Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03610-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03610-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03610-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03610-00 (5857)
Demandante: Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta Fundación
San Juan de Dios y hospitales: Hospital San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil – hoy liquidados
Demandada: Ayda Vargas Acelas
Temas: Causal 7 del artículo 250 del CPACA. Aptitud legal para el
reconocimiento de la prestación periódica. Exclusión de
supuestos ajenos al reconocimiento del derecho. DECLARA
INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el Conjunto de
Derechos y Obligaciones de la Extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales:
Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil – hoy liquidados en contra de
la sentencia del tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación2, para lo cual invocó la causal
del numeral 7 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que la señora Ayda Vargas Acelas se vinculó al Hospital San Juan de Dios
mediante una relación legal y reglamentaria a partir del 1.° de julio de 1982, en el
cargo de enfermera coordinadora y que, en el año 2002, aplicando de forma irregular
una convención colectiva de trabajo, se profirió el acta de reconocimiento de pensión
de jubilación 0102 del 28 de octubre a favor de la mencionada empleada.
2. Que ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), con el fin
de obtener la nulidad de dicho reconocimiento. En consecuencia, pidió que se
ordenara el reintegro de las sumas de dinero pagadas por dicho concepto desde la
expedición del acta de reconocimiento pensional hasta la fecha de la declaratoria de
1 La presentación del recurso se efectuó el 11 de julio de 2024, de acuerdo con índice 0001 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se accedió a las pretensiones dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) promovido por la Fundación San Juan de Dios en
Liquidación contra la señora Ayda Vargas Acelas.
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nulidad de esta.
3. Que de forma paralela el Consejo de Estado, al resolver una demanda de simple
nulidad, mediante sentencia del del 8 marzo de 2005, declaró la nulidad3 de los
decretos 290 del 15 de febrero de 1979, 1374 del 8 de junio de 1979 y 371 del 23 de
febrero de 1998, que otorgaban a la Fundación San Juan de Dios la naturaleza de
persona jurídica de derecho privado. Como resultado de esta decisión, la Fundación
San Juan de Dios dejó de existir, y los hospitales San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil nuevamente pasaron a la Beneficencia de Cundinamarca, es decir,
a ser considerados establecimientos públicos del orden departamental.
4. Que mediante sentencia de unificación SU- 484 de 2008 la Corte Constitucional,
estableció que la fecha de terminación general de las relaciones laborales de dichas
entidades fue el 29 de octubre de 2001.
5. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, en sentencia del 23 de abril de 2021, declaró la nulidad del reconocimiento
pensional, al considerar que, como empleada pública, no podía beneficiarse de la
convención colectiva de 1982 y que solo acreditaba 19 años, 3 meses y 28 días de
servicio, tampoco cumplía el tiempo mínimo exigido por dicha convención.
6. La parte demandante apeló la decisión al argumentar que la Fundación San Juan
de Dios era un ente de derecho privado, conforme a los Decretos 290 y 1374 de 1979,
que la consideraban una institución de utilidad común. Además, sostuvo que, a pesar
de la nulidad de dichos decretos declarada por el Consejo de Estado en 2005, la
pensión de jubilación fue reconocida cuando aún estaban vigentes, por ello, aplicando
la teoría de los derechos adquiridos, no se puede aplicar retroactivamente una
sentencia de nulidad.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
7. Mediante providencia del 3 de agosto de 2023, la Sección Segunda, Subsección
B de esta Corporación revocó la decisión de primera instancia, al considerar que la
señora Ayda Vargas Acelas cumplió el requisito de 20 años de servicio previsto en
la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato y la Fundación San
Juan de Dios en 1982.
8. Para fundamentar su decisión expuso los siguientes argumentos:
9. Explicó que aunque mediante sentencia del Consejo de Estado del 8 de marzo de
2005 se declaró la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, que
otorgaban a la Fundación San Juan de Dios una naturaleza jurídica particular, ello no
restablecía automáticamente derechos individuales, pues las decisiones de alcance
particular que se hubieran adoptado con base en esos actos generales mantenían
su presunción de legalidad, la cual solo puede desvirtuarse mediante una sentencia
3 Consejo del Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de marzo de 2005. Exp. 11001-
03-24-000-2001-00145-01(IJ). CP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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judicial en el marco de las acciones pertinentes.
10. Advirtió que la Resolución 1933 del 29 de septiembre de 2001, no dispuso la
terminación general de todos los contratos laborales del personal del Hospital San
Juan de Dios, sino que se refería principalmente a algunos cargos administrativos,
por lo cual no podía inferirse que todos los trabajadores hubiesen sido desvinculados
a partir de esa fecha.
11. Destacó que la señora Vargas Acelas laboraba como enfermera coordinadora,
función que no se encontraba dentro de las enlistadas en el artículo tercero, numeral
primero, de la Resolución 1933 de 2001. Por tanto, su retiro no podía presumirse
más cuando de la Circular del 16 de octubre de 2001 se deriva que algunos
trabajadores continuaron asistiendo al Hospital San Juan de Dios durante varios
meses, aun cuando el servicio médico a pacientes se encontraba suspendido.
12. Sostuvo que no podía imponerse a la ex trabajadora la carga de aportar pruebas
sobre su permanencia laboral, cuando fue la propia entidad la que reconoció su
pensión mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad.
Exigirle soportes adicionales —como registros de asistencia o documentos
internos— implicaría trasladar indebidamente a la parte débil de la relación laboral
una carga probatoria imposible de cumplir, vulnerando sus derechos al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
13. Que teniendo en cuenta el contexto institucional y la imposibilidad de la
trabajadora de conservar documentos administrativos en su poder, del análisis
conjunto de las pruebas se logró inferir que la señora Vargas Acelas laboró hasta
noviembre de 2002.
14. Que aun cuando la entidad demandante argumentó que, en virtud de la sentencia
de la Sala Plena del Consejo de Estado, no era aplicable la convención colectiva de
trabajo debido a que la Fundación se había convertido en una entidad pública dicha
interpretación no era válida, ya que el reconocimiento pensional se había efectuado
antes de la mencionada sentencia, consolidándose así el derecho, el cual no se
trataba de una mera expectativa.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
15. El Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta Fundación San Juan de
Dios y hospitales: Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil – hoy
liquidados interpuso el recurso extraordinario de revisión al considerar que la
sentencia está incursa en la causal 7 de la citada legislación.
16. Los planteamientos en los que sustentó sus reproches fueron los siguientes:
17. Sostuvo que el reconocimiento pensional fue irregular, pues la Fundación y sus
hospitales siempre tuvieron naturaleza pública, por lo que sus trabajadores eran
empleados públicos, sin posibilidad de beneficiarse de convenciones colectivas. En
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consecuencia, la pensión reconocida mediante el Acta 0102 de 2002 careció de
sustento legal y desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, particularmente las sentencias del 8 de marzo de 2005, SU-484 de
2008 y T-121 de 2016.
18. Afirmó que, conforme a la sentencia de unificación SU-484 de 2008 las relaciones
laborales de la entidad terminaron el 29 de octubre de 2001, por lo que no se
cumplieron con los requisitos temporales establecidos en la convención colectiva para
acceder a la pensión.
19. Considera que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
interpretó erróneamente la sentencia T-121 de 2016, que había reiterado la ilegalidad
de las pensiones convencionales otorgadas después de dicha fecha.
20. Que los efectos ex tunc derivados de la sentencia del Consejo de Estado de 2005
implican que la nulidad de los decretos que otorgaban naturaleza privada a la
Fundación retrotrajo los efectos al estado anterior, reafirmando que tanto la
Fundación como sus hospitales fueron siempre entidades públicas departamentales,
por lo que todas las relaciones laborales siempre fueron de naturaleza legal y
reglamentaria.
21. Manifiesta que la señora Ayda Vargas Acelas actualmente percibe mesadas
pensionales a través de Colpensiones, conforme a la certificación 0058 de 2023
expedida por el área financiera de la entidad, en virtud de la figura de compartibilidad
pensional. En tal sentido, una eventual declaratoria de nulidad del Acta de
Reconocimiento 0102 de 2002 no afectaría su derecho a la vida digna, al mínimo vital
o a la seguridad social, pues continuaría recibiendo la pensión de vejez reconocida
por dicha entidad, la cual permanece vigente y no ha sido anulada por autoridad
judicial.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
22. La parte demandada se opuso a las pretensiones4, señalando que cumplía con
los requisitos previstos en el artículo 30 de la Convención Colectiva de Trabajo
suscrita en junio de 1982 entre la Fundación San Juan de Dios y el Sindicato de
Trabajadores de Hospitales, Clínicas, Sanatorios y Consultorios de Bogotá y del
Departamento de Cundinamarca –SINTRAHOSCLISAS–, para el reconocimiento
de la pensión de jubilación.
23. Manifestó que desde el 29 de octubre de 2001 continuó asistiendo regularmente
a cumplir con sus labores en el Hospital San Juan de Dios, en el horario habitual,
aunque ninguno de los directivos le asignó funciones específicas, en atención a una
orden escrita emitida mediante Circular del 16 de octubre de 2001, suscrita por las
directivas del Hospital, por lo que la Fundación efectuó a su favor el pago de los
salarios comprendidos entre noviembre de 1999 y noviembre de 2000, cancelados
4 Véase índice 00011 de SAMAI.
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en el año 2007.
24. Adujo que ninguno de los representantes legales ni directivos de la Fundación
San Juan de Dios, durante el período comprendido entre el 29 de octubre de 2001
y el 28 de octubre de 2002, le comunicó formalmente la terminación de su contrato
de trabajo por alguna de las causales previstas en los artículos 61, 62 o 64 del
Código Sustantivo del Trabajo (CST).
25. Sostuvo, además, que, aunque se presentó el supuesto fáctico previsto en el
literal f) del artículo 61 del CST, subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990,
consistente en la suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, la
Fundación San Juan de Dios no tramitó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social el correspondiente permiso ni remitió el informe escrito exigido por la ley. En
consecuencia, consideró que no podía dársele al fallo de la Corte Constitucional un
alcance que no le corresponde.
26. Que aun aceptando la tesis según la cual el contrato de trabajo celebrado entre
la Fundación San Juan de Dios y la demandada tuvo vigencia hasta el 29 de octubre
de 2001, el reconocimiento de la pensión de jubilación resulta válido, por cuanto se
realizó conforme a las estipulaciones convencionales vigentes al momento de su
concesión, las cuales permitían el otorgamiento de dicho derecho incluso a quienes
no habían completado veinte (20) años de servicio.
27. Propuso la excepción de falta de jurisdicción y competencia, argumentando que
el conflicto jurídico surgió directamente de un contrato de trabajo celebrado entre la
Fundación San Juan de Dios y su representada, quien se desempeñó como
enfermera coordinadora. En consecuencia, la competencia para resolver sobre la
legalidad o ilegalidad del reconocimiento de la pensión de jubilación corresponde a
los jueces laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 1°,
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Concepto del Ministerio Público
28. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
29. Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención propuso la
excepción de falta de competencia argumentando que el conocimiento del asunto
correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral, la Sala entrará, previa formulación del
problema jurídico, a examinar esta cuestión con el fin de determinar si, en efecto, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo debía conocer del presente recurso
extraordinario de revisión.
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Cuestión previa
30. La Sala Especial precisa que, si bien el CPACA dispone expresamente que dentro
del trámite del recurso extraordinario de revisión no se podrán proponer excepciones
previas, se considera pertinente abordar el argumento relativo a la falta de
competencia —en realidad, de jurisdicción—, toda vez que hace parte de la defensa
expuesta por la pensionada y guarda relación directa con los presupuestos
procesales del recurso.
31. Aunque la parte demandada denominó la excepción como «falta de
competencia», en realidad plantea una cuestión de jurisdicción, al sostener que el
litigio debía ser conocido por los jueces laborales ordinarios por versar sobre una
controversia derivada de una relación de trabajo con una persona de derecho
privado.
32. La Sala pone de presente que la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión fue proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del
marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual, conforme
a lo dispuesto en los artículos 248 y 249 del CPACA, la competencia para conocer
del recurso extraordinario recae en el Consejo de Estado, como órgano de cierre de
esta jurisdicción.
33. En este contexto, el análisis que se realiza en sede de revisión no implica reabrir
el debate sobre la jurisdicción que conoció del proceso original, pues el recurso se
dirige exclusivamente a ventilar la causal invocada respecto de la sentencia emitida
por esta jurisdicción.
34. En consecuencia, no le asiste razón a la señora Ayda Vargas Acelas, por cuanto
se advierte que en este caso sí existe jurisdicción para conocer del asunto.
Problema jurídico
35. La Sala Especial debe determinar si se configura la causal de revisión alegada
por la entidad demandante, la cual cuestiona si la señora Ayda Vargas Acelas posee
la aptitud legal necesaria para ser beneficiaria de la pensión de jubilación reconocida
mediante el acta 102 del 28 de octubre de 2002, cuya legalidad fue confirmada por la
sentencia emitida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, el 3
de agosto de 2023.
36. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
37. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
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las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
38. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de
una sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el
artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo
afectada por alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular8.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 9.
39. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
40. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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consagradas taxativamente en la ley10.
Causal de revisión invocada
41. La causal del recurso extraordinario de revisión prevista en el numeral 7.º del
artículo 250 del CPACA dispone:
«[…] 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica,
al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida […]»
42. Esta disposición permite corregir errores derivados de circunstancias
desconocidas al momento de emitir la sentencia impugnada, las cuales, de haber sido
conocidas, habrían dado lugar a un fallo diferente, como lo es, la pérdida de los
motivos que justificaban la concesión de una prestación periódica en el momento de
su reconocimiento.
43. El entendimiento que ha de darse a esta causal y por ende el plazo para su
ejercicio, implica que al momento de la presentación del recurso se examine11:
«(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la
pérdida o se reconozca a favor de determinada persona una prestación
periódica, dentro de las cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de
vejez, de invalidez, de sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de
la fuerza pública, principalmente. En cuanto al carácter de la prestación
decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente a pensiones, sino
que se extiende a prestaciones periódicas.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que
niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes
a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general, modificación o
discusión de su monto.
(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para
acceder o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica».
44. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
45. La Fundación San Juan de Dios en Liquidación sostiene que la sentencia incurrió
en error al mantener el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional a
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11 Véase la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, del 4 de marzo de 2021, Exp. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), C.P. César Palomino
Cortés, en la cual se recopilan y citan, entre otras: Sentencia del 7 de diciembre de 2010. Exp. 11001-03-15-
000-2005-00297-01(REV). CP. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianetta; Sentencia del 13 de febrero de 2020-
03-25-000-2016-00287-00 (1637-16). CP: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 29 de octubre de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00138-00(0287-15). CP. William Hernández G.
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favor de la señora Ayda Vargas Acelas, por cuanto dicha prestación se otorgó con
fundamento en una convención colectiva de trabajo que no le era aplicable, dado que
la beneficiaria ostentaba la condición de empleada pública y, por tanto, carecía de la
aptitud legal para acogerse a ese régimen y acceder a la pensión reconocida.
46. No obstante, antes de examinar el fondo del reproche, la Sala debe verificar si en
este caso se cumplen los requisitos legales de procedencia de la causal de revisión
invocada.
47. En ese sentido, se advierte que no se satisface uno de los presupuestos
materiales necesarios para su análisis, pues la causal propuesta parte del supuesto
de que la prestación fue reconocida mediante sentencia judicial. En efecto, la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión restringe su ámbito de procedencia
a las sentencias ejecutoriadas, sin que sea posible utilizarlo para cuestionar
directamente la legalidad o validez de una prestación reconocida en sede
administrativa.
48. En el caso bajo examen, se observa que los planteamientos del recurso se
orientan a afirmar que la sentencia mantuvo indebidamente el reconocimiento de la
pensión de jubilación a favor de la señora Ayda Vargas Acelas, permitiendo así la
subsistencia de un derecho del cual —a juicio de la entidad— la beneficiaria nunca
debió gozar. No obstante, no puede equipararse una sentencia que niega las
pretensiones de nulidad de un acto administrativo que reconoce una pensión, con
una sentencia que decreta directamente una prestación periódica o pensional.
49. En este contexto, se tiene que la pensión fue reconocida mediante el Acta de
Reconocimiento 102 del 28 de octubre de 2002, suscrita por el director general
Interventor Delegado de la Fundación San Juan de Dios.
50. De manera que, si la Fundación San Juan de Dios en Liquidación promovió el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que
ella misma expidió, no puede pretender que, mediante este recurso extraordinario, se
abra una tercera instancia encaminada a revisar el contenido del acto que reconoció
la pensión. Como se ha precisado reiteradamente, el recurso extraordinario de
revisión no tiene por objeto reabrir el debate jurídico sobre la validez de los actos
administrativos, sino exclusivamente examinar sentencias judiciales que hayan
incurrido en alguna de las causales establecidas por el legislador para el efecto.
51. Esta Corporación, al resolver un asunto de similar connotación, luego de
encontrar configurada la caducidad del recurso, precisó que cuando la autoridad
judicial se limita a examinar la legalidad del acto administrativo que reconoció una
pensión, no es posible predicar la configuración de la causal séptima12, señalando:
«Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que el recurso fue interpuesto
12 Este criterio también se sostuvo en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de noviembre de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2016-00430-00 (1948-
2016). CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03610-00 (5857)
dentro de la oportunidad legal correspondiente, tampoco es posible establecer
la configuración de la causal invocada. La razón, es que si bien uno de los
presupuestos de causal séptima es «haberse decretado una prestación
periódica», en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca esto no
ocurrió. A diferencia de haberse decretado una prestación periódica a favor de
la ahora demandada, en la sentencia recurrida se estudió única y
exclusivamente la legalidad del Acta de Reconocimiento 0101 de 28 de octubre
de 2002, por medio de la cual el director general interventor delegado de la
Fundación S.J. de Dios le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación a la señora M.D.T. de R.; por lo tanto, es claro que la prestación
periódica le fue reconocida a la demandada en vía administrativa, y no
judicial»13.
52. En consecuencia, la situación expuesta en el recurso no se enmarca en la causal
invocada al no evidenciarse que la sentencia haya decretado una prestación
periódica a favor de la persona respecto de la cual se predica la carencia de aptitud
legal, presupuesto material indispensable para la configuración de la causal
alegada. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión no está llamado a
prosperar y será declarado infundado.
Condena en costas
53. Con la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 255 del CPACA se dispuso
que, en caso de declararse infundado el recurso extraordinario de revisión, se
impondría condena en costas al recurrente.
54. No obstante, como la norma no regula todo lo relativo a su imposición, debe
complementarse con el CGP, que en sus artículos 361 y 365 indica que solo
procede la condena «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
55. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que se encuentra acreditada la
gestión del apoderado de la señora Ayda Vargas Acelas a través de la defensa
ejercida en el escrito de contestación del recurso, actuación que por sí sola,
constituye una prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que
demuestra que designó un representante para estar al tanto del proceso y ejercer
la defensa de sus intereses.
56. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
13Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 7 de mayo de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00422-00 (1930-16). CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03610-00 (5857)
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el Conjunto de Derechos y Obligaciones de la Extinta Fundación San
Juan de Dios y hospitales: Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil –
hoy liquidados, en contra de la sentencia dictada el tres (3) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas al Conjunto de Derechos y Obligaciones de la
Extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales: Hospital San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil – hoy liquidado en favor de la señora Ayda Vargas Acelas,
las cuales se liquidarán por Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su
competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
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www.consejodeestado.gov.co
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