Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00364-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00364-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00364-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)
Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y otro2
Tema: Nulidad de los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016
y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 expedidos por el
municipio de Santiago de Cali y de los acuerdos CNSC –
2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC
2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC
2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 por la CNSC.
Convocatoria 437 de 2017 – Valle del Cauca (municipio Santiago
de Cali).
Sentencia de única instancia
Asunto
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la demanda
de nulidad interpuesta por Dinecrty Andrés Aranda Jiménez en contra de los
decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio
de 2018 expedidos por el municipio de Santiago de Cali y de los acuerdos CNSC –
2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC 2018000001166 del 15 de
junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 por la CNSC.
I. Antecedentes
1.1. La demanda3
1.1.1. Las pretensiones
1. Dinectry Andrés Aranda Jiménez en ejercicio del medio de control de nulidad
1 En adelante CNSC.
2 Municipio de Santiago de Cali, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios en virtud de la Ley 1933 de 2018.
3 Samai, índice 15.
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Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo4 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara
la nulidad de los siguientes actos:
1.1. Decreto 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual se
adoptó el manual específico de funciones y de competencias laborales de la
planta de personal de la administración central del municipio Santiago de Cali.
1.2. Decreto 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, por el cual se modificó y
adicionó el manual específico de funciones y de competencias laborales antes
mencionado.
1.3. En subsidio, la nulidad del Acuerdo CNSC – 2017000000256 del 28 de
noviembre de 2017, «[p]or el cual se establec[ieron] las reglas del Concurso abierto
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de
Santiago de Cali, “Proceso de Selección No. 437 de 2017 – Valle del Cauca”».
Asimismo, de los Acuerdos CNSC 2018000001166 del 15 de junio de 2018 y
CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 que lo modificaron y
adicionaron.
1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
2. Como tales se señalaron los artículos 46 de la Ley 909 de 2004; 2.2.12.1,
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015; en su concepto, porque:
3. El alcalde del municipio de Santiago de Cali expidió el Decreto 411.0.20.0673
del 6 de diciembre de 2016, por el cual se adoptó el manual específico de funciones
de la planta central. Sin embargo:
3.1. No se basó en justificaciones o estudios técnicos para adoptar el manual
específico de funciones el 6 de diciembre de 2016 ni su adición y modificación.
Aunque el primer acto fue motivado por razones de modernización de la
administración y el segundo se fundó en la norma, ambos infringieron el
ordenamiento jurídico al no cumplir con la justificación técnica para su
expedición.
3.2. No tuvo en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia
del interés general para adoptar el manual de funciones ni su adición y
modificación. Tampoco se basó en las metodologías de diseño organizacional
y ocupacional respecto de los 3 aspectos previstos en el artículo 2.2.12.3 del
Decreto 1083 de 2015, en razón a que no se realizaron los estudios técnicos.
4 En adelante CPACA.
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Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez
4. Tanto este como los actos que lo modificaron y adicionaron fueron expedidos
sin la justificación o estudios técnicos que demostraran las necesidades de realizar
los cambios de perfiles y funciones de los diferentes empleos, por lo tanto, solo
contaron con criterios subjetivos sin cumplir con los lineamientos objetivos previstos
en «la ley».
5. Según el reporte de avisos de los procesos de contratación publicado en la
página web del municipio, el último contrato se suscribió con la UT5 FCC –
Racionalizar. Se contrató un estudio técnico de cargas laborales, perfilación de
cargos e implementación del manual de funciones en septiembre de 2014. El
extremo final del negocio era el 31 de diciembre de 2014, pero tuvo 2 prórrogas.
6. Los estudios técnicos realizados en 2015 fueron la base para el manual de
funciones plasmado en el Decreto 411.0.20.1221 del 31 de diciembre de 2015, el
cual fue derogado con el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016.
7. Con el Decreto 411.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 se actualizó el manual
de funciones; sin embargo, la entidad no contó con la justificación o estudios
técnicos que exigía «la ley».
8. Por medio del Acuerdo CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017
la CNSC y el municipio acordaron desarrollar el concurso de méritos 437 de 2017
para proveer definitivamente los empleos vacantes a través de la OPEC6. No
obstante, ello se adelantó con base en el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre
de 2016 que no cumplía con los requisitos legales.
9. La CNSC realizó 2 modificaciones a las reglas del concurso después de la
apertura de la etapa de inscripciones. Ello, para adecuar la OPEC según las
modificaciones que se realizaron al manual de funciones por medio del Decreto
4112.010.20-0271 del 1 de junio de 2018, «estando en contravía de la ley que prohib[ía]
dichas actuaciones en la mencionada etapa del proceso de selección».
10. Tanto el municipio como la CNSC omitieron dar cumplimiento al Decreto 815 de
2018, respecto de la aplicación de las reglas para adelantar los procesos de
selección con las competencias vigentes al momento de la convocatoria, en tanto
las adecuaron con base en el Decreto 4112.10.20.0271 del 1 de junio de 2018.
1.2. Medida cautelar7
11. En auto del 27 de septiembre de 2023 se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de los actos demandados.
5 Unión Temporal.
6 Oferta Pública de Empleos de Carrera.
7 Samai, índice 30.
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1.3. Contestación de la demanda
12. La CNSC y el municipio de Santiago de Cali se opusieron a las pretensiones de
la demanda, con sustento en lo siguiente:
1.3.1. Comisión Nacional del Servicio Civil8
13. Aunque los actos acusados en las pretensiones principales no eran de su
competencia, debía precisarse que (i) en curso de la convocatoria 437 de 2017 se
expidieron los acuerdos 20171000000346 del 28 de noviembre del 2017,
20181000001166 y 20181000003606 del 15 de junio y 7 de septiembre de 2018 y
20191000002196 del 12 de marzo de 2019; (ii) suscribió con la Universidad
Francisco de Paula Santander el contrato de prestación de servicios 652 de 2018;
y (iii) el actor no se inscribió a ningún empleo en modalidad abierto.
14. El fundamento para atacar la legalidad del concurso se contrajo a los actos que
contenían el manual de funciones. No había pretensión particular que estuviera
relacionada con la CNSC, pues lo relacionado con esos actos concernían
exclusivamente a la entidad territorial.
15. En virtud del principio de buena fe, la entidad dictó los acuerdos de convocatoria
con sustento en la OPEC reportada y cargada por la entidad, por lo tanto, la
información allí contenida era de exclusiva responsabilidad de la entidad
nominadora. La comisión no tenía competencia ni injerencia en la adopción,
modificación, actualización o derogatoria de los manuales de funciones, comoquiera
que eran expedidos por cada entidad.
16. El municipio, al momento de definir la OPEC, optó por establecer los requisitos
de estudio y experiencia que debían cumplir quienes decidieran participar en el
concurso de méritos. Por lo tanto, se convirtió en una carga que asumieron los
aspirantes para concursar.
17. Se debían declarar probadas las siguientes excepciones:
17.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: no existía vínculo obligacional de
la administración respecto de los «administrados» por el manejo del personal de
planta y el proceso de nombramiento de los servidores públicos.
17.2. Inexistencia de causales de nulidad en el acto administrativo: de acuerdo con
el artículo 130 de la Constitución Política, una de las funciones de la CNSC es
convocar los concursos de méritos para ofertar las vacantes de empleo público que
8 Samai, índice 23.
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existan en una entidad. En consecuencia, los actos expedidos con ocasión de la
Convocatoria 437 de 2017 se ajustaron al ordenamiento jurídico.
17.3. Cumplimiento de un deber legal: la entidad actuó en estricto cumplimiento de
sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en condición de
responsable de la administración de la carrera administrativa. Además, se surtió el
proceso de planeación reglado que permitió el diseño de la convocatoria y la
expedición del acuerdo regulatorio en cumplimiento de las órdenes legales. Para
ello, se acreditó la participación de la entidad nominadora desde el reporte de las
ofertas públicas de empleos de carrera, la emisión de los registros presupuestales
y las mesas de trabajo que permitió fijar los lineamientos de la convocatoria.
17.4. Buena fe y presunción de legalidad: aun en el «remoto evento» en el que «el acto
administrativo proferido sea previamente anulado [...], tal decisión sería irrelevante,
teniendo en cuenta que tendría efectos estrictamente hacia el futuro o ex nunc».
1.3.2. Municipio de Santiago de Cali9
18. El municipio suscribió el contrato 4122.026-1.332-2014 con el objeto de realizar
el diagnóstico de las cargas laborales, diseño y perfilación de cargos e
implementación del manual de funciones de acuerdo con el modelo de operación
por procesos. Esto quería decir que la entidad «venía preparándose» técnica y
jurídicamente para el proceso de reforma administrativa y, por lo tanto, se cumplió
con toda la normativa vigente.
19. Por las propuestas recibidas de las diferentes organizaciones sindicales se
realizó una revisión respecto del requisito de educación y experiencia y se concluyó
que el manual de funciones de 2016 era competitivo en las condiciones y
requerimientos, pero no en el requisito de experiencia que era débil, por lo tanto,
fue modificado.
20. El manual de funciones se construyó de acuerdo con la nueva estructura de la
entidad, la planta de personal existente, la categoría de la entidad y el propósito
principal de cada empleo. Una vez divulgado, se presentaron algunas peticiones y,
por tal razón, se asignaron 2 mesas de trabajo.
21. El demandante no precisó su calidad en la demanda ni cuál era el cargo al que
aspiraba para determinar que el manual de funciones no cumplía con los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Además, sí efectuó los estudios técnicos para
su adopción, en tanto realizó el diagnóstico de las cargas laborales, diseño y
perfilación de cargos.
22. Tampoco se demostraron las razones por las cuales el manual de funciones
9 Samai, índice 24.
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vulneró los derechos del actor. No existía sustentación sobre el objeto de la
pretensión, los fundamentos de derecho, la titularidad del derecho ni la presentación
de los documentos o argumentos con los que se probaran el perjuicio alegado.
23. Se debían declarar probadas las excepciones de «inexistencia de responsabilidad
a cargo del municipio hoy categorizado como distrito especial de Santiago de Cali»,
«inexistencia del derecho del demandante», «inexistencia en la violación de las normas» e
«inepta demanda». Esta última porque no se sustentó el concepto de la violación.
1.4. Decisión sobre excepciones previas10
24. En proveído del 4 de marzo de 2024 se declararon no probadas las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasiva e inepta demanda, por las siguientes
razones:
25. Falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la CNSC: en la
demanda sí se pretendió la anulación de los actos expedidos por dicha entidad, esto
es los acuerdos CNSC-2017000000256 del 28 de noviembre de 2017 y CNSC-
20171000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC20171000003606 del 7 de
septiembre de 2018, es decir que sí existía una relación directa entre su actuar y la
pretensión de la demanda, lo cual le otorgaba la calidad de parte pasiva en el
proceso. A la par, el hecho de que también se hubiera solicitado la anulación de
actos proferidos por el municipio de Santiago de Cali y que ante una eventual
nulidad se afectara la validez de los que expidió, no significaba que la comisión no
debiera asistir al proceso en calidad de demandada.
26. Inepta demanda propuesta por el municipio de Santiago de Cali: al revisar la
demanda se pudo constatar que el actor sí identificó las normas que consideró
vulneradas al expedirse los decretos 411.0.20.0673 de 2016 y 4112.010.20.0271 de
2018 y alegó que el manual de funciones se estableció sin la previa realización de
los estudios técnicos exigidos en los artículos 46 de la Ley 909 de 2004, 2.2.12.1 y
2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015. Además, respecto de los acuerdos expedidos
por la CNSC se anotó que se sustentaron en aquellos actos «ilegales» y que
modificaron las reglas del concurso luego de que se diera apertura a la etapa de
inscripciones. En consecuencia, sí se cumplió con el requisito previsto en el artículo
162.4 del CPACA.
27. Frente a las demás excepciones, esto es «inexistencia de causales de nulidad en
el acto administrativo», «cumplimiento de un deber legal», «buena fe» y «presunción de
legalidad», así como las de «inexistencia de responsabilidad a cargo del municipio hoy
categorizado como distrito especial de Santiago de Cali», «inexistencia de derecho del
demandante» e «inexistencia en la violación de las normas» no tenían la naturaleza de
previas, sino que constituían argumentos de fondo que debían ser resueltas en la
10 Samai, índice 35.
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sentencia.
1.5. Trámite de sentencia anticipada11
28. En auto del 30 de mayo de 2024 se resolvió: (i) incorporar las pruebas aportadas
con la demanda y sus contestaciones, así como correr el traslado de estas; (ii) fijar
el litigio; y (iii) correr traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.
29. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿si los Decretos 411.0.20.0673 del 6 de
diciembre de 2016 y 4112.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, expedidos por el municipio
de Santiago de Cali y los Acuerdos CNSC-2017000000256 del 28 de noviembre de 2017,
CNSC-20171000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC20171000003606 del 7 de
septiembre de 2018, proferidos por la CNSC, debe anularse por haber sido expedida con
infracción de las normas en que debía fundarse?».
1.6. Alegatos de conclusión
30. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:
1.6.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
31. A la entidad no se le asignó la función de intervenir en la creación de plantas de
personal, manuales de funciones y competencias, ni en la elaboración de perfiles
para ocupar cargos, pues eran competencias exclusivas de cada entidad pública.
32. El manual de funciones no fue modificado después del inicio de las
inscripciones, por lo tanto, los acuerdos expedidos se ajustaron a las normas
vigentes. Asimismo, se demostró que el proceso se realizó de acuerdo con el que
estaba vigente, convocado con las OPEC reportadas por el nominador a través de
la plataforma SIMO y con las respectivas comunicaciones a todos los interesados.
1.6.2. Municipio de Santiago de Cali12
33. El manual de funciones con el cual se adelantó el concurso de méritos cumplió
con los requisitos y protocolos. Además, de acuerdo con la lista de elegibles, el
municipio realizó los nombramientos y posesión en estricto orden de elegibilidad,
los cuales fueron «cumplidos al 100%, encontrándose cerrada por haber pasado los dos
(2) años de vigencia de las listas de elegibles, indicando así, la [CNSC] que para dicha
convocatoria ya no ha[bía] autorización para el uso de listas».
34. El Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 se publicó en el boletín
11 Samai, índice 40.
12 Samai, índice 44.
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oficial 198 del 23 de diciembre de 2016 y fue modificado en lo relativo al requisito
de experiencia de acuerdo con las nuevas tecnologías, avances en la forma de
hacer el trabajo, la oferta laboral, la modernización de la entidad y la armonización
de los procesos con las reparticiones administrativas creadas en virtud del artículo
147 del Decreto 411.020.0516 de 2016 y del modelo de operación por procesos.
35. Lo anterior fue resultado del contrato 4122.026.1.332-2014, cuyo objeto era
«realizar el diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación de cargos, implementación
del manual de funciones de acuerdo al modelo de operación por procesos [...]» y, después
de las 2 prórrogas, finalizó el 31 de diciembre de 2014. Este fue el instrumento
técnico para la implementación de la reforma administrativa y la adopción del
manual de funciones, por lo tanto, el Decreto 411.010.20.0271 del 1 de junio de
2018 cumplió con los postulados del Decreto 815 de 2018.
36. El Acuerdo CNSC 20171000000256 del 28 de noviembre de 2017 estableció
que era procedente realizar modificaciones hasta antes de dar inicio a la etapa de
inscripciones, por lo tanto, fue legal la modificación adoptada en el Acuerdo
20181000001166 del 15 de junio de 2018 relacionado con la OPEC «que pasó de
305 empleos y 1634 vacantes a 303 empleos y 1664 vacantes», en tanto se dio antes del
aviso informativo del 27 de junio de 2018, en el cual se informó que las fechas para
dicha etapa eran del 16 de julio al 14 de septiembre de 2018, plazo que fue ampliado
del 10 al 28 de septiembre del mismo año.
1.6.3. Ministerio Público
37. No rindió concepto.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
38. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 13 13, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 14
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problema jurídico
13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
14 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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39. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver los
siguientes interrogantes:
39.1. ¿Los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271
del 1 de junio de 2018 se expidieron con infracción de las normas en que
debían fundarse porque no se sustentaron en los estudios técnicos y tampoco
tuvieron en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del interés general?
39.2. ¿Los acuerdos CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC
2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de
septiembre de 2018 fueron expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse porque modificaron la convocatoria cuando ya se había
iniciado la etapa de inscripciones?
40. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo
y jurisprudencial y el caso concreto en cada tema.
2.3. Sobre los decretos expedidos por el municipio Santiago de Cali
2.3.1. El manual de funciones y competencias laborales. Marco normativo y
jurisprudencial
41. Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos
para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento
jurídico, con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto
responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de
personal. Su creación y regulación están determinadas por las necesidades del
servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a
nivel global. Esto, a su vez, permite concretar la cantidad, naturaleza y el contenido
funcional de los empleos requeridos, mediante su respectiva clasificación.
42. El fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones se encuentra
contenido en los artículos 122, inciso 1.º, y 125 [inciso 3] de la Constitución y 19 de
la Ley 909 de 2004. De estos contenidos normativos se deduce la importancia y
tracendencia del instrumento jurídico en cuestión que además de estar relacionado
con el cumplimiento de los fines estatales tiene la virtualidad de afectar las
situaciones particulares y concretas de quienes son designados para el desarrollo
de las funciones públicas.
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43. De ahí que, el manual de funciones y competencias laborales es una
herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores y
facultades propias de cada cargo que integra la planta de personal. Igualmente
contiene las exigencias de conocimientos, experiencia y otros aspectos que
permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las
labores encomendadas.
44. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los cuadros
funcionales de empleos como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan
semejanzas en cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades,
requerimientos de conocimientos y competencias. Esta medida persigue la
optimización de la gestión de recurso humano, la posibilidad de llevar a cabo el
acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como de cubrir plazas de
uno o varios organismos, en función de los requisitos que se exijan.
45.Ahora, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las entidades de la
Rama Ejecutiva15, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:
5. «[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los
cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones
y de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los
empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su
ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y
velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […]»
46. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el Departamento
Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además
de señalar las pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o
actualización de los manuales específicos.
47. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del
manual específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe
incluir:
1. La identificación y ubicación del empleo.
2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.
15 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.
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3. Los conocimientos básicos o esenciales.
4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.
48. Ahora, en lo relevante al presente asunto, es pertinente señalar que los artículos
2.2.3.5, parágrafo 4, y 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la necesidad de
ajustar y actualizar los manuales de funciones. En especial, las entidades
territoriales debían hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientras ello se cumplía,
continuarían rigiendo los que hasta ese momento se encontraran vigentes.
2.3.2. Caso concreto
49. El demandante consideró que los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de
2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, expedidos por el municipio de
Santiago de Cali, quebrantaron los artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto
1083 de 2015 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de la Función Pública». En tenor literal de las normas en cita es el siguiente:
«Artículo 2.2.12.1. Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las
plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes
nacional y territorial deberán motivarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la administración y contar con estudios técnicos
de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización que así lo
demuestren.
[...]
Artículo 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de
empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está
fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma
deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras
causas, de:
1. Fusión, supresión o escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la
entidad.
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus
funciones.
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o
prestación de servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. Introducción de cambios tecnológicos.
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los
perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al
desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la
entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad
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de las entidades públicas.
Parágrafo 1°. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este
artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y prevalencia del interés general.
[...]
Artículo 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes
aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos.»
50. En criterio del actor, no se cumplió con la justificación técnica y tampoco se
tuvieron en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
interés general en el manual de funciones ni en su adición y modificación.
51.Pues bien, el primer acto acusado, Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre
de 2016, «por el cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias
laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de
la administración central del municipio de Santiago de Cali», se sustentó en la Ley 1064
de 2006 y los decretos 1042 de 1978 [art. 82], 785 y 2539 de 2005, 1767 de 2006 y
2484 de 2014. Asimismo, consideró y resolvió:
«Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesionales a
prever en los manuales específicos de funciones y de competencias
laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de estas conforme a la
clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con el
propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de
condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo
ramo del conocimiento.
[...] Que para los empleos del Nivel Directivo en la alternativa de la formación
académica, se tendrán en cuenta los Núcleos Básicos del Conocimiento
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES).
Que de conformidad con el proceso de rediseño y modernización de la
Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, por medio del cual
se determinó la estructura de la Administración Central y la escala salarial,
previas facultades otorgadas por el Concejo Municipal al Alcalde mediante
Acuerdo 395 del 29 de marzo de 2016, se hace necesario adoptar el manual
específico de funciones y de competencias laborales de los empleos,
adscritos a la Planta Global de Personal de la Administración Central de
Municipio de Santiago de Cali y a las plantas de empleos de la Secretaría de
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Educación Municipal, el cual se ajuste a la nueva estructura y con el fin de dar
cumplimiento a lo señalado en las normas legales que regulan la materia, así
como a las circulares y decretos emitidos por el Departamento Administrativo
de la Función Pública.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
Artículo 1. Adoptar el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de conforman la Planta Global de Personal de la
Administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali, cuyas funciones
deberán ser cumplidas por los funcionarios y empleados con criterios de
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que
la ley y los reglamentos le señalan.
Artículo 2. El Señor Alcalde adoptará mediante acto administrativo, las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el presente
Manual.
Artículo 3. Los jefes de organismos y dependencias, en cumplimiento a su
función de dirección y coordinación podrán asignar las actividades requeridas
para el efectivo cumplimiento de las funciones asignadas al área de
desempeño de acuerdo al perfil ocupacional y al cargo desempeñado.
Artículo 4. Es obligación de los funcionarios cumplir las funciones asignadas
en el presente Manual, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Artículo 5. Los cargos de la planta global serán distribuidos de acuerdo con
las necesidades del servicio y los perfiles ocupacionales en las diferentes
áreas establecidas en el presente Manual.
Artículo 6. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión,
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos,
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus
reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades,
salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.
Artículo 7. El perfil ocupacional se tendrá en cuenta para la elaboración de los
planes de capacitación y demás herramientas de gestión del Talento
Humano.
Artículo 8. Las funciones de los cargos del Nivel Asistencial implican el
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias a los niveles superiores,
se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple
ejecución según el Decreto 785 de 2005, por tanto las funciones se definirán
en dichos términos sin tener en cuenta el organismo donde desempeñan.
Artículo 9. Las funciones, requisitos y competencias laborales de la planta de
personal de la Alcaldía de Santiago de Cali, son las que a continuación se
establecen: [...]
Artículo 10. El presente acto administrativo se expide como consecuencia de
la aprobación y actualización de la Estructura Orgánica, mediante el Decreto
Extraordinario No. 4110.20.0515 de septiembre 28 de 2016, Escala Salarial,
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mediante el Decreto Extraordinario No. 4110.20.0520 de septiembre 28 de
2016 de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y deroga
a partir de su entrada en vigencia los Decretos No. 411.20.1221 de diciembre
31 de 2015, No. 211.20.0020 de enero 18 de 2016 y demás decretos o actos
administrativos de ajuste o adiciones al manual de funciones derivados de
éste.
Artículo 11. El Subdirector Administrativo de Recurso Humano o quien haga
sus veces, garantizará la difusión del presente Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales a través de la Intranet y demás canales
de difusión internos con que cuenta la Alcaldía de Santiago de Cali.
Artículo 12. El presente Acto Administrativo rige a partir del primero (01) de
enero de dos mil diecisiete (2017).»
52. En el expediente reposa copia del contrato de consultoría 4122.0.26.1.332-2014
del 30 de octubre de 2014 suscrito por el municipio de Santiago de Cali con la unión
temporal FCC-Racionalizar, cuyo objeto era «realizar el diagnóstico de cargas
laborales, diseño y perfilación de cargos, implementación del manual de funciones de
acuerdo al modelo de operación por procesos [...] y la implementación de un sistema propio
de evaluación de desempeño laboral». El plazo del acuerdo de voluntades se pactó
hasta el 31 de diciembre de 201416, el cual fue prorrogado hasta el 30 de enero de
201517 y después hasta el 2 de marzo del mismo año18.
53. Al consultar la página web de la plataforma SECOP se observa que en los
estudios previos se anotó lo que se transcribe:
«[...] Por las anteriores consideraciones el Municipio de Santiago de Cali, se
encuentra en la necesidad de adecuarse a la norma vigente en lo referente al
empleo público, ajustando el Manual de Funciones y Requisitos que en la
actualidad nos rige para obtener un Manual Específico de Funciones y
competencias laborales.
En virtud de lo anterior y debido a que la Dirección de Desarrollo
Administrativo no cuenta con el personal idóneo para realizar esta labor,
resulta necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica con
idoneidad y experiencia en materia para la elaboración del diagnóstico de
cargas laborales, diseño y perfilación de cargos, implementación del manual
de funciones de acuerdo al modelo de operación por procesos que hoy en día
tiene la Alcaldía, y la implementación de un sistema propio de evaluación de
desempeño laboral en la Alcaldía Santiago de Cali».
54. Y en el informe final del 2 de marzo de 2015 se dejó constancia de «recibo a
satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de los servicios prestados»
con sustento en el siguiente concepto:
«El contratista presenta informe de gestión que contiene los productos finales
de la consultoría en medio magnético e impreso así:
16 Samai, índice 15.
17 Samai, índice 24.
18 Samai, índice 24.
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1. Entregable No. 1. Diagnóstico de cargas laborales. Informe de análisis de
la situación actual y entrega de estudios de cargas de trabajo por
dependencia y diagnóstico de manual de funciones.
2. Entregable No. 2 y 3. Documento que contiene el manual de funciones y
de competencias laborales el cual contempla los perfiles de los empleos
de la planta de personal de la Administración Central Municipal.»
55. Posteriormente, mediante el Acuerdo 0395 del 29 de marzo de 2016 expedido
por el concejo del municipio de Santiago de Cali se facultó al alcalde para que
determinara «la estructura de la administración central, las funciones de sus dependencias
y la escala de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos».
Luego se expidió el Decreto 0255 del 2 de mayo de 2016 «[p]or el cual se conforman
unos comités para la ejecución de la reforma de la estructura de la administración central
municipal de acuerdo con el Acuerdo No. 0395 del 29 de mayo de 2016 y se dictan otras
disposiciones»19. En total fueron 14 subcomités de: estructura básica de apoyo;
administrativo; gestión de la información (2); inspección, vigilancia y control; modelo
de contratación; planeación institucional; tecnologías de la información; servicio al
ciudadano (2); trámites y servicios (2); y prospectivo (2).
56. Por lo anterior, en septiembre de 2016 se presentó el «estudio técnico para
determinar la nueva estructura para la administración central del municipio de Santiago de
Cali, las funciones de sus organismos, su funcionamiento y su gestión institucional», en el
cual se incluyeron ─entre otros─ los siguientes ítems:
56.1. Análisis diagnóstico de las funciones básicas y de estructura de todas las
dependencias de la entidad.
56.2. Análisis de capacidad institucional y de procesos: prestación del servicio y
atención al usuario.
56.3. Diseño de la estructura interna, así como su consolidación a través del análisis
de las dependencias.
56.4. Perfiles y cargas de trabajo que contenía: i) objetivos del levantamiento de
cargas de trabajo; ii) metodología aplicada para el estudio de cargas laborales;
iii) generalidades levantamiento de cargas de trabajo; iv) resultados del
levantamiento de cargas.
56.5. Manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales.
57. Con sustento en lo anterior se concluyó [entre otras cosas] que:
57.1. Se identificó la necesidad de rediseñar institucionalmente la entidad para
19 Samai, índice 24.
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fortalecer la estructura, su planta de personal y mejorar los niveles de atención
al público, así como la desconcentración territorial.
57.2. El proceso de construcción de la nueva estructura contó con la
participación de concejales, «así como los ciudadanos, por medio del portal de la
Alcaldía, donde se recibieron sugerencias, preguntas y comentarios, así mismo
propuestas concretas» y también «[l]a Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle,
Asoconsultores, el Comité Intergremial, la ANDI, el Movimiento Social de Mujeres de
Cali, la organización Sindical Sinempublic, la Sociedad de Mejores Públicas,
Sintrasalud, entre otros».
57.3. La alcaldía requería una planta de personal conformada por 5.313 cargos
que conllevaba la creación de 62. Asimismo, la creación de 6 dependencias
como eran las secretarías de Desarrollo Económico, Turismo, Paz y Cultura
Ciudadana y Gobierno y los departamentos administrativos de Contratación
Pública y Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
58. Obsérvese que, desde el año 2014, la entidad territorial adelantó el proceso
para adecuar la planta de personal a partir de las cargas laborales y funciones de
los empleados de la planta central. Ello, a su vez, permitió adelantar el estudio para
expedir el manual de funciones.
59. Es pertinente señalar que el documento que se presentó en virtud del contrato
de consultoría no tuvo como fin exclusivo establecer el manual de funciones, sino la
reforma de la planta de personal, de ahí que la omisión que se reprochó a la entidad
demandada no se acompase con los postulados normativos que rigen el acto
debatido.
60. Ciertamente, las normas citadas en el escrito introductorio se refieren a las
reformas de la planta de personal, no al manual de funciones. Es así porque las
normas que lo regían, esto es los artículos 2.2.2.6.1 y 2.2.2.6.2 del Decreto 1083 de
2015, se encontraban en el capítulo 6 [manuales específicos de funciones y de
competencias laborales] del título 220, mientras que las invocadas por el solicitante
se encuentran en el del título 12 que regula «las reformas de las plantas de empleos».
61. Sobre el particular, es menester precisar que esta Sección ha señalado que «el
estudio que se requiere para la elaboración o modificación de los manuales de funciones
es diferente del que se exige para las reformas de la planta de personal. En este último
evento, según el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 (modificado por el artículo 227 del
Decreto Ley 19 de 2012)21, el estudio técnico o la justificación de la reforma debe hacerse
20 Funciones y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de
los organismos y entidades del orden nacional.
21 L. 909/2004 art. 46 (mod. DL 19/2012, art. 227): «Reformas de planta de personal. Las reformas
de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional
y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización
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bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela
Superior de Administración Pública, y siguiendo la metodología creada por la primera
entidad mencionada»22.
62. Además, al revisar su contenido, se extrae que sí cumplió con los requisitos
previstos en el artículo 2.2.2.6.2 del Decreto 1083 de 2015, esto es i) identificación
y ubicación del empleo; ii) contenido funcional; iii) conocimientos básicos o
esenciales; y iv) requisitos de formación académica y de experiencia.
63. Ahora, en el Decreto 4112.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, «por el cual se
modifica y adiciona el manual específico de funciones y de competencias laborales de las
distintas denominaciones de empleos adscritos a la planta de personal de la administración
central del municipio de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto No. 411.0.20.0673
de 2016», se consideró y dispuso in extenso lo siguiente:
«[...] Que es facultad del señor Alcalde a través de acto administrativo, efectuar
las modificaciones o adiciones necesarias para actualizar el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales de las distintas denominaciones de
empleo adscritos a la planta global de la Administración Central Municipal de
Santiago de Cali.
Que en aplicación del Decreto 815 de mayo 8 de 2018 [...], de conformidad con
el Artículo 2.2.4.7 Competencias comportamentales comunes a los servidores
públicos y Artículo 2.2.4.8 Competencias comportamentales por nivel jerárquico;
se hace necesario modificar las competencias consignadas en el Decreto
N°411.0.20.0673 del 06 de diciembre de 2016, y sus decretos modificatorios.
Que conforme a reuniones de trabajo llevadas a cabo con el nivel directivo del
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, se evaluó
las propuestas recibidas por diferentes organizaciones sindicales para modificar
el Manual de funciones de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Lo anterior generó que se realizara estudio respecto del requisito de educación
y de experiencia versus estos mismos requisitos exigidos en ciudades capitales,
la Gobernación del Valle y por último en relación a la Nación, esto con el objetivo
de realizar una evaluación comparativa del manual de funciones vigente.
Se trabajó con cuatro factores comparativos (escala salarial, educación,
experiencia y equivalencias), como resultado del análisis realizado, se evidenció
que el manual de funciones vigente es competitivo en relación a condiciones y
requerimientos; se encontraron condiciones muy similares en cuanto a los
de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren,
elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración
de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente
necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal.
Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del
poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública».
22 Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, radicación 11001-03-25-000-2019-00084-
00(0351-19).
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factores estudiados, sólo se halló debilidad en cuanto al requisito de experiencia.
Una vez analizada la propuesta de algunas organizaciones sindicales y las
conclusiones del análisis realizado es viable efectuar modificaciones en lo
relacionado con el requisito de experiencia.
Que con ocasión de la socialización ante las Organizaciones Sindicales llevada
a cabo el 24 de abril de 2018 en el Hotel Granada, respecto de las modificaciones
y adiciones al Decreto 411.0.20.0673 de 2016, se presentaron algunas
solicitudes frente al proyecto de manual de funciones y competencias laborales
ante el nivel directivo del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional; ello originó que se hicieran reuniones de trabajo y
estudios de viabilidad frente a las mismas, lo cual suscitó que las que resultaron
viables se tuvieran en cuenta para su respectiva inclusión en el manual de
funciones.
Que en el Decreto 411.0.20.0673 de 2016, existe una ficha para el empleo de
Asesor código 105 grado 01 de carrera administrativa, la cual es trasversal,
revisado el propósito y funciones de la misma se evidencia que no satisface
todas las necesidades que le asisten al Municipio de Santiago de Cali, en razón
a que el Decreto 0516 de 2016 en observancia del principio de especialización
de la función pública, señala que la gestión de la entidad se encuentra
organizada por sectores administrativos de coordinación al interior de los niveles
de gestión de la administración municipal.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, es procedente modificar la ficha ya
existencia y adicionar fichas con las funciones del empleo denominado Asesor
código 105 grado 01 de carrera administrativa por sectores conforme a temas
estratégicos, misionales y transversales de la entidad.
Que tanto el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, como la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias
y Desastres organizaron y/o actualizaron procesos dentro del modelo de
operación por procesos de la entidad; lo que hace necesario que se modifiquen
o adicionen las fichas de los empleos que desarrollan estos procesos.
Que de acuerdo a solicitud de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión
Documental y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y
Servicios de modificar y adicionar, fichas de los empleos de carrera
administrativa, por razones de asignación de funciones conforme al Decreto
0516 de 2016 y una vez verificado el requerimiento en el Decreto 411.0.20.0673
de 2016, es viable acceder a lo solicitado.
Que la Secretaría de Educación ha realizado la armonización de los procesos
con las reparticiones administrativas creadas en la estructura organizacional,
conforme al artículo 147 del Decreto Extraordinario N. 411020.0516 de 2016, así
mismo, cuenta con el análisis de las cargas de trabajo para cada uno de los
procesos del Nivel Central como de las Instituciones Educativas.
Que conforme a lo antes indicado se modifican las fichas de los empleos
adscritos a la planta global de cargos de la Secretaría de Educación, financiados
con recursos del Sistema General de Participación.
Que dentro del término establecido para presentar aportes debidamente
justificados con ocasión de la publicación realizada del proyecto de modificación
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al manual de funciones, se revisaron y analizaron todas las solicitudes y se
aplicaron las que se encontraron viables según el análisis efectuado por la
entidad.
Que consecuente con la argumentación antes esgrimida y en aras de contar con
un manual específico de funciones que contemple los requerimientos se advierte
la necesidad de adicionar y modificar el Decreto 411.0.20.0673 de Diciembre 06
de 2016 y sus modificatorios.
Que por lo anteriormente expuesto, se
DECRETA
Artículo 1º. Modificar en el Artículo 9º del Decreto 411.0.20.0673 de Diciembre
06 de 2016 y sus modificatorios, en las fichas de funciones de los empleos, el
componente “VI-COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES”, en lo
concerniente a las competencias comunes y por nivel jerárquico para todos los
empleos, las cuales quedaran de la siguiente manera:
[...]
Artículo 2º. Modificar en el Artículo 9º del Decreto 411.0.20.0673 de Diciembre
06 de 2016 y sus modificatorios, en la ficha de funciones de los empleos en el
componente “VII-REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y
EXPERIENCIA”, lo concerniente al requisito de experiencia para todos los
empleos de carrera administrativa, el cual quedará de la siguiente manera:
[...]
Artículo 3º Modificar en el Artículo 9º del Decreto 411.0.20.0673 de Diciembre 06
de 2016, las fichas correspondientes a los empleos denominados Director Local
de Salud código 080 grado 01 perteneciente a la Secretaría de Salud consignado
en las páginas 321-322; Asesor código 105 grado 01 del área funcional Asesoría-
Transversal consignada en las páginas 356 a 358; Profesional Especializado
código 222 grado 06 pertenecientes a la Subsecretaria de Patrimonio, Bibliotecas
e Infraestructura Cultural consignada en la página 375-276: Profesional
Universitario código 219 grados 04 y 02 pertenecientes al Proceso
Administración de Tecnologías de Información y Comunicación consignadas en
las páginas 571-572 y 739-740 respectivamente; Profesional Universitario código
219 grado 04 perteneciente a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión
Documental consignada en la página 523—524: Profesional Universitario código
219 grado 04 perteneciente al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal consignada en las páginas 460-461; Técnico Operativo código 314
grado 03 perteneciente a Secretaría de Movilidad consignada en la página 849-
850: Secretario Ejecutivo código 425 grado 06 consignada en la página 881-882;
Secretario código 440 grado 05 consignada en la página 889-890; las cuales
quedarán así:
[...]
Artículo 4º Adicionar en el Artículo 9º del Decreto No. 411.0.20.0673 de
Diciembre 06 de 20126, las fichas con las funciones diseñadas para el empleo
denominado Asesor código 105 grado 01; Profesional Especializado código 222
grado 06 para la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para el proceso
Servicios Públicos; Profesional Universitario código 219 grados 02 y 04 para el
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proceso Gestión del Riesgo de Desastres; Profesional Universitario código 219
grado 04 para la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental;
Profesional Universitario código 219 grados 04 y 02 para el Proceso
Administración de Tecnologías de Información y Comunicación; Profesional
Universitario código 219 grado 04 para la Secretaría de Educación para el
Proceso Gestión y Desarrollo Humano y Gestión de Seguridad Social Integral;
Técnico Operativo código 314 grado 03 para Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios las cuales quedarán así:
[...]
Artículo 5º Modificar en el Artículo 9º del Decreto No. 411.0.20.0673 de
Diciembre 06 de 2016, las fichas correspondientes a los empleos denominados
Profesional Especializado código 222 grado 06 y Profesional Universitario
Código 219 grado 02 pertenecientes al proceso Planeación Económica y Social
consignadas en las páginas 405-406 y 743-744 respectivamente, eliminando de
los requisitos de formación académica la expresión “Ciencias Sociales y
Humanas” por no corresponder a un núcleo básico del conocimiento.
Artículo 6º Modificar en el Artículo 9º del Decreto No. 411.0.20.0673 de
Diciembre 06 de 2016, las fichas con las funciones de los empleos de la
Secretaría de Educación, financiados con recursos del sistema general de
participación las cuales quedaran de la siguiente manera:
[...]
Artículo 7º El presente Decreto deroga en su totalidad el Decreto
4112.01020.0073 de febrero 1 de 2017.
Artículo 8. El Subdirector de Gestión Estratégica de Talento Humano o quien
haga sus veces, garantizará la difusión del presente acto administrativo a través
de la Intranet y/o demás canales de difusión internos con que cuenta la Alcaldía
de Santiago de Cali.
Artículo 9º Los demás articulados quedan incólumes.
Artículo 10 El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación.»
64. Frente a este acto, el solicitante planteó los mismos argumentos de inexistencia
del estudio técnico e incumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1083
de 2015.
65. El objeto de este decreto se limitó a la modificación y adición del primigenio
─antes examinado─. Al mismo tiempo, las decisiones allí contenidas obedecieron a
la expedición del Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, por el cual se modificó el
Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado «con las competencias laborales generales
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos» y, en concreto, por las
competencias comportamentales previstas en los artículos 2.2.4.7 y 2.2.4.8.
66. Igualmente, dicho acto obedeció a las reuniones de trabajo adelantadas con
diferentes funcionarios de la administración municipal, en las cuales se evaluaron
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las propuestas recibidas por las organizaciones sindicales y se examinaron los
requisitos de educación y experiencia. Al plenario se allegaron 2 que se realizaron
el 8 de marzo y 24 de abril de 2018.
67. En la primera [8 de marzo], el objeto se circunscribió a «[r]ealizar mesa de trabajo
para informar sobre la revisión del proyecto de modificación del manual de funciones
presentado por la Secretaría de Educación Municipal» y participaron: el subsecretario
administrativo y financiero, profesionales universitarios y especializados y la líder
del subproceso de planeación de talento humano.
68. Y, en la segunda [24 de abril], participaron las organizaciones sindicales Andett,
Anepecad, Asagetran, Asotramsolc, Semtraisev, Sinatproc, Sintrazules, Sunet,
Semtrav, Asatt, así como los representantes de la administración municipal, entre
ellos, el subdirector de gestión estratégica del talento humano. En esta oportunidad
se adelantó la socialización de las modificaciones y adiciones al decreto del 6 de
diciembre de 2016.
69. Entonces, tal como se expuso en párrafos anteriores, para la modificación del
manual de funciones no se requería del estudio técnico exigido por los artículos
2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015. Lo que sí se demostró fue
que se adelantó el estudio con el encargado del talento humano, los sindicatos y
representantes de las dependencias, lo cual se acompasa con el artículo 2.2.2.6.1
del mismo cuerpo normativo, según el cual «[c]orresponde a la unidad de personal, o a
la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los estudios para la
elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de
competencias laborales [...]». Nótese que esta norma no incluye el adjetivo «técnico»
echado de menos por el actor y que sí se encuentra en el artículo 2.2.12.2 ibidem.
70. Aunado a lo anterior, es del caso precisar que el acto solo ajustó el manual, sin
que ello comportara la variación de las funciones de las dependencias del municipio
ni su estructura administrativa, por lo tanto, no era necesario el estudio técnico. Así
lo ha considerado esta esta Sección23:
«[...] esta Sala considera que en estos casos, que no comportan la
modificación de las funciones de las dependencias del ente territorial ni su
estructura administrativa, solo resulta necesario realizar un estudio por parte
de la mencionada unidad o la dependencia que haga sus veces, sin que sea
obligatorio seguir las directrices y la metodología que sí deben observar las
reformas de las respectivas plantas de personal, previstas en el artículo 46 de
la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública no remite a dicha normatividad.»
71. Así las cosas, como el municipio de Santiago de Cali agotó el estudio previo
requerido por el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083, ha de concluirse que no se
demostró causal de nulidad alguna que desvirtúe su legalidad. En consecuencia, el
23 Óp. Cit. 22.
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cargo no está llamado a prosperar.
2.4. Sobre los acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil
2.4.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil
72. Para cumplir con sus fines esenciales24, el Estado desarrolla sus funciones a
través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el
ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos25. En atención a la
trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa26.
73. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política
de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar
empleos públicos y la estabilidad en ellos27. La finalidad de la selección de acuerdo
con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los
siguientes términos:
«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más
altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la
Constitución y las leyes han confiado a las entidades del Estado28,
responsabilidades que exigen, para su adecuado cumplimiento, “la aplicación
de criterios de excelencia en la administración pública que posibiliten la
realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el
servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de
los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos
y cada uno de los habitantes del territorio nacional” 29 [...]»30
24 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
25 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
26 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
27 Sentencia C-1230 de 2005.
28 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
29 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
30 Sentencia C-1320 de 2005
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74. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión
Nacional del Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de
la Ley 909 de 200431 así:
«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política,
responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito
en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder
público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará
de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
[…]»
75. Las funciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la
Ley 909 en mención y son, entre otras, (i) establecer los lineamientos generales con
que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de
carrera administrativa; y (ii) elaborar las convocatorias a concurso para el
desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con la ley y el reglamento.
2.4.2. Caso concreto
76. El actor consideró que (i) mediante el Acuerdo CNSC – 2017000000256 del 28
de noviembre de 2017 se adelantó el concurso de méritos con sustento en el
Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 que no cumplía con los requisitos
legales; y (ii) se realizaron 2 modificaciones a las reglas del concurso después de la
apertura de la etapa de inscripciones, ello, para adecuar la OPEC a las
modificaciones del manual de funciones adoptadas con el Decreto 4112.010.20-
0271 del 1 de junio de 2018.
77. Respecto del primer argumento, basta señalar que la Sala no encontró
argumento alguno que permitiera inferir que el manual de funciones adoptado el 6
de diciembre de 2016 no cumplió con los requisitos legales, de manera que el
acuerdo que estableció la convocatoria del concurso de méritos 437 de 2017 ─por
esa razón─ se ajustó a la legalidad.
31 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
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78. Además, es necesario precisar que el manual de funciones y competencias
laborales es un acto autónomo e independiente del acuerdo por el cual se expidió
la convocatoria al concurso de méritos, por lo tanto, aun si se encontrara alguna
irregularidad en el contenido de aquel, lo cierto es que no enervaría
automáticamente la legalidad de esta.
79. En efecto, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación concluyó
que ambos instrumentos no integran un acto complejo. Ello en atención a que las
decisiones en mención no guardan una relación de interdependencia ni cumplen
con las características de unidad de finalidad u objeto y contenido32. Sobre el punto,
la providencia explicó:
«[…] en cuanto a la carencia de unidad de contenido, finalidad u objeto, se pone
de presente que, por un lado, el manual específico de funciones y competencias
laborales de una entidad es una herramienta de gestión del empleo que
establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que
compone la planta de personal de esta, al igual que las exigencias para su
desempeño, las cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros
factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocupar un
determinado empleo33. En ese sentido, no obstante que estos manuales son de
suma relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir
de ellos se estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota
allí, pues estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de
los empleos y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier
empleado público, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución34.
Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que
garanticen la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para
ocupar los cargos vacantes de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo
resulta influida por el contenido de los manuales de funciones a través de la
OPEC, aborda otros temas que la diferencian de dichos actos administrativos y
que son propios de la regulación de un concurso abierto de méritos, como son la
inscripción, las pruebas del certamen y las reclamaciones y recursos que se
pueden presentar en él […]
80. En cuanto al segundo argumento relacionado con las modificaciones de las
reglas del concurso de méritos después de iniciada la etapa de inscripciones el
artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 estableció:
«Artículo 2.2.6.4 Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2013, radicado:
11001032500020210020900 (1324-2021), demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros.
33 La providencia citó: «Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 11001-03-25-000-2020-00724-00
(2125-2020)»
34 La providencia citó: «CP, art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas
en ley o reglamento […]”».
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cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá
ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto
al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas,
por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no
podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria.»
81.Ciertamente, esta norma fue tenida en cuenta en el artículo 12 del Acuerdo
CNSC – 2017100000256 del 28 de noviembre de 2017, «[p]or el cual se establecen
las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, “Proceso de Selección No. 437 de 2017
– Valle del Cauca»:
«Artículo 12º. Modificación del proceso de selección. Antes de dar inicio a la
etapa de inscripciones, el Proceso de Selección podrá ser modificada o
complementada, de oficio o a solicitud de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE
CALI, debidamente justificada, aspecto que será supervisado por la CNSC y
oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o
enlace SIMO.
Iniciada la etapa de inscripciones, el Proceso de Selección solo podrá
modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y
aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán
anticiparse a las previstas inicialmente.
[...]»
82. Después se expidió el Acuerdo CNSC – 2018100001166 del 15 de junio de
2018, en el cual se modificaron los artículos 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 39 y 41 del
anterior por lo siguiente:
«Con posterioridad a la expedición de dichos Acuerdos, la ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI realizó modificación a la Oferta Pública de empleos de
Carrera – OPEC, inicialmente reportada a la CNSC, presentándose una
variación tanto en el número de empleos como en el número de vacantes, así:
[...].
83. Para resolver el cargo de nulidad planteado en la demanda, basta señalar que
el Decreto 4114.010.20.0271 que modificó el manual de funciones se expidió el 1
de junio de 2018 y el acuerdo modificatorio el 15 de junio de 2018, es decir, antes
de la etapa de inscripciones, pues según el Oficio 2023RS058622 del 2 de mayo de
2023 suscrito por el asesor de procesos de selección de la CNSC estas iniciaron el
16 de julio de 2018 y finalizaron el 28 de septiembre de 2018.
84.Respecto del Acuerdo CNSC – 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018,
no encuentra la Sala ninguna modificación a la convocatoria, pues se limitó a
compilar los dos actos anteriores. En consecuencia, este cargo tampoco está
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llamado a prosperar.
85. Por último, es del caso señalar que, en sentencias del 28 de julio de 2022 y 14
de mayo de 2025, la Subsección A de esta Sección se pronunció sobre la legalidad
del Decreto 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y el Acuerdo CNSC –
2017000000256 del 28 de noviembre de 2017; sin embargo, se resolvieron cargos
distintos de los aquí planteados35; obsérvese:
Sentencia del 28 de julio de 202236 Sentencia del 14 de mayo de 202537
Acto demandado: Acuerdo CNSC – Actos demandados: Decreto
2017000000256 del 28 de noviembre de 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016
2017. y Acuerdo CNSC 20171000000256 del 28
de noviembre de 2017.
Normas violadas: artículos 1, 6, 121, 123 y
287.2 de la Constitución Política; 11 y 31 de Normas violadas: artículos 2, 3, 4, 6, 13,
la Ley 909 de 2004; 229 del Decreto 019 de 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125,
2012; 7 y 13 del Decreto 1227 de 2005; y 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015. Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la
Ley 909 de 2004; 2.2.6.34 del Decreto
Concepto de la violación: 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3
del Decreto 051 de 2018; 2 de la Ley 1960
Quebrantamiento del principio de 2019; 4 del Decreto 498 de 2020; 137,
constitucional de legalidad por falta de 149 y 162 de la Ley 1437 de 2011.
competencia en la expedición del acto.
Concepto de la violación:
El acuerdo no incorporó en su contenido
la Oferta Pública de Empleos de Carrera Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre
(OPEC) de la Alcaldía de Cali y esta de 2016:
tampoco fue publicada el 15 de enero de
2018 cuando se difundió́ la información de la Se omitió realizar la consulta,
convocatoria en la página web de la CNSC implementación y socialización que
ni del SIMO. ordena la ley, circunstancia que impidió la
participación de la ciudadanía.
Incumplimiento de lo dispuesto en el
literal c del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 No se tuvieron en cuenta las
y en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, competencias del empleo, formación
porque el Acuerdo demandado no tiene el académica, experiencia, el número de
contenido mínimo previsto en el referido cargos ofertados, y no fue realizado por
artículo 13, que reglamentó el literal c del una entidad idónea.
artículo 11 de la Ley 909 de 2004.
35 Esta precisión se hace en razón a que el artículo 189 del CPACA prevé que «[l]a sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada». Además, esta Subsección ha considerado que: «cuando se trate de
sentencias en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la
causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de la decisión
se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la
resuelta en la sentencia que negó la pretensión nugatoria» (sentencia del 27 de julio de 2023,
radicación 1001-03-25-000-2018-01547-00 (5055-2018).
36 Radicación 11001-03-25-000-2018-00373-00 (1397-2018), 11001-03-25-000-2018-00323-00
(1347-2018), 11001-03-25-000-2018-00483-00 (1854-2018), 11001-03-25-000-2018-00491-00
(1862-2018).
37 Radicación 11001-03-25-000-2023-00053-00 (0888-2023).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)
Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez
Se presentaron inconsistencias
Contravención del artículo 7° del Decreto presupuestales, en especial, en el rubro
1227 de 2005, modificado por el artículo 1 asignado para el pago de la convocatoria.
del Decreto 1984 de 2012, y del artículo
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 que fue En la aplicación de las pruebas escritas
modificado y adicionado por el Decreto 648 las preguntas no siguieron normas
de 2017. Esto lo explicaron en que la convencionales, formales, semánticas y
Convocatoria 437 de 2017 de la CNSC para gramaticales del español.
los municipios del Valle del Cauca, incluido
Cali, en la práctica representaba un No se cumplió con los requisitos
«concurso público de méritos generales» mínimos exigidos por el artículo 2 de la
con agrupación de entidades, y no un Ley 1960 de 2019.
proceso de selección específico para la
entidad y los cargos respectivos. A pesar de que el Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 1754 de
Violación del artículo 229 del decreto Ley 2020 no se garantizó el principio del
19 de 2012 porque el acto administrativo mérito en la función pública porque los
demandado, en su artículo 17, dispuso que aspirantes no estaban en óptimas
si el aspirante obtuvo su título profesional en condiciones para continuar el certamen.
una fecha posterior a la entrada en vigor de La convocatoria permitió un despido
la Ley 842 de 2003, su experiencia se masivo laboral, sin que se cumpliera con
empezaría a contar a partir de la expedición los requisitos legales.
de la matrícula profesional.
Decisión: «NEGAR las pretensiones de
Decisión: «Denegar la pretensión de nulidad la demanda de nulidad presentada a
del Acuerdo CNSC 20171000000256 del 28 través de apoderada por la señora
de noviembre de 2017 contenida en las Gloria Patricia González Silva y otros en
demandas objeto de este medio de control, contra de la Comisión Nacional del
por las razones expuestas en la parte motiva Servicio Civil y el Distrito Especial de
de esta decisión. Santiago de Cali».
2.5. Conclusión
86. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala negará las pretensiones de
la demanda, pues los decretos expedidos por el municipio de Santiago de Cali
cumplieron con el estudio previo exigido por el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083
de 2015 para expedir y modificar el manual de funciones. Asimismo, los acuerdos
expedidos por la CNSC se ajustaron al ordenamiento jurídico, en tanto la
modificación a la convocatoria se decidió antes de que se iniciara la etapa de
inscripciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de nulidad de los decretos 41.0.20.0673 del 6 de
diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 y de los acuerdos
CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC 2018000001166 del
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28
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)
Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez
15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018
formuladas por Dinectry Andrés Aranda Jiménez contra el municipio de Santiago de
Cali y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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