Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00695-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00695-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00695-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00695-00
Nº interno: 3031-2016
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 11
de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó. Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó la sentencia de
20 de junio de 2013, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Quibdó, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada
por la señora Graciela Córdoba de Rentería contra la Caja Nacional de Previsión
Social - Cajanal.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
señora Graciela Córdoba de Rentería
La señora Graciela Córdoba de Rentería presentó demanda en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de
Previsión Social – Cajanal en Liquidación, con el fin de obtener la nulidad parcial
de las Resoluciones 11690 del 30 de septiembre de 1983, la 002577 del 6 de
julio de 1998 y la 10163 del 14 de marzo de 2005, que reconocieron y ordenar
pagar la pensión de jubilación gracia a la señora Graciela Córdoba de Rentería,
con efectos fiscales a partir del 15 de marzo de 1980.
2
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que: (i) se ordene a Cajanal que
reconozca y ordene pagar a la señora Graciela Córdoba de Rentería la
prestación social, a partir de la fecha referida, teniendo en cuenta un ingreso
base de liquidación indexado, incluyendo todos los factores de salario del último
año de servicio, para determinar el 75% de la cuantía, con la indexación de la
primera mesada pensional; y (ii) se paguen las diferencias que resulten de la
reliquidación, desde el 15 de marzo de 1980.
Lo anterior, bajo el argumento que la demandante nació el 15 de marzo de 1930
y se desempeñó como docente para la Secretaría de Educación del
departamento del Chocó, entre el 9 de enero de 1957 y el 6 de julio de 1995.
Indicó que la entidad demandada reconoció a favor de la demandante la pensión
gracia de jubilación a partir del 15 de marzo de 1980, sin embargo, al momento
de la liquidación de la pensión no incluyó la totalidad de los factores devengados
en el último año de servicio y tampoco indexó la primera mesada pensional.
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de: (i) inexistencia de la
obligación; (ii) cobro de lo no debido; y (iii) prescripción de 3 años de los
conceptos laborales no reclamados oportunamente.
3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1
El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, en sentencia del
20 de junio de 2013, decidió: (i) declarar no probadas las excepciones de cobro
de lo no debido e inexistencia de la obligación, toda vez que la pensión gracia no
se encuentra reliquidada, con todos los factores de salario y la inclusión de la
indexación de la primera mesada pensional y declarar probada la excepción de
prescripción, respecto de las mesadas anteriores al 23 de abril de 2009: (ii)
declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 11690 de 1983 y 10163 de 2005,
mediante las cuales se reconoce, ordena pagar y reliquida la pensión gracia a la
demandante, sin tener en cuenta la indexación de la primera mesada pensional y
1
Folios 383-392.
3
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
la inclusión del factor salarial de prima de alimentación certificado a la fecha de
retiro (6 de julio de 1995); (iii) ordenar a Cajanal reliquidar la pensión gracia a la
actora, procediendo a la indexación de la primera mesada pensional desde el 15
de marzo de 1980 y la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta todos los
factores devengados a la fecha de retiro, incluido la prima de alimentación a partir
del 16 de julio de 1985, junto con la respectiva indexación de las sumas
reconocidas; (iv) condenar a Cajanal a pagar las diferencias de las mesadas
pensionales resultantes reconocidos inicialmente y los que se deben reconocer
en virtud de la decisión, respecto de las mesadas posteriores al 23 de abril de
2009; (v) negar las demás pretensiones de la demanda; (vi) no condenar en
costas.
Consideró que, para liquidar la pensión gracia se debe tener en cuenta todo lo
percibido por el beneficiario durante el último año de servicios a la adquisición del
estatus pensional, incluso si sobre alguno de los factores no se efectuó el
correspondiente aporte a la Caja de Previsión.
En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, consideró que le
asiste la razón a la demandante, en especial porque es un tema ya decantado
por las Altas Cortes, las cuales han reconocido este derecho.
Advirtió que, en el caso bajo estudio, la entidad no incluyó el factor de prima de
alimentación en la liquidación de la pensión y no tuvo en cuenta que acreditó un
tiempo adicional hasta el retiro del servicio.
Asimismo, consideró que, aunque tiene derecho a que se reliquide la pensión de
jubilación con la indexación de la primera mesada pensional y con la inclusión de
todos los factores devengados en el último año de servicios, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 4 de 1966 y en el Decreto 1743 de 1966, se debe declarar la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de abril de 2009,
toda vez que aunque efectuó una petición a la administración el 11 de marzo de
2009, dejó transcurrir más de 3 años para la presentación de la demanda, por lo
que se debe tomar como fecha para calcular la prescripción el momento en el
cual interpuso la demanda (23 de abril de 2012).
4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
4
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
La entidad demandada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, al considerar que la pensión se liquidó conforme a la ley y no es posible
aplicar normas que regulan el reajuste de pensiones diferentes, pues la pensión
gracia es un beneficio otorgado bajo una normativa especial.
Advirtió que la pensión reconocida y liquidada a la demandante tuvo en cuenta lo
dispuesto en la Ley 4 de 1966 y señaló que, no se demostró la pérdida del poder
adquisitivo de la pensión y, en todo caso, la indexación de la pensión es una
figura jurídica de competencia de los jueces, por lo que no puede la
administración tomar una decisión al respecto.
Agregó que, no obra prueba en el expediente que acredite el derecho a la
indexación reclamada y solicitó que se declaren probadas las excepciones
planteadas, en especial lo correspondiente a la prescripción, pues afirmó que
sobre la misma no se emitió ningún pronunciamiento.
5. Sentencia objeto de revisión2
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 11 de diciembre de
2014 confirmó el fallo de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas.
Afirmó que, los argumentos esgrimidos por la entidad recurrente, al sustentar el
recurso de apelación, no corresponden con el caso que se juzga, pues plantea
que la indexación de la primera mesada pensional solo procede por orden
judicial, pero no presenta argumentos para controvertir la decisión del juez de
ordenar dicha indexación, por lo que es imposible confrontar la sentencia con una
apelación que en sí misma no lo es, lo que impide que se estudie el asunto en los
términos planteados en el recurso.
Igualmente, indicó que no se puede tramitar tampoco el grado jurisdiccional de
consulta, por cuanto la entidad demandada sí ejerció su derecho de defensa al
contestar la demanda y presentar un escrito como recurso de apelación, aunque
los argumentos fueran nuevos a los presentados en la demanda y no puedan ser
objeto de análisis
6. El recurso extraordinario de revisión3
2
Folios 393-411.
5
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, con fundamento en la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede la revisión de
pensiones: “b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
Solicitó que se revoque la sentencia dictada por el juez de primera instancia y, en
su lugar, se indique que no le asiste razón a la señora Graciela Córdoba de
Rentería a que se ordene la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de
todos los factores devengados en el último año de servicio (prima de
alimentación) y la indexación de la primera mesada pensional teniendo en cuenta
la fecha del retiro de la entidad. Igualmente, pidió que se ordene a la pensionada
reintegrar los valores cancelados por el reconocimiento de la indexación de la
primera mesada pensional y la reliquidación de la pensión.
Indicó que la Resolución 11690 de 30 de septiembre de 1983 reconoció una
pensión gracia a la señora Graciela Córdoba de Rentería; posteriormente, dicha
pensión fue reliquidada la Resolución 13692 de 6 de agosto de 1997, por retiro
definitivo del servicio, en cuantía de $231.104,16, efectiva a partir del 16 de julio
de 1995. Agregó que, a través de Auto 103822 de 6 de agosto de 1997 negó la
solicitud de reajuste, decisión que fue confirmada mediante la Resolución 002577
de 6 de julio de 1998.
Indicó que la señora Graciela Córdoba cumplió con los requisitos exigidos por el
artículo 4 de la Ley 114 de 1913, para el reconocimiento de la pensión gracia, y
adquirió el estatus pensional el 15 de marzo de 1985.
Afirmó que no es procedente ordenar la liquidación de la pensión gracia, teniendo
en cuenta la fecha de retiro, pues esta prestación se paga a los docentes desde
el momento del reconocimiento, sin que sea impedimento que permanezca en el
servicio activo de la docencia.
Señaló que en amplia jurisprudencia del Consejo de Estado se ha establecido
que la pensión gracia, al obedecer a un régimen especial, se liquida con los
3
Folios 428-449.
6
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
factores salariales del último año de servicios, previo a adquirir el estatus.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 29 de agosto
de 20164. Posteriormente, en providencia del 13 de noviembre de 2019 se dio
apertura a la etapa probatoria5.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión
La señora Graciela Córdoba de Rentería no contestó la demanda.
9. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
2. Oportunidad y legitimación en la causa por activa en la presentación del
recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 13 de julio
de 20166, pues la sentencia recurrida se dictó el 11 de diciembre de 2014, y
conforme con el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de
2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las
4
Folios 453-reverso.
5
Folios 500-reverso.
6
Folio 449 reverso.
7
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la UGPP tiene
legitimación para interponer este medio extraordinario en un término de 5 años.
Asimismo, la Sala advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias
judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
A su vez, se observa que el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 del 28 de
diciembre de 2009 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias”, establece como
función de la UGPP “6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones o modifiquen”.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que la UGPP está legitimada en la
causa por activa para interponer el recurso extraordinario de revisión previsto en
la Ley 797 de 2003 y que lo hizo de manera oportuna.
3. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó que confirmó el fallo dictado el 20 de
junio de 2013 por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 11 de
diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó, se incurrió en la
causal de revisión alegada por el recurrente, esto es, si la cuantía del derecho
reconocido a la señora Graciela Córdoba de Rentería excede lo debido de
acuerdo con la ley, por haberse ordenado la reliquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios y al ordenarse la indexación de la primera mesada
pensional.
8
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por la entidad
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.
3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por
el juez de instancia.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios7.
Ahora bien, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo incorporó, a las causales allí establecidas, las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que, por el trámite del
recurso extraordinario de revisión, se resolviera esta acción especial, dentro de la
cual también pueden invocarse las causales señaladas en el artículo 250 citado.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
9
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
La inclusión o correspondencia en cuanto al trámite o causales de estos dos
mecanismos extraordinarios de revisión, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25, en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción
especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables
jurídicamente, sino solo que el trámite8 y sus causales generales9 le resultan
aplicables a aquella por remisión”, pues esta acción especial “tiene un carácter
sui generis10, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia
ejecutoriada – al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia11”, como es el análisis que
sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial, debido a las dos
8
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la
ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio
de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-
2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de
marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-
00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha
aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario
de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
9
Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
10
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo
contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el
CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
11
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo
de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de
mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
10
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
causales de revisión que se pueden invocar12.
Ciertamente, debido a las causales que son procedentes en este recurso
extraordinario de revisión, concretamente, en cuanto a la cuantía del derecho
reconocido, permite que el juez extraordinario, de alguna manera, analice
aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen en
cuenta para la cuantificación del derecho13.
Así mismo, es importante precisar que, al igual como sucede en el estudio de las
causales del recurso extraordinario de revisión, los motivos para pretender la
nulidad de la sentencia que ha reconocido el derecho a una prestación periódica
a cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados,
pues tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia.
3.2. Alcance de la causal invocada por la entidad recurrente
La causal es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
“cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir, cuando la
sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente viable.
La Sala Especial de Decisión 4, en sentencia del 1 de agosto de 2017, efectuó
las siguientes consideraciones sobre el objeto y finalidad del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, así:
“[…] esta disposición tuvo respaldo en la exposición de motivos del proyecto de
Ley 56 de 2002 - Senado, que indicó: “Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de
pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
12
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
13
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley
797 de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los
montos de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver:
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-
15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de
junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio
de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-
00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11
Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se
contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De
esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación14.”
Con fundamento en esa teleología, el legislador dotó a las entidades públicas
pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para
solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales, las que se insiste, se establecieron con el propósito de fortalecer
el principio de moralidad de que debe estar precedida esta actividad de
reconocimiento pensional y como se lee en el aparte pretranscrito de la exposición
de motivos, para enfrentar y afrontar el estado del arte actual en el tema de la
corrupción que tanto perjudica las finanzas públicas, en tanto, el pago de las
pensiones se nutre de los recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen
un examen exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un
exceso en tales sumas que no correspondan con lo dispuesto legalmente, afecta la
liquidez y solvencia del sistema.
Es claro que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la
institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero precisamente, este
mecanismo se instituyó como una excepción que debe ceder ante un fin legítimo,
el cual es determinar si el reconocimiento se hizo con violación al debido proceso o
si como aquí se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la Ley.
Y es que no tiene asidero jurídico ni social sostener una prestación periódica,
cuando es evidente que no era viable su reconocimiento o cuando su monto difiere
en exceso, en tanto ello atentaría contra el interés de carácter general y el principio
de universalidad que gobiernan el sistema de seguridad social, bajo el amparo de
dar prevalencia a un interés particular, pero que es ficticio, en cuanto a que es
ilegitimo, lo que en últimas representa un detrimento de los recursos sociales.
Ese equilibrio entre la prestación y la legalidad de la misma, es la que debe buscar
el juez extraordinario cuando en virtud de su examen, analice si lo pedido en el
recurso extraordinario de revisión recae en pensión irregularmente otorgada o en
monto que no corresponde, o constituye una mera discrepancia que en última
aconteció por ausencia de reclamo o defensa en las instancias ordinarias a efectos
de plantear discusiones de orden interpretativo que no resulten de evidente
disparidad con lo previsto u ordenado por la ley.
Todo ello hay que entenderlo dirigido al deber de moralizar la inversión pública y
los dineros estatales, y que su propósito no es otro que orientar y potencializar la
sostenibilidad del sistema, pues tales disposiciones buscan mantener y prolongar
su viabilidad, ya que continuar solventando prestaciones que no atienden a esa
legalidad, debilitan y ponen en riesgo de colapso la capacidad de abastecimiento y
pago que tiene el Estado a su cargo, generando un potencial déficit por la asunción
de coberturas no contempladas o que previstas, exceden el monto legal, lo que
implicaría la devastación del erario.
En ese sentido, está visto que la eficiencia del sistema la representa el que sea
una prioridad y un objetivo que la asignación de los recursos obedezca a una legal
asignación a efectos de lograr una cobertura universal y equitativa para todos
quienes tienen un derecho a pensión”15.
14
Ver en http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_consec=4821
15
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 4. Exp. 2016-02022-00 M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala
advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para
accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a
cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica
cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.
4. Caso concreto
La UGPP planteó como causal de revisión, la contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento que la sentencia cuya revisión se
pretende ordenó la reliquidación de la pensión gracia reconocida a la señora
Graciela Córdoba de Rentería, en cuantía del 75%, con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en el último año de servicios, así como la
indexación de la primera mesada pensional, lo que a su juicio causa un
detrimento al erario y a la entidad, pues desconoce las normas especiales que
regulan la materia respecto a los factores a tener en cuenta.
Igualmente, estableció que no es posible disponer la indexación de la primera
mesada pensional, por cuanto la pensión gracia se reconoce y paga desde que
se cumplen los requisitos para adquirir el estatus pensional, por lo que es posible
que la docente continue trabajando incluso mientras recibe este concepto, como
ocurrió en el caso bajo estudio.
Ahora bien, en este asunto no se controvierte el derecho a la pensión gracia
reconocida y reliquidada a la actora mediante las resoluciones indicadas con
anterioridad. La UGPP controvierte en el presente proceso la decisión dictada por
el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó y confirmada por
el Tribunal Administrativo del Chocó, en relación con la indexación de la primera
mesada y la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de todos los
factores percibidos en el último año de servicio por la causante.
Sin embargo, se evidencia que, en la sentencia recurrida, el Tribunal no realizó
ningún análisis sobre los puntos de discusión, pues consideró que los
argumentos expuestos por la UGPP en el recurso de apelación no controvertían
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Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
la decisión adoptada en primera instancia, pues planteó que la administración no
puede resolver sobre la petición de indexación de la primera mesada pensional,
sino que es una decisión que debe tomar el juez administrativo. Sin embargo,
dicho aspecto no era punto de discusión, ya que fue el juez de primera instancia
quien resolvió ordenarlo.
Al respecto, se evidencia que: (i) en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por la señora Graciela Córdoba de Rentería contra Cajanal se
cuestionó la reliquidación de la pensión gracia teniendo en cuenta la totalidad de
los factores devengados en el último año de servicio y la indexación de la primera
mesada pensional, teniendo en cuenta la fecha de retiro del servicio; (ii) el
Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó accedió a las
pretensiones de la demanda, pues declaró la nulidad de los actos acusados,
ordenó la reliquidación de la pensión gracia, tomando como base todos los
factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicio,
incluida la prima de alimentación, dispuso la indexación de la primera mesada
pensional, ordenó el pago de las diferencias no prescritas y la indexación de las
sumas adeudadas; (iii) la UGPP presentó recurso de apelación, bajo el
argumento que la indexación de la primera mesada pensional procede por orden
judicial y que la administración no puede adoptar una decisión efectuando dicha
operación; (iv) la sentencia de segunda instancia confirmó el fallo apelado, al
considerar que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada no
estaba debidamente sustentado y que no procedía el grado jurisdiccional de
consulta.
Visto lo anterior, se evidencia que la causal de revisión planteada por la UGPP
contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, se fundamenta en un argumento que no fue objeto de
pronunciamiento por parte del juez de segunda instancia en el fallo recurrido,
pues la UGPP no planteó ningún argumento para controvertir la decisión del juez
de primera instancia respecto a la indexación de la primera mesada pensional y
la reliquidación del derecho pensional.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que no es posible a través de este
mecanismo excepcional pronunciarse sobre un aspecto que no fue definido en la
sentencia objeto de revisión, ya que lo contrario conllevaría a la afectación del
derecho al debido proceso de la otra parte y a la violación del principio de cosa
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Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
juzgada frente a lo resuelto en la decisión de primera instancia y que no se
cuestionó en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que el derecho a la
reliquidación pensional no fue controvertido en la segunda instancia y el Tribunal
tenía delimitada su competencia a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el cual no estuvo sustentado, por lo que cualquier pronunciamiento en
esa instancia sobre las normas aplicables, la interpretación de las mismas y la
posición jurisprudencial sobre la materia, afectaría el principio a la seguridad
jurídica de una de la señora Graciela Córdoba de Rentería.
Quere decir, que quien definió el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional y de la reliquidación de la pensión gracia fue el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión de Quibdó en la sentencia de primera instancia
y, ante dicha situación, no es posible estudiar a través de este mecanismo los
planteamientos efectuados por la UGPP.
La Sala resalta que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado ante los jueces
competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario, que se funda en
la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas por el
legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la afectación de los
derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y no se puede
emplear como una oportunidad de alguna de las partes para discutir un aspecto
de la litis sobre el cual no hubo pronunciamiento en la sentencia cuya revisión se
pretende.
Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200316.
Para finalizar, sobre la condena en costas, es importante destacar que no
procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”.
Siendo así, como en el trámite del presente recurso no se observa su causación,
esta Sala no condenará en costas al recurrente.
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En sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por la Sala Especial de Decisión 2, radicado: 11001-03-15-000-2017-
00890-00. M.P. César Palomino Cortés, se estableció que el recurso extraordinario de revisión no es procedente cuando
se pretende atacar un punto que no fue objeto de decisión de la sentencia recurrida.
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Número interno: 3031-2016
Demandante: UGPP
Demandado: Graciela Córdoba de Rentería
Fallo
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la UGPP y no condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-
33-31-705-2012-00056-01, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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