que corresponde de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que eran legalmente aplicables.

Con todo, es preciso recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se concibieron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, esto es, determinar si el reconocimiento
(pensional) se hizo con violación al debido proceso o si se invoca que la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley.

2.3.2. De la causal de revisión invocada

Como se ha descrito con antelación, la entidad recurrente invocó la causal de
revisión señalada en el numeral 7 del artículo 250 del Código de Procedimiento

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de

2015, radicación 11001 03 15 000 2014 00387 00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 Sentencia C-835 de 2003.
19 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1.º de agosto de 2017,

radicación: 11001 03 15 000 2016 02022 00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre
otras providencias.

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente «[n]o
tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a
la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

En lo que respecta a esta causal, denominada por la jurisprudencia como «falta de
aptitud legal», se ha entendido que su configuración ocurre en tres situaciones
concretas: a. cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él,
por ejemplo, cuando en la sentencia se le reconoce una pensión a alguien que aún
no tiene la aptitud legal, por error involuntario tanto de la Administración Pública
como del juez administrativo; b. cuando la persona, luego del reconocimiento,
perdió su aptitud legal, por cuestiones de hecho, por ejemplo, cuando esté gozando
de una pensión de invalidez, recupera su salud y queda en condiciones de volver a
trabajar; y, c. cuando la persona luego del reconocimiento, perdió su aptitud legal,
por cuestiones de derecho, por ejemplo, la pérdida de la pensión por condena de
carácter penal.

En todo caso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se refiere a prestación periódica y no solo a pensión periódica, tal
como ocurría en el numeral 4 del artículo 188 del C.C.A.,20 lo que permite inferir
que esta causal amplía su cobertura no solo a las pensiones, sino también a las
demás prestaciones sociales o salariales de carácter periódico que pueden devenir
de una relación laboral vigente. Incluso, podría pensarse en prestaciones periódicas
de carácter no laboral ordenadas en la sentencia, como por ejemplo: el pago de
una indemnización por estamentos o el reconocimiento de un lucro cesante en las
mismas condiciones, en virtud de un contrato de prestación de servicios incumplido.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el presente asunto, el apoderado general del proceso liquidatorio del Conjunto
de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales
San Juan de Dios y Materno Infantil, en liquidación, somete a revisión de esta
corporación, la sentencia emitida el 6 de diciembre de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y, como

20 Artículo 188.7. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida.

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sustento, invoca la causal prevista en el numeral 7.º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues considera
que la Sentencia T-121 de 2016 de la Corte Constitucional constituye un hecho
sobreviniente que influye en el reconocimiento de la pensión de jubilación de la
señora María Angélica Medina Llanos (q.e.p.d.), sustituida al señor Edgar Álvarez
Álvarez.

2.4.1. La oportunidad del recurso

En lo que respecta al término para interponer el recurso extraordinario de revisión,
se debe señalar que el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo determina que su interposición, por regla general,
procede «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia»; sin
embargo, su inciso tercero establece una excepción frente a la causal señalada en
el numeral 7.º, según la cual «el recurso deberá presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.».

En consecuencia, la aplicación de la regla general de oportunidad para incoar el
recurso extraordinario de revisión que ocupa la atención de la Sala, permitiría
concluir que como la sentencia que se pretende infirmar fue expedida el 6 de
diciembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, y la demanda fue radicada hasta el 11 de mayo de 2016,
se habría superado con creces el término de un año señalado en la norma para su
interposición.

No obstante lo anterior, como la causal que se invoca, por parte del recurrente, es
la señalada en el numeral 7.º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto se aduce que existió
un hecho sobreviniente que da lugar a la configuración de la causal, y, como tal, se
invoca la Sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016, de la Corte Constitucional, el
término deberá contabilizarse a partir de esta y, por ende, como el recurso
extraordinario se radicó el 11 de mayo de 2016, se debe concluir que la
interposición de este fue oportuna, al tenor de lo previsto en el inciso 3.º del artículo
251 ibidem.

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2.4.2. Análisis del hecho sobreviniente que se invoca en el recurso
extraordinario

Como se ha señalado a lo largo de esta providencia, el apoderado de la parte
recurrente adujo, como hecho sobreviniente que, en su sentir, habilita la
procedencia de la causal, la expedición de la Sentencia T-121 del 8 de marzo de
2016, de la Corte Constitucional; sin embargo, la Sala es del criterio de que dicha
providencia no constituye un hecho de tal naturaleza21 que sirva de sustento para
alegar la pérdida de aptitud legal de la señora María Angélica Medina Llanos
(q.e.p.d.) y del señor Edgar Álvarez Álvarez, para continuar percibiendo la
prestación periódica que le fue reconocida a la primera y sustituida a este último,
en sede administrativa, por parte de la Fundación San Juan de Dios.

Lo anterior, en primer lugar, porque, como se vio, la Sentencia T-121 de 2016 tuvo
efectos inter partes, tal y como se desprende de su contenido; por lo tanto, aunque
en ella se precisaron los alcances de la Sentencia SU 484 de 2008, al ser una
sentencia de tutela (T), sus efectos no pueden extenderse erga omnes, como
ocurriría si se admitiera su aplicación en el presente caso, para reabrir el debate
jurídico.

En segundo lugar, es preciso aclarar que en la referida Sentencia T-121 de 2016
se analizó un supuesto fáctico diferente al de la señora María Angélica Medina
Llanos, pues en ella se estudió el caso de una médica especialista en anestesia,
que no demostró que hubiera continuado asistiendo a laborar a la Fundación con
posterioridad a la intervención ordenada por la Superintendencia de Salud a través
de la Resolución 1933 del 21 de septiembre de 2001;22 mientras que la señora
Medina Llanos era una «auxiliar de enfermería nocturna»,23 que prestó sus
servicios en la Fundación desde el 19 de enero de 1983 y hasta el 31 de octubre
de 2002, es decir, con posterioridad a dicha intervención, pues está demostrado
que a partir del 1º de noviembre de ese año se terminó «por mutuo consentimiento

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 7 de noviembre de 2019,

radicado: 11001 03 25 000 2016 00422 01, número interno: 1930-2016 y del 7 de mayo de 2020,
radicado 11001 03 25 000 2016 00428 00, número interno: 1946-2016, ambas de quien es ponente
en esta providencia.
22 La intervención se ordenó a través de dicha resolución, según se desprende de la certificación que

obra en folio 76 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
23 Según se señaló en el Acta de Reconocimiento 0084 del 28 de octubre de 2002, que obra en los folios 24 y

25 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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de las partes»24 el contrato de trabajo que había suscrito con la Fundación, lo que
permite inferir que continuó prestando su labor hasta la última fecha anotada. Y,
adicional a ello, «le fueron reconocidos ciento cincuenta y nueve (159) días como
servicio anterior».25

Fueron precisamente tales circunstancias especiales, las que motivaron al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a inferir que las
pruebas que reposaban en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
demostraban la acreditación de tiempo de servicio exigido en la convención
colectiva de trabajo, para el reconocimiento pensional e, incluso, la prestación
personal del servicio, por parte de la señora Medina Llanos por un tiempo superior
al definido por la Corte Constitucional en las Sentencias SU 484 de 2008 y T-121
de 2006, en las cuales, por demás, no se analizó la situación particular de cada uno
de los ex empleados de la Fundación y la existencia de las actas de terminación
del contrato de trabajo que daban cuenta de la finalización efectiva de la relación
laboral en cada caso concreto.

Las anteriores consideraciones son suficientes para que la Sala concluya que la
expedición de la Sentencia T-121 de 2016, por parte de la Corte Constitucional, no
constituye un hecho sobreviniente que tenga la aptitud necesaria para reabrir el
debate en torno al cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional
efectuado por la Fundación San Juan de Dios a través del Acta de Reconocimiento
0084 del 28 de octubre de 2002, a favor de la señora María Angélica Medina Llanos,
y posteriormente sustituido al señor Edgar Álvarez Álvarez.

2.4.3. Estudio de la causal de revisión invocada

Sin perjuicio de lo expuesto en el acápite anterior, es oportuno señalar que tampoco
sería posible analizar la configuración de la causal de revisión invocada, pues el
objeto de esta consiste en que se revise una sentencia a través de la cual se
«decretó una prestación periódica» y la providencia objeto del recurso
extraordinario que se analiza no dispuso un reconocimiento de tal naturaleza, pues
su estudio se circunscribió a examinar la legalidad del Acta de Reconocimiento
pensional 0084 del 28 de octubre de 2002, emanada de la Fundación San Juan de

24 Las dos citas corresponden al acta de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo,

visible en folios 26 y 27 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
25 Según consta en el acta referida en el pie de página anterior.

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Dios, de cara a los cargos planteados en la demanda, por la propia entidad. En
tales condiciones, la situación no se enmarca en la descrita causal, pues la
prestación periódica no fue reconocida en sede judicial, sino administrativa y, se
repite, lo que hizo la sentencia que aquí se cuestiona, fue ejercer el control de
legalidad sobre ella, en el marco de los reparos formulados en la demanda
ordinaria.

2.5. Pronunciamiento sobre las costas

Con fundamento en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, y en cuanto se pretendió ventilar un asunto de
interés público, pues la parte recurrente tuvo el propósito de controvertir una
providencia judicial que se pronunció sobre la legalidad de un acto de
reconocimiento pensional con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandante.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que: (i) la Sentencia T-121 de 2016, de la Corte
Constitucional, que se invoca como hecho sobreviniente, por la parte recurrente,
para cuestionar la sentencia expedida el 6 de diciembre de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, no puede servir
de sustento para la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 7.º
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, pues dicho fallo de tutela tuvo efectos inter partes y aunque en él se
hubieran precisado los alcances de la Sentencia SU 484 de 2008, por ser una
sentencia de tutela (T), sus efectos no se pueden extender erga omnes; (ii) como
en la sentencia recurrida no se reconoció una prestación periódica sino que se
estudió la legalidad del acto administrativo que reconoció una prestación de tal
naturaleza, la situación expuesta no se enmarca en el supuesto de hecho del
numeral 7.º del artículo 250 ibidem; (iii) al no haberse configurado la causal de
revisión formulada, se declarará infundado el recurso extraordinario; y (iv) no hay
lugar a imponer costas procesales.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad que le concede la ley,

Falla:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el apoderado general del proceso liquidatorio del Conjunto de Derechos y
Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales San Juan de
Dios y Materno Infantil, en liquidación, contra la sentencia proferida el 6 de
diciembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

Segundo. En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección Segunda,
devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001 33 31 024 2010 00268 01 al Tribunal de origen y archivar el recurso
extraordinario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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