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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00222-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
47 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00222-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión n.º 17, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 1754 de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400. Segundo: Reconocer personería al abogado Alejandro Mario de Jesús Melo Saade, identificado con cédula de ciudadanía 1.010.186.207 y tarjeta profesional 251.901 del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejerza la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con las facultades que le asisten en su condición de director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de la entidad. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00222-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., primero (01) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: SINDICATO DE UNIFICACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA DIAN Y FINANZAS PÚBLICAS
Demandados: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTRO1

Temas: Configuración y efectos de la cosa juzgada.

Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de
Decisión n.º 17, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado
11001031500020210466400.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-012-2022

1. ASUNTO

La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial de la referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad
simple consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. DEMANDA2

En ejercicio del medio de control de nulidad, el Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la Dian y Finanzas Públicas, Siunedian Finanzas Públicas,
presentó demanda en contra de la Presidencia de la República y del Ministerio de
Justicia y del Derecho. No obstante, en auto del 19 de noviembre de 20213 proferido
por el consejero sustanciador, además de admitirse la demanda, se ordenó citar al
Departamento Administrativo de la Función Pública en calidad de demandado y se

1
Departamento Administrativo de la Función Pública.
2
Ff. 4 y 14 del cuaderno principal, expediente físico.
3
Índice 32, expediente electrónico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

abstuvo de vincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

2.1. Pretensión

Se declare la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, «Por el cual
se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado
con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo
de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del
régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria.»

2.2. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se alega el desconocimiento de los artículos 29 y 189 numeral 11
de la Constitución Política, así como el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de
20204. En criterio del sindicato demandante dicha transgresión se concreta en los
siguientes vicios de nulidad:

(i) Exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria5. El artículo 14 del Decreto
Legislativo 491 de 2020 previó la suspensión de los concursos de mérito mientras
se encontrase vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud
y Protección Social con ocasión de la Covid 19. De acuerdo con ello, no resultaba
viable que el Gobierno Nacional, a través del acto acusado y so pretexto de estar
reglamentando aquella norma, estableciera las condiciones en que podrían
reanudarse dichos procesos de selección sin el levantamiento previo de la
emergencia sanitaria.

(ii) Violación del derecho al debido proceso, que fundamentó en los mismos
términos del anterior reproche.

(iii) Falsa motivación. El Decreto 1754 de 2020 incurrió en este vicio pues, a pesar
de que la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección
Social aún se encontraba vigente, habilitó la reanudación de los concursos de mérito
que se encontraban en las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas. Lo
anterior, desconociendo que, por mandato del mencionado artículo 14, dichos
procesos de selección fueron suspendidos durante la emergencia sanitaria.

4
«Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica».
5
Aunque la parte demandante desarrolló este reproche bajo el cargo de desviación de poder,
materialmente su fundamentación da cuenta del vicio de falta de competencia por exceso en el
ejercicio de la potestad reglamentaria.

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2

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho6

Esta cartera ministerial solicitó que se deniegue la pretensión de la demanda y, en
consecuencia, se declare ajustado a derecho el Decreto 1754 de 2020. Con tal fin,
adujo que el acto demandado se expidió en ejercicio de la potestad reglamentaria
que le asiste al Gobierno Nacional, en particular con fundamento en el numeral 11
del artículo 189 Superior y el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Seguidamente, sostuvo que el contenido del Decreto 1754 responde al carácter
transitorio del aplazamiento de los concursos de mérito y se ajusta al levantamiento
del confinamiento general, al esquema de aislamiento selectivo y al distanciamiento
individual responsable, además de obedecer a la necesidad de reactivación
productiva y gradual, acompañada del cumplimiento de las medidas de bioseguridad
respectivas.

En ese contexto, explicó que la expedición del decreto estudiado atiende a las
nuevas realidades que surgieron en materia epidemiológica y a las
recomendaciones de las autoridades nacionales de salud, a partir de las cuales
pudieron plantearse nuevamente escenarios de reclutamiento de aspirantes en los
procesos de selección y la aplicación de las pruebas propias de estos concursos.

En armonía con lo anterior, destacó que la transitoriedad de la suspensión de los
procesos de selección había sido avalada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-242 de 2020. Además, el ministerio demandado hizo énfasis en que el
ingreso a la función pública a través de los concursos de mérito no puede
suspenderse en forma indefinida.

Aunado a lo anterior, consideró que los cargos que formuló el demandante no fueron
individualizados correctamente pues todos comparten la misma justificación.

3.2. Departamento Administrativo de la Función Pública7

Antes de centrarse en la defensa de la legalidad del acto acusado, esta entidad
pública llamó la atención sobre la existencia de un control automático de legalidad8
y otro medio de nulidad simple9 que también tienen por objeto el estudio de la validez
del Decreto 1754 de 2020.

Dicho lo anterior, expuso que, siendo la carrera administrativa un eje axial de la
Constitución Política y los concursos públicos la forma de acceder a ella, cualquier

6
Índice 50, reiterado en el índice 51 del expediente electrónico.
7
Índice 55, ibidem.
8
Radicado 11001031500020210466400.
9
Radicado 11001032500020210038500.

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3

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

suspensión temporal en la materia debe interpretarse de manera restrictiva y
transitoria, sin que se afecte el derecho de los ciudadanos al desempeño de
funciones y cargos públicos por el sistema de mérito y en condiciones de igualdad.
Señaló que en el momento en que se expidió el acto demandado, todas las
actividades del país habían sido reanudadas bajo rigurosos protocolos de
bioseguridad y que los concursos no podían ser la excepción.

Ante la imposibilidad de limitar permanente e indefinidamente los derechos
constitucionales asociados a la carrera administrativa era claro que, una vez
superadas las circunstancias que originaron su suspensión, la única forma de
restablecer el estado constitucional de cosas era darle continuidad a los concursos
de mérito.

Bajo ese hilo argumentativo, afirmó que los artículos 189 Superior y 14 del Decreto
Legislativo respaldaban suficientemente la expedición del acto acusado y destacó
que la parte considerativa de este último documentó en forma abundante los hechos
que justificaban «[…] (i) la inaplazable necesidad de reanudar el reclutamiento y
aplicación de pruebas en los concursos adelantados por la CNCS, bajo el
cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad; (ii) la finalidad y teleología
de la reglamentación del Decreto Legislativo 491 de 2020, en lo referente a los
aspectos puntualmente definidos en los artículos 1° a 3° de la parte Resolutiva del
Decreto 1754 de 2020, (iii) la incuestionable legalidad material del acto demandado
bajo los actuales parámetros de aislamiento selectivo con distanciamiento individual
responsable y los protocolos de seguridad adoptados en la actual coyuntura
sanitaria […]».

Con sustento en lo anterior, el Departamento Administrativo de la Función Pública
propuso las excepciones de fondo que denominó «Legalidad de la norma acusada»,
«inexistencia de causales legales que motiven la anulación de la norma
demandada» y la genérica.

4. MEDIDA CAUTELAR

La solicitud para que se suspendieran provisionalmente los efectos del Decreto
1754 de 2020 fue resuelta de manera favorable por el consejero sustanciador en
auto del 6 de junio de 202210, en el que se decretó dicha medida cautelar.

5. COADYUVANCIA

La «Asociación nacional de servidores públicos civiles no uniformados que prestan
sus servicios al ministerio de defensa», Aservidem, presentó escrito11 en el que

10
Índice 57, expediente electrónico.
11
Índice 65, ibidem.

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4

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

manifestó coadyuvar la demanda. Expuso que los servidores públicos
pertenecientes al sector que representan se vieron afectados por el exceso en el
ejercicio de la potestad reglamentaria que se produjo con la expedición del Decreto
1754 de 2020 pues, en los Procesos de Selección 624 a 638 de 2018, la CNSC
adelantó las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y, en algunos casos,
se produjo el nombramiento en periodo de prueba, todo ello en vigencia de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia.

6. APLICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA

En curso el presente proceso, el magistrado sustanciador tuvo conocimiento del fallo
del 3 de junio de 2022, proferido por la Sala Especial de Decisión n.º 17 de esta
Corporación en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001-03-
15-000-2021-04664-0012. Dicha sentencia declaró la nulidad del Decreto 1754 del
22 de diciembre de 2020 con efectos ex nunc.

Es importante señalar que la situación en torno a las fechas del auto que ordenó la
suspensión provisional del Decreto 1754 de 2000 en este proceso y la sentencia
que lo anuló en el control inmediato de legalidad, obedeció a que esta última no fue
registrada en la plataforma judicial SAMAI sino hasta el 16 de junio de 2022 y,
principalmente, al hecho de que su notificación tuvo lugar el día 29 del mismo mes
y año. Se trató entonces de una circunstancia completamente fortuita que,
naturalmente, no le resta efectos vinculantes al fallo del 3 de junio de 2022.

Por el contrario, reconociendo el valor de este último, mediante auto del 25 de julio
de 202213 y con fundamento en el numeral 3 del artículo 182A del CPACA, se
ordenó darle a esta litis el trámite propio de la sentencia anticipada al considerar
que, prima facie, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada en virtud del referido
fallo. Como consecuencia de lo anterior, el mismo auto dispuso correr traslado a las
partes para la presentación de alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para
emitir concepto.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

7.1. Parte demandante

Se abstuvo de pronunciarse.

12
La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el índice 21 del expediente electrónico
11001031500020210466400.
13
Índice 69, expediente electrónico..

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5

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

7.2. Ministerio de Justicia y del Derecho14

La entidad hizo uso de esta oportunidad procesal para solicitar que el fallo que se
emita en este proceso decida estarse a lo resuelto en la sentencia del 3 de junio de
2022, que dictó la Sala Especial de Decisión n.º 17 en el control inmediato de
legalidad 11001031500020210466400. Adujo que de acuerdo con el artículo 189
del CPACA debían reconocerse los efectos de cosa juzgada erga omnes de aquella
providencia, en tanto declaró la nulidad del Decreto 1754 de 2020, aunque con
efectos a futuro pues se quisieron respetar las situaciones jurídicas consolidadas al
amparo de la norma anulada.

7.3. Departamento Administrativo de la Función Pública15

Esta entidad reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.

8. MINISTERIO PÚBLICO

No emitió concepto en este proceso judicial.

9. CONSIDERACIONES

9.1. Competencia

De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.

9.2. Configuración de la cosa juzgada

El pasado 3 de junio, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado
11001-03-15-000-2021-04664-0017, la Sala Especial de Decisión n.º 17 del Consejo
de Estado profirió sentencia en la que se pronunció de fondo sobre la legalidad del
Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, declarando su nulidad con efectos hacia
el futuro o ex nunc.

La Sala dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la cosa
juzgada formal, según se explica en las siguientes líneas:

14
Índice 82, expediente electrónico.
15
Índice 99, ibidem.
16
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17
La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el índice 21 del expediente electrónico
11001031500020210466400.

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Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

Ø El efecto de la cosa juzgada de las decisiones judiciales

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el
carácter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la
terminación definitiva de controversias que permita la realización de la seguridad
jurídica18 como principio fundante dentro de un Estado social de derecho.

En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada,
se han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la
inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto de
estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo;
la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial19; y, en los casos en
que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del CPACA.

De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la expedición
de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico disposiciones ya
anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha de tenerse en
cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora
bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este último en aquellos
casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen
los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de suspensión.

Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que,
previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción y
que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre
debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes
exigencias:

(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate
de un medio de control de carácter público, como el de nulidad simple,
que al propender por la protección del interés general puede ser
promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que
se configure la cosa juzgada.

(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como

18
En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28
de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.
19
Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

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sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está
dado analizar los nuevos supuestos20.

(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.

De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisión de la
administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el mundo. Igual
efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada […]»21. Así pues, en este último supuesto el efecto, además
de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la
manifestación de voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por
razones diferentes a las ya estudiadas.

Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de
control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto administrativo,
lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad de predicar, en
uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los aspectos que son
sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras palabras, en ambos
procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la «materia juzgada».

Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un criterio
sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del CPACA previamente estudiado, pues
con independencia de la redacción o del cuerpo normativo en que se encuentre
inserta la disposición, si en esencia se trata de la misma norma que está siendo
controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los efectos propios de
la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que existe entre la norma y
la disposición, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta última.

Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la
cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas se produce
cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada
material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma

20
Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control
inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley, es
claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existirá
el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al análisis
de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en
el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de
nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se
configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación de normas que no hayan sido
invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de
legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.
21
En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima
relación con el numeral 4º del artículo 137 que exige en toda demanda de impugnación de un acto
administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación […]».
Ver artículo Acciones y recursos ordinarios p. 228.

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que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jurídico o
incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro artículo de manera
exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.

En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley
1437 de 2011 consagraba en el numeral 6 del artículo 180 una etapa de decisión de
excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio
exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien
porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de
que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta
excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.

Al entrar en rigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la
audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera
que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa
juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia22.

Visto lo anterior, a continuación, se presentan de manera esquematizada los
principales elementos distintivos del atributo en cuestión:

Cosa juzgada
Requisitos de (i) Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de
configuración control de naturaleza pública.
(ii) Identidad de causa petendi.
(iii) Identidad de objeto.
Efectos de la (i) Presunción de veracidad.
decisión (ii) Inmutabilidad.
(iii) Irrevocabilidad directa.
(iv) Prohibición de reproducción del acto administrativo
anulado, cuando se trata de una pretensión de nulidad
Alcance de los (i) La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
efectos (ii) La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga
(pretensión de omnes únicamente respecto de la causa petendi.
nulidad)
Oportunidad En la sentencia
para declararla

22
Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38
de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del
artículo 182A.».

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Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la
existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Decisión en caso de operar la cosa juzgada
Cosa juzgada formal Cosa juzgada material
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto y
declaró la (ii) Declarar la nulidad de la norma
nulidad por desconocimiento del artículo 237
del CPACA
Sentencia negó Estarse a lo resuelto Estarse a lo resuelto
la nulidad
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto e
interpretativa, (ii) Incorporar la misma
aditiva, interpretación, adición o sustitución a
integradora o la lectura del texto normativo
sustitutiva enjuiciado.

Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una sentencia
respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra prevista como
una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, salvo que en el
segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de cosa juzgada23.

Ø Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto

En el asunto sub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte de
dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo aquel
fenómeno. La primera de ellas es que entre este proceso y el definido mediante
sentencia del 3 de junio de 2022 en el medio de control con radicado 11001-03-15-
000-2021-04664-00 existe identidad de objeto o materia juzgada pues en ambos
casos el estudio de legalidad recae sobre el Decreto 1754 del 22 de diciembre de
202024.

El segundo aspecto a destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del 3
de junio de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:

[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1754 del 22 de
diciembre de 2020 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28
de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de
reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y
específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria”, dictado por el presidente
de la República con la firma del ministro de Justicia y del Derecho y el Director

23
Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.
24
«Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado
con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los
procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y
específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

del Departamento Administrativo de la Función Pública, por las razones
señaladas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que los efectos de la nulidad del Decreto 1754 del 22
de diciembre de 2020, operan únicamente desde el momento de emisión de
esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc, de acuerdo con los motivos
anteriormente expuestos […]

La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión
anulatoria fue justificada en los siguientes términos:

[…] durante su vigencia, el acto que se declara ilegal surtió efectos y, por ende,
las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo no pueden
verse afectadas con la presente decisión. Así las cosas, es necesario
señalar, con respecto a la reactivación de los procesos de selección para
proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, así
como los periodos de prueba en vigencia de la emergencia sanitaria, que estos
no pueden verse afectados, en cuanto, las entidades o instancias
responsables de adelantar los procesos de selección amparadas en la
confianza legítima, tuvieron la convicción de que dichos trámites podían
reanudarse desde el momento en que el Decreto 1754 de 2020 así lo
dispuso. En ese orden, los efectos de la declaratoria de nulidad del acto
enjuiciado operan hacia el futuro o ex nunc […] (negrilla fuera del texto original)

Visto lo anterior, dado que la sentencia del 3 de junio de 2022 declaró la nulidad,
con efectos hacia el futuro, del Decreto 1754 de 2020, es preciso concluir que, en
los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada
erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un nuevo estudio
de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue retirado del
ordenamiento jurídico.

En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta
sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido en el fallo del 3 de junio de 2022
que dictó la Sala Especial de Decisión n.º 17 del Consejo de Estado en el proceso
con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-00.

10. DECISIÓN

Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto en la
sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por esta Corporación, a través de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.º 17, dentro del
control inmediato de legalidad radicado bajo el número 11001-03-15-000-2021-
04664-00.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001032500020210022200 (1385-2021)
Demandante: Sindicato de Unificación Nacional de
Trabajadores de la DIAN y Finanzas Públicas

FALLA

Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala
Especial de Decisión n.º 17, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 1754
de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de control inmediato de
legalidad con radicado 11001031500020210466400.

Segundo: Reconocer personería al abogado Alejandro Mario de Jesús Melo Saade,
identificado con cédula de ciudadanía 1.010.186.207 y tarjeta profesional 251.901
del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejerza la representación judicial del
Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con las facultades que le asisten
en su condición de director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
de la entidad.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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