Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01448-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2018-01448-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01448-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01448-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Luis Paniagua Álvarez
Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 4 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, por medio de la cual se confirmó parcialmente el fallo
de primera instancia dictado por el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Luis Paniagua Álvarez.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la
Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2013 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-31-021-2009-00011-00 (01),
que confirmó el fallo dictado por el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, por
1
En lo que sigue Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Luis
Paniagua Álvarez contra la Ugpp y se ordenó incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria
de que Luis Paniagua Álvarez no era acreedor de un derecho adquirido amparable
en la legislación colombiana y; iii) la orden de reliquidación y pago de la pensión
reconocida conforme con las reglas de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los
factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Luis Paniagua Álvarez nació el 26 de noviembre de 1954, prestó sus servicios
al Departamento Administrativo de Seguridad - DAS desde el 30 de marzo de
1979 al 16 de octubre de 2002. El último cargo que desempeñó fue el de detective
profesional 207-10.
3.2. Mediante la Resolución 27205 del 5 de diciembre de 2001 Cajanal le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $643.020 efectiva a partir del 1 de febrero de
2001 condicionada al retiro del servicio.
3.3. Conla Resolución 33758 del 14 de julio de 2006 se reliquidó la pensión
en la suma de $692.644 efectiva a partir del 17 de octubre de 2002.
3.4. El 9 de agosto de 2006, Luis Paniagua Álvarez presentó recurso de reposición
contra la Resolución 33758 del 14 de julio de 2006.
3.5. Al no obtener respuesta al recurso presentado, ejerció la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en contra de la
Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 33758 de 14 de
julio de 2006 y del acto ficto configurado por el silencio administrativo negativo, por
medio de los cuales se le negó la reliquidación de su pensión. Este asunto
correspondió al Juzgado 21 Administrativo de Medellín, el que por medio de la
2
En lo sucesivo CPACA.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
sentencia del 21 de junio de 20123 accedió a las pretensiones, para lo cual
resolvió:
«PRIMERO: Se declara la configuración del silencio administrativo negativo por no
haberse brindado respuesta al recurso de reposición que la parte actora señor LUIS
PANIAGUA ALVAREZ interpuso en contra de la Resolución No. 33758 del 14 de julio
de 2006, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social y mediante la cual se
reliquidó la pensión de la parte actora, sin incluir la totalidad de los factores salariales
devengados por esta última.
SEGUNDO: Se declara la nulidad parcial de la Resolución No. 33758 del 14 de julio de
2006 y el acto presunto de carácter negativo a través del cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de esta última. Nulidad que se decreta exclusivamente
en lo que hace referencia a la no inclusión dentro de la reliquidación de la pensión de
jubilación, de la totalidad de los factores salariales devengados por la parte actora. En
los demás aspectos conserva su integridad el acto acusado.
TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado y a
título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandad, esto es, a la
Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL EICE en liquidación, reliquidar la pensión
de jubilación del señor Luis Paniagua Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 70.086.081, teniendo en cuenta las primas de servicio, vacaciones y navidad.
Reliquidación que se efectuará a partir del 17 de octubre de 2002, fecha en la que el
demandante fue retirado del servicio a través de la Resolución 2230 del 11 de octubre
de 2002. NO SE PODRÁ INCLUIR EN DICHA RELIQUIDACIÓN, LA PIRMA DE ALTO
RIESGO (…)» (sic)
3.6. Inconformes con lo decidido, las partes interpusieron recursos de apelación, los
cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2013, que confirmó
parcialmente la providencia recurrida, así:
«PRIMERO. CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia del veintiuno (21) de junio
de dos mil doce (2012) proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, dentro del proceso proferido por el señor LUIS
PANIAGUA ÁLVAREZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –
CAJANAL, en liquidación, en tanto acogió las súplicas de la demanda.
SEGUNDO. MODIFÍQUESE el numeral tercero de la providencia apelada, y en su
lugar se ordena la reliquidación de la pensión de jubilación del señor LUIS
PANIAGUA ALVAREZ incluyendo como factores salariales el sueldo básico, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, prima de vacaciones, prima
de navidad y la prima de riesgo, devengados durante el año anterior al retiro efectivo
del servicio en un monto del 75% del promedio de lo devengado en éste periodo con
los factores aludidos (…)»(Sic)
3.7. Mediante la Resolución RDP 053352 del 19 de noviembre de 2013 se reliquidó
3
Cuaderno principal, folios 176 a 205.
3
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
la pensión del demandado en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la cuantía de $1.062.253 efectiva a partir del 17 de
octubre de 2002.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
4. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión mediante
sentencia del 4 de septiembre de 2013 confirmó parcialmente la sentencia dictada
por el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, que accedió a las súplicas de la
demanda.
5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:
5.1. Luis Paniagua Álvarez fue beneficiario del régimen especial de pensión de
vejez por alto riesgo previsto en el Decreto 1835 de 1994, por lo que era
procedente realizar la liquidación de su pensión en la forma que se tenía
establecida en el régimen anterior que le era aplicable «decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989» con el promedio de lo devengado en el último año de servicio,
incluidos todos los factores que representaran retribución directa al servicio.
5.2. No se halló razón a lo alegado por el apelante al señalar que para la liquidación
de la prestación sólo debió tenerse en cuenta los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994, en atención a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, pues para la liquidación de la pensión de jubilación es válido tener en
cuenta todos los factores que constituyen salario.
5.3. En relación con la inclusión de la prima especial de riesgo, ese aspecto fue
revaluado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que rectificó su posición al
admitir que en razón al carácter salarial de esta prima especial de los detectives
del DAS, se hicieron acreedores a que se incluyera esta prima en la liquidación de
la pensión de jubilación, en consecuencia, se debió ordenar la reliquidación del
derecho pensional del demandante.
1.2. Las causales de revisión invocadas
6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes
argumentos6:
4
Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001
EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 141 a 165.
6
Cuaderno principal, folios 290 a 300.
4
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la
reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente
era dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993
en cuanto se refieren al IBL y a los factores que debieron haberse tenido en
cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo que las providencias acusadas
transgredieron los principios constitucionales al acceder a la reliquidación de la
prestación conforme con una interpretación errada de las normas.
6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituye una grave afectación a la
sostenibilidad financiara del sistema.
1.3 Contestación a la acción especial de revisión
7. Luis Paniagua Álvarez no contestó la demanda.
1.4 El Ministerio Público
8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo7, que estableció:
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
7
En lo que sigue CPACA.
8
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
2.2. Oportunidad
11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en
un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».
12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 3
de octubre de 20139 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 2 de
octubre de 201810 fue oportuna.
2.3 Los problemas jurídicos
13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión se expidió con
vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de
revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si
la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4 Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200311 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
9
Cuaderno principal, folio 222 reverso.
10
Cuaderno principal, folio 378, reverso.
11
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
6
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.
17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003
indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la
Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal
sentido, se han definido los siguientes13:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
12
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
13
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
7
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»14.
19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.
2.4.2 Régimen pensional de los servidores del DAS que ejercieron funciones
establecidas por la ley como actividades de alto riesgo y su ingreso base de
liquidación
20. El gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 197816, en virtud
del cual dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por 20 años, continuos o
discontinuos, y hubieran aprobado el curso de formación que esta entidad
impartía, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad.
21. Con la expedición del Decreto 1933 del 28 de agosto de 1989 17 se extendió
este beneficio a los empleados del DAS que desarrollaran las funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, en
sus diferentes grados y denominaciones, en tanto se indicó que en materia
pensional se regirían por las disposiciones del Decreto Ley 1047 de 197818.
14
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.
16
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
17
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
18
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad. Los empleados que cumplan funciones de
dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo
establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978,
cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.»
8
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
22. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en
atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que
definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto
riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».
Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada
actividad.
23. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 199419, por el cual clasificó la labor de los detectives del DAS
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial20 para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir,
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Sin embargo, el Decreto Ley 2090 del
26 de julio de 200321 derogó el anterior (el Decreto 1835) y definió una vez más
cuáles actividades serían consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS.
24. Empero, la Ley 860 de 200322 se ocupó nuevamente de regular la materia y al
efecto señaló que «[e]l régimen de pensiones para el personal del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1° y 2° del Decreto 2646
de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen» sería el que allí se define. En tal
sentido permitió que los detectives y otros empleados de la aludida entidad, se
beneficiaran de un régimen especial que integra el Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 199323.
19
«Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
20
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio
requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para
ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las
condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo
relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
21
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
22
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
23
Por virtud de lo dispuesto en el artículo 140 al que se hizo alusión en líneas anteriores.
9
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
25. Ahora bien, el parágrafo 524 del artículo 2 de la norma aludida previó el régimen
de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados antes del 3 de agosto
de 1994 y con 500 semanas de cotización, a la entrada en vigencia de la norma en
mención. Este régimen garantizó el reconocimiento pensional con las condiciones
contenidas en el Decreto 1835 de 199425, las cuales se pueden resumir en la
posibilidad de acceder al beneficio pensional en las condiciones de edad, tiempo
de servicios o cotización, y el monto de los Decretos 1047 de 197826 y 1933 de
198927.
26. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
28 de julio de 202228, determinó que el ingreso base de liquidación (IBL) para los
servidores del DAS que desarrollaron actividades de alto riesgo y que fueron
cobijados por el régimen de transición de la Ley 860 de 2003, es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
27. Sobre el particular la Sala señaló:
«Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los
regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la
Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es
el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».
28. Asimismo, en esa oportunidad, la Corporación estableció que «[l]os factores
salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los
devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás
normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del
personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de
riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la
entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de
la misma ley».
29. Finalmente, se destaca que las reglas señaladas en esa decisión constituyen
24
«Parágrafo 5°. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto
de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas
les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994».
25
«Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
26
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
27
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) M.P. William Hernández Gómez.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
un precedente vinculante y obligatorio29 en la resolución de «todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables».
2.5 Caso concreto
30. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de
revisión, la Sala advierte lo siguiente:
31. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
32. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para
impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y
defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho
a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
33. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación con
29
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».
11
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al debido
proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
34. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma
en que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la decisión objeto de revisión con sustento en los Decretos 1047
de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994 que para los detectives del DAS
establecen las condiciones para acceder a la pensión de jubilación, así como los
factores salariales para su liquidación.
35. Asimismo, se encuentra que para el momento en que se produjo la decisión
objeto de revisión, se encontraba vigente la regla de unificación proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación30, según la cual «cuando se aplica el régimen
de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin
desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del
derecho». La anterior posición fue reiterada en la sentencia del 1° de agosto de
201331, que se refirió al régimen especial de pensiones para los funcionarios del
DAS y en la que se admitió que los factores salariales del artículo 18 del Decreto
1933 de 1989 no son taxativos, razón por la cual para la liquidación de la
prestación pensional se deberían tener en cuenta todas las sumas que de manera
habitual y periódica recibía el trabajador como contraprestación, pues estos «son
factores que integran el salario que éste percibe».
36. Cabe aclarar que, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
realizaron interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
punto del IBL aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí
previsto, la Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, proferida el 4 de septiembre de 2013 no fue caprichosa y, por el
contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado
el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y
órgano de cierre de la jurisdicción.
37. Precisamente, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la
expedición de las sentencias de unificación del 28 de agosto de 201832 y 28 de
julio de 202233, respectivamente, por lo que es claro que para la época en que se
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2010,
radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1° de agosto de 2013, radicado 44001-23-
31-000-2008-00150-01 (0070-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
32
Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
33
Expediente 2656-2014, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
expidió la sentencia recurrida (4 de septiembre de 2013), la posición era que las
pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos
los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
38. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que la pensión de
Luis Paniagua Álvarez se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores
salariales: asignación básica, bonificación por servicios, primas de riesgo,
vacaciones, navidad y servicios. En relación con lo anterior, igualmente se advierte
que el tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada en las sentencias del 4 de
agosto de 2010 y 1° de agosto de 2013, que en lo particular dispusieron:
«(…) los servidores a los cuales se aplica dicha norma quedan sometidos al régimen
anterior que en lo pertinente establecen los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Lo
anterior, porque en tanto una norma ‹especial› con fuerza de ley regula este aspecto
pensional para el personal señalado, no es posible recurrir a otras disposiciones de
carácter ‹general› que también regulan factores pensionales, salvo situación especial que
se pueda presentar y que deba ser analizada en concreto.
De lo anterior se colige que al personal de detectives que estuvieran vinculados con
anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994 se les debe respetar los derechos
establecidos en las normas vigentes anteriores a la Ley 100 de 1993 (…)
En este orden de ideas, la Sala reitera que los Decretos 1047 de 1978 y 1993 de 1989
establecieron un régimen especial de pensiones para los empleados vinculados al
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en los términos precisos de su
contenido respecto al tiempo de servicios, esto es 20 años, sin consideración a la edad
y teniendo en cuenta, que por mandato expreso del citado artículo 18 del decreto 1933,
los factores salariales para liquidar dicha prestación pensional».
39. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra
el certificado de factores devengados expedido el 9 de agosto de 2005 por el
pagador de la seccional DAS Antioquia34 según la cual, Luis Paniagua Álvarez
devengó en el último año de servicio (2001-2002) los siguientes factores: i) sueldo
básico; ii) prima especial de riesgo; iii) bonificación por servicios prestados; iv)
prima de servicios; v) prima de vacaciones; y vi) prima de navidad.
40. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
40.1. Luis Paniagua Álvarez nació el 26 de noviembre de 195435. Laboró al servicio
34
Índice 45 de Samai- archivo denominado 001PrimeraParte, página 29.
35
Cuaderno principal, folio 48.
13
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
del DAS entre el 30 de marzo de 1976 y el 16 de octubre de 202236. El último
cargo que desempeñó fue el de detective profesional 207-1037.
40.2. Mediantela Resolución 27205 del 5 de diciembre de 2001 Cajanal le
reconoció una pensión de vejez en cuantía de $643.020 efectiva a partir del 1 de
febrero de 2001 condicionada al retiro del servicio38.
40.3. Con la Resolución 33758 del 14 de julio de 2006 se reliquidó la pensión
en la suma de $692.644 efectiva a partir del 17 de octubre de 200239.
40.4. El 9 de agosto de 2006, Luis Paniagua Álvarez presentó recurso de reposición
contra la Resolución 33758 del 14 de julio de 200640.
40.5. Mediante la Resolución RDP 053352 del 19 de noviembre de 2013 se
reliquidó la pensión del demandado en cumplimiento del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en la cuantía de $1.062.253 efectiva a partir
del 17 de octubre de 200241.
41. Visto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que Luis
Paniagua Álvarez recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y la reliquidación efectuada en cumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia corresponde a la suma
de $369.609.
42. Así las cosas, la reliquidación realizada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, sobre la pensión de jubilación reconocida a
Luis Paniagua Álvarez, no evidencia un incremento desproporcionado o que no
guarde relación con su trayectoria laboral. Por lo que, concluye la Sala, la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un
abuso del derecho o fraude a la ley.
43. En consecuencia, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se
demostró que i) el demandado era beneficiario del régimen de transición previsto
en la Ley 860 de 2003; ii) su vinculación con el DAS fue anterior al 3 de agosto de
1994; iii) a diciembre de 2003, contaba con más de 500 semanas cotizadas en el
ejercicio de actividades catalogadas de alto riesgo, en concordancia con el
36
Cuaderno principal, folio 74
37
Cuaderno principal, folio 75
38
Cuaderno principal, folios 66 a 67.
39
Cuaderno principal, folios 82 a 84.
40
Cuaderno principal, folio 89.
41
Cuaderno principal, folios 253 al 256.
14
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
Decreto 1835 de 1994; y iv) durante el último año percibió los factores respecto de
los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.
44. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de julio de 202242 la
Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de
unificación serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y
judicial, por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho
tránsito a cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues no
puede entenderse «en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición de los
servidores del DAS, con fundamento en (sic) tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso
del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado
la reliquidación de la pensión con fundamento en la jurisprudencia diferente a la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada».
45. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 4 de septiembre de
2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y, por
lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.
2.6. Costas
46. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del
28 de julio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
15
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01448-00 (4805-2018)
Demandante: Ugpp
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 4 de septiembre de 2013, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACCR
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.