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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01145-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01145-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión propuesta por la UGPP contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-019-2014-00515-01 de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01145-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01145-00 (4021-2018)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Accionada : Gloria Esther Tarquino Pérez
Trámite : Acción especial de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A. Causales reguladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
de 15 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que confirmó parcialmente el fallo proferido por el
Juzgado 42 Administrativo del Circuito de Bogotá, del 21 de septiembre de 2017, en
cuanto revocó la orden de dada a la demandada de reintegrar las sumas pagadas a
consecuencia de la resolución demandada, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado por la señora UGPP contra Gloria Esther Tarquino Pérez.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el de 15 de marzo de 2018,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente con
radicado 11001-33-35-019-2014-00515-01, en su lugar, se revoque el numeral segundo

1
En adelante UGPP.

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

de dicha providencia, y se declare que la señora a Gloria Esther Tarquino Pérez- está
obligada a reintegrar las sumas de dinero pagadas por concepto de la pensión gracia
reconocida por Resolución RDP 54371 del 28 de noviembre de 2013.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora Gloria Esther Tarquino
Pérez nació el 17 de marzo de 1942, prestó sus servicios al Colegio Nuestra Señora del
Pilar- Sur Bogotá, al Colegio Nuestra Señora de la Consolación Bogotá, al Instituto
Femenino San Juan Eudes; designada por Resolución 8361 del 28 de junio de 1973,
hasta el 15 de julio de 2007, cuando se produjo su retiro forzoso. Que esta última
vinculación fue nacional.

Asimismo, expresó que a través de Resolución 3122 del 23 de marzo de 1999, la
entonces Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal le negó el reconocimiento de una
pensión gracia ante la imposibilidad de computar tiempos servidos como docente
nacional para adquirir el derecho, esa decisión fue confirmada a través de las
resoluciones 8426 del 14 de julio de 1999, que resolvió el recurso de reposición y 2701
del 25 de julio de 2000 que decidió el recurso de apelación.

La entidad argumentó que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Magangué por
sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006 ordenó a Cajanal el reconocimiento y pago
de una pensión gracia de jubilación, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus, a favor de la señora Gloria
Esther Tarquino.

La UGPP Informó que por Resoluciones RDP 027043 del 14 de junio de 2013, RDP
038863 del 23 de agosto de 2013 negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de
la accionada y por Auto ADP 013161 del 27 de septiembre de 2013 reiteró la imposibilidad
de dar cumplimiento al fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 porque la interesada no
aportó la totalidad de los documentos.

La accionante sostuvo que por Resolución RDP 054371 del 28 de noviembre de 2013,
en cumplimiento de la orden de tutela impartida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Magangué, reconoció una pensión gracia a la señora Gloria Esther Tarquino Pérez,
en cuantía de $225.470, efectiva a partir del 1 de julio de 1993, sin acreditar el retiro del
servicio como docente.

2

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

La demandante señaló que promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho2
a la que le correspondió el radicado 11001-33-35-019-2014-00515-00, para que se
declarara la nulidad de la Resolución RDP 054371 del 28 de noviembre de 2013, a través
de la cual se dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Magangué.

La entidad manifestó que el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá en fallo estimatorio de
las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de la Resolución RDP 054371 del 28
de noviembre de 2013, por medio de la cual se reconoció la pensión gracia de jubilación
a favor de la señora Gloria Esther Tarquino Pérez y a título de restablecimiento del
derecho dispuso condenar a la demandada a reintegrar a la UGPP la totalidad de las
sumas pagadas de acuerdo con la resolución RDP 054371 del 28 de noviembre de 2013,
debidamente indexadas.

La UGPP añadió que en sede del recurso de apelación presentado por la señora Tarquino
Pérez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
revocó el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia que ordenaba el reintegro
de las sumas pagadas a consecuencia de la Resolución RDP 054371 del 28 de
noviembre de 2013, porque no se demostró la mala fe.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, mediante sentencia de 15 de marzo de
20184, confirmó parcialmente la de primer grado, y dispuso «REVOCASE el numeral CUARTO
de la sentencia en mención que ordenaba a la señora Gloria Esther Tarquino Pérez (CC 20.306.955) el
reintegro de las sumas pagadas a consecuencia de la Resolución RDP 054371 de 28 de noviembre de
2013, por cuento no se demostró el requisito subjetivo de mala fe, por las razones expuestas en la parte
motiva (…)»

Como sustento de la decisión, el aludido dijo que «(…) al no estar plenamente demostrada la
mala fe, mal podría ordenarse la devolución de los dineros recibidos por la demandante, producto de la
pensión gracia reconocida para una época en la que ya se advertía la posible comisión de delitos por parte
del juez que dictó el fallo de tutela, razones suficientes para revocar el numeral CUARTO de la sentencia
del 21 de septiembre de 2017(…)»

2
Prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1435 de 2011, en la actualidad esta acción
corresponde al medio de control del mismo nombre consagro en el artículo 138 del CPACA
3
Sección segunda, subsección A
4
Folios 247 a 255 y vuelto

3

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el
reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso y b) [c]uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

Aduce que la demandada no cumplió con los requisitos exigidos para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia e incurrió en comportamientos de mala fe, puesto
que a pesar de la negativa de la entidad en acceder al reconocimiento prestacional, la
señora Gloria Esther Tarquino acudió a un mecanismo excepcional como la acción de
tutela para lograr a toda costa el fin perseguido.

1.4 Contestación de la demanda de revisión5

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente a la demandada el 5 de
febrero de 20216, quien guardó silencio sobre las pretensiones de la acción de revisión.

1.5 Concepto del Ministerio Público7

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797 de 20039, en concordancia con lo

5
Folio 787
6
Índice 58
7
Folio 789 del expediente, informe secretarial que da cuenta de la notificación al Ministerio Publico y paso a Despacho sin
pronunciamiento del mismo.
8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»

4

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201910.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada
fue notificada el 4 de abril de 2018 y cobró ejecutoria el 9 de abril del mismo año11 ; la
demanda fue presentada el 11 de julio de 201812, razón por la cual no fue superado el
término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia de 15 de marzo de 2018,
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está incursa en las causales de
revisión consagradas en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si
fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a
la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Folio 256
12
Folio 756 vuelto

5

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco convertir esta vía en
una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de los instrumentos
extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

13
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

6

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial19.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia « cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso ».

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero de
2019, consideró:

«Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe
aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas
que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de
la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad -
libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de
los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme

16
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
18
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
19
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

7

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir
la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho
a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem ”20.

La Sala considera que la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe
probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido
proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen
este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho
sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca,
hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría
quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la
justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 -.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, la inconformidad de la recurrente se funda en la revocatoria de la orden
impartida a la señora Gloria Esther Tarquino Pérez a reintegrar las sumas de dinero
pagadas a consecuencia del reconocimiento de la pensión gracia.

2.5 Análisis del caso concreto

Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se infirme parcialmente la
sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del expediente con radicado 11001-33-35-019-2014-00515-01 y,
en su lugar, se declare que la señora Gloria Esther Tarquino López está obligada a
reintegrar a la UGPP todas las sumas pagadas a consecuencia del reconocimiento de la
pensión gracia por Resolución RDP 054371 del 28 de noviembre de 2013.

20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

8

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

Debe señalarse que, en el asunto de la referencia, no se discute el derecho pensional de
la señora Carmen Gloria Esther Tarquino Pérez, sino la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de revocar la orden de reintegrar las sumas pagadas
con ocasión del reconocimiento prestacional que resultó anulado en el curso del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la primera causal invocada: La Sala advierte que lo pretendido por la recurrente
bajo este cargo, es que se revise el sustento normativo que llevó al tribunal a adoptar la
decisión cuestionada, pues a su juicio debe ordenarse el reintegro de las sumas recibidas.

Así las cosas, bajo los argumentos expuestos en el recurso, esta causal no puede ser
estudiada, porque la demandante no cuestionó la competencia del juez que dictó la
providencia, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver el asunto, ni hace
alusión a la falta de garantías de audiencia, defensa o contradicción, y tampoco la falta
de motivación de la decisión.

Por ello, la Sala estima que la UGPP no acreditó que la decisión objeto de revisión se
haya dictado con violación al debido proceso, sino que lo pretendido es cuestionar la
decisión bajo argumentos de derecho sustancial, los cuales son objeto de estudio
también en la segunda causal invocada.

De ahí que, la Sala no evidencia la vulneración del derecho al debido proceso, pues
accionante tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción dentro
de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra fundada esta causal.

Sobre la segunda causal invocada: La Subsección destaca que lo expresado por la
accionante no se adecua a la causal de revisión que invoca porque esta se refiere al
reconocimiento prestacional que excede lo debido, sin embargo, lo que cuestiona el
recurrente a través de este mecanismo extraordinario es la orden del tribunal de revocar
la decisión de disponer el reintegro de las sumas pagadas a la demandada, situación que
nada tiene que ver con la causal invocada.

En efecto, no se cuestiona el reconocimiento o liquidación de una pensión, por lo tanto,
este mecanismo especial solicitado por la UGPP, no supera los requisitos establecidos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

9

Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o
del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables

Entonces, es claro que la orden del tribunal que estableció: «REVÓCASE el numeral
CUARTO de la sentencia en mención que ordenaba a la señora Gloria Esther Tarquino Pérez (CC
20.306.955) el reintegro de las sumas pagadas a consecuencia de la Resolución RDP 054371 de 28 de
noviembre de 2013, por cuanto no se demostró el requisito de mala fe(…) », no tiene los elementos

requeridos y necesarios para la procedencia de este mecanismo especial.

En consecuencia, es viable concluir que no estamos frente al reconocimiento de una
prestación periódica y menos se cuestiona la forma en que se liquidó o se reliquidó una
pensión para ser constitutiva de estudio de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, trascrito en líneas anteriores; se impone para la Sala declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de esta
sentencia.

2.6 Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.
III. DECISION

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Número Interno: 4021-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Gloria Esther Tarquino Pérez

Así las cosas, la Sala declarará infundada la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), sin condena en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión propuesta por la
UGPP contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-019-2014-00515-01 de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. AV Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
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