Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00136-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y
Registro - SINTRANORE
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Temas: Evaluación de desempeño – Servidores nombrados en
provisionalidad y en empleos temporales
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y
Registro, en adelante SINTRANORE, contra la Nación - Superintendencia de
Notariado y Registro.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 SINTRANORE, actuando por intermedio de su representante legal, solicitó
declarar la nulidad de la Resolución 9272 del 30 de agosto de 2017, «[p]or la cual
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
se adopta el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores
públicos vinculados en provisionalidad y en empleos temporales de la
Superintendencia de Notariado y Registro», proferida por el superintendente.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
SINTRANORE sostuvo que la resolución acusada violó los artículos 6, 123 y 124 de
la Constitución Política; 3 de la Ley 489 de 1998; 2, 11, 16, 24, 25, 26, 37 y 38 de
la Ley 909 de 2004.
Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes
cargos:
i) El 5 de julio de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC emitió un
criterio unificado en el cual determinó que podía evaluarse el desempeño de los
empleados nombrados en provisionalidad; sin embargo, esta directriz desconoció
que dichos servidores ostentan una calidad diferente a los de carrera
administrativa, por ende, deben recibir un trato diferencial en lo que tiene que ver
con derechos y deberes.
ii) La Ley 909 de 2004 solamente facultó a la CNSC para regular la evaluación de
los servidores de carrera administrativa, pues ese fue el único grupo destinatario
de tal metodología de calificación. En consecuencia, los instrumentos de
evaluación desarrollados por dicho ente no pueden extenderse a personas que
tienen otro tipo de vinculación laboral con la administración.
iii) El retiro de los servidores en provisionalidad obedece a motivaciones
relacionadas con el ejercicio de sus funciones o por el regreso del titular del
empleo.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
iv) La evaluación de los empleados de carrera compete a las comisiones de
personal, mientras que el acto enjuiciado la radicó «en un ente diferente», con lo
que se reafirma la oposición al ordenamiento superior.
v) La Ley de empleo público no contiene disposición alguna tendiente a evaluar a
los servidores provisionales, es decir, que el legislador nunca ha tenido la
intención de implementar tal sistema para ellos; por el contrario, se limitó a
describir su naturaleza, proceso de ingreso y formas de retiro.
vi) La anotada omisión legislativa no puede ser suplida con un reglamento, puesto
que se genera un tratamiento desigual de los empleados provisionales frente a sus
homólogos de carrera, como también se habilita la aplicación de criterios
subjetivos y apartados de los parámetros nacionales, se vulnera el principio de
legalidad y se desconocen las garantías laborales.
1.2. Contestación de la demanda
La Superintendencia de Notariado y Registro, por intermedio de apoderado,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes razonamientos:2
i) Se configuró una ineptitud de la demanda, toda vez que omitió señalar las
normas presuntamente quebrantadas por el acto acusado, así como el concepto
de violación. Además, SINTRANORE se limitó a esbozar apreciaciones subjetivas
sobre el contenido y alcance de algunas normas.
ii) La demanda incumple con la carga probatoria y argumentativa necesaria para
desvirtuar la legalidad de la resolución enjuiciada, pues no basta con decir que
desconoce el ordenamiento superior o que se expidió sin competencia, sino que
es preciso acreditar con suficiencia los motivos de ilegalidad enrostrados.
2 Folios 117 a 119.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
iii) El Decreto Ley 775 de 2005 radicó en los superintendentes la competencia
para reglamentar la evaluación de desempeño de todos los servidores de esas
entidades. De esta manera, se desvirtúan por completo las afirmaciones de
SINTRANORE.
1.3. Medida cautelar, excepciones previas y sentencia anticipada
Por auto del 20 de agosto de 2020, el magistrado conductor del proceso negó la
medida cautelar solicitada por la parte demandante, en consideración a que la
Superintendencia de Notariado y Registro se sujetó al ordenamiento superior en lo
referente a la evaluación del desempeño de los servidores públicos.3
Mediante auto del 23 de septiembre de 2021, se declaró no probada la excepción
de ineptitud de la demanda, formulada por la entidad accionada, ya que
SINTRANORE indicó las disposiciones violadas e identificó las razones que
respaldaban la solicitud de nulidad del acto demandado.4
Por auto del 9 de junio de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:5
Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, el despacho
concluye que el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub lite recae
en determinar si el acto administrativo acusado fue expedido sin competencia y con
infracción de las normas en que las debería fundarse, conforme a las razones
esbozadas por la parte actora, resumidas en el acápite 1.1.2 del presente auto.
1.4. Alegatos de conclusión
3 Folios 21 a 30, cuaderno de medida cautelar.
4 Folios 123 a 128.
5 Folios 130 a 136.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
La Superintendencia de Notariado y Registro reiteró los argumentos expuestos en
el transcurso del proceso.6 SINTRANORE guardó silencio en esta etapa.
1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Consiste en determinar si la Resolución 9272 del 30 de agosto de 2017, que
reglamentó la evaluación del desempeño laboral de los empleados nombrados en
provisionalidad y en empleos temporales, adscritos a la Superintendencia de
Notariado y Registro, se encuentra ajustada a derecho o si expidió sin
competencia y con infracción de las normas en que las debía fundarse, en los
términos alegados por SINTRANORE.
2.2. Contenido de la norma acusada
Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido.
En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite.
RESOLUCIÓN 9272 DE 2017
(30 de agosto de 2017)
Por la cual se adopta el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los
servidores públicos vinculados en provisionalidad y en empleos temporales de la
Superintendencia de Notariado y Registro
EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO ( E)
6 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
En ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1° del artículo 13 del
Decreto 2723 de 2014 y en cumplimiento del art. 37 del Decreto 775 de 2005, el
artículo 14 del Decreto 2929 de 2005 y el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.
CONSIDERANDO:
Que el desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito
fundamental el cumplimiento de los fines del Estado a partir de la entrega oportuna
de productos y servicios en el marco de los planes y la misión propia de cada
Institución.
Que el Sistema de Medición del Desempeño Laboral para los empleados públicos,
tiene fundamento constitucional en lo previsto en el artículo 125 de la Constitución
Política de 1991, que prevé la evaluación del servidor, como un requisito para la
permanencia y retiro del mismo.
Que el Decreto Ley 775 de 2005 en el artículo 34 establece […].
Que seguidamente el artículo 37 establece que el Superintendente aprobará
mediante resolución, los instrumentos de evaluación de desempeño laboral para
los servidores públicos de la Superintendencia.
Que la Ley 489 de 1998 establece que en cumplimiento de los principios de la
función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera
concomitante el cumplimiento de los deberes constitucionales, legales o
reglamentarios de los servidores públicos, lo cual implica que todos los servidores
deben estar en condiciones de demostrar los resultados de su desempeño ya que
la sumatoria de su gestión determinará el logro de los fines, metas y resultados
institucionales.
[…]
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- el 05 de julio de 2016, emitió el
Criterio Unificado sobre la evaluación de funcionarios vinculados en nombramiento
provisional, en el que manifiesta:
“La evaluación de la gestión institucional o del desempeño laboral es una
herramienta de carácter estratégico, la cual aplica a todos los servidores públicos
independientemente del tipo de vinculación, o el empleo que desempeñe, ya que la
responsabilidad es inherente al servicio público y al marco normat ivo que regula su
ejercicio, que no prevén ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la
valoración de resultados en el cumplimiento de los deberes y/o el desempeño
laboral.
(…)
De lo anterior se precisa que, para la evaluación de los servidores públi cos
provisionales, las entidades pueden hacerlo por medio de instrumentos específicos
diseñados al interior de la misma, los cuales harían parte de la política institucional
y de la administración del talento humano: o, si bien la Administración considera
pertinente, podrá tomar como referente los formatos establecidos por esta
Comisión Nacional a través del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño
Laboral, como guía de orientación…”
[…]
6
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Demandante: SINTRANORE
Que el artículo 6 del Decreto 894 de 2017, adiciono (sic) el numeral 4 del artículo
21 de la Ley 909 de 2004, relacionado con los empleos de carácter temporal, así:
“El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del
cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo,
antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor
no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de
los mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y
mediante acto administrativo motivado…”
[…]
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
ADOPCIÓN, OBJETIVOS , PRINCIPIOS , EFECTOS, SUJETOS Y COMPONENTES
Artículo 1.- Adopción.- Adoptar el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral
establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 565 de
2016, para la evaluación de los funcionarios vinculados en provisionalidad y en
empleos temporales, con los ajustes necesarios de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Ley 775 de 2005 y su Decreto Reglamentario 2929 del mismo año.
[…].
2.3. Marco normativo
2.3.1. Aspectos generales de la función pública
El artículo 123 de la Constitución Política señala que los empleos del Estado son
de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Por su
parte, la Ley 909 de 2004, consagra los principios de la función pública, así:7
1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.
2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional,
son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra
la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
7 Artículo 2
7
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Demandante: SINTRANORE
3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la
efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:
a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración
Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la
prestación del servicio público a los ciudadanos;
[…]
c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los
acuerdos de gestión;
[…]
En el artículo 19 ibidem, define el empleo público en los siguientes términos:
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto
de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de
desarrollo y los fines del Estado.
A su vez, la Ley 909 de 2004 señala que hacen parte de la función pública los
siguientes empleos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.
De acuerdo con los anteriores parámetros esta Sala precisa que los empleados
públicos pueden ser clasificados así:
• Empleado de carrera administrativa por haber superado un concurso de
méritos.
• Empleado en período de prueba para ingresar a la carrera administrativa.
• En provisionalidad, si es nombrado transitoriamente en un empleo de
carrera administrativa, mientras se provee mediante concurso público o por
el término de duración de la situación administrativa que de lugar a una
vacancia temporal del cargo.
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Demandante: SINTRANORE
• De libre nombramiento y remoción mediante nombramiento ordinario.
• De período fijo.
• Temporales, es decir de término definido, nombrados para cumplir metas o
actividades específicas (artículo 21 de la Ley 909 de 2004).
• De elección popular e institucional.
• De tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial.
2.3.2. Del retiro del servicio público por calificación insatisfactoria en el
desempeño del empleo
La Ley 909 de 2004 consagró en su artículo 41, como causal de retiro del servicio,
entre otras, la «declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño
laboral de un empleado de carrera administrativa».
La anterior previsión fue reiterada por el artículo 42 del Decreto Ley 775 de 2005,
por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las
Superintendencias.
Ahora bien, haciendo una interpretación gramatical, sistemática y teleológica de la
preceptiva jurídica que gobierna la materia, puede decirse, para lo que interesa a
este proceso, que la causal de insubsistencia del nombramiento como
consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño,
aplica no solo a los empleados escalafonados, sino también a los provisionales
por las siguientes razones:
Primero, porque la enumeración que traen los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y
42 del Decreto Ley 775 de 2005 es enunciativa y no taxativa, pues señalan como
causales «las demás que determinen la Constitución Política y las leyes».
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Demandante: SINTRANORE
Segundo, por cuanto el artículo 125 de la Constitución Política consagra de forma
expresa dos causales de retiro del servicio, aplicables a todos los cargos de
carrera, sin distinguir si están provistos en período de prueba, con nombramiento
provisional o si hay escalafonamiento, a saber: 1) la calificación insatisfactoria
laboral y 2) la violación del régimen disciplinario. Dispone la norma:
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán (…)
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo;
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
[…] [Resalta la Sala]
Como se observa, la regla constitucional de retiro del servicio por calificación
insatisfactoria en el desempeño laboral no es exclusiva de empleados
escalafonados, pues aquella no hace diferenciación alguna a este respecto. La
norma, se reitera, se refiere de manera genérica al retiro en los cargos de
carrera, no al retiro de los empleados de carrera.
La distinción es similar a la que se dio cuando se discutía por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado la necesidad o no de motivar los actos
administrativos por los cuales se declaraba insubsistente el nombramiento de
empleados provisionales, en tanto que los artículos 26 del Decreto 2400 de 19688
y 107 del Decreto 1950 de 19739 establecían que en cualquier momento podía
declararse insubsistente el nombramiento de un empleado que no perteneciera a
carrera sin motivar el acto, mientras que el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley
909 de 200410 dispuso que la declaratoria de insubsistencia de nombramientos de
8 Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca a una
carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin
embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que no lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida. Los
nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los
procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración de insubsistencia
conlleva la pérdida de los derechos del funcionario de carrera. (Negritas de la Sala).
9 Artículo 107. En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin
motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover
libremente sus empleados. "En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona
implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña". (Negritas de la Sala).
10 Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales
consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
10
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Demandante: SINTRANORE
empleos de carrera debía efectuarse por acto motivado. De allí que a partir de
esta fecha se tuvo claro que los actos administrativos por medio de los cuales se
declara insubsistente el nombramiento de empleados de carrera y provisionales
debe ser motivado.
Resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil
en el concepto 1652 de 14 de julio de 2005,11 que al revisar las causales de retiro
de la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los
requisitos del acto de insubsistencia, concluyó que el acto de retiro de los
empleados que ocuparan cargos de carrera en provisionalidad debía ser motivado.
Al respecto, indicó:
Tal como lo señala ahora la ley 909 de 2004, la Corte precisó que “Así las cosas,
para declarar la insubsistencia del empleado público que esté ocupando un cargo
de carrera, la Administración deberá motivar su decisión a fin de garantizar el
debido proceso y en particular el derecho de defensa de la persona a quien se
pretende desvincular del servicio público,” es decir, que la razón de la protección
especial se concreta en el desempeño de un cargo de carrera, así sea en
provisionalidad, pues la discrecionalidad se predica sólo de los nombramientos
recaídos en cargos de libre nombramiento y remoción. Y agregó la Corte en la
misma sentencia:
“Distinto ocurre en el caso del retiro de un empleado de libre nombramiento y
remoción, pues las normas que regulan este tipo vinculación pública, que como
se explicó son una excepción a la regla consagrada en el artículo 125 Superior,
permiten una mayor discrecionalidad al nominador al momento de declarar la
insubsistencia.12 Ahora bien, la Corte ha considerado que la estabilidad laboral
de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se
reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad.13 La
Administración sólo podría desvincularlo por motivos disciplinarios, baja
calificación o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera
definitiva, con quien obtuvo el primer lugar.”14
En las sentencias de tutela más recientes la Corte Constitucional reafirma su
doctrina que reconoce estabilidad a quien ocupe un cargo de carrera
11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta del 14 de julio de 2005, M.P. Dr. Flavio Augusto
Rodríguez Arce.
12 (Cita original del texto trascrito) V. Sent. T- 610/03: "Es claro, entonces, que los actos de desvinculación de funcionarios
de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación y ello es así, porque la provisión de dichos empleos supone
la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos personales o de confianza. Por tanto, la no motivación de
estos actos es una excepción al principio general de publicidad, sin que ello vulnere derecho fundamental alguno.”
13 (Cita original del texto trascrito) Sentencias T-800 de 1998, T-734 de 2000, T-884 de 2001 y T-519 y T-610 de 2003.
14 (Cita original del texto trascrito) En relación con los motivos por los cuales se puede desvincular una persona que esté
ocupando un cargo de carrera, se pueden consultar las sentencias de unificación: SU-250 de 1998 y SU-086 de 1999, T-
884/01.
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administrativa, la que no se afecta por el hecho de que el nombramiento se haga
en provisionalidad.15
[…]
La Sala responde:
[…]
En aplicación de los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, 3º y 41
de la ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio
de los empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de acto
administrativo motivado, sin consideración a la fecha de la designación en tal
calidad. [Resalta la Sala].
Tercero, resulta aplicable el principio general de interpretación jurídica según el
cual donde la norma no hace diferenciaciones, no le corresponde distinguir al
intérprete. Significa que la calificación insatisfactoria en el desempeño laboral, por
mandato superior, debe producir el retiro del servicio público de los servidores en
carrera administrativa (como lo repite el artículo 41 de la Ley 909 de 2004), pero
también de los nombrados en provisionalidad.
Cuarto, es importante señalar que si bien el nombramiento en provisionalidad ha
sido concebido como un mecanismo excepcional y transitorio para atender las
necesidades del servicio público, mientras se proveen los empleos en forma
definitiva, a través del concurso de méritos, lo cierto es que por interpretación
directa del artículo 125, aquella transitoriedad no tiene incidencia alguna para
retirar del servicio al empleado provisional que no cumple con los estándares de
calidad que demanda el servicio público.
Quinto, al igual que el empleado con derechos de carrera, el nombrado en
provisionalidad se encuentra ocupando un empleo de carrera administrativa. Una
interpretación contraria a la expuesta, llevaría al absurdo de privilegiar al
empleado provisional sobre los empleados con derechos de carrera.
15 (Cita original del texto trascrito) Incluso la Corte ha ordenado reconocer la indemnización por supresión del Cargo
atendiendo además de la protección por retén social la circunstancia de ocupar el cargo en provisionalidad: Sent. T-
399/05: “Ello por cuanto es claro que es merecedora del beneficio del retén social y porque además fue despedida sin
indemnización alguna siendo que su empleo era de carrera, - sin importar la provisionalidad - y era menester el pago de
la indemnización por supresión de su cargo ( V. T-1161 de 2004 y T-081 de 2005).
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Admitir que el empleado provisional no puede ser evaluado en el desempeño del
cargo implicaría reconocer a este una mayor estabilidad laboral frente al de
carrera, lo cual iría en contravía de los principios de igualdad y de mérito que
inspiran la función pública.
Es así que la Corte Constitucional en la Sentencia de unificación SU-917 de 2010,
cuando se refirió a las razones que puede invocar el nominador para desvincular a
quien ejerce un cargo en provisionalidad, interpretó, como lo hace ahora esta Sala,
que es constitucionalmente admisible invocar como motivación de insubsistencia
de un provisional, la calificación insatisfactoria:
El acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas
exigencias mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado
cuente con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la
jurisdicción y demanda la nulidad del acto en los términos del artículo 84 del CCA.
Lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento
del derecho sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles
son las razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el
acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional.
Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de
“razón suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en
general prescinde de los servicios de un empleado vinculado en
provisionalidad, donde “deben constar las circunstancias particulares y
concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide remover a un
determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas
justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican
directamente de quien es desvinculado”16. En otras palabras, de acuerdo con la
jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un acto administrativo de
desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada
y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los servicios del
funcionario en cuestión”17.
En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión
definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo,
la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra
16 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2005. En la misma providencia la Corte señaló: “Esta
regla encuentra su justificación en el hecho de que la motivación resulta ser necesaria para controvertir dicho acto ante
la jurisdicción contencioso- administrativa, y adicionalmente, porque la desvinculación debe obedecer a un principio de
razón suficiente, es decir, que deben existir motivos fundados para que la administración prescinda de los servicios de su
funcionario. La ausencia de motivación específica, en consecuencia, lesiona los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del trabajador, que de manera provisional, ocupa un cargo de carrera administrativa”».
17 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009, entre muchas otras».
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Demandante: SINTRANORE
razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto”18. [Destaca la Sala].
Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación SU-691 de 2011 y SU-556 de 2014.
Sexto, el artículo 3 de la Ley 489 de 1988, que consagra los principios de la
función pública, señala que esta se debe desarrollar conforme a los principios de
eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros.
En concordancia con lo anterior, el artículo 27 de la misma ley creó el Sistema
Nacional e Institucional de Control Interno, para el fortalecimiento y el
cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado, sin perjuicio de la
competencia atribuida en el artículo 78 ibidem a los directores, gerentes o
representantes legales de las entidades para vigilar y controlar la ejecución de las
funciones de todo el personal.
Séptimo, una interpretación armónica de los artículos 125 Constitucional y 41 de la
Ley 909 de 2004, demuestra que el retiro del servicio de quienes ocupan empleos
de carrera administrativa se produce, entre otras causas, por resultado no
satisfactorio en su desempeño. Además, estas normas no diferencian si los cargos
están provistos mediante nombramiento provisional o por empleados
escalafonados en el sistema de carrera.
Igualmente, el ordenamiento superior dispone que la desvinculación de las
personas que ejercen cargos de carrera debe motivarse suficientemente, mandato
que también ampara a los servidores en provisionalidad, conforme lo explicó la
Sentencia SU-917 de 2010 y lo reiteró la Ley 909 de 2004;19 por lo tanto, la
decisión de la administración debe fundarse en razones claras, detalladas y
precisas.
18 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007».
19
Proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: SINTRANORE
Bajo este contexto, resulta por lo menos imprescindible que el retiro esté
soportado en una evaluación de desempeño objetiva.
2.3.3. De la evaluación del desempeño
En relación con la evaluación del desempeño o con los instrumentos de valoración
laboral, la Ley 909 de 2004 en su artículo 2, en correspondencia con la cláusula
constitucional de la permanencia en el servicio púbico, condicionada al
desempeño satisfactorio del empleo, establece, como principio de la función
pública, que: «[l]a responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo
desarrollado […] se concretará a través de los instrumentos de evaluación del
desempeño y de los acuerdos de gestión». Tal como lo destaca la misma norma,
este criterio, «se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de
la efectiva prestación del servicio» [Resalta la Sala].
La Ley 909 de 2004 se ocupó principalmente de regular la evaluación de
desempeño laboral de los empleados inscritos en carrera administrativa y en
período de prueba (artículos 37 a 40). Esta normativa señala que el desempeño
laboral de los empleados de carrera administrativa debe ser evaluado y calificado
con base en parámetros previamente establecidos por la CNSC y en función a las
metas institucionales. Establece que las evaluaciones de desempeño de estos
empleados deben tenerse en cuenta no solo para determinar la permanencia en el
servicio, sino también para otorgar incentivos económicos o conceder otro tipo de
beneficios. Asimismo, indica la periodicidad para la evaluación del desempeño,
entre otros aspectos generales.
El Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo 6176 del 2018, expedido por la CNSC
reglamentaron todo lo relacionado con la evaluación del desempeño de los
empleados públicos de carrera administrativa y de los que se encuentren en
período de prueba.
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Demandante: SINTRANORE
Pero la Ley 909 de 2004 también hizo referencia al retiro del servicio público de
los empleados temporales por calificación insatisfactoria del desempeño laboral,
aunque se abstuvo de reglamentar el instrumento de evaluación o medición, en los
siguientes términos (artículo 21):
[…] El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del
cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo,
antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el
servidor no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la
creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca
para el efecto y mediante acto administrativo motivado […] [Resalta la Sala].
De lo anterior, se concluye que la Ley 909 de 2004, por un lado, reguló de forma
parcial la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera
administrativa, pues dejó en manos de la CNSC y de las entidades su
implementación. Y, por otro lado, en relación con los empleados temporales y
demás empleados públicos, hizo mención en sus artículos 21 y 2,
respectivamente, a la posibilidad de implementar los instrumentos de evaluación
para determinar su permanencia o retiro del servicio público y las
responsabilidades por el trabajo desarrollado.
Desde luego, la reglamentación del sistema de evaluación de desempeño de los
empleados de carrera administrativa, de la forma como está concebida, no debe
extenderse en su totalidad a los empleados nombrados en provisionalidad, entre
otras cosas, porque la evaluación de los provisionales no puede ocasionar ningún
derecho de carrera ni el fuero de estabilidad otorgado a los empleados de carrera,
pues su permanencia está condicionada no solo al buen desempeño del empleo,
sino a que no exista una lista de elegibles vigente para proveer los cargos.
A ese respecto, bien pueden servir algunos argumentos expuestos por la Sección
Segunda, Subsección B, de esta corporación en la sentencia del 24 de abril de
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2020,20 en el sentido de que no es jurídicamente viable evaluar a los funcionarios
vinculados en provisionalidad con las mismas reglas previstas para los
funcionarios de carrera y en período de prueba.
Finalmente, es pertinente anotar que en casos análogos al presente esta Sala ha
arribado a iguales conclusiones a las antes expuestas.21
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El sindicato demandante argumenta que la resolución acusada se encuentra
viciada de nulidad por cuanto i) no existe una norma que faculte a
Superintendencia de Notariado y Registro para valorar el desempeño de los
empleados nombrados en provisionalidad y en empleos temporales; ii) la
disposición enjuiciada invocó criterios de la CNSC que solo se aplican a los
servidores de carrera; iii) se desconocieron los parámetros nacionales de
calificación; y iv) se quebrantó el ordenamiento superior en lo que concierne a las
autoridades responsables de hacer la evaluación.
Como se dijo en acápites anteriores, la administración goza de plenas
competencias para evaluar el desempeño laboral de los servidores nombrados en
provisionalidad y en empleos temporales, sin que ello mute la naturaleza de su
vinculación, ni les confiera los derechos propios del sistema de carrera
administrativa. A su vez, tal calificación resulta necesaria para asegurar el
cumplimiento de los deberes funcionales, la adecuada prestación del servicio y la
promoción del interés general.
De esta manera, la Sala no comparte el vicio de nulidad alegado por el sindicato
demandante que atañe a la ausencia de una norma jurídica que faculte a la
Superintendencia de Notariado y Registro para valorar el desempeño de los
colaboradores nombrados en provisionalidad o en empleos temporales; por el
20 Radicado 11001-03-25-000-2017-00281-00 (1363-17).
21 Ver las siguientes sentencias: i) del 4 de agosto de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019); y ii)
del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00129-00 (0677-2017).
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00136-00 (0411-2018)
Demandante: SINTRANORE
contrario, el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, precisó que uno de los
presupuestos para la efectiva prestación del servicio público era la
responsabilidad de los servidores por el trabajo desarrollado, «que se
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de
los acuerdos de gestión».
Por otra parte, como se analizó en precedencia, existe un deber constitucional
(artículo 125) que exige calificar el desempeño laboral de los empleados públicos,
porque esta norma superior señaló como causal de retiro del servicio, la
calificación no satisfactoria en el desempeño del cargo; así mismo, existe una
obligación legal (artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015) de motivar el acto de
retiro del servicio de quien se encuentre vinculado en provisionalidad.22
Similar análisis aplica para el personal nombrado en empleos temporales, pues el
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó que podía ser retirado del servicio antes
de cumplirse el término para el cual fue vinculado en caso de que no cumpla las
metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los cargos, «de
acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado».
En consecuencia, la causal de retiro del servicio por calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, consagrada en la Constitución Política, supone el deber
de las autoridades administrativas correspondientes, de la adopción de criterios o
instrumentos de evaluación del desempeño, objetivos, razonados y justificados,
para el personal nombrado en provisionalidad.
En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta que, por disposición del
artículo 78 de la Ley 489 de 1998,23 al director, gerente o representante legal de
22 Artículo 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de duración
del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por
terminados.
23 Invocado como fundamento de la resolución acusada.
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cada entidad le compete «dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las
funciones o programas de la organización y de su personal».
Además, esta Subsección ha sostenido que existen otros fundamentos legales y
reglamentarios que imponen a los representantes legales o máximos directivos de
las entidades estatales 24 la obligación de monitorear la gestión y realizar el control
interno respectivo,25 por lo que también tienen la competencia para calificar el
servicio de los empleados nombrados en provisionalidad. Este marco normativo
corresponde al siguiente:
o El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que creó el sistema de gestión a
nivel estatal y ordenó su articulación con los Sistemas Nacional e
Institucional de Control Interno consagrados en la Ley 87 de 1993 y en los
artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, «de tal manera que permita el
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al
interior de los organismos y entidades del Estado».
o El artículo 2.2.22.1.1 del Decreto 1499 de 2017 indicó que el sistema de
gestión integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad y lo definió como «el conjunto de entidades y organismos del
Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la
gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los
derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad».
o El artículo 2.2.22.3.3 del Decreto 1499 de 2017 que dispuso que para el
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de
Control Interno, se adoptaría la versión actualizada del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión –MIPG, cuyos objetivos más relevantes, de cara al sub
lite, son los siguientes: a. fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los
24 Artículo 6 de la Ley 87 de 1993.
25 Ver las siguientes sentencias: i) del 4 de agosto de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019); y ii)
del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00129-00 (0677-2017).
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principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de
resultados de las entidades públicas; y b. desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación,
para la toma de decisiones y la mejora continua.
o El artículo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017 que dispuso la articulación del
Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno, teniendo en
cuenta que este último «es transversal a la gestión y desempeño de las
entidades».
El anterior marco normativo contribuye a la realización del mandato constitucional
de garantizar que la función pública se desarrolle de manera eficiente, a través de
servidores oficiales que tengan asignadas responsabilidades y metas consonantes
con las misiones institucionales y coordinadas con los fines esenciales del Estado.
Para el efecto, las entidades deben fijar objetivos, metas y mecanismos de
evaluación que permitan verificar el grado y calidad de su cumplimiento, en aras
de privilegiar el interés general.
En este orden de ideas, los propósitos de la evaluación para la permanencia, el
ascenso y el disfrute de los incentivos a que tienen derecho los servidores de
carrera no pueden confundirse con la calificación encaminada al control, gestión y
cumplimiento de la misión institucional y la prestación eficiente del servicio, pues
frente a este aspecto todos los servidores son sujetos de evaluación de su
desempeño, ya que no hay razón para que los provisionales demuestren menos
responsabilidad, compromiso o cumplan las tareas con inferior calidad o cantidad
en comparación con un empleado escalafonado en carrera; por el contrario, ese
tratamiento contravendría el interés general, el principio «a trabajo igual, salario
igual»26 y la noción de empleo público.27
26 Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 2021.
27 Artículo 19 de la Ley 909 de 2004.
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Así las cosas, las funciones y su correcto desempeño se predican del cargo y no
de la clase de nombramiento, de esta manera, cualquier empleo público debe ser
ejercido con total diligencia y solvencia sin importar si quien lo ocupa goza de
derechos de carrera o está designado en provisionalidad o en un empleo temporal.
También es oportuno expresar que la calificación tampoco pugna con la obligación
que tiene la administración de proveer los cargos a través del sistema del mérito;
sin embargo, mientras ello se logra es necesario implementar la evaluación de los
servidores provisionales y temporales.
A lo anterior se suma que la provisionalidad no solo se ha utilizado para cubrir
vacancias definitivas, sino también las temporales que pueden presentarse por
lapsos considerables como cuando los empleados se encuentran en uso de
licencias, comisiones u otras situaciones administrativas que los separen
transitoriamente del cargo, pero sin perder sus derechos de carrera, por lo que las
entidades oficiales se ven abocadas a efectuar nombramientos en provisionalidad,
por ende, deben tener a la mano un mecanismo que les permitan valorar la forma
en que sus colaboradores ejercen las funciones, pues ello redunda en beneficio
del conglomerado social.
Ahora bien, como se explicó en acápites anteriores, la reglamentación del sistema
de evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa, en la
forma como está concebida, no puede extenderse en su totalidad a los empleados
temporales o nombrados en provisionalidad, por los distintos efectos jurídicos que
producen dichos nombramientos y por las condiciones especiales que la ley otorga
a aquellos que ingresan al servicio público por concurso público.
En efecto, esta corporación,28 la CNSC29 y el DAFP30 han hecho referencia a la
necesidad de que los instrumentos de evaluación de los servidores provisionales o
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de agosto de 2002, radicado 11001-03-25-000-
2019-00273-00 (1711-2019).
29 Criterio Unificado de 2016.
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Demandante: SINTRANORE
temporales no contengan componentes que puedan llegar a medir factores
tendientes al acceso a los beneficios propios del personal escalafonado en el
sistema de carrera.
De esta manera, se observa que la resolución demandada incurrió en una
imprecisión lingüística al utilizar la expresión «[a]doptar el Sistema de Evaluación
del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil
mediante Acuerdo 565 de 2016» para los servidores vinculados en
provisionalidad y en empleos temporales; sin embargo, esta dificultad
gramatical fue zanjada inmediatamente al precisar que dicha adopción se hacía
«con los ajustes necesarios de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley
775 de 2005 y su Decreto Reglamentario 2929 del mismo año».
Por ende, la norma deja claro que en ningún momento se están homologando a
los empleados temporales o provisionales con el personal de carrera.
Inclusive, del contenido del acto acusado se observan diferencias relevantes que
permiten considerar que se trata de un sistema de evaluación que no es
exactamente igual al que se aplica a los empleados en carrera administrativa,
aunque resultan similares, lo cual es entendible en tanto se trata de una única
entidad (Superintendencia de Notariado y Registro), que debe preservar la
coherencia en sus compromisos misionales y funcionales.
A modo de ejemplo, en el artículo 26 ibidem se prevé que la evaluación en el nivel
sobresaliente permite que los evaluados accedan a beneficios contenidos en el Plan
de Estímulos e Incentivos de la entidad, mientras que el artículo 40 del Acuerdo 565
de 2016 consagra que la calificación sobresaliente permite adquirir derechos de
carrera administrativa, cuando se trata de evaluación en período de prueba;
ascender en la carrera administrativa; acceder a encargos y a comisiones para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción.
30 Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 20216000060051 del 19 de febrero de 2021.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160666
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A su vez, el artículo 27 de la resolución demandada dispone que la consecuencia de
la calificación no satisfactoria es el retiro del servicio, mientras que el artículo 44 del
Acuerdo 565 de 2016 prevé que en ese supuesto también habrá lugar a la
separación y pérdida de los derechos de carrera y el regreso al empleo del que se es
titular, cuando el empleado estuviere desempeñándose en encargo.
Adicionalmente, entre el Acuerdo 565 de 2016 y la Resolución 9272 de 2017 hay
divergencia en relación con los períodos de evaluación, justamente en razón a la
transitoriedad que caracteriza la vinculación en provisionalidad o en un empleo
temporal.31
Así las cosas, existen varias diferencias entre el sistema de evaluación contenido en
el acto acusado, aplicable a empleados vinculados en provisionalidad y en empleos
temporales de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el modelo de
valoración establecido en el Acuerdo 565 de 2016, ideado para empleados de
carrera y en período de prueba, por ende, no puede señalarse que la resolución
demandada equiparó tajantemente dos situaciones que son diferenciables por la
forma de la vinculación.
De otro lado, el sindicato accionante sostuvo que el acto administrativo atacado
favorece subjetividades, pues se apartó de los parámetros nacionales de evaluación;
sin embargo, no aclaró a qué parámetros se refería.
A pesar la vaguedad de la anotada afirmación, el despacho encuentra que el hecho
de que la Resolución 9272 de 2017 se haya orientado por el Acuerdo 565 de 2016,
aun con sus diferencias y ajustes, es un hecho demostrativo de que el modelo de
evaluación de empleados vinculados en provisionalidad y en empleos temporales de
la Superintendencia de Notariado y Registro acoge parámetros nacionales de
31 Al respecto se pueden ver los artículos 19 de la Resolución 9272 de 2017 y 21 del Acuerdo 565 de 2016.
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evaluación, fijados por la entidad a la que le corresponde la administración y
vigilancia de los sistemas específicos de carrera administrativa.32
En este orden de ideas, se observa que la entidad demandada acudió a dicho
acuerdo como un referente que contiene lineamientos objetivos, aplicables en el
marco de un sistema integral de calificación del desempeño, en aras de valorar las
competencias laborales y que conciernen a «la capacidad que tiene una persona
para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de
calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un
empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el
empleado público».33
Es así como la utilización de parámetros objetivos y técnicos de evaluación
reafirma la idea de que «los servidores nombrados en provisionalidad no son
ajenos al ideal del mérito, y también deben cumplir un perfil idóneo para el cargo; y
pueden incluso ser sometidos a pruebas de valoración específicas».34
Aunado a lo anterior, se resalta que la motivación del acto demandado explicó que el
personal provisional y temporal debía ser evaluado con miras a materializar la misión
institucional y monitorear el cumplimiento de las metas y deberes funcionales
asignados a los diferentes cargos. Esta conclusión también se fundó en el Criterio
Unificado del 5 de julio de 2016, suscrito por la CNSC, que en lo pertinente expresó lo
siguiente:35
La evaluación de la gestión institucional o del desempeño laboral es una
herramienta de carácter estratégico, la cual aplica a todos los servidores públicos
independientemente del tipo de vinculación, o el empleo que desempeñe, ya que la
responsabilidad es inherente al servicio público y al marco normativo que regula su
32 Corte Constitucional, sentencia C- 1230 del 29 de noviembre de 2005, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
33 Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 de 2018.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-102 de 2022.
35 Consultar los siguientes enlaces publicados en la página web de la CNSC:
https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2021-06/criterio%2020160715-0368.pdf
https://www.cnsc.gov.co/criterios-y-doctrina/criterios-
unificados/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Desempe%C3%B1o%20Laboral
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Demandante: SINTRANORE
ejercicio, que no prevén ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la
valoración de resultados, en el cumplimiento de los deberes y/o el desempeño
laboral.
[…] la evaluación resulta procedente como política institucional, dentro del marco de
apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad.
[…]
De lo anterior se precisa que, para la evaluación de los servidores públicos
provisionales, las entidades pueden hacerlo por medio de instrumentos específicos
diseñados al interior de la misma, los cuales harían parte de la política institucional y
de la administración del talento humano; o, si bien la Administración considera
pertinente, podrá tomar como referente los formatos establecidos por esta Comisión
Nacional a través del Sistema Tipo de Evaluación del desempeño Laboral, como
guía de orientación. No obstante lo anterior, se aclara que los instrumentos de
evaluación que se diseñen o adopten como política de cada institución para calificar
el desempeño laboral de los mencionados servidores públicos, no estarán sujetos
bajo ninguna circunstancia a la aprobación o validación de la CNSC.
Finalmente, se deberá establecer que en ningún caso, la evaluación del desempeño
realizada a personal vinculado con carácter provisional, genera los privilegios que la
ley establece para los servidores públicos que ostentan derecho de carrera
administrativa, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para servidores
escalafonados.
Si bien la anterior decisión se emitió como un concepto, es decir, que carece de
carácter vinculante,36 la premisa allí establecida en el sentido de entender que la
administración goza de plenas facultades para evaluar el desempeño de los
servidores nombrados en provisionalidad, coincide con los argumentos que ha
acogido esta corporación en la materia, por lo que la Superintendencia de
Notariado y Registro también podía fundarse en dicha directriz para expedir la
resolución enjuiciada.
En este orden de ideas, conforme lo indica el Criterio Unificado de 2016, en este
caso la entidad accionada mencionó el Acuerdo 565 de 2016, como una guía de
orientación y por tal motivo reguló de manera autónoma los instrumentos y el
proceso de evaluación que debían aplicarse a los servidores nombrados en
provisionalidad y en empleos temporales.
Por otra parte, el sindicato accionante sostuvo que la Resolución 9272 de 2017
quebrantó el ordenamiento superior, porque omitió radicar la facultad de evaluar a
36 Artículo 28 del CPACA.
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las comisiones de personal como se hace para los empleados de carrera
administrativa.
Al respecto se observa que, de acuerdo con las pautas que para entonces había
fijado la CNSC, como entidad administradora de los sistemas específicos de carrera
administrativa, los evaluadores debían ser el superior o jefe inmediato del evaluado o
la comisión evaluadora, «según sea el caso». Idéntica previsión fue acogida por el
artículo 7.6 del acto administrativo atacado.
Por lo tanto, los aspectos relacionados con la conformación de la comisión
evaluadora y, en general, los responsables de calificar, fueron tomados de la
regulación que había expedido la CNSC para la época, por lo que no se incurrió en la
omisión antes señalada.
Así las cosas, los cargos de nulidad endilgados por la parte accionante a la
resolución demandada carecen de soporte fáctico y jurídico, por ende, debe
mantenerse incólume su presunción de legalidad.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18837 del CPACA.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que SINTRANORE no logró desvirtuar la legalidad de la resolución
demandada y, en consecuencia, se deberán negar las pretensiones tendientes a
37 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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invalidarla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro - SINTRANORE en
contra de la Resolución 9272 del 30 de agosto de 2017, «[p]or la cual se adopta el
Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores públicos
vinculados en provisionalidad y en empleos temporales de la Superintendencia de
Notariado y Registro», proferida por el superintendente, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
27
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