Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07068-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07068-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07068-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Temas: Causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuando
la cuantía de la pensión reconocida excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables
Sentencia de única instancia
La Sala Once Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la
sentencia de 5 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado1.
I. ANTECEDENTES
1. Síntesis de los hechos
El señor Carlos Arturo Monsalve Zapata prestó sus servicios como médico en el
Instituto de Seguro Social (ISS) -Seccional Antioquia- entre el 17 de julio de 1967 al
30 de marzo de 19762, y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 1976 al 31 de diciembre de 1995.
El ISS mediante Resolución num. 01459 de 23 de mayo de 1997, le reconoció
pensión de jubilación convencional por haber prestado los servicios al instituto por
más de 20 años, equivalente al 100% de lo percibido en el último año de servicio de
conformidad con el artículo 66 de la convención colectiva de trabajo, prestación
económica efectiva a partir el 1 de abril de 1997, la cual fue reajustada por medio
de la Resolución núm. 793 de 5 de mayo de 1998.
El señor Carlos Arturo Monsalve Zapata solicitó a la otrora Cajanal el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación que fue negada mediante las
Resoluciones num. 6713 de 13 de abril de 1998, 024104 de 10 de septiembre de
1998 y 002112 de 30 de abril de 1999. En cumplimiento de la sentencia de 27 de
julio de 2001 emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que
confirmó la de 30 de junio de 2000 del Juzgado Doce Laboral de Circuito de
Medellín, Cajanal expidió la Resolución num. 1092 de 7 de febrero de 2002, en la
1 Expediente 05001-23-33-000-2014-00693-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
2 Nació del 8 de febrero de 1942 según el registro civil de nacimiento.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07068-00
Recurrente: UGPP
que se dispuso el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación efectiva a
partir del 8 de febrero de 1997, cuya liquidación se efectuó con el 75% de los
factores de asignación básica, bonificación por servicios, prima de navidad, prima
de vacaciones y prima de servicios.
Mediante Resolución núm. 5329 de 24 de marzo de 2004, el Instituto del Seguro
Social, en calidad de asegurador del régimen de prima media con prestación
definida, le reconoció la pensión de vejez a favor de Carlos Arturo Monsalve Zapada,
efectiva a partir del 8 de febrero de 2002.
Por medio de Auto ADP 004734 de 9 de mayo de 2014, se solicitó el consentimiento
de la revocación de la Resolución núm. 1459 del 23 de mayo de 1997 y la
Resolución núm. 793 de 1998, “pues se estableció que en el presente asunto surgía
una incompatibilidad pensional”.
El 22 de abril de 2014, la UGPP presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho -en modalidad de lesividad- contra el señor Carlos Arturo Monsalve
Zapata, con la pretensión de que se declarara la nulidad de la Resolución num.
01459 de 23 de mayo de 1997, por medio de la cual el ISS le reconoció la pensión
de jubilación convencional3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se
ordenara al demandado el reintegro de la totalidad de las sumas canceladas, en
tanto no le asistía derecho a que se le reconociera esa prestación económica porque
no podía recibir simultáneamente dos asignaciones provenientes del tesoro público.
El Tribunal Administrativo de Antioquia4, en sentencia de 30 de noviembre de 2017,
accedió a la pretensión de la demanda y condenó en costas a la parte demandada,
al considerar que de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Constitución Política nadie puede recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público. Esa determinación se sustentó en que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado5, es viable percibir
una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez
recibir una pensión de vejez por parte del ISS, siempre que se reconozca por
servicios prestados a empleadores particulares. Agregó que no sucede lo mismo
cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos laborados en el sector
público porque, en ese caso, se involucran dineros que provienen del “tesoro
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado” y, en tal sentido, sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida
por servicios prestados en el sector público.
Así las cosas, sostuvo que como el demandado percibía dos asignaciones del
tesoro público, una por haber laborado en el ISS y la otra por haber trabajado en el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entidades que por su naturaleza son
públicas, los recursos de dichos aportes tenían origen público y, en consecuencia,
son prestaciones incompatibles.
3 SAMAI CE, índice 24. 29RECIBEPRUEBAS_05001233300020140069(.pdf) NroActua 24. pp 1 a
26.
4 SAMAI CE, índice 24. 29RECIBEPRUEBAS_05001233300020140069(.pdf) NroActua 24. pp 503
a 517.
5 Sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B, del 19 de febrero de 2015, (exp.
25000232500020080014701, CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez).
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Recurrente: UGPP
La parte demandada presentó recurso de apelación6, en el que señaló que se debía
estudiar el alcance de la prohibición constitucional, al considerar que no se
configuraba ninguna incompatibilidad entre la pensión recibida por Cajanal de medio
tiempo (4 horas) y la del ISS también de medio tiempo (4 horas), por tratarse de dos
asignaciones provenientes del tesoro público dado que los recursos con los cuales
se pagan, a cargo de la UGPP, provienen de los aportes de los empleadores y del
trabajador efectuados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o son recursos
parafiscales aportados después de su vigencia. Precisó que es el ISS y Cajanal,
quienes reconocieron y pagan las mesadas pensionales.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 5
de diciembre de 20227, revocó la sentencia apelada y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que es compatible devengar las
pensiones reconocidas por el ISS y Cajanal en favor de un mismo beneficiario
siempre y cuando las cotizaciones derivadas, en cada caso, sean exclusivamente
de tiempo de servicio a diferentes empleadores del sector público y privado y que
no superen 12 horas diarias o 66 horas semanales.
Lo anterior, con sustento en que si bien los tiempos de servicio fueron
desempeñados ante empleadores públicos, lo cierto es que para resolver la
discusión se debía tener en cuenta la jornada laboral desempeñada, además que
en el ordenamiento jurídico8 se permitió que los médicos9, quienes “históricamente
se han considerado personal escaso”, prestaran sus servicios en diferentes
entidades de salud para brindar una mayor cobertura en el territorio nacional.
Por consiguiente, con fundamento en el artículo 32 del Decreto Ley 1042 de 1978,
el cual establece una excepción a la prohibición de recibir más de una asignación
del tesoro, referida a las retribuciones que provengan de servicios prestados por
profesionales con título universitario hasta por dos cargos, siempre que no exceda
la jornada ordinaria laboral ni sobrepase la remuneración total de los ministros. Y
señaló que ambas pensiones tuvieron en cuenta la labor de 4 horas y 3-4 horas
desarrolladas en el ISS y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin superar
la jornada máxima establecida por el legislador, por lo que concluyó que no se
desatendió la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política,
6 SAMAI CE, índice 24. 29RECIBEPRUEBAS_05001233300020140069(.pdf) NroActua 24. pp 520
a 526.
7 SAMAI CE, índice 24. 29RECIBEPRUEBAS_05001233300020140069(.pdf) NroActua 24. Pp 584
a 612.
8 Decreto 1742 de 1978 y la Ley 269 de 1996.
9 Decreto 1713 de 1960. Artículo 1: Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del
Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación: a) Las asignaciones que provengan de
establecimiento docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo; b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales
cargos; c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y el sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de mil doscientos
pesos ($1.200.00) mensuales; d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los
miembros de las Fuerzas Armadas. Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del
presente Decreto, se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas. Artículo 3:
Los médicos graduados que desempeñen cargos públicos relacionados con su profesión, y que
tengan como residencia permanente un Municipio, en donde no ejerzan esa misma profesión otros
facultativos, no estarán sujetos a las limitaciones establecidas por el artículo 64 de la Constitución
Nacional.
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Recurrente: UGPP
porque las pensiones fueron reconocidas por el desempeño como médico en virtud
de jornadas de medio tiempo laboradas en cada entidad.
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Argumentos que sustentan la causal de revisión invocada
La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 5 de
diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado -exp. 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018)-, con
fundamento en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”. Agregó que es procedente porque en la precitada decisión “se mantiene
el pago de dos pensiones a la pasiva, la convencional reconocida por el ISS- patrono
efectuada con la Resolución No. 1459 del 23 de septiembre de 1997, ajustada con
la Resolución 793 de 1998, y luego compartida con la de vejez reconocida con
Resolución 5329 de 2004, y otra, la pensión de jubilación reconocida por CAJANAL
con Resolución No. 1092 de fecha 07 de febrero de 2002”.
Expuso que no comparte la decisión objetada, por cuanto el señor Carlos Arturo
Monsalve Zapata percibe dos pensiones derivadas de cotizaciones y/o tiempos
públicos, al margen de la franja de horario que ejerciera lo que es incompatible, en
contravía de lo dispuesto en los artículos 64 de la Constitución Nacional de 1886,
128 de la Constitución Política de 1991 en concordancia con el artículo 19 de la Ley
4 de 1992, el artículo 13 literal j) y 32 de la Ley 100 de 1993, el debido proceso y los
principios de equidad, integralidad y unicidad pensional.
Agregó que los efectos del pago de la sentencia cuestionada implican el
compromiso de dineros públicos sin sustento constitucional y legal para ello,
afectando la sostenibilidad financiera del sistema pensional, lo que podría generar
investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales para los funcionarios
judiciales que permitieron tal situación.
Resaltó que el demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
además de laborar con el ISS, también ostentó un vínculo con el “INVIAS, sin
determinarse la naturaleza del cargo para el Servicio Seccional de Salud de
Antioquia, y que no cabe duda que los tiempos servidos fueron para empleadores
públicos”.
Señaló que la sentencia reprochada vulnera las formas propias de cada juicio, pilar
del debido proceso, “en la medida que la observancia de las reglas de este
imperativo constitucional tiene como finalidad la aplicación del derecho sustancial,
el cual fue vulnerado al mantener la pensión de vejez ISS, que es incompatible con
la reconocida por Cajanal, las dos derivadas de tiempos públicos, no privados, como
se narró en los hechos, desconociendo plenamente el artículo 128 Constitucional, y
poniendo en peligro la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la cual goza
de protección constitucional conforme al artículo 48 de la Constitución, adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005”.
Para terminar, manifestó que el reconocimiento de la pensión proferida por el ISS
es contrario a la ley, conforme al artículo 86 de la Constitución Nacional de 1886,
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Recurrente: UGPP
pues se prohíbe recibir simultáneamente dos asignaciones del tesoro público, salvo
las excepciones consagradas en el artículo 128 de la Constitución Política actual, y
reiteró que la pensión de jubilación reconocida por Cajanal es incompatible con la
del ISS.
2.2. Pretensiones
La parte recurrente formula las siguientes:
“Por configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
29 de enero, que dispone: ‘b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables’, se pretende que el Honorable Consejo de Estado, disponga:
Primera: Invalidar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, de fecha 05 de diciembre
de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Carlos Arturo Monsalve Zapata, contra la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -UGPP, radicado con el No.
05001233300020140069301 (2575-2018), en reemplazo de esta, confirmar la sentencia
de 30 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Segunda: Declarar la existencia de incompatibilidad pensional entre la pensión
reconocida por el ISS- patrono efectuada con la Resolución No. 1459 del 23 de
septiembre de 1997, y la pensión de jubilación reconocida por CAJANAL con Resolución
No. 1092 de fecha 07 de febrero de 2002, a Carlos Arturo Monsalve Zapata, por cuanto
viola el artículo 128 de la Constitución Nacional.
Tercera: Ordenarle a Carlos Arturo Monsalve Zapata, a restituirle a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, la totalidad de las mesadas percibidas, como consecuencia
del cumplimiento de la sentencia objeto de revisión hasta la fecha efectiva de pago.
Cuarto: Ordénese a Carlos Arturo Monsalve Zapata, que el pago que efectúe a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con
el artículo 187 del CPACA, así como los intereses moratorios estipulados en el artículo
192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto de pensión de sobrevivientes”.
3. Trámite procesal
Por auto de 14 de diciembre de 2023 se admitió el recurso extraordinario de revisión,
decisión en la que se ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al señor Carlos Arturo Monsalve Zapata -demandado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho-, al ministerio público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10.
El 10 de abril de 2024 se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Antioquia para
que allegara el expediente del proceso ordinario11, el cual se remitió digitalmente12.
El 9 de diciembre de 2024, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó
impedimento para conocer del asunto, por considerar que estaba incursa en las
causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 141 del Código General del
10 SAMAI CE, índice 5.
11 SAMAI CE, índice 19.
12 SAMAI CE, índice 24.
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Proceso, pues firmó la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia13.
Por medio de auto de 24 de enero de 202514, se declaró infundado el impedimento,
bajo el argumento de que no se acreditó la existencia de un interés particular,
personal, cierto y actual que afectara la imparcialidad de la magistrada.
4. Intervenciones
4.1. Escrito del señor Carlos Arturo Monsalve Zapata
Por intermedio de apoderado judicial se opuso a las pretensiones del recurso
extraordinario de revisión15, bajo el argumento de que en la sentencia cuestionada
quedó demostrado las funciones, el tipo de vinculación y los tiempos de cotización
en razón a los vínculos con las entidades públicas para las que prestó sus servicios,
en los horarios establecidos y permitidos por la ley, sin que se hubiera advertido un
desconocimiento del artículo 128 de la Constitución Política.
Sostuvo que no se configuran los elementos constitutivos del recurso extraordinario
de revisión, en tanto la sentencia impugnada concluyó que no había lugar a acceder
a lo pretendido en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, en tanto no evidenció medios ilícitos o irregulares ni errores
de hecho o de derecho, a lo que agregó que fue deficiente la actividad probatoria
de la UGPP para desnaturalizar los tipos de vinculación del demandado con el
Estado.
4.2. Escrito de la Procuraduría General de la Nación
El procurador octavo delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declare
infundado el recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, que la sentencia
recurrida permanezca incólume.
Expuso que no concurren en el caso los elementos fácticos y normativos de la
causal invocada por la parte recurrente, en razón a que la providencia objetada fue
proferida conforme a las pruebas aportadas y criterios aceptados por la ley y la
jurisprudencia de la materia.
Aseguró que los fundamentos planteados en la demanda no coinciden con la causal
invocada contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez
que no se cuestiona la cuantía en exceso sino el reconocimiento pensional que tuvo
lugar en sede administrativa.
Afirmó que la pensión de jubilación se liquidó con el promedio de los factores
salariales del último año, atendiendo los que fueron objeto de aportes para pensión,
por lo que la prestación económica se encuentra adecuada a las normas legales
aplicables al caso concreto. Agregó que en el proceso ordinario no había lugar a
declarar la nulidad del acto administrativo por el reconocimiento realizado, que
culminó con la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
13 SAMAI CE, índice 31.
14 SAMAI CE, índice 33.
15 SAMAI CE, índice 14.
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Recurrente: UGPP
Por último, manifestó que no se configuró la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que no debe dejar sin efectos la
sentencia objetada ni ordenar a reliquidar la pensión del señor Carlos Arturo
Monsalve Zapata.
4.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la
sentencia de 5 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, conforme con lo dispuesto en los artículos 24916 y
107 inciso cuarto17 de la Ley 1437 de 2011 y 29 del Acuerdo num. 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado (reglamento interno)18.
2. Oportunidad en la interposición del recurso
El artículo 25119 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- dispone que el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, podrá
interponerse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.
En el presente caso, el 21 de noviembre de 2023, la UGPP presentó demanda en
ejercicio del recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 5 de diciembre
de 2022 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuya
notificación se surtió por correo electrónico el 1 de febrero de 2023, por lo que quedó
16 De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión.
17 Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
18 Artículo 29. Competencia de las Salas Especiales de Decisión. Las Salas Especiales de Decisión
decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado (…).
19 ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los
numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá
presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los
casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional
o conciliatorio.
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Recurrente: UGPP
ejecutoriada el 9 del mismo mes y año20. Así las cosas, fue presentado dentro de la
oportunidad procesal señalada en precedencia.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 5 de diciembre de 2022,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió
en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
y si, en consecuencia, debe ser infirmada.
4. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA) 21,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad «permite volver a estudiar determinadas sentencias
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad
de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley»22.
Para su formulación debe hacerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar
poder y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará
las que pretenda hacer valer.
De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez23.
Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
20 Para el conteo se incluyen los dos (2) días previstos en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
21 En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló: «Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la ley 167 de
1941. Los capítulos XVII (Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los
reconocimientos), no son recursos y se limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y
procedimientos que allí mismo se mencionan. En cambio el nuevo C.C.A, creó la figura especial del
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de
Estado y los Tribunales Administrativos».
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2015, exp. 2003-
01589-01.
23 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, exp. 2019-
00450-00 (REV).
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si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación independiente
del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como una acción o
medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el cumplimiento
de los requisitos precisados en el artículo 252 del CPACA, los cuales deben ser
observados para su admisibilidad y procedencia24.
5. Alcance de la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece el mecanismo de revisión de
reconocimiento de sumas periódicas de las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, cuya competencia se asigna al Consejo de
Estado. De igual manera, procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
Esa disposición agrega que la revisión se tramitará por el procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión y podrá solicitarse por las causales
generales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y, además, (i) cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
La revisión de las prestaciones periódicas que comprometen recursos de naturaleza
pública, por las causales antes referidas, constituye una herramienta para afrontar
los graves casos de corrupción porque contribuye a frenar el detrimento del tesoro
público generado por el reconocimiento o reliquidación irregular de pensiones de
cualquier naturaleza, por medio de la revocación de las prestaciones irregularmente
otorgadas o la reliquidación de las reconocidas en exceso25.
El objeto principal de la acción especial de revisión prevista en la Ley 797 de 2003
es proteger el patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del
sistema pensional, mediante el mecanismo de examinar judicialmente la legalidad
de las prestaciones reconocidas, cuando se configure alguna de las causales del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para ese propósito, el juez del recurso podrá
infirmar la sentencia26.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha considerado que las causales de revisión
de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto
debido de acuerdo con la ley, constituyen un mecanismo para la defensa de los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
24 Exp. 11001-03-15-000-2017-02078-01, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, 14 de agosto de
2014.
25 Exposición de motivos de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 contenida en la Gaceta del
Congreso 350 del 23 de agosto de 2003.
26 Sentencia C-835 de 2003.
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participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, y una
garantía al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional previsto en el
artículo 48 de la Constitución Política27.
Ahora bien, en lo relacionado con el recurso extraordinario de revisión se reitera
que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, se trata de un
mecanismo judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional,
que posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la
cosa juzgada ante el hallazgo de incurrir en una causal de revisión, que permite
infirmarlas por la demostración inequívoca de ser decisiones injustas.
Por otra parte, se debe precisar que si bien la acción especial de revisión procede
por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 y que se tramita por el
procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, la jurisprudencia
de la Corporación ha precisado que es equiparable a ese medio de impugnación
extraordinario, en tanto conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, “no se trata de una tercera instancia que admita
reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b)”28.
En ese orden de ideas, la acción especial de revisión por las causales previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, parte de i) la revisión de las sentencias
ejecutoriadas, así como otro tipo de providencias que tenga como efecto el
reconocimiento de una prestación periódica y de los autos que terminan de manera
anormal un proceso, aquellos actos que son la consecuencia de un acuerdo de
voluntades (transacción, conciliación entre otros), para corregir anomalías; ii) la
puede ejercer el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general
de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan
el reconocimiento de pensiones29, iii) se rige por el procedimiento previsto en la Ley
1437 de 2011 -CPACA- para el recurso extraordinario de revisión y iv) procede
únicamente por las causales previstas en la ley30.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, radicado num. 11001-03-15-000-2016-02022-00, de 16 de
octubre de 2008, radicado num. 11001-03-15-000-2014-01658-00 y de 5 de febrero de 2019,
radicado num. 11001-03-15-000-2018-01884-00. Postura reiterada por la Sala Diecisiete Especial
de Decisión, sentencia de 5 de junio de 2023, radicado num. 11001-03-15-000-2021-06622-00.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias de 17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 y sentencia de 25 de
noviembre de 2021, expediente 2018-00963-00.
29 En la sentencia SU-627 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo: “7.23. Ahora, frente a la
legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho,
comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae,
además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de
pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular,
pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero”.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 3 de junio de 2021, radicado
num. 11001-03-25-000-2018-01681-00, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas y de 8 de octubre de
2020, radicado num. 11001-03-25-000-2017-00530-00, C.P.: William Hernández Gómez. Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de febrero de 2025, radicado num.
11001-03-25-000-2018-01448-00, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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En lo que hace relación con la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, cuando la mesada pensional se hubiere reconocido en
cuantía superior a lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención que le era
aplicable al beneficiario, esta Corporación31 ha indicado que se erige como una
herramienta legal útil, cuyo propósito es fortalecer el principio de la moralidad
administrativa32 y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
en exceso, afectando los principios que orientan el Sistema General de Pensiones33,
en especial, los de solidaridad y equilibrio financiero.
Por último, se ha considerado que este mecanismo no se puede utilizar para
extender o reabrir el debate probatorio, sino que está limitado a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley. Es decir, no es una
tercera instancia, pues se limita a revisar aspectos concernientes al reconocimiento
del derecho y a su liquidación cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o por un mayor valor34.
6. Estudio y solución del caso concreto
La UGPP presentó recurso extraordinario de revisión con la pretensión de que se
invalide la sentencia de 5 de diciembre de 2022 de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al considerar que incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, “[c]uando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
A su juicio, el señor Carlos Arturo Monsalve Zapata percibió dos pensiones
derivadas de cotizaciones y/o tiempos públicos, al margen de la franja de horario
que ejerciera por lo que se tornan incompatibles, en contravía de lo dispuesto en los
artículos 64 de la Constitución Nacional de 1886, 128 de la Constitución Política de
1991, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, el literal j) del artículo
13 y artículo 32 de la Ley 100 de 1993, el debido proceso y los principios de equidad,
integralidad y unicidad pensional. Además, sostuvo que los efectos del pago de la
sentencia cuestionada implican el compromiso de dineros públicos sin sustento
constitucional y legal para ello, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema
pensional y podría conllevar investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso
penales para los funcionarios judiciales que permitieron tal situación.
Al respecto, lo primero que la Sala advierte es que el reconocimiento de la pensión
convencional surgió en virtud del acto administrativo expedido por el ISS, en
concreto la Resolución núm. 01459 de 23 de mayo de 1997, prestación que fue
objeto de reajuste por medio de la Resolución núm. 793 de 5 de mayo de 1998, los
cuales se demandaron por la UGPP en nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se dictó la sentencia objeto de revisión, lo que permite concluir que no se
cumple el supuesto del inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
conforme con el cual, el Consejo de Estado podrá revisar las providencias judiciales
31 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 01 de agosto de 2017, exp. 11001-03-15-000-
2016-02022-00, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
32 Artículos 209 de la CP, 3 del CPACA y 3 de la Ley 489 de 1998.
33 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
34 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de mayo de 2021, radicado
num. 2020-04801-00.
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que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza.
Dicho en otros términos, el recurso extraordinario de revisión parte de una premisa
fáctica equivocada, en tanto considera que con la decisión de segunda instancia
que revocó la que fue favorable proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
“se mantiene el pago de dos pensiones a la pasiva, la convencional reconocida por
el ISS (…) y luego la compartida con la de vejez reconocida por el ISS (…) y otra,
la pensión de jubilación reconocida por CAJANAL”, pasando por alto que la génesis
del reconocimiento pensional que se cuestionó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tuvo lugar en sede administrativa.
De allí que la finalidad de la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del tesoro público o de fondos de naturaleza pública contenida en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, es que se trate de decisiones judiciales que hayan decretado o
decreten el reconocimiento y pago, lo que está en consonancia con la procedencia
del recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas, medio de
impugnación que no procede para cuestionar la legalidad de actos administrativos.
A esta misma conclusión arribó la Sala Diecinueve Especial de Decisión del Consejo
de Estado en sentencia de 29 de octubre de 202535, en la que la parte recurrente
invocó la causal del numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 36, con ocasión
de la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la que revocó la de primera instancia que había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad y, en consecuencia, había dejado sin efectos el acto
administrativo que había accedido al reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación convencional.
Esa decisión, que si bien se sustentó en una causal de revisión diferente a la que
ahora invoca la UGPP (art. 20 literal b) de la Ley 797 de 2003), contiene una regla
de decisión jurisprudencial que es aplicable al asunto bajo examen, en tanto se
indicó que el recurso extraordinario de revisión no satisfacía el presupuesto de que
la prestación económica se hubiera reconocido por medio de sentencia judicial,
porque lo que se cuestionaba era el reconocimiento de la pensión de jubilación
convencional a la que se accedió en sede administrativa. Sobre el particular, se
indicó:
“(…) 47. En ese sentido, se advierte que no se satisface uno de los presupuestos
materiales necesarios para su análisis, pues la causal propuesta parte del supuesto de
que la prestación fue reconocida mediante sentencia judicial. En efecto, la naturaleza
del recurso extraordinario de revisión restringe su ámbito de procedencia a las
sentencias ejecutoriadas, sin que sea posible utilizarlo para cuestionar
directamente la legalidad o validez de una prestación reconocida en sede
administrativa.
48. En el caso bajo examen, se observa que los planteamientos del recurso se orientan
a afirmar que la sentencia mantuvo indebidamente el reconocimiento de la pensión de
35 Expediente 11001-03-15-000-2024-03610-00 (5857), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
36 La citada disposición establece: “(…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida (…)”.
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jubilación a favor de (…), permitiendo así la subsistencia de un derecho del cual —a juicio
de la entidad— la beneficiaria nunca debió gozar. No obstante, no puede equipararse
una sentencia que niega las pretensiones de nulidad de un acto administrativo que
reconoce una pensión, con una sentencia que decreta directamente una prestación
periódica o pensional”. (Negrillas por fuera del texto original)
De igual manera, en sentencia de 27 de febrero de 202537, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado estudió una acción especial de revisión en
la que se invocó la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con sustento en
que una sentencia dictada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que confirmó la determinación de acceder a la nulidad del acto
administrativo que reconoció una pensión gracia, pero dispuso revocar la decisión
apelada que había ordenado reintegrar las sumas de dineros pagadas a la
beneficiaria. En esa oportunidad, esta Corporación sostuvo:
“Entonces, es claro que la orden del tribunal que estableció: ‘REVÓCASE el numeral
CUARTO de la sentencia en mención que ordenaba (…) el reintegro de las sumas
pagadas a consecuencia de la Resolución (…), por cuanto no se demostró el requisito
de mala fe(…)’, no tiene los elementos requeridos y necesarios para la procedencia de
este mecanismo especial.
En consecuencia, es viable concluir que no estamos frente al reconocimiento de una
prestación periódica y menos se cuestiona la forma en que se liquidó o se reliquidó
una pensión para ser constitutiva de estudio de la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, (…) se impone para la Sala declarar infundada
la presente acción (…)”.
Lo expuesto, es suficiente para concluir que se debe declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión porque no se dirige contra una providencia judicial que
haya accedido al reconocimiento de sumas periódicas -pensiones-, a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
En cualquier caso, en la sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se abordó el estudio a partir de la prohibición
establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, y evidenció que al verificar
la jornada máxima establecida en los Decretos 1713 de 1960, 1042 de 1978 y la
Ley 269 de 1996 no se desatendía ese marco normativo, en tanto ambas pensiones
(convencional y la de vejez) fueron reconocidas en virtud de jornadas de medio
tiempo laboradas en cada una de las entidades.
Además, constató que en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1967 al 30
de marzo de 1976, el accionado laboró 44 horas semanales para la Seccional de
Salud de Antioquia, y que se desempeñó en el ISS entre el 3 de mayo de 1974 al
30 de marzo de 1976 (4 horas) por un tiempo de 64 horas semanales. Es decir, no
se observó que se superaran las 8 horas diarias.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resaltó que los
reconocimientos pensionales se realizaron en razón a la profesión que
desempeñaba el señor Monsalve Zapata, quien laboró como médico y en
cumplimiento de las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades
de derecho público, lo que para esa autoridad judicial era un aspecto importante
porque en esa época existía escasez de profesionales de la salud en el país, razón
37 11001-03-25-000-2018-01145-00 (4021-2018). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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por la cual se permitía laborar en distintas entidades con el fin de garantizar la
prestación de ese servicio, sin exceder el horario establecido por el legislador.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión de esta
Corporación no encontró en el caso bajo estudio que se hubiere configurado
objetivamente la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que conduzca a infirmar la sentencia de 5 de diciembre de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón
por la cual se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
7. Costas
De conformidad con el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, modificado
por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 -norma vigente para la fecha de
presentación de la demanda-, se condenará en costas a la parte recurrente cuando
se declare infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.
En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las costas
están integradas por los gastos procesales y las agencias en derecho, y de acuerdo
con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su imposición
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente conforme al
referido artículo 365-8 del Código General del Proceso. Por otra parte, se condenará
en costas a la parte recurrente en el componente de agencias en derecho en favor
del señor Carlos Arturo Monsalve Zapata.
Por consiguiente, en atención a lo previsto en el artículo 366-4 del Código General
del Proceso, para su fijación se atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la
tarifa de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, se
tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable y proporcional tasar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a favor del señor Carlos Arturo
Monsalve Zapata, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra la sentencia de 5 de diciembre de 2022 dictada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado (exp. 05001-23-33-000-2014-00693-
01 (2975-2018).
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Segundo.- Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, al pago de costas por concepto
de agencias en derecho a favor del señor Carlos Arturo Monsalve Zapata, por la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ (E) LUIS EDUARDO MESA NIEVES
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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