Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00657-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00657-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00657-00
Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros1
Actos demandados: Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de
1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de
2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219
de 2016 y 989 de 2017.
SENTENCIA
1. La demanda
El 17 de abril de 2018,2 la señora Amparo Zúñiga Gaviria, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, solicitó
la nulidad de los siguientes decretos:3
1 Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Departamento Administrativo de la Función Pública)
2 Visible en el folio 49 revés.
3 La demanda se promovió con fundamento en los medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el despacho sustanciador
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
1. Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Decreto 989 de 2017 artículos 17
De esos decretos se demandan dos disposiciones en particular:
Por una parte, el artículo 6.º del Decreto 53, el artículo 7.º del Decreto 108 de 1994,
el artículo 49 del Decreto 1995, 7.º del Decreto 108 de 1996, 7.º del Decreto 52 de
1997, 7.º del Decreto 50 de 1998, 7.º del Decreto 38 de 1999 y 7.º del Decreto 685
mediante auto del 26 de noviembre de 2019, resolvió lo siguiente: i) escindir la demanda; ii) remitir
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Reparto), copia del expediente, a fin de que conociera
del medio de control de nulidad y restablecimiento en contra de los siguientes actos administrativos:
Oficio DS-TH-322 del 21 de abril de 2017 y Resolución 2-2633 del 28 de agosto de la misma anualidad,
proferidos por la Fiscalía General de la Nación; y iii) admitir la demanda de nulidad simple, visible
en los folios 100 a 103.
2
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
2002, así como el artículo 8.º de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001, cuyo
texto común es el siguiente:
«El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter
salarial:
Fiscal Delegado ante Tribunal Nacional
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito
Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
Secretario General
Directores Nacionales
Directores Regionales
Directores Seccionales
Jefes de Oficina
Jefes de División
Jefe de Unidad de Policía Judicial
Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos»
Por otra parte, las demás disposiciones referidas en precedencia, cuyo texto común
es el siguiente:
«Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en consecuencia,
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición
en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
Como normas violadas se citó numerosas disposiciones de la Constitución Política,
normas internacionales, la Ley 270 de 1996, el Código Sustantivo del Trabajo y la
Ley 4.ª de 1992.
La parte demandante sostuvo que las normas acusadas desconocen los principios
de favorabilidad, progresividad e igualdad de los trabajadores de la Fiscalía. Asimismo,
violan el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en lo relativo a la prima especial de
servicios, porque ella, en palabras textuales señala lo siguiente:
3
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
«[…] [E]s un componente de la remuneración o ingreso de los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación en contraprestación a su trabajo, que a pesar que
la norma le quite su carácter de salario para restarle sus efectos en el cálculo
de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, por imperio del Estatuto de
Trabajo y la Constitución Política de Colombia, no pierde su carácter de factor
salarial […]
Como también, la prima especial debe ser un aumento que debe decretarse
entre el treinta al sesenta por ciento del salario básico, lo que quiere decir que
el porcentaje que se señale por el Gobierno Nacional por intermedio de los
decretos que expide año tras año, sea un real aumento o incremento al salario
básico, y no una reducción o afectación a la integridad del mismo».
En cuanto a la cosa juzgada, pidió acoger el criterio expuesto por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de
abril de 2009, radicación: 11001 03 25 000 2007 00098 00 (1831-2007), demandante:
Luis Esmeldy Patiño López, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, mediante
la cual se rectificó la jurisprudencia en cuanto al concepto de primas y se concluyó que
estas constituyen un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral. En
su concepto, las decisiones proferidas con anterioridad a aquella, a través de las
cuales se estudió el citado emolumento, no configuran cosa juzgada, con fundamento
en lo anterior, solicitó la nulidad de las normas acusadas.
2. Las contestaciones de la demanda
Para defender la legalidad de los actos demandados y oponerse a los
razonamientos de la demanda, las diferentes entidades accionadas, presentaron
escritos de contestación, bajo los siguientes argumentos:
2.1. La Fiscalía General de la Nación4
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, como quiera que hay
cosa juzgada, ya que mediante las sentencias: 11001 03 25 000 1999 0031 00 (197-
4
Visible en el índice 53 de la plataforma SAMAI.
4
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
1999) del 14 de febrero de 2002; 11001 03 25 000 2001 000043 01 (0712-2001) del
15 de abril de 2001; 11001 03 25 000 2002 00178 01 (3531-02) del 15 de julio de
2004, 11001 03 25 000 1997 17021 01 del 3 de marzo de 2005; y 11001 03 25 000
2003 00113 01 del 13 de septiembre de 2007; se declaró la nulidad de las normas
que hoy son objeto de análisis.
Señaló que los fiscales y demás funcionarios de la Fiscalía General de la Nación,
no son beneficiarios de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, al respecto señaló lo siguiente:
[…]
No puede llegarse al supuesto según el cual, por el hecho de que por unos años
el Gobierno Nacional reconoció el pago de la prima de 30% a los Fiscales de la
Fiscalía General de la Nación sin tener derecho a esta como lo señaló el
Consejo de Estado, nazca de dicha ilegalidad un derecho en favor de tales
funcionarios y que el mismo deba ser protegido con principios de prohibición de
regresividad y favorabilidad.
[…]
Por otro lado, propuso la excepción de cosa juzgada; y no solicitó pruebas.
2.2. Ministerio de Justicia y del Derecho5
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, como quiera que “no
constituyen precedente judicial sobre la materia las sentencias del 2 de abril de 2009
y 29 de abril de 2014”.
En relación con los decretos expedidos en el año 2003, en adelante, aseguró que
se encuentran ajustados a la Constitución y la ley. De igual forma, solicitó acumular
160 procesos al expediente 11001 03 25 000 2018 00261 00 (0985-2018), en aras
de garantizar el principio de economía procesal y evitar decisiones contradictorias,
5 Visible en el índice 47 de la plataforma SAMAI.
5
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
de conformidad con los artículos 165 y 306 de la Ley 1437 del 2011 y 148 al 150 del
Código General del Proceso.
Propuso la excepción de cosa juzgada.
No solicitó pruebas.
2.3. Departamento Administrativo de la Función Pública6
Se opuso a las pretensiones de la demanda. En su concepto, no se ha debido
escindir la demanda, por razones de economía procesal; en ese sentido, estimó que
el proceso debió tramitarse bajo la cuerda común de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual tiene una caducidad de cuatro meses, término que ya venció,
motivo por el cual debe declararse la caducidad de las dos pretensiones.
Propuso las siguientes excepciones: i) caducidad, ii) trámite inadecuado de la
demanda, iii) cosa juzgada material y absoluta; y iv) genérica.
Solicitó como prueba que se oficie a la Subdirección de Talento Humano de la
Fiscalía General de la Nación, para que certifique el régimen salarial de la señora
Amparo Zúñiga Gaviria.
2.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público7
Se opuso a las pretensiones de la demanda y reiteró que la ejecución de los
recursos que son aprobados por el Congreso de la República mediante la Ley Anual
de Presupuesto, queda en cabeza de las entidades que hacen parte del
presupuesto General de la Nación, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación,
6
Visible en el índice 46 de la plataforma SAMAI.
7
Visible en los índices 49 a 52 de la plataforma SAMAI.
6
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
como sección presupuestal de la Ley 2008 de 2019, en virtud de la autonomía
presupuestal establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Propuso las siguientes excepciones: i) cosa juzgada; ii) prima especial no constituye
factor salarial; iii) inexistencia de precedente jurisprudencial aplicable; y iv)
legalidad de las demás normas objeto de demanda.
Solicitó acumular los procesos 11001 03 25 000 2018 01018 00 (3264-2018), 11001
03 25 000 2018 01365 00 (4565-2018), 11001 03 25 000 2019 00618 00 (4744-
2019), 11001 03 25 000 2018 00422 00 (1792-2018) y 11001 03 25 000 2017 00925
00 (4877-2017) de nulidad simple, en los cuales se acusan las mismas normas hoy
demandadas bajo los mismos argumentos que sostiene la parte actora del presente
medio de control.
A su vez, no solicitó pruebas.
3. Aplicación del trámite de la sentencia anticipada
En curso del presente proceso, el conjuez sustanciador tuvo conocimiento del fallo
del 21 de septiembre de 2022, proferido por el conjuez Néstor Raúl Correa Henao,
en el medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018
01101 00.8 Dicha sentencia declaró la nulidad de los decretos aquí demandados.
Mediante auto del 5 de septiembre de 2023,9 y con fundamento en el numeral 3.º
del artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se ordenó darle a esta litis el trámite propio de la sentencia
anticipada y como consecuencia de lo anterior, dispuso correr traslado a las partes
8 La referida sentencia, puede consultarse en el expediente electrónico, con radicación 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), visible en el índice 43 la plataforma SAMAI.
9
Visible en los folios 128 a 132.
7
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
para la presentación de alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para emitir
concepto.
4. Alegatos de conclusión
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, guardó silencio; y las otras tres
entidades demandadas presentaron alegatos de conclusión: el Ministerio de Justicia
y del Derecho,10 la Fiscalía General de la Nación,11 y el Departamento Administrativo
de la Función Pública,12 en los cuales en esencia reiteraron los argumentos
expuestos en las respectivas contestaciones de la demanda. En particular, la
primera de las entidades, el Ministerio de Justicia y del Derecho, pidió estarse a lo
resuelto, entre otras, en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, con radicación:
11001 03 25 000 2018 01101 00.
Por otro lado, guardaron silencio, la parte demandante, el Ministerio Público y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según consta en la respectiva
nota secretarial.13
La Sala de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede de conformidad.
5. Consideraciones de la Sala14
5.1. Competencia
10
Visible en los índices 71 a 82 de la plataforma SAMAI.
11
Visible en el índice 70 de la plataforma SAMAI.
12
Visible en el índice 83 de la plataforma SAMAI.
13
Visible en el folio 133.
14 La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala, sigue las pautas
contenidas en el libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial:
construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008.
Asimismo, se tiene en cuenta el “Manual de Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018, por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con los artículos 13 y
15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,15 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, este Despacho es competente para dictar la sentencia de única instancia,
que en derecho corresponde.
5.2. Configuración de la cosa juzgada
Mediante fallo del 21 de septiembre de 2022, proferido por el conjuez Néstor Raúl
Correa Henao, en el medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018) se profirió sentencia en la que se pronunció de
fondo sobre la legalidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108
de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de
2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013,
205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, por lo que el despacho
dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la cosa juzgada
formal, según pasa a explicarse en las siguientes líneas:
• Cosa juzgada de las decisiones judiciales
La cosa juzgada, es una institución jurídico procesal, en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales, tienen el
carácter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la
terminación definitiva de controversias que permita la realización de la seguridad
jurídica16 como principio fundante dentro de un Estado social de derecho.
15
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16 En este sentido, ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28
de febrero de 2013, radicación: 11001 03 25 000 2007 00116 00 (2229-07), demandante: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada,
se han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la
inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto de
estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo;
la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial;17 y, en los casos en
que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la expedición
de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico disposiciones ya
anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha de tenerse en
cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora
bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este último en aquellos
casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen
los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de suspensión.18
Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que,
previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción y
que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre
debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes
exigencias:
(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate
de un medio de control de carácter público, como el de nulidad simple,
17
Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
18
Sentencia del 1.º de septiembre de 2022, con radicación: 11001 03 25 000 2021 00222 00 (1385-
2021), consejero ponente: William Hernández Gómez.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
que al propender por la protección del interés general puede ser
promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que
se configure la cosa juzgada.
(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está
dado analizar los nuevos supuestos19.
(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.
De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene
efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisión de la
administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el mundo. Igual
efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada […]».20 Así pues, en este último supuesto el efecto, además
de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la
19
Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control
inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley, es
claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existirá
el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al análisis
de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en
el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de
nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se
configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación de normas que no hayan sido
invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de
legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.
20 En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima
relación con el numeral 4.º del artículo 137, que exige en toda demanda de impugnación de un acto
administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación […]».
Ver artículo Acciones y recursos ordinarios, página 228.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
manifestación de voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por
razones diferentes a las ya estudiadas.
Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de
control, cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto
administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad
de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los
aspectos que son sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras
palabras, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la
«materia juzgada».
Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un criterio
sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, previamente estudiado, pues con
independencia de la redacción o del cuerpo normativo en que se encuentre inserta
la disposición, si en esencia se trata de la misma norma que está siendo
controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los efectos propios de
la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que existe entre la norma y
la disposición, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta última.
Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la
cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas, se produce
cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada
material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma
que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jurídico o
incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro artículo de manera
exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.
En lo que respecta a la oportunidad procesal, para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
Demandante: Amparo Zúñiga Gaviria
1437 de 2011, consagraba en el numeral 6.º del artículo 180 una etapa de decisión
de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio
exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien
porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de
que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta
excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.
Al entrar en vigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la
audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera
que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa
juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia.21
Visto lo anterior, a continuación, se presentan de manera esquematizada los
principales elementos distintivos del atributo en cuestión:
Cosa juzgada
Requisitos de (i) Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de control
configuración de naturaleza pública.
(ii) Identidad de causa petendi.
(iii) Identidad de objeto.
Efectos de la (i) Presunción de veracidad.
decisión (ii) Inmutabilidad.
(iii) Irrevocabilidad directa.
(iv) Prohibición de reproducción del acto administrativo anulado,
cuando se trata de una pretensión de nulidad
Alcance de los (i) La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
efectos (ii) La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga omnes
(pretensión de únicamente respecto de la causa petendi.
nulidad)
21
Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38
de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del
artículo 182 A.».
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00657 00 (2629-2018)
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Oportunidad En la sentencia
para declararla
Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la
existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Decisión en caso de operar la cosa juzgada
Cosa juzgada formal Cosa juzgada material
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto y
declaró la (ii) Declarar la nulidad de la norma
nulidad por desconocimiento del
artículo 237 del CPACA
Sentencia negó Estarse a lo resuelto Estarse a lo resuelto
la nulidad
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto e
interpretativa, (ii) Incorporar la misma interpretación,
aditiva, adición o sustitución a la lectura del texto
integradora o normativo enjuiciado.
sustitutiva
Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una sentencia
respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra prevista como
una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, salvo que en el
segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de cosa juzgada.22
• Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto
En el asunto sub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte de
dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo aquel
fenómeno. La primera de ellas, es que entre este proceso y el definido mediante la
sentencia del 21 de septiembre de 2022, en el medio de control con radicación
11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), existe identidad de objeto o materia
22
Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.
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juzgada, pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre los Decretos 53
de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de
1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047
de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y
989 de 2017.
El segundo aspecto a destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del 21
de septiembre de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:
[…]
PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de cosa juzgada frente
a la solicitud de nulidad de los Decretos demandados, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ANULAR las siguientes normas:
1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
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19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17
[…]
La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión
anulatoria fue justificada en los siguientes términos:
Visto lo anterior, dado que la sentencia del 21 de septiembre de 2022, declaró la
nulidad, con efectos hacia el futuro, de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49
de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de
2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625
de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, es preciso
concluir que, en los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito a
cosa juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un
nuevo estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue
retirado del ordenamiento jurídico.
En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta
sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido en el fallo del 21 de septiembre
de 2022 proferido por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao, en el medio de control
de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
6. Decisión
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Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto en la
sentencia proferida el 21 de septiembre de 2022, proferida por el Conjuez Néstor
Raúl Correa Henao, en el medio de control de simple nulidad, con radicación 11001
03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao, en el
medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018 01101
00 (3974-2018), mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 53 de 1993,
108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743
de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005,
396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011,
875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de
2017.
Segundo. Reconocer personería adjetiva al abogado Miguel Ángel González
Chávez, como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad
con el poder, que aparece en el índice 71 de la plataforma SAMAI.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez
Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez
Firmado electrónicamente
CARLOS JOSÉ MANSILLA JÁUREGUI
Conjuez
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
AMVM/CMIS
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