Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00071-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00071-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00071-00
Consejero ponente: Conjuez Jorge Ivan Acuña Arrieta
3 de diciembre de 2024
Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Bogotá D. C. tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: 110010325000201800071 00
Número interno: 0271-2018
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
Actos demandados: Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de
1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de
2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219
de 2016 y 989 de 2017
Demandados: Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Departamento Administrativo de la Función Pública y
Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad simple
SENTENCIA
1. LA DEMANDA
El día 18 de diciembre de 20171 el señor Héctor James Hurtado Montezuma, en
ejercicio del medio de control de nulidad simple, demandó la nulidad de las siguientes
disposiciones de 25 Decretos del Gobierno Nacional2:
1. Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
1 Folio 54 vuelto.
2 La demanda se promovió con fundamento en los medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el despacho sustanciador
mediante auto del 3 de diciembre de 2019, resolvió: i) escindir la demanda; ii) remitir al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, copia del expediente a fin de que este conociera del medio de
control de nulidad y restablecimiento en contra del Oficio DS-06-12-6-SAJ-0237 del 28 de febrero de
2017 y de la Resolución 2-1703 del 7 de junio de 2017, emitidos por la Fiscalía General de la Nación
y iii) admitir la demanda nulidad simple (folios 169 a 167).
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
5. Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Decreto 989 de 2017 artículos 17
De esos Decretos se demandan dos disposiciones en particular:
Por una parte, el artículo 6 del Decreto 53, el artículo 7 del Decreto 108, el artículo
49 del Decreto 1995, 7 del Decreto 108, 7 del Decreto 52, 7 del Decreto 50, 7 del
Decreto 38 y 7 del Decreto 685, así como el artículo 8 de los Decretos 2743 y 2729,
cuyo texto común es el siguiente:
“El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter
salarial:
Fiscal Delegado ante Tribunal Nacional
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito
Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
Secretario General
Directores Nacionales
Directores Regionales
Directores Seccionales
Jefes de Oficina
Jefes de División
Jefe de Unidad de Policía Judicial
Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos”
Por otra, las demás disposiciones referidas en precedencia, cuyo texto común es el
siguiente:
“Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en consecuencia con
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Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”
Como normas violadas se citaron numerosas disposiciones de la Constitución,
normas internacionales, la Ley 270 de 1996, el Código Sustantivo del Trabajo y la
Ley 4ª de 1992.
La demandante sostuvo que las normas acusadas desconocen los principios de
favorabilidad, progresividad e igualdad de los trabajadores de la Fiscalía. Asimismo,
violan el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en lo relativo a la prima especial de
servicios, porque ella, en palabras textuales:
“[…] [E]s un componente de la remuneración o ingreso de los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación en contraprestación a su trabajo, que a pesar que
la norma le quite su carácter de salario para restarle sus efectos en el cálculo
de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, por imperio del Estatuto de
Trabajo y la Constitución Política de Colombia, no pierde su carácter de factor
salarial […]
Como también, la prima especial debe ser un aumento que debe decretarse
entre el treinta al sesenta por ciento del salario básico, lo que quiere decir que
el porcentaje que se señale por el Gobierno Nacional por intermedio de los
decretos que expide año tras año, sea un real aumento o incremento al salario
básico, y no una reducción o afectación a la integridad del mismo”
En cuanto a la cosa juzgada, pidió acoger el criterio expuesto por la Sección Segunda,
del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de abril de 2009, expediente 11001-03-
25-000-2007-00098-00, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, mediante la cual se rectificó
la jurisprudencia en cuanto al concepto de primas y se concluyó que estas constituyen
un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral. En su concepto, las
decisiones proferidas con anterioridad a aquella, a través de las cuales se estudió el
citado emolumento, no configuran cosa juzgada, con fundamento en lo anterior,
solicitó la nulidad de las normas acusadas.
2. LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
Para defender la legalidad de los actos demandados y oponerse a los razonamientos
de la demanda, las diferentes entidades accionadas presentaron escritos de
contestación, bajo los siguientes argumentos:
2.1. Contestación del Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia3 propuso la excepción de “cosa juzgada”, en la cual advierte
que “esta Dirección del Ministerio de Justicia y del Derecho advierte que una Sala
de conjueces, perteneciente a la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
3 Visible a índice 50 de SAMAI.
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Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
Sentencia 11001032500020180110100 del 21 de septiembre del 2022, resolvió de
fondo el tema debatido y declaró la nulidad de las normas ahora demandadas y
contenidas en los 25 decretos mencionados”.
2.2. Contestación del Departamento de la Función Pública
La Función Pública4 también se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sobre el fondo del debate la Función Pública sostuvo que no se ha debido escindir
la demanda, por razones de economía procesal, de manera que se ha debido
tramitar bajo la cuerda común de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene
una caducidad de cuatro meses, los cuales ya se vencieron, y entonces habría que
declarar la caducidad de las dos pretensiones.
Por último, la Función Pública propuso las excepciones de “caducidad”, de “trámite
inadecuado de la demanda”, de “cosa juzgada material y absoluta” y la genérica.
2.3. Contestación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda5 se opuso a las pretensiones de la demanda y reiteró que
la ejecución de los recursos que son aprobados por el Congreso de la República
mediante la Ley Anual de Presupuesto queda en cabeza de las entidades que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación, en este caso, de la Fiscalía General
De La Nación, como sección presupuestal de la Ley 2008 de 2019, en virtud de la
autonomía presupuestal establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Así mismo, consideró que hay “cosa juzgada”, con estas palabras:
“Sobre el particular es importante concluir y resaltar que el Consejo de
Estado para decretar la nulidad de una norma, realiza el análisis en
abstracto de la misma. En ese entendido, la declaración de nulidad
decretada respecto de los artículos que son nuevamente objeto de
demanda en el asunto de referencia tiene efectos erga omnes de manera
plena, y, por tanto, no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el
que se solicite su anulación.”.
Propuso la excepción de “cosa juzgada”, “prima especial no constituye factor
salarial”, “inexistencia de precedente jurisprudencial aplicable”, y “legalidad de las
demás normas objeto de demanda”.
Finalmente, como cuestión previa indicó que “…se evidencia que existen varios
procesos admitidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado que presentan
idéntico objeto y causa, por lo que resulta procedente acumular dicho trámite judicial
4 Visible a índice 46 de SAMAI.
5 Visible a índice 51 y 52 de SAMAI.
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
a efectos de emitir un solo pronunciamiento y procurar la celeridad y economía, así
como evitar sentencias contradictorias y descongestionar la administración de
justicia al resolver en un solo procesos la multiplicidad de demandas que por los
mismos términos ha presentado el mismo togado, pues los procesos anteriormente
referidos tan solo son una muestra del centenar de procesos cursantes en los
mismos términos”.
No solicita pruebas.
3.4. Contestación de la Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía6 se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sobre el fondo del tema en ciernes, la Fiscalía afirmó que “el Gobierno Nacional no
puede establecer un régimen salarial que vaya en contra del marco fijado por el
Congreso al expedir la Ley, y muchos menos, que una autoridad distinta al Gobierno
Nacional, fije un nuevo régimen salarial teniendo en cuenta la competencia
exclusiva de este para establecerlo.”.
Así mismo la entidad demandada propuso la excepción de cosa juzgada.
3. APLICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA
En curso del presente proceso, el conjuez sustanciador tuvo conocimiento del fallo
del 21 de septiembre de 2022, proferido por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao
en el medio de control de simple nulidad en el radicado 11001 03 25 000 2018 01101
007. Dicha sentencia declaró la nulidad de los decretos aquí demandados.
Mediante auto del 5 de diciembre de 20238 y con fundamento en el numeral 3 del
artículo 182A del CPACA, se ordenó darle a esta litis el trámite propio de la sentencia
anticipada y como consecuencia de lo anterior, el auto dispuso correr traslado a las
partes para la presentación de alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para
emitir concepto.
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Departamento Administrativo de la Función Pública9, el Ministerio de Justicia y del
Derecho10 y la Fiscalía General de la Nación11, en esencia, reiteraron los argumentos
6 Visible a índice 53 de SAMAI.
7 La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el índice 43 del expediente electrónico 11001
03 25 000 2018 01101 00 N.I 3974-2018.
8 Ííndice 74 de SAMAI.
9 Visible a índice 79 de SAMAI.
10 Visible a índice 80 a 102 de SAMAI.
11 Visible a índice 78 de SAMAI.
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Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
expuestos en las respectivas contestaciones de la demanda. En particular, el
Ministerio de Justicia pidió estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022, emitida dentro del radicado: 110010325000201801101 00.
Guardaron silencio la parte demandante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según
consta en la respectiva nota Secretarial12.
La Sala de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede de conformidad.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA13
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, este Despacho es competente para dictar la sentencia
de única instancia que en derecho corresponde
5.2. CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA
Mediante fallo del 21 de septiembre de 2022, proferido por el Conjuez Néstor Raúl
Correa Henao en el medio de control de simple nulidad en el radicado 11001 03 25
000 2018 01101 00 con N.I 3974-2018 se profirió sentencia en la que se pronunció
de fondo sobre la legalidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995,
108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001,
685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007,
665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de
2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017 , por lo que el
Despacho dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la
cosa juzgada formal, según se explica en las siguientes líneas:
• Cosa juzgada de las decisiones judiciales
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de
12 Visible en el índice 103 de SAMAI.
13 La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas
contenidas en el libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial:
construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008.
Asimismo, se tiene en cuenta el “Manual de Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la terminación
definitiva de controversias que permita la realización de la seguridad jurídica15 como
principio fundante dentro de un Estado social de derecho.
En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada, se
han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la
inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto de
estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo;
la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial16; y, en los casos en
que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del CPACA.
De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la expedición
de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico disposiciones ya
anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha de tenerse en
cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora
bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este último en aquellos
casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen
los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de suspensión17.
Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que,
previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción y
que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre
debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes
exigencias:
(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate
de un medio de control de carácter público, como el de nulidad simple,
que al propender por la protección del interés general puede ser
promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que
se configure la cosa juzgada.
(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
15 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28
de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.
16 Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
17 Sentencia del 1 de septiembre de 2022 dentro del proceso 11001 03 25 000 2021 00222 00 (1385-
2021) M.P William Hernández Gómez.
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está
dado analizar los nuevos supuestos18.
(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.
De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisión de la
administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el mundo. Igual
efecto produce la sentencia que niegue la nulidad “[…] pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada […]”19. Así pues, en este último supuesto el efecto, además
de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la
manifestación de voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por
razones diferentes a las ya estudiadas.
Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de
control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto administrativo,
lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad de predicar, en
uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los aspectos que son
sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras palabras, en ambos
procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la «materia juzgada».
Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un criterio
sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del CPACA previamente estudiado, pues
con independencia de la redacción o del cuerpo normativo en que se encuentre
inserta la disposición, si en esencia se trata de la misma norma que está siendo
controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los efectos propios de
la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que existe entre la norma y
la disposición, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta última.
Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la
cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas se produce
cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada
18 Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control
inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley, es
claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existirá
el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al análisis
de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en
el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de
nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se
configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación de normas que no hayan sido
invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de
legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.
19 En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima
relación con el numeral 4º del artículo 137 que exige en toda demanda de impugnación de un acto
administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación […]».
Ver artículo Acciones y recursos ordinarios p. 228.
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material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma
que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jurídico
o incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro artículo de manera
exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.
En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley
1437 de 2011 consagraba en el numeral 6 del artículo 180 una etapa de decisión de
excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio
exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien
porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de
que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta
excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.
Al entrar en vigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la
audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera que
las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa
juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia20.
Visto lo anterior, a continuación, se presentan de manera esquematizada los
principales elementos distintivos del atributo en cuestión:
Cosa juzgada
Requisitos de (i) Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de
configuración control de naturaleza pública.
(ii) Identidad de causa petendi.
(iii) Identidad de objeto.
Efectos de la (i) Presunción de veracidad.
decisión (ii) Inmutabilidad.
(iii) Irrevocabilidad directa.
(iv) Prohibición de reproducción del acto administrativo
anulado, cuando se trata de una pretensión de nulidad
Alcance de los (i) La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
efectos (ii) La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga
(pretensión de omnes únicamente respecto de la causa petendi.
nulidad)
Oportunidad En la sentencia
para declararla
20 Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38
de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del
artículo 182A.».
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Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la existencia
de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Decisión en caso de operar la cosa juzgada
Cosa juzgada formal Cosa juzgada material
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto y
declaró la (ii) Declarar la nulidad de la norma
nulidad por desconocimiento del artículo 237
del CPACA
Sentencia negó Estarse a lo resuelto Estarse a lo resuelto
la nulidad
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto e
interpretativa, (ii) Incorporar la misma
aditiva, interpretación, adición o sustitución a
integradora o la lectura del texto normativo
sustitutiva enjuiciado.
Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una sentencia
respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra prevista como
una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, salvo que en el
segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de cosa juzgada21.
• Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto
En el asunto sub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte de
dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo aquel
fenómeno. La primera de ellas es que entre este proceso y el definido mediante la
sentencia del 21 de septiembre de 2022, en el medio de control con radicado 11001
03 25 000 2018 01101 00 (N.I 3974-2018 ), existe identidad de objeto o
materia juzgada pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre los
Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de
1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395
de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015,
219 de 2016 y 989 de 2017.
El segundo aspecto a destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del 21
de septiembre de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:
21 Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
[…] PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de cosa juzgada
frente a la solicitud de nulidad de los Decretos demandados, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ANULAR las siguientes normas:
1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17
[…]
La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión
anulatoria fue justificada en los siguientes términos:
Visto lo anterior, dado que la sentencia del 21 de septiembre de 2022 declaró la
nulidad, con efectos hacia el futuro, de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49
de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729
de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006,
625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, es preciso
concluir que, en los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito
a cosa juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un
nuevo estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue
retirado del ordenamiento jurídico.
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta
sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido en el fallo del 21 de septiembre
de 2022 proferido por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao en el medio de control
de simple nulidad en el radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (N.I 3974-
2018).
6. DECISIÓN
Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto en la
sentencia proferida el 21 de septiembre de 2022 proferido por el Conjuez Néstor
Raúl Correa Henao en el medio de control de simple nulidad en el radicado 11001
03 25 000 2018 01101 00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar probada la excepción de cosa juzgada, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao en el medio de control de simple
nulidad, bajo el radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (N. I 3974-2018),
mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49
de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de
2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de
2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035
de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse
las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI de esta
corporación.
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
Conjuez Ponente
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Radicado: 110010325000201800071 00 (0271-2018)
Demandante: Héctor James Hurtado Montezuma
Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez
Firmado electrónicamente
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
el artículo 186 del CPACA
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