Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01994-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01994-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01994-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Temas: Reliquidación pensional. Decreto 546 de 1971.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 18 de julio del 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Fredy Guillermo Manzano Gómez formuló
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad total de la Resolución UGM 18359 del 24 de noviembre del 2011 y
la nulidad parcial de la Resolución UGM 46940 del 18 de mayo del 2012, dictadas
por la entonces Caja Nacional de Previsión Social, en las que se reliquidó una
pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
(i) reliquidar la pensión de jubilación en el sentido de acatar a plenitud lo dispuesto
en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir, conceder una mesada en cuantía
del 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicio con inclusión de los factores de sueldo básico, gastos de representación,
bonificación por servicios y las doceavas partes de la prima de navidad, la prima de
servicio, la prima de vacaciones, la bonificación por actividad judicial y la
indemnización por vacaciones, con efectos fiscales a partir del 1 de julio del 2008,
en cuantía de $ 5.799.965; (ii) efectuar los reajustes anuales decretados por el
Gobierno nacional; (iii) pagar las diferencias causadas entre lo pagado y lo que en
realidad corresponde, hasta el momento en que se realice el pago de la condena;
(iv) ordenar que el cumplimiento de las sentencia obedezca al artículo 192 de la Ley
1437 del 2011; (v) ajustar el valor de la condena de acuerdo con el índice de precios
al consumidor; y (vi) condenar a la parte demandada al pago de costas y agencias
en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
i) El señor Fredy Manzano nació el 30 de mayo de 1950 y prestó los siguientes
tiempos de servicio: (a) en el Ministerio de Educación Nacional entre el 1 de enero
de 1971 y el 30 de agosto de 1973 y del 5 de abril de 1974 al 6 de marzo de 1979;
(b) en la Contraloría General de la República del 13 de noviembre de 1979 al 12 de
noviembre de 1993; y (c) en la Fiscalía General de la Nación entre el 13 de
noviembre de 1993 y el 30 de junio del 2008.
ii) El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y
cuenta con un total de 36 años, 2 meses y 20 días de servicio, de los cuales 14
años, 7 meses y 20 días fueron exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación,
lo que quiere decir que está sujeto al régimen especial de la Rama Judicial,
consagrado en el Decreto 546 de 1971.
iii) El 28 de septiembre del 2006, la Caja Nacional de Previsión Social profirió la
Resolución número 50833, por medio de la cual le reconoció una pensión de
jubilación en cuantía de $ 3.200.083, cuyo pago se condicionó al retiro definitivo del
servicio.
iv) El 23 de octubre del 2009 [sic], el señor Manzano Gómez interpuso una solicitud
de reliquidación de su mesada pensional, en el sentido de que se le aplicara de
forma íntegra el artículo 6 de Decreto 546 de 1971, petición que fue negada por
medio de la Resolución número 13319 del 6 de marzo del 2009 [sic].1
v) Ante la anterior negativa, el demandante promovió una acción de tutela en contra
de la administradora de pensiones, la cual fue fallada por el Juzgado 24 Penal del
1 A pesar de la inconsistencia en las fechas narradas por el demandante, la información consignada
en el acápite de hechos es fiel a lo manifestado en el escrito inicial de la demanda.
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
Circuito de Bogotá, que en fallo de primera instancia del 16 de marzo del 2009
amparó los derechos invocados por el accionante y ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación en los términos plenos del artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
vi) La anterior sentencia fue cumplida a través de la Resolución 18359 del 24 de
noviembre del 2011, en la que Cajanal incluyó en el ingreso base de liquidación del
señor Manzano Gómez los factores de asignación básica, gastos de representación
y las doceavas partes de la bonificación por servicios, la prima de navidad y la prima
de vacaciones; sin embargo, no se incluyeron la prima de vacaciones [sic], la
indemnización de la prima de vacaciones y la bonificación por actividad judicial.
vii) Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 46940 del 18 de mayo
del 2012, en la que se reliquidó la Resolución 18359 del 24 de noviembre del 2011,
en el sentido de incrementar el monto de la mesada a $ 4.748.792, pero se siguieron
excluyendo del IBL algunos factores salariales.2
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 13,
23, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política de 1991; 1, 3 y 10 de la Ley 1437 del
2011; y 6 del Decreto 546 de 1971. En desarrollo del concepto de la violación, el
demandante expuso los siguientes argumentos:
i) La parte demandada ha desconocido la ley y la abundante jurisprudencia en
relación con el modo de liquidar las pensiones de jubilación de los beneficiarios de
2 El demandante no explicó a qué obedeció dicho incremento.
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
los regímenes de transición de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 546 de 1971, pues
no se aplicó de forma íntegra del artículo 6 ibidem, toda vez que se excluyeron del
ingreso base de liquidación factores salariales tales como la prima de vacaciones,
la indemnización de la prima de vacaciones y la bonificación por actividad judicial.
ii) El Consejo de Estado3 ha señalado que para liquidar las pensiones de los
servidores de la Rama Judicial es necesario tener en cuenta la asignación mensual
más elevada, con inclusión de todas las sumas que habitual y periódicamente
devengó el trabajador, a menos que se trate un factor salarial expresamente
excluido por la norma.
iii) La Corte Constitucional, en sentencia C-168 de 1995, explicó que, en materia
laboral, al trabajador le debe ser aplicada la condición más beneficiosa y que «en
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes, prevalece la más
favorable», al paso que la norma que se adopte para resolver el asunto debe ser
aplicada de forma íntegra.
iv) El demandante es beneficiario de la Ley 100 de 1993 y tiene derecho a que su
pensión de jubilación sea liquidada con base en las condiciones establecidas en el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, el cual debe ser aplicado en su totalidad, tal
como lo definió en sede de tutela el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá en
sentencia del 16 de marzo del 2009.
1.2. Contestación de la demanda
3 El demandante no identificó antecedente jurisprudencial alguno, pues no suministró datos tales
como radicado, fecha de la sentencia o partes intervinientes.
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
Dentro del término legal concedido, la UGPP contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones del medio de control, de acuerdo con las razones
que pasan a exponerse4:
i) Según el Consejo de Estado, el régimen de transición se aplica únicamente sobre
el monto y los requisitos de edad y tiempo de servicio del régimen al que se
encontraba afiliado el trabajador antes de la entrada en vigencia del sistema general
de pensiones, lo que quiere decir que lo concerniente al ingreso base de liquidación
debe definirse según lo consagrado en la Ley 100 de 1993.
ii) Las normas aplicables al caso del demandante corresponden al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1158 de 1994. A pesar de
que el señor Fredy Manzano es beneficiario del régimen de transición de la
mencionada Ley 100 de 1993 y, consecuentemente, del régimen especial de la
Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, el ingreso base de liquidación para fijar
el monto de su mesada pensional debe establecerse a partir de las reglas del
sistema general de seguridad social.
iii) En cuanto a los factores salariales a incluir en el IBL, solo pueden ser tenidos en
cuenta aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes al sistema pensional
consagrados en el Decreto 1158 de 1994, es decir que no pueden incluirse aquellos
factores solicitados por el demandante, por cuanto no se encuentran enlistados en
la citada norma. Finalmente propuso las excepciones de prescripción, genérica e
innominada, pago y compensación.
1.3 La sentencia apelada
4 Folios 72 al 83
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 18 de julio del 20195, negó las pretensiones de la demanda
de acuerdo con las siguientes consideraciones:
i) El señor Fredy Manzano nació el 30 de mayo de 1950, laboró para el Ministerio
de Educación Nacional, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General
de la Nación. El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y cumplió la totalidad de requisitos para adquirir el derecho a la pensión,
según el Decreto 546 de 1971, el 30 de mayo del 2005.
ii) Por medio de la Resolución UGM 18359 del 24 de noviembre del 2011, Cajanal
reliquidó la pensión de jubilación del señor Fredy Manzano, en cumplimiento de un
fallo de tutela, en el sentido de aplicar íntegramente el Decreto 546 de 1971, es
decir en cuantía del 75 % de la asignación mensual más elevada devengada
durante el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales de
acuerdo con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, la cual ascendió a un monto de
$ 4.574.528.
iii) Para la anterior reliquidación, Cajanal tuvo en cuenta los factores de asignación
básica, bonificación por servicios prestados, gastos de representación, prima de
navidad y prima de vacaciones. A través de la Resolución UGM 46940 del 18 de
mayo del 2012, Cajanal revocó la Resolución 13319 del 31 de marzo del 2009 y
modificó el artículo 1 de la Resolución UGM 18359 del 24 de noviembre del 2011;
como consecuencia de ello elevó el monto de la mesada a $ 4.748.792.
5 Folios 133 al 140
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
iv) Debido a que el demandante laboró más de 15 años al servicio de la Fiscalía
General de la Nación y es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio y el monto será el
establecido en el régimen anterior, es decir, el Decreto 546 de 1971, mientras que
las demás condiciones se establecerán a partir del régimen general de seguridad
social.
v) En el proceso no se demostró que alguno de los factores que devengó el
accionante y sobre los que cotizó a pensión no se hubiera incluido en el ingreso
base de liquidación; además, no es procedente ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación en aplicación íntegra del Decreto 546 de 1971, razón por la
que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El señor Fredy Guillermo Manzano Gómez, por medio de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con los
siguientes argumentos6:
i) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que el presente
caso no es de aquellos que se encuentran en trámite, de modo que se pudiera
aplicar la sentencia C-258 del 2013, proferida por la Corte Constitucional, relativa a
la no inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de
servicio.
6 Folios 152 al 183
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
ii) Las condiciones del derecho pensional del demandante fue definido antes de la
fecha de expedición de la citada sentencia, es decir, es un caso «decidido o fallado
bajo la anterior legislación» y, por lo tanto, es inmodificable por respeto al principio
de la cosa juzgada y a la seguridad jurídica.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la parte demandada guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el señor Fredy Guillermo Manzano Gómez tiene
derecho a que su pensión de jubilación sea calculada con un ingreso base de
liquidación equivalente al salario más alto devengado durante el último año de servicio,
como lo dispone el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con inclusión de todos los
factores salariales percibidos durante ese periodo.
2.2. Marco normativo
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971
cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala aplicar las
reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda de lo Contencioso
Administrativo en la sentencia de unificación de 11 de junio de 20207, que constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales.
En efecto, la Sección Segunda precisó que la sentencia de unificación se aplicaría
con efectos retrospectivos «[…] (i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto
de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables. […]».
Las siguientes fueron las reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, cobijados por el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, fijadas en la referida sentencia de unificación:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020,
radicación: 150012333000201600630 01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante: Cándida
Rosa Araque de Navas. Dentro de este proceso, la Sala de Sección aceptó el impedimento
manifestado por el suscrito ponente, mediante providencia del 30 de mayo de 2019.
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
En primer lugar, definió que son beneficiarios del régimen especial de pensiones
para la Rama Judicial o Ministerio Público quienes cumplan con las condiciones
impuestas por los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 546 de 1971,
en los siguientes términos:
«[…] 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que
se acrediten los siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si
es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial
y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de
50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;8 c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.»
En este sentido, la providencia en cita destacó que el régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993 no solo aplica para el grupo que se rige por las
normas generales, tales como la Ley 6 de 19459, el Decreto 3135 de 196810, Ley
8 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su
publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de
1971.
9 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
10 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
33 de 198511 y la Ley 71 de 198812, sino que también opera cuando se trata de
regímenes especiales, como los señalados por los Decretos 546 de 197113, 929 de
197614 y 937 de 197615.
En segundo lugar, precisó que las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa
de reemplazo que se deben reunir para el reconocimiento pensional son las
estatuidas por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Así lo señaló:
«[…] iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del
régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que
son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo
de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público,
o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75% […]»
En tercer lugar, puntualizó que el ingreso base de liquidación no hace parte del
régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso. Así lo señaló la providencia en
mención:
11 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público». Su régimen de transición dispone que, los empleados
oficiales que a la fecha de esta ley, que entró a regir partir del 13 de febrero de 1985, hayan cumplido
15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad
de jubilación que regían con anterioridad a ella. Y en todo caso, los empleados oficiales que a la
fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación,
se continuarán rigiendo por las normas que le anteceden.
12 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».
13 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
14 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de
la Contraloría General de la República y sus familiares».
15 «Por el cual se expide el Estatuto de Personal para los empleados de la Contraloría General de la
República».
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
«[…] e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso
3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años,
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados
anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10
años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será:
(i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; […]
Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201816. Tal posición se acompasa con la anunciada
por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-023 de 2018, según la cual el
propósito del legislador era evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso
base de liquidación de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993.
En cuarto lugar, se refirió a los factores salariales que deben hacer parte del ingreso
base de liquidación, para señalar que se deben computar los indicados por el
Decreto 1158 de 1994, previstos para la generalidad de los servidores públicos,
además de otros emolumentos que fueron establecidos con posterioridad pero que
también tienen incidencia pensional para los empleados y funcionarios de la Rama
Judicial. Para el efecto, se remitió a los actos de creación de tales prestaciones
económicas, los cuales dispusieron expresamente «que se constituyen en factores
de salario para efecto de determinar su ingreso base de cotización, siempre y
cuando respecto de ellos se hayan efectuado los aportes correspondientes». La
regla se dejó expuesta en los siguientes términos:
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 01994 01 (1460-2022)
Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
«[…] con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto
1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996;17 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de
2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto
de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]»
Como fundamento de lo anterior la Sala expuso:
«[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º
de abril de 1994 los servidores de la Rama Judicial quedaron incorporados al
sistema general de pensiones, y que, en virtud de tal incorporación a través del
artículo 6.º del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1.°18 del Decreto
1158 de 1994, fueron fijados como factores de salario para liquidar su ingreso
base de cotización la asignación básica mensual; los gastos de representación;
la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por
trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios
prestados, lo cierto es que estos servidores, precisamente en desarrollo de la
Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a que se
computen como factores salariales en la liquidación de su pensión los
siguientes:
Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial; la
bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los
magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales; la prima de productividad
para los empleados judiciales ordenada por el Decreto 2460 de 2006; la
bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1, y la bonificación judicial instituida
17 Artículo 1.°
18 Artículo 1. «El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así "Base de cotización". El salario
mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores
públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación
básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados».
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
por el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial, pues en
forma expresa los decretos aludidos dispusieron que se constituyen en
factores de salario para efecto de determinar su ingreso base de
cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los
aportes correspondientes. […]» (negrillas del original)
Como consecuencia de lo anterior, la providencia en cita consideró que
prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no
deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor
salarial.
2.3. Hechos probados
De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, la Sala establece lo siguiente:
i) El señor Fredy Manzano Gómez nació el 30 de mayo de 1950.19
ii) El demandante cuenta con los siguientes tiempos de servicio:
a. Ministerio de Educación Nacional: del 1 de enero de 1971 al 30 de agosto de 1973.20
b. Ministerio de Educación Nacional: del 5 de abril de 1974 al 6 de marzo de 1979.21
c. Contraloría General de la República: del 13 de noviembre de 1979 al 12 de
noviembre de 1993.22
d. Fiscalía General de la Nación: del 16 de noviembre de 1993 al 1 de junio del 2008.23
iii) El 28 de septiembre del 2006, la Caja Nacional de Previsión Social profirió la
19 Información consignada en las Resoluciones UGM 18359 del 24 de noviembre del 2011 y UGM
46940 del 18 de mayo del 2012, en folios 2 y 9.
20 Certificado en folio 130
21 Certificado en folio 130
22 Certificado en folio 131
23 Certificado en folio 132
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Resolución número 50833, por medio de la cual le reconoció al demandante una
pensión de jubilación en cuantía de $ 3.200.083, cuyo pago se condicionó al retiro
definitivo del servicio; el pensionado solicitó la reliquidación de esa mesada, la cual
fue negada por medio de la Resolución 13319 del 31 de marzo del 2009.24
iv) El 31 de marzo del 2008, la Fiscalía General de la Nación profirió la Resolución
2-0727, por medio de la cual aceptó la renuncia al cargo que venía desempeñando
el señor Fredy Manzano Gómez a partir del 1 de julio del 2008, fecha en la que se
produjo el retiro definitivo del servicio.25
v) Entre el 2004 y el 2008, el señor Fredy Manzano devengó los factores
correspondientes a: sueldo, gastos de representación, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y bonificación
por actividad judicial.26
vi) El 24 de noviembre del 2011, Cajanal profirió la Resolución UGM 18359 del 24 de
noviembre del 2011, por medio de la cual dio cumplimiento a la sentencia de tutela
del 16 de marzo del 2009, proferida por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá,
en la que se ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor Fredy Manzano
Gómez del siguiente modo:27
Que [el] Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 16 de marzo de
2009, en su parte considerativa estableció:
[D]entro de los 10 día siguientes a la notificación de esta sentencia, emita un nuevo
24 Información consignada en la Resolución UGM 18359 del 24 de noviembre del 2011, visible en el
folio 2. No se aportaron más datos sobre las condiciones iniciales del reconocimiento del derecho
pensional ni sobre las razones por las cuales se negó la reliquidación.
25 Folio 18
26 Certificados en folios 22 al 26
27 Folios 2 al 6
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acto administrativo mediante el cual reliquide la pensión de jubilación del accionante,
aplicando íntegramente el régimen especial de la rama judicial -Decreto 546 de
1971-, es decir, que tal operación se hará sobre el 75 % de la asignación mensual
más elevada devengada durante el último año de servicios, desde el momento en
que adquirió el estatus de pensionado, incluyendo todos los factores salariales a los
que tenga derecho como lo dispone el artículo 12 del Decreto 0717 de 1978.
En virtud de la anterior orden, Cajanal dispuso lo siguiente:
El interesado acredita un total de 12,602 días laborados, correspondientes a 1,800
semanas.
Que nació el 30 de mayo de 1950 y actualmente cuenta con 61 años de edad.
que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de FISCAL DELEGADO
ANTES JUECES ESPECIALIZADOS.
Que el peticionario adquirió el estatus de pensionado el día 30 de mayo del 2005.
que de conformidad con lo ordenado por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá
es procedente efectuar la siguiente liquidación así:
AÑO FACTOR VALOR IBL
2008 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 2,630,218.00
2008 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 153,429.00
2008 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,630,218.00
2008 PRIMA DE NAVIDAD 463,180.00
2008 PRIMA DE VACACIONES 222,326.00
IBL: 6,099,371 x 75.00 %= $4,574,528
[…]
Efectiva a partir del 30 de julio del 2008, pero con efectos fiscales una vez demuestre
el retiro definitivo del servicio.
Que son disposiciones aplicables: Sentencia proferida por el Juzgado 24 Penal del
Circuito de Bogotá el 16 de marzo de 2009.
vii) El 18 de mayo del 2012, Cajanal profirió la Resolución UGM 46940, en la que
reliquidó la pensión de jubilación del señor Fredy Guillermo Manzano Gómez, de
acuerdo con lo siguiente:28
28 Folios 9 al 16
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Se observa que mediante la resolución No. UGM 018359 del 24 de noviembre de
2011, por la cual se dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado 24
Penal del Circuito de Bogotá de fecha 16 de marzo de 2009, y en consecuencia se
reliquidó la pensión de jubilación del recurrente, pero por error involuntario en la
misma no se incluyó el factor salarial de prima de servicios, por lo cual mediante la
presente resolución se procederá a modificar la mencionada resolución, incluyendo
en la liquidación el mencionado factor salarial.
FACTORES
Asignación básica – 2008 $2,630,218.00
Gastos de representación – 2008 $2,630,218.00
Prima de navidad – 2008 $ 469,953.67
Bonificación servicios prestados – 2008 $ 153,429.33
Prima de servicios – 2008 $ 225,577.75
Prima de vacaciones – 2007 $ 222,326.42
---------------------
TOTAL = $ 6,331,723.17
Pensión: ($6,331,723.17 x 75 %) = $ 4,748,792.38
[…]
Efectiva a partir del 1 de julio de 2008.
[…]
Que respecto de la inclusión de la bonificación por actividad judicial es necesario
hacer la siguientes consideraciones:
[…]
Que la bonificación por actividad judicial comenzó a ser factor salarial a partir del
primero de enero de 2009, por tal razón, no es procedente reconocerla, toda vez
que el periodo a liquidar se encuentra comprendido entre el 1 de agosto de 2007
hasta el 30 de julio del 2008.
Como consecuencia de lo anterior no es posible incluir la bonificación por actividad
judicial ya que la ley no es retroactiva.
[…]
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Para resolver el problema jurídico propuesto es necesario tener en cuenta que el
señor Fredy Guillermo Manzano Gómez nació el 30 de mayo de 1950 y prestó sus
servicios al Ministerio de Educación Nacional, la Contraloría General de la República
y la Fiscalía General de la Nación; para el 1 de abril de 1994, el demandante contaba
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
con 43 años de edad, lo que quiere decir que es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
Así, al ser titular de los beneficios otorgados por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, tiene derecho a que su situación pensional (respecto de los requisitos de
edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo) sea reconocida con base en el
régimen al que se encontraba afiliado antes de la vigencia del nuevo Sistema
General de Seguridad Social, el cual corresponde al definido en el Decreto 546 de
1971, por haber prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación.
De ese modo, dentro del proceso está probado que la entonces Caja Nacional de
Previsión Social reliquidó la pensión de jubilación del demandante, en cumplimiento
de un fallo de tutela, a partir de la aplicación plena del artículo 6 del Decreto 546 de
1971, es decir, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales
devengados por el demandante durante el último año de servicio, con excepción de
la bonificación por actividad judicial.
No obstante, el demandante se muestra inconforme con dicha liquidación, porque
considera que deben ser incluidos todos los factores devengados en el último año
de servicio; sobre el particular, se advierte que es cierto que el artículo 6 del Decreto
546 de 1971 ordena el pago de una pensión en cuantía del 75 % del salario más
alto devengado durante el último año de servicio.
A pesar de lo anterior, la interpretación y condiciones de aplicación del ingreso base
de liquidación para efectos de calcular las pensiones de los servidores públicos de
la rama jurisdiccional beneficiarios del régimen de transición, fue rectificada por el
Consejo de Estado a través de sentencia de unificación del 11 de junio del 2020.
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En la aludida sentencia el Consejo de Estado sentó una serie de reglas
jurisprudenciales en materia de IBL aplicable a los beneficiarios del Decreto 546 de
1971, cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, entre las que
se definió que el ingreso base de liquidación no es un aspecto sometido al régimen
de transición, lo que quiere decir que, en casos como el decidido en esta
oportunidad, no hay lugar a aplicar el IBL dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, sino que, por el contrario, debe aplicarse el contenido en la Ley 100 de
1993, específicamente en los artículos 21 y 36, según corresponda.
En tal sentido, para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho pensional, el IBL
aplicable es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento, actualizados anualmente
con base en el índice de precios al consumidor; si faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho, el IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que le
hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si fuere más favorable.
De acuerdo con los actos administrativos demandados, el señor Manzano Gómez
cumplió la totalidad de requisitos pensionales el 30 de mayo del 2005, fecha en que
cumplió 55 años de edad; en consecuencia, desde la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, le hacían falta más de 10 años para ser titular del derecho pensional.
Ahora, en cuanto a la conformación del ingreso base de liquidación resulta relevante
aclarar que el IBL aplicable al presente asunto, de acuerdo con la sentencia de
unificación del 11 de junio del 2020, es el dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus
normas concordantes, lo que quiere decir que, en cuanto a factores de salario, debe
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atenderse lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 al igual que los artículos 14 de
la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;29 1.° del Decreto 610
de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del
Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, en la medida que le sean
aplicables al cargo desempeñado por el demandante.
Sobre la prima de actividad judicial debe decirse que fue creada por el Decreto 3131
de 2005, es un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios,
y no constituía factor salarial por expresa disposición legal del citado decreto,
posición que fue mantenida por el Consejo de Estado en la sentencia del 19 de junio
de 2008, al considerar ajustada a derecho la expresión «sin carácter salarial»
contenida en el artículo 1 de esa norma.
Así, la bonificación por actividad judicial es factor de salario solo a partir del Decreto
3900 del 2008, según el cual debe ser tenido en cuenta para determinar las
cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensión; sin embargo, al
existir un pronunciamiento judicial respecto a la legalidad del carácter «no salarial»
de la citada bonificación en vigencia del Decreto 3131 de 2005, no es viable su
inclusión como factor salarial o prestacional antes del 1 de enero de 2009, ni mucho
menos otorgarle efectos retroactivos a aquella norma.
En ese sentido, tal como se ha considerado en otros casos de igualdad fáctica y
jurídica decididos por esta Sala,30 la bonificación por actividad judicial devengada
antes del 1 de enero del 2009 tiene un fundamento normativo diferente al Decreto
3900 de 2008, que no le otorgaba el carácter salarial para integrar el IBL pensional
29 Artículo 1
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre del 2020,
radicado 23001-23-31-000-2011-00355-01, M.P. Dr. William Hernández
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
del régimen de la Rama Judicial, y en tanto la sentencia de unificación de 11 de
junio de 2020 incluyó dicho emolumento en expresa referencia al Decreto 3900 de
2008, la exclusión de dicho factor no se aparta de las reglas por ella definidas.
Explicado lo anterior, la Sala encuentra que la correcta liquidación de la pensión de
jubilación del señor Fredy Manzano, como beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 546 de 1994, debería corresponder al 75 % del
promedio de lo percibido por el demandante dentro de los 10 años anteriores al
reconocimiento del derecho, con inclusión de los factores salariales señalados en la
sentencia de unificación del 11 de junio del 2020 y percibidos por el demandante,
los cuales corresponden a sueldo, gastos de representación y bonificación por
servicios prestados.
A pesar de lo señalado, al revisar el material probatorio aportado el proceso, se
advierte que la actual liquidación de la mesada pensional del demandante obedece
al 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con
inclusión de los factores de asignación básica, gastos de representación,
bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de vacaciones y prima
de servicios.
Así las cosas, es claro que la liquidación efectuada en sede administrativa le resulta
más favorable al accionante, en comparación con la que resultaría de la aplicación
de la sentencia de unificación del 11 de junio del 2020. Entonces, teniendo en
cuenta que el señor Manzano Gómez acudió a la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo en aras de mejorar sus condiciones pensionales, y no de
empeorarlas, no se emitirá orden de reliquidación alguna y, en consecuencia, se
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confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio
de control de la referencia.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201631, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo;
objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso32, la Sala se abstendrá de condenar
en costas, en cuanto no resultaron probadas y la decisión es el resultado de un
cambio jurisprudencial surgido durante el transcurso del proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, y en el acervo
probatorio, la Sala considera que, en atención a la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020, el señor Fredy Guillermo Manzano Gómez no tiene derecho a que
su pensión de jubilación sea liquidada a partir del salario más alto devengado
durante el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales
percibidos en ese periodo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 18 de julio del 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro
32 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
24
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Demandante: Fredy Guillermo Manzano Gómez
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Fredy
Guillermo Manzano Gómez en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo. Sin condena en costas
Tercero. Una vez en firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente33
LBC
33 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
25
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