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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00380-00

Fecha
20 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00380-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO.- DECLARAR fundada parcialmente la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la providencia de 16 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia, se INFIRMA el mencionado auto. En su lugar, se dispone: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia de 21 de septiembre de 2011. SEGUNDO.- Negar las demás pretensiones. TERCERO.- ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, como apoderada de la UGPP, en los términos del memorial que obra a índice 57 de Samai. CUARTO.- RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para actuar como apoderado de la UGPP, identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional 12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder que consta a índice 59 de Samai. QUINTO.- Sin condena en costas. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00380-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00380-00 (1732-2017)
Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00380-00 (1732-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia del 21 de
septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá

Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a dictar
sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), por intermedio de apoderada judicial, en la cual
se invocó la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pretende que se
infirme la sentencia de 21 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá2, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Carlos Julio Camacho Benítez, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP con la finalidad de
declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 00201 del 9
de enero de 2007, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, a través de la
cual reliquidó una pensión de jubilación y ii) Resolución 59094 del 4 de diciembre de

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Javier Ortiz del Valle, demandante: Carlos Julio Camacho Benítez, demandada: UGPP, radicación: 15001-

23-31-001-2009-00248-00.
1

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00380-00 (1732-2017)
Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

2008, que resolvió el recurso de reposición.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios con el valor de la
asignación más elevada, liquidada con una tasa de reemplazo del 75%, con la
consecuente indexación y el pago de intereses moratorios.

3. El demandante manifestó que: i) prestó sus servicios del 19 de junio de 1978 al 28
de febrero de 2006, ii) adquirió el estatus pensional el 24 de diciembre de 2001, iii)
CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación a través de Resolución 10308 del 4
de junio de 2003, y iv) reliquidada mediante la Resolución 00201 del 9 de enero de
2007, efectiva a partir del 1 de marzo de 2006.

4. El señor Carlos Julio Camacho Benítez citó como disposiciones violadas los
artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política, así como los Decretos
546 de 19713, 717 de 19784, 1660 de 19785, 1045 de 19786 y 3382 de 20057. En el
concepto de violación indicó que por ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, tiene derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971, de modo que
la pensión debe reliquidarse con la asignación salarial más elevada del último año de
servicio, con una tasa de retorno del 75%.

1.2. Actuaciones procesales relevantes

5. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual se admitió
por auto de 26 de agosto de 2008 y se decretaron pruebas en providencia de 7 de abril
de 20108.

6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que reconoció la
pensión del señor Carlos Julio Camacho Benítez al cumplir los requisitos del Decreto
546 de 1971. En cuanto a los factores salariales del ingreso base de liquidación
pensional precisó que el régimen pensional de la rama judicial no los señalaba, por lo
cual se debió a acudir a otras disposiciones, y que, en todo caso solo, podían ser los
que sirvieron de base para la liquidación de los aportes para la pensión.

7. Finalmente, el 2 de junio de 20109 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y se dictó sentencia de primera instancia.

3 Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
4 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados

de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos
cargos, y se dictan otras disposiciones.
5 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971

y 717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio
Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal.
6 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los

empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
7 por el cual se modifica el Decreto 3131 de 2005.
8 Samai índice 6 y 17 proceso en el Tribunal Administrativo de Boyacá.
9 Samai índice 39, proceso en el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

1.3. Sentencia de primera instancia

8. Concluida la etapa de alegaciones, el Tribunal Administrativo de Boyacá dictó
sentencia el 21 de septiembre de 201110, en la que resolvió:

PRIMERO- ACCEDER a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de acción
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Carlos Julio Camacho Benítez
contra la Caja Nacional de Previsión Social.
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de competencia por el
factor territorial, ineptitud de la demanda y obligación de pago de aportes por el ex
servidor público.
TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial de la resolución 00201 del 09 de enero de
2007 y la nulidad de la resolución 59094 del 04 de diciembre de 2008, expedidas por
la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de las cuales se reliquida la pensión
de jubilación a Carlos Julio Camacho Benítez, y por medio de la cual se confirma la
resolución inicial, por lo manifestado en precedencia.
CUARTO: ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la pensión de
jubilación reconocida a Carlos Julio Camacho Benítez, con base en el 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio
incluyendo para el efecto, asignación mensual, prima especial, prima de vacaciones,
prima de servicios y prima de navidad, factores efectivamente devengados entre el 01
de marzo de 2005 al 28 de febrero de 2006, con efectos fiscales a partir del 01 de
marzo de 2006.
QUINTO: ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social hacer el descuento de los
aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se decretan y que no
se haya efectuado en oportunidad la deducción legal, en consonancia con lo señalado
atrás.
SEXTO: CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social, a título de
restablecimiento del derecho, a pagar a favor del demandante, la diferencia en las
mesadas pensionales dejadas de pagar desde el 01 de marzo de 2006, cifras que serán
indexadas mes a mes […].

9. Como fundamento de su decisión, el Tribunal señaló que el actor tenía derecho a la
reliquidación de su pensión, con el 75% de la asignación básica más elevada con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicio, de conformidad con lo previsto en el Decreto 546 de 1971, al considerar que:

i) El demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía más de
40 años de edad y 15 años de servicios al Estado, por lo tanto, su situación pensional
se definía en virtud del artículo 6 del Decreto 546 de 1971, el cual regula el régimen
especial de la rama judicial.

ii) CAJANAL reconoció la pensión y aplicó el Decreto 546 de 1971 de forma parcial,
toda vez que no la liquidó de conformidad con este precepto, sino que aplicó la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
10 Folios 133 a 137 del expediente físico.

3

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

iii) En virtud del principio de favorabilidad, CAJANAL debió acudir integralmente al
Decreto 546 de 1971 y, en cuanto a los factores salariales, al Decreto 717 de 1978,
norma especial para la rama judicial.

iv) La liquidación de la pensión de Carlos Julio Camacho Benítez debió hacerse con el
75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicios, dado que
se desempeñó como juez.

10. Mediante auto de 16 de abril de 201211, el Tribunal Administrativo de Boyacá
resolvió la solicitud de aclaración y adición de la sentencia presentada por la parte
actora, para que se incluyera la bonificación por actividad judicial como factor salarial,
devengada por el demandante en el último año de servicios en la rama judicial.
Solicitud a la cual accedió el Tribunal, en el sentido de incluir la bonificación por
actividad judicial, percibida en los años 2005 a 2006 en el IBL de la pensión del
accionante, conforme lo previsto en el Decreto 3131 de 2005. Por tanto, la providencia
dispuso:

CUARTO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN reliquidar la pensión de
jubilación reconocida a CARLOS JULIO CAMACHO BENÍTEZ, con base en el 75% de
la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio
incluyendo para el efecto, asignación mensual, prima especial, prima de vacaciones,
prima de servicios, prima de navidad y bonificación por actividad judicial, factores
efectivamente devengados entre el 1 de marzo de 2005 al 28 de febrero de 2006, con
efectos fiscales a partir del 01 de marzo de 2006.

II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda12

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP), a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la
acción especial de revisión contra la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2011
por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

12. Invocó la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200313 y formuló las siguientes
pretensiones:

11
Folios 138 y 139 del expediente físico.
12 Folios 148 a 186 del expediente físico.
13 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea
el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo
por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.»
4

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

i) Revocar la sentencia objeto de revisión y el auto que la adicionó.

ii) Declarar que al demandado no le asiste derecho a la reliquidación de la
pensión de jubilación con la totalidad de factores salariales devengados en el
último año de servicio, pues el ingreso base de liquidación debe liquidarse
conforme el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

iii) Declarar que al demandado no le asiste derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de la bonificación por actividad judicial devengada en los años
2005 a 2006, en tanto dicho emolumento no constituye factor salarial.

iv) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de Carlos Julio
Camacho Benítez, según lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sin computar la bonificación por actividad judicial.

13. A juicio de la entidad se configura la causal b) cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables, toda vez que al demandado no le asiste derecho a
la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicio, puesto que el IBL debe calcularse conforme
lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de
1994 y las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.

14. Manifestó que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley, en tanto, la reliquidación de la pensión contraviene el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

15. Igualmente, señaló que la reliquidación pensional no puede incluir la bonificación
por actividad judicial devengada en los años 2005 a 2006, ya que en esa época no
constituía factor salarial, conforme lo previsto en el artículo 2 del Decreto 3131 de 2005,
puesto que fue solamente hasta la expedición del Decreto 3900 de 2008 que se le
otorgó el carácter de factor salarial.

2.2. Actuaciones procesales relevantes

16. Por medio del auto de 21 de mayo de 2021, se admitió la demanda y se ordenó
notificar personalmente al señor Carlos Julio Camacho Benítez14. En auto de 1 de
septiembre de 2022 se indicó que habiéndose surtido el emplazamiento del demandado,
procedía designar una curadora ad litem15 que se posesionó el 11 de abril de 202316.

2.2.2. Contestación a la acción especial de revisión17

17. La curadora ad litem, en representación de Carlos Julio Camacho Benítez, se
opuso a las pretensiones, manifestó que la causal formulada por la UGPP no está
llamada a prosperar, por cuanto la cuantía de la pensión cuenta con el respaldo de los

14 Folios 205 a 206 del expediente físico.
15 Folio 213 del expediente físico.
16 Folio 219 del expediente físico.
17 Índice 49 Samai.

5

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Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978. Agregó que la demanda de revisión contiene un
«argumento débil, carente de lógica jurídica y de sustento probatorio», y que la UGPP
desconoce los derechos adquiridos del pensionado que sacrificó su vida al servicio del
estado.

2.2.3. Auto de pruebas18

18. Mediante auto de 28 de septiembre de 2023, una vez vencido el término para que
la parte demandada y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión de la
acción especial de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con
la demanda.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

19. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA19.

20. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201920,
por tratarse de un asunto de carácter laboral.

3.2. Oportunidad

21. En el presente caso, la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación,
mediante auto del 21 de mayo de 202021, al resolver el recurso de súplica presentado
contra el auto de ponente del 22 de septiembre de 2017, determinó que la acción especial
de revisión fue interpuesta oportunamente. En efecto, precisó que la Corte Constitucional,
en la sentencia SU 427 de 201622, consideró que «el término de caducidad de 5 años no
podrá contabilizarse antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió
la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal». Por ello, se indicó que el
término de caducidad debe contarse desde el 12 de junio de 2013 hasta el 11 de junio
de 2018.

22. Por consiguiente, la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente el 28 de
abril de 201723, pues se presentó antes del 12 de junio de 2018.

18 Índice 51 Samai.
19 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
20 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
21 Folios 200 a 202 del expediente físico.
22 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 Folio 186 reverso del expediente físico.

6

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Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

3.3. Legitimación en la causa

23. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter que hayan tenido a su cargo
el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado su
liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE (art. 156 de
Ley 1151 de 2007). Ahora bien, el numeral 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28
de diciembre de 200924 le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201325.

24. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201626, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer la acción especial de
que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».

25. Por su parte, el señor Carlos Julio Camacho Benítez está legitimado por pasiva,
dada su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado 15001233100120090024800, en el que se dictaron la sentencia y el auto
que la adicionó.

3.4. Problema jurídico

26. Conforme a los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso la UGPP, corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por
tanto, es procedente infirmar la sentencia de 21 de septiembre de 2011 y el auto de 16
de abril de 2012, dictados por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia,
se debe establecer lo siguiente:

i) ¿Si la cuantía del derecho reconocido a Carlos Julio Camacho Benítez excedió lo
debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión
de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

ii) ¿La liquidación de la pensión podía incluir la bonificación por actividad judicial
devengada en los años 2005 a 2006, pese a que no era factor salarial?

27. En este orden de ideas, para resolver los problemas planteados, la Sala analizará
las generalidades de la acción especial de revisión y la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, el caso concreto.

24 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
25 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: 6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
26 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

7

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

3.4.1. Generalidades sobre la acción especial de revisión y la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de jurisprudencia27

28. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra las sentencias, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada. Está
regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción se limita
a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas28.

29. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»29, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.

30. Dicha revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que lo caracterizan
según la jurisprudencia del Consejo de Estado30 y de la Corte Constitucional, a saber:

i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con

27 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado

11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
28 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
29 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés
“ […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso
extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de
Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. MP. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-
04141-00 REV. MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
30 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de

Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01
8

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia31;

ii) la legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado32;

iii) no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social33; y

iv) no es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues enmarca a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde34.

31. A partir de los antecedentes históricos «la revisión creada en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma
pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la reducción
del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema pensional, como se
observa en la exposición de motivos. Así, en concreto respecto de la revisión de
providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la
Nación’»35.

32. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
202036, esta corporación ha explicado lo siguiente:

[…] 5.2. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
32 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°

de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18

de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William Hernández
Gómez.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
36 “[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y
sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del
artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema
pensional un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal
forma que fuera posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas
vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de
revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que
responde dicho instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio
financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del
gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular.
[…]”37.

33. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de sumas periódicas que
afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

3.4.2. Análisis del caso concreto

34. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió las decisiones objeto de revisión con
sustento en el Decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, y la UGPP
invoca la causal de revisión establecida en el literal b) de la Ley 797 de 2003.

35. Al respecto, la entidad sostiene que, se configuró la causal referida, porque si
bien Carlos Julio Camacho Benítez es beneficiario del régimen de transición, las
disposiciones del Decreto Ley 546 de 1971 le debieron ser aplicadas únicamente
respecto de la edad, el tiempo y el monto; sin embargo, para el IBL los preceptos que
lo regulan son los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

36. Afirma que como el demandado prestó sus servicios en la Rama Judicial el

37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.

10

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Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

derecho pensional, en virtud de la transición, se rige por el Decreto Ley 546 de 1971
solo en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la
prestación. En cuanto al ingreso base de liquidación la normativa aplicable es la Ley
100 de 1993. De tal suerte que la pensión del demandado ha debido liquidarse con el
promedio de los salarios devengados en el tiempo que hiciera falta para adquirir el
derecho pensional, a partir de la vigencia del Sistema General de Pensiones, con el
cómputo de los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

37. Igualmente, indica que el Tribunal dispuso de manera errada la reliquidación de
la pensión de jubilación con el cómputo de lo devengado por concepto de bonificación
por actividad judicial, pese a que fue percibida para los años 2005 a 2006, cuando no
era factor salarial, por disposición del Decreto 3131 de 2005. Destacó que la
bonificación por actividad judicial sólo adquirió carácter salarial con la expedición del
Decreto 3900 de 2008.

38. Ahora bien, con el objeto de resolver los problemas jurídicos, se destaca que en
el caso concreto se encuentran acreditados los siguientes hechos:

i) Carlos Julio Camacho Benítez laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 19
de junio de 1978 al 28 de febrero de 2006, de forma discontinua, y desde el año
1996 desempeñó el cargo de juez civil municipal.

ii) A través de la Resolución 10308 de 4 de junio de 2003, CAJANAL reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación, por el valor de $2.174.396, con el 75%
de los factores salariales cotizados durante los últimos 8 años de servicio, efectiva
a partir del 1 de julio de 2002 y condicionada a demostrar el retiro definitivo del
servicio.

iii) Con Resolución 00201 de 9 de enero de 200738, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social, reliquidó por retiro del servicio la pensión de jubilación a favor del
accionado por valor de $2.755.979, con el 75% de la totalidad de factores salariales
cotizados durante los últimos 10 años de servicio, conforme lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

iv) Mediante la Resolución No. 59094 de 4 de diciembre de 2008 39, la extinta
CAJANAL resolvió un recurso de reposición interpuesto por el actor, en el sentido de
confirmar la anterior resolución.

v) A través de la Resolución RDP 008389 de 29 de agosto de 201240, la UGPP
reliquidó la pensión reconocida al señor Carlos Julio Camacho Benítez, en
cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el valor
de $4.786.536, efectiva a partir del 1° de marzo de 2006, para el efecto incluyó la
asignación básica mensual del último año de servicios, las bonificaciones por
servicios prestados y por actividad judicial, y las primas de navidad, de servicios, de
vacaciones y especial de servicios.

38
Folios 66-68 del expediente físico.
39
Folios 80-82 del expediente físico.
40
Folios 111-114 del expediente físico.
11

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Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

39. Una vez expuestos los presupuestos fácticos, la Sala procede a estudiar el
ingreso base de liquidación y la bonificación por actividad judicial.

3.4.2.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
especiales en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993

40. La sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 dictada por la Sección
Segunda estableció las reglas sobre el ingreso base de liquidación, en el régimen
especial de jubilación de la Rama Judicial y el Ministerio Público, previsto en el Decreto
Ley 546 de 1971, para los beneficiarios de la transición normativa de la Ley 100 de
199341, así:

iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación
de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es
decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le
faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

41. El fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió a las reglas y subreglas
fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020,

proceso con radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
12

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00380-00 (1732-2017)
Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base42.

42. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto Ley 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente, son
sujetos de estas disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo de servicios, edad
y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto en los
artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

43. Ahora bien, descendiendo al asunto bajo estudio se tiene que para esta

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13

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Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

Subsección lo relevante cuando se trata de acciones especiales de revisión consiste
en analizar el criterio jurisprudencial vigente43 para la época en que el Tribunal dictó
las decisiones censuradas. Esto, acorde con los efectos del fallo de unificación CE-
SUJ-S2-021-2044 donde expresamente se indicó que prevalecerá la fuerza de cosa
juzgada y no puede entenderse, en principio, que las pensiones reliquidadas con
fundamento en las tesis anteriores del Consejo de Estado lo hayan sido con abuso del
derecho o fraude a la ley, así:

La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta
sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a
la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en
jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de
cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el
artículo 250 del CPACA».

44. En efecto, como se explicó en precedencia, la tesis del Consejo de Estado
cambió a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, el cual fue acogido para el régimen de rama judicial en el
fallo del 11 de junio de 2020 de la Sección Segunda. En este sentido, en cuanto al
régimen de la rama judicial el criterio jurisprudencial de la Sección Segunda hasta el
año 2020 consistía en que el régimen especial de Rama Judicial, regulado en el
Decreto Ley 546 de 1971, debía ser aplicado integralmente, sin que fuera posible
alterar los elementos que lo hacían especial en respeto del principio de inescindibilidad
normativa, de modo que no podía acudirse a la Ley 100 de 1993 para establecer la
base de liquidación pensional45.

45. Nótese que esta fue la interpretación del Tribunal Administrativo de Boyacá

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-01458-00

(4815-2018), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 13 de junio de 2024.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 11 de junio de 2020, proceso con

radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez.
45 Este recuento sobre el desarrollo jurisprudencial en el Consejo de Estado se encuentra en el fallo de unificación

CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
14

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

cuando consideró que «la entidad demandada desconoció aplicar integralmente el
principio de favorabilidad que se consagró en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
que representaba para el demandante la seguridad jurídica de que su derecho
pensional, en virtud del tránsito legislativo, se definiría con aplicación de las
disposiciones que regían con anterioridad a la vigencia de la mentada ley, pues sólo
de esta manera se logra el propósito proteccionista de los derechos laborales
amparados en el artículo aludido»46.

46. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá del 21 de septiembre de 2011, la cual ordenó que la pensión
de Carlos Julio Camacho Benítez se reliquidara con base en el 75% de la asignación
mensual más elevada del último año de servicios, con la inclusión de los factores
salariales devengados entre el 1° de marzo de 2005 al 28 de febrero de 2006, siguió
la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular, por tanto,
prevalece la fuerza de cosa juzgada.

47. Aunado a lo anterior, tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial,
la procedencia de las causales de revisión debe interpretarse atendiendo la facultad
de revisión de los reconocimientos pensionales que afectan los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones. A su turno,
el Acto Legislativo 01 de 2005 refiere que procede la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos legales,
acorde con el procedimiento establecido por el legislador, pero que a la fecha no ha
sido expedido.

48. En este contexto, se revisa la historia laboral del pensionado para verificar si se
está frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional
que pudiera llegar a configurar abuso del derecho. Así pues, se encuentra que en el
expediente administrativo obra la certificación expedida por el área financiera de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, según la cual Carlos
Julio Camacho Benítez devengó en el último año de servicios los siguientes
emolumentos: sueldo básico, primas especial, de servicios, de vacaciones y de
navidad47.

49. En consecuencia, frente al primer cargo alegado en la acción especial de revisión
se tiene que la liquidación de la pensión de Carlos Julio Camacho Benítez no excedió
lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 24
de diciembre de 1946, por lo que tenía más de 40 años de edad al 1° de abril de 199448;
ii) acreditó más de 20 años de servicios; iii) demostró que prestó sus servicios por más
de 10 años a la Rama Judicial49, de ahí que su pensión se liquidó con base en el
régimen especial del Decreto 546 de 1971; y iv) durante el último año percibió los
factores respecto de los cuales el Tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.

50. Así las cosas, se concluye que la sentencia del 21 de septiembre de 2011
46 Folio 136 vuelto del expediente físico.
47 Folios 63, 87 y 88 del cuaderno 1 del expediente físico.

48 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden nacional.
49 Folios 51- 63 del cuaderno 1 del expediente físico.

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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 en cuanto al primer reproche de la
demanda, relativo a la reliquidación con todos los factores salariales devengados en
el último año de servicios y, por lo tanto, no prospera este cargo.

3.4.2.1. De la inclusión de la bonificación por actividad judicial en el IBL de la
pensión de jubilación

51. En relación con el segundo reparo formulado por la UGPP consistente la
improcedencia de ordenar la inclusión de la bonificación por actividad judicial en el IBL
de la pensión del jubilado, la Sala precisa que el artículo 2 del Decreto 3131 de 2005 50
establecía que la referida bonificación no constituía factor salarial para liquidar los
elementos salariales y prestacionales, así:

Artículo 2°. La bonificación de actividad judicial de que trata el presente decreto no
constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en cuenta para determinar
elementos salariales o prestaciones sociales.

52. Posteriormente, el Decreto 3900 de 200851 determinó que la bonificación por
actividad judicial «constituirá factor para efectos de determinar el ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones», a partir del 1º de enero de 2009.

53. Así pues, la mencionada bonificación tiene la connotación de factor salarial solo
desde el 1 de enero de 2009; por consiguiente, para la fecha en que fue devengada
por el señor Carlos Julio Camacho Benítez (2005-2006), dicho emolumento no
constituía factor salarial para el ingreso base de cotización, conforme el artículo 2 del
Decreto 3131 de 2005, razón por la que es improcedente incluirla en la reliquidación
pensional.

54. En este orden de ideas, se considera que el auto que adicionó la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuanto ordenó la reliquidación con
la inclusión de la bonificación por actividad judicial, excede lo debido de acuerdo con
la ley, lo cual encuadra en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se torna
procedente declarar fundada la acción de revisión, respecto a este reparo de la
demanda de revisión.

55. En virtud de lo anterior, se debe infirmar el auto de 16 de abril de 2012 que
adicionó la sentencia de 21 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el cual incluyó la bonificación por actividad judicial como
factor salarial para calcular el IBL de la pensión de jubilación del accionado, razón por
la cual se procederá a emitir un nuevo pronunciamiento frente a la solicitud de adición
interpuesta por Carlos Julio Camacho Benítez.

4. Providencia de remplazo

56. Carlos Julio Camacho Benítez presentó demanda en ejercicio de la acción de

50 Por el cual se establece una bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales.

51 Por el cual se modifica la bonificación de actividad judicial.

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nulidad y restablecimiento del derecho contra la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, con el fin de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones 00201 del 9 de
enero de 2007 y 59094 del 4 de diciembre de 2008, a través de las cuales se reliquidó
la pensión de jubilación.

57. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia de 21 de
septiembre de 2011 decidió condenar a la extinta CAJANAL a reliquidar la pensión
Carlos Julio Camacho Benítez con el 75% de la asignación mensual más elevada en
el último año de servicio con la inclusión de todos los factores devengados, a saber,
asignación mensual, prima especial, primas de vacaciones, de servicios y de navidad,
conforme con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971.

4.1 Solicitud de adición

58. El señor Carlos Julio Camacho Benítez presentó solicitud de adición de la
sentencia de 21 de septiembre de 2011, con el propósito de que se incluyera como
factor salarial la bonificación por actividad judicial devengada en el último año de
servicios en la Rama Judicial.

4.2 Caso concreto

59. Para resolver la solicitud de adición presentada por la parte demandante, la Sala
precisa que el artículo 2° del Decreto 3131 de 2005, estableció que la bonificación por
actividad judicial no era factor salarial ni prestacional y no se tenía en cuenta para
liquidar las prestaciones. Posteriormente, el Decreto 3900 de 2008 dispuso que, a
partir del 1º de enero de 2009, únicamente constituye factor salarial para calcular el
ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones.

60. Ahora bien, el señor Carlos Julio Camacho Benítez devengó la bonificación por
actividad judicial en el primer semestre del año 2005, tal y como consta en la
certificación detallada de pagos 0215 de 8 de mayo de 2012, expedida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial52.

61. Aunque a partir del Decreto 3900 de 2008 dicha bonificación constituye factor
salarial, lo cierto es que para el año 2005 cuando fue devengada por el señor Carlos
Camacho no tenía tal connotación, razón por la que es improcedente incluirla en el
ingreso base de liquidación pensional.

62. Se concluye entonces que el señor Carlos Julio Camacho Benítez no tiene
derecho a que la bonificación por actividad judicial sea incluida en la liquidación de la
mesada pensional, toda vez que no constituía factor salarial al momento en que fue
devengada por el accionado, conforme lo previsto en el Decreto 3131 de 2005.

63. En tal sentido, para la Sala se impone infirmar la providencia de 16 de abril de
2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se ordenó
la inclusión de la bonificación por actividad judicial como factor salarial para liquidar el
ingreso base de liquidación pensional. En su lugar, se negará la solicitud de adición

52 Folios 87 y 88 del expediente físico.

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presentada por el actor.

5. Costas

64. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

65. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

66. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que se ventila un
interés público, pues la entidad legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito que motivó al
legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de revisión contra sentencias
que ordenan un reconocimiento pensional en detrimento del erario53.

6. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará fundada parcialmente la acción
especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social frente a la providencia
de 16 de abril de 2012, que adicionó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Boyacá y se procederá a infirmarla. En su lugar, se negará la solicitud de adición
presentada por el señor Carlos Julio Camacho Benítez.

68. La Sala no dictará orden de reintegro de las sumas pagadas en cumplimiento de
la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, toda vez que no se
desvirtuó la presunción de buena fe54, pues los valores pagados fueron producto de
una decisión judicial55.

69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

53 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
54 Artículo 83 de la Constitución Política.
55 En igual sentido se ha pronunciado esta corporación. Al respecto ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección

Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 11001 03 25 000 2013 01382 00 (3495-
2013) M.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado 85001 23 33 000
2016 00113 01 (2816-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: UGPP
Demandado: Carlos Julio Camacho Benítez

F A L L A:

PRIMERO.- DECLARAR fundada parcialmente la acción especial de revisión que la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) presentó contra la providencia de 16 de abril de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En consecuencia, se INFIRMA el
mencionado auto. En su lugar, se dispone:

NEGAR la solicitud de adición de la sentencia de 21 de septiembre de 2011.

SEGUNDO.- Negar las demás pretensiones.

TERCERO.- ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Lucía
Arbeláez de Tobón, como apoderada de la UGPP, en los términos del memorial que
obra a índice 57 de Samai.

CUARTO.- RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para
actuar como apoderado de la UGPP, identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453
de Medellín y tarjeta profesional 12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, en los
términos del poder que consta a índice 59 de Samai.

QUINTO.- Sin condena en costas.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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