Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 11001-03-25-000-2019-00084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Competencia para expedir manuales específicos de funciones en el ámbito municipal: alcalde municipal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00084-00
Consejero ponente: William Hernández Gómez
15 de julio de 2021
COMPETENCIA PARA EXPEDIR MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL – Alcalde municipal / ENCARGO Y DELEGACIÓN – Diferencia / VICIO DE NULIDAD EN DECRETOS POR FALTA DE COMPETENCIA DE QUIEN LOS EXPIDE– No configuración / MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES MUNICIPAL EXPEDIDO POR ALCALDE EN ENCARGO – Validez
En su vinculación laboral con el Estado, los servidores públicos pueden encontrarse en diferentes «situaciones administrativas», dentro de las cuales se pueden identificar las siguientes: el servicio activo, la licencia, el permiso, la comisión, el encargo, las vacaciones, el servicio militar y la suspensión en el ejercicio de funciones. El encargo, en particular, se refiere a una forma de provisión del empleo público en virtud de la cual un servidor desempeña temporalmente, de manera total o parcial, las funciones propias de otro cargo a raíz de la ausencia transitoria o definitiva de su titular.(…) Ahora bien, sobre los límites o alcance de las competencias del ejercicio de un empleo por «encargo», esta Corporación ha señalado que esta figura no opera dentro del marco de la delegación, ya que se trata de instituciones jurídicas diferentes, pues esta última alude a una técnica de manejo administrativo que responde al hecho de que los servidores públicos no se encuentran siempre en la posibilidad de ejercer de manera directa las funciones que les han sido asignadas por el ordenamiento jurídico y, para esto, previa autorización normativa expresa, pueden transferir la competencia para el ejercicio de algunas funciones, no así su titularidad, a otras autoridades o funcionarios, bien sea que respecto de estos tenga o no una relación de subordinación. (…) La Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante en su alegación de falta de competencia de los funcionarios que fungieron como alcaldes encargados del Municipio de Pitalito, los cuales expidieron los Decretos 224, 313 y 493 de 2018 acusados, toda vez que, como se advirtió, esta es una función que constitucionalmente le corresponde a los alcaldes, y en este caso, quienes asumieron esa dignidad en encargo, asumieron todas las funciones inherentes a ella, dado que los Decretos Municipales 209, 312 y 491 de 2018, por medio de los cuales se previó esta situación administrativa, no especificaron la clase de funciones que se debían desempeñar con ocasión de ella. Por esto, tal y como fue señalado anteriormente, los alcaldes encargados podían desarrollar todas y cada una de las atribuciones, responsabilidades y prerrogativas del alcalde titular. En ese orden de ideas, mal podría entenderse, como pretende la parte demandante, que dicha situación vicia los decretos municipales que ajustaron el manual específico de funciones y competencias laborales, porque, como lo indicó el Ministerio Público en su concepto, la figura que operó en el caso sub examine fue el encargo y no la delegación, de manera que no resultaba necesario dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 489 de 1998, indicando de forma expresa y detallada las funciones que habría de ejercer el funcionario encargado. NOTA DE RELATORIA: Sobre los límites o alcance de las competencias del ejercicio de un empleo por encargo, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de noviembre de 2015, Rad. 44001233100020100000501 (0989-2014).
NORMA DEMANDADA: DECRETO 224 DE 2018. ALCALDE MUNICIPAL DE PITALITO ( No nulo) / DECRETO 313 DE 2018. ALCALDE MUNICIPAL DE PITALITO ( No nulo) / DECRETO 493 DE 2018. . ALCALDE MUNICIPAL DE PITALITO ( No nulo)
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 315 – NUMERAL 7 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 / DECRETO LEY 2400 DE 1968 - ARTÍCULO 23 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 10
NULIDAD POR LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN LAS QUE DEBÍA FUNDARSE EL ACTO ADMINISTRATIVO – Causales / FALTA DE APLICACIÓN / APLICACIÓN INDEBIDA / INTERPRETACIÓN ERRÓNEA
[E]l significado estricto de esta causal [nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo] ha sido comprendido por la jurisprudencia de esta Corporación como la contravención legal directa de la norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: Falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza o valora, no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez que esta no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación errónea, debido a que la norma, por no haber sido aplicada, no trascendió al caso decidido. Por su parte, la aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se emplean, a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. Este error puede originarse por dos circunstancias: (i) En los casos en los que la autoridad administrativa se equivoca al escoger la norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra y, (ii) cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Finalmente, se incurre en este vicio de manera directa al dársele una interpretación errónea a los preceptos aplicados. Esto sucede cuando las disposiciones son las que regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y así las aplica. Es decir, ocurre cuando la autoridad administrativa le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. NOTA DE RELATORIA: Referente a la causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, Rad. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660).
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL- Requiere la elaboración de estudios previos que constituye e un requisito de / ACTOS QUE NO MODIFICAN FUNCIONES NI ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DEL ENTE TERRITORIAL – Requiere estudio previo por parte de la unidad / TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE- Modificación de los requisitos de formación académica y experiencia
[D]e manera previa a la expedición de los actos administrativos que creen o realicen cambios a estos manuales, ha de surtirse una etapa previa en la que las unidades de personal de las entidades públicas elaboren estudios que justifiquen el contenido de dichos actos y el cumplimiento de las normas que estos deben observar. Por esto, es plausible afirmar que la elaboración de estos estudios constituye un requisito de validez de los manuales específicos de funciones y que su pretermisión podría llegar a viciar de nulidad dichos actos administrativos.(…) [E]sta Sala considera que en estos casos, que no comportan la modificación de las funciones de las dependencias del ente territorial ni su estructura administrativa, solo resulta necesario realizar un estudio por parte de la mencionada unidad o la dependencia que haga sus veces, sin que sea obligatorio seguir las directrices y la metodología que sí deben observar las reformas de las respectivas plantas de personal, previstas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública no remite a dicha normatividad.(…) [S]egún lo prevé el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, el Decreto 224 solo debía contar con un estudio previo realizado por la unidad de personal o la que haga sus veces en el ente territorial, lo cual en este caso se cumplió por parte de la Secretaría General junto con el área de Talento Humano de la entidad, según se puede corroborar con la prueba decretada de oficio por el despacho ponente mediante el auto del 28 de octubre de 2020 proferido en este proceso , y que se encuentra en los folios 56 a 66 del cuaderno de la medida cautelar. En este, respecto del empleo de técnico administrativo de la Oficina de Atención al Contribuyente, que es la dependencia a la que pertenecen los cargos que son cuestionados en la demanda, se dice, entre otras cosas, que se modifican «los requisitos de formación académica y experiencia en el nivel técnico: Terminación y aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y curso específico de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo. Con relación a los asistenciales se exige bachiller en cualquier modalidad, lo que se deduce que exigen más a los asistenciales que a los técnicos» .
FUENTE FORMAL: LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 19 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.2.6.1
FACULTAD DE DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS MANUALES DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS DEL NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL EN LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL - Facultad reglada
[E]n cada caso, la norma contempla unos mínimos y máximos frente a los requisitos de estudio y experiencia exigibles, lo cual supone una facultad de discrecionalidad relativa que le permite a la entidad correspondiente moverse con libertad dentro del margen legalmente dispuesto, sin que por ello pueda entenderse que la administración queda habilitada para definir tales exigencias en forma arbitraria. Frente a lo anterior, y para mayor claridad sobre el tema, se resalta que, respecto de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la facultad de definición de estos requisitos es reglada, en la medida en que los artículos 2.2.2.4.2 a 2.2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015 prevén de manera específica, para cada nivel y grado, cuáles son los que en esta materia deben cumplir, sin que se le otorgue a la administración la posibilidad de escoger entre mínimos y máximos, sino que debe elegir entre opciones equivalentes. En todo caso, en lo que tiene que ver con los entes territoriales, la norma aplicable en esta materia es el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, que está dirigido a esa clase de entidades y según se vio, regula de manera especial el tema en un precepto que a su vez es de mayor jerarquía. NOTA DE RELATORIA: Referente a la discrecionalidad, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2017, Rad. 66001-23-33-000-2013-00362-01(5030-14).
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 785 DE 2005 - ARTÍCULO 13 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 44
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EJERCICIO DE FACULTAD DISCRECIONAL DE ALCALDE DEL ENTE TERRITORIAL AL ESTABLECER REQUISITO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA EN EL NIVEL TÉCNICO– No vulneración / TEST DE IGUALDAD - Aplicación
Frente a la diferencia entre los requisitos que se exigen para estas dos clases de empleos, la Sala estima que la facultad discrecional ejercida por el alcalde del ente territorial al expedir el Decreto 224 de 2018 debe ser juzgada a la luz del test de igualdad, previamente referido, así : a. Patrón de igualdad En el escenario planteado, los cargos comparados, a pesar de ser diferentes, pueden asimilarse en su naturaleza de ser empleos públicos de la planta de personal del Municipio de Pitalito , en la medida en que en este caso se cuestiona que a los del nivel técnico se les exigen los requisitos de formación académica mínimos previstos en el Decreto Ley 785 de 2005, mientras que a los del nivel asistencial los máximos. b. Trato desigual entre iguales En consonancia con lo anterior, se puede afirmar que en el Decreto 224 se imparte un trato diferenciado entre los empleos de técnico administrativo y de auxiliar administrativo ya aludidos, pues, mientras que a los primeros se les exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica previstos en el numeral artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, a los segundos se les exige el cumplimiento de los máximos. c. La diferencia de trato está constitucionalmente justificada En este punto, la Sala estima que el trato desigual entre los empleos del nivel técnico y asistencial está justificado, toda vez que, incluso, los requisitos mínimos de formación académica que se exigen para los primeros en el Decreto Municipal 224 permiten el cumplimiento de las funciones de atención al contribuyente, de manejo de la tesorería y de presupuesto y contabilidad, (…) De esta manera, se observa que existe una razón suficiente para un trato jurídico desigual dada por el principio constitucional de eficacia administrativa, máxime si se tiene en cuenta que es un hecho notorio que la disponibilidad del recurso humano con conocimientos técnicos específicos es proporcionalmente menor que la que obtiene únicamente su grado de bachillerato, lo cual puede verse acentuado en localidades como el Municipio de Pitalito. A esto, se agrega el principio formal de la libertad de configuración del alcalde para regular la materia, tal y como antes se analizó, de manera que el trato en el plano jurídico de los requisitos de formación académica para técnicos y auxiliares administrativos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pitalito, previsto en el Decreto 224 de 2018, no resulta arbitrario ni injustificado. NOTA DE RELATORIA: Referente test de igualdad, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, Rad. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.Referente a la interpretación del derecho a la igualdad y no discriminación, ver: Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012. En cuanto a la interpretación que debe darse al artículo 13 constitucional, ver: Corte Constitucional, sentencia T-587 de 2006.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-25-000-2019-00084-00(0351-19)
Actor: MARTHA GIMENA BURGOS PARRA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)
Referencia: NULIDAD.
Temas: Competencia para la expedición de los manuales específicos de funciones en el ámbito municipal. Diferencias entre las figuras de encargo y delegación. Ejercicio de facultades discrecionales en el establecimiento de los requisitos de formación de los empleos municipales.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-016-2021
ASUNTO
La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple de que trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido, a través de apoderado, por la señora Martha Gimena Burgos Parra, en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Municipio de Pitalito.
DEMANDA
Pretensión
Como pretensión principal, la parte demandante pidió la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Decreto 224 del 9 de mayo de 2018 «por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal del Municipio de Pitalito-Huila», el cual fue proferido por el señor Darío Fernando Cuellar Ortega, quien en ese momento se desempeñaba como alcalde encargado de ese ente territorial.
Decretos 313 del 4 de julio de 2018 y 493 del 17 de octubre del mismo año, que modificaron parcialmente el Decreto 224 antes referido, los cuales fueron expedidos, respectivamente, por los señores Germán Calderón Calderón y Yaneth Sofía Ortiz Parra, quienes ejercían como alcaldes encargados del Municipio de Pitalito al emitir dichos actos administrativos.
A su vez, como pretensión subsidiaria, pidió que, como consecuencia de la invalidación del Decreto Municipal 224 de 2018, se declare la nulidad del Acuerdo CNSC-20181000004306 del 14 de septiembre de 2018, «[p]or el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Pitalito-Huila, “Proceso de Selección n.° 715 de 2018-Convocatoria Territorial Centro Oriente”»; el cual fue suscrito conjuntamente por los señores José Ariel Sepúlveda Martínez y Miguel Antonio Rico Rincón, en su orden: presidente de la CNSC y alcalde titular del Municipio de Pitalito (periodo 2016-2019).
Frente a lo anterior, aseguró que la acumulación de estas pretensiones es procedente por reunir los requisitos que prevé el artículo 165 del CPACA para tales efectos, y que se formulan como principal y subsidiaria porque los decretos municipales sirvieron de base para la emisión del acuerdo de la CNSC acusado, al prever los empleos de carrera administrativa que fueron ofertados mediante el concurso de méritos adelantado por la Comisión. En ese sentido, sostuvo que de declararse la nulidad de los actos administrativos que reglamentaron lo relativo al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, el mismo destino debe correr el Acuerdo CNSC-20181000004306 del 14 de septiembre de 2018.
Por otro lado, la parte demandante pidió que se decretara la medida cautelar de suspensión provisional de la actuación administrativa reglamentada mediante el acuerdo de la CNSC demandado, pero esta fue negada mediante auto del 15 de enero de 2020.
Los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones se resumen a continuación:
Hechos
Inicialmente, el apoderado de la demandante señaló que el señor Darío Fernando Cuellar Ortega, quien expidió el Decreto 224 de 2018 como alcalde encargado de Pitalito, ocupó dicho cargo en virtud de lo que dispuso el Decreto 209 de 2018, el cual no especificó las funciones que debía desarrollar. Del mismo modo, que el señor Germán Calderón Calderón, quien expidió el Decreto 313 del 4 de julio de 2018, fue encargado como alcalde mediante el Decreto 312 de esa anualidad. Y que la señora Yaneth Sofía Ortiz Parra, que expidió el Decreto 493 del 17 de octubre de ese año como alcaldesa encargada, fue nombrada en tal dignidad a través del Decreto 491 del mismo año.
Luego, expuso que el Decreto 224 estableció como requisitos académicos para el empleo de técnico administrativo, contar con la «terminación y aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y curso específico de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo». Mientras que, para un auxiliar administrativo, dicho acto administrativo previó que se requiere de «diploma de bachiller en cualquier modalidad académica».
Asimismo, indicó que el Municipio de Pitalito inició un proceso de modernización y, por ello, el Concejo, de conformidad con las facultades consagradas en el numeral 6.° del artículo 313 de la Constitución, le otorgó funciones al alcalde mediante el Acuerdo 004 del 2 de marzo de 2018, para «[r]eformar, determinar, adecuar y/o compilar los estatutos, regímenes y manuales de personal y de carrera; y los manuales de funciones y requisitos generales y/o específicos, y la forma de modificarlos; de la administración municipal, de acuerdo a las normas superiores [sic]», lo cual se ejecutó con el Decreto 224 de 2018, que derogó el Decreto 108 del mismo año y demás disposiciones que le eran contrarias.
Normas violadas y concepto de violación
Se alega la violación de las siguientes normas:
Constitución Política de 1991: artículos 6.°, 13 y 315 (n.° 1).
Los principios de la función pública definidos en el artículo 2.° de la Ley 909 de 2004 (sin indicar principios en concreto).
Ley 489 de 1998: artículos 10 y 11.
Decreto 1083 de 2015 sobre áreas de conocimiento y núcleo básico de conocimiento.
Acuerdo Municipal 004 del 2 de marzo de 2018, proferido por el Concejo de Pitalito.
Como concepto de violación, en la demanda se adujo lo siguiente:
(i) El Decreto Municipal 224 de 2018 no observó el principio de igualdad ni los principios de la función pública consagrados en el artículo 2.° de la Ley 909 de 2004, al disponer, sin que mediara un estudio técnico, una exigencia académica más alta para el empleo de auxiliar administrativo, en comparación con el de técnico administrativo. Lo anterior, no obstante que, en principio, se cumplieron los parámetros mínimos y máximos en esta materia que están previstos en el Decreto Ley 785 de 2005.
(ii) Los decretos municipales acusados adolecen de falta de competencia, en la medida en que el Acuerdo Municipal 004 de 2018 le otorgó facultades al alcalde titular del ente territorial, y no a los encargados, para reglamentar lo atinente a los manuales de funciones generales o específicos de dicho municipio.
(iii) En la emisión de los decretos municipales demandados se violaron los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, que, en su orden, exigen que en el acto de delegación se especifiquen las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren, y que prohíben expresamente que se pueda delegar la expedición de reglamentos de carácter general y las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Municipio de Pitalito
El ente territorial no contestó la demanda, a pesar de que fue notificado del auto admisorio y se le corrió el traslado del líbelo introductor. Sin embargo, sí se pronunció frente a la solicitud de decreto de medida cautelar.
CNSC
La CNSC, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, propuso las siguientes excepciones:
Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
Según el abogado de la CNSC, esta excepción se configura porque dicha Comisión no tiene atribuciones relacionadas con la expedición de los manuales específicos de funciones y competencias laborales de las entidades beneficiarias de los concursos de méritos que ella debe adelantar y, por ello, no tuvo injerencia o participación en la emisión de los decretos municipales acusados. Para tales efectos, invocó los artículos 125 y 130 de la Constitución, 7.°, 11 y 15 de la Ley 909 de 2004, el parágrafo segundo del artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 1.° del artículo 31 de la Ley 909, y el artículo 32 del Decreto Ley 785 de 2005.
No obstante, precisó que al Municipio de Pitalito le correspondió transcribir en la plataforma del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) los empleos de la entidad y sus requisitos, tal y como están consignados en su manual de funciones vigente, lo cual constituye la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). Así, en cumplimiento de ello, en la etapa de planeación del concurso de méritos reglamentado por el acuerdo demandado, el ente territorial remitió los Decretos 224, 314 y 493 de 2018, los cuales fueron publicados en el SIMO el 19 de octubre de ese mismo año y también tuvieron la certificación del alcalde y del jefe de Talento Humano, sin que frente a ellos la CNSC tuviera que revisarlos o adecuarlos, pues dicha oferta se presume legal y solo puede ser invalidada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En esa ilación, transcribió un aparte de una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, proferida el 20 de enero de 2011 en una acción de tutela, en la que se dijo que «el reporte de los empleos en vacancia definitiva que deben ser provistos por concurso de méritos, así como la actualización de la información reportada, o la inclusión de un nuevo cargo o el retiro de uno ya reportado, le compete a cada entidad, de manera tal que la Comisión Nacional del Servicio Civil no es la responsable de que en algunos casos […] no exista oferta de empleo relacionado con el grupo temático que escogió».
Excepción innominada
El apoderado de la CNSC pidió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, prosperen las excepciones que resulten probadas en el proceso.
Por otra parte, en el acápite de la contestación que denominó «argumentos de defensa», adujo que la CNSC tiene una naturaleza jurídica especial, que le da a esa Comisión independencia y autonomía respecto de los demás órganos del Estado, entre ellos, las entidades beneficiarias de los concursos de méritos de la carrera administrativa. Igualmente, que el acuerdo demandado fue emitido observando el ordenamiento jurídico superior, que este se presume legal, que no existen causales de nulidad que afecten a los actos acusados y, finalmente, pidió que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, teniendo en cuenta los criterios del Acuerdo PSAA-16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES
La parte demandante no se pronunció sobre las excepciones.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
CNSC
El apoderado de la Comisión reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y sostuvo que, de llegarse a declarar la nulidad de los decretos municipales sobre el manual específico de funciones, no es posible invalidar por consecuencia del Acuerdo CNSC-20181000004306 del 14 de septiembre de 2018, en la medida en que la presunción de legalidad de este último solo puede ser desvirtuada por su juez natural.
Municipio de Pitalito
No presentó alegatos de conclusión.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en este proceso. En él, pidió que se denieguen las pretensiones de la demanda, lo cual fue sustentado con los siguientes argumentos:
En lo relativo a la competencia para expedir el manual específico de funciones, la Agencia del Ministerio Público sostuvo que, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución, le corresponde al alcalde emitir dicho acto administrativo y, en ese orden de ideas, no le asiste razón a la parte demandante en lo alegado frente a este tema.
Por otro lado, respecto de lo aducido como una vulneración de los principios de la función pública y de la igualdad frente a los requisitos de formación académica para los empleos de técnico administrativo y de auxiliar administrativo, la procuradora indicó que no se vulneró ninguna norma superior, porque el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, le otorga la facultad discrecional a los alcaldes de definir para cada empleo entre un mínimo y un máximo de requerimientos en esta materia, que en este caso fueron respetados en la expedición de los decretos acusados.
Finalmente, en lo relacionado con la suscripción de los decretos municipales por alcaldes encargados, el Ministerio Público aseguró que en la demanda se confunden las figuras del encargo y la delegación, que difieren una de la otra, porque la primera comprende la ocupación de un cargo sobre el cual se ejercen todas las funciones consagradas en el ordenamiento jurídico y la segunda es una manifestación del principio constitucional de descentralización administrativa, que permite la transferencia de algunas funciones a otros servidores públicos de manera definitiva, con los límites previstos en la ley.
CONSIDERACIONES
CUESTIÓN PREVIA
Sobre la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva propuesta por la CNSC
La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales con interés, por activa o pasiva, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. En ese sentido, a la parte pasiva de la litis le asiste una legitimación en la causa cuando se encuentra en una relación directa con las pretensiones de la demanda.
Así, con la notificación del auto admisorio, a quien se le vincula en la calidad de demandado, le asiste la legitimación procesal para intervenir en el trámite judicial con el objetivo de ejercer sus derechos de contradicción y defensa, lo que hace parte de la denominada legitimación de hecho o procesal. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado otra clase de legitimación denominada «material», que alude a la participación en los hechos que originan la demanda, circunstancia que ha llevado a afirmar que esta es una excepción «mixta» que debe abordarse necesariamente en el momento de proferirse la sentencia, comoquiera que es allí donde debe dilucidarse si existe esa relación entre la parte demandante y demandada con respecto a la pretensión formulada.
De esta manera, en el caso concreto, la Sala considera que la legitimación discutida por la CNSC frente a las pretensiones de nulidad de los decretos municipales de Pitalito es de carácter material, en la medida en que dicha entidad argumenta que no tuvo participación en su expedición y tampoco le competía hacerlo. Por lo tanto, se trata de una excepción mixta, que ha de ser resuelta en esta sentencia.
Así pues, en lo relativo al fondo de lo planteado por la CNSC, aquí se estima que no hay lugar a declarar probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, toda vez que existe conexidad entre el Acuerdo CNSC-20181000004306 del 14 de septiembre de 2018, y los Decretos Municipales 224, 313 y 493 del mismo año, y por los cuales se ajustó el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de Pitalito.
Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado esta Subsección, los manuales específicos de funciones son la base para la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), por medio de la cual, las entidades beneficiarias le comunican al ente responsable de la elaboración del concurso de méritos las plazas que se encuentran vacantes definitivamente, con la identificación detallada de los empleos a proveer, la descripción de su contenido funcional y el perfil de competencias necesarias para ocupar los cargos, buscando que estos sean provistos a través del respectivo proceso de selección.
De conformidad con lo dicho, la CNSC, como ente responsable del concurso de méritos que se estudia en este medio de control, sí está legitimada materialmente en la causa para pronunciarse frente a la legalidad de los decretos municipales referidos al manual específico de funciones que sirvió de fundamento de la OPEC entregada por la entidad beneficiaria para la estructuración del certamen, en la medida en que cualquier modificación o, incluso, anulación de estos, podría tener efectos sobre la validez del acuerdo de la convocatoria.
Por lo precedente, se concluye que esta excepción no tiene vocación de prosperar.
PROBLEMAS JURÍDICOS
Los problemas jurídicos que deben solucionarse en esta sentencia son los siguientes:
¿Los decretos municipales demandados se encuentran viciados de nulidad por la falta de competencia de los alcaldes encargados para proferirlos?
¿En la expedición del Decreto Municipal 224 de 2018 se violaron las normas en que debía fundarse dicho acto administrativo, sobre los principios de igualdad y de la función pública, al haber previsto, sin un estudio técnico, un requisito de formación académica más estricto para el empleo de auxiliar administrativo que para el de técnico administrativo?
Primer problema jurídico
¿Los decretos municipales demandados se encuentran viciados de nulidad por la falta de competencia de los alcaldes encargados para proferirlos?
Tesis de la Sala: Los decretos municipales demandados no se encuentran viciados por la falta de competencia, toda vez que la emisión de los manuales específicos de funciones y competencias laborales de los municipios es una atribución de los mandatarios locales y, a través de la situación administrativa del encargo que se dio en el caso concreto, los funcionarios encargados asumieron temporalmente todas las funciones propias del alcalde del Municipio de Pitalito.
Para resolver este problema jurídico se abordarán los siguientes temas: (i) la competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos; (ii) atribuciones de los alcaldes para expedir el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos públicos municipales; (iii) alcance de la figura del encargo y diferencias con la delegación; y (iv) caso concreto.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
El proceso de formación y expedición de un acto administrativo corresponde a la administración, como sujeto activo al que se le ha asignado la competencia necesaria para, a través de tal mecanismo, adopte determinaciones unilaterales por medio de las cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. De acuerdo con ello, para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto administrativo, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
Atribuciones de los alcaldes para expedir el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos públicos municipales
Los manuales específicos de funciones y competencias laborales pueden ser entendidos como una herramienta de gestión del empleo público que establece en forma detallada las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que compone la planta de personal, al igual que las exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocuparlos.
En el ámbito municipal, el numeral 7.° del artículo 315 de la Constitución Política le asignó directamente a los alcaldes la atribución de proferir dichos manuales, pues esta disposición consagra lo siguiente:
«ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: […]
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado […]». (Negrita fuera de texto).
De esta manera, el alcalde es quien tiene la competencia para señalar las funciones especiales de los empleos de las dependencias municipales a través de su manual específico de funciones, sin necesidad de contar con autorización para tales efectos por parte del concejo municipal, pues, conforme con lo previsto en el numeral 6.° del artículo 313 superior, las atribuciones de estas corporaciones frente a este tema se circunscriben a definir «la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias».
En esa ilación, se entiende que a los concejos municipales les corresponde establecer, a partir de los fines y las funciones que debe satisfacer la administración municipal, las diferentes entidades que la integrarán y, al interior de estas, las áreas, departamentos, secretarías, dependencias u oficinas que, por medio de la coordinación armónica, deben alcanzar los objetivos propios de cada organismo. En desarrollo de dicha labor, los concejos deben identificar de manera general las actividades que corresponde ejercer a cada una de las dependencias de la administración municipal, pues no de otra forma podrían cumplir con el mandato constitucional de diseñar su estructura.
Sin embargo, ello no significa que estas corporaciones públicas tengan la competencia exclusiva para definir las funciones de los empleos que integran la planta de personal de todos los organismos que conforman la administración pública, toda vez que, como ya se dijo, por disposición del numeral 7.° del artículo 315 de la Constitución, será el mandatario local quien, como máxima autoridad ejecutiva del nivel municipal o distrital, expida el manual en el que se defina el contenido funcional de los empleos de todas las dependencias que componen la entidad, sin que para ejercer dicha atribución deba contar con autorización alguna ni con un acto de delegación, pues se trata de una función propia. Esta norma es desarrollada en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 («Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública»), que establece que el jefe de la entidad es quien tiene la competencia para expedir el manual específico de funciones, y que es aplicable a las entidades territoriales en virtud de lo previsto en el inciso segundo del artículo 2.2.2.1.1 ibidem.
Alcance de la figura del encargo y diferencias con la delegación
En su vinculación laboral con el Estado, los servidores públicos pueden encontrarse en diferentes «situaciones administrativas», dentro de las cuales se pueden identificar las siguientes: el servicio activo, la licencia, el permiso, la comisión, el encargo, las vacaciones, el servicio militar y la suspensión en el ejercicio de funciones.
El encargo, en particular, se refiere a una forma de provisión del empleo público en virtud de la cual un servidor desempeña temporalmente, de manera total o parcial, las funciones propias de otro cargo a raíz de la ausencia transitoria o definitiva de su titular. Para el caso que nos ocupa, las reglas que rigen esta figura están contenidas en el artículo 23 del Decreto Ley 2400 de 1968, al igual que en los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015.
Ahora bien, sobre los límites o alcance de las competencias del ejercicio de un empleo por «encargo», esta Corporación ha señalado que esta figura no opera dentro del marco de la delegación, ya que se trata de instituciones jurídicas diferentes, pues esta última alude a una técnica de manejo administrativo que responde al hecho de que los servidores públicos no se encuentran siempre en la posibilidad de ejercer de manera directa las funciones que les han sido asignadas por el ordenamiento jurídico y, para esto, previa autorización normativa expresa, pueden transferir la competencia para el ejercicio de algunas funciones, no así su titularidad, a otras autoridades o funcionarios, bien sea que respecto de estos tenga o no una relación de subordinación.
De esta manera, además de las diferencias que existen entre ambas instituciones en términos conceptuales y en la finalidad a la que obedecen, es importante anotar que, según lo señala el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, uno de los requisitos del acto de delegación es el de señalar expresamente las atribuciones precisas que están siendo delegadas, lo cual no es exigido en la regulación del encargo, pues en este último caso, si no se define expresamente qué clase de funciones puede ejercer el servidor encargado, debe entenderse que este asume todas y cada uno de los deberes y prerrogativas inherentes al cargo que va a desempeñar de forma temporal.
Caso concreto
La Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante en su alegación de falta de competencia de los funcionarios que fungieron como alcaldes encargados del Municipio de Pitalito, los cuales expidieron los Decretos 224, 313 y 493 de 2018 acusados, toda vez que, como se advirtió, esta es una función que constitucionalmente le corresponde a los alcaldes, y en este caso, quienes asumieron esa dignidad en encargo, asumieron todas las funciones inherentes a ella, dado que los Decretos Municipales 209, 312 y 491 de 2018, por medio de los cuales se previó esta situación administrativa, no especificaron la clase de funciones que se debían desempeñar con ocasión de ella. Por esto, tal y como fue señalado anteriormente, los alcaldes encargados podían desarrollar todas y cada una de las atribuciones, responsabilidades y prerrogativas del alcalde titular.
En ese orden de ideas, mal podría entenderse, como pretende la parte demandante, que dicha situación vicia los decretos municipales que ajustaron el manual específico de funciones y competencias laborales, porque, como lo indicó el Ministerio Público en su concepto, la figura que operó en el caso sub examine fue el encargo y no la delegación, de manera que no resultaba necesario dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 489 de 1998, indicando de forma expresa y detallada las funciones que habría de ejercer el funcionario encargado.
En conclusión: Los decretos municipales demandados no se encuentran viciados por la falta de competencia, toda vez que la emisión de los manuales específicos de funciones y competencias laborales de los municipios es una atribución de los mandatarios locales y, a través de la situación administrativa del encargo que se dio en el caso concreto, los funcionarios encargados asumieron temporalmente todas las funciones propias del alcalde del Municipio de Pitalito.
Segundo problema jurídico
¿En la expedición del Decreto Municipal 224 de 2018 se violaron las normas en que debía fundarse dicho acto administrativo, sobre los principios de igualdad y de la función pública, al haber previsto, sin un estudio técnico, un requisito de formación académica más estricto para el empleo de auxiliar administrativo que para el de técnico administrativo?
Tesis de la Sala: En la expedición del Decreto Municipal 224 de 2018 no se violó ninguna norma superior, y en ese sentido tampoco el principio de igualdad, los demás principios de la función pública o los límites de la discrecionalidad administrativa, toda vez que, al contrario de lo sostenido por la parte demandante, dicho acto administrativo sí contó con un estudio para su expedición, y puede afirmarse que el trato diferenciado respecto de los requisitos de formación académica para el empleo de técnico administrativo previstos en el acto acusado frente al de auxiliar administrativo en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pitalito, está constitucionalmente justificado.
Para resolver este problema se estudiarán los siguientes temas: (i) La causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo; (ii) características generales de los manuales específicos de funciones y competencias laborales; (iii) estudios requeridos para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones; (iv) requisitos de formación y experiencia que deben observar los manuales de funciones para los empleos del nivel técnico y asistencial; (v) límites al ejercicio de la discrecionalidad administrativa, (vi) el principio de igualdad como parámetro de validez de las normas jurídicas; y (vii) caso concreto.
La causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo
Esta causal ha sido vista por parte de la doctrina como «genérica», en la medida en que las demás causales específicas pueden comprenderse dentro de la violación de las normas superiores en las que debería fundarse el acto administrativo, ya que aspectos como la competencia, el procedimiento, los motivos y las finalidades del acto, están señaladas en preceptos de mayor jerarquía, que deben ser observados en su expedición.
No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la tradición doctrinaria y jurisprudencial, además de la necesidad de darle una lectura racional y eficaz de la norma, esta causal debe diferenciarse de las demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que podrá invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta.
En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por la jurisprudencia de esta Corporación como la contravención legal directa de la norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: Falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.
La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza o valora, no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez que esta no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación errónea, debido a que la norma, por no haber sido aplicada, no trascendió al caso decidido.
Por su parte, la aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se emplean, a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. Este error puede originarse por dos circunstancias: (i) En los casos en los que la autoridad administrativa se equivoca al escoger la norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra y, (ii) cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Finalmente, se incurre en este vicio de manera directa al dársele una interpretación errónea a los preceptos aplicados. Esto sucede cuando las disposiciones son las que regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y así las aplica. Es decir, ocurre cuando la autoridad administrativa le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.
Características generales de los manuales específicos de funciones y competencias laborales
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a través del cual satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de personal. El factor concluyente en su creación está dado por las necesidades del servicio ya que la definición clara de estas permite el diseño de la estructura organizacional a nivel global, lo que conduce a decidir aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, con su respectiva clasificación.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a los que responde su creación y funcionamiento.
La consagración constitucional de esta noción y las características básicas del empleo público se encuentran en los artículos 122, inciso 1.º, y 125, inciso 3, en los que puede leerse:
«ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente […]
ARTÍCULO 125 […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]».
La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 2004, cuyo artículo 19 caracteriza esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la función pública», entendiendo que se trata tanto del conjunto de funciones, tareas y responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias necesarias para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es la realización de los planes de desarrollo y de los fines estatales.
Asimismo, la norma en cuestión dispone que el diseño de cada empleo debe contener:
La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan identificar claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que comprende la definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos aquellos otros exigidos para ingresar al servicio. De acuerdo con el artículo 19 ibidem, «[…] En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo […]».
La duración del empleo cuando sea temporal.
Visto lo anterior es importante señalar que, a través del Decreto 1083 de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública (que como ya se dijo, también es aplicable a las entidades territoriales). En lo relativo específicamente a las entidades territoriales, el artículo 2.2.3.8 ibidem se ocupó de fijar el contenido mínimo del manual específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe tener los siguientes elementos:
La identificación y ubicación del empleo.
El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo.
Los conocimientos básicos o esenciales.
Los requisitos de formación académica y de experiencia.
Así pues, tal es el fundamento normativo para que en las entidades públicas se disponga de un manual de funciones y competencias laborales, el cual puede ser entendido como una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que compone la planta de personal, al igual que las exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocupar un determinado empleo.
Sobre los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones
De acuerdo con el tercer inciso del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, «[c]orresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas».
En ese sentido, según la anterior disposición reglamentaria, de manera previa a la expedición de los actos administrativos que creen o realicen cambios a estos manuales, ha de surtirse una etapa previa en la que las unidades de personal de las entidades públicas elaboren estudios que justifiquen el contenido de dichos actos y el cumplimiento de las normas que estos deben observar. Por esto, es plausible afirmar que la elaboración de estos estudios constituye un requisito de validez de los manuales específicos de funciones y que su pretermisión podría llegar a viciar de nulidad dichos actos administrativos.
No obstante lo que se acaba de indicar, es necesario precisar que el estudio que se requiere para la elaboración o modificación de los manuales de funciones es diferente del que se exige para las reformas de la planta de personal. En este último evento, según el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 (modificado por el artículo 227 del Decreto Ley 19 de 2012), el estudio técnico o la justificación de la reforma debe hacerse bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública, y siguiendo la metodología creada por la primera entidad mencionada.
En efecto, el estudio técnico que debe observar los parámetros del artículo 46 de la Ley 909 es el que se requiere cuando la reforma de la planta de personal conlleva un cambio de la estructura de la administración. En ese sentido, en una sentencia del 5 de junio de 2014, previa a la expedición del Decreto 1083 de 2015 antes mencionado, esta Subsección, en un caso similar a este, en el que se cuestionaba la legalidad de un decreto municipal que modificó un manual de funciones sin contar con un estudio con dichas características, señaló lo siguiente:
«[S]ólo se requiere de estudio técnico, como soporte de una reforma a la planta de personal, cuando dicha reforma conlleve un cambio de la estructura de la administración, en caso contrario no»
[...]
Visto el propósito y contenido del acto cuya legalidad se cuestiona, percibe esta Colegiatura que el Alcalde de Palestina se limitó a ajustar el manual específico de funciones, de requisitos mínimos y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración municipal, pero, dicho ajuste no comportó regular o variar las funciones de las dependencias del Municipio, ni la estructura administrativa del mismo, por lo tanto resulta diáfano, como lo fue para el Juez de primera instancia, que no se requería de previa autorización y/o facultades pro tempore del Concejo. Adicionalmente dirá esta Corporación que no obra dentro del expediente, prueba de donde se deduzca que haya existido supresión de cargos, ni del contenido del acto cuestionado se deriva tal situación, como resultado de una reestructuración; así las cosas, no era necesaria la elaboración de estudio técnico». (Negrita fuera de texto).
De esta manera, a pesar de que después de este pronunciamiento el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 dispuso que para la elaboración o modificación de los manuales de funciones la unidad de personal de cada organismo o entidad debe adelantar los estudios respectivos, esta Sala considera que en estos casos, que no comportan la modificación de las funciones de las dependencias del ente territorial ni su estructura administrativa, solo resulta necesario realizar un estudio por parte de la mencionada unidad o la dependencia que haga sus veces, sin que sea obligatorio seguir las directrices y la metodología que sí deben observar las reformas de las respectivas plantas de personal, previstas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública no remite a dicha normatividad.
Requisitos de formación y experiencia que deben observar los manuales de funciones para los empleos del nivel técnico y asistencial
El Decreto Ley 785 de 2005 estableció la regulación especial de los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales (directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial), las funciones generales correspondientes a cada nivel, los factores y estudios que se tendrán en cuenta para la determinación de los requisitos de cada empleo, así como la nomenclatura y clasificación de estos. Los numerales 4.° y 5.° del artículo 4.° de dicho decreto prevén que la naturaleza general de las funciones de los empleos agrupados en el nivel técnico en las entidades territoriales a las que se les aplica la Ley 909 de 2004 comprende el «desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología». Por su parte, en lo relativo al nivel asistencial, señala que estos «implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución».
En ese sentido, además de fijar los criterios con base en los cuales se deben definir las competencias laborales requeridas para el ejercicio de los empleos públicos, el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005 prevé los requisitos de estudio y de experiencia exigibles según el nivel en el que pueda clasificarse, el cargo y la categoría a la que pertenezca la respectiva autoridad territorial. En lo relativo a los niveles técnico y asistencial para los municipios de cuarta categoría, que son los que importan en este proceso, los requerimientos están señalados de la siguiente manera:
«13.2.4. Nivel Técnico
[…]
13.2.4.2. Para los empleos pertenecientes a los Distritos y Municipios de categorías: Cuarta quinta y sexta:
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo.
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional y experiencia.
13.2.5. Nivel Asistencial
[…]
13.2.5.2. Para los empleos pertenecientes a los Distritos y Municipios de categorías cuarta, quinta y sexta:
Mínimo: Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria.
Máximo: Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia».
Como se puede observar, en cada caso, la norma contempla unos mínimos y máximos frente a los requisitos de estudio y experiencia exigibles, lo cual supone una facultad de discrecionalidad relativa que le permite a la entidad correspondiente moverse con libertad dentro del margen legalmente dispuesto, sin que por ello pueda entenderse que la administración queda habilitada para definir tales exigencias en forma arbitraria. Frente a lo anterior, y para mayor claridad sobre el tema, se resalta que, respecto de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la facultad de definición de estos requisitos es reglada, en la medida en que los artículos 2.2.2.4.2 a 2.2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015 prevén de manera específica, para cada nivel y grado, cuáles son los que en esta materia deben cumplir, sin que se le otorgue a la administración la posibilidad de escoger entre mínimos y máximos, sino que debe elegir entre opciones equivalentes. En todo caso, en lo que tiene que ver con los entes territoriales, la norma aplicable en esta materia es el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, que está dirigido a esa clase de entidades y según se vio, regula de manera especial el tema en un precepto que a su vez es de mayor jerarquía.
Sobre los límites al ejercicio de la discrecionalidad administrativa
La discrecionalidad administrativa es el margen de relativa libertad decisional que el ordenamiento jurídico le confiere a las autoridades administrativas para determinar la mejor forma de satisfacer el interés público en un caso concreto. En esa ilación, el artículo 44 del CPACA señala que las decisiones discrecionales en la expedición tanto de actos administrativos de carácter particular como general, «debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa».
Frente a lo anterior, esta Subsección, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y en tal sentido, ha señalado que los límites para el ejercicio de dichas facultades son los siguientes:
Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente.
Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza.
Y la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Estos requisitos suponen que debe existir una razón o medida entre la realidad fáctica y el derecho, que implica la conexidad de los hechos con la decisión administrativa que se adopte. Así, se dice entonces que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad», lo cual también puede incluir un componente extrajurídico, con el que se busca que la decisión administrativa procure por la máxima satisfacción posible del interés público en cada supuesto específico.
El principio de igualdad como parámetro de validez de las normas jurídicas
El artículo 13 de la Constitución Política consagra la igualdad frente a la ley y el derecho que tienen las personas a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades, sin ser discriminadas por razón de características tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica, entre otras. Además, en criterio de la Corte Constitucional, con fundamento en el principio de no discriminación, la ley no puede fijar condiciones distintas a algunos sectores de la población sin una justificación objetiva y razonable, o que no tengan una relación de proporcionalidad «entre los hechos que le sirven de causa a la norma y los fines que ésta persigue».
Sobre este punto la Sala estima pertinentes las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación del derecho a la igualdad y no discriminación, así:
«[…] Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.
Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.
La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de “discriminación”. Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el Artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “Comité de Derechos Humanos”) ha definido la discriminación como:
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
La Corte reitera que, mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana. […]».
Ahora bien, con el fin de evaluar la afectación de dicho principio por normas incluidas en el ordenamiento jurídico, es necesario hacer un estudio de las situaciones frente a las cuales se plantea la existencia de un trato diferente, para lo cual la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, ha acudido a herramientas metodológicas especiales tales como el test de igualdad, que permite establecer si la diferencia de trato hacia algún sector de la población está constitucionalmente justificada, proceso que se surte en las siguientes etapas:
«[…] (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. […]».
Frente al punto es importante agregar que la jurisprudencia constitucional también ha sostenido de manera unánime que el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta no proscribe ni elimina la posibilidad de que el legislador contemple regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferencia se ajuste a los preceptos constitucionales.
En ese sentido, la Corte ha señalado que el artículo 13 Superior no debe entenderse «como un mandato que establece una igualdad mecánica o automática», por lo que ha diferenciado entre aquellas medidas que implican un trato discriminatorio y aquellas que aunque otorgan un trato desigual, se basan en circunstancias objetivas y razonables y, por lo tanto, se ajustan a la Constitución, resaltando que para la adopción de estas últimas deben cumplirse los siguientes presupuestos: «(i) que las personas sujetos del trato desigual se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; (ii) que dicho trato tenga una finalidad que consulte los valores y principios constitucionales; (iii) que la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga tengan una racionalidad interna; y (iv) que exista proporcionalidad entre estos aspectos, es decir, el trato diferente, las circunstancias de hecho y la finalidad», por lo cual ha concluido que «la diferencia de trato resulta insuficiente, per se, para predicar la vulneración del derecho a la igualdad».
Caso concreto
La parte demandante argumentó que, si bien el Decreto Municipal 224 de 2018 cumple los parámetros del Decreto Ley 785 de 2005, este no observa el principio constitucional de igualdad y los principios de la función pública puesto que, sin un estudio técnico, consagró un requisito de formación académica más alto para el auxiliar administrativo que para el técnico administrativo en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pitalito.
Sobre lo anterior, la Sala recuerda que, según lo prevé el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, el Decreto 224 solo debía contar con un estudio previo realizado por la unidad de personal o la que haga sus veces en el ente territorial, lo cual en este caso se cumplió por parte de la Secretaría General junto con el área de Talento Humano de la entidad, según se puede corroborar con la prueba decretada de oficio por el despacho ponente mediante el auto del 28 de octubre de 2020 proferido en este proceso, y que se encuentra en los folios 56 a 66 del cuaderno de la medida cautelar. En este, respecto del empleo de técnico administrativo de la Oficina de Atención al Contribuyente, que es la dependencia a la que pertenecen los cargos que son cuestionados en la demanda, se dice, entre otras cosas, que se modifican «los requisitos de formación académica y experiencia en el nivel técnico: Terminación y aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y curso específico de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo. Con relación a los asistenciales se exige bachiller en cualquier modalidad, lo que se deduce que exigen más a los asistenciales que a los técnicos».
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del principio de igualdad, la afirmación vertida en dicho estudio coincide, prima facie, con lo señalado en la demanda acerca de un trato desigual entre los auxiliares administrativos y los técnicos, pues en el contenido final del Decreto Municipal 224 de 2018, la norma en cuestión permite establecer que, para el empleo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Hacienda municipal, código 407, grados 16 y 17, que pertenece al nivel asistencial, el requisito de formación es el diploma de bachiller en cualquier modalidad académica. Por su parte, respecto del empleo de técnico administrativo, perteneciente al nivel técnico, grado 10 en la misma Secretaría, la exigencia académica varía, encontrándose que este requisito consiste en la terminación y aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y curso específico mínimo de sesenta horas, relacionado con las funciones del cargo.
Frente a la diferencia entre los requisitos que se exigen para estas dos clases de empleos, la Sala estima que la facultad discrecional ejercida por el alcalde del ente territorial al expedir el Decreto 224 de 2018 debe ser juzgada a la luz del test de igualdad, previamente referido, así:
Patrón de igualdad
En el escenario planteado, los cargos comparados, a pesar de ser diferentes, pueden asimilarse en su naturaleza de ser empleos públicos de la planta de personal del Municipio de Pitalito, en la medida en que en este caso se cuestiona que a los del nivel técnico se les exigen los requisitos de formación académica mínimos previstos en el Decreto Ley 785 de 2005, mientras que a los del nivel asistencial los máximos.
Trato desigual entre iguales
En consonancia con lo anterior, se puede afirmar que en el Decreto 224 se imparte un trato diferenciado entre los empleos de técnico administrativo y de auxiliar administrativo ya aludidos, pues, mientras que a los primeros se les exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica previstos en el numeral artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, a los segundos se les exige el cumplimiento de los máximos.
La diferencia de trato está constitucionalmente justificada
En este punto, la Sala estima que el trato desigual entre los empleos del nivel técnico y asistencial está justificado, toda vez que, incluso, los requisitos mínimos de formación académica que se exigen para los primeros en el Decreto Municipal 224 permiten el cumplimiento de las funciones de atención al contribuyente, de manejo de la tesorería y de presupuesto y contabilidad, que consisten, por citar algunos ejemplos, en «prestar servicio de atención personalizada a los contribuyentes, brindando asesoría de acuerdo con la normatividad y las leyes vigentes para el municipio», «realizar el proceso de cruce de información mensual y analizar las diferencias de los pagos correspondientes a aportes de seguridad social y parafiscales, entre la información que arroja el módulo de nómina y el cargue real en la plataforma del operador vigente» y «llevar y mantener actualizados los registros por concepto de ingresos del Sistema General de Participaciones, sobretasa a la gasolina, Sistema General de Regalías, dividendos y demás transferencias a favor del municipio», que requieren de conocimientos básicos esenciales en: Constitución Política de Colombia, 2. Código Contencioso Administrativo, 3. Régimen Municipal, 4. Código Civil, 5. Estatuto tributario Municipal, 6. Estatuto de presupuesto Municipal y normas en materia de presupuestos, 7. Normatividad contable y 8. Normas en materia de informes propios del cargo.
En efecto, con la terminación y aprobación de cuatro años de educación básica secundaria (que corresponde al noveno grado de bachillerato), más un curso específico de sesenta horas relacionado con las funciones del cargo, y asimismo con los dos años como mínimo que se piden de experiencia asociada a las funciones que deben desempeñar estos técnicos administrativos, es posible obtener la pericia necesaria para realizar las labores específicas de esos cargos.
Por su parte, esta Subsección considera que, con la formación académica exigida a los auxiliares administrativos del nivel asistencial, que consiste únicamente en tener el diploma de bachiller en cualquier modalidad, lo cual, según el artículo 11 de la Ley General de Educación presupone que se han desarrollado los «conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente», no es posible garantizar los conocimientos técnicos específicos requeridos para cumplir con las funciones de los empleos anteriormente reseñados, que van más allá de la formación general propia de la educación media, no obstante que con esta, y con la experiencia demandada para ocupar los cargos de auxiliar administrativo, sí es plausible suponer que se han adquirido las habilidades básicas para realizar labores de archivo, el manejo de comunicaciones, de la informática y las telecomunicaciones y la atención a la comunidad
De esta manera, se observa que existe una razón suficiente para un trato jurídico desigual dada por el principio constitucional de eficacia administrativa, máxime si se tiene en cuenta que es un hecho notorio que la disponibilidad del recurso humano con conocimientos técnicos específicos es proporcionalmente menor que la que obtiene únicamente su grado de bachillerato, lo cual puede verse acentuado en localidades como el Municipio de Pitalito. A esto, se agrega el principio formal de la libertad de configuración del alcalde para regular la materia, tal y como antes se analizó, de manera que el trato en el plano jurídico de los requisitos de formación académica para técnicos y auxiliares administrativos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pitalito, previsto en el Decreto 224 de 2018, no resulta arbitrario ni injustificado.
Sobre lo último, se resalta que en este asunto la parte demandante no expresó argumentos ni tampoco demostró que el ejercicio de la facultad discrecional del alcalde de Pitalito para establecer los límites mínimos y máximos en los requisitos de formación de los empleos analizados hubiese perseguido fines ajenos al interés general y, en ese orden de ideas, bajo el modelo descrito, es claro que aunque es cierto que existe un trato jurídico distinto entre sujetos que se encuentran en un plano de igualdad fáctica, tal situación está justificada en principios de raigambre constitucional, de manera que no se configura la vulneración del derecho a la igualdad.
Así pues, esta causal de nulidad tampoco tiene vocación de prosperar.
En conclusión: En la expedición del Decreto Municipal 224 de 2018 no se violó ninguna norma superior, y en ese sentido tampoco el principio de igualdad, los demás principios de la función pública o los límites de la discrecionalidad administrativa, toda vez que, al contrario de lo sostenido por la parte demandante, dicho acto administrativo sí contó con un estudio para su expedición, y puede afirmarse que el trato diferenciado respecto de los requisitos de formación académica para el empleo de técnico administrativo previstos en el acto acusado frente al de auxiliar administrativo en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pitalito, está constitucionalmente justificado.
DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones se denegarán las pretensiones de la demanda de nulidad instaurada por la señora Martha Gimena Burgos Parra en contra del Municipio de Pitalito y la CNSC, tanto la principal como la subsidiaria, porque en relación con la primera no se desvirtuó la presunción de legalidad de los decretos municipales acusados y en lo relativo a la segunda, por no haberse cuestionado directamente la legalidad del Acuerdo CNSC-20181000004306 del 14 de septiembre de 2018, sino que esta dependía de la declaración de nulidad de los decretos sobre el manual de funciones del ente territorial.
Sobre la procedencia de la condena en costas solicitada por la CNSC
En el presente asunto, al tratarse del medio de control de nulidad en el que se ventilan intereses públicos, no procede la condena en costas de conformidad con el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad instaurada por la señora Martha Gimena Burgos Parra en contra del Municipio de Pitalito y la CNSC.
Segundo: Reconózcase personería para actuar en este proceso al abogado Luis Alfonso Leal Núñez, identificado con la cédula de ciudadanía 19.410.390 portador de la tarjeta profesional 38.355 del CSJ, como apoderado de la CNSC de conformidad con el poder que obra en el índice 49 del expediente digital de este trámite.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 1-7 (escrito inicial) y 26-29 (subsanación de demanda) del cuaderno físico principal del proceso, los cuales también pueden ser consultados en el índice 50 del expediente digital en el sistema Samai del Consejo de Estado. La Sala considera que la pretensión formulada como subsidiaria en realidad es principal, porque su eventual reconocimiento no depende de la negación de la primera. Esto es, en los términos del numeral 2.° del artículo 165 del CPACA, estas no se excluyen entre sí. Folios 111-120 del cuaderno de medidas cautelares e índice 50 del expediente digital. Ver folios 35 y 73 del cuaderno físico principal e índice 50 del expediente digital. Folios 42-44 del cuaderno de medidas cautelares e índice 50 ibidem. Folios 52-58 del cuaderno físico principal e índice 50 ibidem. Rad. 25000-23-15-000-2010-02932-01. Ver folio 73 del cuaderno físico principal y el índice 50 del expediente digital. Mediante auto del 28 de octubre de 2020, y en aplicación del numeral 1.° del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de ese año, el despacho prescindió de la celebración de la audiencia inicial para dictar sentencia anticipada. Para tales efectos decretó como pruebas las aportadas por las partes en la demanda y las contestaciones y, luego, corrió traslado para alegar por escrito y para que el Ministerio Público rindiera su concepto. Ver índice 45 del expediente digital que se puede consultar en el sistema Samai del Consejo de Estado. Índice 49 ibidem. Índice 51 ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 5 de julio de 2018, rad. 05001-23-33-000-2016-01082-01(0900-18). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, rad. 11001-03-25-000-2014-00675-00 (2084-2014).
«Respecto del elemento subjetivo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que el requisito de la competencia del órgano o funcionario como elemento del acto significa que éste debe emanar de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y dentro de los límites de su competencia (auto de marzo 9 de 1971, Anales de 1971, Tomo 80, página 367). Es, en otros términos, lo que establece nuestra Constitución cuando dispone que no habrá ningún empleo público que no tenga las funciones señaladas por ley o reglamento [Cfr. artículo 122 de la Constitución de 1991]»: Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, Causales de anulación de los actos administrativos, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1988, pp. 19-20. Texto vigente en el momento de presentación de la demanda, antes de su modificación por el artículo 4.° del Decreto 498 de 2020: «Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título». (Negrita fuera de texto). D. 1083/2015, art. 2.2.2.1.1: «Ámbito de aplicación. El presente Título rige para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del orden nacional.
Las disposiciones contenidas en el presente Título serán aplicables, igualmente, a las entidades que teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un sistema específico de carrera. El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley». (Negrita fuera de texto). Comentario de la Sala: En efecto, si bien el título en el que está contenido el artículo 2.2.2.6.1 señala que este trata de las «funciones y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional», el inciso segundo del artículo 2.2.2.1.1 transcrito, prevé la aplicación de esas normas también para los entes territoriales, porque si bien estos tienen un sistema especial de nomenclatura y clasificación de empleos regulado en el Decreto Ley 785 de 2005 («por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004»), estas se rigen por la Ley 909 de 2004, de acuerdo con lo señalado en el literal c. del numeral 1.° del artículo 3.° de esta última norma (Campo de aplicación de la presente ley. 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos: […]
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados […]»). Cfr. D. 1083/2015, art. 2.2.5.5.1. DL 2400/1968, art. 23: «Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular. Cuando se trate de ausencia temporal el encargo podrá conferirse hasta por el término de aquella y en casos de vacante definitiva hasta por el plazo máximo de tres (3) meses. Vencido este término el encargado cesará automáticamente en el ejercicio de tales funciones y el empleo deberá proveerse de acuerdo con los procedimientos normales». D. 1083/2015, art. 2.2.5.4.7: «Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo». D. 1083/2015, art. 2.2.5.5.41: «Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado». Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de noviembre de 2015, rad. 44001233100020100000501 (0989-2014); Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, rad. 11001032500020120031200 (1239-2012); y Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2014, rad. 20001-23-31-000-2010-00017-01(0719-13), entre otras. L. 489/1998, art. 10: «En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren». Folio 21 del cuaderno físico de las medidas cautelares, también puede ser consultado en el índice 50 del expediente digital. Folio 23 ibidem. Folio 20 ibidem. Consuelo Sarria Olcos, Comentario al artículo 137 del CPACA, en:
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y concordado, 2.ª ed., José Luis Benavides (editor), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-374. De hecho, el artículo 52 de la Ley 130 de 1913, «Sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo», inicialmente preceptuó que la anulación de los actos administrativos procedía por una causal genérica referida a la violación de la Constitución y la ley. Luego, con la sucesiva expedición de las leyes y códigos en materia de lo contencioso administrativo, esa causal derivó en las seis que se aplican en la actualidad. Carlos Betancur Jaramillo, Derecho procesal administrativo, 8.ª ed., Medellín, Señal Editora, 2013, p. 290. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería Ediciones del Profesional, 2016, p. 548. Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, Anulación de los actos de la administración pública, 2.ª ed., Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, rad. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660). Ibidem. Esta definición es replicada en el artículo 2 del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley HYPERLINK "about:blank" \l "0" 909 de 2004». En su versión inicial, vigente en el momento en el que fueron expedidos los decretos demandados en este proceso, antes de ser modificado por el artículo 4.° del Decreto 498 de 2020. L. 909/2004 art. 46 (mod. DL 19/2012, art. 227): «Reformas de planta de personal. Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal. Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de junio de 2014, rad. 17001-23-31-000-2010-00511-02(2684-13). En esta sentencia se realiza la siguiente cita de otra providencia emitida por el mismo ponente: «Sección Segunda, Subsección A, radicado interno 1336-08, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Iván Serrano Prada. Ddo: Municipio de Girón Santander».
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004». De acuerdo con el Decreto Municipal 420 del 13 de octubre de 2017, para la vigencia fiscal 2018, el Municipio de Pitalito se encontraba clasificado como de cuarta categoría. Este decreto puede ser consultado en: HYPERLINK "about:blank" https://alcaldiapitalito.gov.co/normatividadvigente/Decreto_420-2017.pdf
Cfr. Hugo Alberto Marín Hernández, Discrecionalidad administrativa, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 177
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2017, rad. 66001-23-33-000-2013-00362-01(5030-14).
Corte Constitucional, sentencia SU-172 de 2015. Cfr. Hugo Alberto Marín Hernández, op. cit., p. 177
CP, art. 13: «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan». Corte Constitucional, sentencia C-339 de 1996. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012. Sobre el test de igualdad, entre otras, ver las sentencias de la Corte Constitucional C-093 de 2001, C-250 de 2012 y C-015 de 2014. Sentencia C-015 de 2014. Según se puede observar en las sentencias T-530 de 2002, T-119 de 2001, T-540 de 2000, T-117 de 2003, C-1110 de 2001. Corte Constitucional, sentencia T-587 de 2006. Ibidem. Ibidem. Índice 45 del expediente digital. Folio 63 del cuaderno físico de medidas cautelares, que también puede consultarse en el índice 50 del expediente digital de este proceso. Página 122 del Decreto 224 de 2018, el cual puede ser consultado en el índice 50 del expediente digital de este proceso. Páginas 119-121 ibidem. Este test también fue aplicado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, rad. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19. Desde la doctrina se ha señalado que el ejercicio comparativo que se realiza frente al principio de igualdad implica: «1. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la diferencia), y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud»: Carlos Bernal Pulido, El Derecho de los derechos, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 257. Ver páginas 120-121 del Decreto 224 de 2018. Ver página 121 ibidem. L. 115/1994, art 11: «Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente». Que también es de dos años según se puede corroborar en la página 123 del Decreto 224 de 2018. Página 122 ibidem. De acuerdo con el certificado n.° 397718 del 22 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el abogado no tiene ningún tipo de sanción que lo inhabilite para actuar en este proceso.
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.