Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04892-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04892-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04892-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
10 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04892-00
Accionante: Jhon Alexander Barahona Guerrero
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04892-00
Accionante: Jhon Alexander Barahona Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Defecto fáctico /
Defecto procedimental / Defecto sustantivo / Error inducido / Se declara la improcedencia
de la acción de tutela frente al defecto fáctico alegado y se niega el amparo en todo lo
demás.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por Jhon Alexander Barahona
Guerrero contra la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso de nulidad electoral adelantado
contra el actor.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 12 de septiembre de 2024 Jhon Alexander Barahona Guerrero presentó, en
nombre propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social y acceso a la
administración de justicia. El accionante considera que esas garantías
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fundamentales fueron vulneradas por la sentencia de única instancia del 7 de marzo
de 2024 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad electoral con radicado 85001-23-33-000-
2023-00098-00, adelantado por Germán Barrera Hernández contra el Hospital
Regional de la Orinoquía – HORO ESE y el actor.
2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
<< 1. DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE vulneró
mis de derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al TRABAJO, a la
SEGURIDAD SOCIAL, a la CONFIANZA LEGÍTIMA y al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA con las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad electoral radicado con el consecutivo 85001-23-33-000-2023-00098-00, en
especial, con la sentencia de fecha 7 de marzo del año 2024 que declaró la nulidad
de la Resolución No. 370 del 28 de junio de 2023 a través de la que me nombraron
en provisionalidad en el cargo de profesional universitario código 219 grado 05
perteneciente a la planta de personal del HOSPITAL REGIONAL DE LA
ORINOQUIA “HORO E. S. E”.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la decisión de tutela, emita sentencia sustitutiva en donde analice de
fondo nuevamente el proceso y realicé la valoración probatoria y jurídica
adecuada>>.
B. Hechos
3.- Mediante Resolución 469 de 2020, el gerente del Hospital Regional de la
Orinoquía ESE – HORO ESE dispuso actualizar el manual específico de funciones
y competencias laborales para los empleados de planta de dicha entidad. En la
resolución se estableció que para acceder al empleo de profesional universitario,
código 219, grado 5, se debía contar con un título profesional en las carreras de
administración, contaduría pública, economía, ingeniería administrativa y afines.
3.1.- El 14 de febrero de 2023 el HORO ESE celebró un contrato de consultoría con
la empresa Fundación Visión Salud con el objeto de <<realizar a todo costo estudio
técnico, administrativo y financiero para determinar la capacidad instalada, la
relación de oferta demanda y la viabilidad de la planta de personal para cada uno
de los servicios ofertados por el Hospital Regional de la Orinoquía ESE>>.
3.2.- A través de Resolución 320 de 2023 el gerente del HORO ESE modificó el
manual específico de funciones y estableció que, como requisito para acceder al
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cargo anterior, se debía ser profesional en derecho.
3.3.- El 23 de junio de 2023 el gerente del HORO ESE expuso a la junta directiva
las razones por las que debía modificarse el manual de funciones de la planta de
personal. Mediante Acuerdo 04 del 27 de junio de 2023, la junta directiva del HORO
ESE aprobó la modificación.
3.4.- En Resolución 370 de 2023 la gerente del HORO ESE nombró, en
provisionalidad, al accionante en el cargo de profesional universitario, código 219,
grado 05, por un periodo de tres meses. Este es un empleo de carrera.
3.5.- El señor Germán Barrera Hernández presentó una demanda de nulidad
electoral contra el actor y el Hospital Regional de la Orinoquía, con el objeto de que
(i) se declarara la nulidad de la Resolución 370 del 2023 a través de la cual se
nombró al actor en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 05 y (ii)
se declarara la nulidad de las decisiones adoptadas por la junta directiva del HORO
en la anterior resolución.
3.6.- Mediante sentencia del 7 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de
Casanare (i) declaró no probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la
demanda; inexistencia de la causal de nulidad del acto administrativo; inexactitud,
imprecisión y claridad en las pretensiones en los hechos e <<incongruencia entre
los dos acápites>> y (ii) declaró la nulidad del acto administrativo demandado.
3.6.1.- El tribunal expuso que a través de la Resolución 320 del 27 de junio de 2023
se modificó el manual de funciones contenido en la Resolución 469 de 2020, pues
se cambiaron los requisitos exigidos para el cargo de profesional universitario,
código 219, grado 05 y se estableció que para desempeñarlo se requería ser
profesional en derecho. Añadió que, pese a que dentro de la motivación de dicho
acto administrativo se indicó que las decisiones fueron adoptadas de conformidad
con las conclusiones que arrojó el contrato de consultoría del 14 de febrero de 2023,
el producto de este no se allegó al expediente de nulidad electoral y en el acto
administrativo no se expusieron los motivos que justificaron la modificación del
cargo.
3.6.2.- Indicó que el nombramiento del accionante solo se realizó una vez
efectuadas las modificaciones al manual de funciones de la planta de personal del
HORO, por lo que se encontraba viciado de la causal de nulidad contenida en el
inciso 2º del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, pues fue expedido con violación
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a las normas en que debía fundarse.
3.6.3.- Agregó que se abstendría de analizar los demás argumentos de nulidad
propuestos por el demandante, que negaría las excepciones de mérito propuestas
por los demandados, y accedería a las pretensiones de la demanda.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante señala que:
4.1.- Se incurrió en desconocimiento del principio de congruencia, pues en las
pretensiones de la demanda se solicitó <<declarar la nulidad de todo lo actuado,
aprobado y de las decisiones adoptadas por la junta directiva del HORO, las cuales
están estipuladas en la Resolución 370 de 2023>>. Afirma que en la demanda hubo
una deficiente identificación e individualización de las pretensiones, por lo que
desde un principio debió ser inadmitida, para que el demandante individualizara de
manera clara y expresa los actos administrativos proferidos por la junta directiva del
HORO.
4.2.- <<La juez y magistrados que conocieron el proceso habilitaron sin razón y
justificación alguna la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que en el
medio de control de nulidad electoral se discutiera la legalidad de actos abstractos
y generales>>.
4.3.- La pretensión de la demanda de nulidad electoral era discutir la legalidad del
acto administrativo de nombramiento; sin embargo, la sentencia cuestionada centró
el análisis en la resolución mediante la cual se modificó el manual específico de
funciones y competencias laborales de la entidad.
4.4.- La autoridad judicial accionada no se pronunció sobre las excepciones previas
y de mérito formuladas en las contestaciones de la demanda. Señala que presentó
las excepciones de (i) falta de competencia para conocer del asunto; (ii) inexistencia
de causal de nulidad del acto administrativo y (iii) inexactitud, imprecisión y claridad
en las pretensiones y en los hechos / incongruencia entre los dos acápites, las
cuales debían resolverse antes de proferir sentencia.
4.5.- Se incurrió en un defecto fáctico, pues no se tuvieron en cuenta las pruebas
obrantes en el expediente de nulidad electoral. Indica que el tribunal accionado
conocía que sí existía un estudio técnico que justificaba la decisión de la creación
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del cargo; no obstante lo anterior, <<no ejerció actividad probatoria tendiente a
recaudar prueba que efectivamente sí existe>>.
4.6.- Señala que allega el contrato de consultoría, la constancia de publicación y
firma a través de SECOP II y el resultado del estudio contratado, para efectos de
proferir sentencia de tutela.
4.7.- El tribunal accionado <<hace una cita inexacta de las sentencias proferidas por
el Consejo de Estado y les da un trato de precedente, sin tener en cuenta que son
simples antecedentes orientadores>>.
4.8.- Afirma que el demandante trató de inducir en error al tribunal accionado al
indicar que no cumplía con los requisitos establecidos para el cargo.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Casanare (accionado) solicitó que se negara el
amparo, pues no se cumplió con el requisito de inmediatez. Añadió que la sentencia
cuestionada se fundamentó en las pruebas que reposan en el expediente, dentro
de las que no se allegó el producto del estudio técnico cuyas conclusiones derivaron
en la modificación del perfil del cargo de profesional universitario, código 219, grado
05.
6.- Germán Barrera Hernández y el Hospital Regional de la Orinoquía HORO ESE
(terceros con interés), pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
7.- La sala (i) negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
actor, pues la sentencia del 7 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare no incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y
error inducido y (ii) declarará la improcedencia frente al reproche relacionado con el
defecto fáctico por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
E. La acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en lo
referente al defecto fáctico alegado
8.- El accionante afirma que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico, pues <<no ahondó en la búsqueda de la verdad material y procesal propia
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del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, ya que conocía
que sí existía un estudio técnico que justificaba la decisión de creación del cargo y
las razones se estableció ese perfil, sin embargo, no ejerció actividad probatoria
tendiente a recaudar la prueba que definitivamente si existe>>.
8.1.- Frente a este punto, la sala advierte que el artículo 86 de la Constitución
Política dispone que la tutela no puede ser interpuesta de manera directa cuando
existan otros mecanismos ordinarios de defensa de los derechos fundamentales.
Pese a que el actor afirma que la autoridad judicial accionada debió haber decretado
de oficio el producto del contrato de consultoría del 14 de febrero de 2023 que tenía
por objeto <<realizar a todo costo estudio técnico, administrativo y financiero para
determinar la capacidad instalada, la relación oferta demanda y la viabilidad de la
planta de personal para cada uno de los servicios ofertados por el Hospital Regional
de la Orinoquía E.S.E>>, lo cierto es que en el proceso de nulidad electoral no
solicitó el decreto de dicha prueba.
8.2.- Además, si bien el juez de lo contencioso administrativo puede decretar
pruebas de oficio según lo establecido en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011,
ello no equivale a que deba suplir la carga de la prueba que está en cabeza de las
partes.
8.3.- Lo anterior, toda vez que esta corporación ha precisado que es <<al interesado
a quien le corresponde acreditar el supuesto de hecho que persigue, sin que ello
resulte vulneratorio de sus derechos y garantías; el decreto de pruebas oficioso por
parte de un juez tiene como propósito aclarar puntos oscuros de las controversias,
no suplir la carga probatoria de las partes>>1.
8.4.- Así las cosas, teniendo en cuenta que el accionante no solicitó el decreto de la
prueba que echó de menos la autoridad judicial accionada al resolver la demanda
de nulidad electoral adelantada en su contra, la sala advierte que no se cumplió con
el requisito de subsidiariedad frente al defecto fáctico.
8.5.- Cabe agregar que esta no es la instancia procesal para aportar el resultado del
estudio previo a la modificación del manual de funciones.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente 53853.
C.P. Alberto Montaña Plata.
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F. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
9.- Los requisitos generales se cumplen pues (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social y acceso a la
administración de justicia y se identificaron los defectos en los que habría incurrido
la providencia acusada (defecto sustantivo, defecto procedimental y error inducido);
(iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el accionante utilizó
todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la decisión de única instancia se notificó el 8 de marzo de 2024 y la
tutela se presentó el 12 de septiembre de 2024, es decir, dentro del término de los
seis meses precisado tanto por esta corporación2 como por la Corte Constitucional3;
y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
G. No se configura el defecto procedimental alegado porque el tribunal
accionado (i) no contrarió el principio de congruencia y (ii) resolvió las
excepciones previas y de mérito formuladas
10.- De la revisión de la demanda de nulidad electoral adelantada por el señor
Germán Barrera Hernández contra el actor y el HORO ESE, se evidencia que las
pretensiones eran las siguientes: <<(i) declarar la nulidad del nombramiento
realizado del profesional Jhon Alexander Barahona Guerrero mediante Resolución
370 de 2023 y (ii) como consecuencia de lo anterior, declarar la nulidad de todo lo
actuado, aprobado y de las decisiones adoptadas por la junta directiva del HORO
E.S.E. las cuales están estipuladas en la Resolución 370 de 2023>>.
10.1.- El actor afirma que se acudió al medio de control de nulidad electoral para
<<estudiar la legalidad de actos administrativos, impersonales, abstractos y
generales>> y para estudiar <<aquellos que son preparatorios y dan trámite a la luz
de la redacción de la pretensión, lo que significa que tampoco eran enjuiciables por
parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo>>.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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10.2.- Además, indica que el tribunal accionado centró el debate en la legalidad de
la Resolución 320 del 27 de junio de 2023, mediante la cual se modificó el manual
específico de funciones y competencias laborales de la entidad.
10.3.- Sin embargo, la sala advierte que la autoridad judicial accionada precisó el
problema jurídico de la siguiente manera:
<<a) ¿Procede declarar la nulidad del acto administrativo a través del que se nombró
provisionalmente a una persona, cuando presuntamente se modificaron los
requisitos para ocuparlo sin que se hiciera el estudio previo correspondiente?
b) ¿Debe anularse el acto administrativo mediante el que se efectuó un
nombramiento provisional en un cargo de carrera sin supuestamente mediar una
socialización previa que permitiera optar por un encargo a quienes cumplían los
requisitos del empleo?>>
10.4.- El tribunal accionado indicó que, pese a que dentro de la motivación del acto
administrativo mediante el cual se modificó el manual de funciones de la planta de
personal del HORO ESE se expuso que las decisiones allí contenidas fueron
adoptadas de conformidad con las conclusiones que arrojó el contrato de
consultoría del 14 de febrero de 2023, este no se allegó al expediente de nulidad
electoral y en el acto administrativo no se expusieron los motivos que justificaron la
modificación en el perfil del cargo de profesional universitario código 2019, grado
05.
10.5.- De acuerdo con lo anterior, señaló que debido a que el nombramiento
efectuado al actor mediante la Resolución 370 del 28 de junio de 2023 solo se
realizó luego de efectuadas las modificaciones al manual de funciones de la
planta de personal del HORO ESE, el acto administrativo se encontraba viciado
de la causal de nulidad contenida en el inciso 2º del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, pues fue expedido con violación a las normas en que debía fundarse.
10.6.- De conformidad con lo expuesto, la sala evidencia que el pronunciamiento
del tribunal accionado se adecuó a la correcta fijación del litigio, de manera que no
se aprecia vulneración alguna al principio de congruencia y, en consecuencia, no
se configura el defecto procedimental alegado.
11.- Por otra parte, el actor afirma que presentó las excepciones de falta de
competencia para conocer del asunto; inexistencia de causal de nulidad del acto
administrativo; inexactitud, imprecisión y claridad en las pretensiones y en los
hechos, las cuales debieron analizarse y resolverse antes de proferir la sentencia.
Además, señala que la autoridad judicial accionada no resolvió dichas excepciones.
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11.1.- Contrario a lo expuesto por el actor, la sala observa que la autoridad judicial
accionada resolvió las excepciones propuestas en el proceso de nulidad electoral.
Por un lado, la excepción de falta de competencia fue resuelta el 19 de octubre de
2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, el cual inicialmente
avocó conocimiento en el asunto.
11.2.- Mediante auto del 19 de octubre de 2023, el mencionado juzgado declaró
probada la excepción de falta de competencia para conocer el asunto y remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de Casanare.
11.3.- Adicionalmente, mediante auto del 9 de noviembre de 2023 el tribunal
accionado avocó conocimiento del asunto y resolvió <<diferir para la sentencia la
decisión de las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda; inexistencia de
causal de nulidad del acto administrativo e inexactitud, imprecisión y claridad en las
pretensiones y en los hechos>>, pues estas se dirigían a cuestionar la motivación
jurídica presentada por el demandante para sustentar la demanda de nulidad
electoral.
11.4.- Si bien en la sentencia de única instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare únicamente se negaron las excepciones de mérito
propuestas por los demandados, se evidencia que ello obedeció a que se accedió
a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral y, en consecuencia, se
declaró la nulidad de la Resolución 370 de 2023, mediante la cual se nombró en
provisionalidad al accionante.
H. No se incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues se dio aplicación a
las sentencias con similares supuestos fácticos y jurídicos
12.- La autoridad judicial accionada indicó lo siguiente en relación con la necesidad
de realizar estudios previos para modificar el manual de funciones de una entidad
pública:
<<(…) De manera previa a la expedición de los actos administrativos que creen o
realicen cambios a estos manuales, ha de surtirse una etapa previa en la que las
unidades de personal de las entidades públicas elaboren estudios que justifiquen el
contenido de dichos actos y el cumplimiento de las normas que estos deben
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observar. Por esto, es plausible afirmar que la elaboración de estos estudios
constituye un requisito de validez de los manuales específicos de funciones>>4.
12.1.- Añadió que, en el mismo sentido, esta corporación sostuvo que:
<<Antes de la expedición de los actos administrativos que creen, actualicen,
adicionen o modifiquen estos manuales, debe surtirse una etapa previa en la que
las unidades de personal de las entidades públicas elaboren estudios que justifiquen
el contenido de dichos actos y el cumplimiento de las normas que estos deben
observar, por esto, es posible afirmar que la elaboración de tales estudios constituye
un requisito de validez de los manuales específicos de funciones y que su
pretermisión podría llegar a viciar la nulidad de dichos actos administrativos 5 (…)>>.
12.2.- De lo anterior expuso que, al no presentarse el producto de los estudios
previos para modificar el manual de funciones de una entidad pública en el proceso
de nulidad electoral, se contrarió lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 785
de 2005 y la jurisprudencia señalada.
12.3.- Contrario a lo expuesto por el actor, la sala advierte que la jurisprudencia
citada por la autoridad judicial accionada contiene supuestos fácticos y jurídicos
similares al caso concreto, de manera que sí resultaba aplicable al mismo.
I. No se configuró el error inducido alegado, en tanto la autoridad judicial
accionada resolvió los cargos presentados por el actor y el respectivo
concepto de violación
13.- Por otra parte, el actor afirma que el demandante indujo en error al tribunal
accionado, al indicar que no cumplía con los requisitos establecidos para el cargo.
No obstante, la sala evidencia que el concepto de violación presentado por el
demandante en el proceso de nulidad electoral fue:
<<i) La entidad accionada omitió socializar a sus empleados y sindicatos las
modificaciones del manual de funciones de la E.S.E. así como los cargos
vacantes, entre los que estaba el que fue provisto mediante la Resolución 370
de 2023 lo que impidió que los funcionarios de carrera administrativa que
estuvieran interesados en ocuparlo mediante encargo accedieran al mismo.
ii) El manual de funciones de la entidad fue modificado sin que se hubiese
efectuado el estudio previo correspondiente, lo cual transgredió lo normado por
el artículo 32 del Decreto Ley 735 de 2005>>.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00084-00, C.P. William Hernández
Gómez.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00190-00, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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14.- La autoridad judicial accionada indicó que, al evidenciar que el acto
administrativo demandado fue expedido con violación a las normas en que debía
fundarse, se abstendría de analizar los demás argumentos de nulidad propuestos
por el demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Jhon Alexander Barahona Guerrero respecto del defecto fáctico alegado.
SEGUNDO: NIÉGASE, en todo lo demás, el amparo de los derechos fundamentales
invocados.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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