Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00774-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00774-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00774-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Alfredo Gómez Quintero
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
ajuste mesada pensional – ejecución Sentencia C-258 de 2013
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
______________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia
proferida el 12 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del Oficio UGPP 20139901903291 de
15 de julio de 2013, a través del cual se dispuso el reajuste automático de la pensión
reconocida al señor Alfredo Gómez Quintero en cumplimiento de la Sentencia C - 258
de 2013.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), mediante apoderado, solicitó la revisión de
la sentencia proferida el 12 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-030-2014-00098-01
que revocó la decisión de 24 de febrero de 2015 expedida por el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito de Bogotá.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) declarar que a la pensión de vejez del
señor Alfredo Gómez Quintero, se le deben aplicar los topes máximos legales de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo consideró la Corte
Constitucional en sentencia C – 258 de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 y en el Acto Legislativo 01 de 2005; y ii) condenar al
señor Alfredo Gómez Quintero a reintegrar a la UGPP los valores pagados o que se
llegaren a pagar por concepto de sumas superiores a los 25 SMLMV de la pensión de
vejez reconocida con la respectiva actualización o indexación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El señor Alfredo Gómez Quintero, nació el 29 de febrero de 1952 y prestó sus
servicios para la Rama Judicial entre el 1.º de febrero de 1978 y el 29 de septiembre de
2011 como juez promiscuo municipal de Gambita (Santander), juez penal municipal de
Suaita (Santander), juez quinto superior del Socorro (Santander), magistrado del
Tribunal Superior de Bucaramanga y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal.
ii) El señor Gómez Quintero es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, adquirió su estatus jurídico de pensionado el 1.º de marzo de 2007
y la fecha de retiro del servicio oficial fue el 30 de septiembre de 2011.
iii) Mediante Resolución 18654 de 9 de mayo de 2009, la Caja Nacional de Previsión
(CAJANAL) reconoció una pensión de vejez al señor Alfredo Gómez Quintero, en cuantía
de $ 11.464.468,16 efectiva a partir del 1.º de enero de 2009, con el 75 % del promedio
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
de lo devengado sobre el salario de 10 años conforme a lo establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1158
de 1994. Esta decisión fue confirmada el 20 de octubre de 2010, por Resolución PAP
020429.
iv) A través de la Resolución UGM 004515 de 17 de agosto de 2011, CAJANAL reliquidó
la pensión de vejez del señor Gómez Quintero, con el promedio de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios, con lo que elevó la
cuantía de la misma a la suma de $ 18.317.601, conforme al Decreto 546 de 1971 y la
Circular 054 de 2010, efectiva a partir del 1.º de julio de 2011.
v) Mediante Oficio 20139901903291 de 15 de julio de 2013, la UGPP comunicó al señor
Alfredo Gómez Quintero la disminución automática de la mesada pensional al tope de
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1.º de julio de 2013, en
cumplimiento de la Sentencia C - 258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.
vi) Inconforme con la decisión, el señor Gómez Quintero, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP. El
conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia al Juzgado Treinta
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá que mediante sentencia de 24 de febrero de
2015, denegó las súplicas de la demanda. No obstante, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D profirió sentencia el 12 de junio de
2015, por la cual revocó la decisión apelada.
vii) Mediante Resolución RDP 025602 de 12 de julio de 2016, la UGPP objetó la legalidad
del fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, en tanto declaró la imposibilidad de cumplimiento conforme a
la Sentencia T - 488 de 2014 proferida por la Corte Constitucional.
viii) El 21 de octubre de 2016, la UGPP expidió el Auto ADP 013267 por el cual se negó al
cumplimiento de aquel proferido por el Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá de 8 de agosto de 2016, mediante el cual insta a la aquella entidad a dar
cumplimiento al fallo proferido el 12 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
ix) La UGPP presentó acción de tutela contra la sentencia proferida el 12 de junio de
2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, que correspondió al Consejo de Estado con el radicado 11001 03 15 000 2017
01793 00, que en sentencia de 17 de agosto de 2017 declaró la improcedencia de la
tutela por no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
x) El señor Alfredo Gómez Quintero presentó denuncia penal contra la UGPP con
radicado NC 11001 60 00 050 2016 15282, cuya investigación adelanta la Fiscalía 32
Seccional de la Unidad de Administración Pública, por sustraerse del cumplimiento de
una sentencia judicial.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 12 de junio de 2015, accedió a las pretensiones de la
demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. En consecuencia, i) declaró la nulidad del Oficio UGPP 20139901903291 de 15
de julio de 2013, a través del cual se dispuso el reajuste de la pensión de jubilación del
señor Alfredo Gómez Quintero en cumplimiento de la Sentencia C – 258 de 2013; y ii)
condenó a la UGPP a reintegrar a partir del 1.º de julio de 2013, los descuentos que
efectuó sobre la pensión del demandado y a actualizar el valor de esas sumas de
dinero. Para tal efecto, se pronunció en estos términos: 1
i) La Corte Constitucional en la Sentencia C – 258 de 2013 –providencia en la que se
fundó el reajuste de la pensión de jubilación del señor Gómez Quintero-, excluyó de su
estudio la constitucionalidad de otros regímenes pensionales especiales o
exceptuados, creados y regulados en normas distintas al artículo 17 de la Ley 4.ª de
1992, como lo es el de la Rama Judicial y el ministerio público, previsto en el Decreto
546 de 1971; por lo tanto, lo decidido en esa providencia no puede ser trasladado en
forma automática a otros regímenes pensionales especiales que cuentan con una
1 Folios 250 a 256 del expediente allegado en calidad de préstamo contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-030-2014-00098-01.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
filosofía, naturaleza y características específicas que no permiten dicha extensión. En
igual sentido lo consideró el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 12 de
septiembre de 2014.2
ii) Revisado el material probatorio obrante en el expediente, se advierte que al señor
Alfredo Gómez Quintero le fue reconocida una pensión por parte de CAJANAL con
aplicación del régimen especial previsto en el Decreto Ley 546 de 1971, tal y como se
reconoce en la Resolución 18654 de 19 de mayo de 2009.
iii) En consecuencia, la UGPP efectuó una indebida aplicación de la Sentencia C – 258
de 2013 proferida por la Corte Constitucional e incurrió en la causal de nulidad por
violación de las normas que regulan el régimen pensional aplicable al reajustar de
forma automática la pensión a partir de la mesada correspondiente al mes de julio de
2013, sin que el señor Gómez Quintero hiciera parte de aquel establecido en el artículo
17 de la Ley 4.ª de 1992.
1.2. La causal de revisión invocada
El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables», para lo cual expuso los siguientes argumentos:3
i) En sentencia C – 258 de 2013, la Corte Constitucional ordenó de manera expresa
que a partir del 1.º de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada
pensional con cargo a recursos de naturaleza pública, podía superar el tope de los 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes; por lo tanto, la decisión recurrida
desconoció una sentencia de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada y es
de obligatorio cumplimiento para las autoridades y particulares.
ii) La orden impartida en la sentencia citada, no se restringió al reajuste automático de
las pensiones percibidas por los congresistas y magistrados de las altas cortes, sino
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 12 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014), M.P. (E) Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3 Folios 265 a 272.
5
Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
que de manera general, se aplicó a todas las mesadas pensionales reconocidas en el
régimen de prima media con prestación definida, en tanto que a. provienen de un fondo
común de naturaleza pública; b. el Estado subsidia el pago de las pensiones en la
medida que los aportes efectuados por el empleado y el empleador no alcanzan a
generar los recursos necesarios para financiar una pensión vitalicia; y c. los recursos
que se ahorren con la aplicación de los topes a las mesadas pensionales deben ser
destinados para subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos y
ampliar la cobertura del sistema.
iii) Los principios constitucionales desarrollados por la Corte Constitucional en la
sentencia referida, fueron la equidad, solidaridad y universalidad, propios de un Estado
social de derecho, que promueve la redistribución de los recursos del sistema general
de pensiones con el objeto de que determinados sectores privilegiados colaboren
solidariamente para proteger y garantizar los beneficios del sistema a la población
vulnerable.
iv) La Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
General de Pensiones, con fundamento en el numeral 4.º del Decreto 2380 de 2012,
recomendó ajustar todas las mesadas pensionales que superen los 25 SMLMV a esta
suma, a partir del 1.º de julio de 2013, de conformidad con la orden impartida por la
Corte Constitucional. En igual sentido se pronunció el Ministerio de Trabajo en la
Circular 10 del 7 de febrero de 2014.
v) La Unidad se encontraba obligada a ajustar el valor de todas las mesadas
pensionales del señor Alfredo Gómez Quintero, toda vez que superaba el monto de 25
SMLMV, en atención a que ninguna entidad pública puede abstenerse de acatar los
fallos judiciales, como lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia T – 329 de 1994
sin que ello implique violación al debido proceso. Además, en Sentencia T – 892 de
2013 se dispuso que el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2005 era establecer topes
para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública «con
el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de
las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993».
6
Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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1.3. Contestación a la acción especial de revisión
El señor Alfredo Gómez Quintero, por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:4
i) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia
demandada, así como en el presente asunto no se está discutiendo la legalidad de la
pensión reconocida al señor Alfredo Gómez Quintero, sino si la UGPP podía reducir de
forma automática la pensión con fundamento en la Sentencia C - 258 de 2013. La
referida providencia no es aplicable a su caso por cuanto abordó el análisis del régimen
pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, el cual que no correspondía
al demandado tal y como del contenido de esa decisión se extrae.
ii) La sentencia recurrida no realizó una interpretación irrazonable de la Sentencia C –
258 de 2013, ni desconoció las normas que regulan los topes, en particular el Acto
Legislativo 01 de 2005, la Ley 797 de 2003, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 ni la
Circular 10 de 2014 expedida por el Ministerio del Trabajo, por cuanto estas
disposiciones no fueron el fundamento de la decisión adoptada por la UGPP para
reajustar la pensión y, en consecuencia, no fueron el objeto del debate jurídico al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó y que
produjo, como consecuencia, la decisión recurrida.
iii) El fallo objeto del recurso extraordinario de revisión no desconoció el precedente
jurisprudencial aplicable, pues, por el contrario, es coherente con la sentencia de
unificación del Consejo de Estado proferida el 12 de septiembre de 2014. 5 La situación
particular y concreta objeto de análisis en la sentencia T – 892 de 2013 difiere de la del
señor Gómez Quintero, además, en ella no se interpretó el alcance de la Sentencia C –
258 de 2013.
iv) El patrimonio público y la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad
4 Folios 308 a 320.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 12 de septiembre de 2014, radicado 2013-0632 (1434-2014),
M.P. (E) Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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social en pensiones no corresponden a un argumento que pueda servir de fundamento
para infirmar una sentencia que sí estuvo ajustada a derecho.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión en
virtud del numeral 2.º del artículo 249 ejusdem.6 Asimismo, atendiendo al criterio de
especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en
la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para
conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019. 7
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial […]». En el sub
lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 12 de junio de 20158 y el recurso
de revisión se interpuso el 3 de octubre de 2017, 9 es decir, transcurridos 2 años, 3
meses y 21 días entre una actuación y la otra, por lo que es dable concluir que fue
presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 12 de junio de 2015, está inmersa
en la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» y
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala].
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 Folio 263 del expediente allegado en calidad de préstamo contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-030-2014-00098-01.
9 Folio 272 reverso.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
si, como consecuencia de ello, la sentencia debe infirmarse y, en su lugar, proferir una
en la que se denieguen las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho por considerar que la pensión reconocida al señor Alfredo Gómez Quintero
debe sujetarse al tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de
conformidad con lo señalado en la Sentencia C -258 de 2013.
Para dar respuesta al anterior problema, la Sala estima necesario abordar el estudio de
los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial: a. el recurso extraordinario
de revisión, y b. la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) análisis
del caso concreto; y iii) conclusión.
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Si bien la norma indica
que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los
artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que presenta aspectos
que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo
de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por
la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con
vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado
por la ley.
2.4.2. La causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La entidad recurrente invocó como soporte de la acción de revisión, la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
que es del siguiente tenor literal:
10
Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo10 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo11 por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. [Resalta la Sala].
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales,
las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Asimismo, se
contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta
manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».12
Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]». 13
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».14
10 La expresión tachada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003.
11 Ibídem.
12 Así, en la sentencia del 5 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Cuatro Especial de Decisión, radicado
2017-01529 (REV).
13 Ibídem.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00
(2743-13), entre otras.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas en dos
eventos: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en aquellas taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible,
en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las
instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que,
efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
En relación con la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»,
la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen.15 Sin embargo, si lo
planteado por el recurrente es que la sentencia objeto de revisión excede lo debido de
acuerdo con la ley, su examen se debe realizar en el marco de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.4.3. Sobre los topes pensionales
El artículo 2 de la Ley 4.ª de 197616 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000
2018 01884 00.
16 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se
dictan otras disposiciones
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Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.17 A su vez, el artículo 18
de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue
modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que «a
partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza
pública».
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha concluido
lo siguiente:18
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites
máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al
pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado
su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el
pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites,
el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de
lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es
perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la
pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados […].
[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los
recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a
aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para establecer
la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional y razonable
en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad social en
pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional 19 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
17 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
18 Sentencia C-155 de 1997.
19 Sentencia C-089 de 1997.
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leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para
el reconocimiento y valor de las pensiones». 20
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más
altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de
la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el
Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir
por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv.
Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo
elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más
recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo
criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes
especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta
Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el
tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones
que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso
de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en tanto
conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no
sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla
general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de
un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. [Resalta
la Sala].
En esta oportunidad, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4.ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados a estos. De manera especial, la
corporación reivindicó el mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 01 de
2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó
un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos,
con lo cual se amplió la cobertura del sistema.
20 Sentencia C-089 de 1997.
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En cuanto a la materialización de las órdenes impuestas en la Sentencia C-258 de
2013, resulta relevante citar la Sentencia SU-575 de 2019, en la que se señaló que las
reglas establecidas en aquella decisión también se aplican a las pensiones reconocidas
con anterioridad a su expedición. En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en
señalar que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de
congresistas y magistrados de las altas cortes, pues, como lo explicó, el Acto
Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los
regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de
1993.
Así las cosas, con la aplicación de los topes a todas la pensiones, ordinarias o
especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional, tal y como se pretendía
desde la expedición de la Ley 4.ª de 1976, por la cual las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía; medida garantiza la distribución
equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de
solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
La inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 12 de junio de
2015, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, en tanto declaró la nulidad del Oficio UGPP 20139901903291 del 15
de julio de 2013, a través del cual se dispuso el reajuste automático de la pensión
reconocida al señor Alfredo Gómez Quintero en cumplimiento de la Sentencia C-258
de 2013.
Establecido lo anterior, la Sala encuentra que es procedente abordar el análisis de la
acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, comoquiera que fue
formulada i) con fundamento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797
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de 2003; y ii) contra una sentencia ejecutoriada, que puso fin a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Así las cosas, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar fundada la acción de revisión, con base
en las siguientes razones:
Debe recordarse que en la sentencia objeto de revisión, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por el señor Alfredo Gómez Quintero, con fundamento en que la
providencia en la que se fundó el acto demandado, esto es, la Sentencia C-258 de
2013, excluyó de su estudio la constitucionalidad de otros regímenes pensionales
especiales o exceptuados, creados y regulados en normas distintas al artículo 17 de la
Ley 4.ª de 1992, como lo es, el de la Rama Judicial y el Ministerio Público, previsto en
el Decreto 546 de 1971, fundamento en la cual se reconoció la pensión al señor Gómez
Quintero.
Además, advirtió que esa decisión encontraba respaldo en sentencia de unificación, la
Sección Segunda del Consejo de Estado.21 Por lo tanto, concluyó que la UGPP efectuó
una indebida aplicación de la aludida decisión.
En efecto, durante cierto período, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
desarrollaron interpretaciones disímiles respecto de la aplicación de los topes
pensionales a aquellos regímenes especiales que no lo contemplaban en su propia
normativa y, específicamente, en punto de la aplicación de las reglas establecidas en
la Sentencia C-258 de 2013. En ese orden, con la decisión objeto de revisión el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, respetó
los derroteros jurisprudenciales que, para la época, había trazado el Consejo de
Estado como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que se
fundamentó en la referida sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014. 22
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2014, radicado 25000 23 42 000 2013
00632 01(1434-2014), M.P. (E) Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
22 Debe advertirse, como se explicará más adelante, que esta tesis fue reevaluada por el Consejo de Estado, en
atención a que a pesar de que el Decreto 546 de 1971 no fijó un límite máximo a los montos de las pensiones
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Por lo tanto, ab initio, esta Sala encuentra que la decisión no fue caprichosa, pues
reconoció la existencia de los dos precedentes disímiles y analizado su contenido
consideró que la interpretación normativa expuesta por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ajustaba a los supuestos fácticos y
jurídicos del caso sub examine, sumado al hecho de que la postura de la Corte
Constitucional no era aplicable al señor Alfredo Gómez Quintero por no ostentar la
calidad de congresista, con lo cual cumplió con la carga argumentativa necesaria para
apartarse del precedente que sostenía una posición distinta.
Sin embargo, ante circunstancias como la descrita, surge en el juzgador la necesidad
de resolver la tensión que se presenta entre el interés particular de quien resulta
beneficiado por una decisión, debidamente sustentada, la prevalencia del interés
general, como principio orientador de la función pública consagrado, entre otros, en el
artículo 1 constitucional, y lo dispuesto en la Ley 797 de 2003 que contempla la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones a través
de las cuales se disponga el reconocimiento pensional en forma irregular o por montos
que excedan lo dispuesto en la ley.
A partir de lo anterior, tanto la justicia ordinaria como la de lo contencioso
administrativo han sostenido la tesis de que las decisiones manifiestamente ilegales no
cobran ejecutoria y no atan al juez;23 en todo caso, la Corte Constitucional, en relación
con la aplicación de esa excepción con miras a la modificación y/o revocación de la
decisión que se considera ilegal, ha señalado que su aplicación debe limitarse a
«criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar
cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones
jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las
reconocidas en virtud del referido régimen especial, tal omisión no era pretexto para sustraerse de aplicar los
precitados umbrales pensionales, comoquiera que los topes pensionales existen desde antes de la expedición el
Acto Legislativo 01 de 2005, de manera que en ausencia de norma expresa en el régimen especial rige la del
sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones se sujetan a un límite.
23 Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia 286 del 23 de Julio de
1987 M.P. Héctor Gómez Uribe; Sentencia 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.
Asimismo, las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, radicación: 11001 03 15 000 2012 00117 01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P. Rocío Araújo
Oñate, radicación 05001 23 31 000 2006 01233 01; del 25 de mayo de 2016, radicación 25000 23 36 000 2013
00835 01, (53553), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre otras.
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providencias judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el
principio de preclusión de las etapas procesales». 24
Siendo así, es necesario que el operador judicial verifique si, en efecto, está ante una
decisión manifiestamente ilegal que amerite rectificación, caso en el cual esta deberá
adoptarse dentro de un término prudencial entre aquella que se dice ilegal y la que
tiene como propósito enmendarla.
En tal sentido, al entender que el legislador fijó unos límites máximos pensionales con
el propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar
que los pensionados de menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno
de sus prestaciones y el derecho a la igualdad, la Sala advierte que estas razones
impiden concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y la inspiran a que se
realice un análisis de cara al interés general.
Bajo el escenario expuesto, la Sala considera necesario señalar que la Sentencia C-
258 de 2013 impartió una orden a todas las entidades que administran el régimen
pensional financiado con recursos públicos de reajustar las mesadas que superaran
los 25 SMLMV, el cual debe operar de manera automática y sin que sea necesario
iniciar un proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de
obligatorio cumplimiento. La orden adoptada en esta decisión, tuvo como fundamento
lo dispuesto en las Leyes 4.ª de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, por
manera que aplica a las pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de la
aludida sentencia de la Corte Constitucional.
En efecto, así lo disponían el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1976 al señalar que las
pensiones de jubilación del sector público no podían ser superiores a 22 salarios
mínimos. Por su parte el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 dispuso que
cuando el Gobierno nacional limite la base de cotización a 20 salarios mínimos, el
monto de las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida no
podría superar dicho valor; sin embargo, dicha norma fue modificada por el artículo 5
24 Ver, entre otras, Sentencias T-519 de 05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1274 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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de la Ley 797 de 2003 que estableció como límite de la base de cotización de 25
SMLMV. Asimismo, el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el 48 de la
Constitución Política, fijó requisitos para el acceso a la pensión e impuso límites al
monto. Al efecto señaló:
Artículo 1º. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución
Política:
El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional,
respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar
la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.
[…]
Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores
a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos
de naturaleza pública. [Resalta la Sala].
Como se desprende de lo anterior, la normativa general que regía la materia ha
impuesto umbrales a las mesadas pensionales, los cuales son extensivos a todas
aquellas pensiones reconocidas incluso a los beneficiarios de los distintos regímenes
especiales de acuerdo con la transición ordenada por la Ley 100 de 1993. Tal
interpretación no solo atiende el sentido real de las disposiciones que el ordenamiento
jurídico consagraba, sino que garantiza el principio de sostenibilidad presupuestal del
sistema pensional.
Así las cosas, comoquiera que todas las pensiones reconocidas y por reconocer deben
atender al tope previsto en las normas y a aquel señalado por la Corte Constitucional
en la citada Sentencia C-258 de 2013, la Sala concluye que la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 12 de
junio de 2015 sí está incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, pues la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de
acuerdo con la ley.
Cabe resaltar que si bien en otras oportunidades la Sala ha encontrado infundado el
recurso extraordinario de revisión al advertir que la tesis aplicada por el operador
judicial era la que imperaba en el momento de la expedición de la decisión revisada,
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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también lo es que como se explicó en líneas anteriores, el interés general y los
principios de la función pública imponen la necesidad de abordar el análisis del asunto
en punto de la legalidad de la decisión, con independencia de la interpretación judicial
imperante en la que se basó.
Bajo las consideraciones anteriores, se deberá declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión, se infirmará la sentencia revisada, proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 030 2014 00098 01 y
se procederá a emitir la sentencia de reemplazo de que trata el siguiente apartado.
2.6. Sentencia de reemplazo
En relación con los antecedentes propios del presente asunto, la Sala se remitirá a lo
expuesto a lo largo de esta decisión y a lo consignado en las decisiones de instancia.
2.6.2. Análisis de la Sala
2.6.2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la UGPP estaba facultada legalmente para ajustar de
manera automática la mesada pensional del señor Alfredo Gómez Quintero al monto de
25 SMLMV, a partir del 1.º de julio de 2013, en cumplimiento de la sentencia C-258 de
2013.
2.6.2.2. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo
siguiente:
El 19 de mayo de 2009, la subgerente (E) de Prestaciones Económicas de la Caja
Nacional de Previsión Social Cajanal EICE expidió la Resolución 18654 por la cual
reconoció la pensión de jubilación al señor Alfredo Gómez Quintero. 25 Esta prestación
25 Folios 2 a 14 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001
33 35 030 2014 00098 01.
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fue reliquidada por la Resolución UGM 004515 del 17 de agosto de 2011, con
fundamento en el régimen establecido en el Decreto 546 de 1971. 26
El 15 de julio de 2013, el director de pensiones de la UGPP emitió el Oficio
20139901903291 por el cual ajustó la pensión de jubilación del demandante, a la suma
de 25 SMLMV,27 en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013.28
El 26 de julio de 2013, el señor Gómez Quintero solicitó que se identificara y expidiera
copia del acto administrativo proferido por la UGPP a través del cual se reajustaron sus
mesadas pensionales o que se indicara si el oficio anterior, correspondía a un acto
administrativo.29
El 25 de septiembre de 2013, mediante Oficio 20135022724011, la UGPP precisó que el
Oficio 20139901903291 del 15 de julio de 2013 es un acto de ejecución por el cual se
informa sobre el reajuste de la pensión por encontrarse dentro del supuesto fáctico
señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.30 Advirtió que en
esa decisión la corporación declaró inexequible el fundamento legal que permitía a los
congresistas y magistrados de altas cortes, no estar sujetos a los topes legales y afirmó
que la orden impartida allí fue clara al ordenar que todas las pensiones con cargo a
recursos públicos debían ser reajustadas automáticamente por la autoridad
administrativa, sin necesidad de que mediara acto administrativo. Indicó que al haberse
incorporado a los funcionarios de la Rama Judicial al Sistema General de Pensiones,
estos quedaron sometidos al tope establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
2.6.2.3. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar,
conforme a lo expuesto en acápites precedentes y en consonancia con los documentos
26 Folios 17 a 20 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001 33 35 030 2014 00098 01.
27 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
28 Folio 21 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33
35 030 2014 00098 01.
29 Folios 22 y 23 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001 33 35 030 2014 00098 01.
30 Folios 32 a 41 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001 33 35 030 2014 00098 01.
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aportados al plenario, que la UGPP no desconoció el ordenamiento superior al ajustar la
mesada pensional del señor Alfredo Gómez Quintero al monto de 25 SMLMV; por el
contrario, se limitó a ejecutar una orden judicial que se tornaba de obligatorio
cumplimiento para las autoridades del territorio nacional. Esta tesis se funda en los
siguientes razonamientos:
i) Cajanal le reconoció la pensión de jubilación al señor Gómez Quintero y la
reliquidó con fundamento en el régimen establecido en el Decreto 546 de 1971.
ii) En consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 de 2013, la UGPP estaba conminada a ajustar dicha prestación
al tope de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar un procedimiento administrativo
previo.
iii) En relación con el ajuste en comento, la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-575 de 2019, precisó:
[…] la Corte encuentra que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho
dictada por el Consejo de Estado perdió su ejecutoriedad frente a las órdenes dadas por
la Corte Constitucional en una sentencia de control abstracto de constitucionalidad que
hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la Carta
Política y que determinó que ninguna pensión con cargo a recursos públicos puede
superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con base en el anterior criterio, en lo que respecta al ajuste en razón al tope
pensional de 25 SMLMV, el monto de las pensiones debe acompasarse a lo dispuesto
por la Sentencia C-258 de 2013, pues fijó una regla inequívoca, cuyo cumplimiento
era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en un abierto
desacato a una orden judicial impartida en sede de control de constitucionalidad.
iv) En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258 de
2015, la UGPP no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste automático de la
pensión que venía devengando el demandante en aras de que se aviniera a los
mandatos constitucionales allí reivindicados. 31 En consecuencia, dicha
31 Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: i) de la Corte Constitucional,
Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de
diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673; ii) del Consejo de Estado, a. Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2016 01911 01 (5824-
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria de la
situación jurídica del actor; por el contrario, reúne las características de un acto de
cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional,
vinculante para todas las autoridades públicas.
v) Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073
de 2019 la referida corporación reafirmó la obligatoriedad de la Sentencia C-258 de
2013 al señalar que la aplicación del límite al monto pensional resulta imperativo
para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues se trató de un
mandato constitucional que rige para todas las pensiones que se paguen con
recursos públicos.
vi) La ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 resultaba inexorable para la UGPP y
constituía una materialización del Acto Legislativo 01 de 2005, así como los
principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia, universalidad
y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.
vii) Los límites máximos de la prestación fueron previstos en el ordenamiento desde
la Ley 4.ª de 1976 y se reiteraron en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de
2003.
viii) Teniendo en cuenta que la UGPP de forma automática ajustó la mesada
pensional del señor Gómez Quintero, a partir del mes de julio de 2013, se concluye
que tal actuación obedeció a una ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 y, por
ende, no es posible reabrir un debate en tal sentido en sede administrativa o judicial.
Bajo el anterior contexto, el acto demandado no es pasible de control jurisdiccional, por
cuanto no creó, modificó o extinguió una situación jurídica, sino que se limitó a cumplir
cabalmente y de manera inmediata la orden impartida en la Sentencia C-258 de 2013.
2018); b. Sección Segunda, Subsección B, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 30 de octubre de
2020, radicado 25000 23 42 000 2014 02515 02 (4114-2018); c. Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de 2019, radicado 63001 23 33 000 2018 00103 01 (4771-18); d. Sección
Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, auto de 16 de agosto de 2018, radicado 11001 03 15 000 2014 04194 01(AC)
A.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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A su vez, una interpretación diferente a la planteada conduciría a desconocer la cosa
juzgada de un debate judicial ya concluido.32
2.6.2.4. De la condena en costas en segunda instancia en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho revisado
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,33 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso
Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea
total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el
segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida
de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia
laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte
vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación
procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas,
que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de
primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en
segunda instancia.
32 En cuanto a la imposibilidad de enjuiciar actos de ejecución o información, pueden consultarse las siguientes
providencias del Consejo de Estado: i) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Adriana Marín, auto
de 3 de agosto de 2020, radicado 11001 03 15 000 2020 02799 00; ii) Sección Tercera, Subsección A, M.P. María
Adriana Marín, sentencia de 3 de abril de 2020, radicado 25000 23 26 000 2008 00107 01 (41442); iii) Sección
Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, auto de 8 de agosto de 2019, radicado 25000 23 42 000
2015 05932 01 (0459-2017); iv) Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, auto de 11 de
diciembre de 2017, radicado 25000 23 42 000 2014 00173 01 (1607-2015); v) Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 8 de junio de 2017, radicado 25000 23 42 000 2014 00188 01 (1924-2015);
vi) Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 27 de julio de 2015, radicado 25000
23 42 000 2014 00079 01 (0717-2015); vii) Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, sentencia de 12 de mayo de 2014, radicado 13001 23 31 000 2009 00309 01 (1879-12).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001 23 33 000 2013 00022 01 (1291-2014),
actor: José Francisco Guerrero Bardi, M.P. William Hernández Gómez.
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Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 34 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia en cuanto no resultaron probadas. 35
2.7. De la condena en costas en el recurso extraordinario de revisión
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se configuró la causal de revisión prevista en el
artículo 20 literal b) de la Ley 797 de 2003, lo que conlleva declarar fundada la acción
especial de revisión, infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y dictar sentencia de reemplazo, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Alfredo
Gómez Quintero en contra de la UGPP mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda. Además, conforme al acápite que antecede, no se condenará en costas del
recurso extraordinario.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por el
Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, toda vez
que el acto acusado carece de control jurisdiccional en la medida en que la UGPP se
limitó a ajustar la pensión del señor Gómez Quintero en estricto cumplimiento de la
Sentencia C-258 de 2013, por ende, aquel no corresponde a un acto administrativo
definitivo con vocación de crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta.
34 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
35 Teniendo en cuenta que la parte demandada no presentó alegatos de conclusión en esta instancia, tal y como se
evidencia en el acta de la audiencia celebrada el 12 de junio de 2015, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en que se da cuenta que el representante de la entidad no se hizo presente y en consecuencia se
abstuvo de presentar alegatos. Folio 250 a 256 del expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001 33 35 030 2014 00098 01.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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Es preciso aclarar que se declarará probada de oficio la excepción de actos
administrativos no pasibles de control jurisdiccional y no la de ineptitud de la demanda,
pues el defecto anotado no configura la aludida excepción, sino que constituye una
irregularidad autónoma. En tal sentido, el Consejo de Estado ha precisado que la
ineptitud de la demanda únicamente se presenta en los siguientes casos: a. cuando el
libelo introductorio omite los requisitos formales establecidos en los artículos 162, 163,
166 y 167 del CPACA; y/o b. cuando se evidencia una indebida acumulación de
pretensiones.36
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión, que en virtud de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 12 de junio de 2015, por las
razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Infirmar la sentencia del 12 de junio de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y en consecuencia,
revocar el fallo del 24 de febrero de 2015 proferido por el Juzgado Treinta
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda y, en su lugar, Declarar
probada de oficio la excepción de actos administrativos no susceptibles de control
jurisdiccional, en razón a que la decisión demandada no corresponde a un acto
administrativo definitivo, conforme se explicó precedencia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 030 2014 00098 01.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de abril de 2016, radicado 47001 23 33 000
2013 90171 01 (1416-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091-2017)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Cuarto. Sin condena en costas en sede de la acción especial de revisión.
Quinto. En firme esta decisión, devolver al juzgado de origen el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 030 2014 00098 01 y archivar
la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el programa Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Impedido Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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