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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00814-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00814-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por los señores Javier Andrés Perozo Hernández y Frank Yurlian Olivares Torres en contra del Acuerdo 0002 del 13 de enero de 2015 y el Oficio SACCE 20157010007381 del 5 de mayo de 2015, proferidos por la Comisión de Carrera Especial de la FGN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 37 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 29 Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016) Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00814-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por los señores Javier Andrés Perozo Hernández y Frank
Yurlian Olivares Torres contra la Nación, Fiscalía General de la Nación – FGN.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 los señores Javier Andrés Perozo Hernández y Frank Yurlian Olivares

Torres, actuando en nombre propio, solicitaron declarar la nulidad de los
siguientes actos, proferidos por la Comisión de Carrera Especial de la FGN: i)
Acuerdo 0002 del 13 de enero de 2015, que declaró la ineficacia parcial de la

1
Folios 1 a 47.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

Convocatoria 011 de 2008 por supresión de algunos cargos ofertados a concurso
de méritos; y ii) Oficio SACCE 20157010007381 del 5 de mayo de 2015, que negó la
declaratoria de ineficacia de las Convocatorias 001 a 015 de 2008, expedidas en
el marco del referido certamen.

1.1.2. Hechos

i) Mediante las Convocatorias 001 a 015 del 2008, la Comisión de Carrera
Especial de la FGN convocó a concurso abierto público de méritos para proveer
algunos cargos de la entidad.

ii) Durante el referido proceso se expidieron los Actos Legislativos 1 de 2008 y 4
de 2011, pero la Corte Constitucional los declaró inexequibles.

iii) El 13 de septiembre de 2012, la mencionada comisión decidió continuar con el
concurso; sin embargo, lo suspendió el 3 de abril de 2013 hasta que se adoptaran
los criterios para conformar las listas de elegibles.

iv) Los Decretos Leyes 16 a 21 de 2014 reestructuraron la planta de personal de la
FGN, por lo que se cambió la nomenclatura de empleos, cantidad, funciones,
asignación salarial y requisitos de acceso.

v) Mediante el Acuerdo 0002 del 13 de enero de 2015, la Comisión de Carrera
Especial de la FGN declaró la ineficacia parcial de la Convocatoria 011 de 2008 en
razón a que se suprimieron 5 de los cargos ofertados.

vi) El cotejo de los manuales de funciones, expedidos antes y después de la
aludida reestructuración, demuestra que todos los empleos ofertados fueron
suprimidos, razón por la que se debió declarar la ineficacia de todas las
convocatorias.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

vii) Por Resolución 0-0470 del 2 de abril de 2014, la FGN incorporó a la nueva
planta los servidores que venían desempeñando los empleos suprimidos en el
Decreto 16 de 2014.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes sostuvieron que las disposiciones acusadas quebrantaron los
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 40, 47, 53, 54, 90, 125 y 209 de la Constitución
Política; y 120 del Decreto 20 de 2014.

Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:

i) El artículo 120 del Decreto 20 de 2014 dispuso que se tornarían ineficaces todos
los concursos que a la fecha de expedición de dicha norma no hubieran culminado
con lista de elegibles en firme y en relación con los cargos que fueron
materialmente suprimidos en la FGN.

ii) Los empleos respecto de los cuales se declarara la ineficacia del concurso
debían ser ofertados nuevamente para adelantar el proceso de selección.

iii) En la práctica hubo una supresión efectiva de todos los cargos ofertados a
través de las Convocatorias 001 a 015 del 2008 y no solo de los 5 indicados en el
Acuerdo 0002 de 2015. En efecto, la reestructuración de la entidad alteró las
condiciones de ingreso, permanencia y retiro respecto de los aludidos empleos,
puesto que se varió su denominación, los requisitos académicos y de experiencia
para ocuparlos, las funciones, horarios, así como el régimen salarial, prestacional
y disciplinario.

iv) La anterior afirmación encuentra respaldo en el cotejo de los manuales de
funciones de los empleos suprimidos y los actuales, que dan cuenta de las
diferencias de funciones, responsabilidades, denominación y requisitos de

3

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

acceso.3

v) Los empleos ofertados en las Convocatorias 001 a 015 de 2008 no contaban
con lista de elegibles para la fecha en que se profirió el Decreto 20 de 2014; por lo
tanto, debió declararse la ineficacia del certamen frente a cada una de ellas, ya
que dejaron de existir los cargos objeto del proceso de selección.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Fiscalía General de la Nación – FGN, por intermedio de apoderada,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes razonamientos:4

i) La FGN, mediante las convocatorias 001-2008 a 015-2008, dio inicio al concurso
de méritos para proveer 1.716 empleos de los niveles profesional, técnico y
asistencial; sin embargo, este proceso fue suspendido en las siguientes
oportunidades: 1) ante la expedición de los Actos Legislativos 1 de 2008 y 4 de
2011, los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional,
mediante las Sentencias C-641 de 2009 y C-305 de 2012; y 2) por virtud del
Acuerdo 012 de 2013, mientras el Consejo de Estado precisaba los criterios para
conformar las listas de elegibles al interior del mencionado certamen.

ii) Los Decretos Leyes 16 a 21 de 2014 dispusieron la modernización de la FGN,
situación que conllevó a una modificación de su estructura y planta de personal.

iii) Conforme al artículo 120 del Decreto Ley 20 de 2014, los procesos de selección
que se venían tramitando al momento de la aludida reestructuración se declararían
ineficaces, si se presentaba una supresión material de los cargos convocados,
situación que únicamente se verificó frente a 5; por lo tanto, los concursos debían

3
Los demandantes compararon el manual de funciones vigente antes de la reestructuración de la FGN con el
expedido con posterioridad para demostrar las diferencias en la denominación, funciones y requisitos de los
empleos ofertados y los de la nueva planta.
4
Folios 376 a 386.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

continuar respecto de 1.711 empleos.

iv) Los cargos ofertados cambiaron su denominación en la nueva planta, pero ello
no es suficiente para predicar su eliminación. Además, aunque variaron algunas
de sus funciones, se mantuvo una relación directa con las anteriores.

v) En cuanto a los requisitos de acceso, se cambió la terminología de estudios
avanzados por posgrados, en aras de ajustar los conceptos a los establecidos por
la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1001 de 2006, que regularon la educación superior.

1.3. Sentencia anticipada

Mediante auto del 29 de abril de 2021, el magistrado conductor del proceso
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los
términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080
de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:5

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el sub lite recae en determinar i) si el Acuerdo 022 de 2015 y el Oficio SACCE
20157010007381 del 5 de mayo de 2015, proferidos por la presidenta de la
Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, desconocieron lo
previsto en el artículo transitorio 120 del Decreto-Ley 020 de 2014; y, en caso
afirmativo, ii) si hay lugar a declarar su nulidad.

1.4. Alegatos de conclusión

La FGN reiteró los argumentos expuestos en las diferentes etapas del proceso.6
Los demandantes guardaron silencio.7

1.5. El Ministerio Público

5
Folios 391 a 395.
6
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
7
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 401.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Consiste en establecer si los actos administrativos demandados desconocieron el
artículo 120 del Decreto 20 de 2014, en tanto se abstuvieron de declarar la
ineficacia del proceso de selección adelantado mediante las Convocatorias 001 a
015 de 2008, puesto que, en sentir de los actores, los cargos allí ofertados fueron
suprimidos por los Decretos Leyes 16 a 21 de 2014, que reestructuraron la FGN y
modificaron su planta de personal.

2.2. Cuestión previa

Los demandantes solicitaron la nulidad del Acuerdo 0002 del 13 de enero de 2015
y del Oficio SACCE 20157010007381 del 5 de mayo de 2015, proferidos por la
Comisión de Carrera Especial de la FGN, pues consideran que, conforme al
artículo 120 del Decreto 20 de 2014, la FGN debió declarar la ineficacia del
concurso de méritos celebrado en virtud de las convocatorias 001 a 015 de 2008,
por cuanto los cargos ofertados fueron eliminados de la planta de personal que se
implementó a partir de la reestructuración dispuesta en los Decretos Leyes 16 a 21
de 2014.

Ahora bien, el primero de los actos acusados declaró la ineficacia parcial de la
Convocatoria 011 de 2008 por supresión de 5 de los 1.716 cargos ofertados. El
segundo negó la declaratoria de ineficacia de las Convocatorias 001 a 015 de
2008 y explicó que la administración decidió continuar el certamen respecto de los
cargos que no fueron suprimidos, ya que la reestructuración de la FGN no modificó
sustancialmente sus perfiles.

8
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 401.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

El despacho ponente, mediante auto del 12 de abril de 2018, negó la solicitud de
suspensión provisional presentada dentro del sub lite, por considerar que el actor
debió demandar los Acuerdos 0001 del 13 de enero de 2015 y 0003 a 0017 del 2
de febrero de 2015, que reanudaron el certamen y conformaron las listas de
elegibles para la provisión de los cargos ofertados en las Convocatorias 001 a 015
de 2008. Al respecto, se explicó lo siguiente:9

[…] no es posible emitir pronunciamiento referente a la existencia de la falsa
motivación del acto demandado al no declarar la «ineficacia» de las Convocatorias,
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 de 2008,
con fundamento en el contenido del artículo 120 del Decreto Ley 20 de 2014, en
tanto que el Acuerdo 002 de 2015: i) no se pronunció sobre el particular por no ser
su objeto y, ii) tampoco definió si estas cumplían los presupuestos que contiene la
norma enunciada para ser declaradas ineficaces.

De hecho, se pudo constatar que la entidad expidió el Acuerdo 001 el 13 de enero
de 2015 y a través de este formalizó la reanudación del proceso de selección para la
provisión de cargos de carrera del área administrativa y financiera de la Fiscalía
General de la Nación abierto a través de las convocatorias enunciadas. Además,
dentro del expediente se encuentran los Acuerdos 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 01 (sic), 012, 013, 014, 015, 016 y 017 todos del 2 de febrero de 2015,
mediante los cuales se conformó las listas de elegibles de los procesos de selección
iniciados con aquellas.

Así las cosas, si los demandantes querían suspender los procesos de selección
referidos era menester que incluyeran como actos demandados los acuerdos
aludidos, puesto que fueron los que finiquitaron el trámite administrativo respecto de
cada una de las convocatorias con que iniciaron estos.

De esta manera, se concluyó que los actos acusados no definieron la continuidad
de las Convocatorias 001 a 015 de 2008 y, por tal motivo, no era posible cotejar
sus fundamentos de hecho y de derecho con los cargos de nulidad invocados en
la demanda.

Bajo el anterior contexto, no sería viable emitir decisión de mérito en la presente
controversia; sin embargo, es necesario revisar tal criterio en aras de materializar
el acceso efectivo a la administración de justicia, ya que en torno a idéntico debate
esta corporación ha emitido otros pronunciamientos en los que ha precisado que
las listas de elegibles no son demandables a través del medio de control de simple

9
Folios 43 a 50, cuaderno de medida cautelar.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

nulidad y que lo procedente era promover dicha demanda contra el Acuerdo 0002
de 2015, como se hizo en el sub lite.

En efecto, mediante providencia del 13 de julio de 2016,10 se inadmitió una
demanda de simple nulidad contra algunos acuerdos que contenían las listas de
legibles para proveer algunos cargos al interior del certamen ahora enjuiciado. La
decisión se fundó en que la decisión cuestionada era un acto de carácter particular
y su nulidad generaría un restablecimiento automático del derecho en favor del
actor.

A su turno, mediante sentencia del 5 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado
confirmó la sentencia que declaró la improcedencia de una acción de
cumplimiento promovida por uno de los demandantes de este proceso,11 en la que
se pretendía declarar la ineficacia del concurso en comento. En tal sentido, se
concluyó que el interesado debió promover la demanda de simple nulidad contra el
Acuerdo 0002 de 2015, por las siguientes razones:12

En el acuerdo citado [se refiere al Acuerdo 0002 de 2015], la presidenta de la
Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía declaró la ineficacia parcial de la
convocatoria 011 de 2008 por supresión de cargos y sustrajo de la misma cinco (5)
empleos de Secretario III, hoy Secretario Administrativo II, con fundamento en que
éstos fueron suprimidos por razones de restructuración y modificación de la planta
de personal de la entidad, e invocó como sustento de la decisión el cumplimiento del
artículo 120 del Decreto Ley 20 de 201413.

Bajo esa óptica, se advierte que la accionada adoptó una decisión de carácter
administrativo en orden a modificar los términos de una de las convocatorias a
cargos de carrera convocada en el año 2008, en relación con el empleo que
consideró suprimido; en cuanto a los demás empleos, la accionada precisó que la
ineficacia de que trata la norma citada como infringida sólo se predica de los
empleos que han sido suprimidos, de lo cual se infiere que se surtió un análisis
de los demás cargos ofertados en la convocatoria de que se trata, para efectos
de concluir que un solo cargo lo fue.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 11001-03-25-000-2016-00522-00 (2344-
2016).
11
El señor Javier Andrés Perozo Hernández.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado: 54001-23-33-000-2015-00203-01.
13
Numeral primero de la parte resolutiva del Acuerdo No. 0002 de enero trece (13) de dos mil quince (2015)
“Por medio del cual se declara la ineficacia parcial de la Convocatoria No. 011 de 2008 por supresión de
cargos, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 120 del Decreto Ley 020 de 2014…” (Folio 10 del
cuaderno de pruebas).

8

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

En ese orden de ideas, como la administración sólo entendió suprimido el cargo
señalado en el acto en cita, con fundamento en la información que remitió el equipo
de planta de la Fiscalía General de la Nación, lo procedente es controvertir la
decisión contenida en el acuerdo a través del medio de control de nulidad previsto
para tal efecto, el cual se encuentra consagrado en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]. [Resalta la
Sala].

Bajo esta línea argumentativa, se concluye que la presente demanda fue
correctamente encauzada, ya que el Acuerdo 0002 de 2015 contiene la decisión
de la administración en relación con la forma en que debió aplicarse el artículo 120
del Decreto 20 de 2014 al interior del referido certamen y concluyó que solo frente
a 5 cargos operó la ineficacia del concurso en tanto fueron suprimidos de la nueva
planta de personal. En efecto, en el acto acusado se lee lo siguiente:14

Que con ocasión de la reestructuración de la Entidad y la expedición del Decreto
Ley 020 de 2014, la estructura orgánica y funcional de la Comisión de la Carrera
Especial de la Fiscalía General de la Nación sufrió ajustes que debieron ponerse en
práctica una vez el Fiscal General de la Nación implementó la nueva estructura de la
entidad a través de la Resolución No. 0-0467 del 01 de abril de 2014 […].

Que el artículo 120 del Decreto Ley 020 de 2014 establece: […]

Que la Comisión de Carrera Especial en sesión del 1 de agosto de 2014 solicitó, por
intermedio de la Subdirección de Apoyo a la Comisión, oficiar al equipo de planta de
la Fiscalía para que informara, entre otros aspectos, cuáles cargos fueron
efectivamente suprimidos como consecuencia del proyecto de modernización
institucional.
[…]
Que de conformidad con la información aportada por el equipo de planta del
despacho del Fiscal General, cinco (5) cargos de SECRETARIO III, hoy
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II, en aplicación de las equivalencias
establecidas por el Decreto ley 017 de 2014, que fueron ofertados dentro de la
Convocatoria No 011-2008, fueron suprimidos dentro del proceso de modernización
adelantado al interior de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual el
proceso de selección seguiría en curso para 1.711 cargos.
[…]
Que en cumplimiento de la disposición legal y del análisis efectuado, la ineficacia a
la que se refiere la norma solo se predica de los empleos que en virtud de la
reforma han sido suprimidos. [Resalta la Sala].

La anterior transcripción evidencia que el Acuerdo 0002 de 2015 analizó la manera
en que debía aplicarse el artículo 120 del Decreto 20 de 2014, sobre el cual se
14
Folios 136 a 144.

9

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

edifican las pretensiones del sub lite, y determinó que el concurso de méritos no
podía seguir frente a 5 empleos de secretario III, hoy secretario administrativo II,
pero que debía continuar respecto de los demás cargos ofertados, equivalentes a
1.711 plazas.

Así las cosas, la demanda reúne los presupuestos necesarios para emitir un
pronunciamiento de fondo, ya que los actos acusados guardan conexidad con el
litigio planteado, tendiente a que se declare la ineficacia de las Convocatorias 001
a 015 de 2008, bajo el argumento de que todos los cargos ofertados fueron
suprimidos por la reestructuración de la FGN, dispuesta por los Decretos Leyes 16
a 21 de 2014.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Fines de la carrera administrativa

El artículo 125 de la Constitución Política de 1991 dispuso que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.

La Corte Constitucional ha expresado que la carrera administrativa persigue los
siguientes fines:15

El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los
principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como procurar la
estabilidad en los cargos públicos, con base en estos principios y en la
honestidad en el desempeño de los mismos. Se busca que la administración
esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación
profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con
las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que
prestan sus servicios al Estado. El elemento objetivo de la eficiencia es el
determinante de la estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón
suficiente. No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la
efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación

15
C-195 de 1994.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

fundada en motivos diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se hará por
hechos determinados legalmente, inspirados en la realidad de la eficiencia
laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general.

De acuerdo con el anterior lineamiento, el sistema de carrera administrativa ha
sido entendido como el mecanismo prevalente para garantizar que las personas
más idóneas accedan a la función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad
de oportunidades para desempeñar los empleos oficiales.

De esta manera, los cargos de carrera deben proveerse mediante procesos de
selección objetivos y transparentes en los que se privilegie el principio del mérito
por constituir un presupuesto de ingreso, permanencia y ascenso en los cargos
públicos. Bajo este esquema se materializan valores y principios superiores como
la justicia, igualdad, participación, dignidad humana y trabajo.

2.3.2. Implementación del sistema de carrera en la FGN

El artículo 253 de la Constitución Política dispuso que la FGN contaría con un
régimen especial e instituyó el mérito como criterio para la designación de sus
servidores mediante concurso público; sin embargo, históricamente la
jurisprudencia ha constatado que tal mandato no se ha cumplido a cabalidad.

En tal sentido se destaca la Sentencia C-102 de 2022 que efectuó un recuento
frente a las dificultades que ha tenido la FGN para implementar los concursos de
méritos y resaltó las siguientes sentencias hito:

i) Sentencia T-131 de 2005.16 En esta providencia se constató que habían
transcurrido varios años desde la expedición de la Constitución Política de 1991
sin que se hubiera logrado implementar el sistema de carrera en la FGN, pese a
que una sentencia proferida en el marco de una acción de cumplimiento
conminó a la entidad a cumplir con ese deber, pero esta adujo dificultades de
orden financiero que imposibilitaban el acatamiento de la orden judicial.

16
Proferida por la Corte Constitucional.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

La Corte Constitucional concluyó que la omisión en comento ponía en riesgo los
principios orientadores de la función pública y atentaba contra los derechos de
los ciudadanos a conformar el poder político y ocupar cargos públicos. En
consecuencia, se ordenó la adopción de medidas concretas y verificables
tendentes a implementar el sistema de carrera.

En atención a lo ordenado por la referida providencia, la FGN elaboró las
convocatorias 001-2008 a 0015-2008 para proveer cargos del nivel profesional,
técnico y asistencial,17 cuya eficacia se discute en el presente asunto.

ii) Sentencia C-279 de 2007.18 Esta decisión dispuso que «a más tardar el 31
de diciembre de 2008 la Fiscalía General de la Nación deberá haber culminado
la aplicación del sistema de carrera en la entidad, mediante los concursos
públicos de mérito correspondientes». Esta orden obedeció a que la FGN había
acudido al nombramiento en provisionalidad como regla general para proveer
sus cargos, situación que vulneraba los derechos a la igualdad, debido proceso
e ingreso al servicio público por el sistema del mérito.

En virtud de dicha orden, en el año 2007, la FGN realizó un concurso para
proveer 4.697 plazas mediante concurso público; sin embargo, para ese
entonces, existían 9.498 empleos con idéntico perfil a los ofertados.

iii) Sentencia SU-446 de 2011.19 Este fallo instó nuevamente a la FGN a
realizar, en un plazo no superior a 2 años, los concursos públicos para conjurar
el escenario generalizado de los nombramientos en provisionalidad.

iv) Sentencia del 22 de octubre de 2020.20 Este pronunciamiento confirmó la
decisión de primera instancia que ordenó a la FGN «adelantar todas las tareas

17
Información extraída del Acuerdo 12 de 201, proferido por la Comisión Nacional de Administración de la
Carrera de la FGN (folios 331 a 334).
18
Proferida por la Corte Constitucional.
19
Proferida por la Corte Constitucional.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado: 25000-23-41-000-2020-00185-01.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

administrativas pertinentes y necesarias con el fin de obtener las partidas
presupuestales correspondientes que permitan atender los concursos públicos
de mérito de la entidad, y una vez vencido el término anterior, proceda a realizar
las respectivas convocatorias para proveer los cargos de carrera que se
encuentren vacantes definitivamente o que estén provistos mediante
nombramiento provisional o encargo».

v) Sentencia C-102 de 2022. A partir del anterior contexto, la Corte
Constitucional evidenció que la jurisdicción ha fallado diversas acciones de
tutela, de inconstitucionalidad y de cumplimiento tenientes a lograr la
implementación del sistema de carrera en la FGN; sin embargo, se seguía
evidenciando un incumplimiento sistemático del deber de abrir las convocatorias
necesarias para proveer los cargos conforme al criterio del mérito. Inclusive,
para el momento de emitirse dicha decisión la entidad tenía una nómina
aproximada de 24.000 servidores, pero solamente 5.503 estaban inscritos en el
sistema de carrera, «lo que equivale al 23% del total».

Aunadas a las dificultades antes resaltadas, en lo que atañe al sub lite, se observa
que las convocatorias 001 a 015 de 2008, encaminadas a proveer 1.716 empleos
en la FGN, sufrieron varios tropiezos que condujeron a la suspensión del certamen
e inclusive se modificó la planta de personal durante su desarrollo.

En efecto, los Actos Legislativos 1 de 2008 y 4 de 2011 adoptaron medidas para
lograr que el personal vinculado en provisionalidad accediera a la carrera
administrativa a través de inscripciones extraordinarias o sin necesidad de
presentar pruebas de conocimientos, al permitirles homologar la experiencia y
estudios realizados.

Dichos actos legislativos fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional, mediante las Sentencias C-588 de 2009 y C-249 de 2012, por
cuanto tales prerrogativas quebrantaban los postulados del acceso a los empleos
públicos en virtud de las calidades intelectuales, profesionales y morales que

13

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

había entronizado el constituyente primario como presupuesto de acceso a los
empleos oficiales.

Al respecto, se explicó que los mencionados actos legislativos condujeron a la
sustitución de la Constitución, en tanto desconocieron «el principio axial de la
carrera administrativa y sus componentes de mérito y de igualdad».21

Posteriormente, la Ley 1654 de 2013 otorgó facultades extraordinarias al
presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de
la FGN. Dicha atribución fue desarrollada por los Decretos Leyes 16 a 18, 20 y 21
de 2014, que en su orden regularon lo siguiente: i) estructura orgánica y funcional;
ii) niveles jerárquicos, nomenclatura, equivalencias y requisitos generales de los
empleos; iii) planta de cargos; iv) clasificación de los empleos y régimen de carrera
especial; y v) situaciones administrativas de los servidores de la FGN.

Para el momento en que se efectuó la aludida reestructuración de la entidad no se
habían proferido las listas de elegibles dentro del proceso de selección ahora
enjuiciado; sin embargo, tal situación fue prevista por el artículo 120 del Decreto
Ley 20 de 2014, en los siguientes términos:

Artículo 120. Artículo transitorio. Procesos de selección en curso. Los procesos
de selección que a la fecha de expedición del presente decreto ley adelante la
Fiscalía General de la Nación, que no hayan concluido con lista de elegibles en
firme, por razones de la reestructuración y de la modificación de la planta de
personal adelantada en la entidad, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 1654 de 2013, serán ineficaces respecto de los empleos que
sean suprimidos efectivamente de la planta de personal y frente a los empleos
cuyos requisitos y perfil para su desempeño varíen de manera que sea
improcedente su continuación. El proceso de selección en curso para los demás
empleos deberá desarrollarse hasta su culminación con las normas vigentes en el
momento de la convocatoria.

Los empleos cuyo concurso quedó sin efectos por variación en sus requisitos y perfil
para su desempeño, deberán ser convocados nuevamente a concurso en los
términos y condiciones señalados en el presente decreto ley.

La anterior disposición evidencia que el legislador extraordinario no fue ajeno a las

21
Sentencia C-249 de 2012.

14

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

dificultades que históricamente presentó la FGN para implementar el sistema de
carrera administrativa; por el contrario, explicitó su interés de salvaguardar los
procesos de selección en curso, respetando los lineamientos trazados en las
convocatorias, con el fin de proveer los empleos allí ofertados, siempre y cuando
no hubieran sido suprimidos o sufrido una modificación significativa de sus
perfiles.

2.4. Hechos probados

• Mediante las Convocatorias 001-2008 a 015-2008, la FGN convocó a concurso
abierto de méritos para proveer 1.716 cargos.22

• El 15 de julio de 2013, a través de la Ley 1654, el Congreso de la República
otorgó facultades extraordinarias al presidente para modificar la estructura y la
planta de personal de la FGN y expedir su régimen de carrera y situaciones
administrativas. Dichas potestades se ejercieron a través de los Decretos Leyes
16 a 18, 20 y 21 de 2014.

• El 2 de abril de 2014, por Resolución 0-0470, el fiscal General de la Nación
adoptó el manual específico de funciones y requisitos de los empleos que
conforman la planta de personal de la entidad, establecida en el Decreto Ley 18 de
2014.23

• El 4 de agosto de 2014, la subdirectora Nacional de Apoyo a la Comisión de la
Carrera Especial de la FGN, en atención a la sesión realizada por dicho órgano el 1
de los referidos mes y año, solicitó al Equipo de Planta de la entidad suministrar la
siguiente información:24

22
Información extraída de los Acuerdos 0003 a 0017, proferidos por la Comisión de la Carrera Especial de la
FGN (folios 57 a 105).
23
Folios 186 a 289.
24
Folios 350 a 351.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

1. La ubicación actual de los 1.716 cargos convocados a concurso de méritos del
Área Administrativa y Financiera del año 2008, esto es, la seccional, el área y/o
dependencia.

2. Cuáles de dichos cargos fueron efectivamente suprimidos como consecuencia del
proyecto de modernización institucional.

• El 5 de noviembre de 2014, la asesora del despacho del fiscal General aportó el
«[a]nálisis de los cargos suprimidos proceso post modernización» y aclaró que
«[e]n cuanto a los 41 cargos suprimidos reportados en el oficio DFGN 01730
radicado 20141000012153, al realizar el ejercicio se confirma la cifra; frente a
estos se estableció que 36 correspondían a la planta adicionada en el año 2011
por los Decretos 2248 y 4883 de agosto 28 y diciembre 22 del mismo año, en
consecuencia no fueron ofertados en el concurso de 2008; los 5 restantes
correspondían a cargos que existían en la planta del área administrativa para el
año 2008 en estado vacante al momento de la resta».25

• El 13 de enero de 2015, por Acuerdo 0002, la Comisión de la Carrera Especial
de la FGN declaró la «ineficacia parcial de la Convocatoria 011 de 2008 por
supresión de cargos, en cumplimiento del artículo 120 del Decreto Ley 020 de
2014, sustrayendo de la misma cinco (5) empleos de Secretario III hoy Secretario
Administrativo II, toda vez que fueron suprimidos efectivamente por razones de la
reestructuración y la modificación de la planta de personal de la Fiscalía a través
del Decreto Ley 018 de 2014».26

• El 5 de febrero de 2015, por Acuerdos 0003 a 0017, la Comisión de la Carrera
Especial de la FGN conformó las listas definitivas de elegibles para la provisión de
los cargos ofertados en las Convocatorias 001-2008 a 015-2008, con base en las
siguientes consideraciones:27

25
Folios 352 a 353.
26
Folios 136 a 144.
27
Folios 57 a 105.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

i) Mediante las Convocatorias 001 a 015 de 2008, la FGN convocó a concurso
abierto de méritos para la provisión de 1.716 cargos del área administrativa,
correspondientes a los niveles profesional, técnico y asistencial.

ii) El concurso fue suspendido en varias oportunidades, por las razones que
se indican a continuación:

➢ Por la expedición del Acto Legislativo 1 de 2008, en tanto dispuso la
inscripción extraordinaria en carrera de los empleados provisionales.
Esta norma fue declarada inexequible por la Sentencia C-588 de 2009.

➢ Por cuanto el Acto Legislativo 4 de 2011 estableció la homologación de
la prueba de conocimientos para aquellos servidores vinculados en
provisionalidad o en encargo al 31 de diciembre de 2010. Esta
disposición fue declarada inexequible por la Sentencia C-249 de 2012.

➢ Mientras el Consejo de Estado emitía concepto frente a los criterios que
debían atenderse para conformar las listas de elegibles, el cual se
suscribió el 10 de diciembre de 2013, mantuvo una reserva de 6 meses
y fue acogido por la FGN en sesión del 22 de septiembre de 2014.

iii) Los Decretos Leyes 16 al 21 de 2014 reestructuraron la FGN, situación que
condujo a actualizar su planta de personal, definir los niveles jerárquicos,
modificar la nomenclatura, establecer equivalencias y requisitos generales para
el ingreso.

iv) En razón a la tabla de equivalencias, los empleos ofertados en las
Convocatorias 001 a 015 de 2008 cambiaron su nomenclatura, por ende,
quienes aprobaron el certamen serían nombrados en la actual denominación.

• El 22 de abril de 2015, señor Javier Andrés Perozo Hernández instó a la FGN a
cumplir el artículo 120 del Decreto 20 de 2014 y, en consecuencia, declarar la

17

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

ineficacia de las Convocatorias 001 a 015 de 2008 y las listas de elegibles
proferidas en el marco de dicho proceso de selección.28

• El 5 de mayo de 2015, por Oficio SACCE 20157010007381, la FGN negó la anterior
petición, en razón a que la improcedencia de las convocatorias no operaba de
manera automática; por el contrario, era necesario revisar si los perfiles de los
cargos convocados sufrieron modificaciones que impidieran continuar los procesos
de selección. Una vez realizada dicha valoración y previo concepto del DAFP,29 se
observó que la variación introducida en los manuales de funciones no fue
sustancial, por lo que podía seguirse con los concursos. Finalmente, fue necesario
declarar la ineficacia del certamen frente a 5 empleos, pero no porque se hubiera
variado su perfil, sino porque fueron suprimidos por los Decretos Leyes 17 y 18 de
2014.30

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Los demandantes sostuvieron que los actos acusados se encuentran viciados de
nulidad, ya que se limitaron a dejar sin efectos parcialmente la Convocatoria 011
de 2008, respecto de 5 cargos, pese a que lo procedente era impedir la
continuidad del concurso adelantado en virtud de las convocatorias 001 a 015 de
2008, conforme lo ordenó el artículo 120 del Decreto Ley 20 de 2014, ya que todos
los empleos ofertados sufrieron una modificación de sus perfiles desde el punto de
vista de su denominación, funciones y requisitos de acceso, situación que impedía
culminar satisfactoriamente el proceso de selección.

Ahora bien, las referidas convocatorias ofertaron 1.716 plazas correspondientes a
15 categorías de empleo, por lo que se podría considerar que para determinar si
existe identidad o correspondencia entre los cargos convocados y los que
quedaron en la nueva planta de personal bastaría con cotejar el manual de
funciones existente para la época en que se inició el concurso con el vigente para

28
Información extraída del Oficio SACCE 20157010007381 del 5 de mayo de 2015 (folios 54 a 56).
29
Departamento Administrativo de la Función Pública.
30
Folios 54 a 56.

18

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

la fecha en que se conformaron las listas de elegibles, como lo proponen los
accionantes.

Sin embargo, aquella comparación deja de lado un aspecto fundamental de la
reestructuración que efectuó el legislador extraordinario en el año 2014 y que
sujetó las decisiones de la administración frente al concurso enjuiciado en el sub
lite.

En efecto, los actos acusados y los que se expidieron con posterioridad para
conformar las listas de elegibles de las Convocatorias 001 a 015 de 2008 no
obedecieron a una decisión discrecional de la administración, sino que aquella fue
reglada y delimitada por el Decreto Ley 17 de 2014, en tanto definió expresamente
la equivalencia entre los cargos con los que venía operando la entidad y los
previstos en la nueva planta.

Antes de revisar en detalle la tabla de equivalencias aplicable al presente asunto,
es oportuno recordar que esta corporación y la Corte Constitucional en varias
oportunidades han explicado que un empleo es equivalente a otro cuando se
presentan los siguientes presupuestos:31

i) Tienen asignadas funciones iguales o similares.
ii) Para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y
competencias laborales iguales o similares.
iii) Tengan una asignación básica mensual igual o superior.

Partiendo del anterior concepto de equivalencia en el empleo público, se observa
que el artículo 9 del Decreto Ley 17 de 2014 dispuso que para efectos de la
aplicación de la nueva nomenclatura se fijaban «las siguientes equivalencias
frente a las denominaciones de empleos establecidas en la Ley 938 de 2004 y en
los Decretos 2824 de 2005, 123 de 2007 y 4058 de 2011». Dichas equivalencias

31
i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, radicado:
41001-23-31-000-2001-00701-01 (3564 – 2014); ii) Corte Constitucional, Sentencias T-700 de 2006, T-587 de
2008 y T-849 de 2010.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
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en el caso específico de las 15 denominaciones de empleos ofertados en el
certamen objeto de estudio corresponden a las siguientes:

Convocatoria Empleo ofertado Empleo equivalente
001-2008 Profesional especializado II Profesional especializado II
002-2008 Profesional especializado I Profesional especializado I
003-2008 Profesional universitario III Profesional de gestión III
004-2008 Profesional universitario II Profesional de gestión II
005-2008 Profesional universitario I Profesional de gestión II
006-2008 Técnico administrativo IV Técnico II
007-2008 Técnico administrativo III Técnico I
008-2008 Técnico administrativo II Técnico I
009-2008 Técnico administrativo I Técnico I
Secretario ejecutivo I Secretario ejecutivo
010-2008
Secretario ejecutivo II Técnico III
Secretario I Secretario administrativo I
Secretario II Secretario administrativo I
011-2008
Secretario III Secretario administrativo II
Secretario IV Secretario administrativo II
012-2008 Asistente administrativo III Técnico II
013-2008 Asistente administrativo II Asistente II
014-2008 Asistente administrativo I Asistente I
Auxiliar administrativo III Auxiliar II
015-2008 Auxiliar administrativo II Auxiliar I
Auxiliar administrativo I Auxiliar I

Es preciso aclarar que respecto del cargo de profesional especializado I no se
efectuó una equivalencia específica en el artículo 9 del Decreto Ley 17 de 2014,
pues dicho empleo estaba previsto en la planta inicial y se mantuvo en la nueva.

Por su parte, dicha norma dispuso que «[l]os servidores que desempeñen los
empleos cuya nomenclatura cambió de acuerdo con lo señalado en el presente

20

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decreto ley serán incorporados directamente en los empleos equivalentes de
conformidad con la tabla señalada en el presente artículo en la planta de personal
que se adopte. Para efectos de la incorporación no se les exigirá requisitos
adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la
remuneración que se establezca para el empleo equivalente».

En similar sentido, el artículo 3 del Decreto Ley 18 de 2014 previó que «[l]os
servidores que desempeñen los empleos suprimidos en el artículo 1° del presente
decreto y cuya nomenclatura cambió, serán incorporados directamente en los
empleos equivalentes o en los cuales fueron agrupados, de conformidad con la
tabla señalada en el decreto que fija la nomenclatura para la Fiscalía General de la
Nación. Para efectos de la incorporación directa no se les exigirá requisitos
adicionales a los acreditados al momento de su posesión, devengarán la
remuneración que se establezca para el empleo equivalente y su acta de posesión
deberá ser actualizada y comunicada al servidor público incorporado».

En este orden de ideas, el legislador extraordinario estableció una tabla de
equivalencias entre los empleos de la planta de personal anterior y la que regiría a
partir de la reestructuración implementada en el 2014, con el fin de garantizar la
estabilidad y los derechos laborales de sus servidores.

Para efectos de establecer las referidas equivalencias, el Decreto Ley 17 de 2014
determinó expresamente las funciones generales asignadas a los distintos niveles
de empleo, esto es, directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.
Igualmente, la norma enlistó los requisitos de acceso para cauda uno de los
cargos de la nueva planta de personal.

En virtud de ello, el artículo 19 ibidem indicó que «[l]as funciones generales y los
requisitos de estudios y de experiencia que se fijan en el presente Decreto Ley
para cada nivel jerárquico, servirán de base para la elaboración del Manual de
Funciones y Requisitos para los diferentes empleos de la Fiscalía General de la
Nación».

21

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Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

En este orden de ideas, el Decreto Ley 17 de 2014 hizo las equivalencias de
empleos con fundamento en las funciones generales y los requisitos de
experiencia y estudio que debían acreditarse para ocuparlos. A su vez, el manual
de funciones debía expedirse con sujeción a esos presupuestos, es decir, que su
contenido también se encuentra acorde con las equivalencias determinadas en el
ordenamiento superior y guarda correlación con los perfiles de los cargos
conforme fueron allí diseñados.

Ahora bien, el artículo 120 del Decreto Ley 20 de 2014 dispuso que los procesos
de selección que a la fecha de su expedición se estuvieran adelantando en la FGN
y no hubieran concluido con lista de elegibles en firme, serían ineficaces en dos
eventos, a saber: i) «respecto de los empleos que sean suprimidos efectivamente
de la planta de personal» y ii) «frente a los empleos cuyos requisitos y perfil para
su desempeño varíen de manera que sea improcedente su continuación».

Sin embargo, en lo que respecta a las Convocatorias 001 a 015 de 2008
realmente no operaba la segunda causal de ineficacia, pues el Decreto Ley 17 de
2014 había determinado cuál era el empleo equivalente al ofertado en la nueva
planta de personal, situación que impedía hablar de una modificación sustancial
de los perfiles de los empleos convocados, pues la equivalencia suponía una
identidad o similitud en las funciones, requisitos de acceso y una remuneración
igual o superior.

Entonces, le asiste razón a la entidad demandada en cuanto declaró la ineficacia
parcial de la Convocatoria 011 de 2008, por cuanto 5 de los cargos ofertados
fueron efectivamente suprimidos, es decir, bajo la lógica de que esa era la única
causa válida para no continuar el certamen en los términos establecidos por el
artículo 120 del Decreto Ley 20 de 2014.

De manera correlativa, conforme a dicha norma, el proceso de selección debía
«desarrollarse hasta su culminación con las normas vigentes en el momento de la

22

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

convocatoria», pues los demás cargos ofertados mantuvieron una relación de
correspondencia o equivalencia con los de la nueva planta y su número tampoco
disminuyó, esto es, no fueron suprimidos.

Igualmente, resultaba razonable que la FGN hubiera acogido el criterio de
equivalencias adoptado por el legislador extraordinario para culminar el certamen,
pues tal equiparación era relevante para hacer las incorporaciones de los
empleados que venían nombrados y actualizar sus registros en el sistema de
carrera.

En efecto, devenía lógico utilizar el parámetro de las equivalencias para permitir la
continuidad del proceso de selección, pues existía correlación funcional, salarial y
de requisitos entre los cargos ofertados y los previstos en la nueva planta, por
ende, no podía predicarse una variación sustancial de los perfiles que impidiera
culminar satisfactoriamente el concurso de la manera en que se diseñó
inicialmente.

En otras palabras, el Decreto Ley 17 de 2014 definió en forma preliminar y
prevalente el entendimiento que debía adoptar la FGN para efectuar las
incorporaciones en la nueva planta de personal, así como para decidir sobre la
continuidad de los concursos que se encontraban en trámite para el momento en
que se verificó la reestructuración de la entidad.

Este entendimiento también es congruente con la naturaleza que tiene la
convocatoria como ley del concurso y que la torna inmodificable, debido a su
carácter vinculante para la administración y los participantes. Al respecto, la
Sentencia C-1040 de 2007, sostuvo:

En distintas ocasiones la Corte Constitucional ha considerado que el cambio de las
reglas de juego de los concursos para provisión de cargos públicos constituye
vulneración de los derechos fundamentales de los aspirantes. El fundamento
constitucional de dicha conclusión es múltiple: el principio de transparencia de la
actividad administrativa se empaña si en contravía de las legítimas expectativas del
aspirante, su posición en el concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de
publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso

23

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00814-00 (3726-2016)
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se modifican sin el consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los
principios de moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se
desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas
de juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los
concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no puede
descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma
se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la
autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las condiciones
en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 2º C.P.), se
vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las
condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre
constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc, se ven
comprometidos cuando la autoridad competente transforma las condiciones y
requisitos de participación y calificación de un concurso de estas características.
Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos,
consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un
concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las
condiciones de acceso y a evaluación.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado que la convocatoria para
proveer empleos de carrera administrativa parte del supuesto de que aquellos
existen, pues «carece de toda razonabilidad someter a un particular interesado en
el mismo a las pruebas, exámenes y entrevistas que pueden resultar tensionantes
para la mayoría de las personas, sin que el proceso adelantado y sus resultados
se traduzcan en el efectivo nombramiento».32

De esta manera, la convocatoria es ley del concurso y una de sus reglas específicas
lo constituyen «las plazas a proveer», por ende, también frente a ellas se predica su
vinculatoriedad.

Frente a este aspecto en particular, la Corte Constitucional ha indicado que las
reglas de la convocatoria están llamadas respetarse integralmente, «incluyendo las
plazas dispuestas a proveer, pues es necesario que el concursante tenga
conocimiento acerca de las vacantes existentes del cargo al que aspira, dado que,
de no ser así, podrían generarse falsas expectativas sobre las vacantes
disponibles».33

32
Sentencia T-455 de 2000.
33
Sentencia T-483 de 2013. En similar sentido pueden consultarse las siguientes providencias: i) del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-25-000-
2017-00767-00(4044-17); ii) de la Corte Constitucional, Sentencia T-112A de 2014.

24

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Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

Así las cosas, los actos acusados fueron consecuentes con el respeto al debido
proceso, la confianza legítima y el principio de buena fe de los concursantes que
se inscribieron en las convocatorias del año 2008 con la expectativa de ocupar las
plazas convocadas.

En este sentido, se aprecia que la administración hizo un esfuerzo por respetar el
principio del mérito, garantizar el carácter vinculante de la convocatoria y acatar
las decisiones judiciales que durante varios años venían reclamando la
implementación urgente del sistema de carrera al interior de la FGN.

Tal determinación también resulta consecuente con la manera en que se configuró
el concurso, pues permitía evaluar los conocimientos de los aspirantes sin
atención al área específica en que desempeñarían sus funciones, sino de cara a
sus profesiones y al nivel que pretendían ocupar. Al respecto, se resaltan los
siguientes apartes del Concepto 2158, suscrito por la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta corporación, en el que se analizaron los criterios que debían tenerse
en cuenta para conformar las listas de elegibles dentro de dicho proceso de
selección:34

[…] en cada una de dichas convocatorias se ofertaban cargos de una determinada
denominación de empleo, el cual estaba referido a diferentes grupos (profesiones)
sin consideración al área de ubicación de los cargos.

Es por esta razón que en la realización de las pruebas el módulo de conocimientos
generales era común para todos los grupos (profesiones) correspondientes al
mismo nivel de empleo, y el de conocimientos específicos era común para cada
grupo en particular (abogados, contadores, estadísticos), sin importar el área o
dependencia escogida o preferida por el aspirante en el formulario de inscripción.
[…]
“Para la elaboración de las pruebas escritas de conocimientos se tuvo en cuenta
tanto los niveles de cargos como los grupos de la convocatoria. Si bien las áreas
específicas fueron mencionadas en las convocatorias, estas no determinaron el
contenido específico de las pruebas de conocimientos.

Teniendo en cuenta los grupos de la convocatoria, se estructuraron los módulos de
conocimientos específicos de las pruebas eliminatorias, los cuales evaluaron

34
Concepto del 10 de diciembre de 2013, radicado: 11001-03-06-000-2013-00387-00 (2158).

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Demandante: Javier Andrés Perozo Hernández y otro

conocimientos básicos de formación académica del concursante, necesarios para el
desempeño del cargo al que aspiraba […].

De acuerdo con el anterior lineamiento, se observa que el examen efectuado
dentro del concurso del año 2008 no se centró en las áreas específicas a las
cuales estaban asignados los cargos, por ello era válido entender que los
conocimientos y competencias evaluados serían aprovechables en las diferentes
dependencias de la nueva planta de personal.

Así las cosas, la decisión de continuar con dicho certamen no quebrantó el
ordenamiento superior ni el concepto de empleo público, entendido como «el
conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y
las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer
el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado»;35 por el
contrario, los actos demandados se limitaron a materializar las directrices fijadas
por los Decretos Leyes 17, 18 y 20 de 2014 en torno a la equivalencia de los
cargos y la necesidad de continuar los concursos en los que no se hubiera
verificado una supresión de los empleos ofertados o una modificación sustancial
de sus perfiles que impidiera proveerlos bajo las reglas planteadas inicialmente.

A su vez, la homologación de los cargos en los términos realizados por el
legislador extraordinario evidencia que la reestructuración implicó una
readecuación de las funciones, requisitos y asignación salarial, pero se mantuvo la
similitud entre la planta de personal suprimida y la creada, de forma tal que no se
hacía necesario desvincular a todo el personal que venía trabajando, ni mucho
menos declarar la ineficacia de los concursos que se encontraban en desarrollo.

También es importante tener presente que el certamen enjuiciado inició en el año
2008 y fue suspendido por circunstancias que no eran imputables a los
participantes, de manera que solo hasta el mes de febrero de 2015 se expidieron
los listados de elegibles, por ende, la reestructuración que sobrevino con
posterioridad a las convocatorias no podía constituirse en razón suficiente o

35
Artículo 19 de la Ley 909 de 2004.

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exclusiva para socavar la confianza que aquellos tenían frente a la adecuada
culminación del concurso y su posibilidad de ser nombrados luego de haber
superado todas las etapas.

Por el contrario, conforme lo previó el legislador extraordinario, dichos concursos
únicamente podían perder eficacia si las plazas ofertadas eran suprimidas o
variaban sus presupuestos esenciales de manera que no existiera
correspondencia en la nueva planta.

Así las cosas, las diferencias que se hubieran presentado entre los cargos
convocados a concurso en el año 2008 y los establecidos en la planta de personal
del año 2014, en relación con su denominación, funciones y requisitos de ingreso,
no son suficientes para dejar sin efectos dicho certamen, ya que el Decreto Ley 17
de 2014 evaluó esos elementos y concluyó que había una afinidad que permitía
hacer las equivalencias en los términos antes indicados, por ende, no se presentó
una modificación sustancial de los perfiles que impidiera llevar a buen fin los
procesos de selección.

Aunado a ello, debe recordarse que la equivalencia entre los cargos no implica
que sean idénticos, sino que basta con que exista similitud en sus componentes
esenciales, característica que fue estudiada en la referida disposición y los actores
no aportaron elementos tendientes a demostrar que tal valoración se encuentre
desajustada de cara a la misión que cumple la FGN o en relación con las
necesidades del servicio.

Igualmente, se observa que el DAFP estudió los perfiles de los cargos de la nueva
planta de personal en aras de responder la consulta que le elevó la FGN tendiente
a estudiar la continuidad de los concursos de méritos que se venían tramitando
antes de dicha reforma. En esa oportunidad se concluyó lo siguiente: 36

36
Concepto 6751 del 19 de enero de 2015. radicado: 20156000006751.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=62709

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Una vez analizado el cuadro comparativo elaborado por la Fiscalía General de la
Nación entre los requisitos y el perfil de los cargos convocados frente a los
requisitos de los nuevos cargos creados como consecuencia del proceso de
modernización institucional adoptados en el Manual de Funciones (Resolución No-
0-0470 del 2 de abril de 2014), se evidenció lo siguiente:

• En cuatro (4) cargos se solicita un (1) año más de experiencia.
• En uno (1) no se requería experiencia y ahora si se solicita.
• En uno (1) se solicitaba experiencia pero antes era general y ahora es relacionada.
• En uno (1) se solicita un (1) año más de formación superior y el tipo de experiencia
ahora es laboral y no específica.
• En uno (1) se solicita un (1) año menos de experiencia pero antes era general y
ahora es relacionada.
• En uno (1) se solicitan tres (3) años de experiencia.

En todos los casos expuestos se evidencia que hubo un cambio en los requisitos
mínimos para el desempeño de los cargos, en cuanto a número de años de
experiencia o tipo de experiencia y en otro caso se solicitan requisitos de estudio
adicionales, sin que tal variación altere sustancialmente los empleos. Es decir, el
cambio de requisitos no es esencial, significativo y de tal entidad y
trascendencia que permita afirmar que se trata de un empleo diferente al
inicialmente convocado.

En ese sentido, al no sufrir una variación esencial en los requisitos de formación
académica y experiencia se considera que en ninguno de los casos es hacer
improcedente la continuación del concurso que culmine con la elaboración de la lista
de elegibles y los nombramientos correspondientes conforme a las reglas de la
convocatoria inicial.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección considera que en todos los casos
señalados es procedente la continuación de los procesos de selección
adelantados por la Fiscalía General de la Nación, y en consecuencia, para estos
empleos el concurso surte sus efectos, por cuanto la variación en los requisitos y
perfil para su desempeño, no es de tal entidad que haga improcedente su
continuación. [Resalta la Sala].

En este orden de ideas, se observa que el DAFP comparó los perfiles de los cargos
de la planta de personal de la FGN creada en el año 2014 en relación con los que
habían sido convocados a concurso con anterioridad y encontró que no se había
presentado una variación esencial que impidiera continuar los procesos de
selección en trámite.

De acuerdo con los análisis efectuados en esta providencia, se concluye que no le
asiste razón a los accionantes en el sentido de indicar que todos los empleos
ofertados en las Convocatorias 001 a 015 de 2015 fueron suprimidos; por el
contrario, se constató una equivalencia con los creados en la nueva planta que

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impedía declarar la ineficacia del certamen al tenor del artículo 120 del Decreto 20
de 2014.

2.6. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18837 del CPACA.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que los señores Javier Andrés Perozo Hernández y
Frank Yurlian Olivares Torres no lograron desvirtuar la legalidad de los actos
enjuiciados y, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por los
señores Javier Andrés Perozo Hernández y Frank Yurlian Olivares Torres en
contra del Acuerdo 0002 del 13 de enero de 2015 y el Oficio SACCE

20157010007381 del 5 de mayo de 2015, proferidos por la Comisión de Carrera
Especial de la FGN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

37
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.

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Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente en comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

30

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