Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00828-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00828-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00828-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2016 00828 00 (3849-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Myriam Díaz de Pérez
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. La bonificación de actividad judicial como factor salarial a
partir del 1.º de enero de 2009.
SENTENCIA
__________________________________________________________________
Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del
CPACA, aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
Sala procede a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la UGPP, por conducto de apoderada judicial, solicitó revocar la sentencia
del 29 de noviembre de 2013 expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001 33 31 007 2008
00398 01, a través de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Barranquilla, que accedió a
las pretensiones deprecadas por la señora Myriam Díaz de Pérez.
Como consecuencia de lo anterior, pidió declarar que a la accionada no le asiste el
derecho a que su pensión se reliquide con la inclusión de la bonificación por
1 En adelante UGPP.
2 Folios 201 al 221 del expediente de la acción especial de revisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: UGPP
actividad judicial, comoquiera que, para el momento en que se liquidó la prestación,
tal concepto no constituía factor salarial.
1.1.2. Hechos
La apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El 31 de marzo de 2005, la extinta Cajanal, E. I. C. E., expidió la Resolución
010995 del 31 de marzo de 2005, por medio de la cual le reconoció a la señora
Myriam Díaz de Pérez una pensión de vejez conforme al Decreto 546 de 1971, pero
con el 75 % del salario promedio de 9 años y 6 meses, en virtud de lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $ 2.998.540,75 COP, efectiva a
partir del 1.º de octubre de 2003. Sin embargo, la condicionó a demostrar el retiro
efectivo del servicio.
ii) Contra el acto administrativo mencionado, la hoy demandada interpuso acción
de tutela con el fin de que se le ampararan sus derechos a la vida digna, al mínimo
vital, al debido proceso, a la seguridad social y a «los derechos adquiridos», la cual
fue resuelta, de manera favorable, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla, en el sentido de ordenar a Cajanal reliquidar su pensión.
iii) El 8 de mayo de 2007, la referida entidad –en cumplimiento de la decisión de
amparo– profirió la Resolución 18079, a través de la cual reliquidó la pensión de
vejez de la señora Díaz de Pérez con el 75 % de la asignación mensual más elevada
que hubiere percibido durante el último año de servicio, incluyendo los factores de
asignación básica, prima especial de servicios, bonificación de servicios y prima de
vacaciones. Dicha orden elevó la prestación a $ 3.108.473 COP, efectiva a partir del
1.º de octubre de 2003, pero aún condicionada a demostrar el retiro del servicio
oficial.
iv) El 16 de octubre de 2009, Cajanal emitió la Resolución 51193, a través de la
cual reliquidó nuevamente la prestación de la demandada, con el 75 % de lo
percibido durante el último año de servicios, incluyendo los factores de asignación
básica, prima especial de servicios, bonificación de servicios y prima de vacaciones,
lo cual elevó la prestación a $ 3.880.781,01 COP, efectiva a partir del 1.º de marzo
de 2007 (fecha en que se acreditó el retiro del servicio).
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Demandante: UGPP
v) A pesar de lo anterior, la señora Myriam Díaz de Pérez acudió a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo e interpuso acción de nulidad y restablecimiento
del derecho (artículo 85 del CCA), con el objeto de obtener la reliquidación de su
pensión de vejez con la inclusión de todos los factores que constituyen salario para
los empleados de la Rama Judicial, en especial, de la bonificación por actividad
judicial.
vi) El 13 de julio de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
del Circuito de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido
de declarar la nulidad parcial de la Resolución 51193 del 16 de octubre de 2009 y
ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la entonces accionante, tomando
en cuenta el 75 % del promedio de la asignación mensual más elevada que ella
devengó durante el último año de servicio como empleada de la Rama Judicial (juez
de la República), con la inclusión de la bonificación por actividad judicial, a partir del
28 de febrero de 2007.
vii) El 29 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico desató el
recurso de apelación que interpuso Cajanal contra el fallo de primera instancia, y lo
confirmó en su totalidad.
viii) El 2 de octubre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 040803, en la que
dio cumplimiento a las órdenes judiciales mencionadas, aumentando la mesada
pensional de la señora Myriam Díaz de Pérez a la suma de $ 4.595.221 COP, efectiva
desde el 1.º de marzo de 2007.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión3
El Tribunal Administrativo del Atlántico –Subsección de Descongestión– profirió la
sentencia del 29 de noviembre de 2013, a través de la cual confirmó el fallo emitido
el 13 de julio de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Barranquilla, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la
señora Myriam Díaz de Pérez con la inclusión de la bonificación de actividad
judicial. Para tal efecto, el ad quem argumentó lo siguiente:
3 Folios 189 al 195 ibidem.
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Demandante: UGPP
i) Está claro que la accionante es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, también es acreedora
del régimen especial de la Rama Judicial señalado en los Decretos 546 de 1971 y
717 de 1978.
ii) Se debe incluir como factor salarial, con efectos pensionales, la bonificación
de actividad judicial consagrada en los Decretos 3131 de 2005, 403 de 2006 y 3900
de 2008, ya que esta fue percibida de manera usual por la señora Díaz de Pérez.
Por tanto, ha de tenerse en cuenta el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 según el
cual «constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente
reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios».
iii) No obstante, se deben descontar los aportes correspondientes a los factores
sobre los cuáles no se haya efectuado la deducción legal, en procura de no lesionar
las finanzas del Estado, en especial, aquellas con las cuáles se financian las
pensiones de los colombianos.
Como sustento de lo anterior, citó las sentencias del 29 de abril de 2010, 4 31 de
enero de 20085 y 17 de marzo de 2011,6 proferidas por las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.2. La causal de revisión invocada7
La apoderada de la entidad recurrente indicó que la sentencia impugnada
extraordinariamente se encuentra inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, grosso modo, por las siguientes razones:
i) Si bien es cierto que la señora Myriam Díaz de Pérez devengó durante el
último año de servicios prestados (lapso transcurrido entre el 28 de febrero de 2006
y el 28 de febrero de 2007) la bonificación de actividad judicial semestral, también
lo es que dicho emolumento no constituyó factor salarial para efectos pensionales
4 Proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23 25 000
2004 02732 01 (1731-07), con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero.
5 Proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23 25 000
2004 05999 01 (1454-07) con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6 Proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, bajo el radicado 13001 23 31 000
2006 00577 01 (1559-10), con ponencia del magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7 Folios 205 a 219 del expediente de la acción especial de revisión.
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Demandante: UGPP
sino hasta el 1.º de enero de 2009, por virtud del Decreto 3900 del 7 de octubre de
2008.
ii) Por lo tanto, y en vista de que la pensión de la accionada se liquidó antes del
1.º de enero de 2009, no había lugar a incluir dicho emolumento para constituir el
IBL pensional.
iii) Se le dio un alcance desacertado a la norma, pues se le otorgó efectos
retroactivos a la referida bonificación, cuando lo correcto era tener de presente que
esta solo tiene carácter salarial para liquidar las pensiones que se reconozcan a
partir del 2009.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La parte demandada8 y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero
o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación».9
Así mismo, es oportuno señalar que conforme a los artículos 6.º –numeral 6– del
Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la
interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
8 La señora Myriam Díaz de Pérez fue notificada personalmente de la presente acción el 12 de septiembre de
2022 (índice 46 de SAMAI), a través de mensaje de datos enviado al correo electrónico
mimadeperez@hotmail.com. Dicha dirección fue allegada por la apoderada de la UGPP en el memorial visible
en el índice 42 ibidem.
9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
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Demandante: UGPP
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
427 de 2016.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 17 de enero de 201410
y la acción especial de revisión se interpuso el 31 de agosto de 2016,11 por lo que
es dable concluir que se radicó dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico,
proferida el 29 de noviembre de 2013, se encuentra inmersa o no en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite
acudir a la acción especial de revisión «[c]uando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo,
10 Folio 620, revés, del expediente 08001 33 31 007 2008 00398 01, allegado en calidad de préstamo. Para tal
efecto, téngase en cuenta que el fallo del 29 de noviembre de 2013 se notificó por edicto fijado entre el 19 de
diciembre de ese año –por 3 días– hasta el 14 de enero de 2014 (tomando en consideración la vacancia judicial
que ocurrió entre el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de enero de 2014). Por lo tanto, la providencia quedó
ejecutoriada el 17 de enero siguiente.
11 Folio 221, revés, del expediente de la acción especial de revisión.
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dicho mecanismo procederá cuando la mesada pensional se haya otorgado como
resultado de una transacción o conciliación.
Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la
precitada norma establece que la acción especial estará a cargo del Gobierno
nacional (a través de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público),
del contralor general de la República y del procurador general de la Nación. De
igual modo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-427 de 2016,12
habilitó a las administradoras encargadas de reconocer prestaciones periódicas
para impetrarla.
A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará
conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para
el caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los
artículos 248 y siguientes del CPACA.
Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido
que la referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso
extraordinario de revisión propiamente dicho, por las siguientes razones:
i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino
también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto
de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor
General de la República o del procurador General de la Nación y las administradoras
públicas que conceden las pensiones.
iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar
12 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de
revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad
para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en
cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a
velar por su buen funcionamiento financiero».
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el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de
los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del
Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de
nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito
a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró13 que el recurso
extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, 14
procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Demandante: UGPP
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada».
Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797
de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas
periódicas en dos eventos en específico: el primero, cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención. No obstante, lo anterior no es óbice para que las entidades legitimadas
también invoquen las causales taxativas que trae el artículo 250 del CPACA.
Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por
el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador,
sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear
discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa
dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida
haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la
ley.
2.4.2. La bonificación por actividad judicial
En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4.ª de 1992, el
presidente de la República, a través del Decreto 3131 de 8 de septiembre de 2005,
creó una bonificación de actividad judicial que se pagará semestralmente el 30 de
junio y 30 de diciembre de cada año –sin carácter prestacional ni salarial– para los
funcionarios públicos que ejerzan en propiedad, entre otros, el cargo de juez del
circuito, así:
Artículo 1°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3382 de 2005. A partir
del 30 de junio de 2005, créase una bonificación de actividad judicial, sin
carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de
diciembre de cada año, como un reconocimiento económico al buen
desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes
empleos:
[…]
• Juez del Circuito.
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Demandante: UGPP
[…]
En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de
actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo en
propiedad y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio
Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados en este artículo.
Artículo 2°. La bonificación de actividad judicial de que trata el presente
decreto no constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en
cuenta para determinar elementos salariales o prestaciones sociales.
(Negrillas fuera del texto original)
Sin embargo, la referida bonificación fue modificada por el Decreto 3382 del 23 de
septiembre de 200515 y ajustada por los Decretos 403 de 2006,16 632 de 200717 y
671 de 2008.18 No obstante, siguió siendo un emolumento sin connotación salarial
y prestacional.
A su turno, esta corporación, en la sentencia del 19 de junio de 2008, expediente
0867-06, consejero ponente Jaime Moreno García, al estudiar una demanda de
nulidad de la expresión «sin carácter salarial», contenida en el inciso 1.° del artículo
1.° del Decreto 3131 de 2005 que creó la pluricitada bonificación de actividad
judicial, señaló lo siguiente:
En el presente caso, los argumentos de la demanda se contraen
fundamentalmente a la extralimitación del Gobierno pero en cuanto declaró que
la bonificación de actividad judicial no constituye factor salarial ni prestacional,
15 «Por el cual se modifica el Decreto 3131 de 2005». Artículo 1. «Modifícase el artículo 1° del Decreto 3131
de 2005, en el sentido de que la bonificación de actividad judicial, será reconocida a quienes ocupan los
empleos allí señalados, cualquiera que sea su forma de vinculación» (Resalta la Sala).
16 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales». Artículo 1. «A partir del
1° de enero de 2006, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, de que
tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […]. En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta
bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de
manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados
en este artículo».
16 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales».
Artículo 1. «A partir del 1° de enero de 2007, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial, sin
carácter salarial, de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […]. En las mismas condiciones, tendrán
derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales 1 que desempeñen el
cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan
los empleos señalados en este artículo».
18 «Por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales». Artículo 1. «A partir del
1° de enero de 2008, reajústase el valor de la bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, de que
tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005, así: […] En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta
bonificación de actividad judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de
manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los empleos señalados
en este artículo».
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Demandante: UGPP
cargo que no fue examinado en la sentencia citada19 por no haber sido
formulado en la demanda. Por tal razón, no se presenta la excepción de cosa
juzgada y procede examinar el fondo del asunto planteado.
[...] Es corriente que cuando el legislador varía las condiciones salariales o
prestacionales de los empleados, deja a salvo los derechos adquiridos, pero
aun cuando no se diga expresamente, debe entenderse que ello es así: [...]
Pero lo que no puede jurídicamente aceptarse es que a título general y
abstracto los magistrados, los abogados, fiscales y jueces tengan derecho
adquirido a la intangibilidad de una legislación.
[...]Conforme a lo expuesto, considera la Sala que las normas acusadas, al
señalar que la bonificación de actividad judicial no tendría carácter salarial ni
prestacional, no desconocieron ningún derecho adquirido ni violaron las
disposiciones legales y constitucionales citadas en la demanda.
Ahora bien, según el demandante la bonificación por actividad judicial es, a la
luz de lo normado por los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo,
un componente de la remuneración que tiene todas las características
esenciales del salario, por lo que no le es permitido a la Administración
suprimirle el carácter salarial.
Para la Sala no es de recibo tal razonamiento porque, contrario a lo afirmado
por el actor, la bonificación de actividad judicial fue creada precisamente para
mejorar el salario, es decir se trata de una suma adicional a la asignación
básica, constituida, desde un principio, sin carácter salarial. Por ello resulta
desacertado que se alegue una desmejora del mismo, y no puede concebirse
que una disposición que tiene como finalidad mejorar las condiciones
económicas de un trabajador pueda lesionar y desmejorar el derecho al trabajo.
Así las cosas, no existe una situación jurídica consolidada, por cuanto la
bonificación especial no existía con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, y además,
porque las normas acusadas fueron expedidas dentro de las facultades del
Gobierno, de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, declarados
exequibles por la Corte Constitucional.
Los argumentos expuestos llevan a la Sala a concluir que las normas
demandadas permanecen incólumes a los reproches del actor y así lo
declarará.
Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 3900 del 7 de octubre de
2008, «Por el cual se modifica la bonificación de actividad judicial», en los siguientes
términos:
Artículo 1°. A partir del 1° de enero de 2009, la bonificación de actividad judicial
creada mediante decreto 3131 de 2005, modificada por el decreto 3382 de
2005 y ajustada mediante decretos 403 de 2006, 632 de 2007 y 671 de 2008
19 Sentencia de 12 de marzo de 2008, expediente 10241-05, C. P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
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Demandante: UGPP
para jueces, fiscales y procuradores judiciales 1, constituirá factor para
efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General
de Pensiones, y de acuerdo con la ley 797 de 2003, para cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Artículo 2°. El presente Decreto deroga a partir del 1° de enero de 2009 el
artículo 2° del Decreto 3131 de 2005 y demás disposiciones que le sean
contrarias.
(Se resalta)
De acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, se tiene que al existir
pronunciamiento judicial respecto de la legalidad del carácter «no salarial» de la
bonificación por actividad judicial en vigencia del Decreto 3131 de 2005, no procede
su inclusión como factor salarial o prestacional con anterioridad al 1.º de enero de
2009, momento a partir del cual el Gobierno nacional le confirió tal connotación.
A idénticas conclusiones han arribado las Subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencias del 27 de febrero de 2014,20 del 2 de febrero de
2017,21 y del 2 de mayo de 2019,22 entre otras,23 en las que se precisó que la
bonificación de actividad judicial no se aplica como factor salarial o prestacional
antes del 1.° de enero de 2009, fecha a partir de la cual entró en vigencia el Decreto
3900 de 2008. En líneas generales, los pronunciamientos han sido en los siguientes
términos:
El carácter de bonificación por actividad judicial cambió a partir del 1 de enero
de 2009, por expresa disposición del Decreto 3900 de octubre de 2008, según
el cual constituye factor para determinar las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en salud y pensión. Al existir pronunciamiento judicial
respecto a la legalidad del carácter «no salarial» de la bonificación por actividad
judicial en vigencia del Decreto 3131 de 2005, no es viable su inclusión como
factor salarial o prestacional antes del 1 de enero de 2009, fecha a partir
de la cual el Gobierno Nacional le confirió tal connotación. Así pues, la
bonificación por actividad judicial que devengó la demandante en el año
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Radicado 1896-
13.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado 3568-15.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicado 3706-
13
23 Además, ver las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 10 de septiembre de 2020, proferida dentro del expediente 23001 23 31 000 2011 00355 01 (3158-16), M.
P. William Hernández Gómez; ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de
febrero de 2021, proferida dentro del expediente 68001 23 33 000 2013 00927 02 (0893-17) M. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de
noviembre de 2022, proferida dentro del expediente 25000 23 42 000 2014 01994 01, M. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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Demandante: UGPP
2007, no constituye factor salarial para determinar el ingreso base de
liquidación pensional porque el artículo 1 del Decreto 3131 de 2005, que
esta Corporación encontró ajustado a la ley por los cargos analizados, no
le otorgó ese carácter. Sólo constituye factor salarial y prestacional a
partir del 1 de enero de 2009 por expresa disposición legal.
(Negritas fuera del texto original)
No obstante, es del caso precisar que, para el asunto sub judice, en la fecha en la
que se profirió la sentencia objeto de revisión –29 de noviembre de 2013 – era
imperante la tesis de que, para los empleados de la Rama Judicial que fueran
beneficiarios del régimen especial de que trata el Decreto 546 de 1971, el IBL para
efectos pensionales debía computarse «[a]demás de la asignación básica mensual
fijada por la ley para cada empleo, [de] todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus
servicios», por disposición expresa del artículo 12 del Decreto 717 de 1978. Por
ende, tal posición fue aplicada por esta Sección en diversos casos de contornos
fácticos y jurídicos similares al que hoy ocupa la atención de la Sala.24
Sobre este punto, vale la pena traer a colación la sentencia del 1.º de marzo de
2012,25 en la cual se dispuso lo siguiente:
Del análisis de la norma [artículo 12 del Decreto 717 de 1978] se concluye que
allí no hay una enumeración taxativa de los factores salariales que se deben
tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, pues, se dispone
que además constituye salario toda suma que de manera habitual y
periódica reciba el funcionario o empleado y que corresponda a la
retribución de sus servicios.
De lo consignado en precedencia, se concluye que no existe la menor duda
acerca de que a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del
Ministerio Público, se les debe reconocer y liquidar la pensión de jubilación con
el 75% de salario más elevado devengado en el último año de servicio; y en lo
relacionado con los factores de salarios que se deben tener en cuenta en
el ingreso base de liquidación, tampoco existe duda que deben ser todos
aquellos percibidos de manera habitual y periódica como retribución del
servicio prestado. Es decir, la lista que trae el artículo 12 del Decreto 717
de 1978, no es taxativa sino meramente enunciativa.
24 Ver, además de las indicadas en los pies de página 4 y 5 ut supra, las siguientes providencias: i) Sentencia
del 18 de mayo de 2011, con radicado 50001 23 31 000 2006 00945 01 (1854-09), M.P., Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren; ii) Sentencia del 1.º de marzo de 2012, con radicado 25000 23 25 000 2006 01296 01, M.P.,
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; iii) Sentencia del 12 de marzo de 2013, con radicado 50001 23 31 000
2010 00580 01 (1436-12), M. P., Alfonso Vargas Rincón; iv) Sentencia 31 de octubre de 2013, con radicado
25000 23 25 000 2011 01171 01 (0951-13), M P., Bertha Lucía Ramírez de Páez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
1.º de marzo de 2012, proferida bajo el radicado 25000 23 25 000 2006 01296 01 (0981-08), con ponencia del
magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: UGPP
[…]
Sobre el salario y factores salariales devengados por el actor, en el proceso
consta que en el último año de servicio devengó lo siguiente: Sueldo Básico,
Prima Especial de Servicios Mensual, Bonificación por Compensación
Mensual, Bonificación por Servicios, Prima de Vacaciones y Prima de Navidad,
Prima de Servicios y que en el año 2005 le pagaron la Bonificación por
Gestión Judicial del año 2004. Igualmente consta que se le hicieron los
descuentos de ley (fl.157 y 158).
[…]
En el sub judice, la Sala considera que si el actor devengó la Bonificación por
Compensación, la Prima de Servicios y la Prima de Vacaciones, estos factores
deben ser incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión, en
aplicación del principio contenido en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 en
el que se establece que, además, de la asignación básica mensual que fija la
ley para la remuneración de cada empleo, también constituyen factores de
salario todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica percibe
el funcionario o empleado como retribución de los servicios prestados. Y
como del análisis de la prueba documental aportada al proceso, se
establece que el actor percibió los factores que reclama en su escrito de
apelación, se concluye que tiene derecho a ellos y, por tanto, se ordenará
su inclusión en el ingreso base de liquidación.
[…] (Negritas fuera del texto)
En síntesis, se itera que a pesar de que hoy en día está claro que la bonificación
de actividad judicial, prevista en el Decreto 3131 de 2005, no adquirió la
connotación de factor salarial sino hasta el 1.º de enero de 2009 (por virtud del
Decreto 3900 de 2008), lo cierto es que las providencias que se hayan fundado en
la referida tesis antes del 2014, constituyen sentencias razonables y debidamente
sustentadas, las cuáles son incólumes por estar cobijadas por el fenómeno de cosa
juzgada.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el asunto sub judice, la UGPP formuló acción especial de revisión contra la
sentencia del 29 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, bajo el supuesto de que dicha providencia está inmersa en la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la señora
Myriam Díaz de Pérez no tenía derecho a que se le reliquidara su pensión de vejez
con la inclusión de la bonificación de actividad judicial, ya que si bien esta fue
percibida por ella durante el último año de servicios prestados (lapso transcurrido
entre el 28 de febrero de 2006 y el 28 de febrero de 2007), lo cierto es que tal
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emolumento solo se consideró como factor salarial para efectos prestacionales a
partir del 1.º de enero de 2009.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
i) El Tribunal Administrativo del Atlántico –en la sentencia a revisar– confirmó
en su totalidad el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla, que declaró la nulidad
parcial de la Resolución 51193 del 16 de octubre de 2008 proferida por Cajanal, y,
como consecuencia de ello, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la
señora Myriam Díaz de Pérez con la inclusión de la bonificación de actividad judicial,
a partir del 28 de febrero de 2007.
Para tal fin, el ad quem concluyó, a grandes rasgos, que la hoy accionada tenía
derecho al reajuste de su mesada pensional teniendo en cuenta el mencionado
emolumento, pues aunque la bonificación de actividad judicial fue creada por el
Decreto 3131 de 2005 sin carácter salarial, lo cierto es que, por disposición del
artículo 12 del Decreto 717 de 1978, «constituyen factores de salario todas las
sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como
retribución por sus servicios». Por ende, y comoquiera que la mentada
bonificación la percibió la señora Myriam Díaz de manera usual y periódica, esta
debía tomarse para constituir el IBL de su pensión de vejez.
Así mismo, sustentó su decisión conforme a las sentencias del 31 de enero de
200826 y del 29 de abril de 2010,27 proferidas por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, a través de las cuáles se llegó
a la siguiente conclusión:
De acuerdo con lo anterior, debe darse aplicación al principio general y por ello
ha de entenderse que la “asignación mensual más elevada” para determinar la
base de la liquidación de la pensión mensual de jubilación de los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público incluye tanto la
26 Proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23 25 000
2004 05999 01 (1454-07) con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
27 Proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23 25 000
2004 02732 01 (1731-07), con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero.
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asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas
que habitual y periódicamente reciba como retribución de sus servicios.
Así, constituyen en este caso factores salariales, todos aquellos expresamente
señalados por los Decretos 717 - artículo 12 - y 911 de 1978 artículo 4º;
además, como quedó dicho, las mismas disposiciones preceptuaron
claramente que además de la asignación básica mensual legal para cada
empleo, constituyen factores de salario “todas las sumas que habitual y
periódicamente” reciba el servidor a título de retribución por sus servicios.
ii) En este sentido, tal y como se explicó en el numeral 2.4.2., ut supra, la
pluricitada bonificación de actividad judicial solo adquirió la connotación de factor
salarial a partir del 1.º de enero de 2009, en virtud del Decreto 3900 del 7 de octubre
de 2008, por lo que, antes de dicha fecha, no podía contabilizarse para efectos
pensionales; sin embargo, y comoquiera que la tesis que imperaba para la fecha en
que se profirió la sentencia objeto de revisión –29 de noviembre de 2013– era la de
incluir todos los emolumentos percibidos habitual y periódicamente, el ad quem, en
virtud de su autonomía judicial, optó por aplicarla en beneficio de la accionante, sin
que dicha situación sea causal para infirmar la providencia impugnada, pues fue
una decisión razonable y debidamente sustentada en el precedente aplicable para
tal momento.
iii) Por lo anterior, toda vez que la señora Myriam Díaz de Pérez devengó la
pluricitada bonificación de actividad judicial durante el último año de servicios
prestados (lapso transcurrido entre el 28 de febrero de 2006 y el 28 de febrero de
2007),28 era prudente, para ese tiempo, incluirla en el IBL para liquidar su pensión
de vejez, tal como lo estableció el tribunal de segunda instancia.
iv) Así las cosas, y en vista de que la señora Myriam Díaz de Pérez se retiró del
servicio el 1.º de marzo de 2007,29 y durante el último año de servicio (transcurrido
entre el 28 de febrero de 2006 y el 28 de febrero de 2007)30 percibió semestralmente
28 Folio 39 del expediente 08001 33 31 007 2008 00398 00, allegado en calidad de préstamo. Certificado del 10
de abril de 2007, expedido por el jefe de recursos humanos de la Dirección Seccional de la Administración
Judicial de Barranquilla.
29 Folio 249 ibidem. Resolución de Sala Plena 778 del 8 de febrero de 2007, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, a través de la cual se le aceptó la renuncia a la señora
Myriam Díaz de Pérez como juez primero laboral del Circuito de Barranquilla, a partir del 1.º de marzo de 2007.
30 Folio 39 ibidem. Certificación del 10 de abril de 2007, emitida por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla.
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la referida bonificación de actividad judicial, esta no debió incluirse en la liquidación
de su pensión de vejez porque para tal fecha no constituía factor salarial.
Por consiguiente, y en consonancia con la jurisprudencia relativa a la materia objeto
de estudio, la Sala declarará infundada la acción especial de revisión de la
referencia, toda vez que la sentencia del 29 de noviembre de 2013 del Tribunal
Administrativo del Atlántico no está inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
4. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
5. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, pues no se configuró la causal señalada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 29 de
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Demandante: UGPP
noviembre de 2013, emitida en el proceso 08001 33 31 007 2008 00398 00, por las
razones indicadas en precedencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver al despacho de origen el expediente 08001 33 31 007 2008
00398 01, allegado en calidad de préstamo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
18
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