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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00273-00

Acción especial de revisión

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00273-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra José Francisco Pérez Duitama, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se infirme la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-33-31-010-2011-00197. Segundo: Infírmese parcialmente el numeral primero de la sentencia referida, para en su lugar, disponer: Modifíquese el numeral cuarto de la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, en el sentido de excluir, de la reliquidación pensional, la bonificación por recreación y el factor grupal por no constituir factor salarial para ningún efecto, conforme se explicó en precedencia. Se aclara que los efectos de esta providencia, en lo pertinente a la liquidación de la prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del pensionado que fueron reconocidos al amparo de la sentencia del 26 de noviembre de 2015. En todo lo demás se mantiene la decisión. Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión. Cuarto: Sin condena en costas. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al tribunal de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00273-00

Consejero ponente: William Hernández Gómez

8 de julio de 2021

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

[D]e conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE. La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de la acción de revisión. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a que la UGPP esta habilitada para adelantar procesos de acción de revisión, ver: Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.

FUENTE FORMAL: LEY 1151 DE 2007 - ARTÍCULO 156

ACCIÓN DE REVISIÓN - Procedente contra sentencias ejecutoriadas

[L]a finalidad de la acción especial de revisión es justamente invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso procesal. Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada , entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso. Por lo expuesto, la acción de revisión contra la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, mediante la cual se confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja es procedente, pues la naturaleza misma del proceso comporta que se dirija contra sentencias ejecutoriadas, de las que se predica la cosa juzgada.

ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY – Aplicación del precedente jurisprudencial vigente para el momento de la decisión y que guarde identidad con el caso concreto.

NOTA DE RELARORIA: Frente a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL A / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13/ LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36

ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY – Infundada / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Vigente para el momento de la decisión y que guarde identidad con el caso concreto / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL -Determinación

En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las (…) reglas (…). Este régimen difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario de dicha normativa especial. Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su aplicación a regímenes distintos al allí analizado , la Corte mediante proveído SU-230 de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición, resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del apartamiento judicial , y, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, tanto el a quo como el ad quem acogieron la tesis desarrollada por el Consejo de Estado [sentencia del 4 de agosto de 2010]. NOTA DE RELARORIA: Frente a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01. Frente al ingreso base de liquidación pensional del régimen especial de los congresistas, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto a la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición, ver: Corte Constitucional sentencia SU230-15 de 29 de abril de 2015, Exp. T- 3.558.256, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL B / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / LEY 62 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 /

ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY – Fundada / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL / BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN - No es factores salariales

[L]a sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda, (…) sostuvo que este emolumento no debe ser tomado en el cálculo de la prestación. Esencialmente, tal exclusión se debe a que su finalidad no es la de remunerar el trabajo, sino que se trata de una prestación social, pues así lo previó el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001. (…) De este modo, si bien el pensionado es beneficiario del régimen de transición, razón por la cual su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de 1985, atendiendo el criterio jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, que sostenía que el IBL hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados, lo cierto es que la sentencia precitada indicó que no debe incluirse un emolumento que no se perciba como retribución de la labor. Tal es el caso de la bonificación por recreación, cuyo carácter salarial fue descartado expresamente por la norma de creación .Teniendo en cuenta que la decisión objeto de revisión acogió la tesis expuesta para determinar el IBL de la pensión del entonces demandante, resulta lógico atenderla para excluir el mencionado emolumento de la liquidación pensional, toda vez que, según la mentada providencia, no constituye salario, en cuanto no se reconoce como contraprestación directa del trabajo desempeñado por el servidor público, sino que se otorga una vez se inicia con el disfrute de las vacaciones, máxime si se tiene en cuenta que el legislador había excluido expresamente ese factor y, por lo tanto, no podía computarse para efectos pensionales. NOTA DE RELARORIA: Frente a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL B / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / LEY 62 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 /

ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY – Fundada / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL / FACTOR GRUPAL - No es factor salarial

[E]l (…) incentivo (factor grupal) tiene como finalidad promover la eficiencia y eficacia de los empleados públicos de la DIAN, bajo el cumplimiento de unas metas, por lo que no puede considerarse habitual y permanente, en la medida que solo será devengado si aquellas se logran. Es decir que, al fijarse el supuesto de una condición previa para el reconocimiento, distinta al simple desempeño funcional, se convierte para el trabajador en un pago que no constituyen salario a voces del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (…). Así las cosas, teniendo en consideración que el señor José Francisco Pérez Duitama percibió el factor grupal desde octubre de 1994 y hasta diciembre del 2004, como consta en la certificación emitida por la DIAN el 6 de enero de 2005, periodo durante el cual se encontraba vigente el citado Decreto 1268 de 1999, que derogó el Decreto 1647 de 1991, es razonable inferir que dicho emolumento fue devengado en los términos allí establecidos. En otras palabras, para la fecha en que el demandado percibió este factor, aquel no tenía la naturaleza de salario, por disposición expresa de la norma que lo regulaba y, por ende, no puede incluirse dentro del IBL para su pensión de jubilación. (…) [E]l señor José Francisco Pérez Duitama tiene derecho a que su pensión se liquide sobre el 75% sobre lo percibido durante el último año de servicio, pero con exclusión de la bonificación por recreación y el factor grupal, motivo por el cual habrá de infirmarse la decisión objeto de revisión por este aspecto. NOTA DE RELATORIA: Referente a que el incentivo grupal no se considera parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia de 14 de febrero de 2002, Rad. 2824-00.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL B / DECRETO 1268 DE 1999 / DECRETO LEY 2663 DE 1950 – ARTÍCULO 128

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2017-00273-00(1319-17)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Demandado: JOSÉ FRANCISCO PÉREZ DUITAMA

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Ingreso base de liquidación de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Bonificación por recreación. Factor grupal.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-039-2021

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, mediante la cual se confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Francisco Pérez Duitama en su contra.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor José Francisco Pérez Duitama, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó la nulidad de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011, mediante la cual el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, negó la reliquidación de su pensión de vejez, con inclusión del factor grupal.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: i) reliquidar la pensión de jubilación del señor José Francisco Pérez Duitama, con inclusión de las sumas percibidas por factor grupal, que venía devengando desde octubre de 1991 hasta el 30 de diciembre de 2004; efectiva a partir del 1 de enero de 2005; ii) pagar las diferencias de las mesadas pensionales recibidas en virtud del acto de reconocimiento y lo que efectivamente le corresponde; y iii) ajustar conforme al IPC los valores adeudados y pagar los intereses moratorios, conforme a los artículos 177 y 178 del CCA.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

El señor José Francisco Pérez Duitama prestó sus servicios para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, desde el 1 de abril de 1968 hasta el 31 de diciembre de 2004. El último cargo que desempeñó fue el de profesional de ingresos públicos II, nivel 31, grado 22.

Por medio de la Resolución 17414 del 2 de septiembre de 2004, la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez en una cuantía de $1.126.325,00, efectiva a partir del 1 de enero de 2004. La liquidación se efectuó con el 75% de los factores devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2003, a saber, asignación básica, bonificación por servicios prestados e incrementos por antigüedad.

Mediante Resolución 37936 del 10 de noviembre de 2005, reliquidó la prestación en un monto de $1.208.080,40, efectiva a partir del 1 de enero de 2005, liquidada sobre el 75% del promedio de lo percibido entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2004, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad.

En virtud de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de 26 de octubre de 2006, la entidad, por medio de Resolución 2518 del 24 de octubre de 2007, reliquidó nuevamente la pensión de jubilación en cuantía de $1.526.152,44, efectiva a partir del 1 de enero de 2005. La liquidación se efectuó con base en el 75% de lo devengado desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2004, con inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por recreación, la bonificación por servicios prestados y la prima de vacaciones; no tuvo en cuenta el factor grupal para el cálculo.

Inconforme con la decisión, el señor José Francisco Pérez Duitama reiteró la solicitud de reliquidación pensional. Sin embargo, la entidad denegó su pedimento, por medio de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011, en la que aseguró que tuvo en cuenta todos los factores salariales certificados por la DIAN y que la inclusión del factor grupal no fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

El señor José Francisco Pérez Duitama es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años, pues nació el 8 de diciembre de 1943, y con más de 15 años de servicio oficial, comoquiera que laboró ininterrumpidamente desde el 1 de abril de 1968 hasta el 30 de diciembre de 2004.

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; la Ley 4 de 1966; Decretos 1045 de 1978, 1848 de 1969; artículos 1 y 10 del Decreto 1160 de 1989 y 10 del Decreto 2527 del 2000; 1 de la Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como concepto de violación de la normativa invocada, señaló que el acto objeto de demanda adolece de falsa motivación y que se expidió con desconocimiento de las normas en que debió fundarse y del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado, en virtud del cual constituye factor salarial toda suma que el trabajador reciba habitual y periódicamente como contraprestación de sus servicios.

Al respecto, advirtió que la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, en la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011, excluyó del IBL para su pensión de jubilación el factor grupal, con lo que pasó por alto su naturaleza de salario, a pesar de que percibió sumas por este concepto de manera habitual y periódica desde su creación hasta el momento del retiro del servicio. Lo anterior, con el fundamento de que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 24 de octubre de 2007, explicó que el factor grupal no tiene connotación salarial, pues así lo dispuso expresamente el artículo 65 del Decreto 1647 de 1991.

Aseveró que la entidad realizó una interpretación restrictiva de las normas que regulan la pensión, en perjuicio del señor José Francisco Pérez Duitama y que, además, inaplicó las normas que rigen su pensión de jubilación, por estar cobijado por el régimen de transición. En particular, citó como vulnerados los artículos 1, parágrafo 2, y 36 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, sostuvo, el valor de la mesada debe calcularse sobre todos los factores salariales que percibía habitual y periódicamente como retribución de su labor, durante el último año de servicios, inclusive el factor grupal, tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

Por último, citó el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 26 de marzo de 1992, en el que precisó que la noción de «salario» comprende todo aquello que recibe el trabajador como retribución directa o indirecta de sus servicios, sea cual sea su denominación.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que, de acceder a ellas, se vulneraría el principio de solidaridad previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005, en cuanto dispone la obligación de efectuar aportes al sistema general de seguridad social para que estos mismos sean retribuidos a través de la mesada pensional. En igual sentido, sostuvo que la reliquidación solicitada es contraria a los principios de sostenibilidad presupuestal y legalidad.

Arguyó que el factor grupal es un incentivo de hasta el 50% de la asignación básica mensual, la prima de dirección y la diferencia remuneratoria que por designación de jefatura se devengue, cuyo propósito es recompensar a los empleados públicos que, como resultado de su gestión, alcancen las metas tributarias, aduaneras y cambiarias trazadas en cada área, y que este no tiene carácter salarial, por disposición expresa del artículo 5 del Decreto 1268 de 1999.

De esta manera, concluyó que el acto acusado fue expedido conforme a las disposiciones legales vigentes.

Finalmente, propuso como excepciones: i) falta de agotamiento de la vía gubernativa, ii) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido; iii) prescripción y iv) genérica o innominada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia del 29 de agosto de 2014, de oficio, declaró probada la excepción de cosa juzgada material en cuanto a lo debatido con anterioridad al 4 de agosto de 2010. Así mismo, declaró la nulidad de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011 y, en consecuencia, ordenó a la UGPP, sucesor procesal de Cajanal, reliquidar la pensión de jubilación del señor José Francisco Pérez Duitama, a partir del 4 de agosto de 2004, por prescripción trienal, con base en el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, inclusive el factor grupal.

En primer lugar, el a quo advirtió que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 26 de octubre de 2006, declaró la nulidad parcial de la Resolución 17414 del 2 de septiembre de 2004 y total de la Resolución 10378 del 29 de septiembre de 2004, actos mediante los cuales se reconoció la pensión de jubilación del demandante y se negó su reliquidación, respectivamente. Sin embargo, aseguró que no existe identidad en la causa petendi de aquel proceso con la del asunto bajo análisis, pues en este último, los argumentos jurídicos de las partes se sustentan en la tesis adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, posición que no existía para la fecha en la que el Tribunal Administrativo de Boyacá conoció del asunto. En consecuencia, declaró la cosa juzgada material, únicamente, con anterioridad al 4 de agosto de 2010.

Por otra parte, consideró que, del material probatorio allegado al plenario, es posible inferir que el demandante está cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, por esa razón, la normativa aplicable para liquidar la pensión de jubilación, en su caso, es la contenida en la Ley 33 de 1985. Adujo que dicha norma prevé que la cuantía de la pensión de jubilación por vejez se determina con el 75% del promedio de lo percibido durante el último año de servicios.

De igual manera, recordó que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en sentencia del 4 de agosto de 2010, aclaró que el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 sería el contenido en la norma anterior y que aquella no señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicios. Así mismo, arguyó que el Consejo de Estado explicó que constituye factor salarial todo aquello que el trabajador recibe de manera habitual y periódica como remuneración de su servicio, razón por la cual no tienen esta connotación las sumas tendientes a cubrir los riesgos inherentes a la actividad del trabajador.

Así las cosas, concluyó que la pensión del señor José Francisco Pérez Duitama debe liquidarse sobre el 75% de lo que devengó durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, del 30 de diciembre de 2003 al 30 de diciembre de 2004, incluido el factor grupal.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la UGPP presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Aseveró que el demandante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual la pensión le fue reconocida conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y con los factores salariales previstos en la citada Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994, normas que no incluyen el factor grupal. Además, precisó que aun si se aplicaran los factores salariales de las Leyes 33 y 62 de 1985, lo cierto es que aquellas tampoco contemplan dicho emolumento como salario.

Por otra parte, afirmó que dicho reconocimiento se efectuó en virtud del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 26 de octubre de 2006, en el que señaló que el factor grupal no constituye salario y que, por ende, no debe hacer parte del ingreso base de liquidación pensional.

En el mismo sentido, indicó que la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 en la sentencia C-258 de 2013, argumentó que el régimen de transición comprende la posibilidad de acudir a las disposiciones anteriores que le eran aplicables a las personas que se encontraran cobijadas por aquel, en cuanto a las condiciones de edad, tiempo o semanas de cotización y tasa de reemplazo, mas no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación, pues este debe atender lo señalado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 1 de 2005, es decir, que solo deben tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hayan realizado los aportes correspondientes.

También mencionó que la sentencia C-816 de 2011 de la Corte Constitucional se refirió al deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia, previsto en la Ley 1437 de 2011, y aclaró que debe darse prevalencia a la aplicación de las sentencias de constitucionalidad de dicha corporación. Bajo este entendido, sostuvo que la entidad acogió el criterio expuesto en la sentencia C-258 de 2013, aun cuando el Consejo de Estado, en la sentencia del 4 de agosto de 2010, adoptó una posición diferente.

Por último, destacó que, de acceder a las pretensiones de la demanda, se vulnerarían los principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, profirió sentencia el 26 de noviembre de 2015, por medio de la cual confirmó la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, señaló que la Ley 100 de 1993, en su artículo 36 estableció un régimen de transición en virtud del cual, las mujeres y los hombres que contaran con 35 y 40 años de edad respectivamente, o con 15 años de servicios cotizados, para el momento de su entrada en vigor, continuarían bajo las condiciones de edad, tiempo y monto previstas en la ley anterior. Al respecto, indicó que, de acuerdo con la sentencia del 12 de mayo de 2005 del Consejo de Estado, el concepto de «monto» comprende el porcentaje y el ingreso base de liquidación, por lo tanto, estos aspectos también son objeto de transición.

Indicó que, en igual sentido, la Corporación profirió sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en la que sostuvo que el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 sería el contenido en la norma anterior y que aquella no señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador de forma habitual y periódica, como contraprestación de su labor durante el último año de servicios.

En ese orden, consideró que, comoquiera que el demandante quedó cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le aplique en su integridad el régimen consagrado en la disposición legal anterior, es decir, la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año. Así las cosas, explicó que la pensión debe reconocerse en un monto equivalente al 75% del promedio de lo percibido por el servidor durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

En cuanto al factor grupal, precisó que el demandante acreditó haber recibido sumas por este concepto de manera continua e ininterrumpida y, por ese motivo, de acuerdo con la mencionada sentencia de unificación del Consejo de Estado y con el principio de primacía de la realidad sobre las formas, constituye factor salarial y debe incluirse dentro del IBL para determinar el monto de su pensión.

Frente a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, el ad quem aseguró que aquella versa sobre los regímenes especiales de los representantes a la cámara y senadores, por lo tanto, la tesis allí expuesta no es extensible a regímenes distintos, como lo es el del demandante, por ser un empleado del sector público de la salud.

Finalmente, agregó que los principios de solidaridad y sostenibilidad fiscal no se verían afectados con la reliquidación pretendida, pues, de incluirse nuevos factores en el IBL, también deben efectuarse los descuentos correspondientes sobre ellos.

De lo anterior, concluyó que el señor José Francisco Pérez Duitama tiene derecho a que su pensión se liquide sobre el 75% de todos los factores salariales que devengó entre el 31 de agosto de 2001 y el 31 de agosto de 2002, incluido el factor grupal.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN

La UGPP presentó acción de revisión de providencias que imponen el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

«Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, el 26 de noviembre de 2015, que confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, dentro del proceso ordinario instaurado por José Francisco Pérez Duitama, bajo el radicado 41-15001-33-31-010-2011-00197.

Dictar sentencia de reemplazo en la que se nieguen las pretensiones del señor José Francisco Pérez Duitama.

Ordenar el reintegro de las sumas pagadas, obtenidas con violación a la ley.

Como sustento de sus pretensiones, expuso que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión contraría las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, los artículos 4 de la Ley 1966; 143, 157, 160, 202, 203, 204, 279 de la Ley 100 de 1993 y 81 de la Ley 812 de 2003.

Argumentó que el derecho reconocido en la decisión cuestionada excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una liquidación pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, explicó que el señor José Francisco Pérez Duitama tenía más de 40 años de edad al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y, en tal virtud, se encuentra cobijado por el régimen de transición. Por esta razón, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, los factores salariales que integran el IBL se encuentran contemplados en el Decreto 1158 de 1994. Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces de instancia.

En particular, aseguró que la reliquidación ordenada desconoció el precedente sentado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, según las cuales el ingreso base de liquidación no es un aspecto de transición, sino que corresponde al régimen general, es decir que para las pensiones otorgadas bajo el régimen de transición, se deben tener en cuenta los factores salariales contemplados en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, esto es, aquellos que hayan servido como base para la cotización de aportes.

Al respecto, agregó que en la sentencia C-816 de 2011, la Corte Constitucional se refirió al deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia, previsto en la Ley 1437 de 2011 y aclaró que, al extender los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, debe darse prevalencia a la aplicación de las sentencias de constitucionalidad del máximo tribunal constitucional, interpretación que reiteró en la sentencia C-634 de 2011. Bajo este entendido, sostuvo que debe atenderse al criterio expuesto en la citada jurisprudencia de la Corte Constitucional, aun cuando el Consejo de Estado, en la sentencia del 4 de agosto de 2010, adoptó una tesis distinta.

En relación con la bonificación por recreación, indicó que este emolumento no constituye factor salarial para efectos prestacionales, sino que se trata de un beneficio para la recreación del trabajador, en los términos del artículo 15 del Decreto 2710 de 2001. Por ende, no es procedente su inclusión, tal y como lo advirtió la sentencia del 4 de agosto de 2010.

Frente al factor grupal, manifestó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, este emolumento no constituye factor salarial, por cuanto es un incentivo cuyo propósito es recompensar a los empleados públicos de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que, como resultado de su gestión, alcancen las metas tributarias, aduaneras y cambiarias trazadas en cada área, y que este no tiene carácter salarial ni hace parte del IBL de la pensión de vejez, por disposición expresa del artículo 8 del Decreto 4050 de 2008. Por lo tanto, su inclusión vulneraría el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

Dentro del término, el señor José Francisco Pérez Duitama, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó denegarlas. Aseveró que la decisión en discusión fue proferida con observancia de la tesis jurisprudencial vigente para la época, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado y las sentencias T-631 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-158 de 2006, T-251 de 2007 y T-180 de 2008 de la Corte Constitucional, según las cuales, la pensión de los beneficiarios del régimen de transición se rige por la ley inmediatamente anterior en su integridad.

En ese orden de ideas, aseguró que tiene derecho a que su pensión se reliquide sobre todos los factores salariales que devengó habitual y periódicamente durante el último año de servicios comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, inclusive el factor grupal, tal como lo ordenaron los jueces de instancia.

De igual manera, estimó que esta interpretación de las normas prestacionales se acompasa con el principio de favorabilidad y de la condición más beneficiosa, propios del derecho laboral.

Adicionalmente, adujo que sobre el asunto objeto de revisión operó la cosa juzgada, toda vez que las sentencias del 29 de agosto de 2014 y 26 de noviembre de 2015 proferidas, en su orden, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Francisco Pérez Duitama, quedaron ejecutoriadas el 16 de diciembre de 2016.

Por otra parte, sostuvo que los jueces de instancia ordenaron efectuar los descuentos correspondientes sobre los factores salariales incluidos en la reliquidación, de modo que no se vulneró el principio de sostenibilidad financiera.

En relación con la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, aseveró que aquella no constituye precedente judicial para el caso bajo estudio, comoquiera que sus efectos se dirigen únicamente al régimen especial de los congresistas; no se extienden al régimen general, pues así lo explicó el Consejo de Estado en sentencia del 19 de noviembre de 2015.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala, en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia..

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019:

«[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
[…]
Sección segunda
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]».

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:

«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, mediante la cual confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja.

Legitimación

Conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas Especiales de Decisión, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos.

Es de anotar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de la acción de revisión.

Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe tener en cuenta que la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, se notificó por edicto fijado el 9 de diciembre de 2015, es decir, que quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2015 de esa misma anualidad. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 3 de abril de 2017, se concluye que aquella fue interpuesta dentro del término de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia, señalado por el artículo 251 del CPACA.

Cuestión previa

En primer término, es importante referirse al argumento expuesto por la parte demandada, según el cual, es improcedente la acción de revisión comoquiera que sobre el asunto operó la cosa juzgada, teniendo en cuenta que las providencias del 29 de agosto de 2014 y del 26 de noviembre de 2015 proferidas, en su orden, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Francisco Pérez Duitama, quedaron ejecutoriadas el 16 de diciembre de 2015.

Al respecto, debe precisarse que la finalidad de la acción especial de revisión es justamente invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso procesal. Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.

Por lo expuesto, la acción de revisión contra la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D, mediante la cual se confirmó la sentencia del 29 de agosto de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja es procedente, pues la naturaleza misma del proceso comporta que se dirija contra sentencias ejecutoriadas, de las que se predica la cosa juzgada.

Acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.  Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde.

Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar el reconocimiento de la pensión del señor José Francisco Pérez Duitama, cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo la bonificación por recreación y el factor grupal?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.».

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que, de encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias que hacen la decisión incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor José Francisco Pérez Duitama debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, entre ellos, la bonificación por recreación y el factor grupal, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se analizarán el i) El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) El régimen de transición de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y (iii) La configuración de la causal de revisión en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985

En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de 1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:

«ARTÍCULO  1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.».

Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:

«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto.

Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.».

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última providencia, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976. Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258 de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0062_1985.htm" \l "Inicio" 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido de acuerdo con la ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20 Ley 797 de 2003

Para abordar lo relativo a la configuración de esta causal de revisión, se destacan los siguientes aspectos:

En el presente asunto, no se discute que el señor José Francisco Pérez Duitama es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, nació el 8 de diciembre de 1943, y laboró para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, desde el 1.° de abril de 1968 hasta el 30 de diciembre de 2004, es decir que, para el 1.° de abril de 1994, tenía la edad de 50 años y contaba con 25 años de servicio. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionado el 8 de diciembre de 1998, cuando cumplió la edad de 55 años.

El subsecretario de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, certificó que el pensionado devengó los siguientes emolumentos al momento del retiro del servicio:

Asignación básica
Prima de antigüedad
Bonificación por servicios prestados

Además, la jefe de la División de Recursos Físicos y Financieros y el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la DIAN, certificaron que entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2004, el señor José Francisco Pérez Duitama percibió:

Indemnización por vacaciones
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Bonificación por recreación

De igual manera, los mencionados funcionarios certificaron que el trabajador recibió un total de $7.792.621 por concepto de factor grupal, durante el año 2004.

Por medio de Resolución 17414 del 2 de septiembre de 2004, la extinta Caja Nacional de Previsión Social le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez en una cuantía de $1.126.325,00, efectiva a partir del 1 de enero de 2004. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2003, a saber, asignación básica, bonificación por servicios prestados e incrementos por antigüedad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-168 de 1998 de la Corte Constitucional.

Posteriormente, a través de la Resolución 37936 del 10 de noviembre de 2005, reliquidó la prestación en un monto de $1.208.080,40, efectiva a partir del 1 de enero de 2005, liquidada sobre el 75% del promedio de lo percibido entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2004, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, con el mismo sustento jurídico de la decisión anterior.

En cumplimiento de la sentencia del 26 de octubre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad parcial de la Resolución 17414 del 2 de septiembre de 2004 y total de la Resolución 10378 del 29 de septiembre de 2004, la entidad reliquidó nuevamente la prestación en comento, a través de la Resolución 2518 del 24 de octubre de 2007, en cuantía de $1.526.152,44, efectiva a partir del 1 de enero de 2005. La liquidación se efectuó con base en el 75% de lo devengado desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2004, con inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por recreación, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios y la prima de vacaciones.

Inconforme con la decisión, el demandado presentó una nueva solicitud de reliquidación pensional. Sin embargo, la entidad denegó su pedimento, por medio de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011, en la que aseguró que tuvo en cuenta todos los factores salariales certificados por la DIAN, con excepción del factor grupal, dado que no fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En contra de la decisión administrativa descrita, el señor José Francisco Pérez Duitama inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, en la sentencia del 29 de agosto de 2014, le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión del peticionario.

En primer término, declaró la cosa juzgada parcial sobre el asunto objeto de estudio, bajo las siguientes consideraciones:

«El Despacho advierte la existencia de un fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá de fecha 26 de octubre de 2006 en el que declaró la nulidad parcial de la resolución No.17414 del 2 de septiembre de 2004 e íntegramente de la Resolución 10378 del 29 de septiembre de 2004, mediante los cuales se le reconoció la pensión de jubilación al actor y la segunda que confirmó los motivos de inconformidad discutidos en vía gubernativa.

De conformidad con lo anterior, dirá el Despacho que en principio podría advertirse la configuración del fenómeno de Cosa Juzgada […].

Sin embargo, se encuentra que en relación con la identidad de la causa petendi no existe semejanza entre uno y otro proceso, pues la causa jurídica que representaba los argumentos jurídicos de las pretensiones en el expediente bajo radicado 2005-0500 ya no es la misma, pues la causa jurídica que representaba los argumentos esbozados por el H. Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 04 de agosto de 2010, se ha generado un cambio normativo.
[…]
Así las cosas, el Despacho declarará la cosa juzgada material únicamente con anterioridad al 04 de agosto de 2010, pues para esa época si se cumplieron los presupuestos de la misma y existió sentencia de fondo debidamente ejecutoriada. Pero, por otro lado, con posterioridad a la misma fecha, como ya se dijo, la causa jurídica cambió en virtud de la sentencia de unificación dictada por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que, a partir de allí, no se materializa el fenómeno de la cosa juzgada».

Una vez precisado esto, el Juzgado resolvió declarar la nulidad de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011 y ordenó la reliquidación y el pago de la pensión de jubilación del señor José Francisco Pérez Duitama, efectiva a partir del 4 de agosto de 2010, sobre el 75% del promedio de lo que devengó durante el último año de servicios, incluido el factor grupal, en los siguientes términos:

«[…]
SEGUNDO: DECLÁRESE probada la excepción oficiosa de cosa juzgada material únicamente con anterioridad al 04 de agosto de 2010, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLÁRESE la nulidad de la resolución N°042927 del 11 de marzo de 2011, proferido por CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN HOY UGPP, mediante la cual se reliquidó la pensión del actor sin la inclusión del factor grupal como factor salarial devengado en el último año de servicio, por lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reliquidar y pagar la pensión al señor JOSÉ FRANCISCO PÉREZ DUITAMA[…] en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente con la inclusión de todos los factores salariales, incluyendo el factor grupal percibido durante el último año de servicios, esto es entre 30 de diciembre de 2003 al 30 de diciembre de 2004, con efectos fiscales a partir del 04 de agosto de 2010. Al momento de pagar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se descontará lo correspondiente a los aportes no efectuados.» (Cursiva y negrita del texto original).

A su vez, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6, Sala de Decisión 11 D, en la sentencia del 26 de noviembre de 2015, una vez analizó el criterio del Consejo de Estado, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, con fundamento en el siguiente razonamiento:

«[e]l Consejo de Estado, por vía jurisprudencial a través de sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, ha precisado que los factores enlistados son únicamente a título enunciativo, por cuanto deben incluirse los que habitual y periódicamente recibe un trabajador. […]

En suma, atendiendo tal postura jurisprudencial que es compartida íntegramente por esta Sala de Decisión, deben ser incluidos en la base de liquidación de la pensión, todos aquellos emolumentos que tengan el carácter de factor salarial, como quiera que son devengados periódicamente por el trabajador en razón a la prestación del servicio y no constituyen sumas tendientes a cubrir los riesgos que deba asumir el trabajador.
[…]
La Sala confirmará la sentencia del 29 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Descongestión de Tunja, pues no cabe duda que le asistía razón al a quo para condenar al ente accionado a reliquidar y pagar al señor JOSÉ FRANCISCO PÉREZ DUITAMA su pensión con base en el 75% de lo devengado durante el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, esto es, en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2003, y el 30 de diciembre de 2004, incluyendo como factor salarial el “factor grupal”, en la forma como se indicó en la providencia objeto de censura, partiendo de lo solicitado en el escrito introductorio y lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985, pues téngase en cuenta que demostró con suficiencia que el interesado devengó de manera habitual e ininterrumpida dicho emolumento salarial, el cual, conforme al precedente legal y jurisprudencial reseñado en la presente providencia, hace posible que el mismo sea incluido calculado (sic) y con los demás factores salariales ya reconocidos al actor.».

Análisis de la Subsección

Para empezar, no puede pasarse por alto que, en un primer término, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 26 de octubre de 2006, condenó a CAJANAL EICE a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Francisco Pérez Duitama con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, inclusive de la bonificación por recreación, excepto el factor grupal. La entidad dio cumplimiento a la referida decisión a través de la Resolución 002518 del 24 de octubre de 2007.

Asimismo, que el pensionado solicitó la reliquidación pensional con inclusión del factor grupal. Petición que CAJANAL EICE denegó a través de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011, bajo el argumento de que el Tribunal lo excluyó de forma expresa.

Inconforme con el mencionado acto, el señor José Francisco Pérez Duitama demandó su nulidad ante el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, esta vez con fundamento en la tesis de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado. Sobre el asunto, el referido despacho judicial consideró que se configuró la cosa juzgada parcial, es decir, únicamente frente a las mesadas pensionales causadas con anterioridad a la sentencia de unificación referida, ello por cuanto si bien existía una providencia ejecutoriada sobre la liquidación de la prestación solicitada, aquella no tuvo como fundamento la regla de unificación. De ahí que estimó pertinente analizar el sub examine a partir del 4 de agosto de 2010, ya que la causa jurídica cambió. Una vez precisado esto, y, analizadas las probanzas obrantes en el dossier de cara con la normativa y jurisprudencia aplicable, declaró la nulidad de la Resolución PAP 042927 del 11 de marzo de 2011 y, ordenó la reliquidación de la pensión, a partir del 4 de agosto de 2010, en un monto equivalente al 75% del promedio de lo que devengó durante el último año de servicios, incluido el factor grupal.

Contra esta decisión la UGPP interpuso recurso de apelación limitándose a discutir que el ingreso base de liquidación debió hacerse conforme lo prevén el inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores contenidos en el Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales no se encuentra enlistado el factor grupal. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6, Sala de Decisión 11 D, en sentencia del 26 de noviembre de 2015, ciñó su estudio a este argumento y, al examinar el sub lite, consideró acertada la decisión de reliquidación adoptada por el a quo, en aplicación de la posición asumida por el Consejo de Estado, en materia del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En cumplimiento de la anterior decisión judicial, la UGPP profirió la Resolución RDP 019924 del 24 de mayo de 2016. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2003 y el 30 de diciembre de 2004, a saber, asignación básica, bonificación por recreación, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y prima grupal productividad (factor grupal).

De igual manera, de la lectura de la acción de revisión, promovida por la entidad pensional en contra de este último proveído, se advierte que aquella se dirige contra la última actuación judicial por cuanto en aquella se definió el derecho en la forma como lo viene percibiendo el pensionado y la que, en su entender, quebranta el ordenamiento jurídico y vulnera el patrimonio público, además, se observa que no se discute que el pensionado es beneficiario del régimen de transición, sino que aquella se circunscribe a discutir el ingreso base de liquidación que fue tenido en cuenta por el Tribunal, sin alegar la posible configuración de la cosa juzgada.

Por esa razón, el problema jurídico se limita a dilucidar si la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor José Francisco Pérez Duitama debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año y no el previsto por el inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sin efectuar ningún análisis sobre la cosa juzgada y sin perjuicio de lo que se haya decidido con anterioridad en la sentencia del 26 de octubre de 2006, comoquiera que, en esta oportunidad, aquello no es objeto de pretensión de la UGPP en la demanda de revisión y tampoco se presenta argumento alguno en su contra, motivo por el cual su estudio está excluido de esta providencia.

Para el efecto, dicho análisis se dividirá en dos acápites, a saber: 1) Ingreso base de liquidación, IBL pensional y 2) Factores salariales que integran el IBL pensional.

El ingreso base de liquidación

Para el momento en el que se produjo la decisión demandada, la posición adoptada por el Consejo de Estado, en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a dicha ley.

Ahora, en lo relativo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como desconocida, se tiene lo siguiente:

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a la sentencia objeto de examen, se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a infirmar la sentencia cuestionada.

En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario de dicha normativa especial.

Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su aplicación a regímenes distintos al allí analizado, la Corte mediante proveído SU-230 de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición, resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del apartamiento judicial, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, tanto el a quo como el ad quem acogieron la tesis desarrollada por el Consejo de Estado.

Ahora, es importante resaltar que, aunque en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis sostenida por la Corte Constitucional según la cual el IBL no forma parte de la transición, y definió cómo se deben liquidar las pensiones cobijadas por el régimen de transición, también es cierto que en esa sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones consolidadas. En aquella providencia se indicó:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

De los factores salariales

En lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, es importante señalar que la tesis acogida por el juez de segunda instancia en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la sostenida por el Consejo de Estado. Según este criterio la relación de emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como retribución de su labor durante el último año. Así pues, si bien en principio, dicha decisión no puede considerarse que haya sido caprichosa, lo cierto es que, en cuanto a los factores denominados bonificación por recreación y factor grupal, los incluyó sin considerar su naturaleza jurídica.

Bonificación por recreación:

Ciertamente, la sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda, antes aludida, sostuvo que este emolumento no debe ser tomado en el cálculo de la prestación. Esencialmente, tal exclusión se debe a que su finalidad no es la de remunerar el trabajo, sino que se trata de una prestación social, pues así lo previó el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001. Dicha providencia señaló:

«[…] Entonces, el ordenamiento jurídico prescribe que la bonificación por recreación no constituye factor salarial para efectos prestacionales, por lo cual no puede accederse en este aspecto a la petición del demandante.

Adicionalmente, tampoco puede perderse de vista que el objeto de dicho reconocimiento no es remunerar directamente la prestación del servicio del empleado, sino, por el contrario, contribuir en el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del mismo, como lo es la recreación; razón por la cual, es válido afirmar que esta es una prestación social y, en consecuencia, no puede ser incluida como factor para la liquidación de la pensión, máxime si, como se anotó anteriormente, el legislador así lo estableció expresamente. [...]».

De este modo, si bien el pensionado es beneficiario del régimen de transición, razón por la cual su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de 1985, atendiendo el criterio jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, que sostenía que el IBL hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados, lo cierto es que la sentencia precitada indicó que no debe incluirse un emolumento que no se perciba como retribución de la labor. Tal es el caso de la bonificación por recreación, cuyo carácter salarial fue descartado expresamente por la norma de creación.

Teniendo en cuenta que la decisión objeto de revisión acogió la tesis expuesta para determinar el IBL de la pensión del entonces demandante, resulta lógico atenderla para excluir el mencionado emolumento de la liquidación pensional, toda vez que, según la mentada providencia, no constituye salario, en cuanto no se reconoce como contraprestación directa del trabajo desempeñado por el servidor público, sino que se otorga una vez se inicia con el disfrute de las vacaciones, máxime si se tiene en cuenta que el legislador había excluido expresamente ese factor y, por lo tanto, no podía computarse para efectos pensionales.

En este sentido, es de resaltar que incluso la sentencia del 4 de agosto de 2003 se alineó con la tesis expuesta, entre otras, en la providencia del 29 de mayo de 2003, que se concluyó: «en la liquidación de la pensión de jubilación deberán incluirse todas aquellas sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la ley. […] » (se resalta). Lo cual permite concluir que, ni aún con base en dicha tesis, es viable la inclusión de la bonificación por recreación en la base de liquidación pensional.

Factor grupal

Ahora bien, frente al factor grupal, se advierte que, desde su creación, en el Decreto 1647 de 27 de junio de 1991 bajo la denominación de prima de productividad, se dejó claro que no tenía una connotación salarial, por cuanto pretendía recompensar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones, para los servidores pertenecientes a la carrera tributaria.

Más adelante, la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, en el artículo 79, confirió facultades extraordinarias al presidente de la República para establecer el régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la DIAN, en cumplimiento de lo cual el Gobierno nacional expidió, entre otros, el Decreto 1072 de 1999 en el que previó la posibilidad de que este grupo de trabajadores tuvieran estímulos especiales de carácter económico y/o de otra índole, como parte del reconocimiento de los méritos que obtuvieran en el desarrollo de sus funciones.

En ese mismo año, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, se emitió el Decreto 1268 de 1999 que, en su artículo 5, indicó que los servidores de la contribución que hubieran logrado las metas tributarias, aduaneras y cambiarias establecidas para la respectiva área, tenían derecho a un incentivo por desempeño grupal, bajo los siguientes parámetros:

«Artículo 5o. incentivo por desempeño grupal. Los servidores de la contribución que ocupen cargos de la planta de personal de la entidad, que como resultado de su gestión hayan logrado las metas tributarias, aduaneras y cambiarias que se establezcan de acuerdo con los planes y objetivos trazados para la respectiva área nacional, regional, local y delegada, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un incentivo que no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual más la prima de dirección y la diferencia remuneratoria por designación de jefatura que se devengue.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal y se determinará con base en la evaluación de la gestión que se realice cada seis meses.
PARÁGRAFO. Para la vigencia de 1999 continuará rigiendo lo estipulado en el artículo 4º del Decreto 046 de 1999 en el sentido que el porcentaje allí establecido se entenderá que se refiere al incentivo por desempeño grupal de que trata el presente artículo y las demás normas que lo adicionen o modifiquen». (Se subraya)

Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 2002, al declarar la legalidad de las expresiones «de la planta» y «no constituirá factor salarial para ningún efecto legal» contenidas en el artículo citado, ratificó que dicho emolumento no constituye factor salarial. Expresamente, señaló:

«[…] tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la de la Corte Suprema de Justicia y la de esta Corporación, ha señalado que no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales o en la recta razón que impida disponer que determinada prestación social se liquide sin consideración al monto total del salario; por ello, bien puede disponer la expresión acusada que el incentivo no se considera parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales».

En consonancia con lo anterior, es importante precisar que el mencionado incentivo (factor grupal) tiene como finalidad promover la eficiencia y eficacia de los empleados públicos de la DIAN, bajo el cumplimiento de unas metas, por lo que no puede considerarse habitual y permanente, en la medida que solo será devengado si aquellas se logran. Es decir que, al fijarse el supuesto de una condición previa para el reconocimiento, distinta al simple desempeño funcional, se convierte para el trabajador en un pago que no constituyen salario a voces del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como posteriormente lo explicó esta corporación, en la sentencia del 19 de febrero de 2018.

Así las cosas, teniendo en consideración que el señor José Francisco Pérez Duitama percibió el factor grupal desde octubre de 1994 y hasta diciembre del 2004, como consta en la certificación emitida por la DIAN el 6 de enero de 2005, periodo durante el cual se encontraba vigente el citado Decreto 1268 de 1999, que derogó el Decreto 1647 de 1991, es razonable inferir que dicho emolumento fue devengado en los términos allí establecidos. En otras palabras, para la fecha en que el demandado percibió este factor, aquel no tenía la naturaleza de salario, por disposición expresa de la norma que lo regulaba y, por ende, no puede incluirse dentro del IBL para su pensión de jubilación. Así lo ha considerado esta corporación ante casos en los que el retiro del servicio se produjo durante el vigor del decreto en comento, como se observa en las sentencias del 2 de febrero de 2017 proferida por la Sección Quinta y del 24 de octubre de 2018 proferida por la Sección Segunda.

Ahora, no pasa por alto la Subsección que la primera de las citadas sentencias, esto es, la del 2 de febrero de 2017, fue revocada por mediante fallo del 30 de junio de la misma anualidad. Lo anterior en consideración a que en sentencia del 6 de julio de 2015 esta corporación anuló la expresión «no constituirá factor salarial para ningún efecto legal» contenida en el Decreto 4050 de 2008. Con todo, este razonamiento no es aplicable al sub lite por cuanto, se reitera, la norma con fundamento en la cual el aquí demandado devengó el emolumento en cuestión fue el Decreto 1268 de 1999, que es anterior al Decreto 4050 de 2008, cuya presunción de legalidad se mantenía.

De ahí que las razones expuestas sean suficientes para concluir que el señor José Francisco Pérez Duitama tiene derecho a que su pensión se liquide sobre el 75% sobre lo percibido durante el último año de servicio, pero con exclusión de la bonificación por recreación y el factor grupal, motivo por el cual habrá de infirmarse la decisión objeto de revisión por este aspecto.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la liquidación de la pensión del señor José Francisco Pérez Duitama, cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado durante el último año de servicios, pues tal decisión se acompasa con la posición jurisprudencial acogida por el Consejo de Estado para la época.

Sin embargo, sí se configura la causal b), en cuanto se ordenó la inclusión de la bonificación por recreación y el factor grupal en la liquidación pensional, comoquiera que son emolumentos que no se perciben como contraprestación directa del servicio, cuyo carácter de factor salarial está expresamente excluido por las normas que los regulan.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto y dado que se infirmará parcialmente la providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, proferida el 26 de noviembre de 2015, en cuanto a excluir del ingreso base de liquidación la bonificación por recreación y el factor grupal, esta sentencia de reemplazo se limitará a infirmar únicamente el numeral primero de dicha providencia, para en su lugar, ordenar:

Modifíquese el numeral cuarto de la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, en el sentido de excluir, de la reliquidación pensional, la bonificación por recreación y el factor grupal por no constituir factor salarial para ningún efecto, conforme se explicó en precedencia.

Se aclarará que los efectos de esta providencia, en lo pertinente a la liquidación de la prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del señor José Francisco Pérez Duitama que fueron reconocidos al amparo de la sentencia del 26 de noviembre de 2015.
Ahora, en cuanto a la solicitud de reintegro de las sumas pagadas en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que ordenó incluir todo lo devengado en el último año de servicio señor dentro de la liquidación de la pensión del aquí demandado, señor José Francisco Pérez Duitama, no se dispondrá tal reintegro por parte de la pensionada comoquiera que aquellas fueron recibidas de buena fe.

En efecto, el artículo 83 de la Constitución Política prevé que: «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». A su vez, el artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe, presunción que admite prueba en contrario, por lo que a quien la echa de menos, le corresponde comprobar que el particular actuó de mala fe.

De esta manera, comoquiera que se encuentra acreditado que lo pagado por este concepto obedece a la orden contenida en la sentencia del 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D no accederá a esta pretensión.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación ha considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por lo anterior, la Subsección considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar fundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra José Francisco Pérez Duitama, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se infirme la sentencia del 26 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 6 de Descongestión, Sala de Decisión 11 D dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-33-31-010-2011-00197.
Segundo: Infírmese parcialmente el numeral primero de la sentencia referida, para en su lugar, disponer:

Modifíquese el numeral cuarto de la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, en el sentido de excluir, de la reliquidación pensional, la bonificación por recreación y el factor grupal por no constituir factor salarial para ningún efecto, conforme se explicó en precedencia.

Se aclara que los efectos de esta providencia, en lo pertinente a la liquidación de la prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del pensionado que fueron reconocidos al amparo de la sentencia del 26 de noviembre de 2015.
En todo lo demás se mantiene la decisión.

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.

Cuarto: Sin condena en costas.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al tribunal de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmó electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Folios 2 a 17 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-31-010-2011-00197. Folios 40 a 44 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 120 a 135 ibidem. Folios 138 a 144 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 240 a 248 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuaderno 2. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo de 2005, radicado: 2000-04655 (2938-2004). Así se dijo en la sentencia, aunque el señor José Francisco Pérez Duitama no prestó sus servicios al sector de salud, sino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Folios 121 a 147 del cuad. ppal. Es de precisarse que la demandante alegó la violación de las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989 y 812 de 2003, aunque estas normas atañen a la pensión de jubilación gracia, tema que no guarda relación con el asunto bajo estudio. Citó las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013 y C-168 de 1995. Citó las sentencias C-608 de 1999, C-258 de 2013, C-470 de 1995 y C-279 de 1996. No identificó las providencias de la Corte Suprema de Justicia a las que se refería. Citó la sentencia del 18 de febrero de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 102008. Folios 186 a 199 vuelto del cuad. ppal. Así lo indicó el demandado, aunque la fecha de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión es el 16 de diciembre de 2015. No aportó más datos sobre la providencia.
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado. Ibidem. Como se observa en constancia de ejecutoria obrante a folio 197 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Folio 147 vuelto cuad. Ppal. Se advierte que el demandado señaló como fecha de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión el 16 de diciembre de 2016, sin embargo, ello obedece a un error mecanográfico que no afecta el sentido del argumento expuesto. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala. Demandado. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003. Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación:

110010315000201700744 00, demandante: UGPP. Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. Sentencia C-341 de 2014
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222" http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222. Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01. De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 23 del cuad. ppal. Folio 51 anverso ibidem. Ibidem. Folios 83 reverso a 87 del cuad. ppal.l. Folios 21 y 22 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 34 a 36 del cuad. ppal. Folios 61 a 63 ibidem. Folios 70 a 71 ibidem. Folios 101 y 102 ibidem. Folios 111 a 113 del cuad. ppal. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01. Sentencias, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017. Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.». Ejemplo de ello se puede analizar en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez. En aquella oportunidad se sostuvo «[…] A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera, que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema jurídico sobre el que expande sus efectos. […]»
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación de un precedente obligatorio. Artículo 15 del Decreto 2710 de 2001:
«Bonificación Especial de Recreación. Los empleados públicos a que se refiere el presente decreto tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero.

Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso remunerado.». En la sentencia se citó: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 29 de mayo de 2003, Radicación No.: 25000-23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02), Actor: Jaime Florez Anibal.»
«Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera tributaria, sistema de planta y el régimen prestacional de los funcionarios de la dirección de impuestos nacionales, se crea el fondo de cuestión tributaria y se dictan otras disposiciones». Artículo 65 del Decreto 1647 de 1991: «La eficiencia y la eficacia en el ejercicio de sus funciones por parte de los funcionarios de la carrera tributaria, dará derecho a percibir una prima de productividad en reconocimiento de su rendimiento satisfactorio en el desempeño de las funciones y del logro de las metas de gestión cuando fuere el caso, la cual no constituye factor salarial y se liquidará por niveles de calificación de acuerdo con los factores señalados en el artículo siguiente y los reglamentos que la desarrollen».
«Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales».
«Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN». La Corte Constitucional, en sentencia C-725 de 2000, declaró la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 79 de la Ley 488 de 1998 y del artículo 90 del Decreto 1072 de 1999, por considerar que desconocían el artículo 150, numeral 10 de la Carta, que contiene la prohibición para que el Legislativo atribuya competencias para dictar normas relativas a materias que deban ser reguladas de manera privativa a través de ley marco, así como los artículos 209, 347 y 355 ibidem.
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la contribución de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de febrero de 2002, radicado: 2824-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018. Radicado: 11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-2011), demandantes: Zoila María Salazar Carreño y Luz Hermelinda Castrillón de Amaya. Demandado: Gobierno Nacional. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de febrero de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2016-03740-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de octubre de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2018-03672-00. Esta decisión fue proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de julio de 2016, radicación: 110010325000201100067-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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