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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00591-00

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00591-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- DECLARAR fundada parcialmente la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo del 22 de junio de 2011 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2010-00364. SEGUNDO.- En consecuencia, se INFIRMA parcialmente la sentencia del 6 de septiembre de 2012 del Tribunal Administrativo del Chocó; para en su lugar disponer lo siguiente: PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso instaurado por el señor HERNÁN SALGUERO GARCÍA contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL que accedió a las pretensiones de la demanda, con las siguientes precisiones: SEGUNDO. ADICIONAR la parte resolutiva de la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011, un numeral del siguiente tenor: «DECLARAR la prescripción de los derechos pensionales reclamados anteriores al 22 de mayo de 2005, en virtud de la prescripción trienal anterior a la petición relevante». TERCERO: MODIFICAR el numeral 3° de la parte resolutiva del anterior fallo, en el sentido de señalar que la tasa de reemplazo que debe aplicarse es del 75%, por lo que 46 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022 proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2016-00591-00 (2525-2016) Demandante: UGPP Demandado: Hernán Salguero García quedará así: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00591-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00591-00 (2525-2016)
Demandante: UGPP
Demandado: Hernán Salguero García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00591-00 (2525-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Hernán Salguero García

Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012
por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó parcialmente el fallo del 22 de
junio de 2011 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, que reconoció una
pensión de vejez en favor del señor Hernán Salguero García.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte accionante con fundamento en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, solicitó la revocatoria de las sentencias proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 2010-00364. Arguyó que el reconocimiento
pensional se efectúo con violación al debido proceso, porque se condenó a la Caja
Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) sin que existiera certeza que
ante la misma entidad se realizaron los respectivos aportes a seguridad social.
Subsidiariamente, alegó que la pensión se liquidó en una cuantía mayor a la que
corresponde, por una delimitación incorrecta del ingreso base de liquidación (en lo
sucesivo IBL) y la tasa de reemplazo.

II. ANTECEDENTES

2.1. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1.1. Demanda

1. El señor Hernán Salguero García, en ejercicio del señalado medio de control,
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 10512 del 3 de marzo de 2009 y del
acto ficto que la confirmó, mediante los cuales CAJANAL le negó el reconocimiento a

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Demandante: UGPP
Demandado: Hernán Salguero García

la pensión de vejez. Lo anterior, porque estima que tiene derecho a dicha prestación
en un monto equivalente «al 85% del promedio mensual devengado durante el año
inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el derecho la pensión (diciembre
20 de 2003 hasta diciembre 20 de 2004)».

2. Reprochó que se haya negado su derecho pensional bajo el argumento que los
documentos aportados con la solicitud de reconocimiento no establecen la entidad o
fondo al cual se efectuaron los aportes correspondientes, aunque CAJANAL tiene, de
un lado, la posibilidad de revisar en sus sistemas de información la forma en que estos
se efectuaron durante su vinculación laboral, en especial, mientras permaneció al
servicio del Hospital Julio Figueroa Villa de Bahía Solano (del 3 de septiembre de 1985
al 20 de diciembre de 2004), y de otro, la facultad de ejercer las acciones de cobro
respectivas si las cotizaciones no se realizaron.

3. Añadió que está incluido en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y amparado por las normas relativas a las pensiones de jubilación por
alto riesgo anteriores a esta, por el hecho de haber trabajado, durante más de 20 años,
con exposición a radiaciones ionizantes en los hospitales San Francisco de Asis 1 y
Julio Figueroa Villa2.

2.1.2. Sentencia de primera instancia

4. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en sentencia del 22 de junio de
2011, anuló los actos acusados y le ordenó a CAJANAL reconocer y pagar en favor
del señor Hernán Salguero García, una pensión de jubilación «con efectos fiscales a
partir del 21 de diciembre de 2004, tomando como factores de salario, el ochenta y
cinco (85%) del ingreso de base de liquidación debidamente indexado de los siguientes
factores de salario: asignación mensual básica, subsidio de alimentación, prima de
servicio, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de
navidad», devengados durante el último año de prestación del servicio.

5. Para tal efecto, resaltó que los certificados de factores salariales, de los
hospitales en los que trabajó el señor Salguero García, indican que los descuentos por
concepto de aportes en pensión se efectuaron con destino a CAJANAL; que laboró en
aquellos durante 20 años y 22 días; y que en el último año de servicio, en el Hospital
Francisco de Asis, devengó las prestaciones antes señaladas.

6. Seguidamente, resaltó que el anterior ciudadano por tener más de 40 años al
1° de abril de 1994, se encuentra dentro del régimen de transición de la Ley 100 de
1993; y que, por haberse desempeñado en trabajos con exposición a radiaciones
ionizantes, está amparado por el régimen pensional de actividades de alto riesgo,
respecto del cual resaltó el Decreto 2090 de 2003.

7. Bajo ese entendido, sostuvo que:

(…) la norma jurídica anterior a la Ley 100 de 1993 aplicable al caso, para establecer el
monto del derecho pensional del actor, son las leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 2090

1 Del 1 de julio de 1973 al 5 de noviembre de 1980.
2 Del 3 de septiembre de 1985 al 17 de enero de 1986; del 4 de abril de 1988 al 9 de agosto de 1988; del 5 de

febrero de 1990 al 30 de julio de 1992; y del 16 de junio de 1995 al 20 de diciembre de 2004.
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de 2003. De conformidad con el anterior marco normativo y para garantizar los principios
de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, el juzgado, siguiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado,
anota que, la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios, para el caso presente equivalente al
ochenta y cinco (85%) del ingreso base de liquidación de todos los factores salariales
debidamente indexados.

En consecuencia, y como la apoderada de la parte demandada, no logró desvirtuar con
su aseveraciones y pruebas, el cumplimiento de todas las exigencias legales, para que
el accionante tenga derecho al beneficio pensional, se declararán no probadas las
excepciones propuestas y a la vez, se accederá a todas las pretensiones del libelo
genitor, declarando la nulidad del acto administrativo demandado, como también el acto
ficto, se restablecerá el derecho, ordenando se reconozca y ordene pagar la pensión de
jubilación, a partir del 21 de diciembre de 2004, con una tasa de remplazo del ochenta
y cinco (85%) del ingreso base de liquidación, debidamente actualizado, por tratarse de
una prestación social excepcional (Pensión Especial de vejez – artículo 5° del Decreto
2090 de 2003) y el pago de todas las mesadas pensionales y adicionales, con los
correspondientes reajustes anuales. (Se destaca)

8. En cuanto al 21 diciembre de 2004, que fue la fecha en que se adquirió el
estatus pensional, no se ahondó en la parte considerativa de la sentencia, pues
simplemente se resaltó que el día anterior, el 20 de diciembre de 2004, fue el último
día en el que trabajó el señor Salguero García.

9. Asimismo, de lo expuesto se desprende, que el juzgado tuvo como punto de
partida para la tasa de reemplazo la del 75% de la Ley 33 de 1985, a la cual le sumó
el 10%, invocando la aplicación del artículo 5 del Decreto 2090 de 2003 que establece
lo siguiente: «Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más
diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador».

2.1.3. Sentencia de segunda instancia

10. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante fallo del 6 de septiembre de
2012, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto accedió a las pretensiones
de la demanda3, pero la adicionó en el sentido de declarar la prescripción trienal «de
los derechos pensionales reclamados anteriores al 22 de mayo de 2005»4.

11. Luego de resaltar que CAJANAL EICE en liquidación, en el recurso de
apelación, reprochó que se accediera a lo solicitado sin tener certeza que se
efectuaron los aportes a pensión durante la relación laboral, subrayó que el artículo
140 la Ley 100 de 1993 señaló que el Gobierno nacional expediría el régimen de los
servidores que laboren en actividades de alto riesgo, lo que dio origen al Decreto 1281
de 1994, que fue derogado por el Decreto 2090 de 2003, que consideró la normatividad
«aplicable en la actualidad».

3 Esta decisión está contenida en el numeral 1° del fallo.
4 Ver numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia.

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12. Hechas las anteriores precisiones, reiteró que el señor Hernán Salguero García
es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se le
aplica el artículo 5° del Decreto 2090 de 2003, por lo que concluyó lo siguiente:

(el) régimen legal y aplicable al caso concreto dispone que el monto de la cotización
especial para este tipo de actividades es el previsto en la Ley 100 de 1993 (75% del
último salario devengado) más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador, lo
que equivale a un (85%) del ingreso base de liquidación, a efecto del reconocimiento
pensional.

Así las cosas y teniendo en cuenta que al demandante lo cobija el régimen de la
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de la
pensión debe realizarse teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicio y el monto de
la prestación señalados en las leyes 33 y 62 de 1985, sin que sea dable remitirse en
algunas de esas materias al nuevo régimen pensional general de que trata la Ley 100
de 1993 o con otro alcance respecto del régimen de transición.

Se insiste que los factores computables para efectos pensionales para el caso son los
señalados en las leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con la Ley 71 de 1988 y su
reglamentario, el Decreto 1160 de 1989, por lo que cuando la ley señala que se deben
tener en cuenta los “devengados” se entiende que son aquellos que corresponden a los
factores que la ley determina para tal objetivo durante el lapso correspondiente. Ello
equivale a decir que la pensión reclamada por el acto debe (sic) en cuantía equivalente
al 85% del promedio mensual devengado durante el año inmediatamente anterior a la
fecha de retiro del servicio teniendo en cuenta como factores salariales los certificados
por la Asistente Administrativa (sic) del Hospital Julio Figueroa Villa de Bahía Solano,
tales como (…)

13. Finalmente, destacó que la solicitud de reconocimiento de la pensión se realizó
el 22 de mayo de 2008, después de que el señor Salguero García adquiriera el estatus
pensional, esto es, el 21 de diciembre 2004, un día después de cumplir 20 años de
servicios5; motivo por el cual operó la prescripción trienal de las mesadas causadas
antes del 22 de mayo de 2005.

2.2. Acción especial de revisión

2.2.1. Demanda6

14. La UGPP, en ejercicio de la acción de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, solicitó de manera principal:

(i) La revocatoria de las sentencias antes descritas.
(ii) Que se declare que al demandado, el señor Hernán Salguero García, no
le asiste el derecho pensional a cargo de la parte demandante.

15. De no accederse a las anteriores solicitudes, pidió que se declarara que al señor
Salguero García no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión en los términos

5 Sobre el particular dice el fallo: «De acuerdo con los tiempos de servicios y factores salariales se tiene que el

señor SALGUERO GARCÍA, cumplió los 20 años de servicios el 20 de diciembre de 2004, fecha en la que se
retiró definitivamente».
6 Se sintetiza el contenido del escrito mediante el cual se presentó la demanda de revisión y el de su

subsanación, visible a folios 150-162 y 195-207 del expediente.
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de la Ley 33 de 1985; muchos menos, que el IBL corresponde a lo devengado en el
último año de servicio, con una tasa de reemplazo del 85%, incluyendo la totalidad de
los factores salariales. Por el contrario, que debe aplicársele el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994.

16. Finalmente, requirió que se deje sin efecto la resolución7 que dio cumplimiento
a los fallos controvertidos mediante la acción de revisión y que se condene al
demandado a reintegrar a la UGPP las sumas de dinero que le fueron entregadas en
cumplimiento de los fallos controvertidos.

17. En primer lugar, invocó la configuración de la causal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, es decir, cuando el reconocimiento pensional se haya obtenido con
violación al debido proceso. En síntesis, alegó que las providencias cuestionadas le
ordenaron a CAJANAL asumir el pago de la pensión, aunque no estaba legitimada en
la causa por pasiva, es decir, que no era la llamada a satisfacer las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que dicha entidad no fue
la destinataria ni la depositaria de los aportes correspondientes, en atención a que
estos fueron efectuados al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), fondo en
el que estuvo afiliado el señor Salguero García la mayor parte de su vida laboral.

18. Lo anterior, porque durante la vinculación del demandado al Hospital
Departamental San Francisco de Asis, entre el 1 de julio de 1973 y el 5 de noviembre
de 1980, estuvo afiliado a CAJANAL; mientras que durante su permanencia en el
Hospital Julio Figueroa, entre los años 1985 a 1992 y desde 16 de junio de 1995 al 20
de diciembre de 2004, estuvo afiliado en el ISS, entidad que eligió de manera libre y
voluntaria.

19. Sobre el particular, trajo a colación los artículos 52 de la Ley 100 de 1993; 4 y
34 del Decreto 692 de 1994; 10 del Decreto 2709 de 1994; 6 del Decreto 813 de 1994;
y 1 del Decreto 2527 de 2000, sobre los criterios a tener en cuenta para definir la
administradora que debe asumir el reconocimiento y pago de las pensiones a partir de
las diferentes vicisitudes.

20. Asimismo, a partir de las anteriores normas, de un pronunciamiento de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado8 (al resolver un conflicto de
competencias) y un concepto de Colpensiones9, destacó que uno de los criterios
relevantes para establecer el responsable de reconocer y pagar la pensión es la
afiliación a la última administradora de los aportes correspondientes, así como el hecho
de que estos se efectuaron por un periodo mínimo de 6 años.

21. A partir de esto, subrayó que, revisada la historia laboral del accionado, registra
cotizaciones superiores a 6 años con el ISS, hoy Colpensiones, debido a que con este
reporta 12 años, 9 meses y 22 días de cotizaciones entre los años 1985 y 2004, por lo
que es dicha entidad y no la UGPP, la responsable de reconocer y pagar la pensión,
contrario a lo indicado por los fallos acusados.

7 Resolución RDP 039618 del 28 de agosto de 2013.
8 Del 11 de julio de 2013, M.P. William Zambrano Cetina, Rad. 11001030600020130037800.
9 BZ_2015_2524156 del 19 marzo de 2015.

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22. En segundo lugar, estimó que estos deben revocarse a la luz de la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley.

23. En sustento de lo anterior, hizo alusión al Decreto 2090 de 2003 como la norma
a tener en cuenta, de la cual subrayó el artículo 6°, que contiene un régimen de
transición para las personas que al 28 de julio de 2003, fecha de publicación del
decreto antes señalado, «hubieren cotizado 500 semanas de cotización especial»,
quienes pueden pensionarse en las condiciones establecidas en normas anteriores
que regulan las actividades de alto riesgo.

24. Del anterior precepto subrayó, que prevé como condiciones adicionales de
aplicación, que sus destinatarios cumplan los requisitos del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y acrediten el número mínimo de semanas en los
términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

25. A partir de las anteriores premisas, señaló que como el demandado es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al
1 de abril de 1994 tenía más 15 años de servicios, la edad, las semanas cotizadas y
la tasa de reemplazo se determinan según el régimen anterior; pero el IBL se calcula
de conformidad con la anterior norma o el artículo 21 del mismo estatuto.

26. Seguidamente, sostuvo que el demandado:

no puede pretender la aplicación del régimen de transición, en cuanto a los requisitos de
edad, tiempo y monto pensional y con el promedio de lo devengado en el último año de
servicios y por otra parte, la aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
en cuanto a la liquidación de la tasa de reemplazo del 85% y demás presupuestos en
una combinación preferente que le resulte favorable, si no por el contrario uno u otro
régimen deben aplicarse en su integridad, sin que sea posible escindirlos y tomar de
cada uno de ellos aquellas disposiciones que se estima más favorables, por cuanto esto
sería crear una nueva norma para cada caso, lo cual resulta inadmisible en virtud del
principio de inescindibilidad de la ley.

27. Insistió en que como el demandado no puede desligarse de las reglas previstas
para quienes hacen parte del régimen de transición, no puede considerarse que el IBL
se calcula a partir de lo devengado en el último año de servicios, «y mucho menos
(con) la inclusión de factores salariales no previstos por el Decreto 1158 de 1994».

28. De otra parte, en cuanto a la tasa de reemplazo del 85% que determinaron los
fallos controvertidos, consideró que fue producto de una aplicación incorrecta del
artículo 5 del Decreto 2090 de 2003, en la medida que este no versa sobre un
porcentaje adicional para dicha tasa, como lo interpretaron los fallos cuya revocatoria
se solicita, sino sobre el monto de la cotización al sistema de seguridad social cuando
se trata de personas que desempeñan actividades de alto riesgo, evento en el cual,
los empleadores deben realizar un aporte de 10 puntos más a los previstos por la Ley
100 de 1993.

2.2.2. Actuaciones procesales

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Demandado: Hernán Salguero García

29. Con posterioridad a que la UGPP subsanara la demanda, precisando las
causales de revisión en las que enmarcó sus motivos de inconformidad, esta fue
admitida mediante providencia del 4 de diciembre de 201910, que para su notificación
al demandado fue necesario librar despacho comisorio al Tribunal Administrativo del
Chocó11, que llevó a cabo la diligencia de notificación personal respectiva el 2 de
septiembre de 202112.

30. Durante el término de 10 días para pronunciarse sobre la demanda, el señor
Salguero García y el Ministerio Público guardaron silencio.

31. A través de auto del 25 de noviembre de 202113, se tuvieron como pruebas las
aportadas con la demanda, por lo que se prescindió del periodo máximo probatorio.
Además, se dispuso requerir al demandado para que designara abogado en defensa
de sus intereses, asunto en el que con posterioridad se insistió en varias
oportunidades14. Para tal efecto, en las providencias respectivas se precisaron los
correos electrónicos en los que podría ser ubicado el señor Salguero García, quien no
se pronunció a pesar de las comunicaciones recibidas15.

III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia

32. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA16.

33. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201917,
por tratarse de un asunto de carácter laboral.

3.2 Oportunidad

34. La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; asimismo, se evidencia que las sentencias objeto
del recurso fueron proferidas y quedaron ejecutoriadas en vigencia de la Ley 1437 de
201118, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta
normativa que señala lo siguiente:

10 Folio 226-227.
11 Como puede apreciarse en el auto del 20 de mayo de 2021 (folio 236).
12 Folio 238.
13 Folio 263.
14 En autos del 28 de abril de 2022, 9 de marzo y 24 de agosto de 2023 (folios 266, 268,271)
15 Como consta en el paso al despacho del 12 de diciembre de 2023 (folio 273).
16 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
17 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
18 Según la constancia de la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Chocó (folio 131 vuelto), el fallo de

segunda instancia del 6 de septiembre de 2012, que confirmó el reconocimiento de la pensión del señor Hernán
Salguero García, quedó en firme el 28 del mismo mes y año.
7

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Radicación: 11001-03-25-000-2016-00591-00 (2525-2016)
Demandante: UGPP
Demandado: Hernán Salguero García

[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro
del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio […]. (Se destaca).

35. En cuanto a la forma de contabilizar el anterior término, tratándose de controversias
en las que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo
CAJANAL, la Corte Constitucional en la sentencia SU-114 de 201819, determinó que la
primera entidad está legitimada para interponer la acción especial de revisión en un
término de 5 años, que debía contabilizarse desde el 12 de junio de 201320 hasta el 12
de junio de 2018.

36.En el caso de autos, la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente el 10 de
junio de 201621, pues se presentó antes del 12 de junio de 2018.

3.3 Legitimación en la causa

37. La legitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:

38. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se
haya decretado su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social
EICE (art. 156 de Ley 1151 de 2007).

39. Ahora bien, el numeral 6º del artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200922, le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201323.

40. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201624, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer el recurso de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».

41. Por su parte, el señor Hernán Salguero García, está legitimado por pasiva, dada
su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el
que se dictaron las sentencias cuya revisión se solicita.

19 M.P. Alberto Rojas Ríos
20 Fecha en la que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos de la CAJANAL.
21 Folio 162 reverso.

22 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
23 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
24 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

8

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Demandante: UGPP
Demandado: Hernán Salguero García

3.4 Problema jurídico

42. Según los planteamientos expuestos en la demanda, corresponde a la Sala
determinar, respecto de las sentencias cuya revocatoria se solicita, si se configuran
las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

43. Frente a la primera, el problema consiste en establecer, si la supuesta falta de
legitimación en la causa de CAJANAL, para hacer parte de un proceso en el que se
reclamó el reconocimiento y pago de una pensión, que a juicio de la demandante, no
le correspondía asumir, puede enmarcarse como una circunstancia contraria al debido
proceso.

44. En cuanto a la causal b), se determinará si la pensión del señor Hernán Salguero
García fue reconocida en un monto mayor al que le correspondía, porque para su
liquidación (i) se tuvieron en cuenta los factores salariales devengados en el último
año de prestación del servicio y (ii) una tasa de reemplazo del 85%; pautas que a juicio
de la parte accionante, son contrarias a la debida aplicación del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al alcance del artículo 5 del Decreto 2090 de
2003.

45. Para resolver los problemas planteados, la Sala analizará las generalidades de
la acción especial de revisión y las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, y luego, el caso concreto.

3.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia25

46. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas26.

47. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»27, en la

25 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
26 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
27 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés “ […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del
recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional
y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de
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Demandado: Hernán Salguero García

que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

48. Dicha revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que lo caracterizan
según la jurisprudencia del Consejo de Estado28 y de la Corte Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia29.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado30.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por
la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social31.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde32.

49. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión, originada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así

Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. MP. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2020-04141-00 REV. MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
28 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de

Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
30 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°

de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de

18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William Hernández
Gómez.
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hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición
de motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»33.

50. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200334, se tiene que, según la primera de ellas, la acción
especial de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce
una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación al debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los
elementos sobre los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento
pensional se efectuó con desconocimiento de las garantías constitucionales que
constituyen el derecho al debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior,
esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa35.

51. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esta corporación ha explicado lo siguiente:

[…]

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
34«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
35 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión

el 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandado: Hernán Salguero García

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]36.

52. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

53. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

3.6. Análisis del caso concreto

3.6.1. Resolución del primer problema jurídico - literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

54. Como se expuso en el acápite de antecedentes, la parte demandante bajo el
amparo de la causal de revisión alegó que las providencias cuestionadas le ordenaron
a CAJANAL asumir el pago de la pensión, aunque no estaba legitimada en la causa
por pasiva, es decir, que no era la llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que dicha entidad no fue la destinataria
ni la depositaria de los aportes correspondientes, atendiendo a que se efectuaron en
el ISS, fondo al que estaba afiliado el señor Salguero García.

55. En atención a que el anterior motivo de inconformidad se invocó como una
situación contraria al debido proceso, que dio lugar al reconocimiento pensional, vale
la pena recordar las garantías mínimas que hacen parte de dicho derecho, que fueron
enunciadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-341 de 2014, en los
siguientes términos:

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario
acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo
decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.

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naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida
por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte,
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual
exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

56. Al contrastar el alcance del debido proceso y el mencionado motivo de
inconformidad de la UGPP, se estima que con este no se alude a los ámbitos de acción
del referido derecho fundamental, delimitados por el órgano de unificación en la
materia.

57. Dicho otro modo, mediante el argumento consistente en que CAJANAL no era
la entidad a la que le correspondía asumir el reconocimiento y pago de la pensión del
señor Salguero García, en manera alguna se pone en duda que aquella fue vinculada
a un proceso jurisdiccional en el que fue escuchada por un juez competente,
independiente e imparcial; que tuvo una defensa técnica; que se le brindó la
oportunidad de interponer los medios de impugnación que le concede el ordenamiento
jurídico; que la controversia se tramitó, de acuerdo con su naturaleza, a través del
procedimiento legalmente previsto; ni que este se desarrolló de manera pública y en
un término razonable.

58. Lo anterior obedece, que al alegarse que CAJANAL no era la responsable de
asumir la pensión del señor Salguero García, más que dar cuenta de una situación
constitutiva de una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta
omisión de las autoridades judiciales en la aplicación de las normas que prevén los
criterios a tener en cuenta para definir qué entidades de previsión deben hacerse cargo
de la pensión, lo que corresponde a un aspecto del fondo del asunto, que debió
ventilarse en el trámite ordinario en las oportunidades legalmente previstas y, por ende,
que no está llamado discutirse a través de la acción especial de revisión, pues se
insiste, no es una tercera instancia.

59. En el mismo sentido y frente a un caso similar al de autos, en el que la UGPP
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de CAJANAL, porque se le
condenó asumir una pensión respecto de la cual supuestamente no fue la entidad
destinataria de los fondos para sufragarla, la Sala 4° Especial de Decisión del Consejo
de Estado indicó lo siguiente:
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61. Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala no observa que los argumentos de
la entidad demandante se encuentran dirigidos a evidenciar la vulneración directa de
alguna de las garantías del debido proceso antes señaladas, sino a controvertir la
legitimación en la causa la entidad que fungió como demandada dentro del proceso
ordinario que dio origen a la sentencia objeto de análisis.

62. En efecto, la Sala advierte que el recurrente no está argumentando que el proceso
ordinario no siguió las formas del procedimiento y, mucho menos, que se le
desconocieron sus garantías de audiencia y defensa, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem, como tampoco que el caso haya sido resuelto por el juez
incompetente.

63. En relación con la falta de legitimación alegada en esta oportunidad, es menester
resaltar que, durante el curso del proceso ordinario, la parte recurrente no alegó dicha
inconformidad, no obstante de haber contado con la posibilidad de utilizar los
mecanismos procesales que la legislación procesal instituye cuando se trata de corregir
irregularidades asociadas a la planteada por la UGPP -carencia de legitimación en la
causa- entre los que se destacan: la proposición de excepciones previas; el incidente de
nulidad o el recurso de reposición en contra del auto que admitió la demanda y ordenó
la vinculación de la referida entidad al proceso.

64. Así las cosas, la Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
ser instituido como una tercera instancia para subsanar las eventuales falencias de las
partes en el ejercicio de sus derechos, sino para enmendar aquellos vicios que afectan
sustancialmente el orden legal, de allí que, si los argumentos expuestos en sede de
revisión nunca fueron objeto de debate dentro del proceso ordinario, estos se tornan
improcedentes para efectos de infirmar los efectos de una sentencia que está amparada
por el principio de cosa juzgada37.

60. Por las razones expuestas, no hay lugar a considerar que la supuesta falta de
legitimación en la causa de CAJANAL se enmarca en la causal del literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, atinente al reconocimiento de una pensión con violación del
debido proceso.

3.6.2. Resolución del segundo problema jurídico - literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

61. El segundo interrogante a resolver, consiste en establecer si la pensión del señor
Hernán Salguero García fue reconocida en un monto mayor al que le correspondía,
porque para su liquidación (i) se tuvieron en cuenta los factores salariales devengados
en el último año de prestación del servicio y (ii) una tasa de reemplazo del 85%; pautas
que, a juicio de la parte accionante, son contrarias a la debida aplicación del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al alcance del artículo 5 del
Decreto 2090 de 2003.

62. Al revisar las providencias controvertidas, descritas en el acápite de
antecedentes de esta decisión, en especial el fallo del Tribunal Administrativo del

37 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sala 4° Especial de Decisión, sentencia del 30 de

noviembre de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2017-01538-00.
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Demandante: UGPP
Demandado: Hernán Salguero García

Chocó, se desprende lo siguiente:

• El señor Salguero García está amparado por el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para el 1° de abril de 1994 tenía más
de 40 años; lo que se corrobora a partir del registro civil correspondiente, según
el cual, el referido ciudadano nació el 27 de marzo de 194938.

• A partir de la anterior circunstancia, las autoridades judiciales estimaron que
al señor Salguero García les es aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que
destacaron que el 20 de diciembre de 2004 cumplió 20 años de servicios que
exige la norma para pensionarse.

Sobre el particular, obran las siguientes certificaciones laborales, que dan cuenta
de los 20 años de servicios:

Entidad en la que trabajó el señor Periodo certificado39
Hernán Salguero García
Hospital Departamental San Francisco de Del 1 de julio de 1973 al 5 de noviembre de
Asis 1980 (7 años, 4 meses y 5 días)
Del 3 de septiembre de 1985 al 17 de enero
Hospital Julio Figueroa Villa de 1986 (4 meses y 14 días)
Del 4 de abril de 1988 al 9 de agosto de
1988 (4 meses y 5 días)
Del 5 de febrero de 1990 al 30 de julio de
1992 (2 años, 5 meses y 25 días)
Del 16 de junio de 1995 al 20 de diciembre
de 2004 (9 años, 6 meses y 4 días)

• En consecuencia, se determinó que la pensión debía liquidarse con el
promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios.

• En cuanto a la tasa de reemplazo, se partió del 75% de lo devengado en el
último año, pero se estimó que debía aumentarse en «10 puntos» en aplicación
del artículo 5 del Decreto 2090 de 2003, toda vez que el señor Salguero García
ejerció una actividad de alto riesgo. Ese razonamiento conllevó a que se indicara
que la señalada tasa ascendía al 85%.

3.6.2.1. Análisis sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el caso concreto

63. Esclarecidas las circunstancias en las que se reconoció la pensión, en primer
lugar, se establecerá si la misma se concedió en un valor mayor al que correspondía,
al haberse ordenado tener en cuenta lo devengado en el último año de servicios, pues
a juicio de la UGPP, aunque el demandado estaba cobijado por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en lo que hace al ingreso base de liquidación, no
deben aplicarse las normas anteriores a esta.

64. Sobre el particular, resulta imperativo recordar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, estableció
siguientes las reglas sobre el ingreso base de liquidación, para los beneficiarios del

38 Folio 39.
39 Folios 43-46,49-50, 69-72.

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régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo

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de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base40.

65. Según la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo beneficiarios de
la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley
33 de 1985, son sujetos de estas disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo
de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base de liquidación es
el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

66. El pronunciamiento de unificación se generó por la existencia de posiciones
divergentes sobre si el ingreso base de liquidación hacía o no parte del régimen de
transición, y si únicamente debían tenerse en cuenta los factores salariales sobre los
que se hicieron los aportes. Bajo ese escenario, varias autoridades judiciales, incluida
la Sección Segunda del Consejo de Estado41, consideraron que el IBL hacía parte de
dicho régimen y que debían tenerse en cuenta la totalidad de los factores devengados,
independientemente si sobre los mismos se efectuaron aportes.

67. Precisamente, ante dicha situación, la referida sentencia del 28 de agosto de
2018 precisó que los criterios de unificación que adoptó resultaban aplicables
obligatoriamente «para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial», dejando a salvo los asuntos en los que había operado la cosa juzgada, so
pena de generar una situación de inseguridad jurídica. Sobre el particular dijo la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo:

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, Rad. 25000- 23-25-

000-2006-07509-01 (0112-09), M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.

68. La anterior precisión es relevante, pues a partir de ella para esta Subsección,
cuando se trata de acciones especiales de revisión debe tenerse en cuenta el criterio
jurisprudencial vigente42 para la época en que las autoridades judiciales dictaron las
decisiones censuradas, en la medida que si ello ocurrió así, no hay lugar a considerar
que estas se profirieron con abuso del derecho o fraude a la ley, aunque el criterio
válido que en su momento tuvieron en cuenta, no se acompase al posterior que se
estableció; por ejemplo, por vía de unificación.

69. Bajo ese entendido, se advierte que en el caso de autos, para el momento en que
se dictaron las sentencias cuya revocatoria se solicita, la tesis jurisprudencial de la
Sección Segunda consistía en que para los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la primera debía
considerarse integralmente, sin que fuera posible alterar los elementos que la hacían
especial en respeto del principio de inescindibilidad normativa, de modo que no podía
acudirse a la Ley 100 de 1993 para establecer la base de liquidación pensional.

70. Adicionalmente, se evidencia que para la época de los fallos cuestionados,
también era tesis de esta Sección considerar que «[…] la Ley 33 de 1985 no indica en
forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios»43.

71. En ese orden de ideas, la Sala considera que las sentencias proferidas por el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, el
22 de junio de 2011 y el 6 de septiembre de 2012, respectivamente, al ordenar el
reconocimiento de la pensión del señor Hernán Salguero García con base en el
promedio mensual de los factores salariales devengados en el último año de servicio,
válidamente siguieron la línea jurisprudencial de la época, por lo tanto, prevalece la
fuerza de cosa juzgada.

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-01458-00

(4815-2018), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 13 de junio de 2024.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, Rad. 25000- 23-25-

000-2006-07509-01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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72. En consecuencia, a partir del motivo de inconformidad objeto de estudio, no se
evidencia la configuración de la causal de revisión del literal b) de la Ley 797 de 2003.

3.6.2.2. Análisis sobre la tasa de reemplazo en el caso de autos

73. Desde luego, no se pasa por alto que a propósito de la causal antes señalada
también se alegó un yerro en la determinación de la tasa de reemplazo, en la medida
que la pensión se reconoció con esta en un porcentaje del 85%, cuando era del 75%,
por lo que solo de verificarse que no se incurrió en la anterior circunstancia, puede
concluirse si el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configuró o no.

74. Sobre este aspecto, se recuerda que las autoridades judiciales partieron de una
tasa de reemplazo del 75%, lo que está en consonancia con la Ley 33 de 1985 que
estimaron aplicable; sin embargo, se observa que, a renglón seguido, aumentaron el
anterior porcentaje al 85%, para lo cual citaron el artículo 5 del Decreto 2090 de 2003,
cuyo tenor literal es el siguiente:

ARTÍCULO 5o. MONTO DE LA COTIZACIÓN ESPECIAL. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más
diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

75. Al analizar esta norma, se estima que le asiste razón a la parte accionante al
afirmar que su aplicación al caso concreto es incorrecta, porque en manera alguna
hace alusión a la tasa de reemplazo que debe considerarse para liquidar la pensión de
las personas beneficiarias del Decreto 2090 de 2003; solo se ocupa de señalar
respecto de las cotizaciones que deben realizarse al sistema de seguridad social para
las actividades de alto riesgo, que los empleadores deben pagar un valor mayor al
previsto en la Ley 100 de 1993.

76. Por lo tanto, salta a la vista que las autoridades judiciales aplicaron una norma
que no tiene relación con los parámetros para calcular el monto de la mesada
pensional, por lo que resulta incorrecto concluir que la señalada tasa es del 85%,
cuando de conformidad con la norma pertinente, el artículo 1° de la Ley 33 de 1985,
aquella asciende al 75%.

77. El error tiene como consecuencia que la pensión fue reconocida en un valor
mayor al que legalmente corresponde, motivo por el cual se configura la causal del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

78. En consecuencia, se debe infirmar parcialmente la sentencia del 6 de septiembre
de 2012 del Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo del 22 de junio de
2011 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, por cuanto avaló el
reconocimiento de la pensión del señor Hernán Salguero García, aplicando una tasa
de reemplazo del 85%, como consecuencia de la aplicación incorrecta del artículo 5
del Decreto 2090 de 2003.

79. Ahora bien, el hecho que se haya reconocido y pagado la pensión con la anterior
tasa de reemplazo, no da lugar a que se ordene que el señor Salguero García devuelva
las sumas de dinero que ha recibido por encima del monto en que su pensión debió
reconocerse, en tanto las mismas fueron recibidas de buena fe y no se acreditó por la
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parte accionante lo contrario.

80. Tampoco hay lugar dejar sin efectos la resolución mediante la cual se dio
cumplimiento a las decisiones de las anteriores autoridades judiciales, porque no es
objeto de la acción especial de revisión de la referencia, sin perjuicio desde luego, que
con ocasión a la sentencia de reemplazo que se proferirá a continuación, la UGGP
adopte las medidas pertinentes para continuar con el pago de la pensión de vejez del
señor Salguero García en los términos que precise aquella.

3.6.3. Conclusión

81. A partir de las consideraciones hasta aquí expuestas se concluye lo siguiente:

• No hay lugar a ordenar la revocatoria total de las providencias que
reconocieron la pensión de vejez del anterior ciudadano, ni a declarar que no le
asiste tal derecho, en la medida que tales pretensiones se invocaron por la
UGPP, a partir de la presunta configuración de la causal del literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, para la cual hizo alusión a circunstancias ajenas a
esta, que no están llamadas a ventilarse en el trámite de la referencia, que se
itera, no es una instancia adicional del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

• Se encuentra acreditada la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por el hecho que la pensión de vejez del señor Hernán Salguero García
se reconoció con una tasa de reemplazo mayor a la prevista legalmente, mas no
por el hecho que se haya dispuesto para su liquidación tener en cuenta los
factores salariales devengados en el último año de servicios.

• En consecuencia, corresponde proferir sentencia de reemplazo en punto a la
situación por la que procede la acción de revisión interpuesta.

• No hay lugar a ordenar la devolución de las sumas de dinero canceladas con
ocasión de los fallos controvertidos ni a dejar sin efectos el acto administrativo
que se profirió en cumplimiento de aquellos, sin perjuicio de las actuaciones que
deba adelantar la UGPP para atender la sentencia de reemplazo.

3.7 Sentencia de remplazo

82. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que en esta providencia se han
expuesto los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió el señor Hernán Salguero García contra CAJANAL, se procede a dictar
sentencia de reemplazo en cuanto a la tasa de reemplazo a tener en cuenta para
liquidar la pensión de vejez, considerando que fue el aspecto sobre el que resultó
procedente la acción especial de revisión.

83. Sobre el particular, se reitera que el anterior ciudadano al estar cobijado por el
régimen de transición de la Ley 100 de 199344, le resulta aplicable la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1°, luego de establecer que tendrá derecho a una pensión el servidor
público que haya cumplido 20 años de servicios y 55 años edad, requisitos que se

44 Porque para el 1° de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad.

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encuentran acreditados en esta oportunidad45, indica que aquella corresponde «al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio», de manera tal que el anterior es el
porcentaje de los factores salariales devengados que debe considerarse para el
reconocimiento del derecho pensional, y no el 85% señalado por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y Tribunal Administrativo del Chocó.

84. Por consiguiente, se revocará parcialmente la sentencia de segunda instancia,
en el sentido de precisar que la pensión reconocida por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó, debe liquidarse y pagarse con el 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios.

85. Para mayor claridad, la parte resolutiva del fallo del 6 de septiembre de 2012 del
Tribunal Administrativo del Chocó quedará de la siguiente manera, destacando en
negrilla los apartes que se modifican, para que la pensión no exceda el monto que
corresponde de conformidad con la ley:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso
instaurado por el señor HERNÁN SALGUERO GARCÍA contra la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL que accedió a las pretensiones de la demanda, con las siguientes
precisiones:

SEGUNDO. ADICIONAR la parte resolutiva de la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011,
un numeral del siguiente tenor:

“DECLARAR la prescripción de los derechos pensionales reclamados anteriores al 22
de mayo de 2005, en virtud de la prescripción trienal anterior a la petición relevante”.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 3° de la parte resolutiva del anterior fallo, en el
sentido de señalar que la tasa de reemplazo que debe aplicarse es del 75%, por lo
que quedará así:

«TERCERO. ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho, que la CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, por acto administrativo motivado,
reconozca y ordene pagar al señor HERNÁN SALGUERO GARCÍA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 11.786.509, expedida en Quibdó, la pensión de
vejez, con efectos fiscales a partir del 21 de diciembre del 2004, equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación debidamente
indexado, con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación
básica, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados y prima de navidad, conforme con los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia».

3.8 Costas

86. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

45 Ver párrafo 62 de esta providencia.

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87. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

88. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
ventila un interés público, pues la entidad legitimada pretende la salvaguarda del
equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito que
motivó al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de revisión contra
sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en detrimento del erario 46; de
otro, porque no se evidencia que la demanda se haya presentado con manifiesta
carencia de fundamento legal.

89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- DECLARAR fundada parcialmente la acción especial de revisión que la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida el 6 de septiembre
de 2012 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo del 22 de junio
de 2011 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 2010-00364.

SEGUNDO.- En consecuencia, se INFIRMA parcialmente la sentencia del 6 de
septiembre de 2012 del Tribunal Administrativo del Chocó; para en su lugar disponer
lo siguiente:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso
instaurado por el señor HERNÁN SALGUERO GARCÍA contra la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL que accedió a las pretensiones de la demanda, con las siguientes
precisiones:

SEGUNDO. ADICIONAR la parte resolutiva de la sentencia N° 220 del 22 junio de 2011,
un numeral del siguiente tenor:

«DECLARAR la prescripción de los derechos pensionales reclamados anteriores al
22 de mayo de 2005, en virtud de la prescripción trienal anterior a la petición
relevante».

TERCERO: MODIFICAR el numeral 3° de la parte resolutiva del anterior fallo, en el
sentido de señalar que la tasa de reemplazo que debe aplicarse es del 75%, por lo que

46 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandado: Hernán Salguero García

quedará así:

«TERCERO. ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho, que la CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, por acto administrativo motivado, reconozca y
ordene pagar al señor HERNÁN SALGUERO GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 11.786.509, expedida en Quibdó, la pensión de vejez, con efectos
fiscales a partir del 21 de diciembre del 2004, equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del ingreso base de liquidación debidamente indexado, con la inclusión de los
siguientes factores salariales: asignación básica, subsidio de alimentación, prima de
servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de
navidad, conforme con los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia».

TERCERO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio,
identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional
12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado principal
de la UGPP; y al doctor Manuel Alfonso Ospina Osorio, con cédula de ciudadanía
7.711.118 y tarjeta profesional 141.941, como abogado sustituto de la misma entidad;
en los términos del poder y la correspondiente sustitución, visibles en el índice 88 de
Samai.

QUINTO.- No condenar en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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