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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01263-00

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01263-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 30 de enero de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo: Infirmar parcialmente el ordinal segundo de la sentencia referida, para en su lugar, disponer: Modificar el ordinal tercero de la sentencia 231 del 28 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, en el sentido de que, a título de restablecimiento del derecho, la UGPP deberá reliquidar la prestación de Víctor Hugo Pamplona Míguez con la inclusión de todos los factores salariales efectivamente devengados en el último año de servicios, salvo el auxilio de movilización y la bonificación por recreación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión. Cuarto. Sin condena en costas. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. 41 Artículo 83 de la Constitución Política. 42 En igual sentido se ha pronunciado esta corporación. Al respecto ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 11001 03 25 000 2013 01382 00 (3495-2013) M.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado 85001 23 33 000 2016 00113 01 (2816-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 20 Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01263-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Víctor Hugo Pamplona Míguez

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, por medio de la cual se confirmó parcialmente la que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Víctor Hugo Pamplona Míguez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1 en ejercicio de la acción prevista en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el
30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-31-002-2005-
01658-01 que confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Víctor Hugo Pamplona Míguez contra la UGPP y en
consecuencia declaró la nulidad del Oficio 2005-2-06567 del 4 de agosto de 2005
que negó la reliquidación de su pensión y, en su lugar, ordenó la expedición de un
nuevo acto administrativo en el que se incluyeran los factores salariales devengados

1 En adelante UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

en el último año de servicios, tales como el sueldo, el auxilio de movilización, las
vacaciones, las primas de vacaciones y de antigüedad, las bonificaciones por
recreación y por servicios prestados, y el quinquenio.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión;
ii) ordenar la exclusión de la bonificación por recreación al no constituir factor
salarial; iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión jubilación de Víctor Hugo
Pamplona Míguez con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del
artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de
cotización dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75 %
en virtud del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en razón a que adquirió el estatus
pensional en vigencia de ese régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Víctor Hugo Pamplona Míguez nació el 3 de octubre de 1941 y prestó sus servicios
en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)2 desde el 16 de marzo
de 1968 hasta el 29 de noviembre de 1996 y adquirió su estatus pensional el 3 de
octubre de 1996.

• El INCORA le reconoció una pensión de jubilación cuya liquidación se hizo con
base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, según
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, a través de la Resolución 01321
del 30 de mayo de 1997. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró
parcialmente nulo ese acto administrativo por cuanto no se actualizó la base de
liquidación pensional a 1997.

• En la Resolución 02871 del 13 de diciembre de 2004, el INCORA reconoció y pagó
una pensión de jubilación según lo ordenado por el Tribunal, y reajustó las mesadas
pensionales en virtud del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

• Víctor Hugo Pamplona Míguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho y el Tribunal Administrativo del Cauca anuló el anterior acto
administrativo y ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios, esto es, el sueldo, el auxilio de movilización, las vacaciones, las
primas de vacaciones y de antigüedad, las bonificaciones por recreación y por
servicios prestados, y el quinquenio.

• La UGPP, mediante resolución RDP 011359 del 2 de abril de 2018 dio

2 En adelante INCORA.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

cumplimiento a la anterior decisión y reliquidó la pensión de jubilación del
solicitante3.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El 28 de octubre de 2011, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Popayán profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de la
Resolución 1321 del 30 de mayo de 1997, por la cual el INCORA reconoció una
pensión de jubilación a favor de Víctor Hugo Pamplona Míguez. A título de
restablecimiento del derecho dispuso lo siguiente4:

«Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se ordena AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – INCORA
(LIQUIDADO) rehacer la liquidación de la pensión de jubilación del actor Víctor Hugo
Pamplona Míguez, […] en los términos indicados en esta providencia, esto es con
inclusión del 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicios desde
le (sic) mes de diciembre de 1995 a noviembre de 1996 en los cuales se incluirá todos
los factores salariales como son: asignación básica, auxilio de movilización, prima de
junio, bonificación por servicios, prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima
de navidad y quinquenio (fracción proporcional) y prima de antigüedad».

Esta decisión fue apelada por la entidad condenada, según se advierte en la
sentencia objeto de revisión, con fundamento en que «actuó conforme a derecho,
porque aplicó las normas correspondientes al caso»; que el a quo «aplicó
oficiosamente el régimen pensional establecido en la Ley 6ª de 1945»; y que debió
declararse probada la excepción de cosa juzgada.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 30 de enero
de 2014, confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la demanda y,
en consecuencia, ordenó al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia
reliquidar la pensión de jubilación de Víctor Hugo Pamplona Míguez con base en los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, con exclusión del
auxilio de movilización.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

3 Mediante el Decreto 1292 de 2003 el INCORA fue suprimido y se ordenó su liquidación. Además,

en el artículo 12, se determinó que una vez se concluyera el plazo para la liquidación, los bienes, los
derechos y las obligaciones pasarían a la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; sin
embargo, el traslado del débito pensional quedó en cabeza del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP) y el de los reconocimientos de las pensiones de la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal). No obstante, al ordenarse la supresión y la liquidación de Cajanal, una
vez hecha la advertencia al Gobierno en cuanto a que los recursos derivados de la liquidación
resultaban insuficientes para cubrir los pasivos, se trasladó la competencia para el reconocimiento
de las pensiones al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia (artículo 2 del Decreto
4986 de 2007).
4 Folios 181 a 186.
5 Folios 195 al 202 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

• No hay lugar a declarar la excepción de cosa juzgada, toda vez que no existe
identidad de objeto o pretensión material, pues en anterior oportunidad, la autoridad
judicial se pronunció en torno a la falta de actualización de la base de liquidación al
momento de hacer efectivo el reconocimiento de la pensión, en tanto que, en este
asunto, las pretensiones se orientan a controvertir la no inclusión de todos los
factores de salario devengados.

• En atención a que Víctor Hugo Pamplona Míguez nació el 4 de octubre de 1941,
para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 contaba con más
de 15 años de servicios y, por lo tanto, contrario a lo señalado en los actos
demandados, era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, más
no de la transición de la Ley 100 de 1993; de modo que, tiene derecho a la
reliquidación de la pensión conforme al régimen anterior, esto es, el Decreto Ley
3135 de 1968.

El artículo 27 del citado decreto dispuso que «[e]l empleado público o trabajador oficial
que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es
varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le
pague la pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio». A su turno, el Decreto 1848 de
1969 que lo reglamentó, en su artículo 73, dispuso que para la «[c]uantía de la pensión.
El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco (75%)
por ciento del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año
de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir
los requisitos señalados por la ley para tal fin». En cuanto a los factores salariales, deben
reconocerse no solo los de los artículos 45 del Decreto Ley 1045 de 1978 y 73 del
Decreto 1848 de 1969, sino cualquier otro factor que cause el servidor.

En ese orden, la pensión de jubilación debe reliquidarse en cuantía del 75 % del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de todos
los factores salariales devengados durante ese periodo, comoquiera que es inviable
aplicar de un lado el régimen anterior en materia de requisitos de edad, tiempo de
servicio y monto de la pensión y de otro lado, el ingreso base de liquidación regulado
en la Ley 100; ello, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

• Asimismo, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación a favor de Víctor
Hugo Pamplona Míguez con base en los salarios devengados en el último año de
servicio, en virtud de la resolución de reconocimiento y los comprobantes de nómina
allegados con la demanda. Sin embargo, respecto del auxilio de movilización
determinó su exclusión, con fundamento en que la finalidad de ese emolumento es
pagar al empleado el uso de un vehículo de su propiedad para desempeñar
funciones, no para retribuirle por sus servicios.

4

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Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003,6 para lo cual expuso los siguientes argumentos:7

i) Se configuró la causal a), dado que la orden judicial se obtuvo con vulneración del
debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante
en los términos ordenados no le corresponde, puesto que lo correcto era que se
tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley
100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores que deben
ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación.

A pesar de encontrarse probado en el proceso que el pensionado era beneficiario
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los
jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo
dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, pues otorgó un aumento en la mesada
pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

ii) Se configuró la causal contenida en el literal b) ibídem, por cuanto la cuantía del
derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una
pensión de jubilación con el promedio de lo devengado en el último año de servicios
con inclusión de la bonificación por recreación, evidentemente en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, no es posible entender el IBL como un aspecto de transición, sino propio
de la Ley 100 de 1993; de manera que al promediar la base de liquidación debe
tenerse en cuenta ese régimen, pues lo que está sujeto a la transición son aspectos
como la edad, el monto y semanas de cotización, lo cual se explica en el inciso 3 de
la norma citada en el párrafo anterior, en el sentido de que aclara y adiciona el
concepto de ingreso base de liquidación, como un factor diferente del monto

6 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea
el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
7 Folios 304 al 331 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

pensional de que trata el inciso 2, pues este hace parte de la tasa de remplazo que
continúa rigiendo y que debe tomarse del régimen anterior.

Ahora, respecto de la bonificación por recreación, el artículo 15 del Decreto 2710 de
2001 dispuso que no constituye un factor salarial, puesto que con su reconocimiento
no se pretende remunerar el servicio prestado por el empleado, aspecto secundado
por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Víctor Hugo Pamplona Míguez pidió que se rechazara la solicitud de revisión por
improcedente, por las razones que se expresaron a continuación:8

• La recurrente ejerció la revisión como si se tratara de una oportunidad para reabrir
un debate propio de las instancias, pues alegó la aplicación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición, la liquidación de la
pensión de jubilación con base en la tasa de remplazo de la Ley 33 de 1985 y el IBL
de los últimos 10 años de servicio, según lo dispuso la primera norma en mención,
lo cual solo evidenció su separación del análisis realizado en la primera y en la
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, las normas del régimen de transición no mencionan el ingreso base
de liquidación para las pensiones que se consoliden según esas disposiciones,
situación que el Consejo de Estado, en materia pensional, ha interpretado con
fundamento en los principios de inescindibilidad de la norma y de favorabilidad, de
modo que cuando en un asunto se encuentran dos o más normas aplicables para
su solución, la adoptada será la que resulte más favorable para el trabajador y
deberá utilizarse en su totalidad, con el fin de evitar el desmembramiento de las
directrices para beneficiarse de uno y otro aspecto que los regímenes ofrezcan.

En suma, la aplicación del régimen de transición implica la regulación de aspectos
como la edad, el tiempo de servicio, el monto y el ingreso base de liquidación, con
base en las normas que regían anteriormente, de manera integral, como en efecto
se hizo en la providencia objeto de revisión.

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

2. Consideraciones

8 Folios 366 al 375 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.

6

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Demandante: UGPP

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA9.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente11: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca se profirió con vulneración del debido proceso y, en
consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una
pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala].
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 En los términos del auto admisorio visible a folios 337 a 343.

7

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Demandante: UGPP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indicó
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:

12 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos

de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»16.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación17 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicios.

En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes
factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que
para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley 3135
de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6.a de 194519, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»20; este último
exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»21.

Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 202022, esta corporación23
señaló que si el servidor es de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es de orden territorial se acudiría a la Ley 6.a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194524 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial […].

[…]

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
21 Artículo 27.
22 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
23 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
24 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Resalta la Sala].

Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200925 y del 16 de diciembre de 200926, en las que se indicó lo
siguiente:

«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (Se subraya)

El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

12

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»27.

Ello, pese a que, con posterioridad, el debate en relación con el ingreso base de
liquidación de las personas que alcanzaron su estatus pensional en vigencia de la
Ley 100 de 1993 se superó con la expedición de la sentencia de unificación del 28
de agosto de 201828, lo que impuso considerar que el criterio de la corporación se
inclinaba por la taxatividad de los factores.

2.4. Caso concreto

En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, la
Sala advierte lo siguiente:

En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración
a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.

Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión29 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a cuestionar
el IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al momento de liquidar la
prestación pues, a su juicio, «el pensionado era beneficiaria (sic) del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993», sin hacer
manifestación alguna en relación con la vulneración de los elementos que

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), M.P. César Palomino Cortés.
29 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del
recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Cauca
profirió la decisión objeto de revisión con sustento en los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, según los cuales, la lista establecida en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, como factores salariales no supone la negación de
cualquier otro factor que cause el trabajador, por lo que estos debían ser tenidos en
cuenta.

Al respecto, la recurrente sostiene que Víctor Hugo Pamplona Míguez es
beneficiario del régimen de transición únicamente respecto de la edad, el tiempo y
el monto, pero como el IBL no hace parte del régimen de transición se rige por las
reglas de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, toda vez que adquirió el derecho pensional
con posterioridad al 1° de abril de 1994, esto es, a la entrada en vigencia de la
aludida norma.

En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a partir del año
2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las pensiones
de los congresistas y altos dignatarios del Estado. Empero, si bien el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional realizaron interpretaciones diferentes del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas beneficiarias del
régimen de transición allí previsto, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca, proferida el 30 de enero de 2014 no fue caprichosa y, por
el contrario, respetó la normativa aplicable para el asunto particular, que a su vez
concuerda con la línea jurisprudencial de la época.

Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en lo siguiente:

i) Si bien Víctor Hugo Pamplona Míguez es beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que prestó sus servicios
al INCORA desde el 16 de marzo de 1968, lo que le permitía acceder a la transición
establecida en la Ley 33 de 1985, de manera que la normatividad aplicable era el
Decreto 3135 de 1968.

ii) Pese a que la norma de la transición de la Ley 33 de 1985 no señaló nada en
cuanto a la liquidación de la pensión, esto es, factores salariales o base de
liquidación, de acuerdo con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
contenido en la sentencia del 26 de septiembre de 2012, «en este aspecto también
se debe aplicar también el régimen anterior porque resulta más favorable» pues

14

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

«no se podría aplicar, por una parte, la disposición legal anterior en cuanto a la edad,
y por otra, la nueva ley para establecer la base de liquidación de la pensión, porque
se incurriría en violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe
dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales»30.

En relación con lo anterior, igualmente se advierte que el Tribunal, al afirmar que la
lista de factores establecida en los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978 no
supone la negación de cualquier otro factor que cause el trabajador, siguió lo
dispuesto en la línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 26 de
septiembre de 2012, que a su vez guarda correspondencia con el criterio expuesto
desde la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, que en lo particular
dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando». [Negrillas del original].

En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de la
sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época en que
se expidió la sentencia recurrida -30 de enero de 2014-, la posición era que las
pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los
factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2012,

radicado 20001-23-31-000-2010-00065-01(2536-11) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó que la pensión de Víctor
Hugo Pamplona Míguez se reliquidará con la inclusión de los siguientes factores:
sueldo (asignación básica mensual), sueldo de vacaciones, bonificaciones por
recreación y por servicios prestados, primas de vacaciones, de antigüedad y
quinquenio.

En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra lo
siguiente:

• Víctor Hugo Pamplona Míguez nació el 30 de octubre de 194131, según consta en
la copia del registro civil de nacimiento.

• Prestó sus servicios en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria entre el 16
de marzo de 1968 y el 29 de noviembre de 199632, y en el último año, esto es, entre
noviembre de 1995 y noviembre de 1996, devengó los siguientes factores: sueldo,
primas de mayo y noviembre, y de vacaciones, bonificación por servicios prestados
y quinquenio33.

• Mediante la Resolución 01321 del 30 de mayo de 1997, el secretario general del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria reconoció a Víctor Hugo Pamplona
Míguez una pensión de jubilación en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
33 de 1985, «es decir con base en el promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio, que corresponde al tiempo comprendido entre el 30 de
noviembre de 1995 y el 29 de noviembre de 1996», efectiva a partir del 30 de
noviembre de 1996. Al efecto, incluyó los siguientes factores: sueldo, primas de
noviembre y mayo, y de vacaciones, y las bonificaciones por servicios prestados y
quinquenal (proporción un año). La mesada ascendió a la suma de $623.871 34.

• A través de la Resolución 02871 del 13 de diciembre de 2004, el INCORA, en
cumplimiento de una sentencia judicial, actualizó la base de la liquidación de la
prestación35.

• En cumplimiento de la sentencia revisada, la UGPP expidió la Resolución RDP
025781 del 25 de agosto de 2014, en virtud de la cual reliquidó la pensión de Víctor
Hugo Pamplona Míguez. En tal sentido indicó que incluiría los siguientes factores:
asignación básica, primas de navidad, vacaciones y servicios, bonificación por
servicios prestados y quinquenio36.

31 Folios 30 y 31.
32 Folio 33.
33 Folio 34.
34 Folios 35 y 36.
35 Folios 66 a 69.
36 Folios 151 a 155.

16

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

• Mediante la Resolución RDP 038762 del 11 de octubre de 2017, la entidad modificó
la decisión anterior, con fundamento en que, para dar cumplimiento a la sentencia
del 30 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, «no se
tuvo en cuenta la bonificación por recreación y el quinquenio fue incluido en un valor
diferente por error involuntario»37. En consecuencia, encontró procedente efectuar
la liquidación con la inclusión de los siguientes factores: asignación básica mes,
primas de navidad, de servicios y de vacaciones, bonificaciones por servicios
prestados y por recreación, y quinquenio.

De lo expuesto en precedencia, se advierte que la bonificación por recreación no
debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la prestación. Así se indicó en la referida
sentencia del 4 de agosto de 2010, en la que la Sección Segunda de esta
corporación indicó que su finalidad no era la de remunerar el trabajo, sino que se
trata de una prestación social, pues así lo previó el artículo 15 del Decreto 2710 de
2001. En aquella decisión se indicó lo siguiente:

«Entonces, el ordenamiento jurídico prescribe que la bonificación por recreación no
constituye factor salarial para efectos prestacionales, por lo cual no puede accederse en
este aspecto a la petición del demandante.

Adicionalmente, tampoco puede perderse de vista que el objeto de dicho reconocimiento
no es remunerar directamente la prestación del servicio del empleado, sino, por el
contrario, contribuir en el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del
mismo, como lo es la recreación; razón por la cual, es válido afirmar que esta es una
prestación social y, en consecuencia, no puede ser incluida como factor para la
liquidación de la pensión, máxime si, como se anotó anteriormente, el legislador
así lo estableció expresamente». [Resalta la Sala].

De este modo, si bien el pensionado es beneficiario del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985, razón por la cual su pensión fue liquidada con base en lo devengado
en el último año de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo
establecido, en atención al criterio jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, pese a
que se considera que el IBL hacía parte de la transición y que se debían incluir todos
los factores salariales devengados, lo cierto es que en esta decisión también se
sostuvo que no debía incluirse un emolumento que no se percibiera como
retribución de la labor, tal y como ocurre con la bonificación por recreación, cuyo
carácter salarial fue descartado expresamente por la norma de creación38.

37 Folios 157 a 160.
38 Artículo 15 del Decreto 2710 de 2001:

«Bonificación Especial de Recreación. Los empleados públicos a que se refiere el presente decreto
tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, en cuantía equivalente a dos (2) días de
la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo
período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se
compensen en dinero.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

Así las cosas, y aunque la decisión objeto de revisión acogió la tesis expuesta para
determinar el IBL de la pensión, resulta lógico excluir el mencionado emolumento
de la liquidación pensional, toda vez que no constituye salario, pues no se reconoce
como contraprestación directa del trabajo desempeñado por el servidor, «sino que
se otorga una vez se inicia con el disfrute de las vacaciones, máxime si se tiene en
cuenta que el legislador había excluido expresamente ese factor y, por lo tanto, no
podía computarse para efectos pensionales»39. En igual sentido se había
pronunciado esta corporación, en especial en la providencia del 29 de mayo de
200340, en la que sostuvo que «en la liquidación de la pensión de jubilación deberán
incluirse todas aquellas sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario
o empleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor
expresamente excluido por la ley», lo cual permite concluir que, ni aún con base
en la anterior tesis jurisprudencial del Consejo de Estado, es viable la inclusión de
la bonificación por recreación en la base de liquidación pensional.

Ahora bien, sería del caso pronunciarse sobre la inclusión ordenada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Popayán y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cauca en la sentencia objeto de revisión en relación con la prima
de antigüedad, toda vez que de acuerdo con lo certificado por la entidad, este factor
no fue devengado; sin embargo se advierte que en el acto de cumplimiento, esto
es, la Resolución RDP 038762 del 11 de octubre de 2017, la entidad no la tuvo en
cuenta para efectos de realizar la reliquidación, razón por la cual no se advierte un
reconocimiento que exceda lo debido como consecuencia de la orden de inserción
de tal factor.

De ahí que las razones expuestas sean suficientes para concluir que Víctor Hugo
Pamplona Míguez tiene derecho a que su pensión se liquide sobre el 75% sobre lo
percibido durante el último año de servicio, pero con exclusión de la bonificación
por recreación, motivo por el cual habrá de infirmarse la decisión objeto de revisión
por este aspecto.

En consecuencia, se demostró que i) Víctor Hugo Pamplona Míguez es beneficiario
del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985; y ii) completó más de 20 años
de servicios, pues trabajó en el INCORA desde el 16 de marzo de 1968 hasta el 29
de noviembre de 1996. Sin embargo, la liquidación de la pensión excedió lo debido

Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por lo menos
con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso
remunerado.».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado

11001-03-25-000-2017-00273-00 (1319-2017), M.P. William Hernández Gómez.
40 En la sentencia se citó: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 29 de mayo
de 2003, Radicación No.: 25000-23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02), Actor: Jaime Florez Anibal.»

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

de acuerdo con la ley, pues se incluyó un factor que no percibió durante el último
año de servicios y frente al que no correspondía su inclusión.

Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 30 de enero de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará fundada
la acción de revisión interpuesta por la UGPP.

2.5. Costas

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, al ordenarse la liquidación de la pensión de
Víctor Hugo Pamplona Míguez, cobijado por el régimen de transición de la Ley 33
de 1985, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado
durante el último año de servicios, pues tal decisión se acompasó con la posición
jurisprudencial acogida por el Consejo de Estado para la época.

Sin embargo, sí se configura la causal b), en cuanto se ordenó la inclusión de la
bonificación por recreación en la liquidación pensional, comoquiera que se trata de
un emolumento que no se percibe como contraprestación directa del servicio, cuyo
carácter de factor salarial está expresamente excluido por las normas que lo
regulan.

Con fundamento en lo expuesto se infirmará parcialmente la providencia del
Tribunal Administrativo del Cauca, proferida el 30 de enero de 2014, en cuanto a
excluir del ingreso base de liquidación la bonificación por recreación. En tal sentido,
esta sentencia de reemplazo se limitará a infirmar únicamente el ordinal segundo
de dicha providencia, para en su lugar, ordenar:

Modificar el ordinal tercero de la sentencia 231 del 28 de octubre de 2011, proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, en el sentido de que, a título
de restablecimiento del derecho, la UGPP deberá reliquidar la prestación de Víctor Hugo
Pamplona Míguez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, con exclusión del auxilio de movilización y la bonificación por
recreación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Los efectos de esta decisión, en lo pertinente a la liquidación de la prestación regirán
hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del pensionado que

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

fueron reconocidos al amparo de las sentencias de esta corporación. Además, no
se dará orden de reintegro alguna de las sumas pagadas en cumplimiento de la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en atención a lo
dispuesto en el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, toda vez que no se
desvirtuó la presunción de buena fe41, pues los valores pagados fueron producto de
una decisión judicial42.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, el 30 de enero de 2014, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.

Segundo: Infirmar parcialmente el ordinal segundo de la sentencia referida, para
en su lugar, disponer:

Modificar el ordinal tercero de la sentencia 231 del 28 de octubre de 2011, proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, en el sentido de que, a título
de restablecimiento del derecho, la UGPP deberá reliquidar la prestación de Víctor Hugo
Pamplona Míguez con la inclusión de todos los factores salariales efectivamente
devengados en el último año de servicios, salvo el auxilio de movilización y la
bonificación por recreación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.

Cuarto. Sin condena en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

41 Artículo 83 de la Constitución Política.
42 En igual sentido se ha pronunciado esta corporación. Al respecto ver, entre otros: Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 11001 03
25 000 2013 01382 00 (3495-2013) M.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, sentencia del 22
de julio de 2021, radicado 85001 23 33 000 2016 00113 01 (2816-2016), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)
Demandante: UGPP

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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