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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00756-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00756-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 11 de octubre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. 28 Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020) Demandante: UGPP Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001 33 33 002 2015 00514 00 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00756-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: César Emilio Benítez López
Temas: Causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Pensión gracia.
_____________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó del 11 de octubre de 2018, a
través de la cual se revocó la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó el 25 de mayo de 2017, que había negado las pretensiones
de la demanda, para en su lugar acceder a ellas.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial, solicitó
«revocar» la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó del 11 de octubre de 2018,
a través de la cual se revocó la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó el 25 de mayo de 2017, que había negado las pretensiones
de la demanda, para en su lugar acceder a ellas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001 33 33 002 2015 00514 00.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó condenar en costas a la parte
demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

i) El 17 de febrero de 1953, nació el señor César Emilio Benítez López.

ii) El 17 de febrero de 2003, el señor Benítez López adquirió el estatus jurídico
pensional.

iii) El 2 de marzo de 2007, a través de la Resolución 04237, CAJANAL negó al demandado
el reconocimiento de una pensión gracia, con fundamento en que no cumplía con el
requisito de 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital. Aquel acto fue confirmado por las Resoluciones 57414 del 21 de
noviembre de 2008, PAP 053859 del 19 de mayo, UGM 001297 del 18 de julio de 2011.

iv) El 25 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, mediante
sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos:1

PRIMERO: DECLARESE probadas las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia
del derecho formuladas por la entidad demandada UNIDAD ADMINISRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, NIÉGUENSE las suplicas de la demanda. (Resaltado original
del texto)

v) El 11 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia de
segunda instancia,2 en el sentido de revocar la providencia emitida de la providencia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Chocó, para en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda, así:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones N° 04237 del 2 de marzo de
2007, 57414 del 21 de noviembre de 2008, PAP 053859 del 19 de mayo de 2011 y UGM

1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

001297 del 18 de julio de 2011, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal
E.I.C.E., en liquidación, actualmente Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por medio de la cual se negó el
reconocimiento de la pensión gracia al señor Cesar Emilio Benítez. López.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P. a reconocer y pagar al señor
Cesar Emilio Benítez López, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.839.653 de Novita-
Chocó, la pensión gracia en cuantía del 75% de la asignación básica y la doceava parte de
las primas de alimentación, transporte, vacaciones y navidad que percibió durante el año
anterior a la fecha de adquirir el status - 17 de febrero de 2003 ,- como se dijo en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: La condena anterior será actualizada de conformidad con el artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011 y pagará intereses moratorios según las previsiones del artículo 192 de la
misma ley.

CUARTO: DECLÁRANSE prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al
15 de octubre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.. […] (Resaltado original del texto)

vi) El 23 de octubre de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Chocó.

vii) El 6 de junio de 2019, la UGPP a través de la Resolución RDP 017148 dio cumplimiento
a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Chocó, el 11 de octubre de 2018, revocó la providencia
emitida de la providencia emitida por el Juzgado Segunda Administrativo de Chocó,
dentro de la demanda presentada por el señor César Emilio Benítez López contra la
UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas: 3

i) El a quo negó las pretensiones de la demanda en consideración a que el actor
únicamente acreditó 13 años como docente territorial, pues el tiempo prestado con
posterioridad al 28 de enero de 1994 era de orden nacional, ya que fue nombrado por
medio del Decreto 033 del 19 de enero de 1994, proferido por el gobernador del
departamento del Chocó, bajo el siguiente considerando «Que a solicitud de
Representante del Ministerio de Educación Nacional ante Entidad Territorial del Chocó,

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

el Jefe de la Oficina de Escalafón del Chocó, certificó que educadores que laboraban
por solución educativa a convertir en Plazas Docentes Definitivas […] Que el
Representante del MEN ante la Entidad Territorial certificó que existe Disponibilidad
Presupuestal para efectuar los nombramientos definitivos de los docentes que
laboraban en el programa de Solución Educativa […]».

ii) En la sentencia de unificación del 21 de junio del 2018,4 el Consejo de Estado fijó
entre otras reglas, aquella según la cual para demostrar la calidad de docente territorial
se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y en los que se
pueda establecer que la plaza a ocupar tiene la calidad de territorial o la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo
de vinculación.

iii) Por su parte, respecto al requisito de la edad, está demostrado que el docente a.
tenía más de 50 años de edad cuando solicitó el reconocimiento de una pensión gracia
(3 de agosto de 2006), comoquiera que nació el 17 de febrero de 1953; y b. desempeñó
el empleo con honradez al no registrar sanciones ni inhabilidades vigentes.

iv) El tiempo de servicio prestado desde el 28 de enero de 1994, como consecuencia
del nombramiento a favor del demandante mediante Decreto 033 del 19 del mismo mes
y año, es computable para el reconocimiento de la pensión gracia en atención al criterio
contenido en la sentencia de unificación del 21 de junio del 2018,5 según el cual lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, pues en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de las acreencias provenía directamente de las rentas endógenas o exógenas,
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones generadas se
enmarcaban en los recursos del situado fiscal.

Además, resulta válido el período comprendido entre el 3 de mayo de 1984 hasta el 30
de marzo de 1993, a través del cual el actor prestó sus servicios como docente en la

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21

de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21

de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

modalidad de OPS, conforme lo sostuvo el Consejo de Estado en la sentencia del 28
de julio de 2016.

Así las cosas, se acreditó que el demandante inicialmente prestó sus servicios como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, adicionalmente en los
certificados laborales se advierte que todo el tiempo de servicio del actor como docente
ha sido en virtud de una vinculación por más de 20 años. Por lo tanto, está probado que
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia.

v) De otro lado, la prestación debe liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico (17 de febrero de
2003), a saber: asignación básica y la doceava parte de las primas de alimentación,
transporte, navidad y de vacaciones.

vi) Por lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a ellas. En consecuencia, a. se
declara la nulidad de las Resoluciones 04237 de 2007, 57414 de 2008, PAP 053859 y
UGM 001297 de 2011; y b. a título de restablecimiento del derecho, se condena a la UGPP

a reconocer y pagar una pensión gracia a favor del actor en el equivalente al 75 % del
promedio de la asignación básica y la doceava parte de las primas de alimentación,
transporte, navidad y de vacaciones, devengadas durante el último año anterior a haber
adquirido el estatus pensional (17 de febrero de 2003), con efectos fiscales a partir del
15 de octubre de 2012, por prescripción trienal. Con condena en costas.

1.2. La acción especial de revisión

La apoderada de la entidad recurrente invocó el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en
desarrollo de este, expuso los siguientes argumentos:

i) El juzgador quebrantó disposiciones legales superiores y legales por «indebida
aplicación, errónea interpretación e infracción de las normas […] al reconocer la pensión
de jubilación gracia sin el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicios,
contrariando así el ordenamiento jurídico que era el aplicable en el presente asunto».

ii) «De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente administrativo, se
observa que el señor CESAR EMILIO BENÍTEZ LÓPEZ nació el 17 de febrero de 1953

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

y laboró en el [m]unicipio de Novita desde 20 de febrero de 1979 hasta el 20 de abril de
198 (sic); en el [d]epartamento del Chocó desde 28 de enero de 1994 hasta el 19 de
febrero de 2008, para un total de 6923 días, que respecto al tiempo prestado en el
[m]unicipio de Novita no se presenta discusión alguna respecto a que la interesada (sic)
era docente de carácter nacionalizada, pero del tiempo prestado en el [d]epartamento
del Chocó, correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de mayo de 1994 al 27
de enero de 1994 (sic) no se debía tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia, por cuanto su incorporación al mismo como docente no corresponde a una
vinculación legal y reglamentaria, por lo tanto con los elementos de juicio existentes se
puede establecer que el peticionario no cumple con el requisito de 20 años de servicio
con vinculación de orden departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado.»

En consecuencia, el tiempo prestado en el departamento del Chocó no corresponde a
una vinculación de orden departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado, sino del
orden nacional, razón por la cual no puede ser tenido en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, so pena de causar un grave detrimento al erario.

iii) La sentencia cuya revisión se solicita comporta una erogación de recursos públicos
sin justificación legal ni jurisprudencial para ello y un abuso del derecho, con lo cual se
afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte
demandada guardó silencio.6

2. Consideraciones

2.1. Competencia

6 Tras revisar el expediente en el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor César Emilio Benítez López,

guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 17 de agosto de 2022, se le notificó personalmente, por medios
electrónicos, al demandado el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; visible a
índices 24 a 26 de la plataforma SAMAI.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019.8

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo
de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».9

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la
interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 23 de octubre de 201810 y la acción
especial de revisión se interpuso el 3 de agosto de 2020,11 por lo que es dable concluir

7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas

por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la

UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
10 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.
11 Índice 3 de la plataforma SAMAI.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. Cuestión previa

De la lectura del escrito de la acción especial de revisión, se observa que la UGPP expone
reparos frente a la decisión emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, pero no las
enmarca en ninguna de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La UGPP argumenta que la decisión objeto de revisión se profirió de manera irregular por
cuanto ordenó reconocer en favor del señor Benítez López una pensión gracia, pese a
que no acreditó 20 años de servicio docente en el orden municipal, departamental, distrital
o nacionalizado.

Al respecto, es preciso recordar que: i) el objeto de este mecanismo extraordinario reside
en el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido; ii) solo podrán ser revisadas
aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la causal de revisión,
debido a que, el legislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su
gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas y
iii) por regla general la interpretación de las causales tiene un carácter restrictivo, por
tratarse de una excepción al principio de intangibilidad de las sentencias que se
encuentran ejecutoriadas y hacen tránsito a cosa juzgada.
En esta misma línea y atendiendo a la naturaleza extraordinaria de dicho mecanismo, es
claro que su procedencia está circunscrita a que los hechos y las razones que lo
estructuran, encuadren en las causales dispuestas por el legislador en el mentado artículo
20 de la Ley 797 de 2003, cuya teleología está orientada a impedir que subsistan
reconocimientos pensionales que no se hayan obtenido con el cumplimiento de los
requisitos legales.

En tal sentido, se observa que en el caso sub lite la entidad recurrente expuso unos
razonamientos que están orientados a discutir el derecho pensional del demandado y,
para el efecto, hizo referencia al incumplimiento del requisito del tiempo de servicio de 20
años, pues en su consideración, el lapso laborado en el departamento del Chocó
corresponde al orden nacional, por lo que cual no resulta computable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

En este orden, bien puede entenderse que no se configuró una omisión en la sustentación
del recurso que traiga como consecuencia la necesidad de declararlo infundado, ya que
la expresión de los hechos y los motivos expresados permitieron delimitar la discusión.
De manera, que en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia la Sala
procederá a analizar de fondo la presente controversia a la luz de la causal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.12

Dicho de otro modo, de la lectura integral de la acción de revisión se advierte que, si bien
es cierto, la entidad señala de forma genérica que en la sentencia objeto de revisión se
configuran las causales contenidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, también lo es
que en la exposición del concepto de violación se enunciaron las circunstancias por las
cuales, en su concepto, no podía reconocerse el derecho pensional al demandado y no
controvierte su cuantía. Por ese motivo, la Subsección considera que, en esta oportunidad,
las situaciones descritas deben ser estudiadas bajo los parámetros de la causal
contemplada en el literal a). En efecto, aquella apunta a señalar que el reconocimiento
pensional no se ajustó a derecho, en la medida en que no atendió la normativa aplicable
al pensionado.

Por lo anterior, ello no releva del estudio propuesto en la acción de revisión, con el fin de
analizar si en efecto se configuran las falencias alegadas, sin desconocer el carácter
restrictivo de las causales de revisión. Pues se reitera, la UGPP, al amparo de la referida
norma, explicó las razones que hacían procedente la acción especial de revisión en el sub
lite, por lo que, una exigencia mayor podría vulnerar su derecho al acceso efectivo a la
administración de justicia y, consecuencialmente, contravendría la sentencia C-197 de
1999, en la que se determinó que «tratándose de derechos fundamentales de aplicación
inmediata, el juez administrativo a efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe
aplicar la correspondiente norma constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la
haya invocado expresamente».

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 11 de
octubre de 2018, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal

12 Véase, en similares términos, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado 110010325000201600689 00 (2986-2016)

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de
revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de

13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».

11

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Demandante: UGPP

revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».15

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».16

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito

14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión

se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
15 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-

01529 (REV).
16 Ibidem.

12

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Demandante: UGPP

primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario». 17

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de
las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino
que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.4.3. De la pensión gracia

La pensión gracia es una prestación otorgada a los docentes mediante la Ley 114 de
1913, como un reconocimiento por su capacidad y esfuerzo en la educación territorial,
luego de haber prestado sus servicios en primaria por un lapso no menor de 20 años,
haber cumplido 50 años de edad, tener una conducta intachable y no recibir
emolumento alguno del erario. Este mismo beneficio se extendió con la Ley 116 de
1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de
instrucción pública.

Más adelante, con la expedición de la Ley 37 de 1933 (artículo 3º) el reconocimiento de
esta pensión se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de servicios
en establecimientos de enseñanza secundaria. La jurisprudencia de esta corporación
ha precisado que a. es una prestación con cargo al tesoro, pagada por Cajanal; b. no
requiere de aportes a ningún fondo pensional para su reconocimiento; c. es compatible
con otras prestaciones no nacionales; d. ya no requiere que los 20 años de servicios se
hayan prestado de manera exclusiva en educación básica primaria; e. el beneficiario

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-

00845-00 (2743-13).

13

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debe tener como mínimo 50 años de edad y 20 de servicios; y f. haber observado
durante toda su vida al servicio de la educación oficial una conducta irreprochable.

En torno a su reconocimiento, esta pensión no se rige por las disposiciones previstas
en las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera que la pensión gracia no es una prestación
ordinaria, sino de rango excepcional; razón por la cual el legislador la excluyó de esta
reglamentación y así se encuentra consignado en la primera de dichas leyes, cuyo
texto, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajen en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. […]

Posteriormente, la Ley 91 de 1989,18 dispuso en sus artículos 1.° y 15, lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10
de la Ley 43 de 1975.

Artículo 15º. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones: […]

2.- Pensiones:

1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a
cargo total o parcial de la Nación.

18 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

14

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
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2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.

El artículo 15 ibidem fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado19
que fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia, a saber:

[D]entro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia (...) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley [...].

De la misma manera, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:20

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en
calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira
la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del
artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo
dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto
del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir
de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales
originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000-

23-42-000-2013-04683-01(3805-14) SUJ-SII-11-2018.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
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pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos
en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original).

Finalmente, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
2022, la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre
la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:21

[…] Primero. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2,
literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación
al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento.

Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la
presente sentencia de unificación es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los
asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto
de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos
y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

030-CE-S2-2021, del 11 de agosto de 2022, radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

16

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
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que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables. […]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario que
se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que
lo componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión22 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres
elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) [e]l derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii)
[l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.»

Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales,23 que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez

22 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15

000 2018 01884 00.
23 Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.o 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
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del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias24 que hacen la decisión incompatible
con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se
estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia.

Esta Subsección observa que la inconformidad de la entidad recurrente consiste en
que la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 11 de octubre de 2018,
desconoció el ordenamiento jurídico que rige la materia según el cual los docentes
nacionales no tienen derecho al reconocimiento de una pensión gracia.

Lo anterior, con fundamento en que, afirma, el demandado no cumple con el requisito
de 20 años de servicio en establecimientos del orden departamental, municipal o
distrital, porque se acreditó que los tiempos laborados en el departamento del Chocó
entre el «3 de mayo de 1994 al «27 de enero» de 1994» (sic), fueron de carácter
nacional. En consecuencia, señala, el fallador no debió reconocer a su favor la pensión
gracia.

Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, esta
Subsección encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:
En primer lugar, esta Subsección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el
particular, y ha declarado infundada la acción, pues, como en este caso, ha entendido
que lo que persigue la UGPP, en sede de revisión, es controvertir la aptitud legal del
accionado para ser acreedor de la pensión gracia.

Ahora, en la sentencia del 27 de enero de 2022,25 sostuvo que pese a que la entidad
recurrente en esa oportunidad cuestionaba que la entonces demandada no tenía
derecho a la pensión gracia ya que, en su concepto, la prestación fue otorgada sin el
cumplimiento de los 20 años de servicio que prevé la normativa que rige la prestación,
esta Subsección procedió a efectuar el estudio correspondiente de cara a la causal
contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Así las cosas, en atención a ello, en esta oportunidad se hará el estudio desde el punto
de vista de la causal del literal a) ibidem, no sin antes precisar que la entidad recurrente

24 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 27 de enero de 2022, radicado 110010325000201500816 00 (2987-2015).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

no manifiesta razones específicas por las cuales el período reprochado es de carácter
nacional, pues se limita a señalar que los «tiempos de servicios prestados en el
Departamento del Chocó no fueron con tipo de vinculación de orden departamental,
municipal, distrital y/o nacionalizado […] [de manera que] se indujo en error a los jueces
respectivos presentando certificaciones laborales en las cuales se evidencia que tenía
tipo de vinculación nacional»; máxime porque no detalla las certificaciones que, en su
concepto, sostienen aquel tipo de vinculación.

En todo caso, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Chocó, del 11 de
octubre de 2018, revocó la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Quibdó, el 25 de mayo de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda,
para en su lugar, acceder a ellas; la Sala observa que el tribunal, respecto al tiempo de
servicio censurado, encontró lo siguiente:

Respecto al tiempo de servicio en el departamento del Chocó, la entidad recurrente
circunscribe el lapso entre el «3 de mayo de 1994 al 27 de enero de 1994»26 (sic), no
obstante, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso
ordinario allegado, se observa lo siguiente:

El 19 de enero de 1994, el gobernador del departamento del Chocó expidió el Decreto
0033, a través del cual nombró, entre otros, al demandado, en los siguientes términos:27

26 Véase, acción especial de revisión obrante a índice 3 de la plataforma SAMAI.
27 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

[…]

20

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

El 28 de enero de 1994, el demandado tomó posesión del cargo, conforme consta en
el acta descrita a continuación:28

28
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

21

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

El jefe de la Oficina de Kardex y Archivos de la Secretaría de Educación del
departamento del Chocó, emitió la siguiente certificación:29

29
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

22

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

Posteriormente, el 11 de junio de 2009, la Secretaría de Educación de Quibdó, expidió
el Formato único para la expedición de certificado de salarios, en los siguientes
términos:30

30 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

23

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

El 4 de marzo de 2013, la Secretaría de Educación de Quibdó, profirió el Formato único
para la expedición de certificado de historia laboral, que a continuación se describe: 31

31
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.

24

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

El tribunal al valorar el material probatorio reseñado, concluyó que el período en el que
laboró como docente en el departamento del Chocó, comprendido desde el 28 de enero
de 1994, resultaba computable para efectos del reconocimiento prestacional. Sobre el
particular, la Sala advierte que el tribunal luego de valorar el Decreto 0033 de 1994,
concluyó, con fundamento en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 (que
expresamente trajo a colación),32 que el origen de la plaza ocupada por el señor Benítez
López no era de carácter nacional.

Esta Subsección halla la razón al Tribunal Administrativo del Chocó al acoger los
lineamientos fijados en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 (que
expresamente trajo a colación),33 según la cual lo importante de la prueba del tiempo
de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé en un certificado,
ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que se ofrezcan

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2-011-18, del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14)
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-

SUJ2-011-18, del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14)

25

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a
la que prestará los servicios, su naturaleza, la fecha de expedición que determina a su
vez los extremos temporales, entre otros, a efecto de esclarecer el cumplimiento de los
requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913, en los términos analizados por
el tribunal.

La Sala se aparta del entendimiento según el cual todos los docentes vinculados a partir
del 1.° de enero de 1990 son nacionales o que adquieren tal calidad por la intervención
de un delegado del Ministerio de Educación ante los fondos educativos regionales o
porque sus salarios se paguen con recursos del situado fiscal.

Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta corporación unificó
su criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces situado
fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
endógenas y exógenas».34

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto de
vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».

Bajo este panorama, se advierte que, contrario a lo afirmado por la UGPP, el tribunal no
vulneró el ordenamiento jurídico superior al revocar la sentencia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Quibdó, que había negado las pretensiones de la demanda,
para en su lugar, acceder a ellas, esto es, ordenar el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a favor del señor César Emilio Benítez López, pues se demostró, que
sumó más de 20 años de servicio como docente territorial y nacionalizado, computables
para efectos de colmar el requisito de tiempo exigido para acceder al reconocimiento y
pago de aquella prestación.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

En otras palabras, la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del Chocó
en relación al material probatorio allegado en el proceso ordinario es razonable,
comoquiera que es acorde con la jurisprudencia de esta corporación vigente para la
fecha de expedición de la providencia del 11 de octubre de 2018, en especial con la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, previamente citada.

Por otro lado, es menester recordar que el Consejo de Estado en diferentes
providencias35 expedidas con anterioridad a la fecha en que se profirió el fallo objeto de
revisión, sostuvo que tendrán derecho a la pensión gracia los docentes oficiales que
tengan una vinculación de carácter territorial o nacionalizada, criterio que
posteriormente se unificó en sentencia del 21 de junio de 2018, dentro de la cual se
precisó que para probar la calidad de docente se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo o una certificación que, de manera inequívoca,
lo evidencie.

En tal sentido, en criterio de la Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
consonancia con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo
contencioso administrativo, para la fecha de su expedición; razón por la cual debe
mantenerse incólume, por ser una situación consolidada que goza de los efectos de
cosa juzgada.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.36

35 Ver entre otras, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2006, radicado: 25000-23-

25-000-2002-05760-01 (6024-05). Actor: Segundo Tiberio Piñeros Alfonso; Subsección A, sentencia de 28 de
enero de 2010, radicación 08001-23-31-000-2004-01341-01 (0232-08); Subsección b, sentencia de 28 de junio
de 2012, N:I: (0209-12); sentencia de 20 de septiembre de 2001, expediente 0095-01; Subsección A, sentencia
de 4 de febrero de 2010, rad. 70001-23-31-000-2004-00019-01 (1044-09).
36 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la

época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado,
Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-
00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-
00(2861-2016), demandante: UGPP.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la
presente acción de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la
configuración de la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 11 de
octubre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00756-00 (2247-2020)
Demandante: UGPP

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001 33 33 002 2015 00514 00 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
SBZ

29

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