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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00802-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00802-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar parcialmente fundada la acción de revisión promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues, sí se configura la causal b) del a rtículo 20 de la Ley 7 97 de 2003 contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 14 de septiembre de 2012, por las razones expuestas. En consecuencia: 20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). www.consejodeestado.gov.co 24 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Acción Especial de Revisión Radicación: 11001 0325 0000 2017 00802 00 (4240-2017) Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público SEGUNDO. Infirmar parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 14 de septiembre de 2012, solo en cuanto se abstuvo de declarar la prescripción de mesadas pensionales causadas y no reclamadas oportunamente por la señora María Eugenia Ord óñez Rubio . En su lugar, se d ispone lo siguiente: TERCERO. Declarar prescritas las m esadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de junio de 2004, comoquiera que la petición se presentó el mismo día y mes de 2007, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En todo lo demás se mantiene la decisión. CUARTO. Sin condena en costas. QUINTO. En firme esta decisión , archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI, devuélvase el expediente en préstamo al despacho judicial de origen. SEXTO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00802-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001 0325 000 2017 00802 00 (4240 -2017)
Accionante: NACIÓN – MINI STERIO DE HA CIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Demandado: MARÍA EUGENIA ORD ÓÑEZ RUBIO Y EL FONDO
PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

SENTENCIA UNICA INSTANCIA. LE Y 1437 DE 2011

ASUNTO

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra
la sentencia del 14 de septiembre de 2012 proferida por la
Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. 1

La señora MARÍA EUGENIA ORD Ó ÑEZ RUBIO en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó
declarar la nulidad de la Resolución 0 057 del 16 de marzo de 2009
proferida por CAJANAL, que le negó la pensión de sobreviviente
con ocasión del fallecimiento de su compañ ero permanente.

1 Folios 254 a 273.

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

A título de restablecimiento del derecho, solicitó q ue se le
reconozca la pensión de sobreviviente en los términos de la Ley
100 de 1993 , por retrospectividad y con efectos fiscales a partir de
la entrada en vigor de esa normativa , es decir, del 1 de abril de
1994, junto con las mesadas debidamente indexadas.

1.1. Fundamentos fácticos

La demandante, c omo sustento fáctico de sus pretension es, expuso
lo siguiente:

El causante , el se ñor Alberto Artu ro Álava Montenegro, laboró en
el Ministerio de Justicia, Incora y la Universidad Nacional de
Colombia desde el 16 de abril de 1962 hasta el 20 de agosto de
1982.

Que al momento del fallecimiento del antes nombrado, éste reunía
los requisitos exigidos en el artíc ulo 46 de la Ley 100 de 1993, pues
laboró al servicio del Estado 18 años, 10 meses y 5 días ,

Solicitó ante la Universidad Nacional de Colombia – Caja Previsión
Social, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a
su favor, solicitud que fue n egada a través de la Resolución No
0057 del 16 de marzo de 2009.

2. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 2

El 14 de octubre de 2011, el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión del Circu ito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda.

La anterior decisión se fundó en los siguientes argumentos:

Del acervo probatorio se establece con claridad que el funcionario
fallecido estuvo vin culado laboralmente desde el año 1962 y con la

2 Folios 349 a 371

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Universidad Nacio nal desde el año 1975 , luego entonces es de
concluir que durante su permanencia con cada una de las entidades
en la que estuvo vinculado (Ministerio de Justicia, Rama Judicial,
Incora, y Un iversidad Nacional) realizó aportes para pensión hasta
el 20 de agosto de 1982 fecha en que se produjo su muert e; lo
anterior, significa que la situación fáctica del extinto funcionario se
adapta al requisito contemplado en el artículo 46 de la ley 100 de
1993, por retrospectividad.

Evidenció que obran en el plenario declaraciones extrajuicio que
dan cuenta de que (i) la señora María Eugenia Ordóñez Rubio
convivía en unión libre con el señor Alberto Arturo Álava
Montenegro , (ii) d e esta unión nacieron tres hijos y (iii) de la
dependencia y la vocación de estabilidad y permanencia .

Pese a lo anterior, destacó que la procreación no es suficiente para
acreditar una real convivencia y verd adera relación entre la actora
y el causante, presupuesto fundamental previsto en la norma que
se pide aplicar para obtener reconocimiento a la pensió n de
sobreviviente.

Por lo anterior, determinó que la demandante no logr ó desvirtuar la
presunción de legalidad que cobija el acto administrativo acusado ,
al no haber demostrado una convivencia real y efect iva con el
causante.

3. RECURSO DE AP ELACIÓN 3

Contra la decisión anterior, la señora MARÍA EUGENIA ORD ÓÑEZ
RUBIO, presentó recurso de apelación, con el fin de que la decisión
anterior fu era revocada y remplazada por una que realiza ra una
valoración integral de los medios de convicción aportados , como
quiera que , además de las declaraciones extra juicio, también se

3 Folio 208

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realizó un interro gatorio de parte, el cual se pract icó bajo la
gravedad de juramento ; sin embargo , la contraparte no asis tió n i
objetó la prueba, de ahí que conserva su valor probatorio .

4. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 14 de septiembre de 2012 , la Sección Segunda, Subsección F
en descongestión del Tribunal Administrativo de l Cundinamarca 4
revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y accedió a las pretensiones de la
demanda.

Sostuvo que de las pruebas obrantes dentro del proceso, se
encuentra que el causante nació en 1943 , estuvo vinculado como
servidor público , a cumuló un tiempo de servicio de 18 años, 10
meses y 5 días y completó 39 años de edad para el momento de su
fallecimiento .

Resaltó que de conformidad con el artículo 288 de la Ley 100 de
1993, esta imprime la aplicación de los principios de f avorabilidad
e igualdad al prescribir que todo trabajador privado, oficial, y/ o
funcionario público tiene derecho a que le sea aplicable cualquier
norma que en ella se estime favorable ante el cotejo dispuesto en
leyes anteriores.

Adujo que el causante c umplió con los requisitos contemplados en
el régimen general y , en aplicación d el princip io de favorabilidad y
en desarrollo del principio de igualdad , sus beneficiarios tienen
derecho a la pensión de sobreviviente, prevista en la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, por retrospectividad.

Resaltó que , si bien es cierto al expediente solo se aportaron las
declaraciones extraproceso de las seño ras Aura Marina Álava de
Sánchez 5 y Lucila Reyes 6, también lo es que las mismas no fueron

4 Folio 167
5 Folio 148
6 Folio 149

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controvertidas por la entidad demandada, ni por alguna otra parte
dentro del proceso, por lo que conservan su valor probatorio ,
máxime si se tiene en cuenta que fue ron allegadas desde el inicio
de la actuación procesal.

Determinó que el análisis que precede , cobra mayor relevancia , si
se tiene en cuenta que la razón jurídica que dio origen a la presente
controversia en ningún momento fue la acredita ción de la
convivencia por parte de la demandante ante la entidad
demandada, sino la normativa aplicable al caso, esto es , sí debe
emplearse o no el principio de favorabilidad para conceder la
pensión.

Puntualizó que si se toma en cuenta que, el causante completó 18
años 10 meses y 5 días de servicio, que suman un total de 969
semanas de cotización al sistema pensional, es claro que cumplió
con la exigencia prevista en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 ,
modificado por la Ley 797 del 2003, pues al momento de l deceso
se encontraba afiliado al sistema y reunía más del tiempo
requerido , por lo cual resulta procedente el reconocimiento de la
prestación reclamada .

En orden a lo anterior, revoc ó la sentencia del 14 de octubre de
2011, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá ,
declaró la nulidad de la Resolución No 0057 de 16 de marzo de
2009 y condenó a la Universidad Nacional de Colombia a reconocer
la pensión de sobreviviente en favor de la señora MARÍA EUGENIA
ORDÓÑEZ RUBIO, a partir del 1 de abril de 1994.

5. LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 7

La Nación Ministe rio de Hacienda y Crédito Público compareció
ante esta Corporación en ejercicio d e la acción de revisión contra

7 Folio 467 del expediente.

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la sentencia del 14 de septiembre de 2012 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5.1. Pretensiones

«1. Revocar par cial m ent e la sent encia del 14 de sept iem br e del
2012 pr of er ida por el Tr ibuna l Adm in is t r at ivo de Cundina m ar ca,
Sección Segunda S ubsección F, que r evocó el f al lo de p r im er a
inst ancia d ict ada por el Juzgado Sext o Adm inist r at i vo de
Descongest ió n de B ogot á el 14 de oct u br e de 2011, dent r o de l a
acción de nulidad y r est ablecim ient o del der echo de car áct er
labor al inst aur ad a por la señor a M ar ía E ugenia O r dóñez Rubio
cont r a la Univer sid ad Naciona l - Caj a de Pr evisión Socia l de la
Univer si dad Nac ion al de Col om bia, en pr oceso r adicado con el
núm er o 2009 - 00349, que or denó e l r eco nocim ient o y p ago d e una
pensión de sobr eviv i ent e causada por el señor Al ber t o Ar t ur o Álava
M ont enegr o.

2. Declar ar que a l a señor a M ar í a Eugenia O r dóñez Rub io no le
asist e el der echo a l r econocim ient o de l a pensión de sobr ev iv ient es
causada por el señor Alber t o Ar t uro Álava M ont enegr o con
ef ect ividad des de el 1º de abr i l de 1 994, sin dar se or den de
pr escr ipción de l as m esadas causadas y no pagadas.

3. Declar ar que sobr e las m esadas causadas y no pagadas de la
pensión de sobr eviv ient es r econocida en f avor de la señor a M arí a
Eugeni a O r dóñez Rubio debe dec lar ar se pr escr it a las m esada s
causadas y no paga dos con ant er ior idad al 19 de j unio de 2004 por
pr escr ipción t r iena l. » 8.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público invocó como causal de
revisión la prevista en el literal b) del artículo 20 de la L ey 797 de
2003 9, al considerar que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca omitió la aplicación del fenómeno
de la prescripció n respecto de las mesadas pensionales no
reclamadas oportunamente.

Mostró que la señora María Eugenia Ord óñez Rubio elevó ante
CAJANAL la primera petición prestacional el 17 de mayo de 2001,
que fue desatada a través de la Resolución No 1063 de 11 de junio
de 2011, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la

8 Folios 2 del expediente.
9 «b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo

con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»

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pensión de sobreviviente , en calidad de compañera perman ente del
señor Alberto Arturo Álava Montenegro.

Tal petición tiene la virtud de interru mpir el término de prescripción
de las mesadas, pero solo por un lapso igual, al te nor de las
previsiones de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969.

Destacó que, d e acuerdo con las aludidas disposiciones , la señora
María Eugenia Ord óñez Rubio contaba hasta el 17 de mayo de
2004, para presentar la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la decisión contenida en la Resolución No 1063 de
2001; sin embargo , la antes nombrada acudió a la Universidad
Nacional de Colombia - Caja de Previsión Social el 19 de junio de
2007 para reclamar el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente , es decir, que tenía hasta el 19 de j unio de 2010, para
presentar la respe ctiva acción judicia l contra el acto f ict o presunto
derivado de la negativa de responder la petición .

El 19 de diciembre de 200 8, la señora María Eugenia Ord óñez
Rubio, solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de u na
pensión de sobreviviente con aplicación retrospectiva de la Ley 100
de 1993, petición que fue negada, a través de la Resolución No
0057 de 16 de marzo de 2009, y presentó la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho el 2 de diciembre de 2009.

Enfatizó que la petición de 19 de junio de 20 07 interrumpió el
fenómeno extintivo , pues antes de los 3 años que confieren las
normas aludidas formuló la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto administrativo que le había negado el
derecho reclamado, es por ello que no se entiende, c ómo la
sentencia del 14 de septiembre de 2012, haya omitido declarar la
prescripción de las mesadas causadas.

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Es así como se reprocha que la jurisdicción contenciosa
administrativa haya dejado de consider ar que, en el caso concreto ,
se había propuesto la excepción de prescripción, fenómeno que se
encontraba probado con anterioridad al 19 de junio de 2004 , por
las particularidades descritas .

Insistió en que, no se controvierte si la señora Marí a Eugenia
Ordóñez Rubio tiene o no derecho a la prestación que reclama, sino
el hecho de que el Tribunal omitió establecer la prescrip ción de las
mesadas pensionales.

6. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 10

La señora MARÍA EUGENIA ORD ÓÑEZ RUBIO contestó la acción
de revisión y, para el efecto, se o puso a las preten siones del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público al considerar que no se
excedió la cuantía en el reconocimiento pensional.

Destacó que el juez de segunda instancia debe pronunciase
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, en tal
sentido, la competencia se encuentra limitada .

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

El recurso ext raordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
en sus artículos 248 a 255.

El artículo 249 del Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión

10 F o l i o s 211 del expediente.

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contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos son de conocimiento de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.

Por su parte , el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , precisa que
«las providencias judiciales que h ayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Traba jo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».

En tal sentido y dado el criterio d e especialización laboral, la
competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.

«Ar t í culo 13. - Dist r ibución de los pr oc esos ent r e las secciones.
Par a ef ect os de r epar t im ient o, los asunt os de que conoce l a Sala
de lo Cont enc ioso Adm inist r at ivo se dist r ibuir án ent r e sus
secciones at endien d o un cr it er io de especial izac ión y de volum en
de t r abaj o, así :

Sección Se gunda:
[ …]

3. El r ecur so ext r aor dinar io de r ev isión cont r a las sent enci as de
única inst anc ia dic t adas por los tr ibunales adm inist r at iv os, en
asunt os r elaciona do s con la com pet encia de est a sección [ …] »

Por lo anterior, est a Subsección es competente para conocer de la
acción especial de revisión formulado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público contra la sentencia del 14 de septiembre de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En este punto, no se puede desconocer que, conforme al artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que esta acción puede iniciarse « a
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solicitud del Gobierno por conducto del Min isterio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,
del Contralor General de la República o d el Procurador General de
la Nación».

2. Legitimación

Esta acción se encuentra legitimada en cabeza del Gobierno
Nacional, los órgan os de control, la UGPP - en virtud de la Ley 1151
de 2007, artículo 156 y el Decreto 575 de 2013, artículo 6°, numeral
6° - y las diferentes entidades administrativas de pensio ne s - Corte
Constitucional sentencia C -258 de 2013 .

3. Oportunidad

La Ley 1437 de 2011, vigente para el momento en que se presentó
la acción de la referencia, sobre el término de caducidad de la
acción de revisión señaló:

«ARTÍ CU LO 251. TÉRM I NO PARA I NTERPO NE R EL RECURSO .
El r ecur so podr á int er poner se dent r o del año sig uient e a la
ej ecut or ia de la r espect iva sent encia.

En los casos cont em plados en los num er ales 3 y 4 del ar t í culo
pr ecedent e, deber á int er poner se el r ecur so dent r o del año
sigui ent e a la ej ecut or ia de la sent encia penal que así lo dec lar e.

En el caso de l num er al 7, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o
del año si guie nt e a l a ocur r encia de los m ot ivos que dan lug ar al
r ecur so.

En l os casos previ st os en el art í cul o 20 de l a Ley 797 de 2003,
el recurso deberá present arse dent ro de l os ci nco ( 5) años
si gui ent e s a l a ej ecut ori a de l a providenci a j udi ci al o en los
casos de que ella no se r equier a, dent r o del m ism o t ér m ino
cont ado a par t ir del per f eccionam ient o del acuer do t r ansacciona l
o concil iat or io». Des t acado f uera del t ext o ori gi nal .

Conforme al contenido d e este articulado, se puede establecer que
el término para instaurar la acción de revisión de que trata el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es de cinco años a partir de la
ejecutoria de la decisión judicial cuestionada.
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En el presente caso se encuentra demostrado que la sentencia
objeto de revisión fue proferida el 14 de septiembre de 2012 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y quedó ejecutoriada
el 12 de octubre de esa anualidad 11, de tal manera que el término
de caducidad se debe contabilizar a partir de esta última fecha.

Igualmente, se acreditó que la acción de revisión fue presentada
por el Ministerio de Hacienda y Crédit o Público el 12 de octubre de
2017 12, es decir, de ntro del término de los cinco años , por lo que
se concluye que aquella se encuentra en tiempo.

4. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la acción de revisión, le
corresponde a la Sala resolver los sig uientes cuestionamientos:

➢ ¿El pr ob lem a j ur í dico consist e en det er m inar si la se nt enci a del
Tr ibuna l Adm inist r at ivo de Cundinam ar c a est á inm er sa en la causa l
de r evisión pr evist a en el lit er al b) del ar t í culo 20 de la Ley 797 de
2003, por haber r econocido el der echo a la pensió n de
sobr evivie nt e a la señor a M arí a Eugenia O r d óñez Rubio, en cuant í a
que excede lo debi do de acuer do con la ley, pact o o convenció n
colect iva l egalm ent e aplicab les ?

4.1 Solución al problema jurídico

4.1.1 ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

El Ministe rio de Hacienda y Crédito Público aduce que al ordenar el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora María
Eugenia Ord óñez Rubio, con ocasión al fallecimie nto de su
compañero permanente, sin haber decretado la prescripción de las
mesadas, se excedió la cuantía del derecho reconocido en la ley.

11 F o l . 182 del expediente en préstamo
12 D e a c u e r d o a l s e l l o d e r e c i b i d o p o r p a r t e d e l C o n s e j o d e E s t a d o e n e l r e v e r s o

del folio 487

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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Al respecto, la Ley 797 de 2003, dispuso en su artículo 20, literal
b), las siguientes causales de revisió n:

«REVI SI Ó N DE RE CO NO CI M I ENTO DE SUM AS PERI Ó DI CAS A
CARG O DEL TESO R O PÚBLI CO O DE FO NDO S DE NAT UR ALEZ A
PÚBLI CA. < Apar t es t achados I NEXEQ UI BLES> Las pr ovi dencia s
j udicia les que en c ualqu ier t iem po ha yan decr et ado o decr et en
r econocim ient o qu e im pongan a l t esor o públ ico o a f ond os de
nat ur aleza públ ica la oblig ación de cubr ir sum as per iódic as de
diner o o pensio nes de cualqu ier nat ur al eza podr án ser r evisadas
por el Consej o de Est ado o la Cor t e Supr em a de Just icia, de
acuer do con sus com pet encias, a solic it ud del G ob ier no por
conduct o del M inist er io de Tr abaj o y Segur idad Social, de l
M inist er io de Hacien da y Cr édit o Público , del Cont r alor G ener al de
la Repúb lic a o del P r ocur ador G ener al de la Nación.

La r evisió n t am bié n pr ocede cuand o el r econoc im ient o sea el
r esult ado de una t r ansacción o conci l iac ión j udici al o ext r aj udicia l.

La r evisió n se t r am it ar á por el pr ocedim ient o seña lado par a e l
r ecur so ext r aor dinar io de r evisión por el r espect ivo código y podr á
solic it ar se en cualq uier t iem po por las causales consagr ad as par a
est e en el m ism o código y adem ás:
[ …]

b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido exced ier e lo debid o
de acuer do con la ley, pact o o convención colect iv a que le er an
lega lm ent e aplic able s. » Apar t e r esalt ado declar ado inexequ ib le po r
la Cor t e Const it ucio nal en sent encia C - 835 de 2003.

La Sala ha reconocido que esta causal jurisprudencialmente ha sido
considerada como una herramienta legal útil que persigue fortalecer
el principio de la moralidad administrativa y co rregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los princip ios filosóficos que orientan el Sistema General
de Pensiones.

De esta manera, e s pertinente resalt ar que esta acción no se trata
de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito
a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(litera l a) y a la liq uidación de aquel (literal b ), cuando se concedió
con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor
al que corresponde.

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Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos
relativos al recono cimiento de prestaciones periódicas inferiores a
las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

5. Análisis sustancial

La Sala reitera que la procedencia de este medio de impugnación
es excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las
sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador
autoriza a romper el principio de la cosa juzgada -res iudicata pro
veritate habetur- y cambiar los resultados de la decisión, en orden
a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se
genera cuando la cu antía del derecho reconocido excede lo debido
de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó infirmar
parcialmente la sentencia del 14 de septiembre de 2012 proferida
por la Sección S egunda, Subsección F en descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revocó la decisión
proferida el 14 de octubre de 2011, por el Juzgado Sexto
Administrativo de Descongestión de Bogotá por considerar que
dicha decisión se encuentra incursa en la causal del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que una vez reconocida
la pensión de sobrevi viente a la se ñora María Eugenia Ord óñez
Rubio se debió ordenar la prescripció n de las mesadas pensionales.

5.1. Generalidades de la prescripción

La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o
efecto de «[…] adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o
acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las
condiciones previstas por la ley “o en otra acepción” como concluir
o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del
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tiempo […]» 13. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión,
esto es, al derecho, y constituye el término particular para adquirirlo
o extinguirlo 14.

Es decir, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho
se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de
acuerdo con las condiciones descritas en las disposiciones que
para cada situación se dicten, bien sea en materia adquisitiva o
extintiva 15.

Sobre el particular esta Corporación señaló:

«[ …] La pr escr ipción ext int iva t iene que ver con el deb er de cada
per sona de r eclam ar sus der echos en un t iem po pr udencial el cual
est á f ij ado en la Ley , es decir , que los d er echos que se pr et enden
adquir i dos, par a ej er cer los se t iene un lapso en el que deb en ser
solic it ados so pen a de per der dicha adm inist r ac ión. La Cor t e
Const it ucion al f r ent e a la pr escr ipc ión de der echos, en se nt encia
C- 662 de 2004, M agist r ado Ponent e [ …], est ableció los sigu ient es
par ám et r os: “ La prescr ipción, com o i nst it ución de m ani f iest a
t r ascendencia en el ám bit o j ur í dico, ha t enido hab it ualm en t e dos
im plicac iones: de un lado ha signif icad o un m odo de adquir ir el
dom inio por el paso del t iem po ( adquisit iva) , y del ot r o, se ha
const it uido en un m odo de ext inguir la acción ( ent endida com o
acceso a la j ur isdicción) , cuando con el t r anscur so del t iem po no
se ha ej er cido opor t unam ent e la act ivi dad pr ocesal que p er m it a
hacer exigi ble u n de r echo ant e los j uece s . A est e segundo t i po de
pr escr ipción es al que hace r ef er encia, la nor m a acusada. Al
r espect o, la j ur isprudencia de la Cor t e Supr em a de Justicia ha
r econocido que: “El f i n de l a prescri pción es t ener ext i ngui do un
derecho que, por n o haberse ej erci t ad o, se puede pre sumi r que
el t it ul ar l o ha abandonado. [ . . . ] Por ello en l a pr escr ipci ón se
t iene en cuent a la r azón subj et iva del no ej er cici o, o sea la
negl igenc ia r eal o s upuest a del t it ular ; ” . De acuer do con lo a nt er ior
se t iene que la nor m a est ablece para el ej erci ci o de l os derechos
un t i empo det erminado dent ro del cual se debe sol i ci t ar su
ej ecuci ón , y si tr anscur r e dicho t iem po y no se solicit ó, se tr aduce
en la pér dida de int er és par a ej er cer lo 16 […] » ( Subr ayado y negr ill a s

13Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de
noviembre de 2014. Demandante: Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno:
3404-2013.
14Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sen tencia de 18 de octubre de 1996.
Radicación: 7934.
15 C o n s e j o d e E s t a d o . S e c c i ó n S e g u n d a . S u b s e c c i ó n B . S e n t e n c i a d e l 4 d e j u l i o

de 2013. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00301-00(1131-12).
Demandante: Luz Stella Trujillo Cortés.
16Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de
septiembre de 2015. Radicación: 270012333000201300346 01 (0327 -2014).

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f uer a de t ext o).

Por consiguiente, es dable inferir que: i) la prescripció n se predica
del ejercicio del de recho, el cual pued e adquirirse o extin guirse con
el paso del tiempo; ii) es renunciable una vez ocurrida, así lo señala
el artículo 2514 del Código Civil: «[ …] La prescripción puede ser
renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.
[…]» y iii) puede ser o bjeto de suspensión frente a algunas
personas dentro de ciertas circunstancias.

Así, el artículo 2530 del Código Civil (modificado por el artículo 3
de la Ley 791 de 2002) indica que se suspende a favor de los
incapaces y en general, de quienes se encuen tran bajo tutela o
curaduría. En efecto, la aludida norma determina que no se contará
el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en
imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha
imposibilidad subsista.

5.2. Efectos de la prescripción frente a la pensión de jubilación

Como bien se ha precisado, el fenómeno de la prescripción es un
modo de extinguir los derechos por el paso del tiempo en el que
éstos no se hayan exigido. Ahora bien, tratándose de la
prescripción en materia laboral, la jurisprudencia ha dado un
tratamient o especial a las prestaciones sociales periódicas, al
atribuirles un carácter de irrenunciables e imprescriptibles, como es
el caso del derecho a la pensión. Lo anterior, con el fin de
garantizar un pleno desarrollo de lo s principios constitucionales
respecto a la protección y asistencia especial a las personas de la
tercera edad, para así, mantener unas condiciones de vida digna,
bajo el precepto del derecho a la seguridad social 17.

Demandante: Sandra Patricia Mena Martínez. Ver también sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 26 de marzo de 2009,
radicado: 08001233100020030250001 (1134 -2007). Demandante: José Luis
Acuña Henríquez.
17 S e n t e n c i a C 230 del 20 de mayo de 1998. Corte Constitucional. Expediente:
D-1881.

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No obstante, la Sala aclara que, si bien este beneficio pensional no
se ve afectado por el fenómeno prescriptivo, no suced e lo mismo
respecto a las mesadas pensionales causadas, pues éstas pueden
extinguirse si no son reclamadas dentro del término pre visto por e l
legislador.

Respecto a ello, la Corte Constitucio nal 18 ha sostenido:

«[ …] Par t icular m ente, en r elación co n la pr escr ipci ón de las
acciones labor a les, est a Cor por ación ha adver t ido que el der echo a
la pens ión es im pr escr ipt ible, s in em bar go, el Con gr eso pue de f ij ar
la pr escr ipción ext in t iva d e los der echos que sur gen en vir t ud de un
der echo f undam ent al.

En concr et o, la j ur i spr udencia ha expr esado que los cr éd it os o
m esadas pensiona l es, deben ser r eclam ados dur ant e un lapso
det er m inado de t r es años, so pena de per der el der echo a r ecibir los:

“ Cabe agr egar , que dada la nat ur aleza per iódica o de t r act o
sucesivo y vit alicia de las pensiones, la pr escr ipción r esult a viabl e,
exclusiv am ent e, r espect o de los cr édit os o m esadas pens iona les
que no se hubiesen solic it ado dent r o de los t r es años ant er ior es al
m om ent o en que se pr esent e la r eclam ación del der echo ” [ …] »
( Subr aya la Sala) .
Bajo este entendido, es diáfano que estarán afectadas por la regla
general de la prescripción las mesadas pensionales que no se
soliciten dentro del término previsto por la ley, porque al
atribuírseles un carácter de periódicas, conlleva dire ctamente la
configuración de dicha excepción de las mesadas causadas en el
aludido período, cuando su reclamación no se efectúe en el
momento oportuno.

5.3. Término de p rescripción

La prescripción respecto de derechos laborales está regulada
concretamente por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, que en su tenor literal prevén :

«A rt í cul o 41. - Las acciones que e m anen de los d er echos
consagr ados en est e Decr et o pr escr ibir án en t r es años, co nt ados
desde que la r espec t iva oblig ación se ha ya hecho exigi ble.

18 S e n t e n c i a S U 2 9 8 d e l 2 1 d e m a y o d e 2 0 1 5 . C o r t e C o n s t i t u c i o n a l . E x p e d i e n t e :

T-4615005.

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El sim ple r eclam o escr it o del em pleado o tr abaj ador ant e la
aut or idad com pet ent e, sobr e un der echo o pr est ación debida m ent e
det er m inado, int er r um pe la pr escr ipción, per o sólo por un laps o
igua l. »

«A rt í cul o 102. - Pr escr ipción de acc ione s.
1. Las acciones que e m anan de los der echos consagr ados en el
Decr et o 3135 de 19 68 y en est e Decr et o, pr escr iben en t res ( 3)
años, co nt ados a pa r t ir de la f echa en q ue la r espect iva ob li gación
se haya hecho exig i ble.
2. El sim ple r eclam o e scr it o del em pleado of icial f or m ulado a nt e
la ent idad o em pr esa obligada, sobr e un der echo o pr est ación
debidam ent e det er m inado, int er r um pe la pr escr ipci ón, per o s olo por
un lapso igu al. »

De los artículos citados se colige que, una vez el derecho se hace
exigible el interesado cuenta con un término de 3 años para
reclamarlo, el cual se interrumpe por una sola vez y por un lapso
igual.

Así mismo , que presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado
cuenta con tres años para su reclamación en sede judicial, al cabo
de los cuales su inactividad implicará la extinción de su derech o, y
por ende, no será posible acceder al restablecimiento del derecho.

Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral,
también regula el término de la prescripción, así:

«Ar t í culo 151. Las acciones que em anen de las leyes sociale s
pr escr ibir án en t r es años, que se cont ar án desde que la r es pect iva
obli gació n se haya hecho exigi ble, el s im ple r eclam o escr it o del
t r abaj ador r ecibido por el [ em pleador ] sobr e un der echo o
pr est ación deb idam ent e det er m inado, i nt er r um pir á la pr escr ipción,
per o solo por un lap so igual».

Como se puede observar, el artículo anterior es concordante con
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969, en cuanto al término que tiene el empleado o trabajador
para acudir a la autoridad competente para reclamar un derecho,
lo cual se hace a través de las respectivas acciones contempladas
en el ordenamiento legal correspondiente.

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Ahora bien, de acuerdo con el Fo rmato No 1 Certificado de
información laboral visible a folio 235, s e observa que el causante
el señor Alberto Arturo Álava Montenegro nació el 2 de junio de
1943 y que laboró al servicio de la Universidad Na cional de
Colombia como docente desde el 27 de agosto de 1975 hasta el 20
de agosto de 1982, fecha en que falleció.

Así mismo, se encuentra la Resolución No 1063 de 2001, por medio
de la cual se negó la pensión de sobreviviente a la demandada,
proferida por la Universidad Nacional, Caja de P revisión Social y
en ella se estableció que el señor Alberto Arturo Alva Monten egro,
laboró al servicio del Estado, 18 años, 10 meses y 5 días (fl 244).
El 20 de agosto de 1982 fallece el señor Alberto Art uro Álava,
causante de la prestación reclamada por María Eugenia Ord óñez
Rubio.

Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público sustenta la causal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 y solicita la «revocatoria parcial» de la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundin amarca, en el s entido de que
se aplique la prescripción de mesadas causadas, no pagadas y no
reclamadas oportunamente la Sala observa lo siguiente:

▪ El 1 de abril de 1994 , entra en vigencia la Ley 100 de 1993.

▪ En mayo de 2001, la señora Ord óñez Rubio presentó solicitud
de reconocimiento de la pensión de sobreviviente ante la
Universidad Nacional – Caja de Previsión Social.

▪ El 11 de junio de 2001 , a través de la Resolución No 1 063 de
2001, la Universidad Nacional de Colombia – Caja de Previsión
Social negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora María Eugenia Ord óñez Rubio
(fl 129 anexo) .

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▪ El 19 de junio de 2007, la señora Ord óñez Rubio presentó
solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente
ante la Universidad Nacional – Caja de Previsión Social, con
aplicación retros pectiva de la Ley 100 de 1993 ( fl 133 anexo
2).

▪ El 19 de diciembre de 2008, presentó nuevamente solicitud
de reconocimiento de la pensión de sobreviviente ante la
Universidad Naci onal – Caja de Previsión Social con
aplicación retros pectiva de la Ley 100 de 1993 (fl 142 anexo
2).

▪ El 16 de marzo de 2009 , la Universidad Nacional de Colombia -
Caja de Previsión Social res olvió la petición presentada el 1 9
de diciembre de 2008, negando el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes , a través de la Resolución No 057 (fl 237 c
1).

▪ El 2 de diciembre de 2009, la señora María Eugenia Ord óñez
Rubio present ó acción de nulidad y restablecimiento contra la
Resolución No 057 de 2009 (fl 273).

▪ El 14 de octubre de 2011, el Juzgado Sexto Administrativo de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Contra esta
decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación.
(fl 349 a 371).

▪ El 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la sentencia del juzgado y, en su lugar,
declaró la nulidad del acto administrativo demandado; y, como
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada
reconocer a la señora María Eugenia Ord óñez Rubio una
pensión de sobreviviente correspondiente al 63% de la base de
liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
100 de 1993 , por retrospectividad y a partir del 1 de enero de
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1994, fecha en que entró a regir la aludida disposición. N o
obstante, no aplicó la prescripción.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que,
efectivamente, el Tribunal aplicó la retrospectividad del Sistema
General de Pensiones , atendiendo lo dispuesto por esta Corporación
en la sentencia de 29 de abril de 2010 19, en la que se precisó en
desarrollo del prin cipio de favorabilidad la Ley 100 de 1993 podía
ser aplicada, en el entendido de que la nueva ley puede regular
ciertas situaciones o hechos jurídicos que , aun cuando han acaec ido
bajo la vigencia de una ley anterior , n o tuvieron la virtud de obtener
su consolidación , de manera definitiva como derecho , bajo la ley
antigua.

No obstante lo anterior, la Sala considera que , si bien es cierto se
reconoció la pensión de sobreviviente a la señora María Eugenia
Ordóñez Rubio, con ocasión al fallecimiento del señor Alberto Arturo
Álava, bajo la Ley 100 de 1993 por retrospectividad, ello no debió
ser a partir de la entrada en vig or de esa normativa ( 1 de abril de
1994), en la medida en que desconoce la normativa rectora de la
prescripción y la fe cha en que se solicitó la pensión de sobreviviente
ante la Universidad Nacional de Colombia - Caja de Previsión Social
(19 de junio de 20 07 ), data qu e interrumpe el fenómeno extintivo y
que, en un momento dado, puede castigar a la intere sad a por su
inactividad con la perdida de mesadas .

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los
derroteros jurispru denciales trazados por el Consejo de Estado, la
Sala declarará, declarará fun dada la acción especial de revisión por
la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 14 de septiembre
de 2012, la cual se infirmará parcialmente . En su lugar, se profiere
la siguiente sentencia de reemplazo.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, número interno 0548-2009.

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6. Sentenci a de reemplazo

6.1. Competencia

Esta Sala es competente para proferir la sentencia de reemplazo
dentro de este asunto, en virtud de lo preceptuado en el artículo
255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

6.2. La demanda

La señora María Eugenia Ord óñez Rubio, por intermedio de
apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, demandó la nulidad de la Resolución 057 del 16 de
marzo de 2009 , proferida por la Universidad Nacional de Colombia
– Caja de Previsión Social , que le negó el reconocimiento y pago
de una pensión de sobreviviente.

Consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó lo siguiente: i) condenar a la entidad accionada a
reconocer la pensión de sobreviviente en los términos establecidos
en la Ley 100 de 1993, por retrospectividad, es decir, efectiva a
partir del 1 de abril de 1994 y ii) ordenar a la demandada al pago
indexado de todas las mesadas pensionales causadas.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, la demandante afirmó
que la Universidad Nacional de Colombia – Caja de Previsión Social
a través del acto acusado, negó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente, toda vez que desestimó la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, así como su calidad de
compañera permanente.

El Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, en sentencia de 14 de
octubre de 2011, negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que la señora María Eugenia Ord óñez Rubio no había acre ditado
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su calidad de compañera permanente para ser merecedora de la
pensión.

6.3. Consideraciones

En este caso, el problema jurídico a resolver es el siguie nte: ¿Debe
declararse la prescripción de las mesadas pensionales causadas
no pagadas y no reclamadas oportunamente por la señora María
Eugenia Ord óñez Rubio?

Según lo explicado en el acápite anter ior, la solución al problema
jurídico planteado debe ser declarar la prescripción de las mesadas
pensionales no reclamadas oportunamente por la señora María
Eugenia Ord óñez Rubio en calidad de compañera permanente del
causante el señor Alberto Arturo Álava Montenegro, a partir del 19
de junio de 2004 , por las razones que a continuación se exponen.

El Decreto 3135 de 1968 dispuso en su artículo 41 lo siguiente:

«A rt í cul o 41 . Las acciones que em anen de los der echos
consagr ados en este decr et o pr escr ibir án en tr es años cont ados
desde que la r espect iva obli gació n se haya hecho exigi ble. E l
sim ple r eclam o escr i t o del em pleado o t r abaj ador ant e la aut or idad
com pet ent e sobr e un der echo o pr est ación debidam ent e
det er m inado, int er r um pe la pr escr ipción , per o sólo por un laps o
igua l».

Por su parte, el Decreto 1848 de 1969 señaló, al respecto, lo
siguiente:

«A rt í cul o 102. - Prescri pci ón de acci ones.

1. Las acciones que em anan de los der echos consagr ado s en el
Decr et o 3135 de 19 68 y en est e Decr et o, pr escr iben en t res ( 3)
años, cont ados a pa r t ir de la f echa en q ue la r espect iva ob li gación
se haya hecho exig i ble.

2. El sim ple r ec lam o escr it o del em ple ad o of icia l f or m ulado a nt e la
ent idad o em pr esa obligada, sobr e un der echo o pr est ació n
debid am ent e det er m inado, int er r um pe la pr escr ipción, per o s olo por
un lapso igu al ».

De las normas reseñadas, la Sala concluye lo siguiente: (i) las
acciones que emanan de los derechos laborales y prestacionales
prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que se
hicieron exigibles; y (ii) e l simple reclamo escrito de la titula r
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interrumpe la prescripción por una sola vez y por un lapso igual.
En otras palabras, el término de prescripción empieza a correr a
partir de la fecha en que el derecho se haya hecho exigible, y la
interrupción se presenta en un lapso igual contados desde la
presentación de la reclamación administrativa. Por lo t anto, luego
de presentada la solicitud de un derecho, el interesado cuenta con
3 años para demandar su reconocimiento, en caso de que la entidad
requerida sea renuente a darle respuesta, so pena de ac tivarse el
fenómeno prescriptivo, y de esta manera evitar la p érdida del
derecho a las prestaciones periódicas que se llegaren a ver
afectadas por el transcurso del tiempo.

En el asunto sub lite , como fue expuesto en acápite anterior, la
señora María Eugenia Ord óñez Rubio solicitó el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente el 19 de junio de 2007; por lo tanto, es
cierto que se presentó el fenómeno prescriptivo sobre las mesadas
causadas con anterioridad al mismo día y mes de 2004, razón por
la cual se deberá infirmar parcialm ente la sentencia objeto de
revisión.

Siendo así las cosas, en el presente caso se configura la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por lo que habrá de declararse fundada la acción de revisión
y, como consecuencia, infirmarse parcialmente la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha
14 de septiembre de 2012, en lo relacionado con la prescripción de
las mesadas pensionales causadas, no pag adas y no reclamadas
oportunamente, en los 3 años anteriores a la solicitud de la pensión
de sobreviviente , esto es, desde el 19 de junio de 2004 hacia atrás,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se declarará la prescripción del derecho a tales mesadas.

No obstante lo anterior, si en cumplimiento de la sentencia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público hubiese pagado las diferencias con
arreglo a las mesadas que se encontraban prescrit as, no se
dispondrá el reintegro de estas, pues tales sumas fueron recibida s
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de buena fe, en el entendido de que provienen de una condena
judicial, razón por la cual se debe aplicar lo dispuesto en la parte
final del artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA.

7. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 20 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mecanismo de def ensa de los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que
rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República d e Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA

PRIMERO. Declarar parcialmente fundada la acción de revisión
promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues,
sí se configura la causal b) del a rtículo 20 de la Ley 7 97 de 2003
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de 14 de septiembre de 2012, por las razones expuestas. En
consecuencia:

20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas
Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente
11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente
11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente
11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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SEGUNDO. Infirmar parcialmente la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de 14 de septiembre de 2012, solo
en cuanto se abstuvo de declarar la prescripción de mesadas
pensionales causadas y no reclamadas oportunamente por la
señora María Eugenia Ord óñez Rubio . En su lugar, se d ispone lo
siguiente:

TERCERO. Declarar prescritas las m esadas pensionales causadas
con anterioridad al 19 de junio de 2004, comoquiera que la petición
se presentó el mismo día y mes de 2007, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En todo
lo demás se mantiene la decisión.

CUARTO. Sin condena en costas.

QUINTO. En firme esta decisión , archívese el expediente previas
las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI, devuélvase el
expediente en préstamo al despacho judicial de origen.

SEXTO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las
anotaciones pertinentes en el programa SAMAI

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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