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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00385-00

Fecha
13 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00385-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión n.º 17, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 1754 de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400. Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00385-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

13 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA
HACIENDA PÚBLICA, SINTRADIAN HACIENDA PÚBLICA
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y OTRO1

Temas: Configuración y efectos de la cosa juzgada.

Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala
Especial de Decisión n.º 17, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado
11001031500020210466400.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-015-2022

1. ASUNTO

La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial de la referencia tramitado en virtud del medio de control de
nulidad simple consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. DEMANDA2

En ejercicio del medio de control de nulidad, el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública, presentó
demanda en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República. No obstante, el auto admisorio del 15 de octubre de
2021 se abstuvo de vincular al presente proceso a la última de estas entidades3.

1
Ministerio de Justicia y del Derecho.
2
Índice 3, expediente electrónico.
3
Índice 32, expediente electrónico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

2.1. Pretensiones

Como pretensión principal, solicitó se declare la nulidad del Decreto 1754 del 22
de diciembre de 2020, «Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del
28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de
reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y
específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria».

De manera subsidiaria, pidió que se anulen los artículos 2 y 3 de dicho cuerpo
normativo.

2.2. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se alega que el acto acusado desconoce los artículos 1, 2, 13,
25, 40 (numeral 7), 83, 189 (numeral 11) y 209 de la Constitución Política, al igual
que el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 20204. En criterio del sindicato
demandante dicha transgresión se concreta en los siguientes vicios de nulidad:

(i) Infracción de las normas superiores en que debía fundarse el acto. La
demanda señaló que, estando vigente la situación de emergencia sanitaria, el
Decreto 1754 de 2020 dispuso la reactivación de los procesos de selección para
proveer empleos de carrera a pesar de que el Decreto Legislativo 491, en su
artículo 14, precisó que dichos trámites solo podrían reanudarse una vez
superada la crisis sanitaria. Adujo que esta situación pone de presente que el
Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la
que no puede servir de excusa para modificar o cambiar el sentido de una ley,
introduciendo normas que no se desprenden natural y lógicamente de las
disposiciones desarrolladas ni ampliando o restringiendo su alcance. De acuerdo
con ello, indicó que el acto enjuiciado se tradujo en la derogatoria del artículo 14
del Decreto 491 de 2020, a pesar de que la Corte Constitucional en la sentencia
C-242 de 2020 sostuvo que la medida de aplazamiento de los procesos de
selección en etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas superaba los juicios
de necesidad, finalidad y proporcionalidad.

(ii) Falsa motivación. Afirmó que las razones que se ofrecieron en el acto
administrativo demandado para justificar la reactivación de los procesos de
selección apuntaron a la disminución progresiva en la velocidad de transmisión
del virus de la Covid-19. Este hecho se utilizó como excusa para reanudar los
concursos de mérito pese a que la realidad de la salubridad pública era que la
situación de emergencia sanitaria continuaba vigente. Bajo ese contexto,

4
«Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas
y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de
las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».

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2

Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

consideró que el acto no se funda en hechos ciertos, verdaderos y existentes al
momento de ser proferido, que distorsionó la realidad y desatendió abiertamente
las políticas y directrices dictadas por el mismo Gobierno Nacional y el Ministerio
de Salud y Protección Social en aras de garantizar la salud de todos los
ciudadanos.

(iii) Expedición irregular. Explicó que las consideraciones en que dice fundarse el
acto, tales como la reducción del contagio y las necesidades de reactivación
económica y de flexibilización de las medidas de bioseguridad, son insuficientes
para dar razón plena de la decisión adoptada, de lo que concluye que se presentó
un supuesto de falta total de motivación.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho5

Esta cartera ministerial solicitó que se deniegue la pretensión de la demanda y,
en consecuencia, se declare ajustado a derecho el Decreto 1754 de 2020. Con
tal fin, adujo que el acto demandado se expidió en ejercicio de la potestad
reglamentaria que le asiste al Gobierno Nacional, en particular con fundamento
en el numeral 11 del artículo 189 Superior y el artículo 14 del Decreto Legislativo
491 de 2020.

Seguidamente, sostuvo que el contenido del Decreto 1754 responde al carácter
transitorio del aplazamiento de los concursos de mérito y se ajusta al
levantamiento del confinamiento general, al esquema de aislamiento selectivo y
al distanciamiento individual responsable, además de obedecer a la necesidad
de reactivación productiva y gradual, acompañada del cumplimiento de las
medidas de bioseguridad respectivas.

En ese contexto, explicó que la expedición del decreto estudiado atiende a las
nuevas realidades que surgieron en materia epidemiológica y a las
recomendaciones de las autoridades nacionales de salud, a partir de las cuales
pudieron plantearse nuevamente escenarios de reclutamiento de aspirantes en
los procesos de selección y la aplicación de las pruebas propias de estos
concursos.

En armonía con lo anterior, destacó que la transitoriedad de la suspensión de los
procesos de selección había sido avalada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-242 de 2020. Además, el ministerio demandado hizo énfasis en que
el ingreso a la función pública a través de los concursos de mérito no puede
suspenderse en forma indefinida.

5
Índice 47, expediente electrónico.

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

Bajo esos argumentos, consideró que los cargos que formuló la parte
demandante no fueron individualizados correctamente pues todos comparten la
misma justificación; además, en relación con el de infracción de las normas
superiores en que debía fundarse el acto, expuso que no cumple con los
requisitos exigidos para su configuración pues el argumento en el que se sustentó
alude a un fenómeno diferente, relativo a un exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria por una supuesta derogatoria tácita.

3.2. Departamento Administrativo de la Función Pública6

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En
primer lugar, consideró que, tratándose de los medios de control de nulidad
simple, la legitimación en la causa por pasiva se determina con la autoría del acto
administrativo enjuiciado. Al respecto, aludió a una sentencia del Consejo de
Estado en la que se estableció que el DAFP carecía de legitimación porque no
suscribió el acto demandado.

Sobre el tema de fondo, señaló que el Decreto Legislativo 491 de 2020 fue la
respuesta que se requería con inmediatez en materia de regulación para dar
manejo a la pandemia y preservar la salud pública. Adujo que entre las medidas
que se adoptaron en él, se encontraban aquellas tendentes a promover la
protección de los trabajadores, siendo una de ellas la suspensión de los
concursos de méritos, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-242
de 2020.

Afirmó que, aunque la salud pública es un bien jurídico de especial protección,
no puede tenerse como una camisa de fuerza pues lo cierto es que las dinámicas
que emergían a partir de las realidades cambiantes de la pandemia tenían que
irse regulando, fruto de lo cual se expidió el Decreto 1754 de 2020, que en criterio
del DAFP tiene respaldo en los artículos 189-11 Superior y 14 del Decreto
Legislativo.

Precisó que la parte considerativa del decreto acusado documentó ampliamente
las razones que justificaban la necesidad de reanudar las etapas suspendidas de
los procesos de selección, exponiendo motivos como la evolución del aislamiento
preventivo obligatorio hacia el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable; cambios en las tasas de contagio y mortalidad; reducción
de la velocidad de propagación y otras variables epidemiológicas; ello sumado a
la necesidad de reactivación económica, productiva y social. De esta forma,
defendió la legalidad de la reglamentación objeto de estudio por considerar que
tenía sustento suficiente en los motivos que condujeron a su expedición y en el
ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste al Gobierno Nacional.

6
Índice 48, expediente electrónico.

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

Frente al cargo de falsa motivación, negó que se configure pues estima que el
Decreto 1754 de 2020 responde a la ponderación del bien general, reiterando
que se fundamentó en recomendaciones y conceptos de viabilidad emitidos por
autoridades nacionales e internacionales en el campo de la salud.

4. TRÁMITE DEL PROCESO

Mediante auto del 15 de octubre de 20217, se corrió traslado de la solicitud de
medida cautelar que elevó la organización demandante por un término de cinco
días, dentro del cual las entidades demandadas se pronunciaron oponiéndose a
su decreto8.

En curso el presente proceso, el magistrado sustanciador tuvo conocimiento del
fallo del 3 de junio de 2022, proferido por la Sala Especial de Decisión n.º 17 de
esta Corporación en el medio de control inmediato de legalidad con radicado
11001-03-15-000-2021-04664-009. Dicha sentencia declaró la nulidad del
Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 con efectos ex nunc.

Con base en ello, mediante auto del 25 de julio de 202210 y con fundamento en
el numeral 3 del artículo 182A del CPACA, se ordenó darle a esta litis el trámite
propio de la sentencia anticipada al considerar que, prima facie, se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada en virtud del referido fallo. Como consecuencia de
lo anterior, el mismo auto dispuso correr traslado a las partes para la presentación
de alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para emitir concepto.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. Parte demandante

Se abstuvo de pronunciarse.

5.2. Ministerio de Justicia y del Derecho11

La entidad hizo uso de esta oportunidad procesal para solicitar que el fallo que
se emita en este proceso decida estarse a lo resuelto en la sentencia del 3 de
junio de 2022, que dictó la Sala Especial de Decisión n.º 17 en el control

7
Índice 33, expediente electrónico.
8
Los escritos de oposición obran en el expediente electrónico así: en el índice 43 (reiterado en el
índice 44), el del Ministerio de Justicia y del Derecho y, en el índice 46, el del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
9
La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el índice 21 del expediente electrónico
11001031500020210466400.
10
Índice 55, expediente electrónico..
11
Índice 58, expediente electrónico, reiterado en el índice 59.

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5

Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

inmediato de legalidad 11001031500020210466400, mediante el cual se declaró
la nulidad del Decreto 1754 de 2020.

5.3. Departamento Administrativo de la Función Pública12

Esta entidad reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la
demanda, en defensa de la legalidad del acto acusado.

6. MINISTERIO PÚBLICO13

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió el Concepto
311-2022 del 29 de agosto de 2022, en el que solicitó que el fallo que se dicte en
el presente proceso decida estarse a lo resuelto en la mencionada sentencia del
3 de junio de 2022, que emitió la Sala Especial de Decisión n.º 17.

7. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.

7.2. Configuración de la cosa juzgada

El pasado 3 de junio, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado
11001-03-15-000-2021-04664-0015, la Sala Especial de Decisión n.º 17 del
Consejo de Estado profirió sentencia en la que se pronunció de fondo sobre la
legalidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, declarando su nulidad
con efectos hacia el futuro o ex nunc.

La Sala dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la
cosa juzgada formal, según se explica en las siguientes líneas:

Ø El efecto de la cosa juzgada de las decisiones judiciales

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el
12
Índice 63, expediente electrónico.
13
Índice 62, ibidem.
14
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15
La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el índice 21 del expediente electrónico
11001031500020210466400.

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de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

carácter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr
la terminación definitiva de controversias que permita la realización de la
seguridad jurídica16 como principio fundante dentro de un Estado social de
derecho.

En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada,
se han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la
inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto
de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de
fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial17; y, en los
casos en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece
además la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado,
la cual tiene fundamento legal en el artículo 237 del CPACA.

De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la
expedición de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico
disposiciones ya anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción,
ha de tenerse en cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su
fuerza ejecutoria. Ahora bien, el artículo en comento permite retomar el contenido
de este último en aquellos casos en que, tras la expedición de la sentencia o el
auto respectivo, desaparecen los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria
o de suspensión.

Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que,
previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción
y que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre
debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes
exigencias:

(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se
trate de un medio de control de carácter público, como el de nulidad
simple, que al propender por la protección del interés general puede
ser promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal
supuesto, no es necesario que se presente identidad absoluta de
partes para que se configure la cosa juzgada.

(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o

16
En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del
28 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.
17
Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

hechos como sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez
solamente le está dado analizar los nuevos supuestos18.

(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.

De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la
decisión de la administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el
mundo. Igual efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo
en relación con la causa petendi juzgada […]»19. Así pues, en este último
supuesto el efecto, además de ser erga omnes, es relativo, de modo que el
control judicial no obsta para que la manifestación de voluntad de la
administración sea enjuiciada nuevamente por razones diferentes a las ya
estudiadas.

Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de
control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto
administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad
de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los
aspectos que son sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras
palabras, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como
la «materia juzgada».

Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un
criterio sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del CPACA previamente
estudiado, pues con independencia de la redacción o del cuerpo normativo en
que se encuentre inserta la disposición, si en esencia se trata de la misma norma
que está siendo controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los
efectos propios de la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que
existe entre la norma y la disposición, entendida aquella como la regla que
subyace de fondo a esta última.

18
Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control
inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley,
es claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no
existirá el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara
al análisis de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos
a estudio en el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del
proceso de nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos
administrativos sin que se configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación
de normas que no hayan sido invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el
procedimiento especial de control de legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el
contraste normativo como tal.
19
En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima
relación con el numeral 4º del artículo 137 que exige en toda demanda de impugnación de un
acto administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación
[…]». Ver artículo Acciones y recursos ordinarios p. 228.

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Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la
cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas se produce
cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa
juzgada material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la
misma norma que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en
otro texto jurídico o incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro
artículo de manera exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.

En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la
Ley 1437 de 2011 consagraba en el numeral 6 del artículo 180 una etapa de
decisión de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso,
dicho medio exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el
demandado o bien porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin
embargo, el hecho de que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar
acreditada esta excepción, el juez la declárese al momento de proferir la
respectiva sentencia.

Al entrar en rigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la
audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera
que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la
cosa juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia20.

Visto lo anterior, a continuación, se presentan de manera esquematizada los
principales elementos distintivos del atributo en cuestión:

Cosa juzgada
Requisitos de (i) Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de
configuración control de naturaleza pública.
(ii) Identidad de causa petendi.
(iii) Identidad de objeto.
Efectos de la (i) Presunción de veracidad.
decisión (ii) Inmutabilidad.
(iii) Irrevocabilidad directa.
(iv) Prohibición de reproducción del acto administrativo
anulado, cuando se trata de una pretensión de nulidad
Alcance de los (i) La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
efectos (ii) La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga
(pretensión de omnes únicamente respecto de la causa petendi.
nulidad)

20
Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo
38 de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del
artículo 182A.».

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

Oportunidad En la sentencia
para declararla

Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la
existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Decisión en caso de operar la cosa juzgada
Cosa juzgada formal Cosa juzgada material
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto y
declaró la (ii) Declarar la nulidad de la norma
nulidad por desconocimiento del artículo 237
del CPACA
Sentencia negó Estarse a lo resuelto Estarse a lo resuelto
la nulidad
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto e
interpretativa, (ii) Incorporar la misma
aditiva, interpretación, adición o sustitución a
integradora o la lectura del texto normativo
sustitutiva enjuiciado.

Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una
sentencia respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra
prevista como una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión,
salvo que en el segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción
de cosa juzgada21.

Ø Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto

En el asunto sub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte
de dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo
aquel fenómeno. La primera de ellas es que entre este proceso y el definido
mediante sentencia del 3 de junio de 2022 en el medio de control con radicado
11001-03-15-000-2021-04664-00 existe identidad de objeto o materia juzgada
pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre el Decreto 1754 del 22
de diciembre de 202022.

El segundo aspecto a destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del
3 de junio de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:

21
Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.
22
«Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo
relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo
de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general,
especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria.»

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1754 del 22 de
diciembre de 2020 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del
28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de
reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos
de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general,
especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria”, dictado por
el presidente de la República con la firma del ministro de Justicia y del
Derecho y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública, por las razones señaladas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que los efectos de la nulidad del Decreto 1754 del
22 de diciembre de 2020, operan únicamente desde el momento de emisión
de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc, de acuerdo con los motivos
anteriormente expuestos […]

La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión
anulatoria fue justificada en los siguientes términos:

[…] durante su vigencia, el acto que se declara ilegal surtió efectos y, por
ende, las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo no
pueden verse afectadas con la presente decisión. Así las cosas, es
necesario señalar, con respecto a la reactivación de los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial
y específico, así como los periodos de prueba en vigencia de la emergencia
sanitaria, que estos no pueden verse afectados, en cuanto, las entidades
o instancias responsables de adelantar los procesos de selección
amparadas en la confianza legítima, tuvieron la convicción de que
dichos trámites podían reanudarse desde el momento en que el
Decreto 1754 de 2020 así lo dispuso. En ese orden, los efectos de la
declaratoria de nulidad del acto enjuiciado operan hacia el futuro o ex nunc
[…] (negrilla fuera del texto original)

Visto lo anterior, dado que la sentencia del 3 de junio de 2022 declaró la nulidad,
con efectos hacia el futuro, del Decreto 1754 de 2020, es preciso concluir que,
en los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito a cosa
juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un nuevo
estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue retirado
del ordenamiento jurídico.

En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta
sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido en el fallo del 3 de junio de
2022 que dictó la Sala Especial de Decisión n.º 17 del Consejo de Estado en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-00.

8. DECISIÓN

Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto en la
sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por esta Corporación, a través de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.º 17,

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Radicado: 11001032500020210038500 (1905-2021)
Demandante: Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Hacienda Pública, Sintradian Hacienda Pública

dentro del control inmediato de legalidad radicado bajo el número 11001-03-15-
000-2021-04664-00.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su
Sala Especial de Decisión n.º 17, mediante la cual se declaró la nulidad del
Decreto 1754 de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de
control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(ausente con permiso)

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