Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00190-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00190-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00190-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00190-00 (1125-2021)
Demandante: Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN -
UTRADIAN
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN.
Temas: Requisitos para la expedición de manuales específicos de
funciones y competencias laborales. ACCEDE A LAS
PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del proceso promovido por la
Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN - UTRADIAN contra la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN.
ANTECEDENTES
La Unión de Trabajadores y Empleados de la DIAN -UTRADIAN-, en ejercicio del
medio de control de nulidad simple consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1
Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:
• 000059 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se adopta el Diccionario de
Competencias Laborales Conductuales o interpersonales y se compilan los
porcentajes mínimos de exigencia del nivel requerido para los procesos de selección
1 Archivo 2ED_02DEMANDAVILLEGASDIAN(.PDF) NroActua 2, índice 2 de la plataforma Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001032500020210019000 (1125-2021)
en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN»;
• 000060 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se adopta el Manual Específico de
Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN»;
• 000061 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se establecen los requisitos mínimos
exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN».
• 000089 del 8 de septiembre de 2020, «Por la cual se modifica la Resolución 060
del 11 de junio de 2020 que adopta el Manual Específico de Requisitos y Funciones
para los empleos de la planta permanente de personal de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN»; y
• 000090 del 8 de septiembre de 2020, «Por la cual se modifica la Resolución 061
del 11 de junio de 2020 que establece los requisitos mínimos exigidos para los
empleos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN».
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se expresa que los actos acusados vulneran el preámbulo y los artículos 1.º, 2.º,
25, 26, 29, 40-7, 53, 55, 83, 93, 123, 125, 209 y 215 de la Constitución Política; 24
de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de la OEA; 2.° y 7 literal
c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4.º de la
Convención Americana de Derechos Humanos; 7.º del Convenio 151 de la OIT; 26
y 27 de la Convención de Viena; 5.º (parágrafo) y 10 del Decreto Ley 770 de 2005;
19, 24 (parágrafo) 27, 29 y 36 del Decreto 1785 de 2014; y 3.º, 37, 38, 40, 42,44 y
46 de la Ley 1437 de 2011.
Como sustento de la alegada transgresión, sostuvo que incurren en las siguientes
causales de nulidad:
i) Expedición irregular porque la DIAN no cumplió con la obligación de realizar un
estudio técnico previo a la expedición de los actos en los que actualizó o modificó
su manual específico de funciones y competencias laborales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015. Agregó que el
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aludido estudio debía ser realizado por especialistas, de manera que la entidad
tendría que haber solicitado y permitido la asistencia técnica del Departamento
Administrativo de la Función Pública, sin que los jefes o directores de gestión de la
DIAN fueran personal idóneo para tales efectos.
Que se incurrió en la vulneración de la norma mencionada, por cuanto la DIAN no
consignó en actas las decisiones adoptadas durante el proceso de formación de los
actos administrativos correspondientes.
ii) Expedición irregular o con violación del derecho de defensa, porque tratándose
de actos administrativos como los demandados, en los que se adoptó y modificó el
manual específico de funciones y competencias laborales de una entidad pública,
su proceso de formación debió incluir un trámite de consulta previa a las
organizaciones sindicales, a través del cual se garantizara el diálogo y la
deliberación con estas últimas, pues convocó y celebró una única reunión con las
organizaciones sindicales, el 19 de diciembre de 2019, en la que compartió una
información general y de manera verbal, sin que previamente hubiese entregado la
documentación informativa a los sindicatos.
Que el fundamento jurídico de dicha obligación se encuentra contenido a nivel
constitucional en el principio democrático sobre el cual se encuentra fundado el
Estado Social de Derecho, así como en el derecho a la negociación colectiva para
regular las condiciones de trabajo, en los términos de los artículos 55 y 56
Superiores. En materia convencional, el Convenio 144 de la OIT «Sobre la consulta
tripartita» y en especial la Recomendación 113 «Sobre la consulta» contemplan la
adopción de medidas para promover dicho mecanismo entre las autoridades
públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores; además, el
Convenio 151 prevé la importancia de fomentar el uso de procedimientos de
negociación acerca de las condiciones del empleo entre las autoridades públicas y
las organizaciones de empleados públicos.
Que en el orden interno, las Leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011 consagran la
aplicación efectiva de la democracia participativa en la administración pública,
mientras que el Decreto 498 de 2020 plasmó en forma expresa el deber de consulta
previa a las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, para que
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a través de dicho trámite se les dé a conocer el alcance de las modificaciones o
actualizaciones de los manuales de funciones y competencias laborales, y se
escuchen las observaciones e inquietudes existentes, ordenando dejar constancia
de todo ello.
Que la Ley 1437 de 2011 desarrolló los principios de participación y el derecho al
debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas, además su artículo
46 dispuso explícitamente que cuando la Constitución o la ley ordene la realización
de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, su no
realización en los términos previstos es causal de nulidad de la decisión.
Que se infringió la anterior normativa pues, previo a la expedición de los actos
demandados, no agotó debidamente el requisito de consulta previa con las
formalidades que se exigen, toda vez que convocó y celebró una única reunión con
las organizaciones sindicales, el 19 de diciembre de 2019, en la que compartió una
información general y de manera verbal, sin que previamente hubiese entregado la
documentación informativa a los sindicatos, lo que impidió que en ese escenario se
generaran observaciones e inquietudes, por lo que con esa única reunión no puede
entenderse agotado el proceso de consulta en todas sus etapas y mucho menos
respeto de todos los actos acusados.
iii) Infracción de las normas superiores en que debía fundarse, dado que el manual
de funciones y competencias laborales que se adoptó mediante los actos acusados
excluyó, para ciertos cargos y sin justificación, algunas carreras de las áreas
misionales e inteligencia corporativa que sí estaban incluidas en el manual anterior,
tales como licenciaturas, mecatrónica, administración pública, ingeniería química,
relaciones económicas internacionales, y psicología.
Que la exclusión de profesiones que estaban consagradas en el manual de
funciones y competencias anterior, sin la determinación de un régimen de transición
normativa, se tradujo en: a) que empleados con requisitos ya acreditados quedaran
condenados a permanecer en los cargos actuales, sin derecho a movilidad en el
empleo a través de un encargo o por ascenso, tal como ocurrió en el área de
Operación Aduanera de la entidad, pues a quienes ingresaron en vigencia del
anterior manual no se les exigió el idioma inglés como requisito académico, último
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que sí se encuentra consignado en el manual nuevo; b) la imposibilidad de participar
en el proceso de selección 1461 de 2020 y en futuros concursos por el no
cumplimiento de los requisitos académicos del cargo.
Que estas modificaciones al manual de funciones y competencias laborales
desconocen los derechos convencionales, constitucionales y legales a la promoción
o ascenso laboral, así como el derecho de acceso a cargos públicos y el principio
de no regresividad, consagrados en el artículo 24 de la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales de la OEA; 2.º y 7.º literal c) del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo de San Salvador y los
artículos 26 y 40-7 de la Constitución Política.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN contestó la demanda2 y se opuso a las pretensiones argumentando que la
modificación de las Resoluciones 060 de 2020, que adopta el manual de funciones;
y 061 de la misma anualidad, que establece los requisitos mínimos exigidos para
los empleos en la DIAN , obedeció a la expedición del Decreto 989 del 9 de julio de
2020, que introdujo una nueva regulación en lo relacionado con las competencias y
requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o
auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y territorial.
Que la entidad dio cumplimiento al numeral 8.º, artículo 8.º de la Ley 1437 de 2011
y al artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 al agotar la consulta previa que
permitió la participación de las organizaciones sindicales, tanto así, que se
recibieron comentarios por parte de aquellas, los cuales fueron analizados y
considerados dentro del proceso de elaboración del manual.
Que la Resolución 00060 de 2020 se apoyó en las directrices trazadas por el DAFP
y contó con la participación de expertos en los procesos de la DIAN, así como la
validación y ajuste de las Direcciones de Gestión de la misma entidad, sin que pueda
2 Índice 26, ídem.
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afirmarse que existía un documento u opinión técnico adicional que tuviera que ser
consultado con carácter obligatorio.
Que no es cierto que se hayan excluido ciertas profesiones como requisito
académico para el ejercicio de algunos cargos. Ello bajo el entendido de que las
disciplinas de administración pública, ingeniería química, relaciones económicas
internacionales, psicología, ingeniería mecatrónica y las licenciaturas, hacen parte
de los requisitos de estudios de los empleos del nivel directivo, profesional y técnico
adscritos a la planta de personal de la DIAN.
Que, una vez adoptado el Manual Específico de Requisitos y Funciones para los
empleos de la planta permanente de personal de la entidad, dichos actos sirvieron
de fundamento para la oferta de empleos dentro proceso de selección 1461 de
2020, en el cual se ofertaron 1.500 empleos de carrera administrativa, los cuales ya
tienen listas de elegibles en firme.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 25 de junio de 2021 y notificada a la
entidad demandada, quien la contestó en tiempo. Luego a través de providencia del
22 de agosto de 2022, se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en
los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021, por lo que se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo
189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas y se fijó el correspondiente
litigio.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes reiteraron los argumentos expuestos en sus otras intervenciones
procesales 3.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
3 Parte demandante: índice 41, ídem y parte demandada: índice 42, ídem.
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CONSIDERACIONES
Se deberá determinar si los actos administrativos incurrieron en el vicio de
expedición irregular por no contar con el estudio técnico exigido por el artículo
2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 que justificara la modificación al manual de
funciones; y por haber desconocido el procedimiento previo de consulta,
publicación y socialización de las modificaciones o actualizaciones del manual de
funciones y competencias laborales de la entidad.
Igualmente, si se configura el vicio de infracción de las normas superiores en que
debían fundarse, específicamente los derechos de acceso a cargos públicos, de
ascenso o promoción laboral de los empleados de la entidad, así como el principio
de no regresividad, al haber excluido algunas profesiones de los requisitos
académicos para desempeñar ciertos niveles de empleo en la entidad.
El vicio de expedición irregular
Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los defectos
en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a saber: el
procedimiento y la forma de la declaración 4. Sobre lo primero, la expedición irregular
se configura cuando se incumplen las condiciones y fases previstas en el
ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo segundo, el vicio se
presenta en los casos en los que la manifestación unilateral de voluntad de la
administración adolece de formalidades esenciales para su validez, tales como la
motivación.
El elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad, obedece tanto a
razones de orden interno de la administración, como al respeto de las garantías y
derechos de las personas 5, lo cual puede referirse a requisitos tendientes a
garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los interesados en la
formación del acto, otorgar las oportunidades que correspondan para el ejercicio de
los derechos a la defensa o contradicción y también para asegurar la autenticidad o
veracidad del acto administrativo.
4 Cfr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ , op. cit, p. 27.
5 Ibidem.
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No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la doctrina,
han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios constitucionales
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal 6 y de eficacia de la función
administrativa 7, las irregularidades formales que no tengan trascendencia en los
derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, pueden ser
subsanadas y no implican necesariamente la anulación del acto. Así, la irregularidad
que tiene vocación de llevar al juez a declarar la nulidad es la que compromete un
presupuesto básico de la decisión o la que tuvo incidencia en su sentido final 8.
En efecto, en el Consejo de Estado se ha dicho al respecto que 9:
«La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se configura
cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que
establecen el procedimiento para su formación o la forma como éste debe
presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe
verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la
decisión. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es
sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso
contrario, es decir, cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a
decretar su anulación». (Negrita fuera de texto).
Para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a la anulación del
acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio eminentemente
normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da el carácter de esencial
a una formalidad, su incumplimiento puede generar la nulidad del acto 10, lo cual
ocurre, por ejemplo, con la consulta previa 11.
6 CP, art. 228: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo». (Negrita fuera de texto).
7 CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
[…]».
8 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de enero de
1994, rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ, op. cit., p. 87 y LUIS
ENRIQUE BERROCAL GUERRERO, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá: Librería Ediciones del
Profesional, 2016, pp. 551-552.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2011,
rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00.
10 Ibidem, p. 99.
11 CPACA, art. 46: «Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta
previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos
señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar». (Negrita
fuera de texto).
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Los manuales específicos de funciones y competencias laborales
Los artículos 122, inciso 1.º y 125, inciso 3.º de la Carta Política regulan el empleo
público en los siguientes términos:
«ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente.
[…]
ARTÍCULO 125 […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos,
se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]».
Por su parte, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 desarrolló la noción de empleo
público, así: «El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública
objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo
y los fines del Estado.».
Así, la normativa en cuestión dispuso que el diseño de cada empleo debe contener
lo siguiente:
a) La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan
identificar claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que
comprende la definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos
aquellos otros exigidos para ingresar al servicio. De acuerdo con el artículo 19
ibidem, «[…] En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las
exigencias funcionales del contenido del empleo. […]».
c) La duración del empleo cuando sea temporal.
A su turno, el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 facultó expresamente al presidente
de la República para expedir normas con fuerza de ley en las que definiera, entre
otros asuntos, el sistema de funciones y requisitos generales aplicable a los
organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial 12.
12 Con excepción del Congreso de la República.
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En ejercicio de dicha atribución, para las entidades del orden nacional se expidió
el Decreto Ley 770 de 2005 13, que estableció los diferentes niveles jerárquicos 14 y
consagró la naturaleza general de las funciones que le corresponde ejercer a los
empleos agrupados en cada uno de dichos niveles 15. En el artículo 5.º del
mencionado decreto se definieron unos criterios generales a los que habría de
atender el Gobierno Nacional para determinar lo relacionado con las competencias
laborales y requisitos para el ejercicio de los cargos según el nivel jerárquico.
Con base en lo anterior, se dispuso un reparto de facultades para que, de un lado,
el presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste,
desarrollara las funciones, competencias y requisitos aplicables de manera general
a cada agrupación de empleos según su nivel jerárquico; y de otro lado, las
entidades del orden nacional, dentro de aquel marco, expidieran su propio manual
específico de funciones y competencias laborales 16.
En relación con la DIAN, el Congreso de la República a través del artículo 122 de la
Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 17, revistió al presidente de la República, por
el término de 1 mes de facultades extraordinarias, para regular: i) el Sistema
Específico de Carrera Administrativa de los servidores públicos de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN)
denominado Carrera Administrativa, de Administración y Control Tributario,
Aduanero y Cambiario; ii) la gestión y administración del talento humano de esa
entidad; y iii) todo lo concerniente al ingreso, permanencia, situaciones
administrativas, movilidad y causales de retiro de los servidores de la DIAN.
13 «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a
que se refiere la Ley 909 de 2004.».
14 Directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. Artículo 3.º del Decreto 770 de 2005.
15 Artículo 4.º del Decreto 770 de 2005.
16 Esta afirmación encuentra respaldo en el artículo 2.º del mismo Decreto Ley 770 de 2005, que en su inciso
final prevé que «[…] Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán
fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional de
acuerdo con los parámetros señalados en el artículo quinto del presente decreto, salvo para aquellos empleos
cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en la ley […]».
17 «Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones».
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En desarrollo de tales atribuciones, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 071
de 202018, en el cual se estableció el Sistema Específico de Carrera de los
empleados públicos de la DIAN; en su artículo 56 definió las competencias
laborales 19 como la capacidad de una persona para desarrollar en diferentes
contextos, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados, las
funciones inherentes a un empleo. Esta capacidad está determinada por los
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que deben
poseer, demostrar y mantener los empleados públicos de la DIAN.
Y en el artículo 60 de dicha normativa, se previó que la identificación, definición y
aplicación de las competencias laborales debían verse reflejadas en la elaboración
del Manual Específico de Requisitos y Funciones.
Estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual
de funciones
Tratándose del manual de funciones y competencias laborales es posible diferenciar
una normativa aplicable a organismos del orden nacional y otra a entidades del
orden territorial, distinción que no solo se encuentra en los Decretos Ley 770 y 785
de 200520, sino también en la reglamentación que efectuó el Decreto 1083 de 2015
sobre la materia.
Así, el artículo 2.1.1.1. del Decreto 1083 de 2015 21, indicó que dicho ordenamiento
era aplicable a la DIAN, y en el artículo 2.2.3.8. ibidem, definió el contenido mínimo
del manual específico de funciones y competencias laborales a saber:
1) la identificación y ubicación del empleo;
2) el contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la descripción
de funciones esenciales del empleo22;
3) los conocimientos básicos o esenciales y
4) los requisitos de formación académica y de experiencia.
18 Vigente para la época de expedición de los actos demandados y posteriormente derogado por el artículo 152
del Decreto Ley 927 de 2023.
19 Que comprende las competencias básicas u organizacionales; las funcionales; y las conductuales o
interpersonales (artículos 57 a 59).
20 Artículo 32 del Decreto Ley 785 de 2005.
21 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
22 En este punto es importante señalar que existen unas funciones esenciales y generales de los empleos
atendiendo al nivel jerárquico al que pertenezcan. Su descripción en el respectivo manual específico de
funciones y competencias laborales debe efectuarse teniendo en cuenta las funciones descritas en título
correspondiente del Decreto 1083 de 2015, según lo dispone su artículo 2.2.2.2.6.
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Específicamente, en lo que se refiere a los estudios previos a la expedición del acto
que adopte, actualice, modifique o adicione el manual específico de funciones se
tiene que, en el caso de las entidades del orden nacional, el inciso 3.º del artículo
2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 23 señala que: «corresponde a la unidad de
personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los estudios
para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas».
(Resalta la Sala).
Teniendo en cuenta lo anterior, antes de la expedición de los actos administrativos
que creen, actualicen, adicionen o modifiquen estos manuales, debe surtirse una
etapa previa en la que las unidades de personal de las entidades públicas elaboren
estudios que justifiquen el contenido de dichos actos y el cumplimiento de las
normas que estos deben observar. Por esto, es posible afirmar que la elaboración
de tales estudios constituye un requisito de validez de los manuales
específicos de funciones y que su pretermisión podría llegar a viciar de
nulidad dichos actos administrativos 24.
Sobre los motivos que justifican la necesidad de un estudio previo a la adopción o
ajuste del manual específico de funciones, esta Sala de Subsección 25 se pronunció
recientemente, al indicar que:
«[…] Ciertamente esta exigencia previa encuentra sustento en razones de buen
servicio, por cuanto no puede quedar simplemente al capricho o arbitrio del
funcionario competente, el establecimiento de los requisitos de conocimiento o
experiencia para los distintos cargos de la planta de personal o los cambios que se
realizan a los mismos, así como, las modificaciones relacionadas con las
responsabilidades o funciones, sino que el ejercicio de esta competencia debe
orientarse en los principios de la función pública y en la prestación del buen servicio
público […]».
Así las cosas, es claro que para adoptar o ajustar el nuevo manual específico de
funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la
23 En su versión inicial, antes de ser modificado por el artículo 4.º del Decreto 498 de 2020.
24 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 15 de julio de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado 110010325000201900084 00 (0351 -
2019).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
10 de marzo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2018-00695-01 (1499-2021).
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DIAN, el funcionario competente debió realizar estudios previos a la expedición del
acto, como un requisito para su validez. Sin embargo, en el expediente no se
encuentra probado que la entidad los hubiera llevado a cabo.
En efecto, al contestar la demanda, la DIAN se abstuvo de controvertir el
señalamiento según el cual no existe soporte de un estudio en el que repose la
justificación de los cambios realizados al manual. Sobre este asunto particular, al
expediente se allegó como prueba el Oficio 100207218-0171 del 26 de agosto de
202026, en el que la demandada, en respuesta a un derecho de petición elevado por
UTRADIAN, afirmó que:
«[…] En la elaboración del nuevo Manual de Requisitos y Funciones se contó con la
participación de expertos de los procesos de la Entidad y la validación y ajuste
de las Direcciones de Gestión, siguiendo los documentos guías y normativa del
Departamento Administrativo de la Función Pública, pero las decisiones
adoptadas durante el proceso no quedaron consignadas en actas, por lo tanto, no
(sic) posible atender positivamente a su solicitud […]». (Resalta la Sala).
Nótese que la defensa de la DIAN se ha sustentado en que conservó la estructura
de la metodología respecto a mapas funcionales elaborada por el DAFP, pero, en
ningún momento aportó el estudio técnico, tanto así, que en la contestación de la
demanda aportó como únicas pruebas los actos administrativos demandados y
copia de la guía para establecer o modificar el manual de funciones y de
competencias laborales expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, sin que pueda predicarse que dicho documento reemplaza el estudio
técnico que requiere la ley.
Sobre el particular se indica que, si bien ese estudio no requiere observar alguna
formalidad específica o metodología determinada, y la Sala ha admitido la
posibilidad de inferir el cumplimiento de aquella exigencia a través de las
consideraciones plasmadas en el propio acto administrativo, no obstante, al verificar
aquellas en los actos enjuiciados, se encuentra que, se citan algunos artículos
Decreto 071 de 2020, 1.° de la Ley 2016 de la misma anualidad y el 122 de la Ley
2010 del 27 de 2019, pero no es posible determinar con exactitud los cargos que
sufrieron cambios, en qué consistieron estos últimos, ni la justificación para
26 Índice 2, expediente electrónico.
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efectuarlos, luego, no existe soporte o estudio que permita concluir que se satisfizo
el requisito previo consignado en el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015.
Bajo esa óptica, se tiene que, conforme se explicó en precedencia, las
irregularidades formales que no tengan trascendencia en los derechos y garantías
fundamentales como el debido proceso, pueden ser subsanadas y no implican
necesariamente la anulación del acto, sin embargo, en este caso no se estima
procedente el saneamiento de la omisión advertida pues la exigencia de un estudio
previo a la adopción y ajustes del manual específico de funciones encuentra
sustento en razones de buen servicio, permitiendo descartar las decisiones
caprichosas que puedan tomarse al momento de establecer el perfil del cargo, su
contenido funcional y los requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con los
núcleos básicos de conocimiento.
Tal requisito era predicable de todos los actos acusados, dado que la Resolución
000060 del 11 de junio de 2020 adoptó el Manual Específico de Requisitos y
Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la DIAN, el
cual fue modificado a través de la Resolución 000089 del 8 de septiembre de la
misma anualidad.
Por su parte, a través de la Resolución 000061 del 11 de junio de 2020 se
establecieron los requisitos mínimos de educación y de experiencia para los
empleos de la DIAN y por medio de la Resolución 000090 del 8 de septiembre de la
misma anualidad fueron modificados, lo cual, materialmente, hace parte del
contenido del manual de funciones y competencias laborales de la entidad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015.
En conclusión, con la expedición de los actos administrativos acusados se
desconoció lo previsto por el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015, al no
adelantarse los estudios para la modificación del manual de funciones, lo cual vicia
de nulidad la totalidad del acto administrativo por haberse expedido en forma
irregular al omitirse un requisito previo, necesario para su validez.
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Como el vicio de nulidad afecta en su integridad los actos administrativos
demandados no cabe realizar el estudio de los demás cargos planteados por la
parte demandante frente a dichos actos.
Por último, teniendo en cuenta la importancia de los actos administrativos objeto de
la presente litis, se considera necesario diferir los efectos de la decisión anulatoria,
para lo cual se otorgará un término razonable de seis meses, dentro de los cuales
la DIAN deberá expedir, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, un
nuevo acto administrativo contentivo del manual de funciones y competencias
laborales de esa Unidad Administrativa Especial.
La posición de postergar el cumplimiento de la providencia que accede a las
pretensiones de la demanda ha sido desarrollada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Así, en sentencia del 4 de julio de 2019 27, en un
caso de contornos similares se indicó:
«[…] Al respecto, conviene tener presente que esta corporación ha enfatizado sobre
la regla general de retroactividad de los efectos de la declaración de la nulidad de
actos administrativos, esto es, desde su nacimiento a la vida jurídica, y en el mismo
sentido lo ha sostenido la Corte Constitucional, entre otros pronunciamientos, en la
sentencia T-121 de 2016 28. Este criterio se ha decantado a través de la jurisprudencia
de esta corporación ante el hecho irrefutable de que no existe un referente normativo
especial para esta jurisdicción que así lo defina29, y que se formula a partir de que tal
declaración tiene lugar cuando se ha comprobado la existencia de algún vicio que
afecta la validez del acto desde su expedición.
Por otra parte, también se ha admitido que se otorguen efectos ex nunc o hacia el
futuro a la declaratoria de nulidad, con el fin de preservar mandatos y principios
superiores, en atención a las consecuencias que se deriven de la decisión judicial 30,
por la naturaleza y contenido del acto anulado, por el vicio que se encontró
demostrado o por la existencia de situaciones particulares y concretas
consolidadas31.
27 Radicado: 11001-03-25-000-2013-00369 00 (0793-2013). En igual sentido, se puede consultar la sentencia
del 22 de junio de 2023, radicado: 11001-03-25-000-2017-00478-00 (2215-2017).
28 En dicha providencia la Corte Constitucional sostuvo: «los fallos de nulidad proferidos por el Consejo de
Estado tienen efectos ex tunc, es decir, retrotraen la situación a como se encontraba antes de haberse proferido
el acto anulado, sin afectar las situaciones jurídicas que se consolidaron».
29 Sobre los efectos de las sentencias de nulidad y la posibilidad de modularlos se puede consultar: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017, radicación:
11001032500020130108700 (2512-2013).
30 En esta línea se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008,
radicación: 11001032500020070005800(1185-07).
31 Algunas de las sentencias en este sentido son las siguientes: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 24 de marzo de 2000, radicación: 9551: «Sobre los efectos de los fallos de nulidad ha sido abundante la
jurisprudencia de la Sala en el sentido de que, en relación con las situaciones jurídicas no consolidadas, son
ex- tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de
ello, las cosas se retrotraen al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo,
son afectadas por la decisión que en esta última se tome (expediente No 4614 del 21 de enero de 1994» y la
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Precisado lo anterior, en el asunto concreto, aplicar la regla general de retroactividad
de la declaratoria de nulidad a la Resolución 257 del 13 de julio de 2012, implicaría
que las plazas afectadas por el vicio de ilegalidad no estarían asignadas a ninguna
dependencia dentro de la estructura de la entidad, lo cual conllevaría a una situación
de indefinición que traería inconvenientes mayores en la organización y a su
funcionamiento, aspecto que claramente atañe al interés general, de manera que, en
esta oportunidad, se considera necesario diferir los efectos de la decisión anulatoria
de esta resolución, otorgando un término razonable de seis meses, dentro de los
cuales el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá expedir un acto
en el que se regule nuevamente esta materia. […]».
De la condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 32 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:
i) Resolución 000059 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se adopta el Diccionario de
Competencias Laborales Conductuales o interpersonales y se compilan los porcentajes
mínimos de exigencia del nivel requerido para los procesos de selección en la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN».
ii) Resolución 000060 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se adopta el Manual
Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN».
sentencia del 13 de diciembre de 2011, que sostuvo: «En estas circunstancias se hacen extensivos los efectos
ex nunc, es decir, hacía el futuro de la sentencia (…) mencionada, toda vez que (…) las situaciones producidas
al amparo del acto declarado nulo no estaban consolidadas, porque estaban pendiente de decisión en la
jurisdicción contenciosa».
32 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
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iii) Resolución 000061 del 11 de junio de 2020, «Por la cual se establecen los requisitos
mínimos exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN».
iv) Resolución 000089 del 8 de septiembre de 2020, «Por la cual se modifica la
Resolución 060 del 11 de junio de 2020 que adopta el Manual Específico de Requisitos y
Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN».
v) Resolución 000090 del 8 de septiembre de 2020, «Por la cual se modifica la
Resolución 061 del 11 de junio de 2020 que establece los requisitos mínimos exigidos para
los empleos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN».
La declaración de nulidad de estos actos solo tendrá efectos a partir de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, término dentro del cual la DIAN
deberá expedir, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, un nuevo acto
administrativo contentivo del manual de funciones y competencias laborales de esa
entidad.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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