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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00478-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00478-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la nulidad de la expresión «y contra dichos conceptos no procederán recursos», contenida en los artículos 1, numeral 3, del Decreto 1352 de 2013 y 2.2.5.1.1, numeral 3, del Decreto 1072 de 2015, proferidos por el presidente de la República, con la salvedad de que esta decisión tendrá efectos solo a partir de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, término dentro del cual el Gobierno nacional podrá adoptar las medidas que estime necesarias para ajustar los reglamentos pertinentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Exhortar al Gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y el Ministerio del Trabajo, para que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia revise integralmente el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones concordantes, en aras de que armonice la reglamentación con la regla de decisión adoptada en esta sentencia. Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto. Sin condena en costas. Quinto. Reconocer personería al abogado José Ernesto Alturo Rojas como apoderado de la Nación - Ministerio del Trabajo para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. 26 Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017) Demandante: Juan Alexander Cano Medina Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00478-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

Temas: Juntas de Calificación de Invalidez

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso promovido
por el señor Juan Alexander Cano Medina contra la Nación – Ministerio del Trabajo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el mencionado ciudadano, actuando en nombre propio, solicitó declarar la

nulidad del artículo 1, numeral 3, del Decreto 1352 de 2013, «por el cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras disposiciones», expedido por el presidente de la
República.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la autoridad competente «expedir un
nuevo decreto que adicione o aclare el procedimiento que se debe seguir ante las
Juntas de Calificación de Invalidez, cuando las personas que requieran un dictamen
de pérdida de la capacidad laboral para reclamar un derecho o para solicitar que se
declare el siniestro por parte de la compañía de seguros o la entidad bancaria con
la que se haya celebrado el contrato de seguros, acorde a los principios, valores y
reglas de la Constitución Política como la justicia, equidad e igualdad, tomando
como base el derecho fundamental al debido proceso y el principio de la doble
instancia».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que el decreto parcialmente enjuiciado quebrantó el
preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 40, 209 y 237 de la Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:2

i) El Gobierno nacional estableció un trámite que contraviene el derecho al debido
proceso de las personas interesadas en que las juntas de calificación de invalidez
les valoren la pérdida de capacidad laboral, puesto que los obligó a demostrar su
interés jurídico, manifestar la finalidad del dictamen e indicar las partes; sin
embargo, estas cargas no las deben soportar los asociados, ya que con ello «se ha
provocado que las Juntas de Calificación exijan información cualificada a usuarios
que no están en condición de elaborar un documento con formación jurídica como
se ha pretendido en un sinnúmero de casos».

ii) La disposición enjuiciada concede una ventaja injustificada a las entidades
bancarias o compañías de seguros, cuando se hace una reclamación por pérdida
de la capacidad laboral.

2 El demandante esgrimió algunos cargos de nulidad en el acápite de hechos; sin embargo, la Sala se permite resumirlos

en el concepto de violación para facilitar la comprensión de la demanda.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

iii) De esta manera se desconocen la dignidad humana, la solidaridad, el interés
general, los fines esenciales del Estado, la igualdad y un orden justo.

iv) La norma acusada impide interponer recursos contra los conceptos de las Juntas
de Calificación de Invalidez, pese a que los numerales 1 y 2 del artículo 3 del
Decreto 1352 de 2013 sí establecen la doble instancia. Con esta medida se
cercenan los derechos a la igualdad y a obtener un mayor porcentaje de pérdida de
la capacidad laboral, lo cual tiene hondas repercusiones en el acceso a la pensión
de invalidez y hacer efectiva la póliza de seguro destinada a amparar tal siniestro.

v) El trámite antes descrito no se compadece con el estado de salud mental y físico,
ni con la situación económica que se ve menguada por las circunstancias de
vulnerabilidad en que se encuentran quienes acuden a las autoridades competentes
para que se les califique su pérdida de capacidad laboral. Además, se les obliga a
acudir ante la jurisdicción cuando se determina una pérdida de la capacidad laboral
inferior al 50%, lo cual genera mayores barreras para la protección de quienes se
encuentran en condición de discapacidad, debido a la congestión que presentan los
despachos de la jurisdicción ordinaria laboral.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio del Trabajo, por intermedio de apoderado, contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los
siguientes razonamientos:3

i) Se configuró la excepción de ineptitud de la demanda, por cuanto el accionante
expuso una argumentación vaga y confusa que impide determinar las razones por
las que la disposición acusada podría estar incursa en causal de nulidad.

ii) Hay carencia actual de objeto, ya que el Decreto 1352 de 2013 no constituye un

3 Folios 58 a 76.

3

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Demandante: Juan Alexander Cano Medina

reglamento constitucional autónomo y fue derogado por el Decreto 1072 de 2015.

iii) No puede igualarse ni compararse la situación de un trabajador que requiere de
un dictamen de pérdida de capacidad laboral para acceder a unas prestaciones
sociales con la de una persona que celebra un contrato comercial de seguro y que
acude de forma voluntaria a las Juntas de Calificación de Invalidez, debido a que el
tomador goza de amplia libertad probatoria para hacer valer la póliza de seguro.

iv) El accionante confunde dos tipos de roles que cumplen las referidas juntas, pues
pretende equiparar las situaciones en las que actúan por solicitud de un asegurado,
en el marco del contrato comercial celebrado con una compañía de seguros, con la
función que ejercen como instituciones del sistema de seguridad social en orden a
valorar las condiciones de acceso a una pensión de invalidez.

v) En el escenario del contrato de seguros los interesados actúan de manera
voluntaria para acceder a un beneficio adicional y diferente a los establecidos por el
sistema de seguridad social integral, por ende, las juntas desempeñan una función
auxiliar, en estricto rigor no evalúan la pérdida de la capacidad laboral y los actos
que expiden no están sujetos a recursos, ya que no afectan derechos
prestacionales, sino que atañen a prerrogativas renunciables y conciliables.

vi) El actor tampoco demostró en qué forma el procedimiento establecido
instrumentaliza a las personas, afecta la dignidad humana o el principio de
solidaridad. Además, el hecho de que el usuario deba indicar la razón por la cual
solicita el dictamen es un requerimiento elemental y cualquier ciudadano puede
cumplirlo sin necesidad de acudir a un abogado.

vii) La ausencia de doble instancia frente al dictamen expedido por las juntas de
calificación en el escenario de un contrato de seguro no vulnera derechos
fundamentales ni garantías del Estado social de derecho, pues no todos los trámites
y procedimientos están sujetos al recurso de apelación. Además, el interesado
podrá obtener la contradicción del peritaje ante los jueces civiles, quienes son los

4

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Demandante: Juan Alexander Cano Medina

competentes para dirimir las controversias que surjan con ocasión de la celebración
de los contratos comerciales de seguros.

1.3. Excepciones previas y sentencia anticipada

Mediante auto del 27 de mayo de 2021, el magistrado conductor del proceso declaró
no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda, carencia actual de objeto
e improcedencia del medio de control frente a un acto que no constituye un
reglamento constitucional autónomo.4

Por auto del 2 de junio de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:5

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el caso sub judice se circunscribe en determinar si el numeral 3.º del artículo 1.º del
Decreto 1352 de 2013, se expidió con infracción del Preámbulo y de los artículos 1,
2, 13, 40, 209 y 237 de la Constitución Política.

1.4. Alegatos de conclusión

El demandante guardó silencio y el Ministerio del Trabajo reiteró los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso.6

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

4 Folios 80 a 83.
5 Folios 85 a 88.
6 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Es oportuno indicar que el artículo 1, numeral 3, del Decreto 1352 de 2013, acusado
en el sub lite, fue derogado por el Decreto 1072 de 2015,7 cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las
materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3° de
la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza
reglamentaria relativas al sector Trabajo que versen sobre las mismas materias […].

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria
de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, el
Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido
sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable
por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los
asociados».8

A pesar de la disposición acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de la
derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, por
cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto,
sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener
el imperio del orden jurídico.

En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de
un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación
que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello
«comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació
o no válido a la vida jurídica».9

7 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-24-000-

2009-00068-02 (2635-2013).
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-26-000-2016-

00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991,
Expediente S-157, sostuvo:

6

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Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Adicionalmente, aunque el Decreto 1072 de 2015 derogó la norma ahora enjuiciada,
en el artículo 2.2.5.1.1 reprodujo integralmente su contenido, por lo que se reafirma
la importancia de analizar su legalidad. Para efectos ilustrativos, en el siguiente
cuadro se transcriben los artículos objeto de comparación:

Decreto 1352 de 2013 Decreto 1072 de 2015
(junio 26) (mayo 26)

por el cual se reglamenta la por medio del cual se expide el Decreto
organización y funcionamiento de Único Reglamentario del Sector Trabajo
las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras
disposiciones

Artículo 1°. Campo de aplicación. El Artículo 2.2.5.1.1. Campo de
presente decreto se aplicará a las aplicación. El presente capítulo se
siguientes personas y entidades: aplicará a las siguientes personas y
entidades:
1. De conformidad con los dictámenes que 1. De conformidad con los dictámenes que
se requieran producto de las calificaciones se requieran producto de las calificaciones
realizadas en la primera oportunidad: realizadas en la primera oportunidad:
[…] […]

2. De conformidad con los dictámenes que 2. De conformidad con los dictámenes que
se requieran como segunda instancia de se requieran como segunda instancia de
los regímenes de excepción de la Ley 100 los regímenes de excepción de la Ley 100
de 1993, caso en el cual las Juntas de 1993, caso en el cual las juntas
Regionales de Calificación de Invalidez regionales de calificación de invalidez
actuarán como segunda instancia, razón actuarán como segunda instancia, razón
por la cual no procede la apelación a la por la cual no procede la apelación a la
Junta Nacional: junta nacional:
[…] […]

3. De conformidad con las personas que 3. De conformidad con las personas que
requieran dictamen de pérdida de requieran dictamen de pérdida de
capacidad laboral para reclamar un capacidad laboral para reclamar un

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de
ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se
mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma
administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había
afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido
derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento
anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la
derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado
por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el
imperio de la legalidad.

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

derecho o para aportarlo como prueba derecho o para aportarlo como prueba en
en procesos judiciales o procesos judiciales o administrativos,
administrativos, deben demostrar el deben demostrar el interés jurídico e indicar
interés jurídico e indicar puntualmente puntualmente la finalidad del dictamen,
la finalidad del dictamen, manifestando manifestando de igual forma cuáles son las
de igual forma cuáles son las demás demás partes interesadas, caso en el cual,
partes interesadas, caso en el cual, las las juntas regionales de calificación de
Juntas Regionales de Calificación de invalidez actuarán como peritos, y contra
Invalidez actuarán como peritos, y dichos conceptos no procederán recursos,
contra dichos conceptos no procederán en los siguientes casos:
recursos, en los siguientes casos:
3.1. Personas que requieren el dictamen
a) Personas que requieren el dictamen para los fines establecidos en este
para los fines establecidos en este numeral;
numeral;
3.2. Entidades bancarias o compañía de
b) Entidades bancarias o compañía de seguros;
seguros;
3.3. Personas con derecho a las
c) Personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en
prestaciones y beneficios contemplados la Ley 418 de 1997.
en la Ley 418 de 1997. […]
[…] [Se resalta el aparte demandado]. (Decreto número 1352 de 2013, artículo
1°) [Esta referencia normativa está incluida
en el texto transcrito, con lo que se ratifica
el interés que tuvo el Decreto 1072 de 2015
de compilar dicha disposición].

Es pertinente aclarar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-495 de
2019, estudió la figura de la integración normativa y concluyó que esta puede
aplicarse cuando la norma demandada «se encuentra reproducida en otra».

Bajo este entendido, en caso de que haya lugar a declarar la nulidad del decreto
parcialmente enjuiciado,10 se hará la integración normativa con el artículo 2.2.5.1.1
Decreto 1072 de 2015, pues la lectura de esta nueva disposición evidencia que su
interés fue incorporar el texto derogado al nuevo ordenamiento compilatorio con el
fin de dar claridad al sistema de fuentes jurídicas, pero en la práctica el mandato no
ha perdido vigencia y operatividad.

2.2. El problema jurídico

10 Al respecto puede consultarse la sentencia del 26 de agosto de 2021, radicado 11001-03-25-000-2019-00210 00 (1356-

2019), proferida por esta Subsección.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

El problema jurídico consiste en establecer si el decreto parcialmente enjuiciado
quebrantó el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 40, 209 y 237 de la Constitución
Política; o si por el contrario se ajustó al ordenamiento superior en que debía
fundarse.

2.3. Marco normativo

El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 1562
de 2012, creó las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez como
organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, adscritas al
Ministerio del Trabajo, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de
lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica
y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son obligatorias.

Igualmente, se especificó que el referido ministerio tendría a su cargo la
reglamentación de los siguientes aspectos:

Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo, la
integración, administración operativa y financiera, los términos en tiempo y
procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la inspección,
vigilancia y control de estos aspectos, así como la regionalización del país para los
efectos de funcionamiento de las Juntas, escala de honorarios a sus integrantes,
procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación.
[…]
Parágrafo 3. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y funcionamiento
de las Juntas de Calificación de Invalidez como parte de la estructura del Ministerio
de Trabajo.

En cuanto a la calificación del estado de invalidez, el artículo 41 de la Ley 100 de
1993, modificado y adicionado por los artículos 142 del Decreto Ley 19 de 2012 y
18 de la Ley 1562 de 2012, dispuso lo siguiente:

Artículo 41. Calificación del estado de invalidez. El estado de invalidez será
determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base
en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación.
Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de
Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a
las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación
deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la
entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden
regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco
(5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.
[…]

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades,
deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron
origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede
solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta
calificación ante la Junta Nacional.
[…]

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera
oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la
pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen.

A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en
segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales.

La calificación se realizará con base en el manual único para la calificación
de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación,
que deberá contener los criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de
pérdida de capacidad laboral porcentual por sistemas ante una deficiencia,
discapacidad e invalidez que hayan generado secuelas como consecuencia de una
enfermedad o accidente.
[…]

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1002 de 2004, analizó la
exequibilidad de los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 antes de que fueran
modificados por el Decreto Ley 19 de 2012 y la Ley 1562 de 2012.

Luego, las Sentencias C-914 de 2013 y C-120 de 2020 examinaron algunas de las
nuevas disposiciones.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Esta Sala tendrá en cuenta las consideraciones expuestas en las aludidas
providencias, incluyendo la Sentencia C-1002 de 2004, ya que las modificaciones
introducidas con posterioridad se encaminaron a regular con mayor detalle las
competencias y operatividad de las juntas de calificación, pero mantuvieron su
naturaleza y los aspectos esenciales que fueron objeto de estudio por parte de la
Corte Constitucional en esa ocasión.

De las providencias en comento se extraen las siguientes conclusiones relevantes
para el análisis del presente asunto:

i) Las Juntas de Calificación de Invalidez ejercen una función pública consistente en
evaluar de forma técnica, científica e integral el grado de pérdida de la capacidad
laboral de los individuos que se sirven del sistema general de seguridad social y el
dictamen que estas suscriben se constituye en «pieza necesaria para la expedición
del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión».11

ii) En los procedimientos adelantados ante las juntas de calificación de invalidez se
manifiesta plenamente el principio de la doble instancia.12

La Sentencia C-1002 de 2004 adoptó la anterior premisa a partir del texto original
del artículo 43 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor preceptuaba que la Junta Nacional
de Calificación de invalidez «tiene a su cargo la resolución de las controversias que
en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las juntas regionales o
seccionales respectivas».

Es oportuno anotar que el artículo 43 ibidem no conserva dicha redacción, pero el
42 sí contempla una previsión similar, en tanto dispone que «a la Junta de
Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda
instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales».

11 Sentencia C-1002 de 2004.
12 Sentencia C-1002 de 2004.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

iii) Las entidades aseguradoras son las primeras encargadas de evaluar la
capacidad laboral y ocupacional de los usuarios, «ante las eventualidades en que
este trámite proceda»,13 es decir, que en tales casos la primera oportunidad para
pronunciarse sobre el estado de invalidez está radicada en cabeza de
Colpensiones, ARL, EPS o compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez
y muerte.

iv) Si el interesado no estuviere de acuerdo con la calificación efectuada por las
mencionadas entidades, podrá manifestar su inconformidad ante las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, cuyo dictamen será apelable ante la Junta
Nacional. Además, contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

v) El legislador asignó la competencia para calificar la pérdida de capacidad laboral,
en primera oportunidad, a las autoridades o actores encargados de asumir el
cubrimiento de la prestación económica respectiva; sin embargo, la estructura
escalonada del trámite permite establecer lo siguiente: a) «la primera oportunidad
ante la entidad aseguradora no es la primera instancia del proceso administrativo,
ni del judicial si hubiera lugar a este»;14 y b) la decisión de la Junta Nacional de
Calificación «es la segunda instancia del proceso ante la administración».15

vi) Los procedimientos adelantados por las juntas de calificación de invalidez no
tienen naturaleza jurisdiccional, por cuanto su finalidad se limita a certificar la
incapacidad laboral para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales
que la requieren; por lo tanto, los dictámenes no resuelven de manera definitiva las
controversias surgidas en torno al grado de invalidez y tampoco producen efectos
de cosa juzgada.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

13 Sentencia C-120 de 2020.
14 Sentencia C-120 de 2020.
15 Sentencia C-120 de 2020.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

El demandante afirmó que el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1352 de 2013
quebranta el debido proceso, igualdad, dignidad humana, solidaridad, interés
general, fines esenciales del Estado y un orden justo. Además, desprotege a las
personas que se encuentran en condición de discapacidad.

A continuación, se analizarán los cargos de nulidad expuestos por el actor, en el
siguiente orden:

2.4.1. Contenido de la solicitud del dictamen

La disposición acusada previó que «las personas que requieran dictamen de
pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como
prueba en procesos judiciales o administrativos, deben demostrar el interés jurídico
e indicar puntualmente la finalidad del dictamen, manifestando de igual forma cuáles
son las demás partes interesadas».

El señor Juan Alexander Cano Medina consideró que las anteriores exigencias se
traducen en una carga difícil de soportar para los asociados, debido a que no tienen
los conocimientos necesarios para acreditar su interés jurídico y demás
presupuestos antes anotados.

Sin embargo, esta Sala considera que el requerimiento que establece la norma
demandada para la práctica del dictamen no resulta desproporcionado ni
irrazonable, pues se trata de una medida tendiente a viabilizar la actuación de las
juntas de calificación de invalidez, así como dotarlas de suficientes elementos para
poder rendir su experticia de manera integral, técnica y científica, conforme lo
demanda la ley.

Además, el actor afirma que la mencionada exigencia «ha provocado que las Juntas
de Calificación exijan información cualificada a usuarios que no están en condición
de elaborar un documento con formación jurídica como se ha pretendido en un
sinnúmero de casos»; sin embargo, este efecto no se deriva necesariamente de la

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

disposición acusada, pues en ningún momento establece algún tipo de rigurosidad
en torno a la redacción jurídica o científica de la solicitud del dictamen, tampoco se
explicita que el interesado deba actuar por intermedio de un abogado u otro
profesional de alguna disciplina específica.

El accionante tampoco aportó pruebas encaminadas a probar su afirmación, por lo
que los cargos de nulidad carecen de soporte fáctico y normativo.

A lo anterior se agrega que esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Al
respecto, se ha explicado que si bien «la jurisdicción de lo contencioso está
facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».16

2.4.2. Derecho a la doble instancia

El señor Juan Alexander Cano Medina sostuvo que en las situaciones enlistadas
por el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1352 de 2013 no es posible interponer
recursos contra los conceptos de las Juntas de Calificación de Invalidez, pese a que
en los demás casos sí se prevé el derecho a la doble instancia. Esta barrera
procedimental impide el acceso a la pensión de invalidez y a los beneficios
amparados por las pólizas de seguros.

Conforme al marco normativo y jurisprudencial citado en acápites precedentes, en
consonancia con la especial protección que la Constitución Política y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han prodigado a este grupo

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-

2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta corporación:
i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de 2022,
radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-
00110-01 (19136).

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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

poblacional, esta Subsección considera que le asiste razón al accionante. A
continuación, se desarrollará esta conclusión a partir de argumentos encaminados
a facilitar la comprensión del debate:

i) La Ley 100 de 1993, modificada por el Decreto Ley 19 de 2012 y la Ley 1562 de
2012, estableció un diseño escalonado de las Juntas de Calificación de Invalidez,
de manera que la primera instancia la realizan las Juntas Regionales y la segunda
le compete a la Junta Nacional.

Estas normas preceptúan que Colpensiones, EPS, ARL y compañías de seguro que
asuman los riesgos de invalidez y muerte están llamadas a hacer la calificación de
primera oportunidad; sin embargo, las inconformidades de los interesados frente a
dichos conceptos deben tramitarse a través de las Juntas Regionales y la Nacional
de Calificación de Invalidez, pues el legislador les fijó expresamente dichas
funciones.

También pueden presentarse situaciones en que los interesados deben acudir
directamente a las Juntas de Calificación de Invalidez, por ejemplo, cuando no se
encuentran vinculados a una entidad del sistema general de seguridad social que
pueda hacer la valoración de primera oportunidad.17

ii) Contrario a lo dispuesto en el artículo 1, numeral 3, del Decreto 1352 de 2013, la
lectura del ordenamiento superior en que debía fundarse impide concluir que las
juntas regionales se convierten en organismos de única instancia cuando actúan
como peritos.

Inclusive, tal entendimiento constituye un contrasentido, ya que justamente el
artículo 42 de la Ley 100 de 1993 creó las Juntas Regionales y Nacional con la
función de emitir «dictámenes periciales», es decir, que es de su esencia cumplir
«una función de peritaje, técnica y de tipo operativo y que incumbe el ejercicio de

17 Al respecto puede consultarse la Sentencia T-370 de 2022, proferida por la Corte Constitucional.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

una función pública consistente en la calificación de la pérdida de la capacidad
laboral».18

A su vez, las Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo19 y la Ordinaria en la
especialidad Laboral han acudido a las Juntas Regionales y a la Nacional para
obtener conceptos técnicos en los asuntos debatidos en sede judicial. En lo que
respecta a la Junta Nacional, se ha expresado lo siguiente:20

Si bien, expresamente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no se le asignó
como una de sus funciones la de resolver o decidir sobre las solicitudes de calificación
de pérdida de la capacidad laboral remitidas por la autoridad judicial, no menos cierto
es que su carácter de organismo experto en esa materia lo legitima plenamente para
ser designado por los jueces laborales para que rinda el dictamen pericial decretado
como prueba en esta clase de actuaciones, puesto que tal como lo tiene definido la
Sala, al interior de un proceso judicial en la calificación de la pérdida de capacidad
laboral y el origen de una enfermedad o accidente, las Juntas de Calificación de
Invalidez intervienen como auxiliares de la justicia, de suerte que la selección del
órgano encargado de practicar el dictamen pericial es del es del resorte del instructor
del proceso, en virtud del principio de libertad probatoria del que están asistidos los
juzgadores de instancia no solo en cuanto a la valoración de los elementos de juicio
incorporados al expediente, sino además al optar por el medio de prueba que estima
más adecuado para demostrar los supuestos fácticos en que se soportan
pretensiones y excepciones, sea que los decrete por su propia iniciativa, ora por
petición de las partes.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, en consonancia con el artículo
42 de la Ley 100 de 1993, la Sala concluye que no existe fundamento legal para
entender que hay ocasiones en que las Juntas Regionales actúan como peritos de
única instancia o que la Junta Nacional no está facultada para actuar como perito al
resolver recursos de apelación contra el primer dictamen emitido por las Juntas
Regionales o para ejercer sus atribuciones por solicitud de una autoridad judicial,
pues estas hipótesis no se infieren de la naturaleza de esos organismos y tampoco
fueron previstas expresamente por el legislador.

18 Sentencia C-1002 de 2004, proferida por la Corte Constitucional.
19 Pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsecciones A y B: i) del 2 de marzo

de 2023, radicado 25000-23-42-000-2015-05099-01 (0348 – 2020); ii) del 19 de enero de 2023, radicado 50001-23-31-
000-2008-00495-01 (2998-2022); iii) del 22 de septiembre de 2022, radicado 25000-23-25-000-2012-00041-01 (4442-
2021); iv) del 31 de marzo de 2022, radicado 52001 23 33 000 2016 00317 01 (3939-2018).
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL9184-2016 del 8 de junio de 2016, radicado 52054.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

iii) En armonía con el anterior entendimiento, la Corte Constitucional en la Sentencia
C-1002 de 2004 fue enfática en determinar que el derecho a la doble instancia opera
plenamente en la estructura organizacional de las Juntas de Calificación de
Invalidez.

Entonces, «no es cierto que a la luz de las normas pertinentes en los procedimientos
adelantados ante las juntas de calificación de invalidez el legislador haya previsto
una única instancia». A su vez, «el hecho de que la ley haya dispuesto la
organización jerarquizada de las juntas es indicativo de que los procedimientos de
calificación de la pérdida de la capacidad laboral permiten una revisión escalonada
de la decisión».

Estas premisas han sido ratificadas por la mencionada corporación judicial al decidir
acciones de tutela. En tal sentido, se destacan los siguientes apartes de la
Sentencia T-003 de 2020:21

La lectura armónica de la Constitución Política permite afirmar que la seguridad social
tiene una doble connotación, por un lado, según lo establece el inciso 1º del artículo
48 superior, constituye un “servicio público de carácter obligatorio”, cuya dirección,
coordinación y control está a cargo del Estado, actividades que se encuentran sujetas
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Por otro lado, el inciso 2º de
la Carta “garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social”. Este derecho ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Art.22), la Declaración
Americana de los Derechos de la Persona (Art.16) y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Art.9).

La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el derecho a la seguridad social
“surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio
de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la
materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de
salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo
para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del
trabajo”22. Particularmente, ha señalado que esta garantía hace referencia a los
medios de protección que brinda el Estado con la finalidad de salvaguardar a las
personas y sus familias de las contingencias que afectan la capacidad de generar

21 Este criterio también ha sido sostenido en las Sentencias T-400 de 2017, T-076 de 2019, T-256 de 2019 y T-336 de 2020.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-690 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas y enfrentar circunstancias como
la enfermedad, la invalidez o la vejez.23

En este orden, la importancia de este derecho se desprende de su íntima relación con
el principio de dignidad humana, puesto que permite a las personas asumir las
situaciones difíciles que obstaculizan el desarrollo de actividades laborales y la
recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.
[….]

De acuerdo con lo anterior, les corresponde a las administradoras de fondos de
pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, a las compañías de seguros
que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud
realizar, en una primera oportunidad, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez. En caso de existir inconformidad del interesado, la
Entidad deberá solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión del
caso, decisión que será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Esto significa que, antes que nada, es competencia del primer conjunto de
instituciones mencionadas la práctica del dictamen de pérdida de capacidad laboral y
la calificación del grado de invalidez. En términos generales, solamente luego, si el
interesado se halla en desacuerdo con la decisión, el expediente debe ser remitido a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y, de ser
impugnado el correspondiente concepto técnico, corresponderá resolver a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez.

Conforme al anterior lineamiento jurisprudencial, la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral es un asunto estrechamente ligado al acceso a la seguridad
social, entendida como un derecho fundamental y que comprende diferentes
componentes como las pensiones de invalidez y sobrevivientes e indemnizaciones.

De esta manera, la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, su grado,
origen, fecha de estructuración y demás elementos resultan relevantes para que las
personas en condición de discapacidad accedan a los beneficios que ha establecido
el ordenamiento superior para garantizarles la dignidad humana, igualdad y, en
general, las herramientas económicas y administrativas que les permitan desarrollar
sus proyectos de vida.

iv) La Ley 1346 de 2009 aprobó la Convención sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad, de la cual se destacan los siguientes apartes:

23 Corte Constitucional, ver, entre otras, sentencias C-674 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-400 de 2017.

M.P. Alberto Rojas Ríos.

18

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Artículo 4. Obligaciones generales.

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los
Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
[…]
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
[…]

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán
las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho
sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el
ejercicio de ese derecho, entre ellas:

[…]
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y
niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y
estrategias de reducción de la pobreza;

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan
en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados
con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y
servicios de cuidados temporales adecuados;

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda
pública;

e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad
a programas y beneficios de jubilación.

De acuerdo con las anteriores previsiones, se observa que la garantía de acceso a
la seguridad social, en sus diferentes componentes, resulta una medida
indispensable para salvaguardar plenamente los derechos establecidos en la
aludida Convención y que buscan proteger a las personas en condición de

19

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

discapacidad, así como viabilizar su participación en la sociedad de manera
igualitaria e integral.

Es así como las competencias asignadas a las juntas de calificación de invalidez
implican la prestación de un servicio a la comunidad «relacionado con la seguridad
social, pues constituye nada menos que la vía oficial por la cual el sistema califica
la pérdida de capacidad laboral de sus beneficiarios».24

Bajo esta óptica, no resulta razonable impedir que quienes aspiran a un beneficio
en razón a la pérdida de su capacidad laboral vean menguada la posibilidad de
interponer recursos contra los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación
de Invalidez, en los términos previstos en la disposición acusada.

Por el contrario, la referida restricción carece de un fundamento legal y vea en
contravía del principio de eficiencia que orienta el sistema de seguridad social y las
actuaciones de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez.

En efecto, el legislador estableció la estructura para el funcionamiento de dichos
organismos, los adscribió al sistema de seguridad social y les encomendó la función
pública de dictaminar la pérdida de la capacidad laboral de los asociados, por ende,
implementar un trámite de única instancia no solo resulta contrario al querer del
legislador, sino extraño al diseño jerarquizado de las juntas y el cual se estructuró
sobre la base de que las regionales actuarían en primera instancia y la Nacional lo
haría en segunda instancia.

Entonces, al contar con dicho esquema no se comprende la razón por la cual en
lugar de poder agotar las instancias previamente establecidas, se conmine al
usuario a acudir a otra Junta Regional de Calificación de Invalidez (conforme lo
sugiere el Decreto 1352 de 2013) o a un perito particular, pues ya se cuenta con
una estructura diseñada por niveles, avalada por el Ministerio del Trabajo, que

24 Sentencia C-1002 de 2004, proferida por la Corte Constitucional.

20

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

cumplen sus tareas con base en manuales técnicos, mediante profesionales
idóneos y que hacen parte del sistema de seguridad social.

Bajo esta línea de intelección, se infiere que es más razonable permitir que se surtan
todas las instancias previstas con antelación, pues ello permite aprovechar el
recurso humano y todo el andamiaje técnico, científico y administrativo que
configuró el legislador para emitir los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral.

Igualmente, se garantiza que las personas en condición de discapacidad incurran
en menos gastos y tramitología para acceder a las prestaciones y beneficios que se
han instituido en su favor y cuya finalidad consiste en menguar las dificultades
económicas, de salud, acceso al mercado laboral y demás consecuencias
inherentes a las circunstancias que los convierten en sujetos de especial protección
y merecedores de la solidaridad del Estado y del conglomerado social.

Es relevante anotar que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral es un
instrumento importante para acceder a beneficios como las pensiones de invalidez
y sobrevivientes, indemnizaciones, ayudas humanitarias, entre otros beneficios que
el Estado ha previsto en favor de este segmento de la población, por lo que resulta
imperioso garantizarles su derecho al debido proceso en los términos en que fue
configurado por el legislador en la Leyes 100 de 1993 y 1562 de 2012 y el Decreto
Ley 19 de 2012.

Este entendimiento es consonante con la Sentencia C-1002 de 2004 en tanto
explicó lo siguiente:

En efecto, del contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley 100 es posible comprobar
que la ley señaló el marco de integración de las juntas de calificación de invalidez,
dejándole al Gobierno la regulación de aspectos secundarios de la misma, como el
número de miembros y la designación de las dependencias de segundo orden de las
juntas; el legislador estableció el sistema de financiamiento de las juntas; indicó la
sede, las competencias, el marco general del procedimiento, los beneficiarios de
los servicios prestados por ellas; el legislador señaló la autoridad nacional encargada
de la vigilancia y control de las juntas y estableció las bases de la organización

21

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

burocrática de las mismas, al indicar que los miembros encargados de calificar la
invalidez estarán asesorados por una secretaría técnica.

En consecuencia, cuando el legislador dispuso que el Gobierno reglamentara la
integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez,
esta Corte entiende que dicha reglamentación está llamada a contener las
disposiciones que permitan la puesta en marcha de estos organismos, sin que en
manera alguna pueda entenderse que la misma modificará los parámetros
estructurales generales indicados en los artículos demandados.
[…]

Los cargos de la demanda que se agrupan bajo este apartado parten de la base de
que al Gobierno se le confirieron facultades extraordinarias para regular el
funcionamiento y composición de las juntas de calificación de invalidez, incluida la
regulación de los recursos contra los dictámenes de las juntas, lo cual es
simplemente falso. En las normas acusadas no existe ninguna referencia a que el
legislador haya conferido al Gobierno facultades extraordinarias para legislar en la
materia. [Resalta la Sala].

El anterior criterio jurisprudencial reafirma la conclusión a la que ha arribado esta
Subsección en el sentido de indicar que el Gobierno nacional, al expedir la
disposición acusada, ejerció la potestad reglamentaria sin contar con el soporte
legal para implementar un trámite de única instancia por parte de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez cuando actuaran como peritos.

Por el contrario, el legislador ideó una estructura de dos instancias y no especificó
excepciones a esta regla. Además, la posibilidad de interponer recursos a los
aludidos dictámenes resulta coherente con el acceso a la seguridad social por parte
de un grupo poblacional que es destinatario de acciones afirmativas tendientes a
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la participación efectiva en la
sociedad.

Ahora bien, el actor solicitó la anulación del numeral 3 del artículo 1 del Decreto
1352 de 2013; sin embargo, la lectura de la disposición permite advertir que el vicio
de nulidad solamente recae en la expresión «y contra dichos conceptos no
procederán recursos», por lo cual la declaratoria de nulidad únicamente recaerá
sobre ese aparte.

22

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Además, conforme lo ha determinado esta Subsección en anteriores
oportunidades,25 los efectos de la decisión se diferirán por el término de 6 meses
con el fin de que el Gobierno nacional pueda hacer los ajustes a que haya lugar y
no se genere un vacío normativo o una desarticulación del sistema de seguridad
social con ocasión de la anulación de la expresión en comento.

2.5. Integración normativa

El Consejo de Estado ha acudido a la integración normativa en aras de garantizar
la coherencia interna del ordenamiento jurídico. A su vez, esta figura solamente
opera una vez se ha analizado el caso concreto y se ha concluido la necesidad de
anular una norma, por ende, dicha integración no puede realizarse sino hasta el
momento de emitir el fallo respectivo.

En tal sentido, esta Subsección ha acogido la tesis de la integración normativa en
tanto permite tener como demandadas disposiciones que no se enunciaron en el
escrito de la demanda, pero que revisten idéntico contenido o guardan estrecha
relación con las acusadas. Al respecto, se ha explicado lo siguiente:26

La integración de la unidad normativa ha sido explicada por la Corte Constitucional
como un mecanismo de procedencia excepcional que favorece la coherencia interna
del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y la economía procesal al permitir
que se integren al juicio de control enunciados normativos o disposiciones
jurídicas no demandadas, de manera que pueda darse una solución integral a
los problemas jurídicos que envuelve el debate27.
[…]
Es importante resaltar que la integración de la unidad normativa es de carácter
excepcional, por ello, tratándose de preceptos autónomos que no fueron
demandados, su aplicación se justifica únicamente cuando con ella se busca evitar
que la sentencia en la que se declara la nulidad de un acto administrativo termine

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2019, radicado 11001-03-25-000-2013-

00369 00 (0793-2013)
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, radicado: 11001-03-25-000-

2019-00210 00 (1356-2019). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 13 de agosto de 2018, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, radicado: 11001-03-25-000-2014-01542-00 (4972-14).
27 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las Sentencias C-095 de 2019, C-223 de 2017, C-182 de 2016, C-634 de

2011 y C-124 de 2011.

23

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

siendo inocua28. En dicha hipótesis, la figura tiene sustento en cuanto garantiza la
defensa del orden jurídico abstracto, previniendo que, pese a la anulación de un acto,
pervivan en el ordenamiento jurídico otros con el mismo contenido o con los que
guarda una relación inescindible.

Así, en los casos en que la disposición demandada constituye una proposición jurídica
completa y autónoma, la procedencia de integrar la unidad normativa se encuentra
condicionada a que vaya a proferirse una decisión de inexequibilidad, cuando el
control judicial corresponde a la Corte Constitucional, o en la que se declare la
nulidad de un acto administrativo, en aquellos eventos en que el examen de
legalidad lo realiza la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De allí que en
estos supuestos la integración deba efectuarse una vez resuelto el o los
problemas jurídicos concernientes a la litis.

De acuerdo con el anterior lineamiento, la integración normativa puede realizarse
en demandas de simple nulidad únicamente cuando se observa que la disposición
acusada quebranta el ordenamiento superior.

Igualmente, dicha figura opera en esta clase de controversias, aunque no exista un
mandato expreso frente a ello, en consideración a que pretende proteger propósitos
relevantes que se acompasan con los fines de ese medio de control y de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo son la coherencia y
preservación del orden jurídico, la economía procesal, la prevalencia del derecho
sustancial, la correcta administración de justicia, la tutela judicial efectiva y la
materialización de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley.

En lo que respecta al sub lite, se observa que el Decreto 1072 de 2015 derogó todas
las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector trabajo que
versaran sobre las materias allí reguladas, es decir, que el artículo 1, numeral 3, del
Decreto 1352 de 2013 también fue derogado por la nueva disposición; sin embargo,
el texto de la norma derogada fue integrado por completo en dicho acto, por ende,
el mandato ha venido operando desde su expedición con idéntica redacción hasta
la actualidad.

28 Al respecto, la Corte Constitucional, refiriéndose a la aplicación de la integración normativa de cara al control abstracto

de constitucionalidad que le corresponde ejercer, señaló en sentencia C-495 de 2019: [La Sala se abstiene de transcribir
la cita completa en razón a que el asunto ha sido ilustrado con suficiencia].

24

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

La anterior premisa se ratifica en el artículo 3.1.1. del Decreto 1072 de 2015 en tanto
previó que los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones
allí compiladas mantendrían su vigencia y ejecutoriedad «bajo el entendido de que
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio».

En este orden de ideas, se efectuará la integración normativa con el artículo
2.2.5.1.1 del Decreto 1072 de 2015, ya que su tenor es idéntico al de la disposición
enjuiciada en este proceso, por ende, la presente decisión también se extenderá a
esa norma. De esta manera se garantiza la eficacia real de la sentencia y la
protección del orden jurídico superior.

De otro lado, teniendo en cuenta que el Decreto 1072 de 2015 contiene más
disposiciones que pueden guardar relación con la expresión que se anula en el sub
lite, se exhortará al Gobierno nacional para lo que revise integralmente, así como
las demás disposiciones concordantes, en aras de que armonice la reglamentación
con la regla de decisión adoptada en la presente sentencia.

2.6. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.29

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se
concluye que el demandante logró desvirtuar la legalidad de la expresión «y contra
dichos conceptos no procederán recursos» contenida en la disposición parcialmente

29 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

25

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

enjuiciada, replicada por el Decreto 1072 de 2015, por lo que debe declararse su
nulidad en los términos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la nulidad de la expresión «y contra dichos conceptos no
procederán recursos», contenida en los artículos 1, numeral 3, del Decreto 1352 de
2013 y 2.2.5.1.1, numeral 3, del Decreto 1072 de 2015, proferidos por el presidente
de la República, con la salvedad de que esta decisión tendrá efectos solo a partir
de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, término
dentro del cual el Gobierno nacional podrá adoptar las medidas que estime
necesarias para ajustar los reglamentos pertinentes, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Exhortar al Gobierno nacional en cabeza del presidente de la República
y el Ministerio del Trabajo, para que dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia revise integralmente el Decreto 1072 de 2015
y demás disposiciones concordantes, en aras de que armonice la reglamentación
con la regla de decisión adoptada en esta sentencia.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas.

Quinto. Reconocer personería al abogado José Ernesto Alturo Rojas como
apoderado de la Nación - Ministerio del Trabajo para los efectos del poder que obra
en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

26

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017)
Demandante: Juan Alexander Cano Medina

Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

27

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