Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-01017-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01017-01 (3120-2024)
Demandante: Martha Isabel Corredor
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Santander
Temas: Desvinculación de secretaria de Juzgado nombrada en provisionalidad,
en reemplazo del titular del cargo a quien se le concedió licencia no remunerada.
REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La señora Martha Isabel Corredor instauró demanda1 en contra de la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Santander, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución 06 del 27 de noviembre de 2019
proferida por el juez segundo penal del circuito del Socorro, mediante la cual dio por
terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de secretaria del
Juzgado que desempeñó de manera ininterrumpida desde el 26 de noviembre de
2015, en reemplazo de su titular Jesús Alberto Monsalve Vesga, a quien se le otorgó
licencia no remunerada para desempeñar otro cargo en la Rama Judicial.
1 Índice 26 de SAMAI.
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4. Que, a título de restablecimiento del derecho, como pretensión principal, se
ordene su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de similares características
sin solución de continuidad y el pago de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que dejó de percibir durante el tiempo que ha permanecido retirada
del servicio y hasta la fecha efectiva de su reintegro; y como pretensión subsidiaria,
que la condena se efectúe a título de indemnización.
5. Que se condene a la parte demandada a indexar las sumas de dinero
susceptibles de corrección monetaria; al pago de intereses legales y moratorios; y
en costas y en agencias en derecho, en caso de oposición; y que la sentencia sea
ejecutada en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que el señor Jesús Alberto Monsalve Vesga, en su condición de secretario en
propiedad del Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro, solicitó licencia no
remunerada por dos años, desde el 27 de noviembre de 2015, para desempeñar el
cargo de juez promiscuo municipal de Muzo, Boyacá, en provisionalidad, por lo cual
el juez segundo penal del circuito se la concedió y la designó como secretaria en
provisionalidad en reemplazo del titular, por el tiempo de la licencia, mediante la
Resolución 06 del 27 de noviembre de 2015.
7. Que el 20 de noviembre de 2017 el señor Jesús Alberto Monsalve Vesga solicitó
prórroga de la licencia, la cual también le fue concedida, por medio de la Resolución
004 del 24 de noviembre de 2017, a partir del 27 de ese mes y año en la que se
dispuso que la demandante seguiría ejerciendo el cargo mientras durara la licencia.
8. Que a mediados del año 2018 el juez le empezó a exigir que le diera la
oportunidad al oficial mayor de ocupar el puesto de secretario, a lo cual no accedió,
lo que desde el mes de agosto generó un constante maltrato verbal y persecución
por parte del titular del Juzgado.
9. Que comunicó la situación a la Oficina de Apoyo de la Rama Judicial, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil, al Comité de Convivencia Laboral de la
Oficina de Trabajo de Bucaramanga e interpuso una queja ante la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga.
10. Que ante la promesa del juez de cambiar su actitud y restablecerle sus derechos,
accedió a solicitar la terminación del proceso disciplinario, pero una vez ello ocurrió
el funcionario judicial continuó con su conducta y el 13 de noviembre de 2019 le
informó verbalmente que le había ordenado al señor Jesús Alberto Monsalve Vesga
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que regresara a ejercer en propiedad el cargo de secretario, pues no prorrogaría la
licencia no remunerada.
11. Que en esa misma fecha, el titular del Juzgado envió el Oficio 809 a la Oficina
de Talento Humano de la Administración Judicial de Bucaramanga, mediante el cual
reportó la supuesta novedad administrativa de que ella laboraría hasta el 26 de
noviembre de 2019, y el 25 de ese mes y año le ordenó telefónicamente que hiciera
entrega al oficial mayor de las llaves de la Secretaría del Juzgado y de todo lo que
estuviera a su cargo, a pesar de que para esa fecha no se le había notificado algún
acto que terminara su nombramiento en provisionalidad.
12. Que al día siguiente radicó un oficio en el que dejó constancia que solo haría
entrega del cargo a su titular y presentó una solicitud para que le fueran notificados
los actos administrativos por los cuales se ordenó la reincorporación del señor Jesús
Alberto Monsalve Vesga y la terminación de su nombramiento en provisionalidad, y
el 27 de noviembre de 2019 pidió al Tribunal Superior de Tunja copia de la renuncia
supuestamente presentada por el titular del cargo de secretario, y a la Oficina de
Administración del Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga le diera a
conocer el acto administrativo en el que se realizó el ingreso a nómina y a la
reincorporación al cargo de secretario en propiedad, petición esta última que fue
remitida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga.
13. Que el 2 de diciembre de 2019 el juez dio respuesta a su petición informándole
que no existía alguna resolución ordenando la reincorporación del señor Jesús
Alberto Monsalve Vesga en el cargo de secretario del Juzgado; que a través de la
Resolución 006 del 27 de noviembre de 2019 se determinó que sus funciones en
ese empleo habían terminado y se expusieron las razones por las que no se incluyó
nuevamente su vinculación en la nómina del Juzgado; y que no se encontró alguna
solicitud de reintegro presentada por el titular del cargo.
14. Que es madre cabeza de familia de dos menores de edad y no tiene recursos
para proveer el sustento de su familia.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
15. Considera vulnerados los artículos 29, 53, 125 y 209 de la Constitución Política;
los artículos 3, 152, 153 y 154 de la Ley 270 de 1996; 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Sociales; y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
16. Que el acto administrativo demandado estaba viciado de nulidad por infracción
de las normas en que debía fundarse, ya que fue designada en reemplazo del señor
Jesús Alberto Monsalve Vesga en el cargo de secretario mientras durara la licencia
no remunerada concedida a este, lo que le otorgaba a su favor los derechos propios
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de esa nominación, entre ellos la estabilidad de que trata el artículo 53
constitucional, lo que impedía la declaratoria de insubsistencia, sin que mediara una
justa causa, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, máxime si se
tiene en cuenta que el 26 de noviembre de 2019 se le retiró del Juzgado sin
notificársele una decisión escrita, lo que solo ocurrió siete días después, que el
titular del cargo no renunció a su licencia y el juez nombró en su reemplazo al señor
Fernando Castañeda Páez, oficial mayor del despacho.
17. Adujo que fue expedido en forma irregular, pues el acto administrativo del 26 de
noviembre de 2019 no solo fue verbal y de «FACTO», sino que careció de
motivación, pues únicamente se le ordenó que se retirara de las instalaciones del
Juzgado y entregara las llaves y los elementos y procesos bajo su custodia al oficial
mayor del Juzgado, sin existir razón para ello, y la Resolución 006 del 27 de
noviembre de 2019 fue expedida con posterioridad a la ejecución de su retiro y solo
le fue comunicado siete días después por correo electrónico, esto es, el 2 de
diciembre de ese año, como respuesta a su petición.
18. Afirmó que se profirió con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
porque no se le permitió controvertir el acto administrativo verbal y de facto ni la
Resolución demandada, frente al primero, debido a que no conoció los motivos, y
respecto al asegundo, pues resultaba inoficioso pronunciarse sobre los argumentos
expuestos, teniendo en cuenta que se profirió después de su ejecución; que además
la Resolución controvertida fue falsamente motivada, ya que se señaló de manera
falaz e injusta supuestas falencias en su trabajo y en su actitud personal frente a los
usuarios del Juzgado y de sus compañeros de trabajo, sin hacer mención alguna a
una situación concreta, como presunto soporte de la decisión, a pesar de que
durante los cuatro años que laboró como secretaria en provisionalidad no recibió
llamados de atención ni quejas y, en cambio, sí obtuvo felicitaciones por su
rendimiento.
19. Sostuvo que los actos fueron expedidos con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió, pues lo que en últimas pretendía el juez era poder
nombrar al señor Fernando Castañeda Páez como secretario y no cumplir los fines
del Estado ni los principios de la función pública.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
20. La demanda fue admitida el 27 de noviembre de 20202. La Nación-Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga –
Santander3 manifestó que operó la caducidad, pues la oportunidad para instaurar
la demanda feneció el 3 de abril de 2020 y la demandante radicó la solicitud de
conciliación el 22 de ese mes y año; además, expresó que los actos administrativos
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico y que el nominador
basó su decisión en motivos plenamente determinados, esto es, la finalización de la
licencia no remunerada concedida al titular del cargo y el desconocimiento de los
deberes legales y funcionales que le fueron asignados.
21. El 13 de abril de 20234 se abrió la etapa probatoria y se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.
22. El 5 de julio de 20235 se corrió traslado para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
23. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 20 de marzo
de 2024, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas. Consideró que
se materializó la garantía de la estabilidad relativa de la demandante porque la
declaratoria de insubsistencia obedeció al vencimiento del período para el cual fue
nombrada, lo que constituyó una causal objetiva de retiro, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 149 de la Ley 270 de 1996. Que el juez invocó las razones
por las que se abstuvo de nominarla nuevamente para cubrir la vacancia temporal
que se generó por la licencia no remunerada concedida al secretario del despacho,
mediante la Resolución 002 del 26 de noviembre de 2019.
24. Sostuvo que el hecho de que se haya efectuado la notificación después de la
fecha de expedición del acto no permitía entender que su elaboración fue en una
fecha distinta y posterior a la allí señalada y tampoco podía entenderse que el retiro
constituyó una vía de hecho, pues la actora conocía la duración del ejercicio del
cargo desde que fue nombrada y el 12 de noviembre de 2019 el juez le comunicó
que el ejercicio de sus funciones cesaría el 26 de noviembre de 2019, cargo del que
hizo entrega al día siguiente.
25. Que con la notificación efectuada el 2 de diciembre de 2019 del acto
administrativo demandado se materializaron los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción y desde ese momento tuvo la posibilidad de controvertir
judicialmente su legalidad, sin que el vicio alegado respecto a la notificación
incidiera en la decisión adoptada, al no afectarse su validez. Además, expresó que
las razones señaladas en la Resolución relacionadas con su desempeño laboral no
fueron los motivos que fundamentaron la finalización del ejercicio de sus funciones,
sino las razones por las cuales el juez se abstuvo de nominarla en la vacante
temporal que se generó como consecuencia de la licencia no remunerada
concedida al titular del cargo mediante la Resolución 002 del 26 de noviembre de
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Folios 1366-1381 del cuaderno 2.
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2019, por lo cual aun si se demostrara su falsedad, lo que no se probó, no tendrían
la virtualidad de quebrantar su legalidad ni para otorgarle un derecho preferente
frente al cargo.
RECURSO DE APELACIÓN7
26. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que se
desconoció la pacífica y reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia
del 26 de agosto de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-03010-01, y auto del 12 de
abril de 2018, exp. 11001-03-25-000-2016-00814-00) y de la Corte Constitucional
(Sentencia SU-250/1998 y SU-917/2010) que ha establecido que la temporalidad
no es un criterio imperante ni objetivo para acceder al retiro del servicio de un
empleado que desempeña un cargo en provisionalidad, sino que debe atender al
principio de razón suficiente, pues el Tribunal solo tuvo en cuenta la temporalidad
del acto administrativo de nombramiento y no las razones falsas contenidas en este.
27. Afirmó que no se valoraron las pruebas testimoniales y documentales ni los
audios que aportó con la demanda, los cuales evidencian «como habla una de las
empleadas en carrera de Él Juez (sic), y el acoso que tenía que soportar para no
acceder a sus vejámenes» y tampoco se estudió que la comunicación del acto
administrativo de desvinculación se realizó con posterioridad al cumplimiento de la
fecha de vencimiento de la licencia (26 de noviembre de 2019), lo que permite
advertir que la intención del juez fue personal y no solo de cumplimiento del plazo,
ya que «resulta insólito que un juez de la república ordene de manera verbal y a
gritos en el recinto del Juzgado, el retiro físico de un funcionario -su secretaria-, y
posteriormente, seis (6) días después (02 de diciembre de 2019), emita y
comunique, vía correo electrónico, un supuesto acto administrativo desvinculatorio,
fechado aparentemente el 27 de noviembre de 2019 (…)», a pesar de que continuó
laborando con posterioridad al vencimiento de la licencia.
28. Que el nominador consignó en el acto administrativo una fecha distinta al
momento en que realmente lo expidió, lo que se encuentra demostrado porque se
lo comunicó seis días después de esa presunta data, por lo cual sus efectos
jurídicos, que se entienden con su notificación, debieron ocurrir a partir del 3 de
diciembre de 2019, lo que lleva a concluir que siguió desempeñando el cargo
después del vencimiento de la licencia no remunerada, lo que convierte la teoría del
Tribunal en contraevidente y contraria a derecho.
29. Adujo que el titular del cargo de secretario a quien se le concedió la licencia por
el término de dos años nunca regresó, como «falazmente» lo señaló el juez segundo
penal del Circuito del Socorro y fue confesado por él mismo en el interrogatorio, por
lo cual debió continuar en ejercicio de sus funciones y no ser retirada del cargo de
forma arbitraria, lo que evidencia que el acto se encuentra viciado de falsa
motivación y desviación de poder.
7 Ibidem.
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30. Que previo a la expedición del acto administrativo de retiro debía garantizarse
el debido proceso, brindándole la oportunidad de conocer los cargos y defenderse
de ellos, mediante la notificación de las presuntas inconsistencias o fallas, para que
pudiera solicitar pruebas y controvertirlas, sin que pudiera efectuarse una actuación
de facto, como ocurrió en el asunto, y posteriormente proferirse un acto
administrativo, máxime cuando no se demostró que se le hubiera hecho algún
llamado de atención o se le hubiera devuelto o corregido algún proyecto de decisión
que le presentara ni que le iniciara un procedimiento para informarle sus
presupuestas falencias, y los testigos de la parte demandada fueron tachados de
sospechosos, al estar en una relación de subordinación respecto al nominador del
despacho.
31. Consideró que, si hubiera sido negligente o deficiente en el ejercicio de sus
funciones, cabría preguntarse por qué su nominador nunca le comunicó esa
situación durante el término de la primera licencia y la nombró en la siguiente, lo
que permite concluir que cumplió con las funciones a su cargo a cabalidad y que no
podía con posterioridad endilgarle supuestas fallas en la prestación del servicio en
el acto de desvinculación.
32. Concluyó que no es cierto que los motivos de la decisión estén debidamente
consignados en el acto administrativo con el que se cumplió presupuesto de la
suficiencia, pues lo que consignó el juez no corresponde a la realidad fáctica, y
afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta su calidad de madre cabeza de familia, la
cual demostró ni de su calidad de mujer «acosada por su Superior».
33. La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander8 interpuso recurso de apelación, al considerar que
debió condenarse en costas y en agencias en derecho a la parte demandante, pues
de manera permanente debe disponer del pago de salarios y prestaciones sociales
de un servidor público para que ejerza la defensa de la entidad, como ocurrió en el
asunto, por lo que negar ese reconocimiento implica un detrimento patrimonial y una
transgresión de los artículos 365 del Código General del Proceso y 188 de la Ley
1437 de 2011.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
34. El 21 de junio de 20249 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio
Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo
para sentencia.
8 Ibidem.
9 Índice 4 de SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
35. Conforme a los recursos de apelación la Subsección deberá resolver si el acto
demandado se encuentra viciado de nulidad, por haberse motivado en la
terminación del período para el que fue nombrada la demandante, por
fundamentarse en razones supuestamente falsas relacionadas con su desempeño
laboral, por ejecutarse antes de que fuera notificado y por contener una fecha
distinta de expedición a la real; y de ser así, si tiene derecho a ser reintegrada a un
cargo igual o similar al que desempeñaba. Además, deberá resolverse el reparo de
la entidad demandada frente a la condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de los empleados nombrados en provisionalidad en la Rama Judicial
36. La carrera administrativa es un sistema de administración del personal de
servidores públicos, basado en el mérito como principio rector de la función pública,
en virtud del cual se contemplan las formas de ingreso, permanencia, evaluación y
retiro del servicio. Al respecto, en el artículo 125 de la Constitución Política se
consagró como cláusula general que los empleos en las entidades estatales serían
de carrera, con excepción de los de elección popular, libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determinados en la ley.
37. Tratándose de la Rama Judicial existen dos tipos de servidores públicos, los
empleados, entendidos estos como las personas que desempeñan cargos en las
corporaciones, despachos judiciales, órganos y entidades administrativas de la
Rama Judicial, y los funcionarios conformados por los magistrados, los jueces y los
fiscales, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996.
38. Los cargos de la Rama Judicial pueden ser provistos de tres formas: en
propiedad, en provisionalidad y en encargo. En relación con la segunda forma de
provisión se estableció en el numeral 2 del artículo 132 de la Ley mencionada, antes
de la modificación de la Ley 2430 de 2024, que se efectúa a través de esa modalidad
en caso de vacancia definitiva hasta que se pueda designar en carrera, sin que
exceda de seis meses, o en caso de vacancia temporal en cargos de carrera judicial,
cuando no se haga la designación en encargo o sea superior a un mes.
39. Ahora bien, dependiendo del tipo de vinculación los empleados tienen un grado
distinto de estabilidad, lo que a su vez tiene incidencia en la exigencia respecto a la
motivación del acto de desvinculación. En ese entendido, los servidores nombrados
en propiedad gozan de una estabilidad reforzada, debido a que accedieron al cargo
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después de superar todas las etapas de un proceso de selección y, por tanto, su
nombramiento atendió al principio de mérito.
40. Lo anterior no ocurre con los empleados en provisionalidad, quienes al no haber
ingresado a prestar servicio mediante un concurso de méritos tienen una estabilidad
relativa o intermedia y pueden ser desvinculados con fundamento en las siguientes
causales establecidas en la ley, en atención la naturaleza de este tipo de
vinculación, esto es: el nombramiento en propiedad de quien superó un concurso
de méritos, de conformidad con el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 o la
finalización de las situaciones administrativas que hubieren implicado la separación
temporal del titular del cargo, en los términos del artículo señalado y el 25 de la Ley
909 de 2004.
41. Además, pueden ser retirados mediante declaratoria de insubsistencia, por
razones como el buen servicio, la imposición de sanciones disciplinarias, la
supresión del cargo y el abandono del cargo, decisión que debe estar debidamente
motivada, para que puedan conocer las razones de su retiro y ejercer su derecho
de contradicción y defensa, conforme a la jurisprudencia tanto el Consejo de
Estado10 como la Corte Constitucional11.
Resolución del caso concreto
42. El recurso de apelación se fundamentó principalmente en la supuesta
imposibilidad de que el acto administrativo de retiro se haya motivado únicamente
en la terminación del período para el que fue nombrada, en que las razones
invocadas respecto a su desempeño laboral y el regreso del titular del cargo que
ella ocupaba en provisionalidad eran falsas, en que el acto se ejecutó antes de que
fuera notificado y en que contenía una fecha distinta de expedición a la real.
43. Pues bien, en la Resolución 06 del 27 de noviembre de 2019 el juez segundo
penal del circuito del Socorro declaró que a partir de esa fecha la demandante
culminaba el ejercicio de sus funciones como secretaria del Juzgado, lo cual
fundamentó en los siguientes motivos: se cumplió el término de la prórroga de la
licencia no remunerada por la que fue nombrada en provisionalidad en ese cargo,
la cual fue concedida mediante la Resolución 004 del 24 de noviembre de 2017;
durante ese período la empleada no le manifestó su interés de seguir ocupando el
cargo; y se presentaron fallas en las funciones propias del cargo y en sus relaciones
interpersonales con las demás personas que laboraban en el despacho.
44. Al respecto, la Sala advierte que la primera razón contenida en el acto
administrativo demandado para motivar la desvinculación, esto es, el vencimiento
10 Ver, entre otras, sentencia del 23 de septiembre de 2015. Expediente 05001-23-31-000-2002-02327-01
(3651-2013), y sentencia del 23 de septiembre de 2010. Expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 /0883-
08).
11 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010, SU-874 de 2014 y SU-556 de 2014.
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de la prórroga de la licencia otorgada al titular del cargo, debe tenerse por no escrita
porque el legislador no previó el cumplimiento de una condición como la allí
establecida para terminar el nombramiento de un empleado en provisionalidad en
un cargo de carrera vacante de forma temporal y el nominador carece de
competencia para crear una causal de retiro que no se encuentra prevista en la ley.
45. En efecto, el nombramiento de un empleado en provisionalidad en un cargo
vacante temporalmente no puede estar sujeto a un plazo o condición, pues así no
se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico. Lo anterior también encuentra
respaldo en la naturaleza y la finalidad de esta clase de provisión de cargos que no
es otra que permitir la ocupación de los empleos de carrera mientras se efectúa el
concurso de méritos o mientras se finalice la situación administrativa en la que se
encuentra el titular.
46. El análisis precedente obliga entonces a continuar con el estudio de las demás
razones expuestas en el acto administrativo para desvincular a la demandante, para
establecer si atienden a la realidad, puntualmente respecto a su desempeño laboral
e interpersonal con los empleados del despacho, por ser este el motivo de la
apelación, y con exclusión de la discusión de si el titular del cargo volvió o no a
ocupar su cargo una vez finalizó la prórroga de la licencia, al no constituir esa razón
el motivo de la desvinculación, como quedó expuesto.
47. En la Resolución controvertida, el nominador sostuvo que la actora tuvo
constantes fallas no sólo en las funciones de su cargo, sino en sus relaciones
interpersonales con sus compañeros de trabajo. Al respecto, afirmó que se adelantó
un trámite de convivencia laboral por un supuesto acoso laboral efectuado por su
parte, que terminó por la vía de la conciliación con el compromiso de una mejora en
sus actividades laborales y de trato con los demás empleados del despacho, pero
no se cumplió, lo que dio lugar a varios llamados de atención verbales.
48. Igualmente, adujo que se habían presentado situaciones tan graves como la de
resultar fallidas algunas audiencias por razones que le eran atribuibles e incluso en
ocasiones tuvo que redactar nuevamente providencias y constancias secretariales
que requerían un mínimo de sustentación, sumado a que no mostraba interés o
preocupación por aprender ni tenía un adecuado manejo de personal, lo que había
generado un ambiente de tensión en el Juzgado.
49. Revisados los testimonios rendidos en el proceso, la Sala advierte que la
mayoría de estos dan cuenta de la relación laboral de la demandante con su
nominador y sus compañeros de trabajo por lo que pudieron observar directamente,
en momentos puntuales, pero especialmente por lo expresado por la propia actora
o por terceros, según se advierte de lo narrado por los señores Juan Camilo Diettes,
Mayra Alejandra Pérez Gómez y Consuelo Correa.
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50. Inclusive esta última afirmó que no observó la utilización de un lenguaje
inapropiado por parte del juez hacia la secretaria y que la relación entre ellos era
normal; la señora Amanda Ardila Parra indicó que no notó alguna situación
«anormal» las veces que fue a la oficina; y la señora María Consuelo Tellez Gómez
manifestó que evidenció un trato respetuoso entre el funcionario y la empleada
durante las audiencias adelantadas en el Juzgado.
51. Ahora bien, aunque algunos de los testigos, como el señor Juan Camilo Diettes,
aludieron a la existencia de problemas de índole laboral entre la demandante y el
juez segundo penal del Circuito de Socorro e incluso de la pérdida de confianza del
nominador respecto a la primera, ello no dista de lo consignado en el acto
administrativo respecto al desempeño laboral de la secretaria y las situaciones que
se venían presentando en el despacho ni mucho menos lo desvirtúa y, por tanto, no
permite evidenciar la desviación de poder invocada.
52. Aun cuando en la apelación la accionante adujo que debía tenerse en cuenta
que los testimonios de la parte demandada eran sospechosos por la relación de
subordinación respecto al juez, lo cierto es que los testigos que fueron rendidos por
su propia solicitud probatoria tampoco dan cuenta de una intención oculta por parte
del nominador, a pesar de que le correspondía la carga de la prueba, en los términos
del artículo 167 del Código General del Proceso, lo que implicaba demostrar que
con su desvinculación se pretendía un objetivo distinto al buen servicio.
53. Además, no puede perderse de vista que al tratarse de una empleada nombrada
en provisionalidad su estabilidad laboral no era reforzada, sino intermedia o relativa,
por lo cual su desvinculación podía efectuarse o bien por la provisión del cargo con
quien superó el concurso de méritos o por el regreso del titular de este, o en aras
de mejorar la prestación del servicio y ante la pérdida de confianza del nominador
respecto al trabajo de la secretaria, siempre y cuando se motivara como en efecto
aconteció.
54. De otra parte, la actora considera que el acto administrativo fue ejecutado con
posterioridad a su expedición, pero se observa que, como ella misma lo manifestó,
el 26 de noviembre de 2019 el juez le informó de forma verbal la finalización de la
licencia y, por tanto, de su servicio; de allí que en la misma fecha enviara un
documento a su nominador en el que afirmó «de conformidad a lo solicitado por
Usted telefónicamente la tarde de hoy, solo hare entrega a señor secretario Jesús
Alberto Monsalve, quien es el titular del Despacho».
55. En esa medida, el hecho de que el acto administrativo fuera enviado por correo
electrónico en una fecha posterior a su emisión, esto es, el 2 de diciembre de 2019
no acreditaba que laboró hasta ese momento ni que la fecha de expedición del acto
haya sido una distinta a la allí consignada, como se pretende hacer ver.
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56. Además, el período durante el cual ejercería su cargo estaba señalado desde
hacía dos años, cuando se efectuó su nombramiento. Es más, dadas las
condiciones particulares que caracterizan el asunto, no resultaba necesario que el
juez profiriera un acto administrativo dando por terminado su vínculo laboral como,
en efecto, aconteció, puesto que, como se ha expuesto, su ingreso se había
efectuado con fecha de conclusión, de forma que, al llegar esta, lo predecible era
que no proseguía en la prestación del servicio a su cargo; por el contrario, su
continuidad en el mismo era una prerrogativa del empleador quien en uso de ella,
designó a un tercero. Actuación que tiene amparo legal y jurisprudencial y que
ocurrió con posterioridad, por lo que no afecta la validez del acto administrativo.
57. Por último, se advierte que los desacuerdos expuestos en el recurso de
apelación relacionados con la vulneración del debido proceso y la condición de
madre cabeza de familia no fueron manifestados en la demanda como fundamentos
para solicitar la nulidad del acto demandado, por lo que no fue objeto de
contradicción. Lo anterior impide en esta instancia efectuar un análisis sobre el
particular, pues ello desconocería el debido proceso, el derecho a la defensa y el
principio de congruencia.
58. En consecuencia, al no prosperar los argumentos de la apelación, se confirmará
la decisión de primera instancia.
Condena en costas en primera y segunda instancia
59. El demandado cuestionó que la parte demandante no haya sido en condenada
en costas en primera instancia. Al respecto, la Sala advierte que la modificación del
artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó
en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia
de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento
o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
60. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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62. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente imponer condena en
costas en primera instancia contra el demandante al haberse negado sus
pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra. En
consecuencia, deberá revocarse la providencia en este sentido.
63. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a cargo de la parte
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el veinte (20) de
marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander.
En su lugar,
Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante.
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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