Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00176-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00176-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00176-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00176-00
Nº interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez Talaigua
Demandado: Municipio de Tuchín
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 30
de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba. Causal regulada en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la señora
Ucari Patricia Flórez Talaigua contra la sentencia del 30 de noviembre de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, modificó la decisión de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora Ucari Patricia Flórez
Talaigua contra el municipio de Tuchín.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
señora Ucari Patricia Flórez Talaigua
La señora Ucari Patricia Flórez Talaigua presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la
nulidad de la Resolución 0073 de 13 de abril de 2012, mediante la cual se revocó
el nombramiento en el cargo de Auxiliar Administrativo código 407, grado 02.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo que ocupaba o a
otro igual o de superior jerarquía; que se declare que no ha existido solución de
continuidad; el pago de todos los salarios ajustados y demás prestaciones
laborales y sociales con retroactividad a la fecha de revocatoria del
nombramiento y hasta cuando sea reintegrado.
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en que la señora Ucari Patricia
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Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
Flórez fue nombrada desde el 5 de diciembre de 2008 en el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407, grado 02 en la planta de personal del municipio de
Tuchín.
Que posteriormente, mediante la Resolución 0073 de 13 de abril de 2012, el
Alcalde del municipio de Tuchín revocó el acto de nombramiento, sin el
consentimiento de la interesada, al considerar que no cumplía los requisitos para
ocupar el cargo al que fue nombrada.
Advirtió que con la anterior decisión se vulneran las siguientes normas:
Preámbulo y artículos 25, 29, 83 y 125 de la Constitución Política; Decreto 785 de
2005; artículo 73 del Código Contencioso Administrativo; artículo 97 de la Ley
1437 de 2011; Ley 1071 de 2006, que modificó la Ley 244 de 1995; y Decreto
2831 de 2005.
Señaló como causales de nulidad: (i) la desviación de poder; y (ii) la violación al
debido proceso
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El municipio de Tuchín se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que
los actos administrativos de nombramiento tienen como característica propia, ser
un acto de condición, por lo que no crean o modifican situaciones jurídicas
concretas y, en ese orden, no se requiere el consentimiento expreso y escrito del
empleado para la revocación de su nombramiento. Propuso como excepción la
inexistencia de las causales de nulidad del acto demandado.
3. La sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1
El Juzgado Segundo Administrativo de Montería, en sentencia del 25 de
noviembre de 2014, decidió: (i) declarar la nulidad de la Resolución 0073 de 13
de abril de 2012; (ii) ordenar al municipio de Tuchín que reintegre a la actora al
cargo, o a un cargo igual, similar o de superior jerarquía, en “provisionalidad”,
siempre y cuando no esté provisto por concurso de méritos; (iii) condenar a la
entidad demandada a reconocer la totalidad de los salarios, prestaciones sociales
1
Folios 87-95.
3
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro y hasta que
se produzca el reintegro, sumas que deberán indexarse; (iv) declarar que no ha
existido solución de continuidad en la prestación del servicio personal; (v)
condenar en costas a la entidad.
Señaló que el acto de nombramiento puede ser revocado directamente sin el
consentimiento previo del beneficiario, aunque debe darse la oportunidad de ser
previamente oído, si se cuestiona el cumplimiento de los requisitos para ejercer el
cargo; mientras que, sí se requiere el consentimiento del interesado, cuando el
cargo en el cual fue nombrado no existe en la planta de personal, o de cargos de
la entidad, o si el nombramiento se efectúa en provisionalidad en un cargo de
carrera sin la autorización previa de la Comisión del Servicio Civil.
Indicó que, en el caso bajo estudio la entidad demandada revocó el acto de
nombramiento de la señora Ucari Patricia Flórez no cumplió los requisitos para
ejercer el cargo al que fue nombrada.
Aseguró que, ante la inexistencia de manual de funciones y requisitos de la
planta de personal del municipio de Tuchín, se debía realizar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el decreto 785 de 2005, que en el artículo 20 establece
que el cargo de Auxiliar Administrativo código 407 es de nivel asistencial y, según
el mismo decreto, para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría (última
en la cual se encontraba clasificado el municipio en el año 2013), se exige la
terminación y aprobación de tres años de educación básica primaria como
mínimo y máximo diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia.
Agregó que, según las pruebas allegadas al proceso, se acreditó que la
demandante cumplía los requisitos para dicho cargo, pues se demostró que tenía
título de bachiller técnico, otorgado por la Institución Educativa Técnica “Álvaro
Ulcue Choque”.
En virtud de lo anterior, ordenó el reintegro de la actora y el pago de los
emolumentos dejados de percibir debidamente indexados, desde la fecha del
retiro hasta cuando se produzca el reintegro.
4. El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia
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Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
El municipio de Tuchín presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia bajo el argumento que no es cierto como indicó el juzgado, que
en el ente territorial no existía un manual de funciones para la fecha de
nombramiento y del retiro del cargo, pues incluso el acto demandado lo enuncia
expresamente, por lo que se evidencia una falta de actividad probatoria por parte
de la demandante.
5. La sentencia objeto de revisión2
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 30 de noviembre
de 2016 decidió: (i) modificar el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de ordenar el reintegro al cargo que ocupaba, siempre y
cuando no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o la
actora no haya llegado a la edad de retiro forzoso; (ii) modificar el numeral tercera
de la providencia apelada, en el sentido de condenar a la entidad a reconocer y
cancelar, debidamente indexados, los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro, sin que
exceda de 24 meses; (iii) confirmar en lo demás el fallo apelado; (iv) no condenar
en costas en esa instancia.
Aseguró que, no comparte el argumento del apoderado judicial de la parte
demandada, ya que, aunque se aportó al expediente un manual específico de
funciones del ente territorial, el mismo fue expedido con posterioridad al
nombramiento de la demandante, por lo que, al no tener un manual de funciones,
los requisitos para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo son los
previstos en el Decreto 785 de 2005.
Señaló que, como la demandante cumplía los requisitos para desempeñar el
cargo en el que se posesionó, no era procedente la revocatoria del
nombramiento; sin embargo, indicó que se debía modificar la decisión de primera
instancia, toda vez que la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014
estableció que, en los eventos en que se desvincula sin motivación a una
persona que ocupa un cargo de carrera administrativa en provisionalidad, una
indemnización equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin
2
Folios 11-22.
5
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Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
que dicha suma sea inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de salario.
En virtud lo anterior, consideró que se debía ordenar el reintegro y pago, a título
indemnizatorio, de los salarios dejados de percibir sin que el mismo exceda de 24
meses.
6. El recurso extraordinario de revisión3
La señora Ucari Patricia Flórez Talaigua interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según la cual es causa de revisión: “5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Dentro del recurso solicitó que se revoquen los numerales primero y segundo de
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba y, en su lugar, confirme los numerales primero y segundo de la
sentencia de primera instancia.
Señaló que, el Tribunal aplicó un precedente judicial que resulta inaplicable al
caso, como es la sentencia SU-556 de 2014, la cual regula la indemnización a
pagar cuando se produce la declaratoria de insubsistencia de un empleado
nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa.
Aseguró que el caso bajo estudio no encaja dentro de los mismos supuestos
fácticos y jurídicos regulados por dicha sentencia, pues la demanda se
fundamentó en un acto administrativo que revocó un nombramiento en
provisionalidad, por la supuesta falta de cumplimiento de los requisitos para
acceder al cargo, tema diferente al analizado por la Corte Constitucional.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 22 de
septiembre de 2017 4 . A través de providencia del 20 de mayo de 2021, el
Despacho Sustanciador prescindió del periodo probatorio, al encontrarse que en
3
Folios 1-8.
4
Folios 104-reverso.
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Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
el expediente reposan pruebas suficientes para decidir de fondo el asunto5.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión6
El municipio de Tuchín, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad del
recurso extraordinario de revisión, al considerar que la decisión adoptada en la
sentencia recurrida se fundamentó en la actividad analítica del juez y no a una
irregularidad procesal.
Afirmó que lo pretendido por la parte recurrente es reabrir el debate jurídico como
si fuera una instancia adicional. Igualmente, indicó que en el recurso se solicitó
que se revoquen los numerales 1 y 2 de la sentencia de segunda instancia y, en
su lugar, se confirmen los numerales 1 y 2 del fallo de primera instancia; pero al
revisar en detalle ambas decisiones de instancia, se evidencia que el numeral
primero de la providencia dictada por el juzgado, fue confirmada, por lo que no
sería procedente emitir un pronunciamiento al respecto.
En cuanto al numeral segundo de la decisión de primera instancia, se evidencia
que se refería al reintegro de la señora Ucari Flórez, decisión que fue cumplida
por la entidad.
9. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 31 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249 ídem.
2. Oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión
5
Folio 131.
6
Folios 127-129.
7
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.
En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba se profirió el 31
de octubre de 2016 y según lo indicado en la constancia visible a folio 1 del
expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 19 de enero de
2017. Por consiguiente, el recurso se interpuso en el término previsto legalmente.
3. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 31 de octubre de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba que modificó el fallo dictado el 25 de
noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Administrativo de Montería, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 31 de
octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se incurrió en la
causal de revisión alegada por la recurrente, contenida en el numeral quinto del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que, en criterio de la señora Ucari Patricia
Flórez, en la providencia dictada en segunda instancia se aplicó una tesis
jurisprudencia que no correspondía al caso bajo estudio, relacionada con el pago
de salarios y prestaciones sociales cuando se declara insubsistente y sin
motivación alguna a una persona nombrada en provisionalidad en un cargo de
carrera.
Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2
Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso
concreto.
3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
8
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia.7 Más que un recurso, es un
verdadero proceso8 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de proferir
la sentencia cuestionada9”10.
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado11, y salvo la causal 4ª del artículo
25012, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”13.
7
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
8
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
9
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
9
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’14. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios15.
3.2. Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La censura frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
objeto del presente recurso extraordinario, se fundamenta en que considera que
en dicha sentencia se incurrió en una nulidad procesal, porque se tuvo en cuenta
un precedente jurisprudencial que no era aplicable al caso bajo estudio, por lo
que se resolvió el asunto con argumentos que no correspondían.
Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es
necesario examinar la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente
en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el trámite
de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
14
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
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Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
intereses superiores de las partes.
Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente por su
función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas como
motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión, pues,
inclusive en la sentencia que pone fin a los procedimientos, es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.
En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos, o adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
pronunciamiento que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o
bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales
que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y
no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades
procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al
cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure
aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso
terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece
firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos
no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio
de la non reformatio in pejus”16.
Para ello, es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.
Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 2 de marzo de 2010, señaló:
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
11
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena:
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´. […]
En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en
aquella oportunidad:
“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación,
se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en
firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. […]
Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:
Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan
la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los
establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]
En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:
[…]
En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver
12
Número interno: 1099-2017
Demandante: Ucari Patricia Flórez
Demandado: Municipio de Tuchín
Fallo
el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o
competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el
vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la
contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión […]”17.
De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso de
apelación, debe corresponder a un vicio que se debe presentar al momento de
dictar la providencia recurrida, porque de lo contrario se estaría ante una
situación que pudo haber sido alegada y estudiada en el curso del proceso.
Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la Sala
Plena del Consejo de Estado, al considerar que: “la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial
de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201718: ‘En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso’”19.
La violación al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de
la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).
18
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
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Número interno: 1099-2017
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aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
casos que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamente20.
En todo caso, aun, bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al igual
que cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se
requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate
de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse
presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.
Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en sentencia del
23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en “la expedición del fallo mismo,
y no en instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida” 21 , comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre
el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la
justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la
decisión judicial que puso fin a la litis”22.
Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
22
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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demanda, o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
litigiosos objeto del debate23.
Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los
hechos y pretensiones de la demanda, así:
“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
[…]”
El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la
externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las
partes y lo decidido por el fallador24.
Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello “el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario
debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia
de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la
23
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
24
Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00
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inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario”25.
De todo lo anterior se concluye que para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada
en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por
hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues en
tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.
4. Caso concreto
La señora Ucari Patricia Flórez Talaigua presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, al considerar que se incurrió en la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, consistente en existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso.
Al respecto, se observa que esta causal se sustentó en la supuesta aplicación
indebida del precedente jurisprudencial por parte del Tribunal, ya que considera
que tuvo en cuenta para resolver la controversia lo previsto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, pese a que la misma estudió un
asunto con supuestos fácticos y jurídicos diferentes.
Lo anterior, toda vez que en el caso analizado por la Corte Constitucional se
resolvió sobre el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por
un empleado nombrado en provisionalidad, al que se declara insubsistente su
nombramiento sin motivación; mientras que, en el asunto objeto de estudio en el
presente recurso, se cuestionó el pago de los salarios y prestaciones sociales,
también de una empleada nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera
administrativa, cuyo nombramiento fue revocado por el supuesto incumplimiento
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)
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de los requisitos legales para ocupar el cargo.
Para resolver el cargo planteado, la Sala advierte que el desconocimiento de un
precedente judicial no puede considerarse como un presupuesto configurativo de
la causal quinta de revisión consistente en existir nulidad originada en la
sentencia.
Ciertamente, el desconocimiento del precedente es solo una inconformidad de
quien la recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas por el Ad
quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de haber
resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. Para la Sala, este argumento
de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que se pueda
sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la procedencia
del recurso extraordinario de revisión.
Sobre la improcedencia del recurso extraordinario de revisión por
desconocimiento del precedente judicial, la Sala 13 Especial de Decisión en
sentencia del 7 de abril de 2015, consideró:
“Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.
De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría
cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación
de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de
proteger el derecho fundamental de igualdad.
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para
atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador
como una causal de dicho recurso26.
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión”.
Así las cosas, como no es posible, a través de este mecanismo excepcional,
26
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.
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hacer un estudio sobre la jurisprudencia aplicable al caso, pues ello no
corresponde a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, la Sala se releva
de analizar los planteamientos esbozados por la señora Ucari Patricia Flórez
Talaigua, pues los mismos buscan que se resuelva el asunto bajo otro criterio,
pese a que el Tribunal expuso de forma razonada los motivos por los cuales
consideró que debía tenerse en cuenta lo decidido por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-556 de 2014, en especial porque se trataba del retiro del servicio
de una empleada nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera
administrativa y, concluyó que era posible su aplicación, así no se tratara de una
insubsistencia del nombramiento, decisión adoptada en virtud del principio de
autonomía funcional.
La Sala considera que lo pretendido por el recurrente es que se emita un nuevo
pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque considera que en la sentencia
recurrida no se realizó un análisis correcto, ya que debió concluirse que debía
pagarse los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el
momento del retiro del servicio y hasta la fecha en que se reintegre efectivamente
al cargo; sin embargo, estudiar lo alegado por la señora Ucari Flórez, conlleva a
que el recurso extraordinario de revisión se convierta en una “tercera instancia”
para debatir la posición que en criterio de la parte vencida debió adoptarse en el
proceso, sin que se evidencie que dicha situación generó una vulneración del
derecho al debido proceso o de algún derecho de la interesada, pues los
argumentos expuestos en el recurso demuestran la inconformidad frente a la
jurisprudencia tenida en cuenta por el Tribunal, y no un error de tal magnitud que
haga procedente el análisis de lo alegado a través de este mecanismo.
Ahora bien, se debe resaltar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado
ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario,
que se funda en la configuración de alguna de las causales taxativamente
señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la
afectación de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y
no se puede emplear como una oportunidad de alguna de las partes para discutir
nuevamente un aspecto de la litis, cuestionar el sustento jurisprudencial aplicado
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por el juez o la valoración efectuada por el mismo sobre las pruebas obrantes en
el proceso.
Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
invocada, sin que haya lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo
establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el
sub lite.
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la señora Ucari Patricia Flórez Talaigua y no condenará en costas
a la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Ucari Patricia Flórez Talaigua contra la sentencia de 30
de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas a la parte recurrente.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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Fallo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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