Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00645-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00645-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00645-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-25-000-2017-00645-00 (3101-2017)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Accionado : Margarita del Carmen Lara de Reyes
Trámite : Acción especial de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2011,
por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Causal regulada
en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
de 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de
Decisión Cuarta, mediante la cual modificó parcialmente el fallo del 27 de agosto de 2009,
dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, respecto de la
orden de liquidación del factor salarial “bonificación por servicios”, en el 100% de lo
devengado por ese concepto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de acción especial de revisión
La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende la revocatoria de las sentencias del 27 de agosto de 2009
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo y su
modificatoria del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
que ordenó liquidar la pensión de vejez incluyendo el 100% de la bonificación por
servicios y que en su lugar, se declare que existió falta de legitimación en la causa, pues
CAJANAL EICE en liquidación, no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de
1
En adelante UGPP.
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la demanda por no ser destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudan para
la seguridad social en salud.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora Margarita del Carmen
Lara de Reyes nació el 18 de mayo de 1944; adquirió su estatus de pensionada el 18 de
mayo de 1994 y el último cargo desempeñado fue el de escribiente en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Cerinza, Boyacá.
Expresa que, a través de la Resolución No. 020928 del 20 de septiembre de 2000, se le
reconoció la pensión de vejez aplicando el 75% del promedio devengado en los últimos
5 años y 2 meses, en cuantía de $ 648.012,75, efectiva a partir del 1 de junio de 1999,
condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.
Agregó que, contra aquel acto administrativo se interpuso recurso de apelación resuelto
en Resolución No. 05908 del 7 de diciembre de 2001, que confirmó la decisión impugnada
al estimar que la prestación fue reconocida conforme a lo señalado en el Decreto 1158
de 1994.
Precisa que, mediante Resolución 21001 del 7 de octubre de 2004, la extinta Cajanal
reliquidó la pensión por retiro definitivo del servicio oficial con el 75% del promedio
devengado entre el 1 de abril de 1994 hasta el 30 de enero de 2003 conforme lo previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 elevando la cuantía a la suma de $ 891.784.25,
efectiva a partir de 1 de febrero de 2003.
Expone que mediante Resolución 21255 del 16 de mayo de 2008, Cajanal negó la
reliquidación de la pensión de vejez por encontrarse amparada bajo la égida del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Lay 100 de 1993 y al considerar que el monto
reconocido era ajustado a derecho.
Señala que, previo agotamiento del procedimiento administrativo, la señora Margarita del
Carmen Lara de Reyes promovió medio de control de nulidad y restablecimiento al que
le correspondió el radicado 15693-33-31-001-2007-00334-00 y mediante sentencia de
segunda instancia de 27 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
modificó el fallo de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Santa Rosa de Viterbo del 27 de agosto de 2009, y ordenó reliquidar la pensión de vejez
2
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de la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes, incluyendo el 100% del valor de la
bonificación por servicios.
Argumenta que, en Resolución UGM 015614 del 28 de octubre de 2011, dio cumplimiento
del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 9 de marzo de 2011, el
cual ordenó la reliquidación de la pensión incluyendo el 100% de la bonificación por
servicios elevando la cuantía a la suma de $ 1.389.113, efectiva a partir del 1 de febrero
de 2003.
1.2 Sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 9 de marzo de 2011, la cual
modificó el fallo del 27 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, en lo referente al factor salarial denominado
bonificación por servicios reconocido en una doceava parte y en su lugar dispuso «[…] la
reliquidación de la pensión de la actora considerando el factor de la bonificación por servicios en totalidad,
es decir, en el 100% del valor devengado por dicho concepto».
Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal sostuvo que «Además, por su naturaleza
misma se deduce que fue creada como contraprestación al servicio como su nombre lo indica, pese a que
no se devenga mes a mes, por ello no es plausible tomarla como una prestación social, pues, no ampara
contingencia alguna y no tiene naturaleza asistencial. Este factor constituye una retribución por los servicios
prestados, adicionada con el requisito de cumplir un año al servicio de la entidad, sin el cual no es posible
exigirla.». Así mismo precisó: «Entonces, como la actora devengó la bonificación por servicios
prestados en el último año en que prestó sus servicios a la entidad y adquirió el derecho a pensionarse,
debe computarse en su totalidad, tal y como se señaló anteriormente.»
1.3 Causales de revisión invocadas
La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Aduce que la sentencia cuya revisión solicita se obtuvo con vulneración al debido proceso
al estimar que existía una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la
3
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entidad Cajanal hoy UGPP, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
formulada por la señora Margarita del Carmen Lara Reyes, por no ser esta la entidad
llamada a reconocer las pretensiones de la demanda, pues no es destinataria de los
fondos que recaudan para la seguridad social.
Asimismo, indicó que, en la providencia en cuestión, ordenó la reliquidación al 100% de
la bonificación por servicios como factor salarial para liquidar la pensión de vejez, lo cual
excede lo debido de acuerdo con la ley.
1.4 Contestación de la demanda de revisión
El auto admisorio de la acción quedó notificado personalmente a la señora Margarita del
Carmen Lara de Reyes el 29 de enero de 2024, quien mediante mandataria judicial se
pronunció respecto de la acción oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones,
señalando que, si bien la entidad accionante alega la violación al debido proceso, no
expuso argumento de la supuesta transgresión de este derecho.
Adicionalmente manifestó que los fallos censurados fueron proferidos en atención al
criterio vigente en esta Corporación, respecto de las pensiones de empleados de la Rama
Judicial y del Ministerio Público, en el que los beneficiarios del Régimen de Transición de
la Ley 100 de 1993 son remitidos al régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971
que dispone que el ingreso base a liquidar la prestación lo constituye la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicios con el 100% de la bonificación
por servicios; por lo tanto, estima que el monto reliquidado en favor de la señora Lara de
Reyes es un monto racional y que no excede la cuantía legal ni genera detrimento en el
erario.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA2 y 20 de la Ley 797 de 20033, en concordancia con lo
2
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
3
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
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previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 20194.
2.2 Oportunidad
La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, aunque la sentencia
revisada cobró ejecutoria el 31 de marzo de 20115 y la demanda fue presentada el 25 de
julio de 20176, conforme a las reglas de unificación adoptadas por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-427 de 2016, el término de 5 años establecido en el artículo 251 del
CPACA «[…] no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013».
2.3 Problema jurídico
Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 9 de marzo de
2011, emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, está incursa en la causal de
revisión consagrada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada violó el debido proceso o excedió
lo preceptuado por la ley.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
4
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Información extraída del edicto de notificación de la sentencia de segunda instancia, visible en el folio 470 del expediente digitalizado
de nulidad y restablecimiento No. 1569331330022007033400 remitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa
Rosa de Viterbo, obrante en el índice 00049 de Samai.
6
Folio 231 reverso del expediente físico.
5
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material7 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 8.
Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios9.
Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
7
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
6
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que el trámite10 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 11, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 12», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción especial13.
2.4.2 Alcance de la bonificación por servicios como factor integrante del ingreso
base de liquidación de las pensiones de que trata el Decreto 546 de 1971.
El Decreto 546 de 27 de marzo de 1971 en el artículo 6, estableció los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de jubilación en los siguientes términos:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de
servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de
los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o
ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las
actividades citadas.»
Por otro lado, el Decreto Ley 717 de 1978 en el artículo 12, dispuso otros factores que
constituyen salario, posteriormente, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 de 1978,
el cual determinó:
«ARTÍCULO 4. El artículo 12 del Decreto-ley 717 de 1978 quedará así:
“ARTÍCULO 12. De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada
por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
10
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
12
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
7
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c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de
comisiones de servicio.»
En consideración a lo anterior, se establece los factores que constituyen salario como
toda retribución o sumas habituales que periódicamente reciba el empleado o funcionario
por la contraprestación de sus servicios, los cuales deben ser considerados como base
de la liquidación pensional.
Luego, el presidente de la República mediante Decreto 1042 de 7 de junio de 1979, en el
artículo 45 de esta disposición, creo la bonificación por servicios para los empleados
públicos del orden nacional, en la cual destacó:
«ARTÍCULO 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de este
Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere
el artículo 1º. Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase
de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado
en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación,
siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva
posesión no transcurrieren más de quince días hábiles. La bonificación de que trata el
presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.»
Después, la mencionada bonificación por servicios fue extendida para los servidores de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar mediante el Decreto 247 del 4 de febrero
de 1997 y en el artículo 1 dispuso:
«ARTÍCULO 1º. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación,
Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura
y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismo términos
establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas
que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1o de enero de 1997.
La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar
la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantía
8
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y pensiones.»
Al respecto, sobre la Bonificación de Servicios Prestados para efectos de tenerse en
cuenta como base de liquidación de la pensión para los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, está Subsección mediante sentencia del 29 de junio de 200614 señaló que
este emolumento debe reconocerse tan solo en una doceava parte, para efectos de la
liquidación pensional de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, en el cual destaca:
«El Decreto 247 de 1997, (en el art. 1º), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero de
1997, norma que prima para la institución por ser especial para ella; así, para diciembre 31
de ese año y los siguientes, será exigible para quienes venían laborando antes de esa fecha
y cumplieron su requisito de servicio. Se agrega que para el personal vinculado con
posterioridad a enero 1º de un determinado año, después de enero 1º de 1997, la fecha de
adquisición del derecho anual dependerá de la fecha de su posesión y el servicio prestado.
Esta prima es computable para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por
ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la
liquidación pensional.»
Siguiendo el anterior criterio, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación mediante sentencia del 8 de febrero de 200715, dispuso:
«Ahora bien y en relación con la inclusión de la bonificación como factor salarial para reliquidar
la pensión de vejez reconocida, en cuanto señala la parte actora que debe tenerse en cuenta
en el 100% del valor certificado y no en la doceava parte como lo viene haciendo Cajanal,
dirá la Sala que la bonificación por servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado
cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Por lo tanto, ese
derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicios.
En esas condiciones, la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de
la pensión debe hacerse en 1/12 parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago
se hace de manera anual cada vez que el empleado cumple un año de servicios. Por lo tanto,
el cálculo realizado por Cajanal tomando en cuenta la 1/12 parte de la bonificación por
servicios, es correcta.»
Ahora bien, la Subsección A de esta Corporación en sentencia de 28 de junio de 2018 16,
conoció de una acción especial de revisión, donde se discutía una decisión judicial que
había reconocido la bonificación de servicios al 100%, en ella, precisó:
«La anterior precisión fue necesaria debido a que al momento de realizar la liquidación
pensional, se generó el interrogante orientado a establecer si ese factor se debía incluir en su
totalidad, es decir, en el 100% del valor reconocido o tan solo en una doceava parte de este,
14
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2006, radicación: 15001-23-31-000-2000-
02396-01 (7559-05), demandante: Sara Julia Camacho Pineda.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2007, radicación: 25000-23-25-000-2003-
06486-01(1306-06), demandante: Gema Neila Acevedo González.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de junio de 2018, radicación: 11001-03-25-000-2013-
01128-00(2665-13) REV, demandante: Cajanal.
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Accionante: UGPP
Accionado: Margarita del Carmen Lara de Reyes
teniendo en consideración que la prestación se debía reconocer con base en la asignación
mensual más elevada recibida por el servidor durante el último año de servicio; no obstante,
tal cuestionamiento, desde sus inicios, fue decidido jurisprudencialmente en el sentido antes
descrito, el cual ha sido pacífico y reiterado, tanto por la Corte Constitucional como por el
Consejo de Estado y de él se puede concluir, en últimas, que el monto total reconocido por
ese concepto no remunera una mensualidad sino un año, es decir, doce meses de servicio, y
ello justifica que su inclusión dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971, tan solo sea en una doceava parte.
Así las cosas, como la bonificación por servicios prestados se debe reconocer tan solo en una
doceava parte y no en el 100% del monto reconocido por ella, la Sala concluye que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander sí está incursa en la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues al ordenar la
inclusión de ese factor en un 100% y no en una doceava parte dentro de la pensión reconocida
a favor del señor Hernán Enrique Zambrano Soler, se dio lugar a que la Caja Nacional de
Previsión Social esté pagando una mesada pensional superior a la determinada por la ley.»
Siguiendo esa misma línea jurisprudencial, en sentencia del 10 de diciembre de 2020, la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación17, señaló:
«Visto como está que la bonificación por servicios se debe tomar en una doceava para efectos
de establecer el ingreso base de liquidación de las personas que tienen derecho a
pensionarse en los términos del Decreto 546 de 1971, por estar cobijadas por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, al verificar lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Nariño en la sentencia del 24 de septiembre de 2010, se observa que consideró que la
inclusión de dicho emolumento debía corresponder al 100%, con fundamento en el siguiente
razonamiento:
«[…] Es del caso advertir que en dos pronunciamientos diferentes, el uno anterior a la decisión
comentada, esto es del 23 de marzo de 2006 y el otro posterior, del 7 de junio de 2007 el
Consejo de Estado sin hacer un análisis concreto de la bonificación por servicios prestados,
confirmó las decisiones de primera instancia del Tribunal Administrativo de Caldas en los que
se reconoció la totalidad de la bonificación por servicios prestados por efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación de unos ex servidores judiciales.
En esas condiciones si bien se observó una tendencia inicial en el Consejo de Estado por no
reconocer el 100% de la bonificación, en las dos providencias antes mencionadas da un giro
en sentido contrario. Siendo la providencia más reciente la de 2007, en la que se acepta tal
situación, habrá que estarse a la misma en respeto de un precedente vertical que se viene
forjando y que es atendido, en otros tribunales del país. […]»
Claramente, la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó que para la liquidación de la
pensión del señor Nel Hernán Ortiz Lozano se tuviera en cuenta la bonificación por servicios
en un 100% y no en una doceava, que es el criterio que ha sido adoptado por la jurisprudencia
de lo contencioso administrativo, con lo cual es plausible concluir que se configura la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.»
Conforme a lo anterior, para la Sala de Decisión la inclusión de la bonificación por
servicios prestados para el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
virtud del Decreto 546 de 1971, por ser un emolumento que se causa por cada año de
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2013-
00116-01-00(2665-13) REV, demandante: Cajanal.
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servicio, debe ser fraccionado en una doceava parte si se devengó en el periodo de
liquidación de la pensión.
2.5 Caso concreto
Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se infirme la sentencia proferida
el 9 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15693-31-33-002-2007-00334-01 y,
en su lugar, se confirme la de primera instancia dictada en ese proceso, por cuanto
contraviene la interpretación que ha realizado el Consejo de Estado, al reconocer la
bonificación de servicios prestados debe reconocerse en una doceava parte para el
cálculo de la pensión.
En ese sentido, está demostrado en el expediente que, la sentencia del 9 de marzo de
2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá modificó el fallo del 27 de agosto
de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de
Viterbo que accedió las pretensiones y en su lugar dispuso reliquidar «[…] la pensión de la
actora considerando el factor de la bonificación por servicios en su totalidad, es decir, en el 100% del valor
de la bonificación por servicios».
La entidad demandante formuló dos reproches con sustento en las causales que justifican
la acción especial de revisión.
• El primer reparo lo funda en el literal a del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al estimar
que el reconocimiento prestacional conferido a Margarita del Carmen Lara de Reyes se
hizo con violación del debido proceso comoquiera que la entonces Cajanal no tenía
legitimación en la causa por pasiva para asistir como entidad demandada en ese trámite:
«habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la
Seguridad Social en Salud».
Con el fin de resolver ese tema de impugnación, resulta oportuno precisar que, en lo
concerniente al instituto de legitimación en la causa por pasiva, esta Corporación ha
discurrido así18:
18
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 4 de julio de 2024. Radicación: 11001-03-25-000-2017-00243-
00 (1280-2017).
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«Al respecto, la legitimación en la causa por el lado pasivo es la identidad del demandado con
quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho. La legitimación es, por lo tanto, un
presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado 19.
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que esta figura procesal puede ser
analizada tanto desde una perspectiva formal como material o sustancial. La primera arista
«es entendida como la relación procesal que se establece entre el demandante y el
demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, es una relación jurídica nacida
de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación de esta al demandado» 20.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas
en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas
personas hayan demandado o que hayan sido demandadas.»
Descendiendo al sub lite, se tiene que con Resolución 020928 del 20 de septiembre de
2000,21 Cajanal reconoció una pensión de vejez a la señora Lara de Reyes con el 75%
del promedio de lo devengado en los diez (10) últimos años de servicio y los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Inconforme con el cómputo de la prestación, la señora ciudadana demandada promovió
acción de nulidad y restablecimiento del derecho22 a la que le correspondió el radicado
15693-31-33-002-2007-00334-01, para que se ordenara a Cajanal reajustar la prestación
con inclusión de todos los factores de salario devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico de pensionada, de acuerdo con el Decreto 546 de 1971.
Por tanto, es evidente que en dicho proceso Cajanal tenía la legitimación en la causa por
pasiva pues, desde el punto de vista formal, las pretensiones de la demandante en dicho
trámite fueron formuladas en su contra; y, desde el punto de vista material, era la entidad
competente para reconocer la pensión de jubilación de la señora Lara de Reyes y por tal
motivo expidió el acto administrativo acusado.
En consecuencia, no resulta cierto que Cajanal no tuviera legitimación en la causa por
pasiva dentro del expediente 15693-31-33-002-2007-00334-01, comoquiera que es claro
que, al emitir el acto administrativo acusado y fungir como administradora de la pensión
de la señora Margarita del Carmen Lara Reyes, estaba llamada a resistir las pretensiones
formuladas en esa ocasión, sin que sea óbice para ello que no fuera «destinataria ni
depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la Seguridad Social en Salud» , asunto que,
además, no hizo parte de la proposición jurídica contenida en la demanda ni del texto de
19
Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación: 05001-23-26 000- 1994-00928-01(18279).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de marzo de 2010. Radicación 05001-23-31-000- 2000-02571-01 (1275-
08).
21
Folio 38 vuelto al 40 del expediente físico
22
Conforme al artículo 85 del CCA.
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la sentencia.
Como resultado de lo anterior, la Sala concluye que el cargo de revisión formulado por la
UGPP, relativo a la violación al debido proceso sobre la legitimación en causa de Cajanal
en el proceso 15693-31-33-002-2007-00334-01, no cuenta con vocación de prosperidad.
• El segundo reproche lo formula con sustento en la causal contenida en el literal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido en vista que se tuvo como relevante el 100% de la bonificación por
servicios prestados y no la doceava parte.
Siguiendo la línea jurisprudencial expuesta ut supra, resulta evidente que la pensión
concedida a la ciudadana demandada tuvo como relevante un factor salarial, la
bonificación por servicios prestados, en un monto o quantum inapropiado.
En esa dirección, para esta Subsección es claro que la bonificación por servicios no
puede ser reconocida en un monto equivalente al 100%, sino que se debe tomar en una
doceava para efectos de establecer el ingreso base de liquidación de las personas que
tienen derecho a pensionarse en los términos del Decreto 546 de 1971, por estar
cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así las cosas, se concluye
que en este caso se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
En conclusión, debe infirmarse parcialmente la sentencia proferida el 9 de marzo de 2011
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual modificó parcialmente el
fallo del 27 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Santa Rosa de Viterbo que accedió a las pretensiones y en su lugar dispuso la orden
de reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Margarita del Carmen Lara
Reyes, en cuanto dispuso tener en cuenta la bonificación de servicios en un 100%, por
lo tanto, se emitirá sentencia de reemplazo.
Surge de lo expuesto que al infirmarse parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, se procederá a emitir la sentencia de reemplazo, conforme a
lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del CPACA, en el que se dispuso que si el
competente encuentra fundada la causal «del literal b) el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde».
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III. SENTENCIA DE REEMPLAZO
1. Problema jurídico.
Para resolver el problema jurídico planteado con el recurso de apelación formulado por
la accionante se procederá al estudio de los hechos probados:
2.1. Hechos probados.
Por medio de la Resolución 21001 del 7 de octubre de 2004, la Caja Nacional de
Previsión Social, reliquidó la pensión de la demandante con base en el 75% de lo
devengado entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de enero de 2003, incluyendo las
asignaciones básicas, primas de antigüedad, sobresueldos del veinticinco (25) % y las
doceavas partes de la bonificación por servicios prestados.
El Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, el 27 de julio de 2009
declaró la nulidad del citado acto administrativo, así como del ficto surgido por la no
contestación de la petición formulada el 30 de enero de 2007, y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a Cajanal el reajuste de la prestación periódica
devengada por la ciudadana demandada, «…teniendo en cuenta el 75% del salario más alto
devengado en el momento en que se retiró definitivamente del servicio, pues solo de esta manera se logra
restablecer el derecho de la accionante a obtener una mesada pensional real, con fundamento en lo
preceptuado por el articulo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 Decretos 717, articulo 12, 911 y 1042 de 1978.».
Precisamente, frente a los factores salariales relevantes en la reliquidación ordenada, el
Juzgado expresó en cuanto a la bonificación por prestación de servicios lo siguiente:
«…Atendiendo la jurisprudencia antes transcrita, se concluye que se debe tener en cuenta a la actora
como factor salarial, la bonificación por servicios, empero en una doceava parte de su valor, toda vez que
al igual que las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, se pagan una vez por año y no
mensualmente, razón por la cual no se tendrá en cuenta esta petición».
La demandante apela la sentencia para que se tenga en cuenta el monto o quantum de
la bonificación por servicios prestados en un cien (100) por ciento y no en una doceava
parte.
2.2. Caso concreto.
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Conforme a lo expuesto, la Resolución 21001 del 7 de octubre de 2004, reliquidó la
pensión con base en el 75% de lo devengado entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de
enero de 2003, incluyendo, entre otros factores salariales, la bonificación por servicios
prestados en una doceava parte; es decir, en dicho acto administrativo que se ajustó al
criterio jurisprudencial de esta Corporación anteriormente referido, además, el citado
emolumento se causa anualmente y debe ser fraccionado para su inclusión en la pensión,
pues no puede exceder a la remuneración que percibía cuando prestaba sus servicios.
En ese sentido, no le asiste la razón al recurrente considerar que la reliquidación de la
pensión ordenada por el Juzgado Segundo Administrativo de Viterbo debía tener como
relevante el cien (100) % de la bonificación por servicios prestados, y si bien se configuró
el silencio administrativo negativo por la no contestación de la petición del 30 de enero
de 2007, no hay lugar a declarar la nulidad de este por este motivo, por cuanto, el cálculo
realizado por la entidad en la precitada Resolución 21001 del 7 de octubre de 2004, se
reitera, se ajustó al ordenamiento jurídico y a la interpretación dada por el Consejo de
Estado, sobre el monto en que debe ser incluido ese factor en la liquidación de su pensión
de la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes, esto es, una doceava parte.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que se configura la causal b), del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en tal sentido, se infirmará parcialmente la sentencia
del 9 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para en su
lugar, confirmar la sentencia del 27 de agosto de 2009, del Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, que accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Condena en costas
La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.
III. DECISION
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 9 de marzo de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso con radicado 15693-33-31-001-
2007-00334-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 9 de marzo de 2011, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se dispone:
CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 2009 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Rosa de Viterbo
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal y háganse
las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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