Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00462-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00462-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00462-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicado: 11001 03 25 000 2017 00462 00 (2124–2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Omaira Núñez de Rincón
Tema: Causales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Ley 1437
de 2011. Reintegro de aportes al Sistema de Seguridad Social
en Salud en pensión gracia.
La Sala de Subsección A procede a resolver de fondo la acción de revisión
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social U.G.P.P., contra la sentencia
de 8 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
dentro del proceso que cursó con el radicado 68001-33-31-012-2005-02978-01.
I. ANTECEDENTES
1.1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Omaira Núñez de Rincón, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad del Oficio No GN-
17310 de 6 de mayo de 2005, por medio del cual la Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL E.I.C.E. ya liquidada, negó la solicitud de reintegro del 7% por
concepto de descuento efectuado para salud sobre la mesada pensional.
Como restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro del 7% de los
descuentos hechos por concepto de salud respecto de la pensión gracia desde
cuando adquirió aquélla el derecho pensional, y que se declarare que solo debía
efectuársele un descuento del 5% de la pensión gracia destinados al servicio de
salud, de conformidad con la Ley 91 de 1989; así como se disponga la indexación
de las sumas hasta que se realice el pago completo de lo debido. Así mismo,
reclamó el pago de intereses por mora conforme al artículo 177 del CCA.
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Demandante: UGPP
1.2. Sentencia de primera instancia1
Por medio de la sentencia de 1 de diciembre de 2010, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la
demanda así:
«PRIMERO: DECLARASE la nulidad del oficio GN-17310 de fecha 6 de mayo
de 2005 expedido por el Grupo de Nómina de la Caja Nacional de Previsión
Social, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENASE a la Caja Nacional de Previsión Social abstenerse de
continuar descontando de la pensión gracia que devenga la señora OMAIRA
NUÑEZ DE RINCON, un porcentaje mayor al 5% como cotización por concepto
de salud.
TERCERO: CONDENASE a la Caja Nacional de Previsión Social, de acuerdo
con las pautas indicadas en la parte motiva, a reintegrar a la señora OMAIRA
NUÑEZ DE RINCON las sumas que han sido descontadas de la pensión gracia
como cotización por concepto de salud, que excedan el porcentaje del 5% sobre
la mesada pensional, desde la fecha en que iniciaron los descuentos hasta la
ejecutoria de esta providencia, si se siguieren realizando. Las sumas a pagar
se actualizarán de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de
esta providencia. Dicha liquidación deberá realizarla la entidad demandada.
CUARTO: DECLÁRASE probada la prescripción de los valores adeudados y
causados con anterioridad al 6 de mayo de 2002.
QUINTO: La entidad territorial demandada dará cumplimiento a la sentencia en
los términos previstos en los artículos 176 y s.s. del C. C. A.
SEXTO: NIÉGASE la condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente, previas constancias del caso.»
1.3. El recurso de apelación
La entidad demandada inconforme con la sentencia proferida por el citado juzgado
administrativo, interpuso recurso de apelación, indicando que no es posible
desconocer el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de un régimen
exceptuado, y, por tanto, los aportes para los fondos de solidaridad en los
regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos 27 y 204 ibidem, son
obligatorios en todos los casos, teniendo una cotización máxima del 12%. De igual
manera, precisó que debe atenderse a lo dispuesto en el Decreto 1703 de 2002, en
el sentido de efectuar cotizaciones dirigidas al FOSYGA, sin que se mencione una
norma que permita inferir que el porcentaje que se descuenta en la pensión gracia
para cotización de salud y seguridad social se exceda de lo legalmente autorizado.
1.4. Sentencia de segunda Instancia cuya revisión se solicita2
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 8 de noviembre de
2011, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia; al respecto, modificó
los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva en el sentido de determinar que
el reintegro corresponde a los valores que excedieran el 5% sobre las mesadas a
1 Folios 114 a 128 del expediente.
2 Folios 130 a 138 del expediente.
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partir del 6 de mayo de 2002, por configuración de la prescripción a partir de esta
fecha.
Señaló que, teniendo en cuenta que el causante ingresó al servicio docente antes
de 1980, no le resultan aplicables las Leyes 812 de 2003 y 1122 de 2007, las cuales
modificaron los aspectos relacionados con las cotizaciones al sistema de seguridad
social en salud, en especial el porcentaje correspondiente, pues de aplicar dichas
disposiciones se vulneraría el principio de irretroactividad de la ley, haciendo más
gravosa la situación del trabajador.
Revisado el expediente, encontró que en el caso objeto de estudio se estaba
realizando un descuento del 12% como cotización con destino a salud, sin que ello
tuviera un soporte legal y, por tanto, estimó el tribunal que había lugar a confirmar
la sentencia de primera instancia, pues el porcentaje resultaba ilegal.
En cuanto a la configuración de la prescripción, detalló que no se demostró la fecha
en que se presentó la petición que dio origen al acto administrativo demandado, por
lo cual, debía tener en cuenta la fecha de expedición de este último, procediendo a
modificarse la fecha para el 6 de mayo de 2005.
1.5. Fundamentos de la acción especial de revisión3
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, por intermedio de apoderada, solicitó
infirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander del 8 de
noviembre de 2011, con fundamento en las causales a y b del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere de lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
era legalmente aplicable; como consecuencia, pidió que se declare que respecto
de CAJANAL, hoy UGPP, existió falta de legitimación en la causa dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia a
revisar, por cuanto no es la entidad encargada o depositaria de los fondos o
recursos para la seguridad social; así mismo, que se declare que sobre la pensión
gracia reconocida a favor de la señora Omaira Muñoz de Rincón se deben realizar
los descuentos por concepto de salud, conforme a la Ley 100 de 1993.
Expone la parte actora que las cotizaciones que se efectúan para cubrir el servicio
de salud están connaturalmente ligadas a la prestación sobre la cual se realizan,
esto es, a la pensión gracia, sosteniendo que la suspensión de los descuentos que
por tal concepto se realizan mes a mes, implican una erogación periódica con cargo
a los recursos de la Nación. Que, al tenor de las sentencias recurridas, aunque el
servicio de salud debe ser prestado a la docente, no hay lugar a cotizaciones por tal
concepto, lo cual lesiona gravemente el erario público, ya que es la Nación la que
debe asumir los recursos que son indispensables para la financiación del sistema
general de seguridad social en salud.
3 Folios 158 a 190 del expediente.
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En punto a la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustenta que se
encuentra configurada, pues, la orden judicial se obtuvo con vulneración del debido
proceso, dado que existía falta de legitimación en la causa por pasiva de la extinta
Cajanal –hoy UGPP-, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por la señora Omaira Núñez de Rincón, dado que no era la entidad
llamada a satisfacer las pretensiones, en la medida que no era destinataria ni
depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el sistema de salud.
Luego de citar el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, menciona que, si bien los
descuentos en salud a que se viene haciendo referencia, se efectúan hoy por la
UGPP respecto a las pensiones reconocidas por la liquidada Cajanal EICE; dichos
recursos son girados con destino al FOSYGA, cual es una cuenta adscrita al
Ministerio de Salud.
En lo concerniente a la causal b) invocada, estima que también se configura en el
presente asunto, dado que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, al haberse accedido a la suspensión y reintegro de los valores
descontados por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia reconocida a
la señora Núñez de Rincón. Arguye que tales descuentos tienen fundamento en los
artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993.
Que, al tenor de la última disposición en cita, son afiliados al sistema general de
seguridad social en salud, entre otros, los pensionados, de manera que les es
exigible el deber de pagar las cotizaciones de conformidad con el numeral 3 artículo
160 de la Ley 100 de 1993. Y que el porcentaje de cotización para todos los afiliados
del régimen contributivo asciende al 12.5%, a lo cual se encuentran también
sometidos los docentes beneficiarios de la pensión gracia, pues estos no están
excluidos de la aplicación del mentado sistema general de seguridad social, ya que
no hacen parte de la exclusión contenida en el artículo 279 de la plurinombrada Ley
100; a lo que se suma que, la nombrada disposición, establece que la pensión gracia
continua a cargo de la Caja Nacional de Previsión, lo que a juicio de la parte actora
permite inferir que dicha prestación no es pagada por el Fomag, y por tanto no hacen
parte de la excepción del mentado artículo 279.
1.6. Intervención de la parte contraria
Presentada la demanda el 24 de mayo de 2017, se admitió la misma el 2 de marzo
de 2020, y notificado dicho proveído4, la señora Omaira Muñoz de Rincón guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias proferidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo fue establecido en el Decreto 01 de
1984, modificado por la Ley 446 de 1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en
los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011. Precisamente en el artículo 249 de
4 Folios 208 a 210 del expediente.
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dicho cuerpo normativo se estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
En este caso, atendiendo al criterio de especialización laboral, se le atribuye la
competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección que le
corresponda de acuerdo al reparto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública le corresponderá al Consejo de Estado.
Ahora bien, en los términos del numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social tiene dentro de sus funciones: « adelantar o asumir, cuando
haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la
adicionen o modifiquen».
2.2. Oportunidad
La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas
podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la
sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso
tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud
de revisión fue presentada6 en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251
dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».
5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que
establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera
de texto).
6 9 de octubre de 2019, como se aprecia a folio 32 vto.
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Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que,
tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las
solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de
caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013,
providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su jurisprudencia y
adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho,
en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal».
En este caso, toda vez que la decisión judicial de segunda instancia que se
cuestiona fue proferida el 8 de noviembre de 2011, luego notificada por medio de
edicto fijado el 21 de noviembre de 2011 y desfijado el 23 de noviembre del mismo
año7; se advierte que la solicitud de revisión se radicó en tiempo, dado que esto
último ocurrió el 19 de mayo de 20178, términos contabilizados conforme se explicó.
2.3. Problema jurídico
Se contrae a determinar si la sentencia del 8 de noviembre de 2011, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, se debe infirmar, de acuerdo con las causales
de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar el reintegro
del porcentaje en exceso descontado de la pensión gracia de la señora Omaira
Muñoz de Rincón por concepto de aportes para pensión.
2.4. Análisis de la controversia
2.4.1. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia
judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las
causales señaladas en el artículo 250 del CPACA9 (antes artículo 188 del CCA),
7 Folio 140 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 Folio 191 vlto del expediente
9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia.
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situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la
cosa juzgada10, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en
las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no
pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del
proceso.
Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente
como una acción especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la
legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al
tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia12 y para
ejercerla se requiere de un solicitante calificado13, que a su vez es un tercero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200314 facultó al Gobierno para que,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan
prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos
mil quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-2012)
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. - 27 de marzo de
2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-2012). « […] En este orden, precisa la
Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de
revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se
concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero
que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener
la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. -
10 de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno:
1273-2006.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. - 1
de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014).
14 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales
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Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de
diciembre de 200915 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.4.2. Análisis de la Sala
Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
2.4.2.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión con
cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del debido
proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales
estructura su petición.
En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 8 de noviembre de 2011,
proferida el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó parcialmente la
sentencia de 1 de diciembre de 2011, dictada por el Juzgado Doce Administrativo
de Bucaramanga, por medio de la cual se declaró la nulidad del oficio GN173110
de 6 de mayo de 2006 y, como consecuencia, ordenó a CAJANAL a abstenerse de
continuar descontando el 5% de la pensión por concepto de salud, así como
reintegrar las sumas de dinero ya descontadas, modificando la decisión de primera
instancia en el sentido de determinar que se declara la prescripción de los valores
adeudados y causados con anterioridad al 6 de mayo de 2002.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende
los siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia,
15 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones
de sus dependencias.
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el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in idem.
Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad judicial
al proferir la sentencia judicial que se revisa.
Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la aplicación de los descuentos por concepto de Seguridad Social en
Salud respecto de pensiones reconocidas por CAJANAL, los cuales son girados a
entidades diferentes a la UGPP, por tanto considera que la entidad hoy demandante
no es la llamada a satisfacer la orden de la sentencia objeto de revisión, lo que
vulnera el debido proceso; asunto que no guarda relación con la violación al debido
proceso, pues no se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni que
se ignoraron las normas procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto
del derecho de audiencia y defensa en los términos ya indicados.
Así, en atención a lo expuesto previamente, la Sala analizará los argumentos bajo
la causal b) de la misma norma.
2.4.2.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente16 como un instrumento que
persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa17 y permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 18, en especial,
el principio de solidaridad19 y equilibrio financiero.
Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que la interpretación que
realizó tanto el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander vulnera la Ley 100 de 1993 al desconocer que los
docentes beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran en un régimen
exceptuado y por tanto es posible, legalmente, realizar el descuento del porcentaje
correspondiente para aportes en salud al Sistema General de Seguridad Social,
circunstancia que ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la
jurisprudencial del Consejo de Estado, ordenando aplicar el respectivo descuento
en una pensión gracia.
16Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4.
Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-
02022-00.
17 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
18Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
19 Ratio o razón de ser de la seguridad social
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Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos y
jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en
ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del
asunto planteado.
Al respecto, la Sala observa que el planteamiento expuesto por la entidad
accionante esta encaminado a determinar que la sentencia objeto de revisión erró
al establecer que el porcentaje del descuento por concepto de aportes a salud
respecto de la pensión gracia de la señora Omaira Núñez de Rincón debía ser del
12.5% y no del 5% como lo dispuso la mencionada providencia.
2.4.3. La pensión gracia y el descuento para aportes en salud
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
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El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las b
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»20
Ahora bien, es de tener en cuenta que la pensión gracia es de carácter especial, por
tanto, se encuentra dentro de los regímenes excluidos del artículo 1.° de la Ley 33
de 1985, circunstancia que fue reiterada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que
indicó:
«Artículo 15 – A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
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sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.»
En cuanto a los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud que
se debe efectuar sobre esta mesada pensional, debe señalarse que la obligación
de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud se consagró para
los pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, desde la Ley 4 de
1966, que, en su artículo 2, señaló que se debía aportar el 5% de su mesada
pensional, sin que se hubiera hecho alguna excepción para los beneficiarios de la
pensión gracia.
Ahora bien, en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, se estableció la obligatoriedad
para todos los pensionados de cotizar el 12% de su mesada al régimen contributivo
lo que incluye a los beneficiarios de la pensión gracia, porque la norma no distinguió
entre este régimen especial y el ordinario de pensión de jubilación.
La normativa anterior fue modificada a través del artículo 10 de la Ley 1122 de 2007
aumentando el porcentaje de cotización al 12.5%, y posteriormente, a través de la
Ley 1250 de 2008 se determinó que los pensionados deben aportar el 12%. Más
adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 se decidió que el
porcentaje de aporte depende del monto de la pensión.
Es de reiterar que, si bien las mencionadas normas no consagran de manera
expresa la pensión gracia como susceptible de la cotización en salud, ha de
entenderse incluida por cuanto se trata de una prestación a cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social, y sobre la cual la ley no estableció ninguna excepción
al respecto.
Finalmente, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 estableció que las personas con
capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante la
realización de aportes, financiados directamente por el afiliado o en concurrencia
entre éste y su empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez,
invalidez, sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector
privado, sin hacer ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de
regímenes especiales y en el artículo 52 de la normativa ibidem se dispuso que las
personas que reciben una pensión de más de una administradora de pensiones,
deben cotizar sobre la totalidad de los ingresos con un tope máximo de 20 salarios
mínimos mensuales.
Por lo tanto, a aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión vitalicia de jubilación, incluyendo la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del sistema de seguridad social. De esta manera, sobre la pensión
que se reconoce y paga a través de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy de
la UGPP, se debe efectuar el descuento al que se refiere el artículo 204 de la Ley
100 con las modificaciones introducidas por la Ley 1122 de 2007, 1250 de 2008 y
2010 de 2019 con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Ahora bien, a pesar de que en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se exceptuó de
la aplicación del sistema integral de seguridad social a los afiliados del Fondo
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello se predica exclusivamente
de aquellas prestaciones a cargo del FOMAG y no de la pensión gracia cuyo
reconocimiento está en cabeza de la Caja Nacional de Previsión Social hoy
obligación asumida en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por virtud de lo dispuesto en el
artículo 156, literal i) de la Ley 1151 de 2007.
Es por lo anterior que los docentes que han accedido a la pensión gracia no están
exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social
en Salud y, por ende, son afiliados al régimen contributivo de ese sistema, al tenor
de lo dispuesto en el numeral 1, del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993,
postura en la cual, han coincidido tanto la Corte Constitucional21 como esta
corporación22.
Así las cosas, al quedar claro que los beneficiarios de la pensión gracia se
consideran afiliados al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y, en
consecuencia, se encuentran obligados a realizar las cotizaciones para salud
previstas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007.
2.5. Del caso concreto
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, a través de apoderado, invocando las
causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
solicitó revisar y revocar la sentencia de 8 de noviembre de 2011 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se confirmó el fallo de 1
de diciembre de 2010, dictado por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga,
decisiones con las que se accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas
a obtener la devolución de los dineros descontados de la mesada pensional por
concepto de aportes a salud superiores al 5% y a abstenerse de hacer descuentos
en un porcentaje superior a ello.
Ahora bien, se recuerda que en consideración a la causal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, la accionante señaló que con la sentencia objetada se vulneró el
debido proceso, en cuanto existió falta de legitimación en la causa en el proceso
ordinario antes descrito, toda vez que CAJANAL no era la entidad llamada a
satisfacer las pretensiones de la demanda, pues no era la entidad destinataria ni
depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la Seguridad Social en
Salud, circunstancia que, como se determinó previamente, no se alega el
desconocimiento al juez natural o competente, ni que se ignoraron las normas
procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto del derecho de
audiencia y defensa en los términos ya indicados, por tanto, no prospera la
mencionada causal.23
21Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Corte Constitucional,
Sentencia T-546/14, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 5 de
septiembre de 2013, expediente 2090-2012, magistrado ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
23 Al respecto, véase también: Consejo de Estado – Sección Segunda. Radicado: 11001-03-25-000-
2013-01423-00 (3603-2013), sentencia de 17 de junio de 2021; radicado: 11001-03-25-000-2014-
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Por otra parte, en cuanto a la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, si bien la entidad accionante realiza un análisis sobre la
procedencia del descuento del que son objeto las pensiones del régimen especial
con destino a aportes destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
no especifica la afectación al patrimonio público para el caso en concreto; no
obstante, la Sala considera que resulta suficiente el fundamento mismo de la acción
de revisión, esto es, cuestionar la legalidad de la decisión objetada, con la que se
determinó que el porcentaje de descuento por concepto de salud no puede ser
superior al 5%, lo que genera una afectación del patrimonio, pues ello afecta el
Régimen Contributivo de Salud.
Como se describió previamente, las mesadas pagadas por concepto de pensión
gracia sí están sujetas a los descuentos que por concepto de Salud se realizan con
destino al Sistema de Seguridad Social en Salud; ahora bien, en cuanto al
porcentaje de dicho descuento, se debe tener en cuenta las normas vigentes para
el momento en que se reconoció la prestación social.
A la señora Omaira Núñez de Rincón le fue reconocida una pensión gracia a través
de la Resolución 013192 de 14 de febrero de 1994, es decir, le era aplicable el
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que determinó la obligatoriedad para todos los
pensionados de cotizar el 12% de su mesada al régimen contributivo, inclusive si se
trataba de beneficiarios de la pensión gracia.
De lo anterior, es claro que existe una la obligación legal de realizar el descuento
por concepto de aportes a salud respecto de la pensión gracia de la señora Núñez
de Rincón, por tanto, se hace necesario declarar la prosperidad de la acción de
revisión respecto de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 y como consecuencia de ello, infirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 8 de noviembre de 2011 y proceder a emitir la
sentencia de reemplazo, conforme a lo prescrito en el inciso segundo del artículo
255 de la Ley 1437 de 2011, con la modificación introducida por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se determinó que, en los eventos en los que prospere
la causal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado deberá
proferir la sentencia de reemplazo.
2.6. Sentencia de reemplazo
En consideración a lo expuesto previamente, la Sala encuentra probado que la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se confirmó el fallo de primera instancia dentro el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por la señora Omaira Núñez de Rincón en
contra de la UGPP, no se encuentra ajustada a derecho.
Así, en estricto cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
norma vigente para el momento en que le fue reconocida la pensión gracia a Omaira
Núñez de Rincón, y teniendo en cuenta que el artículo 279 ibidem no exceptúa de
00658-00(2057-2014), providencia de 11 de noviembre de 2021; y radicado 11001-03-35-000-2017-
00564-00 (2679-2017), sentencia de 20 de junio de 2024.
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su aplicación a los beneficiarios de la pensión gracia, resultaba procedente ordenar
el descuento del 12% de la mesada pensional antes mencionada; circunstancia que
no fue tenida en cuenta por la sentencia judicial de 8 de noviembre de 2011, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la también
sentencia de fecha 1º de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en la medida que ordenaron realizar
los descuentos correspondientes a salud en un monto que no supere el 5%,
circunstancia que como se describió en esta providencia no resulta legalmente
procedente.
En consecuencia, se ordenará revocar la sentencia de 8 de noviembre de 2011,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda iniciada con radicado 68001-33-31-012-2005-02978-
01, por cuando el descuento del 12% sobre la mesada pensional es legal y
procedente para el momento en que le fue reconocida la pensión gracia.
Ahora bien, en atención a la solicitud de restablecimiento del derecho, consistente
en la devolución de dineros, vale la pena precisar que en aplicación del artículo 164
del CPACA, la UGPP no demostró que la señora Omaira Muñoz de Rincón actuara
de mala fe o con maniobras contrarias a derecho para obtener un porcentaje inferior
en el descuento correspondientes a aportes de salud, por tanto, las sumas de dinero
que como ganancia obtuvo la demandante por el porcentaje no cobrado, fueron
recibidas de buena fe y no procede su devolución.
2.7. Costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 29 del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
de la acción de revisión y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
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Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLÁRASE FUNDADA la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Santander.
SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Santander, y en consecuencia se dispone, REVOCAR la
sentencia de 1º de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, se NIEGAN las súplicas de la demanda.
TERCERO. SIN CONDENA en costas.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia – Consejo de Estado –
SAMAI, y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente original al juzgado
de origen, y procédase al archivo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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