RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2016-00689-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00689-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00689-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra María Nelly Huelgos Hernández, por la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal 58 Tal como consta en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el abogado no reporta antecedentes disciplinarios. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/ 59 Poder obrante en el índice 47 del programa informático SAMAI. 60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016) Demandante: UGPP Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, el 25 de mayo de 2012 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 660013331002200800455. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00689-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de marzo de 2022

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., tres (03) de marzo dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: MARÍA NELLY HUELGOS HERNÁNDEZ

Temas: Causal de revisión literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aplicación convención colectiva de Trabajo.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-010-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia del 15 de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, confirmada por la providencia del 25 de mayo de 2012 del
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Nelly Huelgos
Hernández contra la extinta CAJANAL EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora María Nelly Huelgos Hernández, por intermedio de apoderado y en ejercicio
de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad de la
Resolución 000737 del 3 de julio de 2008, mediante la cual la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación en favor de la
señora María Nelly Huelgos Hernández.

1
Folios 13 a 38 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el CD
obrante a folio 314 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la demandada o a quien la sustituya a: i) reconocer pensión de
jubilación, a partir del 28 de noviembre de 2006, en un monto equivalente al 75% de
todo lo percibido durante el último año de servicios; ii) reajustar las sumas que
resulten en favor de la demandante; iii) cumplir la sentencia tal como lo prevén los
artículos 176 y 177 del CCA y iv) pagar las costas.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora María Nelly Huelgos Hernández nació el 25 de septiembre de 1954
y prestó sus servicios en las siguientes entidades:

Entidad Período
Hospital Universitario San Jorge de Pereira Del 18/11/1982 hasta el 28/09/1992
Del 23/05/1994 hasta el 29/12/1994
ISS Del 30/06/1995 hasta el 29/08/1995
Del 3/06/1996 hasta el 25/06/2003
ESE Rita Arango Álvarez del Pino Del 26/06/2003 hasta el 28/11/2006

2. El 26 de junio de 2003 el presidente de la República, en uso de sus facultades
extraordinarias escindió el Instituto de Seguros Sociales y creó unas empresas sociales
del Estado, entre ellas, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino; a la cual estuvo vinculada
la señora María Nelly Huelgos Hernández. En virtud de ello, la demandante pasó de ser
trabajadora oficial a ser empleada pública de la planta de personal de la ESE referida.

3. Para la fecha en la que se produjo la escisión del ISS, la trabajadora era
beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL, la cual tuvo vigencia inicial hasta el 31 de octubre de
2004.

4. Por medio de la Resolución 000737 del 3 de julio de 2008, la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino, en Liquidación, negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación solicitada por la demandante.

Como disposiciones vulneradas, citó los artículos 2, 48 y 53 de la Constitución
Política; 36 de la Ley 100 de 1993; 2, 3 y 6 del Decreto 813 de 1994; 1 inciso 2 de la
Ley 33 de 1985; 19 y 21 del Decreto 1653 1977; 4 inciso último del Decreto 2527 del
2000 y la Convención Colectiva del ISS.

Como concepto de violación expuso que el acto administrativo demandado adolece
de nulidad por infringir las normas en que debió fundarse. Sobre el punto, explicó que
la señora María Nelly Huelgos Hernández es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que para el 1 de abril de
1994 contaba con más de 35 años de edad. De ahí que le resulten aplicables las
disposiciones contenidas en el Decreto 1653 de 1977, que exigen 50 años de edad
para las mujeres y 20 de servicio, para acceder al derecho pensional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

De otro lado, y sin perjuicio de la normativa anterior, aseveró que la trabajadora
también es beneficiaria de la Convención Colectiva celebrada entre el ISS y el
sindicato de la misma entidad. Asimismo, que inaplicar el aludido instrumento atenta
contra los intereses de la demandante y se opone a lo manifestado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-314 y C-754 de 2004 en lo que respecta a los
derechos adquiridos y la aplicación de dicha Convención.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación presentó contestación y se
opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que el acto acusado fue
expedido con observancia de las normas constitucionales y legales que le eran
exigibles.

Aseveró que a la señora María Nelly Huelgos Hernández no le son aplicables las
disposiciones contenidas en el Decreto 1653 de 1977, porque para el 1 de abril de
1994 no se encontraba vinculada con el ISS. Agregó que tampoco puede
beneficiarse de la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD
SOCIAL, dado que a partir del 25 de junio de 2003 adquirió la calidad de empleada
pública. Destacó que esta solamente se halla vigente para los trabajadores oficiales
vinculados al ISS.

Luego, indicó que, en su criterio, y teniendo en consideración que la demandante es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, habida cuenta de que a su entrada en vigor contaba con más de 35 años de
edad, para efectos pensionales, es necesario acudir a la Ley 33 de 1985.

Más adelante, citó las sentencias C-314 y C-349 de 2004 proferidas por la Corte
Constitucional, dentro de las cuales se precisó que los beneficios contenidos en la
Convención colectiva perdurarían hasta el 31 de octubre de 2004.

Propuso las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE CAUSALES DE NULIDAD»: Aseguró que la Resolución
737 del 3 de julio de 2008 fue emitida con observancia de las normas
constitucionales y legales que le eran aplicables.

• «INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 1653 DE 1977»: Explicó que esta se
configura porque la demandante no laboraba para el ISS al 1 de abril de 1994.

• «INAPLICABILIDAD DE NORMAS CONVENCIONALES»: Afirmó que la
Convención Colectiva suscrita por el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL no

2
Folios 80 a 88 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el CD
obrante a folio 314 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

rige la situación pensional de la demandante, pues una vez surtido el proceso
de escisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud del ISS y la
creación de las ESE, a través del Decreto 1750 de 2003, aquella adquirió la
calidad de empleada pública.

• «COBRO DE LO NO DEBIDO»: Con fundamento en lo expuesto en
precedencia aseguró que no se le adeuda suma alguna a la demandante.

• «BUENA FE»: Afirmó que la entidad demandada ha actuado de manera
honesta y con estricto cumplimiento del orden jurídico.

• «PRESCRIPCIÓN»: Solicitó declarar extintos los derechos no reclamados
dentro del término legal.

• «INNOMINADA Y GENÉRICA» Pidió declarar de oficio cualquier excepción
que se encuentre probada dentro del proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2010, resolvió: i) declarar la nulidad de la Resolución 000737 del 8 de
julio de 2008 emitida por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino; ii) condenar a la
entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación con inclusión de los
factores percibidos durante el último año de servicio y iii) denegó las demás
pretensiones.

En primer lugar, consideró que las excepciones denominadas «INEXISTENCIA DE
CAUSALES DE NULIDAD»; «INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 1653 DE 1977»;
«INAPLICABILIDAD DE NORMAS CONVENCIONALES»; «COBRO DE LO NO
DEBIDO»; «BUENA FE»; «PRESCRIPCIÓN» e «INNOMINADA Y GENÉRICA»
deben ser resueltas en el fondo del asunto comoquiera que discuten el derecho.

En segundo lugar, manifestó que conforme a lo señalado en los artículos 467, 478 y
479 del Código Sustantivo del Trabajo en armonía con lo expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-314 de 2004, C-349 de 2004 y T-1166 de 2008,
se tiene que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre SINTRASEGURIDAD
SOCIAL y el ISS se encuentra vigente y sus efectos se extienden a los trabajadores
del ISS que fueron vinculados automáticamente y sin solución de continuidad a las
E.S.E. creadas mediante Decreto 1750 de 2003, razón por la cual, la demandante
continuó siendo beneficiaria de dicha Convención Colectiva.

Luego, bajo esa misma línea argumentativa, afirmó que aun cuando la Convención
Colectiva estuvo vigente, en principio entre el 1 de noviembre de 2001 y 31 de
octubre de 2004, lo cierto es que, según el artículo 478 del CST, aquella se extiende
hasta que sea reemplazada por otra o modificada por un laudo arbitral. Circunstancia
3
Folios 118 a 140 cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el CD
obrante a folio 314 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

que no se encuentra probada en el dossier, razón por la cual los efectos de aquella
deberán perdurar en el tiempo.

Así las cosas, analizadas las probanzas obrantes en el proceso, ordenó reconocer la
pensión de jubilación de la demandante, de conformidad con el artículo 101 del
instrumento citado en precedencia, esto es, en un monto equivalente al 75% con
inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios, entre
el 29 de noviembre de 2005 hasta el 28 de noviembre de 2006, a saber, asignación
básica, dominicales, festivos y recargos nocturnos, prima de vacaciones, prima de
servicios y bonificación de servicios, según el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

RECURSO DE APELACIÓN

ESE Rita Arango Álvarez del Pino 4

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la ESE Rita Arango Álvarez del
Pino presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Insistió en que a la demandante de ninguna manera le resulta aplicable la
Convención Colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, dado
que su vinculación con aquella inició el 26 de marzo de 2003. En ese mismo sentido,
destacó que una vez fue incorporada a la ESE Rita Arango Álvarez adquirió la
calidad de empleada pública, conforme lo previó el artículo 16 del Decreto 1750 de
2003, condición bajo la cual no puede beneficiarse del citado instrumento
convencional. Para el efecto citó la sentencia C-201 de 2002 proferida por la Corte
Constitucional.

Más adelante, recordó que entre la ESE y los servidores públicos que la integraban
no existía ninguna Convención Colectiva, así como tampoco se encontraba vigente la
firmada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

Por último, señaló que el documento contentivo de la Convención Colectiva, aportado
en copia, no puede ser valorado probatoriamente y, por ende, tampoco servir de
fundamento para conceder el derecho pensional deprecado.

María Nelly Huelgos Hernández5

La demandante estimó que el a quo debió precisar que la condena impuesta debe
cumplirse por parte de la ESE Rita Arango Álvarez o la entidad que la sustituya en el
pago de las pensiones, teniendo en consideración que está ya finalizó su proceso de
liquidación, tal y como consta en el Diario Oficial 474956.

4
Folios 142 a 148 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el
CD obrante a folio 314 del cuad. Ppal.
5
Folios 149 a 152 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el
CD obrante a folio 314 del cuad. Ppal.
6
La parte no aporta más datos sobre el diario oficial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Por otro lado, afirmó que, contrario a lo expuesto por el Juzgado, la pensión debe
reconocerse con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, sin exclusión de la prima de compensación, la prima de
navidad y la bonificación por recreación, habida cuenta de que estos constituyen
salario. Lo anterior con observancia de las disposiciones contenidas en el artículo
101 de la Convención Colectiva, en armonía con el artículo 21 del Decreto 1653 de
1977.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN7

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, profirió sentencia el 25 de
mayo de 2012, mediante la cual modificó el numeral segundo de la decisión
adoptada por el a quo, para en su lugar, ordenar a la ESE Rita Arango Álvarez del
Pino en Liquidación, reconocer y pagar en favor de la demandante pensión de
jubilación con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último
año de servicios, con efectos fiscales a partir del 28 de noviembre de 2006. Los
argumentos que sirvieron de fundamento fueron los siguientes.

Expuso brevemente que conforme lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-
168 de 1995, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas
fuentes formales del derecho o en una misma, es deber de quien ha de aplicar la
norma escoger aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador y, a su vez
hacerlo en su integridad. En ese mismo sentido, recordó que de acuerdo con lo
sostenido por el Consejo de Estado en proveído del 4 de agosto de 2010 la
liquidación pensional debe incluir todos los factores que habitual y periódicamente
percibió el empleado como contraprestación por sus servicios.

Luego, citó las decisiones C-314 y C-349 de 2004 emitidas por la Corte
Constitucional, así como los artículos 3 de la Convención Colectiva y 17 y 18 del
Decreto 1750 de 2003, para concluir que los trabajadores del ISS amparados por la
convención colectiva de trabajo que pasaron a ser empleados públicos de la ESE
Rita Arango Álvarez del Pino, en virtud de la escisión ordenada por medio del
Decreto 1750 de 2003, conservaban el derecho a que esta última mantuviera las
garantías convencionales, por lo menos durante la vigencia inicial de aquel
instrumento.

Más adelante, revisadas las pruebas obrantes en el dossier que dan cuenta de la
vinculación de la demandante con el ISS y su incorporación automática con la ESE
Rita Arango Álvarez del Pino, consideró acertada la decisión de reconocer la pensión
con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL en armonía con el Decreto 1653 de 1977. En cuanto a
los factores advirtió que deben atenderse los lineamientos expuestos por el Consejo
de Estado en la sentencia referida en precedencia. En otras palabras, ordenó incluir

7
Folios 190 a 218 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el
CD obrante a folio 314 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

todos aquellos devengados por la empleada de forma habitual y como
contraprestación del servicio, salvo que estén excluidos expresamente por la ley.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN8

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de
sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia del 15 de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira, confirmada el 25 de mayo de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, dentro del proceso ordinario
instaurado por María Nelly Huelgos Hernández en contra del extinto ISS, bajo el
radicado: 660013331002200800455.

2. Declarar que la señora María Nelly Huelgos Hernández no tiene derecho al
reconocimiento pensional de conformidad con lo previsto en los artículos 98, numeral
1 y 101 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 021807 del 15 de julio de 2014, por
medio de la cual la UGPP dio cumplimiento a los fallos descritos en el numeral 1.

4. Condenar a la señora María Nelly Huelgos Hernández a reintegrar a la UGPP
los valores cancelados por concepto de pensión, de forma retroactiva y debidamente
indexados.

5. Condenar en constas a la demandada.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en las sentencias objeto de revisión
contraría los artículos 13, 48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política; 19 del
Decreto 1653 de 1977; la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL 2001-2004, 98 de la Ley 100 de 1993 y 1, 2, 16 y 17
del Decreto 1750 de 2003.

En sustento de lo anterior, aseguró que, de conformidad con la sentencia C-314 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, a la señora María Nelly Huelgos
Hernández no le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Convención
Colectiva celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, comoquiera que
para el 31 de octubre de 2004 no había cumplido los requisitos previstos en ella para
acceder a la pensión de jubilación. Explicó que la demandada cumplió 50 años de
edad el 25 de septiembre de 2004 y 20 años de servicios hasta el 22 de julio de
2006, fecha para la cual ya no se encontraba vigente la citada convención.
Asimismo, que trabajó para la ESE Hospital Universitario San Jorge, la ESE Rita

8
Folios 244 a 257 del cuad. ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Arango Álvarez del Pino y el ISS, lo que significa que los 20 años no los acreditó de
manera exclusiva en este último.

A su vez, destacó que el último cargo desempeñado por la señora María Nelly
Huelgos Hernández fue de auxiliar de servicios asistenciales, grado 21, el cual no le
da la calidad de trabajadora oficial para que se extiendan en su favor los efectos de
la convención colectiva, que aclaró, estuvo vigente solo desde noviembre de 2001 y
hasta el 31 de octubre de 2004. Para el efecto citó la sentencia del 1 de julio de
20159, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, así como
la sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, emitida por la Corte Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN10

La señora María Nelly Huelgos Hernández, mediante apoderado, contestó la
demanda en los siguientes términos:

Expuso brevemente que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1 de abril de 1994
contaba con más de 35 años de edad. Igualmente, que le es aplicable el régimen
convencional contenido en la Convención Colectiva destinada a los empleados del
ISS, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-314 de 2004,
habida cuenta de que la escisión del ISS no afecta los derechos convencionales de
sus trabajadores que fueron incorporados a las ESE.

Más adelante, indicó que la UGPP de manera alguna delimita expresamente el
asunto en una de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Con
todo, en su criterio, el recurso extraordinario de revisión no puede ser utilizado como
una tercera instancia para reabrir el debate sobre el derecho pensional que ya fue
objeto de análisis por los jueces de instancia durante el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Luego, enfatizó en que la decisión objeto de revisión fue emitida con observancia de
las normas y la jurisprudencia que le resultaban aplicables, así como con fundamento
en las pruebas debidamente aportadas y decretadas.

Por otro lado, resaltó que los razonamientos expuestos en el escrito introductorio no
atacan la aplicación del Decreto 1653 de 1977, el cual también sirvió de fundamento
para el reconocimiento pensional, sino que se limita a discutir la aplicación de la
Convención Colectiva.

Propuso como excepciones:

• «Caducidad del recurso extraordinario» Afirmó que el recurso extraordinario se
interpuso de forma extemporánea. Sobre el punto, consideró que el término que
debe aplicarse es el contenido en el CCA, toda vez que era la normativa vigente
9
Radicado interno: 40211.
10
Folios 349 a 385 cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

cuando cobró ejecutoria la sentencia objeto de revisión. Así las cosas, estimó que la
entidad solo contaba con dos años para incoar la demanda, no obstante, la radicó el
8 de julio de 2016, cuando ya había fenecido el término legal. Bajo esa misma línea
argumentativa, aseguró que tampoco resulta aplicable el término de 5 años que
prevé el artículo 250 del CPACA.

A su vez, destacó que la presente demanda debió promoverse, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda Pública, el contralor
general de la República o del Procurador General de la Nación.

• «Improcedencia del recurso extraordinario de revisión para rebatir aspectos de
puro derecho que fueron conocidos, discutidos y debatidos en las instancias y para
decidir aspectos sobre los cuales no se hacen cargos»: Indicó que el recurso
extraordinario de ninguna manera puede utilizarse para reabrir el debate probatorio
que se surtió en el proceso ordinario, así como tampoco para controvertir aspectos
de puro derecho, y menos para obtener un cambio jurisprudencial, pues de ser el
caso, existen otros mecanismos judiciales.

• «Obligatoriedad del precedente judicial para la fecha de definirse el derecho.
Inexistencia de abuso del derecho por parte del actor o del operador judicial.
Irretroactividad en la aplicación del criterio judicial o precedente que cambia o varia al
anterior»: Reiteró que la decisión objeto de revisión atendió la jurisprudencia vigente
para la época de su expedición y, que en caso de que esta hubiere variado no podrá
aplicarse al caso concreto so pena de desconocer el principio de confianza legitima.
Para el efecto, citó la sentencia del 28 de agosto de 2018, dentro de la cual la Sala
Plena del Consejo de Estado, sostuvo que las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que otrora se
encontraba vigente en la corporación, no podrán considerarse obtenidas con abuso
del derecho.

• «Buena fe»: Pidió que en caso de acceder a las pretensiones de la demanda
se tenga en consideración que el derecho pensional fue reconocido en virtud de una
decisión judicial, de ahí que no proceda la devolución de suma alguna.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala, en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra
las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .11.

11
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 12.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

«Las providencias judiciales que en cualquier13 hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)

Ahora, es necesario precisar que la UGPP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo
de Pereira el 15 de diciembre de 2010. Sin embargo, en esta oportunidad
corresponde aplicar la regla de competencia sobre el recurso extraordinario contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, del 25 de mayo
de 2012, por ser la de mayor jerarquía, en la que se analizó el punto que es objeto de
debate en la acción de revisión. Es decir, se asumirá el conocimiento por la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el
artículo 249 del CPACA.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 14 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

12
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
13
Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003.
14
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 15

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre
los cuales se tienen los siguientes:

 Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación16.

 Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones17.

 Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira18.

 De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció
con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

15
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
16
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
17
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

 Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia19.

Cuestiones previas

Legitimación de la acción de revisión

En la contestación, la demandada aseveró que la presente acción debió ser
promovida por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de
Hacienda Público, el contralor general de la República o del procurador general de la
nación. En consecuencia, la Subsección determinará si la UGPP se encuentra
habilitada para interponerla de forma directa.

Al respecto, conviene señalar que contrario a lo expuesto por la señora María Nelly
Huelgos Hernández, la UGPP se encuentra legitimada para promover de forma
autónoma la revisión de providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
de conformidad con la función asignada a través del Decreto 5021 de 2009, que en el
numeral 6 señaló expresamente: «Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen ».
Dicha disposición fue ratificada en los mismos términos mediante el Decreto 575 de
2013, artículo 6, numeral 6.

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 también
admitió la legitimación de la UGPP para promover las acciones de esta naturaleza,
así:

«La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho […]»

En estos términos, no le asiste razón a la pensionada en cuanto asegura que la
UGPP debió incoar la presente acción a través de otra entidad, pues esta entidad se
encuentra legitimada para interponer la acción de revisión de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Oportunidad

La demandada aseguró que el término de caducidad de la presente demanda se rige
por las disposiciones contenidas en el CCA, ya que la sentencia objeto de revisión

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm.
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

cobró ejecutoria en vigencia de este. Con fundamento en ello, afirmó que la acción
fue radicada de forma extemporánea, habida cuenta de que superó los dos años que
prevé la referida normativa.

Sobre el punto, resulta importante indicar que de acuerdo con la postura de la Sala
Plena Contenciosa en providencia del 12 de agosto de 2014 20 el recurso
extraordinario de revisión es entendido como un nuevo proceso, puesto que no es ni
hace parte del proceso que originó el fallo recurrido, pues con aquel pronunciamiento
el trámite finaliza. Por ende, el recurso es una verdadera acción, como la denominó
tanto la Corte Constitucional21 como el Consejo de Estado 22, cuyo objeto es una
sentencia que cobró ejecutoria y, por tanto, debe agotar todos los cauces de una
nueva actuación judicial.

Para el efecto, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 62423
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 estableció que los términos que hubieren
comenzado a correr se regirán por las leyes vigentes cuando empezaron a correr
aquellos.

Así las cosas, si el término de dos años que preveía el artículo 187 del CCA,
modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 57, para interponer el recurso
extraordinario de revisión comenzó a correr en vigencia del CCA y en el entretanto se
expidió el CPACA, lo procedente es contar la caducidad con fundamento en la norma
vigente cuando operó la ejecutoria de aquella, es decir, los dos años del CCA. No
obstante, si el término inició en vigencia del CPACA deberá aplicarse la caducidad
contemplada en este para el recurso extraordinario de revisión, según cada causal.

En el sub lite se observa que la sentencia controvertida se profirió el 25 de mayo de
2012, y cobró ejecutoria el 5 de julio de 2012 24. Así, de acuerdo con lo expuesto en
precedencia, como la sentencia quedó ejecutoriada en vigencia del CPACA, el
término de caducidad que resulta exigible es el contenido en esta normativa.

20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso. Auto de 12 de agosto de 2014, expediente
110010315000201302110-00. Actor. Jairo Luis Polonia Carrizosa.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2004.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 27 de marzo de 2014, radicación:
110010325000201200561 00 ((2129-12), demandante: Caja Nacional de Previsión Social, Ministerio
del Trabajo.
23
Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.»
24
Tal como se advierte en la constancia secretarial expedida por la secretaria del Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, obrante en el folio 132 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Así pues, teniendo en cuenta que la acción de revisión se presentó: i) con
fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ii) respecto de este, el artículo
251 del CPACA establece un término de cinco años para su interposición, y iii) que la
Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 señaló que este período no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, se concluye que al haberse
radicado la demanda el 8 de julio de 201625, la entidad se encontraba dentro del
término legal.

En estos términos, contrario a lo señalado por la pensionada, la acción de revisión no
fue incoada de forma extemporánea.

Improcedencia de la acción

De la lectura del escrito introductorio, se observa que la UGPP expone reparos frente
a la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión,
pero no las enmarca en ninguna de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Circunstancia que también es advertida por la aquí demandada.

La UGPP argumenta que la decisión objeto de revisión se profirió de manera
irregular por cuanto ordenó reconocer en favor de la señora María Nelly Huelgos
Hernández pensión de jubilación, de conformidad con las disposiciones contenidas
en la Convención Colectiva de Trabajadores suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL, pese a que dicha normativa no le resultaba aplicable
dada su calidad de empleada pública. Adicionalmente, expuso que, en gracia de
discusión, tampoco cumplió con los requisitos para acceder a la referida prestación
mientras aquella estuvo vigente. En otras palabras, en su criterio, al 31 de octubre
2004 aún no había consolidado su derecho pensional.

Al respecto, es preciso recordar que: i) el objeto de este mecanismo extraordinario
reside en el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido; ii) solo podrán
ser revisadas aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la
causal de revisión, debido a que, el legislador, de manera expresa, consagró ciertas
hipótesis que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las
decisiones ejecutoriadas y iii) por regla general la interpretación de las causales tiene
un carácter restrictivo, por tratarse de una excepción al principio de intangibilidad de
las sentencias que se encuentran ejecutoriadas 26 y hacen tránsito a cosa juzgada27.

25
Folio 257 vuelto cuad. Ppal.
26
Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de
marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio
Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
27
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en
una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad
jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e
inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de
volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la
adopción de una nueva providencia […]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

En esta misma línea y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de dicho
mecanismo, es claro que su procedencia está circunscrita a que los hechos y las
razones que lo estructuran, encuadren en las causales dispuestas por el legislador
en el mentado artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya teleología está orientada a
impedir que subsistan reconocimientos pensionales que no se hayan obtenido con el
cumplimiento de los requisitos legales. En tal sentido, se observa que en el caso sub
lite la entidad recurrente expuso unos razonamientos que están orientados a discutir
el derecho pensional de la señora María Nelly Huelgos Hernández y, para el efecto,
hizo referencia al incumplimiento del requisito del tiempo de servicios para hacerse
beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL, y la consolidación del estatus por fuera de su
vigencia.

En este orden, bien puede entenderse que no se configuró una omisión en la
sustentación del recurso que traiga como consecuencia la necesidad de declararlo
infundado, ya que la expresión de los hechos y los motivos expresados permitieron
delimitar la discusión, y bajo tal entendimiento se enmarcó la defensa de la
demandada. De manera, que en garantía del derecho de acceso a la administración
de justicia la Sala procederá a analizar de fondo la presente controversia a la luz de
la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Dicho de otro modo, de la lectura integral de la acción de revisión se advierte que, si
bien es cierto, la entidad señala de forma genérica que en la sentencia objeto de
revisión se configuran las casuales contenidas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, también lo es que, en la exposición del concepto de violación se enunciaron
con claridad las circunstancias por las cuales, en su concepto, no podía reconocerse
el derecho pensional a la demandada y no controvierte su cuantía. Por ese motivo, la
Subsección28 considera que, en esta oportunidad, las situaciones descritas deben ser
estudiadas bajo los parámetros de la causal contemplada en el literal a). En efecto,
aquella apunta a señalar que el reconocimiento pensional no se ajustó a derecho, en
la medida en que no atendió la normativa aplicable a la pensionada.

Por lo anterior, en este caso en el que se citan las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, se considera que ello no releva del estudio propuesto en la acción de
revisión, contrario a lo que sugiere la demandada, con el fin de analizar si en efecto
se configuran las falencias alegadas, sin desconocer el carácter restrictivo de las
causales de revisión. Pues se reitera, la UGPP, al amparo de la referida norma,
explicó con suficiencia las razones que hacían procedente la acción especial de
revisión en el sub lite, por lo que, una exigencia mayor podría vulnerar su derecho al

28
Tal y como lo ha venido admitiendo la Subsección, en este sentido se pueden consultar: Sección
Segunda, Subsección A, sentencias del 8 de octubre de 2020, radicado: 11001-03-25-000-2017-
00530-00 (2462-2017); del 15 de octubre de 2020, radicado: 11001-03-25-000-2018-00445-00 (1816-
2018); del 11 de marzo de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2016-01039-00 (4697-2016); del 5 de
agosto de 2021, radicado: 110010325000201600857 00 (3950-2016); del 30 de septiembre de 2021,
radicado: 110010325000201600600 00 (2633-2016); del 4 de noviembre de 2021, radicado:
110010325000201600447 00 (2048-2016).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

acceso efectivo a la administración de justicia y, consecuencialmente, contravendría
la sentencia C-197 de 1999, en la que se determinó que «tratándose de derechos
fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a efecto de asegurar su
vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma constitucional, en forma
oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente».

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el
25 de mayo de 2012, en cuanto ordenó reconocer pensión de jubilación en favor de
la señora Nelly María Huelgos Hernández, con fundamento en la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, pese a
que no había consolidado su derecho al 31 de octubre de 2004?

Para efectos de resolver el interrogante propuesto, se abordarán los siguientes
temas: i) La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003; ii) temporalidad de los derechos contenidos en la Convención
Colectiva; iii) empleados públicos y trabajadores oficiales; iv) derechos adquiridos y
v) caso concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales
consagradas para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» .

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está
constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones
adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que
están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre
la aplicación correcta de la justicia29. Algunas de las garantías que hacen del debido
proceso son30:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

29
Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
30
Sentencia C-341 de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de
todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales 31, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias32 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Temporalidad de los Derechos contenidos en la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL el 1.º de noviembre
de 2001

La Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del Decreto Ley 1750 de 2003,
estableció que los derechos adquiridos en vigencia de la convención colectiva de
trabajo, se aplicarían a los trabajadores oficiales que por razón de la escisión del ISS
fueron vinculados en calidad de empleados públicos a las diferentes Empresas
Sociales del Estado que se crearon; sin embargo, posteriormente dicha
jurisprudencia, en armonía con los pronunciamientos expuestos sobre el particular
por esta corporación, determinó que la convención sólo tuvo vigencia hasta el 31 de
octubre de 2004. Lo anterior se deduce de los siguientes argumentos:

31
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
32
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de
2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

En sentencia C-349 de 200433, al analizar el alcance de las expresiones
«automáticamente» y «sin solución de continuidad» en materia de derechos salariales,
prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del aludido
decreto, aseveró:

«Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente
a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad
laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no
pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador –
trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos
trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales
mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los
regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta
continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías
laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio
cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la
convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan
ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del
régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin
solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de
derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías
convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se
respeten dichos derechos adquiridos».

Empleados públicos y trabajadores oficiales:

El Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, en virtud
del artículo 123 de la Constitución Política, distinguió de los denominados « empleados
oficiales», hoy «servidores públicos», dos categorías, a saber, empleados públicos y
trabajadores oficiales, definiéndolos en su orden así:

«Artículo 2º.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados
públicos.
[…]
Artículo 3º.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:

a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1
del artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras
públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en
dichas obras; y
b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados
con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales
del Estado y sociedades de economía mixta, "con excepción del personal
directivo y de confianza que trabaje al servicio de dichas entidades". Es nulo lo
que aparece subrayado. Sentencia del 16 de julio de 1971. t. LXXXI, del C. de E).
Ver Ley 190 de 1995 Radicación 1072 de 1998 Sala de Consulta y Servicio
Civil.»

33
Corte Constitucional, sentencia C – 349 de 2004. Ob. cita

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

En cuanto a su campo de aplicación, el Decreto 1848 de 1969 en el artículo 7.º,
ordinal 2.º previó:

«2º Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los
trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos
especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que
solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales,
celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que
regulan en Derecho Colectivo del Trabajo» (Se subraya).

De conformidad con los artículos trascritos, los únicos servidores públicos que
pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los
trabajadores oficiales. No obstante, se debe determinar si las cláusulas
convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos
trabajadores se siguen aplicando aun cuando cambie su condición y pasen a ser
empleados públicos.

Sobre los Derechos Adquiridos:

El concepto de derechos adquiridos ha sido decantado por la Corte Constitucional,
en sentencia C-314 de 200434, dentro de la cual expresó:

«[…] son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley
se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las
premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos
fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen
derechos adquiridos sino meras expectativas. A este respecto la Corte dijo: La
Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos cuando una ley afecta
situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho de carácter
subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin
embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una
mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el legislador.
[…] En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición
expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son intangibles, lo
cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, […]. No
sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre lo
indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de
obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas
discrecionalmente por el legislador. […]»

De lo anterior se colige, que el concepto de derecho adquirido se opone al de mera
expectativa, es decir, que el primero es aquel que ha entrado al patrimonio de la
persona natural o jurídica, y que por ende no puede ser sustraído a su titular, como
quiera que le fue reconocido legítimamente. En otras palabras, este derecho es la
ventaja cuya conservación está garantizada en favor del sujeto beneficiario del
derecho, bien por una acción o una excepción.

34
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 314 de 2004. Ob. cita

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Sobre el particular, la Subsección B de esta corporación, en proveído del 1 de
octubre de 2009 precisó que, los efectos de la mencionada convención a los
trabajadores oficiales, incorporados mediante el Decreto 1750 de 2003 sin solución
de continuidad a las distintas Empresas Sociales del Estado en calidad de
empleados públicos, se extienden hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que
terminó la vigencia de la misma, así35:

«[…] la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con la
aplicación de las convenciones colectivas a aquellos trabajadores que, sin que
haya solución de continuidad, pasan a ser empleados públicos, considerando lo
siguiente: “La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los
trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la
demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de
empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del
servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención
colectiva reclamada, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva
necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone
la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo
los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 41636 del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas
convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó
demostrado, ostentó la actora. De igual manera, no sobra advertir, que aún
aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no
es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime
cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación,
pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que
las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha
reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas
garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a
través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los
empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional
establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente
lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución
Política”37.
[…] De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera
que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores
SINTRASEGURIDAD, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004,
fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación
expedida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la
Protección Social.
Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a
empleados públicos, al pasar a ser parte de la planta de personal de una
empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del
derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la

35
Radicado No. 25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). Actor: Martha Catalina Vásquez Sagra.
Demandado: E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento.
36
La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales
tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se
tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.”
Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr.
Alfredo Beltrán Sierra.
37
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1.º de julio de 2009. Radicado: 2007-1355.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 C.S.T.,
que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de
expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su
voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por
períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos se puede
acudir a la denuncia de la convención, por ser empleados públicos y estar
vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención
colectiva que pretende siga siendo aplicable. […]38

El anterior criterio, fue reiterado por la misma Subsección, en los siguientes
términos39:

«De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
314 de 2004 la protección de los derechos convencionales por un tiempo, deriva
del concepto de derecho adquirido y de la afirmación según la cual la Convención
Colectiva es en verdad un instrumento al que se someten las relaciones laborales
que se ven afectadas por el mismo durante su vigencia.
La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social40, no encuadra dentro de dicho concepto de
derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de
las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no
puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un
verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.
Adicionalmente a ello, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de
2004 la mayoría de trabajadores de la E.S.E., dentro de los cuales se encuentra
el accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no
podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de
arbitramento.
Por lo anterior, no es viable avalar la interpretación del Tribunal y tampoco la de
la Corte Constitucional sostenida en la Sentencia T-1166 de 2008, pues a la luz
de lo expuesto por la misma Alta Corporación en las Sentencias de
Constitucionalidad, las cuales tienen efecto erga omnes, la protección deriva del
concepto amplio de derecho adquirido […]».

La posición anteriormente transcrita fue unificada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, como a
continuación se muestra:

«[…] se concluye que, si bien los empleados públicos no pueden celebrar
convenciones colectivas, los trabajadores oficiales otrora pertenecientes a la
Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios de la convención
colectiva vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas que esta
38
Radicado No. 25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). Actor: Martha Catalina Vásquez Sagra.
Demandado: E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
39
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicado: 05001-23-31-000-
2008-00067-01 (0673-10).
40
“A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los
sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no
hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se
entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la
fecha señalada para su terminación.”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

convención les reconocía por el simple hecho de que su vínculo con la
administración cambió, ya que dichas ventajas y prebendas constituían derechos
adquiridos que debían ser respetados por sus nuevos empleadores, por el tiempo
en que fue pactada la convención. Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional
concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales
pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de
octubre de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del
tantas veces mencionado decreto ley 750 de 2003 (SIC).
[…]
El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados
públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este
caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los
derechos adquiridos –artículo 58-, dichos beneficios se mantuvieron hasta que se
cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de
octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se
prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano,
en virtud de las siguientes razones: 1) Se crearía por parte de la jurisprudencia un tercer tipo de vínculo con la
administración: los empleados públicos que disfrutan regularmente de beneficios
convencionales, lo cual, además de no tener fundamento constitucional ni legal
en el ordenamiento colombiano, iría en contra del principio de igualdad. Esta
posición ha sido sostenida por la Sala Plena de esta corporación en sede de
constitucionalidad, tal y como se consagró en la sentencia C-314 de 2004, al
manifestarse en contra de que los empleados públicos de las ESEs tuvieran un
derecho adquirido a disfrutar indefinidamente de los beneficios convencionales o
celebrar convenciones colectivas: “El absurdo al que conduciría una conclusión
contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos –los que
antes han sido trabajadores oficiales- tendrían derecho a presentar convenciones
colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores
oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no
prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro,
afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que
no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por
vía de negociación colectiva las condiciones laborales de sus cargos.” […]
2) La desaparición de una de las partes de la relación laboral –el empleador-
impide que la convención colectiva se prorrogue respecto de quienes en el
pasado fueron trabajadores en aquella relación laboral. En efecto, el cambio de
empleador elimina una de las partes que celebraron la convención colectiva y,
como es lógico, cualquier renovación de beneficios convencionales debería tener
como presupuesto la existencia de quien se compromete a proporcionarlos, esto
es, el nuevo empleador. No resulta acorde con la filosofía del derecho de
negociación colectiva que se extiendan indefinidamente –con base en una
supuesta renovación automática- los beneficios convencionales de una relación
laboral que dejó de existir. 3) El argumento anterior cobra aun más sentido si se tiene en cuenta que el
nuevo empleador –es decir las ESEs- no podían denunciar la convención
colectiva tantas veces referida en virtud a que no fue nunca una de las partes
involucradas en su celebración. La denuncia y renegociación de los beneficios
convencionales, como es lógico, corresponde a las partes que celebraron la
convención colectiva. No es posible que un tercero que no participe en dicha
negociación denunciar o renegociar convenciones pasadas de sus actuales
trabajadores.

En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que
fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en
los términos del artículo 478 del CST, incluso cuando:
i) se ha cambiado de empleador;
ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y
iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite
disfrutar de beneficios convencionales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Estos son los argumentos que llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a
modificar la jurisprudencia de la Sala Sexta de Revisión y adoptar la posición
anteriormente expuesta, consistente en entender que la convención colectiva
celebrada entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS, estuvo vigente por el
plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de
octubre de 2004[…]».

Caso concreto

Para abordar el asunto se tiene lo siguiente:

La señora María Nelly Huelgos Hernández nació el 25 de septiembre de 195441 y
prestó sus servicios así42:

Como contrato de trabajo

Entidad Período
ESE Hospital San Jorge 18/11/1982 al 28/09/1992
ISS43 3/6/1996 al 25/06/2003

Empleado público por incorporación automática
Entidad Período
ESE Rita Arango Álvarez del Pino 26/06/2003 al 28/11/2006

Como supernumerario44, fueron los siguientes tiempos:

Entidad Período
ISS 24/05/1994 al 1/08/1994
ISS 2/08/1994 a 30/10/1994
ISS 1/11/1994 al 29/12/1994
ISS 30/06/1995 al 29/08/1995

Como «Contratista por prestación de servicios personales»45:

Entidad Período
ISS 29/12/1994 al 29/06/1995
ISS 1/12/1995 al 1/02/1996
ISS 1/02/1996 al 2/06/1996

41
Folio 15 cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
42
Folios 18 a 21 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
43
Folio 18 ibidem.
44
Folio 22 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
45
Así se identifica en la constancia emitida por la FIDUGRARIA SA Liquidador de la ESE Rita Arango
en Liquidación, obrante en los folios 25 y 26 del cuaderno 2 del proceso ordinario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Mediante Resolución 00737 del 3 de julio de 2008, por medio de la cual el liquidador
de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino negó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación solicitada por la señora María Nelly Arango Álvarez46

El ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, el 31 de octubre de 2001 suscribieron una
Convención colectiva, con una vigencia inicial desde el 1.º de noviembre de 2001
hasta el 31 de octubre de 2004.47

La Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas, ANDEC, seccional Risaralda, a
través de certificaciones expedidas el 28 de mayo de 2007 y 26 de agosto de 2009
indica que la señora María Nelly Huelgos Hernández estuvo afiliada a la organización
sindical y que fue beneficiaria de la convención colectiva entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL 48.

El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en la sentencia del 15 de diciembre
de 2010, resolvió:

«[…] 1. DECLARAR la nulidad de la resolución 000737 del 3 de julio de 2008,
expedida por la ESE Rita Arango Alvarez (sic) del Pino, en liquidación, mediante
la cual negó el pago de la pensión convencional a la señora María Nelly Huelgos
Hernández […] en cuanto no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 101 de la
Convención Colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de los Seguros
Sociales y el sindicato de Trabajadores de la misma entidad.
2. Ordenar a la ESE Rita Arando Alcarez (sic) del Pino, en liquidación, reconocer
a la señora María Nelly Huelgos Hernández una pensión mensual de jubilación,
teniendo en cuenta los factores salariales señalados en la parte motiva de esta
providencia, devengados durante el último año de servicios, con efectos fiscales
a partir del 28 de noviembre de 2006.
[…]
4. NEGAR las demás súplicas de la demanda. […]»

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, al desatar los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada,
confirmó la decisión adoptada por el a quo, bajo los siguientes argumentos:

«[…] con fundamento en el material probatorio referenciado y en la normatividad
que regula la materia, a (sic) analizar las referidas circunstancias fácticas
conforme a los cargos formulados en el recurso de alzada, en contra de la
actuación administrativa acusada, y para resolver, en primer lugar, Se (sic)
ocupará la Sala en el análisis del fallo recurrido, circunscribiendo el estudio al
aspecto que es materia de la impugnación formulada, referente a determinar si la
actora como trabajadora oficial cuando se encontraba vinculado (sic) al ISS
perdió los derechos convencionales con ocasión de la escisión con la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino, al adquirir la calidad de empleado público de la referida
ESE.

46
Folios 4 a 11 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
47
Folios 21 a 94 del cuad. Anexo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
48
Folio 27 y 91 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el CD
obrante a folio 314 del cuad. Ppal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

[…]
Conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, los trabajadores del ISS
amparados por la convención colectiva de trabajo y que pasaron a ser empleados
públicos de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, en virtud de la escisión
ordenada mediante el Decreto 1750 de 2003, tenían derecho a que la
mencionada ESE les continuara reconociendo los derechos convencionales
adquiridos, por lo menos durante el tiempo en que se encontrara vigente esta
convención.
[…]
De acuerdo a la anterior normativa y pauta jurisprudencia[l] para la Sala es claro
que a la actora le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la pensión de
vejez con los factores de liquidación contenidos en la Convención Colectiva, toda
vez que dicha convención como quedó establecido por la H. Corte Constitucional,
es fuente de derechos que tiene el carácter de derecho adquirido, para quienes
se encuentren cobijados por ésta.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, advierte el Tribunal, que efectivamente la señora
Huelgos Hernández se encontraba vinculado (sic) al ISS a través de un contrato
laboral y también se encontraba cobijado (sic) por la Convención Colectiva de
Trabajo, y si bien es cierto, la accionante cambió de régimen laboral, con ocasión
de la escisión del ISS, mediante Decreto 1750 de 2003, de trabajador oficial a
empleado público, ello no es óbice, para que se desconozcan los derechos
adquiridos y relación laborales previamente pactadas, como lo es la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial.»

Análisis de la Subsección

La UGPP consideró se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 2 de
la Ley 797 de 2003, pues, en su criterio, el juez de instancia no tuvo en cuenta que a
la señora María Nelly Huelgos Hernández no le resultan aplicables las disposiciones
contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL, dada su condición de empleada pública.

Asimismo, que, de admitirse que sí lo es, lo cierto es que, aquella no cumplió con el
requisito del tiempo de servicio en vigencia del referido instrumento convencional,
pues, para el 31 de octubre de 2004, solo contaba con 18 años, 3 meses y 9 días de
labor. En otras palabras, afirmó que la aquí demandada cumplió los 20 años de
servicio tan solo hasta el 22 de julio de 2006 cuando ya había perdido vigor la
Convención Colectiva.

Así las cosas, el análisis se concretará a tales argumentos, así:

Aplicación de la convención colectiva

Para abordar el primer planteamiento, es de anotar que, en el presente asunto, no se
discute el hecho de que la demandada estuvo vinculada al ISS en calidad de
trabajadora oficial, dado que las partes así lo admiten y en todo caso, revisadas las
documentales allegadas al proceso, ello se encuentra probado.

También es claro que mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 se escindió
del Instituto de Seguros Sociales y se crearon 7 Empresas Sociales del Estado,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

como entidades descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de Protección
Social. Una de ellas fue precisamente la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, motivo
por el cual la situación laboral de la señora María Nelly Huelgos Hernández se
modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerada como
empleada pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 ibidem. Siendo
dicha incorporación a la nueva planta de personal, al tenor de lo estipulado en el
artículo 17 ejusdem, automática y sin solución de continuidad49.

Ahora, en párrafos precedentes se explicó que es cierto que los derechos adquiridos
en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo por los servidores públicos que
hacían parte del ISS deben ser protegidos, no obstante, los beneficios de que se
desprenden de este instrumento no podrán extenderse más allá de su vigencia, lo
que significa que después del 31 de octubre de 2004 y, dada la nueva categoría que
adquirieron al vincularse a la ESE, ya no pueden ser cobijados por las disposiciones
en ella contenidas.

Así las cosas, es razonable colegir que a la aquí demandada le es aplicable la
convención colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, así haya
sido trasladada del ISS a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y haya cambiado la
naturaleza de su vinculación laboral, pues los derechos y prerrogativas consagrados
en esta deben ser respetados, por la vigencia inicial de la convención, es decir, hasta
el 31 de octubre de 2004. Fue esta la conclusión a la que arribó el Tribunal en la
sentencia objeto de revisión, que expresamente, señaló que «si bien es cierto, la
accionante cambió de régimen laboral, con ocasión de la escisión del ISS, mediante Decreto
1750 de 2003, de trabajador oficial a empleado público, ello no es óbice, para que se
desconozcan los derechos adquiridos y relación laborales previamente pactadas, como lo es
la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial. ».

Requisitos para pensión en virtud de la Convención Colectiva

En relación con el segundo argumento, se advierte que la UGPP discute, de manera
general, que la señora María Nelly Huelgos Hernández al 31 de octubre de 2004
(fecha de vigencia de la Convención), solo contaba con 18 años, 3 meses y 9 días de
labor. En criterio de la entidad, este tiempo es insuficiente para acceder a la pensión
conforme las reglas de la Convención Colectiva. Sin embargo, no expone con
precisión las razones que le llevan a indicar que los 20 años de servicio solo fueron
acreditados por parte de la trabajadora hasta el 22 de julio de 2006, así como
tampoco si hay algún periodo que no resulte útil para el cómputo correspondiente.

Ahora, revisadas las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, se observa
que en ellas no se efectuó una descripción pormenorizada de los tiempos de servicio
prestados por la trabajadora. Ciertamente, hubo un análisis global de los documentos
obrantes en el proceso y, con base en ello se concluyó que la señora María Nelly
Huelgos Hernández había acumulado los 20 años de servicio en diferentes
49
Así también se señala en la certificación obrante en los folios 18 y 22 del cuad. 2 del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

entidades, tal como lo preveían los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva
para acceder al derecho pensional. Textualmente, la normativa referida dispone:

«ARTICULO 98. PENSION DE JUBILACIÓN
El Trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicios continuo o
discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es
hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación
en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:
(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno
de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos
últimos años de servicio.
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno
de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres
últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del
promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.

[…]

«ARTICULO 101 ACUMULACION DE TIEMPO DE SERVICIOS
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de
derecho público podrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido para
poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se
distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión será del 75% del promedio de lo percibido
en el último año de servicios por concepto de todos los factores de remuneración
que constituyen salario.»

De ahí que tanto el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, consideraron adecuado otorgar el
reconocimiento pensional reclamado.

En este punto, es preciso destacar que la pensión convencional podía obtenerse de
dos maneras, la primera, según el artículo 98 de la Convención Colectiva por haber
prestado 20 años de forma exclusiva al ISS, caso en el cual se reconocía un monto
equivalente al 100% de lo percibido, con variables en su cálculo segundo la fecha en
que se consolidará el derecho pensional y, la segunda, en términos del artículo 101
ibidem con el cómputo de los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las
demás entidades de derecho público, caso en que se liquida con el 75% de lo
devengado en el último año. Encontrándose la señora María Nelly Huelgos
Hernández en el segundo supuesto.

De igual manera, que, en el recurso de apelación interpuesto por la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino, en contra de la decisión de primera instancia, no se formuló ningún
reparo sobre cómo se concluyó que la trabajadora había cumplido los 20 años. Por el
contrario, su inconformidad se circunscribió a discutir que a la señora María Nelly
Huelgos Hernández de ninguna manera le resultaba aplicable la Convención
Colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, ya que una vez fue
incorporada a la ESE adquirió la calidad de empleada pública, conforme lo previó el
artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, condición bajo la cual no puede beneficiarse
del citado instrumento convencional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Sin embargo, examinadas las probanzas obrantes en el dossier de nulidad y
restablecimiento del derecho se encontró que la trabajadora sí acreditó los 20 años
de servicio que exige la norma convencional para acceder a la citada prestación:

Entidad Período Tiempo
ESE Hospital San Jorge 18/11/1982 al 28/09/1992 9 años, 10 meses y 11
días
ISS50 24/05/1994 al 1/08/1994 2 meses y 7 días
ISS51 2/08/1994 a 30/10/1994 2 meses y 29 días
ISS52 1/11/1994 al 29/12/1994 1 mes y 29 días
ISS53 29/12/1994 al 29/06/1995 6 meses
ISS54 30/06/1995 al 29/08/1995 2 meses
ISS55 1/12/1995 al 1/02/1996 2 meses
ISS56 1/02/1996 al 2/06/1996 4 meses
ISS57 3/6/1996 al 25/06/2003 7 años y 23 días
ESE Rita Arango Álvarez 26/06/2003 al 31/10/2004 1 año, 4 meses y 6 días
del Pino
Total 20 años y 15 días

De acuerdo con lo anterior, es razonable la conclusión de los jueces de instancia,
según la cual el tiempo de servicio prestado en la ESE Hospital San Jorge, el ISS y
en la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, le era suficiente para acceder al beneficio
convencional. En efecto, para el 16 de octubre de 2004 la señora María Nelly
Huelgos Hernández acreditó 20 años de servicios que prevé la convención colectiva
para obtener el derecho pensional.

En otras palabras, tal como lo concluyó el Tribunal, la aquí demandada acreditó los
supuestos fácticos definidos por el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo,
en armonía con el artículo 101 ejusdem, antes del 31 de octubre de 2004. Estos
preceptos concedían el derecho a una pensión de jubilación en cuantía equivalente
al 75% del promedio mensual de lo percibido en el último año de servicios y eran
exigibles de acuerdo con la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional.

Ahora bien, la Subsección no pasa por alto que, en la etapa de alegatos de
conclusión de la primera instancia, la entidad discutió que durante los años 1994 y
1995 la trabajadora estuvo vinculada en calidad de supernumerario. Empero, sobre
el punto, la Corte Constitucional en sentencia T-112 de 2009, ha sostenido que «no
es aceptable que la entidad accionada no reconozca el tiempo en que la actora estuvo

50
Folio 22 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
51
Supernumerario.
52
Supernumerario.
53
Como contratista.
54
Supernumerario.
55
Como contratista.
56
Como contratista.
57
Folio 18 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

vinculada como trabajadora supernumeraria para efectos del reconocimiento de su pensión
de jubilación, pues además de no exponer ningún argumento que sustente esta decisión, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que esta forma de vinculación laboral, a pesar de
ser temporal, goza de todas las garantías laborales y constituye una verdadera relación
laboral, por lo que el tiempo laborado por la actora como trabajadora supernumeraria debe
ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión reclamada ». De ahí que
sea viable su cómputo para efectos de acceder a la pensión. Por lo tanto, de haberse
objetado el período durante el cual se laboró bajo la referida modalidad, la acción de
revisión tampoco habría prosperado.

En cuanto al tiempo en que la trabajadora prestó sus servicios bajo la modalidad de
«Contratista por prestación de servicios personales», esto es, entre los años 1994 y
1996, se advierte que:

• El referido período no fue objeto de discusión dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni las certificaciones que daban cuenta de aquel
período fueron tachadas o controvertidas por la entidad.

• En la acción de revisión tampoco se debatió ese lapso. Por el contrario, en
esta oportunidad, su argumento se circunscribió a exponer que a la señora María
Nelly Huelgos Hernández no le era aplicable la convención colectiva por su
incorporación automática a la ESE Rita Arango; que solo cumplió los 20 años de
servicios hasta el 22 de julio de 2006, sin discriminar cuáles tiempos deben excluirse
del cómputo para efectos de pensión y que, en todo caso, para obtener el derecho
pensional debió laborar exclusivamente en el ISS. Estos argumentos fueron
analizados en párrafos precedentes.

• Por otra parte, la Convención Colectiva en su artículo 101 no hace distinción ni
determina el tipo de vinculación que debe tener un trabajador para poder beneficiarse
de dicho instrumento convencional. La referida norma señala textualmente lo
siguiente:

«Artículo 101 Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás
entidades de derecho público podrá acumularse para el cómputo del tiempo
requerido para poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de
tales entidades […]»

Así, la interpretación efectuada por los jueces de instancia se efectuó a la luz del
principio de favorabilidad, por lo que entendieron que pueden contabilizarse aquellos
tiempos, sin importar la modalidad bajo la cual prestó sus servicios. Así las cosas, la
Sala no se detendrá en la posibilidad de computar los tiempos así acreditados,
máxime cuando la entidad no lo discutió durante el proceso ordinario ni en la acción
de revisión. Admitir lo contrario, conllevaría efectuar un pronunciamiento frente a un
argumento frente al cual la pensionada, en sede de revisión, no tuvo la oportunidad
de controvertir ni aportar pruebas en orden a demostrar las razones que habilitarían
el cómputo de ese tiempo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada la causal de
revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundada la acción de revisión en contra la sentencia del 25 de mayo de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, por medio de
la cual se confirmó la orden de reconocimiento pensional en favor de la señora María
Nelly Huelgos Hernández.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina58, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía 75.096.530 de Manizales, y la tarjeta
profesional 131.246 del C.S. de la J. en los términos y para los efectos del poder
conferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP59.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación60 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de
seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en
costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP
contra María Nelly Huelgos Hernández, por la causal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal

58
Tal como consta en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el abogado no reporta antecedentes
disciplinarios. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/
59
Poder obrante en el índice 47 del programa informático SAMAI.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de
octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 110010325000201600689 00 (2986-2016)
Demandante: UGPP

Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, el 25 de mayo de 2012 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 660013331002200800455.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, como
apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado,
háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el
expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.