Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00239-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00239-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00239-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00239 00 (0945-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Gloria Isabel Rodríguez Rojas
Tema: Causales a) y b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara fundada la acción especial de revisión respecto de la
causal b). Procedía descontar las sumas ordenadas por
concepto de aportes en salud, respecto de la pensión gracia.
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 18 de
septiembre de 2014 expedida por el Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la
cual se revocó la emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, el 8 de mayo
de 2014, que había negado las pretensiones de la demanda.2
I. ANTECEDENTES.
Proceso ordinario
1. La señora Gloria Isabel Rodríguez Rojas instauró demanda contenciosa
administrativa3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto, mediante el cual
CAJANAL E.I.C.E., ya liquidada, le negó la solicitud de reintegro del 12% descontado por
concepto de aportes en salud sobre su pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a CAJANAL suspender
las deducciones del 12% realizadas por dicho concepto y devolver las sumas
descontadas, así como condenar en costas a la demandada.
1 En adelante UGPP.
2 A pesar de que en la demanda de revisión se indicó que el Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia, se entiende que se incurrió en un error, pues aquella en realidad fue revocada. Sin embargo, se
advierte que en la contestación de la demanda no se cuestionó dicha circunstancia.
3 Folios 2 a 5 del expediente físico proveniente del juzgado.
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00239 00 (0945-2018)
Demandante: UGPP
3. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal resolvió la controversia en
sentencia del 8 de mayo de 2014,4 en la cual declaró probadas las excepciones de
inexistencia de obligación de efectuar aportes al sistema de seguridad social en salud y
de realizar devolución de lo aportado, así como la de cobro de lo no debido; en
consecuencia, negó las pretensiones.
4. Indicó que los descuentos efectuados por CAJANAL se ajustaban a las normas
que regulan el sistema de salud y seguridad social, razón por la cual no era procedente
declarar la nulidad del acto impugnado que negó a la demandante la devolución del 12%
correspondiente a los aportes en salud descontados de su prestación.
5. Precisó que tales deducciones estaban autorizadas desde la Ley «4ª de 1966»
y que, pese al carácter especial de la pensión gracia, la obligación de cotizar al sistema
de salud resultaba aplicable a todos los pensionados en virtud del principio de solidaridad,
sin que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispusiera excepción alguna.
6. La accionante interpuso recurso de apelación,5 en el cual argumentó que el juez
de primera instancia desconoció que los descuentos practicados por concepto de
servicios médico-asistenciales se encontraban a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad a la que estaba afiliada y a la que debían
girarse los aportes. En ese contexto, adujo que el régimen de seguridad social en salud
prevé una sola afiliación y que, conforme a la Ley 91 de 1989, el servicio de salud de los
docentes concierne al referido Fondo, razón por la cual las sumas detraídas no podían
destinarse al FOSYGA.6
7. Alegó que aun en el evento de considerarse procedente un aporte solidario al
FOSYGA, este sería del 1.5% del total devengado y no del 12.5% aplicado por la
demandada. Asimismo, planteó que a los docentes no les es aplicable la Ley 100 de 1993
en materia de aportes en salud, pues el Fomag cuenta con una base de cálculo distinta
para los pensionados. Por último, cuestionó la condena en costas impuesta7, por estimar
que se fundó en un criterio objetivo contrario al artículo 29 de la Constitución.
8. El 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Casanare8 revocó los
numerales primero y segundo de la sentencia recurrida para acceder al reintegro de las
sumas descontadas a la actora por concepto de aportes en salud y confirmó en lo demás
la decisión. Para el efecto, sostuvo en síntesis lo siguiente:
• La pensión gracia, de acuerdo con las normas que la regulan (Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966 y 91 de 1989) es una prestación que no se encuentra
sujeta a aportes.
• Las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 no hacen referencia a esta prestación sino a
otro tipo de pensiones.
4 Emitida en audiencia inicial, ver folios 203 a 206 del expediente de revisión.
5 Folios 237 a 243 ibidem.
6 Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud
7 Se precisa que en primera instancia no se impuso tal condena.
8 Folios 198 a 205 del expediente de revisión.
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Demandante: UGPP
• Cuando se examina la Ley 812 de 2003 se encuentra que su objeto fue aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario, mas no
modificar la regulación sobre la pensión gracia contenida en las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966 y 91 de 1989.
• Las Leyes 100 de 1993, 797 y 812 de 2003 no establecieron suma alguna de aportes
con cargo a la pensión gracia, ni para su financiación ni para la prestación asistencial.
• Dentro de nuestro ordenamiento constitucional, las pensiones hacen parte de los
denominados derechos sociales, económicos y culturales, los cuales se caracterizan
precisamente por el principio de progresividad, es decir, que el Estado debe tender a
mejorarlos, no a restringirlos o recortarlos.
• Según el artículo 6 de la Constitución Política los servidores públicos pueden realizar
solo lo que les está permitido u ordenado; en consecuencia, si la ley no ha dispuesto
que la pensión gracia está supeditada a aportes, no hay lugar a descuento alguno por
esa prestación. Es más, si alguna duda hubiere, debe resolverse a favor del trabajador
en virtud de lo establecido en el artículo 53 ibidem.
• El artículo 6 de la Resolución N° 36602 de 4 de noviembre de 2006 ordenó deducir de
la mesada de pensión gracia el valor correspondiente para servicios médico
asistenciales de acuerdo con la Ley 100 de 1993.
9. En consecuencia, concluyó que los argumentos acogidos en la sentencia
recurrida desconocían tanto la línea jurisprudencial reiterada por la Corporación en la
materia, como el principio de legalidad y las normas constitucionales indicadas.
10. En cuanto a la prescripción trienal, señaló que la accionante presentó petición
en sede administrativa el 5 de julio de 2012, por lo que las sumas causadas con
anterioridad a esa fecha se encontraban prescritas.
Demanda de la acción especial de revisión9
11. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó revocar la
sentencia del 18 de septiembre de 2014, expedida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por la cual se revocó los numerales primero y segundo de la sentencia de
primera instancia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal; con tal
propósito, invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es
«cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», respectivamente.
12. Con fundamento en lo anterior, pidió se declare que respecto de CAJANAL,
hoy UGPP, existió falta de legitimación en la causa por pasiva dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, porque no es la entidad destinataria ni
administradora de los recursos que se recaudan para la seguridad social en salud;
asimismo, se declare que sobre la pensión gracia reconocida a la hoy demandada, deben
realizarse los descuentos por concepto de salud conforme a lo dispuesto en la Ley 100
de 1993.
13. En desarrollo de las causales invocadas, alegó que la prevista en el literal a)
es procedente por cuanto la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso,
en tanto existía falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de CAJANAL, pues
9 Folios 209 a 215 ibidem.
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no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones por las razones previamente
anotadas.
14. Por su parte, en cuanto a la causal b) estimó que también se configuró en el
presente asunto, dado que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, pues se accedió a suspender los descuentos por concepto de aportes
en salud y a reintegrar las sumas previamente deducidas sobre la pensión de la señora
Rodríguez Rojas. Mencionó que tales descuentos tienen fundamento en los artículos 157,
202 y 203 de la Ley 100 de 1993.
15. Explicó que de acuerdo con las disposiciones citadas, los pensionados son
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en tal condición, están
obligados a efectuar cotizaciones en los términos del numeral 3.º del artículo 160 de la
Ley 100 de 1993. Refirió que la aludida cotización es obligatoria para todos los afiliados
al régimen contributivo, en un porcentaje del 12,5 %, obligación a la que también se
encuentran sometidos los docentes beneficiarios de la pensión gracia, ya que no están
excluidos de la aplicación del sistema, pues no hacen parte de las excepciones previstas
en el artículo 279 de la mencionada ley.
16. Aunado a lo anterior, puntualizó que, conforme a la última norma señalada,
dicha prestación continúa a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, lo que, a su
juicio, permite concluir que la prestación no fue asumida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ende, sus beneficiarios no están cobijados
por la excepción prevista en el referido artículo 279.
Contestación de la acción especial10
17. La demandada, por conducto de curador ad litem,11 expuso que «[n]o [se]
opon[nía] a las pretensiones de la parte actora, porque le asisten los derechos invocados
frente a las normas jurídicas que expresa y fundamenta vulneradas». Sin embargo, pidió
que en caso de prosperar la presente acción y revocarse las providencias cuestionadas,
se garantizara la efectividad de los derechos adquiridos por la señora Rodríguez Rojas,
a fin de evitar traumatismos administrativos en el traslado de su prestación al Sistema
General de Seguridad Social.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 12 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
10 Índice 57 de Samai.
11 A través de auto del 11 de abril de 2024, se le reconoció personería adjetiva al abogado Juan Carlos
Perdigón Bermúdez, como curador ad litem de la demandada, quien aceptó la designación, visible en el
índice 56 de la plataforma Samai.
12 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
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Demandante: UGPP
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.
Oportunidad
19. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de septiembre de
2014, es decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años,
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción
especial de revisión; por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el
21 de febrero de 2018.13
Problema jurídico
20. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 18 de
septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Casanare está inmersa dentro de
las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues habría incurrido en
vulneración del derecho al debido proceso en razón a la presunta falta de legitimación en
la causa por pasiva de CAJANAL y en un reconocimiento excesivo del derecho al ordenar
el reintegro de los valores descontados por concepto de aportes en salud sobre la pensión
gracia de la señora Gloria Isabel Rodríguez Rojas.
Análisis del problema jurídico
21. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y
fundada la prevista en el literal b), por las razones que se exponen a continuación.
22. La acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en] 14
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».15
23. Esta Corporación, en forma pacífica16 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales previstas por el
legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza».
13 Folio 216 del expediente de revisión.
14 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para
facilitar la lectura.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001
03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
16 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de
decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
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Demandante: UGPP
24. En el presente asunto, la UGPP invocó como sustento las causales previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,17 al considerar que la sentencia cuestionada
incurrió en vulneración del debido proceso en cuanto habría sido emitida pese a «la falta
de legitimación en la causa por pasiva de […] CAJANAL», así como en un reconocimiento
excesivo del derecho al ordenar la suspensión y el reintegro de los valores descontados
por concepto de aportes en salud sobre la pensión gracia de la que es titular la señora
Gloria Isabel Rodríguez Rojas. En lo que respecta a la afectación del patrimonio público
se concretó que las cotizaciones a salud son connaturales a la prestación y al suspender
los descuentos por ese concepto, en el monto que realmente corresponde, se configura
una erogación periódica con cargo a los recursos de la Nación.
25. Lo primero que se debe señalar es que si bien es cierto la sentencia enjuiciada
no reconoce, propiamente, sumas periódicas, sí ordena suspender el descuento que se
hace sobre una prestación que las reconoce. En ese contexto, se entiende que es
procedente el análisis de lo allí decidido, en aplicación de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.18
26. En relación con la causal prevista en el literal a) se precisa que el derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
constituye una garantía orientada a equilibrar la relación entre el Estado y los particulares,
asegurando el respeto de sus derechos dentro de las actuaciones judiciales y
administrativas, el cual, comprende, los siguientes elementos:19
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem.
27. A partir de lo expuesto, la Sala considera que los argumentos empleados por
la UGPP para fundamentar el cargo de vulneración del derecho fundamental al debido
proceso no reflejan el desconocimiento de las garantías que lo integran, sino que se
dirigen, en realidad, a cuestionar el contenido sustancial de la decisión judicial, en
particular lo relativo a la cuestionada falta de legitimación en la causa por pasiva de
17 «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» «b) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
18 La Sala previamente ha examinado controversias como la que se estudia en este proceso. Sentencia
del 23 de octubre de 2024, expediente 11001 03 25 000 2017 00462 00 (2124-2017) M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
19 Sentencia del 18 de julio de 2011, radicado: 11 001 0327 000 2006 00044 00.
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Cajanal y en la orden impartida orientada a suspender y reintegrar los descuentos
efectuados sobre la pensión gracia.
28. En efecto, lo planteado por la entidad no demuestra la existencia de una
irregularidad procesal con la expedición de la sentencia objeto de revisión, sino que
pretende controvertir la imposición de una obligación a su cargo, lo que supone reabrir el
debate jurídico ya resuelto, pues en el expediente se observa que antes de proferirse la
decisión censurada, el Tribunal revocó20 el auto del 14 de noviembre de 201321 emitido
por el juez de primera instancia que había declarado de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de Cajanal y ordenó continuar con el trámite del
proceso. Por consiguiente, al no acreditarse la configuración de una vulneración del
debido proceso en los términos previstos por el legislador, la Sala declarará infundada la
causal invocada. En consecuencia, corresponde examinar el asunto a la luz de lo
dispuesto en el literal b) del referido artículo 20.
29. En lo que tiene que ver con la afectación al patrimonio público, la entidad afirmó
que la suspensión de los descuentos que se hacen mensualmente con destino al Sistema
de Seguridad Social en Salud implica una erogación a cargo de los recursos de la Nación,
circunstancia con la cual se encuentra sustentada sucintamente el requisito que habilita
el estudio de la causal. En ese orden, en relación con tales descuentos que deben
efectuarse sobre la mesada pensional, es preciso señalar que la obligación de realizar
aportes respecto de los pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social fue
establecida desde la Ley 4.ª de 1966, cuyo artículo 2 dispuso la cotización equivalente al
5 % de la mesada pensional, sin prever excepción alguna en favor de los beneficiarios
de la pensión gracia.
30. Posteriormente, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 consagró la obligación
general para todos los pensionados de cotizar al régimen contributivo de salud en un
porcentaje del 12 % de su mesada, disposición que resulta aplicable igualmente a los
beneficiarios de la pensión gracia, en la medida en que el legislador no estableció
distinción alguna entre esta prestación y el régimen ordinario de jubilación.
31. La disposición anterior, fue modificada por el artículo 10 de la Ley 1122 de
2007, que incrementó el porcentaje de cotización al 12,5 %, y posteriormente por la Ley
1250 de 2008, que dispuso nuevamente el aporte del 12 %. Mas adelante, la Ley 2010
de 2019 estableció un esquema de cotización diferenciado, en el que el porcentaje del
aporte depende del monto de la pensión.
32. Sin embargo, aunque las mencionadas normas no incluyen de manera expresa
a la pensión gracia como objeto de cotización en salud, debe entenderse comprendida
dentro de su ámbito de aplicación, por tratarse de una prestación a cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, respecto de la cual el ordenamiento jurídico no
previó exclusión alguna.
20 A través de auto del 28 de noviembre de 2013, visible en el cuaderno de apelación de auto.
21 El cual se expidió en audiencia inicial.
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33. En igual sentido, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 estableció que las
personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante la
realización de aportes, financiados directamente por el afiliado o en concurrencia entre
este y su empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin hacer
ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de regímenes especiales.
34. Por tanto, se concluye que quienes adquieren una pensión vitalicia, incluida la
pensión gracia, se encuentran obligados a efectuar las cotizaciones previstas por la ley
con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en atención a la finalidad
de sostenibilidad financiera del sistema. De esta manera, sobre la pensión que se
reconoce y paga a través de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, se debe
efectuar el descuento al que se refiere el artículo 204 de la Ley 100 con las modificaciones
introducidas por las Leyes 1122 de 2007, 1250 de 2008 y 2010 de 2019.
35. Conviene precisar que a pesar de que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
exceptuó de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dicha exclusión se refiere únicamente
a las prestaciones a cargo de dicho fondo y no a la pensión gracia, cuyo reconocimiento
corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy asumida por la UGPP.
36. En ese sentido, los beneficiarios de dicha prestación se consideran afiliados al
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, están obligados
a realizar las cotizaciones para salud previstas en las Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.
37. Ahora bien, en el expediente está probado que a la señora Gloria Isabel
Rodríguez Rojas le fue reconocida la pensión gracia mediante la Resolución 017274 del
24 de agosto de 2000,22 esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 204,
se reitera, establece la obligación general de los pensionados de cotizar al régimen
contributivo de salud en el porcentaje del 12 %, sin prever excepción alguna para los
beneficiarios de dicha prestación.
38. Bajo estas consideraciones, al no encontrarse exceptuada la pensión gracia
del régimen general de cotizaciones al sistema de salud, resultaba procedente la
aplicación del porcentaje legal correspondiente sobre la mesada pensional reconocida a
la accionada, circunstancia que no fue observada por la sentencia objeto de revisión, en
cuanto dispuso suspender los descuentos por concepto de aportes en salud y ordenó el
reintegro de las sumas correspondientes.
39. Así las cosas, la providencia cuestionada desconoció el régimen jurídico
aplicable, pues comportó un reconocimiento del derecho contrario al ordenamiento
vigente, razón por la cual se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, lo que conlleva declarar fundada la acción especial de revisión y
dictar sentencia de reemplazo.
22 Folios 50 a 51 del expediente de revisión.
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Sentencia de reemplazo
40. Con base en las consideraciones expuestas en forma previa, se infirmará la
sentencia del 18 de septiembre de 2014 expedida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por la cual se revocó la sentencia del 8 de mayo de 2014, emanada del
Juzgado Primero Administrativo de Yopal, para en su lugar, confirmar esta última que
negó las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto el descuento efectuado sobre la
mesada pensional de la señora Rodríguez Rojas por concepto de aportes en salud se
ajusta al régimen legal aplicable para la época en que fue reconocida la pensión gracia.
41. Finalmente, en relación con la solicitud de restablecimiento del derecho
consistente en la devolución de las sumas descontadas, la Sala advierte que no se
acreditó que la señora Gloria Isabel Rodríguez Rojas hubiese actuado de mala fe o
mediante maniobras contrarias al ordenamiento jurídico para obtener la suspensión de la
cotización. Por lo cual, los valores percibidos se entienden recibidos de buena fe y no
procede ordenar su devolución.
Condena en costas
42. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público.23
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 18 de septiembre de 2014 expedida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, respecto de la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre de 2014 expedida por el
Tribunal Administrativo de Casanare y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia del
23 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los
procesos en que se ventile un interés público».
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Demandante: UGPP
8 de mayo de 2014, emanada del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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