Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01023-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01023-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01023-00
Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
Demandados: Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento
Administrativo de la Función Pública y Fiscalía General
de la Nación)
Actos demandados: Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de
1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de
2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180
de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219
de 2016 y 989 de 2017.
SENTENCIA
1. La demanda
El 15 de junio de 2018,1 la señora Jenny Santillana Orozco, por conducto de
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad, solicitó la nulidad de los siguientes decretos:2
1 Visible en el folio 47 revés.
2 La demanda se promovió con fundamento en los medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el despacho sustanciador
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
1. Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Decreto 989 de 2017 artículos 17
De esos decretos se demandan dos disposiciones en particular:
Por una parte, el artículo 6.º del Decreto 53, el artículo 7.º del Decreto 108 de 1994,
el artículo 49 del Decreto 1995, 7.º del Decreto 108 de 1996, 7.º del Decreto 52 de
1997, 7.º del Decreto 50 de 1998, 7.º del Decreto 38 de 1999 y 7.º del Decreto 685
mediante auto del 28 de septiembre de 2022, resolvió lo siguiente: i) escindir la demanda; ii) remitir
a los Juzgados Administrativos de Cali (Reparto), copia del expediente, a fin de que conociera del
medio de control de nulidad y restablecimiento en contra de los siguientes actos administrativos:
Oficio SRAP -31000 040 del 19 de septiembre de 2017 y Resolución 2-3323 del 10 de noviembre de
la misma anualidad, proferidos por la Fiscalía General de la Nación; y iii) admitir la demanda de
nulidad simple; visible en los folios 64 a 67.
2
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
2002, así como el artículo 8.º de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001, cuyo
texto común es el siguiente:
«El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter
salarial:
Fiscal Delegado ante Tribunal Nacional
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito
Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
Secretario General
Directores Nacionales
Directores Regionales
Directores Seccionales
Jefes de Oficina
Jefes de División
Jefe de Unidad de Policía Judicial
Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos»
Por otra parte, las demás disposiciones referidas en precedencia, cuyo texto común
es el siguiente:
«Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en consecuencia,
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición
en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
Como normas violadas se citó numerosas disposiciones de la Constitución Política,
normas internacionales, la Ley 270 de 1996, el Código Sustantivo del Trabajo y la
Ley 4.ª de 1992.
La parte demandante sostuvo que las normas acusadas desconocen los principios
de favorabilidad, progresividad e igualdad de los trabajadores de la Fiscalía. Asimismo,
violan el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en lo relativo a la prima especial de
servicios, porque ella, en palabras textuales señala lo siguiente:
«[…] [E]s un componente de la remuneración o ingreso de los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación en contraprestación a su trabajo, que a pesar que
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
la norma le quite su carácter de salario para restarle sus efectos en el cálculo
de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, por imperio del Estatuto de
Trabajo y la Constitución Política de Colombia, no pierde su carácter de factor
salarial […]
Como también, la prima especial debe ser un aumento que debe decretarse
entre el treinta al sesenta por ciento del salario básico, lo que quiere decir que
el porcentaje que se señale por el Gobierno Nacional por intermedio de los
decretos que expide año tras año, sea un real aumento o incremento al salario
básico, y no una reducción o afectación a la integridad del mismo».
En cuanto a la cosa juzgada, pidió acoger el criterio expuesto por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de
abril de 2009, radicación: 11001 03 25 000 2007 00098 00 (1831-2007), demandante:
Luis Esmeldy Patiño López, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, mediante
la cual se rectificó la jurisprudencia en cuanto al concepto de primas y se concluyó que
estas constituyen un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral. En
su concepto, las decisiones proferidas con anterioridad a aquella, a través de las
cuales se estudió el citado emolumento, no configuran cosa juzgada, con fundamento
en lo anterior, solicitó la nulidad de las normas acusadas.
2. Las contestaciones de la demanda
Para defender la legalidad de los actos demandados y oponerse a los
razonamientos de la demanda, las diferentes entidades accionadas, presentaron
escritos de contestación, bajo los siguientes argumentos:
2.1. Ministerio de Justicia y del Derecho3
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, como quiera que no
constituyen precedente judicial sobre la materia las sentencias del 2 de abril de 2009
y 29 de abril de 2014.
3
Visible en el índice 47 de la plataforma SAMAI.
4
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
Propuso las siguientes excepciones: i) cosa juzgada; y ii) falta de acreditación de la
vulneración de la Constitución y la ley, respecto de los demás artículos demandados
en nulidad simple.
A su vez, no solicitó pruebas.
2.2. Departamento Administrativo de la Función Pública4
Se opuso a las pretensiones de la demanda. En su concepto, no se ha debido
escindir la demanda, por razones de economía procesal; en ese sentido, estimó que
el proceso debió tramitarse bajo la cuerda común de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual tiene una caducidad de cuatro meses, término que ya venció,
motivo por el cual debe declararse la caducidad de las dos pretensiones.
De igual manera, formuló las siguientes excepciones: i) caducidad, ii) trámite
inadecuado de la demanda, iii) cosa juzgada material y absoluta; y iv) genérica.
Solicitó como prueba que se oficie a la Subdirección de Talento Humano de la
Fiscalía General de la Nación, para que certifique el régimen salarial de la señora
Jenny Santillana Orozco.
2.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público5
Se opuso a las pretensiones de la demanda y reiteró que la ejecución de los
recursos que son aprobados por el Congreso de la República mediante la Ley Anual
de Presupuesto, queda en cabeza de las entidades que hacen parte del
presupuesto General de la Nación, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación,
4
Visible en el índice 45 de la plataforma SAMAI.
5
Visible en el índice 46 de la plataforma SAMAI.
5
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
como sección presupuestal de la Ley 2008 de 2019, en virtud de la autonomía
presupuestal establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Propuso las siguientes excepciones: i) cosa juzgada; ii) prima especial no constituye
factor salarial; iii) inexistencia de precedente jurisprudencial aplicable; y iv)
legalidad de las demás normas objeto de demanda.
Finalmente, indicó que «[…] de conformidad con los archivos de la entidad, se
evidencian los siguientes medios de control de nulidad simple actualmente
admitidos y en curso en los cuales se acusan las mismas normas hoy demandadas
bajo los mismos argumentos que sostiene el actor del presente medio de control».
De ahí que, en su concepto, proceda la acumulación de procesos. A su vez, no
solicitó pruebas.
2.4. La Fiscalía General de la Nación6
Se opuso a las pretensiones de la demanda. Sobre el fondo del tema en ciernes, la
Fiscalía afirma que hay inepta demanda por la no argumentación del concepto de
violación y que además a ella le es inoponible la sentencia del 29 de abril de 2014.
Propone las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
y ii) cosa juzgada.
Por otro lado, manifestó que hay cosa juzgada, ya que mediante las siguientes
sentencias: i) 11001 03 25 000 1999 0031 00 (197-1999) del 14 de febrero de 2002;
ii) 11001 03 25 000 2001 000043 01 (0712-2001) del 15 de abril de 2001; iii) 11001
03 25 000 2002 00178 01 (3531-02) del 15 de julio de 2004; iv) 11001 03 25 000
1997 17021 01 del 3 de marzo de 2005; y v) 11001 03 25 000 2003 00113 01 del
6
Visible en el índice 48 de la plataforma SAMAI.
6
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
13 de septiembre de 2007; se declaró la nulidad de las normas que hoy son objeto
de análisis.
A su vez, no solicita pruebas.
3. Aplicación del trámite de la sentencia anticipada
En curso del presente proceso, el conjuez sustanciador tuvo conocimiento del fallo
del 21 de septiembre de 2022, proferido por el conjuez Néstor Raúl Correa Henao,
en el medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018
01101 00.7 Dicha sentencia declaró la nulidad de los decretos aquí demandados.
Mediante auto del 5 de septiembre de 2023,8 y con fundamento en el numeral 3.º
del artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se ordenó darle a esta litis el trámite propio de la sentencia
anticipada y como consecuencia de lo anterior, dispuso correr traslado a las partes
para la presentación de alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para emitir
concepto.
4. Alegatos de conclusión
Las entidades demandadas presentaron alegatos de conclusión: el Ministerio de
Justicia y del Derecho,9 la Fiscalía General de la Nación,10 y el Departamento
Administrativo de la Función Pública,11 en los cuales en esencia reiteraron los
argumentos expuestos en las respectivas contestaciones de la demanda.
7 La referida sentencia, puede consultarse en el expediente electrónico, con radicación 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), visible en el índice 43 la plataforma SAMAI.
8
Visible en los folios 79 a 83.
9
Visible en los índices 66 a 78 de la plataforma SAMAI.
10
Visible en el índice 64 de la plataforma SAMAI.
11
Visible en el índice 65 de la plataforma SAMAI.
7
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
Por otro lado, guardaron silencio, la parte demandante, el Ministerio Público y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según consta en la respectiva
nota Secretarial.12
La Sala de conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede de conformidad.
5. Consideraciones de la Sala13
5.1. Competencia
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con los artículos 13 y
15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,14 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, este Despacho es competente para dictar la sentencia de única instancia,
que en derecho corresponde.
5.2. Configuración de la cosa juzgada
Mediante fallo del 21 de septiembre de 2022, proferido por el conjuez Néstor Raúl
Correa Henao, en el medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018) se profirió sentencia en la que se pronunció de
fondo sobre la legalidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108
de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de
2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665
de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013,
12
Visible en el folio 83.
13 La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala, sigue las pautas
contenidas en el libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial:
construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008.
Asimismo, se tiene en cuenta el “Manual de Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018, por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, por lo que el Despacho
dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la cosa juzgada
formal, según se explica en las siguientes líneas:
• Cosa juzgada de las decisiones judiciales
La cosa juzgada, es una institución jurídico procesal, en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales, tienen el
carácter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la
terminación definitiva de controversias que permita la realización de la seguridad
jurídica15 como principio fundante dentro de un Estado social de derecho.
En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada,
se han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la
inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto de
estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo;
la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial;16 y, en los casos en
que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la expedición
de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico disposiciones ya
anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha de tenerse en
cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora
bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este último en aquellos
15 En este sentido, ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28
de febrero de 2013, radicación: 11001 03 25 000 2007 00116 00 (2229-07), demandante: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.
16
Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen
los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de suspensión.17
Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que,
previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción y
que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre
debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes
exigencias:
(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate
de un medio de control de carácter público, como el de nulidad simple,
que al propender por la protección del interés general puede ser
promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que
se configure la cosa juzgada.
(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está
dado analizar los nuevos supuestos.18
17
Sentencia del 1.º de septiembre de 2022, con radicación: 11001 03 25 000 2021 00222 00 (1385-
2021), consejero ponente: William Hernández Gómez.
18
Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control
inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley, es
claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existirá
el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al análisis
de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en
el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de
nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se
configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación de normas que no hayan sido
invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de
legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.
10
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
(iii) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.
De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene
efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisión de la
administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el mundo. Igual
efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo en relación con la
causa petendi juzgada […]».19 Así pues, en este último supuesto el efecto, además
de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la
manifestación de voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por
razones diferentes a las ya estudiadas.
Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de
control, cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto
administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad
de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los
aspectos que son sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras
palabras, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la
«materia juzgada».
Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un criterio
sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, previamente estudiado, pues con
independencia de la redacción o del cuerpo normativo en que se encuentre inserta
la disposición, si en esencia se trata de la misma norma que está siendo
19 En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima
relación con el numeral 4.º del artículo 137, que exige en toda demanda de impugnación de un acto
administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación […]».
Ver artículo Acciones y recursos ordinarios, p. 228.
11
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los efectos propios de
la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que existe entre la norma y
la disposición, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta última.
Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la
cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas, se produce
cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada
material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma
que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jurídico o
incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro artículo de manera
exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.
En lo que respecta a la oportunidad procesal, para declarar la existencia de cosa
juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley
1437 de 2011, consagraba en el numeral 6.º del artículo 180 una etapa de decisión
de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio
exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien
porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de
que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta
excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.
Al entrar en vigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la
audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera
que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa
juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia.20
20
Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38
de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del
artículo 182 A.».
12
Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
Visto lo anterior, a continuación, se presentan de manera esquematizada los
principales elementos distintivos del atributo en cuestión:
Cosa juzgada
Requisitos de (i) Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de control
configuración de naturaleza pública.
(ii) Identidad de causa petendi.
(iii) Identidad de objeto.
Efectos de la (i) Presunción de veracidad.
decisión (ii) Inmutabilidad.
(iii) Irrevocabilidad directa.
(iv) Prohibición de reproducción del acto administrativo anulado,
cuando se trata de una pretensión de nulidad
Alcance de los (i) La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
efectos (ii) La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga omnes
(pretensión de únicamente respecto de la causa petendi.
nulidad)
Oportunidad En la sentencia
para declararla
Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la
existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Decisión en caso de operar la cosa juzgada
Cosa juzgada formal Cosa juzgada material
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto y
declaró la (ii) Declarar la nulidad de la norma
nulidad por desconocimiento del
artículo 237 del CPACA
Sentencia negó Estarse a lo resuelto Estarse a lo resuelto
la nulidad
Sentencia Estarse a lo resuelto (i) Estarse a lo resuelto e
interpretativa, (ii) Incorporar la misma interpretación,
aditiva, adición o sustitución a la lectura del texto
integradora o normativo enjuiciado.
sustitutiva
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una sentencia
respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra prevista como
una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, salvo que en el
segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de cosa juzgada.21
• Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto
En el asunto sub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte de
dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo aquel
fenómeno. La primera de ellas, es que entre este proceso y el definido mediante la
sentencia del 21 de septiembre de 2022, en el medio de control con radicación
11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018 ), existe identidad de objeto o materia
juzgada, pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre los Decretos 53
de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de
1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943
de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047
de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y
989 de 2017.
El segundo aspecto a destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del 21
de septiembre de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:
[…]
PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de cosa juzgada frente
a la solicitud de nulidad de los Decretos demandados, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ANULAR las siguientes normas:
1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
21
Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17
[…]
La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión
anulatoria fue justificada en los siguientes términos:
Visto lo anterior, dado que la sentencia del 21 de septiembre de 2022, declaró la
nulidad, con efectos hacia el futuro, de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49
de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de
2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625
de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, es preciso
concluir que, en los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito a
cosa juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
nuevo estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue
retirado del ordenamiento jurídico.
En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta
sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido en el fallo del 21 de septiembre
de 2022, proferido por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao, en el medio de control
de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
6. Decisión
Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto en la
sentencia proferida el 21 de septiembre de 2022, proferida por el Conjuez Néstor
Raúl Correa Henao, en el medio de control de simple nulidad, con radicación 11001
03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao, en el
medio de control de simple nulidad, con radicación: 11001 03 25 000 2018 01101
00 (3974-2018), mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 53 de 1993,
108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743
de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005,
396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011,
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 01023 00 (3269-2018)
Demandante: Jenny Santillana Orozco
875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de
2017.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez
Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
AMVM/CMIS
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