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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00122-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00122-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del 8 agosto de 2011 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, respecto de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2011 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2010, emanada del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00122-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Lola Zoraida Rueda de Benavides

Tema: Causales a) y b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara fundada la acción especial de revisión respecto de la
causal b). Sí procedía descontar las sumas ordenadas por
concepto de aportes en salud, respecto de la pensión gracia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 8 de
agosto de 20112 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, a través de la cual
adicionó y confirmó la emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga,
el 26 de febrero de 2010, que había accedido a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Proceso ordinario

1. La señora Lola Zoraida Rueda de Benavides instauró demanda contenciosa
administrativa3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de que se declarara la nulidad del Oficio GN-15697 del 28 de abril de 2005,
mediante el cual CAJANAL E.I.C.E., ya liquidada, le negó la solicitud de reintegro del 7%
descontado por concepto de aportes en salud sobre su pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó disponer que la deducción por
concepto de aportes en salud solo se ordene en el 5% de conformidad con la Ley 91 de
1989; en consecuencia, ordenar el reintegro del 7% descontado por el mencionado

1 En adelante UGPP.
2 A pesar de que en la demanda de revisión se hizo mención a la sentencia del «22» de agosto de 2011,

se entiende que se incurrió en un error. Sin embargo, se advierte que en la contestación de la demanda no
se cuestionó dicha circunstancia y se formularon argumentos frente a la decisión objeto del presente
proceso.
3 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Lola Zoraida Rueda de

Benavides Demandado: CAJANAL E.I.C.E. ya liquidada, ver folios 3 a 10 del expediente del tribunal.

Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

concepto, con efectos retroactivos desde cuando adquirió el derecho pensional y
condenar en costas a la demandada.

3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga resolvió la controversia en
sentencia del 26 de febrero de 2010,4 en la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Indicó que la demandante ingresó al servicio docente con anterioridad a 1980, lo cual
impedía aplicar las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2003 y 1122 de 2007,
que modificaron aspectos relacionados con las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social en Salud.

4. En ese orden, concluyó que el descuento del 12 % efectuado sobre la pensión
gracia carecía de sustento legal. Por ello, declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a
CAJANAL reintegrar a la actora las sumas detraídas que excedieran el 5 %, desde la
fecha en que se hicieron efectivas.

5. En materia de prescripción trienal, precisó que se desconoce la fecha en que la
actora formuló la petición de suspensión de las cuestionadas deducciones que gravaban
su pensión gracia en cuantía superior al 5%, por tanto, advirtió que los valores adeudados
y causados con 3 años de anterioridad, contados desde tal solicitud, podrían encontrarse
prescritos y la entidad debía reintegrar únicamente las sumas no afectadas por dicha
institución jurídica.

6. La demandada interpuso recurso de apelación,5 en el cual argumentó que su
función se limitaba a reconocer la pensión gracia, mientras que el pago de las mesadas
pensionales y la administración de los descuentos médico-asistenciales correspondían al
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), el cual trasladaba los recursos
por concepto de salud al Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de
Seguridad en Salud (FOSYGA), entidad encargada de administrar dichos recursos de
manera independiente y destinarlos a las finalidades previstas en la ley. Adujo que no le
era atribuible responsabilidad por las deducciones efectuadas ni por el eventual reintegro
de sumas, pues el «legítimo contradictor» del reclamo era el Ministerio de la Protección
Social, en su condición de representante legal de los referidos Fondos.

7. Agregó que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio se encuentran sujetos al régimen legal de cotizaciones al sistema de salud
previsto en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 1122 de 2007, de modo que no era
procedente la devolución de cotizaciones por concepto de salud.

8. El 8 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander6 adicionó el
numeral noveno a la sentencia recurrida en el sentido de «declar[ar] la prescripción de
las sumas que la entidad demandada debe devolver causadas con anterioridad al 28 de
abril de 2005» y confirmó la decisión en lo demás.

9. Explicó que CAJANAL se encontraba legitimada en la causa por pasiva, toda
vez que el acto administrativo que negó las pretensiones de la demandante, relativas al

4 Folios 113 a 121 del cuaderno correspondiente del tribunal.
5 Folios 146 a 154 ibidem.
6 Folios 187 a 199 ibidem.

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Demandante: UGPP

reintegro del 7% descontado, constituía una manifestación de voluntad de la
administración. En consecuencia, al ser la autora del acto acusado, tal entidad estaba
llamada a comparecer al proceso en calidad de demandada.

10. En ese mismo sentido, destacó que la accionada reconoció la pensión y ordenó
al FOPEP efectuar el pago de la prestación con los reajustes correspondientes, previa
aplicación de las deducciones de ley, dentro de las cuales se incluía la cotización en salud
equivalente al 12 % del ingreso pensional, conforme a lo expuesto en el acto acusado.

11. Sostuvo que si la demandada carecía de competencia para resolver la petición
presentada por la actora, debió dar aplicación al artículo 33 del Código Contencioso
Administrativo, esto es, remitir la solicitud a la autoridad competente e informar
oportunamente al peticionario sobre dicho trámite, lo cual no se evidenció en el caso
concreto.

12. En concordancia con la sentencia recurrida, determinó que la accionante
ingresó al servicio docente con anterioridad a 1980, de modo que no resultaban
aplicables las Leyes 812 de 2003 y 1122 de 2007, que modificaron los aspectos
relacionados con las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, en especial el
porcentaje correspondiente, pues de aplicar las citadas disposiciones se vulneraría el
principio de irretroactividad de la ley, haciendo más gravosa la situación del trabajador.
En ese sentido, reiteró que el descuento del 12 % realizado sobre la prestación de la
demandante carecía de sustento legal.

13. Por último, adujo que al no acreditarse la fecha de presentación de la solicitud
en sede administrativa, debía tomarse como referencia la fecha del acto acusado (28 de
abril de 2008) y, en consecuencia, declaró prescritas las sumas causadas con
anterioridad al 28 de abril de 2005.

Demanda de la acción especial de revisión7

14. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó revocar la
sentencia del 8 de agosto de 2011, expedida por el Tribunal Administrativo de Santander,
por la cual se adicionó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga; con tal propósito, invocó las causales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es «cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», respectivamente.

15. Con fundamento en lo anterior, pidió se declare que respecto de CAJANAL,
hoy UGPP, existió falta de legitimación en la causa por pasiva dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, porque no es la entidad destinataria ni
administradora de los recursos que se recaudan para la seguridad social en salud;
asimismo, se declare que sobre la pensión gracia reconocida a la demandada, deben

7 Folios 298 a 335 del expediente de la acción especial de revisión.

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Demandante: UGPP

realizarse los descuentos por concepto de salud conforme a lo dispuesto en la Ley 100
de 1993.

16. En desarrollo de las causales invocadas, alegó que la prevista en el literal a)
es procedente por cuanto la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso,
en tanto existía falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de CAJANAL, pues
no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones por las razones previamente
anotadas.

17. Por su parte, en cuanto a la causal b) estimó que también se configuró en el
presente asunto, dado que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, pues se accedió a suspender los descuentos por concepto de aportes
en salud y a reintegrar las sumas previamente deducidas sobre la pensión de la señora
Rueda de Benavides. Mencionó que tales descuentos tienen fundamento en los artículos
157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993.

18. Explicó que de acuerdo con las disposiciones citadas, los pensionados son
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en tal condición, están
obligados a efectuar cotizaciones en los términos del numeral 3.º del artículo 160 de la
Ley 100 de 1993. Refirió que la aludida cotización es obligatoria para todos los afiliados
al régimen contributivo, en un porcentaje del 12,5 %, obligación a la que también se
encuentran sometidos los docentes beneficiarios de la pensión gracia, ya que no están
excluidos de la aplicación del sistema, pues no hacen parte de las excepciones previstas
en el artículo 279 de la mencionada ley.

19. Aunado a lo anterior, sostuvo que conforme a la última norma señalada, dicha
prestación continúa a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, lo que, a su juicio,
permite concluir que la prestación no fue asumida por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y, por ende, sus beneficiarios no están cobijados por la excepción
prevista en el referido artículo 279.

Contestación de la acción especial8

20. La demandada, por conducto de curador ad litem,9 se opuso a las pretensiones
de la acción de revisión. Planteó que no se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la entidad, porque el derecho pensional de la señora Lola Zoraida
Rueda de Benavides fue reconocido por CAJANAL a través de la Resolución 9701 de
2001.

21. Señaló que no procede efectuar descuentos sobre la pensión gracia, al
considerar que dicha situación está amparada por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
y que no resulta aplicable el artículo 14 de la Ley 1703 de 2002.

22. Finalmente, afirmó que en el trámite procesal que ha conducido a la presente
acción de revisión en «ningún momento» se ha vulnerado el debido proceso, toda vez

8 Índice 68 de Samai.
9 A través de auto del 16 de noviembre de 2023, se le reconoció personería adjetiva al abogado Efraín

René Vega Castro, como curador ad litem de la demandada, Lola Zoraida Rueda de Benavides, quien
aceptó la designación, visible en el índice 67 de la plataforma Samai.

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Demandante: UGPP

que se garantizó la intervención de las partes, el ejercicio del derecho de defensa y la
posibilidad de aportar y controvertir pruebas.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 10 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.

Oportunidad

24. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 2011.11
No obstante, se advierte que la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016
estableció que tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de
caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, al
respecto, se definió la siguiente regla:

La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya
incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal.

25. Por lo tanto, la demanda de acción especial de revisión fue presentada
oportunamente, al haberse radicado el 21 de febrero de 2017.12

Problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 8 de agosto
de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander está inmersa dentro de las causales
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues habría incurrido en vulneración
del derecho al debido proceso en razón a la presunta falta de legitimación en la causa
por pasiva de CAJANAL y en un reconocimiento excesivo del derecho al ordenar el

10 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo

080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
11 Se precisa que la sentencia fue proferida el 8 de agosto de 2011; posteriormente, se surtió su notificación

mediante edicto fijado el 22 de agosto de 2011, el cual permaneció publicado hasta el 24 de agosto de la
misma anualidad.
12 Folio 337 del expediente de la acción de revisión.

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Demandante: UGPP

reintegro de los valores descontados por concepto de aportes en salud sobre la pensión
gracia de la señora Lola Zoraida Rueda de Benavides.

Análisis del problema jurídico

27. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y
fundada la prevista en el literal b), por las razones que se exponen a continuación.

28. La acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en] 13
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».14

29. Esta Corporación, en forma pacífica15 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales previstas por el
legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza».

30. En el presente asunto, la UGPP invocó como sustento las causales previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,16 al considerar que la sentencia cuestionada
incurrió en vulneración del debido proceso en cuanto habría sido emitida pese a «la falta
de legitimación en la causa por pasiva de CAJANAL», así como en un reconocimiento
excesivo del derecho al ordenar la suspensión y el reintegro de los valores descontados
por concepto de aportes en salud sobre la pensión gracia de la que es titular la señora
Lola Zoraida Rueda de Benavides. En lo que respecta a la afectación del patrimonio
público se concretó en que las cotizaciones a salud son connaturales a la prestación y al
suspender los descuentos por ese concepto, en el monto que realmente corresponde, se
configura una erogación periódica con cargo a los recursos de la Nación.

31. Lo primero que se debe señalar es que si bien es cierto la sentencia enjuiciada
no reconoce, propiamente, sumas periódicas, sí ordena suspender el descuento que se
hace sobre una prestación que las reconoce. En ese contexto, se entiende que es

13 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para

facilitar la lectura.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001

03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
15 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de

decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
16 «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» «b) Cuando la cuantía

del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

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Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

procedente el análisis de lo allí decidido, en aplicación de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 200317.

32. En relación con la causal prevista en el literal a) se precisa que el derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
constituye una garantía orientada a equilibrar la relación entre el Estado y los particulares,
asegurando el respeto de sus derechos dentro de las actuaciones judiciales y
administrativas, el cual, comprende, los siguientes elementos:18

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem.

33. A partir de lo expuesto, la Sala considera que los argumentos empleados por
la UGPP para fundamentar el cargo de vulneración del derecho fundamental al debido
proceso no reflejan el desconocimiento de las garantías que lo integran, sino que se
dirigen, en realidad, a cuestionar el contenido sustancial de la decisión judicial, en
particular lo relativo a la falta de legitimación en la causa por pasiva de Cajanal y a la
orden impartida a dicha entidad de suspender y reintegrar los descuentos efectuados
sobre la pensión gracia.

34. En efecto, lo planteado por la entidad no demuestra la existencia de una
irregularidad procesal con la expedición de la sentencia objeto de revisión, sino que
pretende controvertir la imposición de una obligación a su cargo, lo que supone reabrir el
debate jurídico ya resuelto, pues en la decisión censurada se examinó ampliamente el
aspecto relacionado con la legitimación en la causa de Cajanal para intervenir en el
proceso19. Por consiguiente, al no acreditarse la configuración de una vulneración del
debido proceso en los términos previstos por el legislador, la Sala declarará infundada la
causal invocada. En consecuencia, corresponde examinar el asunto a la luz de lo
dispuesto en el literal b) del referido artículo 20.

35. En ese orden, en relación con los descuentos por concepto de cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Salud que deben efectuarse sobre la mesada
pensional, es preciso señalar que la obligación de realizar aportes respecto de los

17 La Sala previamente ha examinado controversias como la que se estudia en este proceso. Sentencia del

23 de octubre de 2024, expediente 11001 03 25 000 2017 00462 00 (2124-2017) M.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
18 Sentencia del 18 de julio de 2011, radicado: 11 001 0327 000 2006 00044 00.
19 Ver el acápite «legitimación en la causa» contenido en las páginas 7 y 8 de la providencia objeto de esta

acción especial.

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Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social fue establecida desde la Ley
4.ª de 1966, cuyo artículo 2 dispuso la cotización equivalente al 5 % de la mesada
pensional, sin prever excepción alguna en favor de los beneficiarios de la pensión gracia.

36. Posteriormente, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 consagró la obligación
general para todos los pensionados de cotizar al régimen contributivo de salud en un
porcentaje del 12 % de su mesada, disposición que resulta aplicable igualmente a los
beneficiarios de la pensión gracia, en la medida en que el legislador no estableció
distinción alguna entre esta prestación y el régimen ordinario de jubilación.

37. La disposición anterior, fue modificada por el artículo 10 de la Ley 1122 de
2007, que incrementó el porcentaje de cotización al 12,5 %, y posteriormente por la Ley
1250 de 2008, que dispuso nuevamente el aporte del 12 %. Mas adelante, la Ley 2010
de 2019 estableció un esquema de cotización diferenciado, en el que el porcentaje del
aporte depende del monto de la pensión.

38. Sin embargo, aunque las mencionadas normas no incluyen de manera expresa
a la pensión gracia como objeto de cotización en salud, debe entenderse comprendida
dentro de su ámbito de aplicación, por tratarse de una prestación a cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, respecto de la cual el ordenamiento jurídico no
previó exclusión alguna.

39. En igual sentido, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 estableció que las
personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante la
realización de aportes, financiados directamente por el afiliado o en concurrencia entre
este y su empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin hacer
ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de regímenes especiales.

40. Por tanto, se concluye que quienes adquieren una pensión vitalicia, incluida la
pensión gracia, se encuentran obligados a efectuar las cotizaciones previstas por la ley
con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en atención a la finalidad
de sostenibilidad financiera del sistema. De esta manera, sobre la pensión que se
reconoce y paga a través de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, se debe
efectuar el descuento al que se refiere el artículo 204 de la Ley 100 con las modificaciones
introducidas por las Leyes 1122 de 2007, 1250 de 2008 y 2010 de 2019.

41. Conviene precisar que a pesar de que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dicha exclusión se refiere únicamente
a las prestaciones a cargo de dicho fondo y no a la pensión gracia, cuyo reconocimiento
corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy asumida por la UGPP.

42. En ese sentido, los beneficiarios de dicha prestación se consideran afiliados al
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, están obligados
a realizar las cotizaciones para salud previstas en las Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.

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Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

43. Ahora bien, en el expediente está probado que a la señora Lola Zoraida Rueda
de Benavides le fue reconocida la pensión gracia mediante la Resolución 09701 del 25
de abril de 2001,20 esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 204, se
reitera, establece la obligación general de los pensionados de cotizar al régimen
contributivo de salud en el porcentaje del 12 %, sin prever excepción alguna para los
beneficiarios de dicha prestación.

44. Bajo estas consideraciones, al no encontrarse exceptuada la pensión gracia
del régimen general de cotizaciones al sistema de salud, resultaba procedente la
aplicación del porcentaje legal correspondiente sobre la mesada pensional reconocida a
la accionada, circunstancia que no fue observada por la sentencia objeto de revisión, en
cuanto dispuso limitar los descuentos por concepto de aportes en salud al 5 % y ordenó
el reintegro de las sumas descontadas.

45. Así las cosas, la providencia cuestionada desconoció el régimen jurídico
aplicable, pues comportó un reconocimiento del derecho contrario al ordenamiento
vigente, razón por la cual se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, lo que conlleva declarar fundada la acción especial de revisión y
dictar sentencia de reemplazo.

Sentencia de reemplazo

46. Con base en las consideraciones expuestas en forma previa, se infirmará la
sentencia del 8 de agosto de 2011 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander,
por la cual se confirmó y adicionó la sentencia del 26 de febrero de 2010, emanada del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, para en su lugar, revocar
esta última y negar las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto el descuento efectuado
sobre la mesada pensional de la señora Rueda de Benavides por concepto de aportes
en salud se ajusta al régimen legal aplicable para la época en que fue reconocida la
pensión gracia.

47. Finalmente, en relación con la solicitud de restablecimiento del derecho
consistente en la devolución de las sumas descontadas, la Sala advierte que no se
acreditó que la señora Lola Zoraida Rueda de Benavides hubiese actuado de mala fe o
mediante maniobras contrarias al ordenamiento jurídico para obtener un porcentaje
inferior de cotización. Por lo cual, los valores percibidos se entienden recibidos de buena
fe y no procede ordenar su devolución.

Condena en costas

48. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad

20 Folios 63 a 66 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público.21

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 8 agosto de 2011 expedida por el Tribunal
Administrativo de Santander, respecto de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2011 expedida por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia del 26 de
febrero de 2010, emanada del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

21 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los

procesos en que se ventile un interés público».

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Radicación: 11001 03 25 000 2017 00122 00 (0637-2017)
Demandante: UGPP

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP

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