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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00273-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00273-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Denegar la pretensión de nulidad de la Resolución 1364 del 22 de febrero de 2019, «Por la cual se adopta el Sistema de Valoración del desempeño de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la planta global del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga una Resolución». Segundo. Sin condena en costas

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00273-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF

Tema: Nulidad de la Resolución 1364 del 22 de febrero de 2019, expedida por la
directora general del ICBF

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del
CPACA, corresponde a la Sala decidir sobre la demanda de nulidad interpuesta
contra la Resolución 1364 del 22 de febrero de 2019, expedida por la directora
general del ICBF, «[p]or la cual se adopta el Sistema de Valoración del desempeño
de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la
planta global del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar» y se deroga una
Resolución».

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Pretensiones

El ciudadano Jairo Villegas Arbeláez, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 37 del CPACA, solicitó declarar la nulidad de la Resolución 1364 de
febrero 22 de 2.019 «por la cual se adopta el sistema de valoración del desempeño

1 Folios 1 al 16

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la
planta global del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y se deroga una
resolución», proferida por la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

1.1. Fundamentos de la demanda. Cargos de nulidad

1.1.1. Falta de competencia del ICBF, porque las autoridades administrativas no
pueden crear un sistema de evaluación de desempeño laboral de empleados
nombrados en provisionalidad en atención a lo señalado en las siguientes
disposiciones:

• Artículos 6, 122 y 125 de la Constitución Política.

• Artículos 11, 38, 40 y 41 de la Ley 909 de 2004, que fijaron las funciones del
CNCS relacionadas con la carrera administrativa, el sistema de evaluación
del desempeño de los empleados de carrera administrativa, los instrumentos
de evaluación y las causales de retiro de los empleados públicos,
respectivamente.

• Artículo 2.2.8.1.1. del Decreto 1083 de 2015, que definió la evaluación del
desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en período
de prueba.

• Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNCS),
«[p]or el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño
Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período
de Prueba».

Al respecto, indicó lo siguiente:

2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

i) La Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 183 de 2015 no consagraron la
evaluación de desempeño laboral de los empleados nombrados en provisionalidad,
sino únicamente la de los empleados inscritos en carrera administrativa y los que se
encuentren en periodo de prueba.

En ese sentido, el Acuerdo 6176 del 2018, expedido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, estableció el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral para
los inscritos en carrera administrativa y los que se encuentren en periodo de prueba.
Ninguna otra norma jurídica otorga competencia funcional a las autoridades
administrativas para evaluar o valorar el desempeño de los empleados nombrados
en provisionalidad.

ii) De conformidad con la Ley 909 de 2004, la evaluación de desempeño laboral fue
creada, principalmente, para adquirir los derechos de carrera administrativa,
permanecer y ascender en la misma y para optar por empleos de libre
nombramiento y remoción o de periodo, mediante la figura del encargo.

iii) Si bien la Corte Constitucional en algunas sentencias de tutela se ha referido, a
título de obiter dicta, a la calificación del desempeño como uno de los posibles
eventos de retiro de los nombrados en provisionalidad,2 lo cierto es que la Sección
Segunda del Consejo de Estado3 ha determinado que los efectos de la evaluación
del desempeño de los empleados de carrera no pueden extenderse a los empleados
del Estado vinculados a través de otro tipo de nombramiento.

1.1.2. Falsa motivación, por las siguientes razones:

[…]

• En los “considerandos” o motivación de la Resolución acusada, apenas se
consignan apreciaciones, pero no se indica, por no existir, ninguna norma jurídica
que consagre o autorice u otorgue competencia a la Administración para la
evaluación o valoración del desempeño de los provisionales;

2 Menciona las sentencias T-800 de 1998 y la SU- 917 de 2010.
3 Menciona los Autos del 26 de abril y 16 de agosto de 2018.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

• En los “considerandos” se invoca erradamente a la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL al pretender atribuirle criterio diferente al vigente y preciso que
es el consagrado en su Acuerdo 6176/98 “por el cual se establece el sistema tipo
de Evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera y en
periodo de prueba”;

• En los “considerandos” en forma errada se pretende justificar la evaluación de
provisionales por su vinculación a las “metas institucionales”, lo que es
improcedente dado que la ley en forma expresa regula “las metas institucionales”
pero en relación con los empleados de carrera” […]

• Los “considerandos” o motivación de la resolución acusada, sus apreciaciones, son
ostensiblemente contrarias, en la forma ya analizada anteriormente, a la
Constitución Nacional, a la ley, al Acuerdo de la CNSC y al precedente
jurisprudencial del CONSEJO DE ESTADO […] (Mayúsculas y resaltados son del
texto original)

1.2. La contestación de la demanda

El apoderado del ICBF se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento
en las siguientes razones:4

i) El demandante no puede confrontar el acto acusado para fundamentar la presunta
nulidad con base en un régimen especial distinto al de los empleados provisionales.
En efecto, la resolución acusada tiene como finalidad proteger el óptimo y correcto
cumplimiento de los fines estatales, mediante la evaluación de los empleados que
desempeñan los empleos de carrera. Por consiguiente, ante la falta de regulación
legal específica, las entidades están obligadas a expedir los parámetros para definir
la forma en que debe evaluarse la correcta prestación del servicio público por parte
de los servidores públicos nombrados en provisionalidad.

ii) El pronunciamiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado invocado en
la demanda no corresponde a un criterio unificado de la Sección, sino al de un solo
magistrado, el cual puede ser modificado con cargas argumentativas adicionales.
Además, en dicha providencia la violación se fundamentó frente a una norma
superior distinta, porque el Decreto 1083 de 2015 fue modificado por el Decreto
1449 de 2017, el cual sirvió de fundamento a la resolución acusada en el sub lite.

4 Folios 38 al 40 del cuaderno de medidas cautelares

4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

1.3. Suspensión provisional

El demandante, con los mismos fundamentos de la demanda, solicitó como medida
cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1364 del 22 de
febrero de 2019, expedida por la directora general del ICBF, «[p]or la cual se adopta
el Sistema de Valoración del desempeño de los servidores públicos vinculados
mediante nombramiento provisional en la planta global del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y se deroga una Resolución»

Mediante providencia del 30 de julio de 20205, se denegó la suspensión provisional,
al considerar que la resolución acusada, prima facie, no pugnaba con el
ordenamiento jurídico superior.

En la citada decisión, con apoyo en el estudio armónico de los artículos 125 de la
Constitución Política, 2 y 19 de la Ley 909 de 2004, 2.2.18.2.1 del Decreto 1083 de
2015, 133 de la Ley 1753 de 2015, 27 a 29 de la Ley 489 de 1998, 2 del Decreto
1499 de 2017, entre otras normas, se precisó que la función pública se debe
desarrollar de manera eficiente con base en las responsabilidades asignadas y las
metas institucionales para el correcto desarrollo de los fines esenciales del Estado.
Para este efecto, se sostuvo que las entidades debían fijar objetivos, metas y
mecanismos de evaluación desempeño laboral que permitiera verificar el grado y
calidad de su cumplimiento, en aras de privilegiar el interés general.

Conforme al anterior criterio, se afirmó que no es posible inferir que la Constitución
Política contenga una prohibición en torno a la calificación de empleados nombrados
en provisionalidad y se advirtió que la evaluación de desempeño laboral contenida
en la resolución acusada se fundó en criterios objetivos y verificables de cara a las
metas y funciones asignadas, lo cual, en caso de producirse una evaluación
insatisfactoria, garantiza de antemano la motivación suficiente del acto de

5 Folios 42 al 51 ibidem

5

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

insubsistencia de un nombramiento en provisionalidad, ante una eventual
impugnación en sede judicial.

Finalmente, se explicó que si bien la evaluación del desempeño de los empleados
provisionales resulta procedente, esta no puede hacerse bajo los mismos
parámetros fijados para los empleados de carrera administrativa.

1.4. La audiencia inicial

Mediante auto interlocutorio del 29 de abril de 20216 se decidió prescindir de la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA y se fijó el litigio en los
siguientes términos:

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el sub lite recae en determinar i) si la Resolución 1363 (sic) proferida el 22 de febrero
de 2019, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) «Por la cual se
adopta la evaluación de desempeño de los servidores públicos vinculados mediante
nombramiento provisional en la planta global (…)», se expidió sin competencia y con
falsa motivación; en caso afirmativo ii) si hay lugar a declarar su nulidad.

Contra el Auto del 29 de abril de 2021 no se interpuso ningún recurso.

1.5. Los alegatos de conclusión

1.5.1. La entidad demandada

El apoderado del ICBF solicita denegar las pretensiones de la demanda, de
conformidad con los argumentos que a continuación se resumen:7

i) El artículo 209 de la Constitución Política establece que todas las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para garantizar los fines del
Estado y, por ello, resulta necesario que las entidades públicas creen mecanismos

6 Folios 53 al 56
7 Samai, índice 39

6

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

para que todos los servidores públicos cumplan de forma estricta las funciones
asignadas.

ii) El artículo 78 de la Ley 489 de 1998 señala que corresponde a los directores de
las entidades dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones de
todos los servidores públicos sin importar la forma de su vinculación.

iii) El artículo 2 de la Ley 909 de 2004, incorporó como principio de la función pública
los instrumentos de evaluación de desempeño para medir el trabajo desarrollado,
así como la capacitación para aumentar los niveles de eficacia.

iv) La CNSC, a través del criterio unificado sobre «evaluación de funcionarios
vinculados en nombramiento provisional» proferido en sesión del 5 de julio de 2016,
explicó que la evaluación de los funcionarios vinculados en nombramiento
provisional es una herramienta con la que cuentan los directores de entidades para
garantizar el correcto cumplimiento de las funciones y tareas de sus colaboradores.

v) Cuando las entidades públicas deciden establecer parámetros objetivos de
evaluación, garantiza no solo la permanencia en el servicio público por el principio
del mérito, sino también el principio constitucional del debido proceso para todos los
evaluados, pues la Corte Constitucional ha exigido a las entidades públicas que el
retiro de los empleados con nombramiento en provisionalidad debe fundarse en
criterios objetivos debidamente motivados con el objeto de garantizar un buen
servicio público.

vi) El demandante fundamenta de forma equivocada los vicios de nulidad de la
resolución acusada bajo la regulación legal establecida para la evaluación de
desempeño de los empleados en carrera administrativa, es decir frente a un régimen
especial distinto al de los empleados provisionales.

1.5.2. El demandante

7

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El demandante centra su argumentación en el principio de legalidad, así:8

i) Las autoridades solo pueden ejercer las competencias expresamente atribuidas
en la Constitución, en la ley o el reglamento, y no mediante una interpretación
extensiva de un principio general o por inferencia o derivación de las normas
escritas.

ii) No existe en la Constitución ni en la ley ninguna norma que atribuya una
competencia al ICBF para evaluar el desempeño de los empleados nombrados en
provisionalidad como lo hace la resolución acusada.

Finalmente, reitera todos los argumentos y fundamentos de la demanda para que
se acceda a la nulidad del acto acusado.

1.6. Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado solicita que se
denieguen las pretensiones de la demanda, porque en su criterio la Resolución 1364
del 22 de febrero de 2019 se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico superior,
por lo siguiente:9

i) Al tenor de lo normado en el artículo 2 de la Constitución Política el Estado tiene
unos fines esenciales, entre ellos, la debida satisfacción de los fines institucionales
y la satisfacción de los derechos y necesidades del colectivo social, mediante el
cumplimiento de la función administrativa, el cual es desarrollado por los artículos
209 de la misma Carta y los artículos 3 de la Ley 489 de 1998 y del CPACA.

ii) No resulta consecuente que la autoridad administrativa no tuviere competencia,
para controlar el ejercicio de la función pública a través de mecanismos de fijación
de metas de desempeño y cumplimiento de tareas o actividades, no solo con el

8 Samai, índice 40
9 Samai, índices 43 y 44

8

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

propósito de permanecer en el servicio, sino, además, con la visión de mejorar
continuamente la prestación del servicio o la función pública.

iii) La CNSC, en conceptos del 8 de mayo de 2009 y del 19 de febrero de 2021 (2-
2009-07345 y 060051, respectivamente) indicó que las entidades pueden evaluar a
los provisionales a través de instrumentos específicos diseñados por la entidad o
mediante formatos similares a los que se utilizan para la evaluación de los
empleados de carrera, en período de prueba o de libre nombramiento y remoción.

iv) La evaluación del desempeño de un servidor en provisionalidad, siempre y
cuando se haga sobre instrumentos que conlleven una valoración objetiva, permite
gestionar el recurso humano y a apartar del servicio a quienes no tengan el
compromiso necesario con la meta institucional, en coherencia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la desvinculación de los
servidores en provisionalidad.

v) Por todo lo anterior, no es dable pregonar la falta de competencia del ICBF para
establecer la evaluación del desempeño de los servidores en provisionalidad, pues
si bien no existe una regulación legal específica en la materia, por interpretación
constitucional y jurisprudencial, es viable que la entidad evalúe el desempeño de los
titulares de los cargos.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe a determinar si la Resolución 1364 del 22 de febrero de 2019,
expedida por la directora general del ICBF, que adoptó un sistema de valoración del
desempeño de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento
provisional, se expidió sin competencia o con falsa motivación.

2.2. La norma demandada

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La mencionada resolución estableció un sistema de evaluación de desempeño para
los funcionarios nombrados en provisionalidad, en los siguientes términos:

[…]

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN DEL SISTEMA. Adoptar, como política institucional, el
Sistema de Valoración del Desempeño de los servidores públicos vinculados bajo
nombramiento provisional en la planta global del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOCIÓN Y OBJETIVO DE LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. La valoración del
desempeño es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican los
compromisos funcionales y las competencias comportamentales como aporte al logro
de las metas del Plan de Acción del ICBF que realiza el servidor público vinculado bajo
nombramiento provisional, en el marco de sus funciones, responsabilidades y
desempeño laboral.
La valoración del desempeño de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento
provisional debe ser objetiva, imparcial y fundada en principios de equidad. Para
realizarla deben tenerse en cuenta las fortalezas y los aspectos a mejorar del evaluado,
referirse a hechos concretos, a comportamientos verificables considerando las
circunstancias y condiciones en las que ejerce su actividad.

ARTÍCULO TERCERO. FINALIDAD DE LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. La valoración del desempeño
de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional en el ICBF tiene
como finalidad propender por el cabal cumplimiento de los fines del Estado encaminados
a mejorar el servicio del Sistema de Bienestar Familiar, de conformidad con el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, para lo cual evidenciará las competencias y aportes
del servidor público y orientará la toma de decisiones relacionadas con su desarrollo
laboral y con la permanencia del servicio.

ARTÍCULO CUARTO. - PRINCIPIOS DE LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. La valoración del desempeño de los
servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional es un sistema que
debe realizarse de acuerdo con los principios que rigen la función administrativa, la
permanencia y orientados por los siguientes principios:

-Mérito: Este determinará la permanencia de los servidores dentro del término del
nombramiento provisional. El servidor deberá demostrar en forma continua su capacidad
para alcanzar los resultados esperados en las condiciones previstas.

-Objetividad: La valoración del desempeño de los servidores vinculados bajo
nombramiento provisional se realizará con base en parámetros previamente
establecidos y estará determinada por el cumplimiento de las actividades y la
contribución al logro de las metas institucionales.

-Igualdad: A todos los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional se
les medirá su gestión con los mismos propósitos y bajo las mismas normas, parámetros,
criterios e instrumentos.

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-Cumplimiento: Todos los servidores deberán cumplir cabalmente las normas que
regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo.

-Evaluación: La permanencia en los cargos exige que el servidor público vinculado bajo
nombramiento provisional se someta y colabore activamente en el proceso de valoración
personal e institucional, de conformidad con los criterios definidos por la entidad o
autoridad competente.

-Promoción de lo Público: Es tarea de cada servidor la búsqueda de un ambiente
colaborativo, de trabajo en equipo, de defensa permanente del interés público y de
asumir un compromiso con la protección de los derechos, el interés general y la libertad
de los ciudadanos.

ARTÍCULO QUINTO. RESPONSABLE DE VALORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. El responsable de valorar el desempeño
de los servidores vinculados bajo nombramiento provisional en la Sede de la Dirección
General y en las Direcciones Regionales es el jefe inmediato, es decir, quien ejerza las
funciones de Director, Jefe de oficina Asesora, Jefe de Oficina, Subdirector o
Coordinador.
PARÁGRAFO. Al retiro o cambio del jefe inmediato del evaluado, se deberá realizar una
evaluación parcial eventual, motivada en el cambio de evaluador, siempre y cuando
supere los treinta (30) días calendario.

ARTÍCULO SEXTO. COMPROMISOS DE LOS RESPONSABLES DE LA VALORACIÓN DE SERVIDORES
VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. La valoración del desempeño de los
servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional compromete y obliga
tanto a los evaluados como a evaluadores:

6.1 Los jefes inmediatos de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento
provisional deberán implementar el Sistema de Valoración en el área o dependencia a
su cargo, y además deberán:

6.1.1 Realizar la valoración de la gestión de los servidores nombrados en provisionalidad
dentro de los plazos y casos establecidos en la presente Resolución.

6.1.2. Concertar con cada servidor público vinculado bajo nombramiento provisional los
compromisos laborales para el periodo correspondiente dentro de los quince primeros
(15) días hábiles del periodo a evaluar, o a partir de la fecha de posesión y/o al reintegro
del servidor al empleo después de cualquier situación administrativa que lo separe del
mismo.

En todo caso, se deberá valorar el periodo efectivamente laborado, si este es superior
a treinta (30) días calendario. Si no hay consenso en la concertación el evaluador los
fijará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, dejará constancia del hecho y
solicitará la firma de un testigo.

Lo anterior se comunicará al evaluado, quien podrá solicitar al superior jerárquico del
jefe inmediato que establezca los compromisos a cumplir para el periodo, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes.

Si el jefe inmediato omite cumplir con la obligación de concertar los compromisos, el
evaluado los presentará al jefe inmediato en el formato establecido para tal fin, de
acuerdo con las funciones determinadas en el Manual de Funciones y Competencias, el
Plan Institucional del ICBF y los planes y programas de la dependencia.

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Si no son aprobados por el jefe inmediato, el evaluado acudirá al superior de éste quien
deberá aprobarlos o fijarlos y serán estos los que el evaluado deberá cumplir.

De lo anterior, se enviará copia a la historia laboral del evaluado.

Así mismo, se deberá concertar 4 competencias comportamentales conforme lo previsto
en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente.

6.1.3. Realizar el seguimiento permanente al desempeño laboral de los servidores a su
cargo y formular los correctivos y recomendaciones que se requieran para el
mejoramiento de su desempeño, a través de las reuniones de retroalimentación
periódicas o comunicaciones a través de medios físicos o electrónicos.

Dichas comunicaciones y/o actas de reuniones servirán de base para la valoración del
desempeño que se realice en los plazos previstos en la presente Resolución.

6.1.4 Registrar las evidencias con sus respectivos soportes e incluir las observaciones
sobre las mismas en el Formato de Registro de Evidencias.

6.1.5 Comunicar al servidor el resultado de las valoraciones parciales y notificar las
valoraciones definitivas.

6.1.6 Ajustar los compromisos laborales por cambio en los Planes de Acción del ICBF o
por situaciones en que el servidor se separe del empleo por más de treinta (30) días
calendario, de ser requerido.

6.1.7 Resolver los recursos de reposición interpuestos contra la valoración definitiva,
notificar por escrito al evaluado la decisión y de haberse presentado en subsidio el de
apelación remitirlo a su superior jerárquico.

6.1.8 Declararse impedido en caso de configurarse las causales establecidas en la Ley.

6.2 Los servidores vinculados en nombramiento provisional, deberán participar
activa, permanente y constructivamente durante la valoración. Así mismo, en su
condición de evaluados deberán:

6.2.1 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al
empleo y participar de manera activa en el proceso de valoración.

6.2.2 Conocer que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la Institución se
fundamentan en el mérito, los resultados, metas alcanzadas como contribución a los
fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el
ejercicio del empleo.

6.2.3 Concertar con cada servidor público vinculado bajo nombramiento provisional los
compromisos laborales para el periodo correspondiente dentro de los quince primeros
(15) días hábiles del periodo a evaluar, o a partir de la fecha de posesión y/o al reintegro
del servidor al empleo después de cualquier situación administrativa que lo separe del
mismo.

Así mismo, se deberán concertar 4 competencias comportamentales conforme lo
previsto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente.

6.2.4 Solicitar al jefe inmediato, por escrito, ser valorado dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para el efecto.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
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En caso de no llevarse a cabo la valoración, informarán a la Oficina de Control Interno
Disciplinario para que adelante los trámites pertinentes. En este caso, la valoración
parcial eventual, semestral o definitiva se entenderá satisfactoria en el porcentaje
mínimo.

6.2.5 Obtener, como mínimo, calificación satisfactoria para permanecer en el empleo.

6.2.6 Presentar contra la valoración definitiva los recursos de reposición y de apelación,
cuando exista Inconformidad por el resultado de la valoración.

6.2.7 Recusar a los evaluadores cuando se advierta alguna de las causales de
recusación establecidas en la Ley y allegar las pruebas que pretenda hacer valer.

6.3 El Director de Gestión Humana, junto con la dependencia a su cargo, como
responsable de la implementación de la Política del Talento Humano dentro del ICBF
deberá:

6.3.1 Liderar en la Entidad la implementación del Sistema de Valoración del Desempeño
de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional.

6.3.2 Coordinar la divulgación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones al
Interior de la Entidad los parámetros con los que se desarrollará la valoración del
desempeño de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional.

6.3.3 Coordinar la capacitación de los evaluadores y evaluados sobre la presente
Resolución, procedimiento e Instrumentos que se adopten para su aplicación.

6.3.4 Presentar a Secretaría General los Informes sobre los resultados de las
valoraciones definitivas.

6.3.5 Proyectar el Acto Administrativo que declare la terminación del nombramiento del
servidor público vinculado en provisionalidad que haya obtenido una calificación No
Satisfactoria para la firma del Director General o quien este haya delegado, conforme lo
previsto en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

6.4 El Director General, en el marco del Sistema de Valoración del desempeño de los
servidores vinculados mediante nombramiento provisional deberá:

6.4.1 Propender porque todos los servidores públicos participantes en el proceso de
valoración de servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional asuman las
funciones como contribución al logro de los objetivos Institucionales para la realización
de la valoración dentro de los plazos y en los casos establecidos para ello, utilizando la
metodología, el procedimiento y los Instrumentos señalados en la presente Resolución.

6.4.2 Resolver, dentro del término legal previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de apelación Interpuesto
contra la valoración definitiva en los casos que sea de su competencia.

6.5. El Superior Jerárquico del jefe inmediato, como garantía del debido proceso y el
principio de doble Instancia deberá resolver los recursos de apelación que sean de su
Competencia y que hayan sido Interpuestos contra la valoración definitiva, notificar por
escrito al Interesado y comunicar a la Dirección de Gestión Humana.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

ARTÍCULO SÉPTIMO. COMPONENTES DE LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SERVIDORES
VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. La valoración del desempeño para los
servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional tendrá en cuenta los
siguientes componentes:

-Metas Institucionales por Áreas y Dependencias. Son las metas que ha definido la
Dirección General del ICBF de conformidad con los planes, programas y proyectos por
dependencias que se encaminan a cumplir los fines Institucionales.

-Compromisos Laborales. Son los resultados, productos o servicios que los servidores
vinculados bajo nombramiento provisional se comprometen a entregar en las fechas
estipuladas, de acuerdo con las funciones asignadas al empleo y el Plan Institucional de
la Entidad; éstos deben ser medibles y verificables.

-Competencias Comportamentales. Son las habilidades, actitudes y aptitudes que
debe poseer el servidor para el desempeño de sus funciones con el fin de realizar un
mejoramiento individual sobre los compromisos laborales, las cuales se encuentran
previstas en el Manual de Funciones y Competencias Comportamentales de cada
empleo.

-Evidencias. Son las que permiten establecer el nivel de cumplimiento de los
compromisos laborales adquiridos por parte del servidor público vinculado bajo
nombramiento provisional durante todo el periodo a evaluar. Estas deben estar
relacionadas con los compromisos laborales y podrán provenir de los sistemas de
información con los que cuente el ICBF para el desarrollo de sus procesos misionales,
estratégicos, de apoyo y/o evaluación, o del quehacer diario del servidor, según
corresponda.

Las evidencias de los compromisos laborales deben estar incorporadas en el Formato
de Registro de Evidencias para poder determinar el porcentaje de avance que tenga el
servidor público de los compromisos adquiridos con el fin de que la valoración sea
efectiva y transparente.

Las evidencias de las competencias comportamentales no se registrarán al inicio del
periodo en el formato establecido para tal fin, teniendo en cuenta que éstas se
desarrollarán durante el periodo de valoración y permitirán establecer el nivel de las
competencias comportamentales que posee el servidor.

-Formato Registro de Evidencias. Es el formato que registrará las pruebas que
demostrarán los niveles de cumplimiento o de incumplimiento de los compromisos
concertados para la valoración del desempeño de los servidores vinculados bajo
nombramiento provisional, teniendo como objetivo establecer el nivel de alcance o de
cumplimiento durante el periodo de valoración como resultado del desempeño obtenido
de los compromisos laborales y el desarrollo de las competencias comportamentales.

• Plan de Mejoramiento Individual. Describe una secuencia de actividades detalladas
qué tienen como objetivo indicar al evaluado el nivel de avance de los compromisos
laborales y el nivel de desarrollo de las competencias comportamentales para dar paso
al fortalecimiento de las mismas. El plan de mejoramiento podrá ser realizado en
cualquier etapa del proceso de valoración. En todo caso si hubiere lugar a ello se deberá
dejar evidencia en el formato establecido para tal fin.

• Seguimiento: Se deberá hacer en forma permanente durante el periodo de valoración,
dejando la evidencia que a criterio del jefe inmediato considere para demostrar el avance
o dificultades presentadas por el servidor valorado.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

ARTÍCULO OCTAVO. INSTRUMENTOS DE LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Los instrumentos del Sistema de
valoración de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional son: los
niveles de cumplimiento, las escalas de calificación y los formatos definidos dentro del
presente artículo.

8.1 Niveles de Cumplimiento. Es la calificación definitiva obtenida por el servidor sujeto
de valoración que corresponde a los siguientes:

8.1.1 Sobresaliente
8.1.2 Satisfactorio
8.1.3 No Satisfactorio

8.2 Escalas de valoración. La valoración definitiva del desempeño de los servidores
vinculados bajo nombramiento provisional se realizará con base en las siguientes
escalas de valoración:

[…]

La valoración definitiva de los servidores vinculados bajo nombramiento provisional se
obtiene de la sumatoria de los porcentajes obtenidos respecto de los compromisos
laborales y el desarrollo de las competencias comportamentales para un máximo del
100%, conforme con la siguiente tabla:

[…]

8.3. Formatos

Formato No. 1: Información general y concertación de compromisos laborales.
Consolida y detalla los datos de identificación del evaluado, del evaluador y del empleo,
además, de la información concertada en los compromisos laborales, los cuales se
deben pactar al 100%, máximo cinco (5), mínimo tres (3) compromisos.

Formato No. 2: Concertación de competencias comportamentales. Se acuerdan
entre el evaluado y el evaluador cuatro (4) competencias comportamentales
establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente para el
empleo que ocupa el evaluado.

Formato No. 3: Registro de evidencias. Describe la información relacionada con los
soportes que demuestran el nivel de cumplimiento o Incumplimiento de los
compromisos, los cuales deben ser registrados durante todo el periodo al que
corresponde el proceso de valoración.

Formato No. 4: Consolidación valoración parcial primer y segundo semestre.
Mediante este el evaluador registra y comunica el resultado de cada evaluación parcial
semestral. De Igual manera, consolida y notifica el resultado de la evaluación definitiva.

Formato No. 5: Valoración parcial eventual primer o segundo semestre. Se
diligencia únicamente cuando se presente alguna de las causales establecidas en la
presente resolución.

Nota: La Dirección de Gestión Humana podrá adoptar formatos adicionales a lo aquí
señalados en caso de considerarse necesario.

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

ARTÍCULO NOVENO. TIPOS DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO
VINCULADO MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Habrá cuatro (4) tipos de valoración,
así: valoración definitiva, parcial semestral, parcial eventual y valoración con mínimo
puntaje:

9.1. Valoración Definitiva:
Es el resultado del promedio de la sumatoria de las dos (2) valoraciones parciales
semestrales del periodo comprendido entre el primero (1o) de febrero y el treinta y uno
(31) de enero del año siguiente.

9.2. Valoraciones Parciales Semestrales:

9.2.1. Primera valoración parcial semestral. Corresponde al período comprendido
entre el primero (1o) de febrero y el treinta y uno (31) de julio del mismo año, período
que deberá ser valorado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento
de este.

9.2.2. Segunda valoración parcial semestral. Corresponde al período comprendido
entre el primero (1o) de agosto y/o al ¡nielo de este y el treinta y uno (31) de enero del
año siguiente, período que deberá ser valorado dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al vencimiento de este.

El resultado obtenido durante cada semestre se valora de acuerdo con el porcentaje de
avance fijado para los respectivos compromisos.

9.3. Valoración Parcial Eventual: Es la que debe realizarse en los siguientes casos:

9.3.1. Por cambio de evaluador, quien deberá valorar el desempeño de sus subalternos
al momento de retirarse del empleo.

9.3.2. Por cualquier situación administrativa que separe al servidor por más de treinta
(30) días calendario del empleo.

9.3.3. La que corresponda al lapso comprendido entre la última valoración, si la hubiere,
y el final del período semestral a evaluar, siempre y cuando este lapso sea superior a
treinta (30) días calendario.

Estas valoraciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada
por retiro de evaluador, que deberá realizarse antes del retiro del evaluador.

En las valoraciones parciales eventuales que se realicen, los compromisos se deberán
valorar sobre el 100%, de acuerdo con el avance obtenido. Por cada valoración parcial
eventual se diligenciará un formato diferente que deberá contener el acumulado de las
evaluaciones eventuales realizadas a la fecha y al final de cada semestre se consolidará
teniendo en cuenta el el<SIC> promedio de la sumatoria de las valoraciones parciales
eventuales que se hayan presentado.

Los periodos inferiores a treinta (30) días calendario, serán valorados por el jefe
inmediato que asuma la función de evaluador.

Cuando el servidor no haya laborado la totalidad del año, se valorarán los compromisos
laborales correspondientes al período, siempre y cuando éste sea superior a treinta (30)
días calendario.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

9.4. Valoración con mínimo puntaje: Esta se aplica cuando vencido el plazo para
efectuar la valoración, haya sido o no solicitada por el evaluado, el jefe inmediato no
haya cumplido con tal obligación.

La valoración con mínimo puntaje de que trata el presente artículo aplica para la
valoración parcial eventual, semestral o definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria que le asiste al servidor público que tenía el deber de efectuarla.

ARTÍCULO DÉCIMO. AJUSTES A LOS COMPROMISOS CONCERTADOS. Los compromisos
establecidos podrán ajustarse cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

10.1. Cambios en los planes, programas o proyectos que sirvieron de base para la
fijación de los compromisos.

10.2. Cambio de empleo por traslado.

10.3. Cambio de evaluador.

10.4. Cuando se reintegre luego de una separación del cargo, superior a treinta (30) días
calendario, si hubiere lugar a ello.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. OPORTUNIDAD PARA EFECTUAR LA VALORACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE SERVIDORES VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Los
responsables de valorar el desempeño de los servidores vinculados bajo nombramiento
provisional deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en la presente
Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. Las valoraciones parciales
eventuales se comunicarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su realización.

La valoración definitiva se notificará personalmente dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha en que se produzca.

Si no es posible realizar dicha notificación el evaluador deberá enviar mediante correo
certificado una copia de esta a la última dirección que obre en la historia laboral del
evaluado y se dejará constancia escrita de ello, caso en el cual la notificación se
entenderá surtida en la fecha en la cual aquella hubiese sido entregada.

Si el servidor se encuentra en alguna de las situaciones administrativas contempladas
en la Ley que lo mantenga separado del empleo, la notificación deberá realizarse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al reintegro de sus funciones.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. RECURSOS CONTRA LA VALORACIÓN DEFINITIVA.

Contra la valoración definitiva podrá interponerse el recurso de reposición contra el
funcionario que haya efectuado la calificación y el recurso de apelación contra su
superior jerárquico, por inconformidad en el resultado.

Los recursos se presentarán ante el jefe Inmediato, por escrito, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a ella como lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

En el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CONTRA VALORACIONES
PARCIALES EVENTUALES. Contra las valoraciones parciales semestrales o parciales
eventuales no procederá recurso alguno. Sin embargo, las razones de inconformidad se
podrán invocar en el recurso que se interponga contra la valoración definitiva.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. TRÁMITE PARA LA DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA DE
SERVIDORES VINCULADOS BAJO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. El Evaluador, una vez en
firme la valoración definitiva con resultado No satisfactorio remitirá el respectivo
expediente con todas las evidencias a la Dirección de Gestión Humana, quien
proyectará el acto administrativo de insubsistencia del nombramiento, para la firma del
Director General o a quien haya sido delegado por este, conforme lo previsto en el
Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. IMPEDIMENTOS PARA LOS EVALUADORES. Los responsables de
valorar el desempeño de los servidores públicos vinculados bajo nombramiento
provisional deberán declararse impedidos, cuando se encuentren dentro de alguna (s)
causal (es), las previstas en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Para lo anterior, el solicitante debe allegar las pruebas que pretenda hacer valer.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO. El evaluador al advertir alguna de
las causales de impedimento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
conocimiento, lo manifestará por escrito motivado a la Dirección General, con copia a la
Dirección de Gestión Humana, para el trámite correspondiente.

El Director General, como autoridad competente, mediante acto administrativo
motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha de su recibo. De aceptarlo, designará otro evaluador ad hoc y en el mismo
acto ordenará la entrega de los documentos que hasta la fecha obren sobre la gestión
del servidor público vinculado bajo nombramiento provisional a valorar.

En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de la
valoración parcial semestral y/o definitiva.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CONTRA EL ACTO QUE RESUELVE
EL IMPEDIMENTO O LA RECUSACIÓN. Contra las decisiones que resuelven el impedimento
o la recusación no procederá recurso alguno.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. USOS DE LA CALIFICACIÓN COMO RESULTADO DE LA
VALORACIÓN. El resultado de la valoración del desempeño de los servidores vinculados
bajo nombramiento provisional deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para:

19.1 Medir el desarrollo de la Gestión de las dependencias.

19.2 Construcción de planes de mejoramiento Individuales.

19.3 Continuar desempeñando el empleo.

19.4 Formular los planes de capacitación y bienestar y medir el Impacto de los mismos.

19.4.1 Implementar acciones para mejorar el Clima Organizacional y fortalecer Cultura
Organizacional.

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

ARTÍCULO VIGÉSIMO. CONSECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN NO SATISFACTORIA. La valoración
definitiva no satisfactoria trae como consecuencia la declaración de terminación del
nombramiento de los servidores vinculados en provisionalidad, en los términos del
artículo 2 2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. EFECTOS DE LA VALORACIÓN. La medición del desempeño
efectuada a los servidores vinculados en nombramiento provisional no otorga derechos
de carrera, ni los privilegios que la Ley establece para los servidores que ostentan esta
condición, ni el acceso a los Incentivos previstos en la entidad para los funcionarlos
escalafonados, ni inscripción en el Registro Público de Carrera que se encuentra a cargo
de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. PUBLICIDAD. La presente Resolución se publicará en la
página web del ICBF y demás medios Internos de comunicación. La Oficina Asesora de
Comunicaciones garantizará la amplia difusión de la misma.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA. La Dirección de Gestión
Humana, liderará las acciones necesarias para socializar el Sistema en las Regionales
y en la Sede de la Dirección General, para ello prestará asesoría directa a los
evaluadores y evaluados en cuanto al manejo e implementación de los formatos.

ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO. Para la Valoración del Desempeño Laboral del periodo
comprendido entre el 1o de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019, se continuarán
aplicando las disposiciones contenidas en la Resolución No. 036 del 05 de enero de
2018 hasta la consolidación de la valoración definitiva.

ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO. Para el periodo de valoración 2019-2020 el término de
concertación de compromisos sé extenderá hasta el 1 de marzo de 2019.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige desde la fecha de su
expedición y deroga todas aquellas que le sean contrarias, en especial la Resolución
No. 036 del 05 de enero de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
[…].

2.3. Marco normativo

El artículo 123 de la Constitución Política señala que los empleos del Estado son de
carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Por su parte,
la Ley 909 de 2004, consagra los principios de la función pública, así:10

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.

10 Artículo 2

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2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional,
son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra
la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la
efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración
Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la
prestación del servicio público a los ciudadanos;

[…]

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los
acuerdos de gestión;
[…]

En el artículo 19, define el empleo público en los siguientes términos:

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto
de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado.

Y, en el artículo 41, señala que el retiro del servicio de quienes estén desempeñando
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce,
entre otras causas, por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral
de un empleado de carrera administrativa.

2.4. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico, la Sala abordará i) algunos aspectos generales
de la función pública; ii) la causal de retiro del servicio público por calificación
insatisfactoria en el desempeño del empleo; y iii) la figura de la evaluación de
desempeño. Con base en el análisis y conclusiones de estos temas, resolverá los
cargos de nulidad por falsa de motivación y falta de competencia alegados por el
demandante.

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2.3.1. Aspectos generales de la función pública

La Ley 909 de 2004, que reguló el empleo público y la carrera administrativa (entre
otros aspectos) señala que hacen parte de la función pública los siguientes empleos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

De acuerdo con los anteriores parámetros esta Sala precisa que los empleados
públicos pueden ser clasificados así:

• Empleado de carrera administrativa por haber superado un concurso de
méritos.
-
• Empleado en periodo de prueba para ingresar a la carrera administrativa.

• En provisionalidad, si es nombrado transitoriamente en un empleo de carrera
administrativa, mientras se provee mediante concurso público (artículo 25 de
la Ley 909 de 2004).

• De libre nombramiento y remoción mediante nombramiento ordinario.

• De periodo fijo.

• Temporales, es decir de término definido, nombrados para cumplir metas o
actividades específicas (artículo 21 de la Ley 909 de 2004).

• De elección popular e institucional.

• De tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial

2.3.2. Del retiro del servicio público por calificación insatisfactoria en el
desempeño del empleo

La citada Ley 909 de 2004 consagró en su artículo 41, como causales de retiro del
servicio, las siguientes:

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a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un
empleado de carrera administrativa;

c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa,
mediante resolución motivada; (Inexequible, Sentencia C-501 de 2005);

d) Por renuncia regularmente aceptada;

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;

f) Por invalidez absoluta;

g) Por edad de retiro forzoso;

h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;

i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas
que lo adicionen o modifiquen;

k) Por orden o decisión judicial;

l) Por supresión del empleo;

m) Por muerte;

n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. (Destaca la
Sala).

Ahora bien, haciendo una interpretación gramatical, sistemática y teleólogica de la
preceptiva jurídica que gobierna la materia, puede decirse, para lo que interesa a
este proceso, que la causal de insubsistencia del nombramiento como consecuencia
del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño, aplica no solo a los
empleados escalafonados, sino también a los provisionales por las siguientes
razones:

Primero, porque la enumeración que trae el artículo 41 es enunciativa y no taxativa,
pues señala como causales: las demás que determinen la Constitución Política
y las leyes.

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Segundo, por cuanto el artículo 125 de la Constitución Política consagra de forma
expresa dos causales de retiro del servicio, aplicables a todos los cargos de carrera,
sin hacer distinción si están provistos en período de prueba, con nombramiento
provisional o si hay escalafonamiento: la calificación insatisfactoria laboral y la
violación del régimen disciplinario. Dispone la norma:

[…]

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán (…)

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo;
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley. (Negrillas de la Sala)

[…]

Como se observa, la regla constitucional de retiro del servicio por calificación
insatisfactoria en el desempeño laboral no es exclusiva de empleados
escalafonados, pues aquella no hace distinción alguna a este respecto. La norma,
se reitera, se refiere de manera genérica al retiro en los cargos de carrera, no al
retiro de los empleados de carrera. La distinción es similar, a la que se dio cuando
se discutía por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la necesidad o no de
motivar los actos administrativos por los cuales se declaraba insubsistente el
nombramiento de empleados provisionales, en tanto que los artículos 26 del Decreto
2400 de 196811 y 107 del Decreto 1950 de 197312 establecían que en cualquier
momento podía declararse insubsistente el nombramiento de un empleado que no
pertenezca a carrera sin motivar el acto, mientras que el parágrafo 2º del artículo 41

11 Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no

pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora,
sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que no lo
ocasionaron en la respectiva hoja de vida. Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser
declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento
que regule la respectiva carrera. La declaración de insubsistencia conlleva la pérdida de los derechos del
funcionario de carrera. (Negritas de la Sala).
12 Artículo 107. En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o

provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de
nombrar y remover libremente sus empleados. "En los empleos de libre nombramiento y remoción la
designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña".
(Negritas de la Sala).

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de la Ley 909 de 200413 dispuso que la declaratoria de insubsistencia de
nombramientos de empleos de carrera debía efectuarse por acto motivado. De allí
que a partir de esta fecha se tuvo claro que los actos administrativos por medio de
los cuales se declara insubsistente el nombramiento de empleados de carrera y
provisionales debe ser motivado.

Resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil
en el concepto 1652 de 14 de julio de 2005,14 que al revisar las causales de retiro
de la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los
requisitos del acto de insubsistencia, concluyó que, en efecto, el acto de retiro de
los empleados que ocuparan cargos de carrera en provisionalidad debía ser
motivado. Al respecto, indicó:

Tal como lo señala ahora la ley 909 de 2004, la Corte precisó que “Así las cosas,
para declarar la insubsistencia del empleado público que esté ocupando un cargo
de carrera, la Administración deberá motivar su decisión a fin de garantizar el
debido proceso y en particular el derecho de defensa de la persona a quien se
pretende desvincular del servicio público,” es decir, que la razón de la protección
especial se concreta en el desempeño de un cargo de carrera, así sea en
provisionalidad, pues la discrecionalidad se predica sólo de los nombramientos
recaídos en cargos de libre nombramiento y remoción. Y agregó la Corte en la
misma sentencia:

“Distinto ocurre en el caso del retiro de un empleado de libre nombramiento y
remoción, pues las normas que regulan este tipo vinculación pública, que como
se explicó son una excepción a la regla consagrada en el artículo 125 Superior,
permiten una mayor discrecionalidad al nominador al momento de declarar la
insubsistencia.15 Ahora bien, la Corte ha considerado que la estabilidad
laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no
se reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad.16 La
Administración sólo podría desvincularlo por motivos disciplinarios, baja

13 Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las

causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta del 14 de julio de 2005, M.P. Flavio Augusto

Rodríguez Arce.
15 (Cita original del texto trascrito) V. Sent. T- 610/03: "Es claro, entonces, que los actos de desvinculación de

funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación y ello es así, porque la provisión de
dichos empleos supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos personales o de
confianza. Por tanto, la no motivación de estos actos es una excepción al principio general de publicidad, sin
que ello vulnere derecho fundamental alguno.”
16 (Cita original del texto trascrito) Sentencias T-800 de 1998, T-734 de 2000, T-884 de 2001 y T-519 y T-610

de 2003.

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calificación o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera
definitiva, con quien obtuvo el primer lugar.”17

En las sentencias de tutela más recientes la Corte Constitucional reafirma su
doctrina que reconoce estabilidad a quien ocupe un cargo de carrera
administrativa, la que no se afecta por el hecho de que el nombramiento se haga
en provisionalidad.18

[…]

La Sala responde:

[…]

En aplicación de los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, 3º y 41
de la ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio
de los empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de acto
administrativo motivado, sin consideración a la fecha de la designación en tal
calidad. (Resaltado de esta Sala).

Tercero, resulta aplicable el principio general de interpretación jurídica según el cual
donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete. Significa que
la calificación insatisfactoria en el desempeño laboral, por mandato superior, debe
producir el retiro del servicio público de los servidores en carrera administrativa
(como lo repite el artículo 41 de la Ley 909 de 2004), pero también de los nombrados
en provisionalidad.

Cuarto, es importante señalar que si bien el nombramiento en provisionalidad ha
sido concebido como un mecanismo excepcional y transitorio para atender las
necesidades del servicio público, mientras se proveen los empleos en forma
definitiva, a través del concurso de méritos, lo cierto es que por interpretación directa
del artículo 125, aquella transitoriedad no tiene incidencia alguna para retirar del
servicio al empleado provisional que no cumple con los estándares de calidad que
demanda el servicio público.

17 (Cita original del texto trascrito) En relación con los motivos por los cuales se puede desvincular una persona

que esté ocupando un cargo de carrera, se pueden consultar las sentencias de unificación: SU-250 de 1998 y
SU-086 de 1999, T- 884/01.
18 (Cita original del texto trascrito) Incluso la Corte ha ordenado reconocer la indemnización por supresión del

Cargo atendiendo además de la protección por retén social la circunstancia de ocupar el cargo en
provisionalidad: Sent. T-399/05: “Ello por cuanto es claro que es merecedora del beneficio del retén social y
porque además fue despedida sin indemnización alguna siendo que su empleo era de carrera, - sin importar la
provisionalidad - y era menester el pago de la indemnización por supresión de su cargo ( V. T-1161 de 2004 y
T-081 de 2005).

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Quinto, al igual que el empleado con derechos de carrera, el nombrado en
provisionalidad se encuentra ocupando un empleo de carrera administrativa. Una
interpretación contraria a la expuesta, llevaría al absurdo de privilegiar al empleado
provisional sobre los empleados con derechos de carrera.

Admitir que el empleado provisional no puede ser evaluado en el desempeño del
empleo implicaría reconocer a este una mayor estabilidad laboral frente al empleado
de carrera, lo cual iría en contravía de los principios de igualdad y de mérito que
inspiran la función pública.

Es así que la Corte Constitucional en la Sentencia de unificación SU-917 de 2010,
cuando se refirió a las razones que puede invocar el nominador para desvincular a
quien ejerce un cargo en provisionalidad, interpretó, como lo hace ahora esta Sala,
que es constitucionalmente admisible invocar como motivación de insubsistencia de
un provisional, la calificación insatisfactoria:

El acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias
mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente
con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y
demanda la nulidad del acto en los términos del artículo 84 del CCA. Lo contrario
significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del derecho
sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las
razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto
en sede gubernativa como jurisdiccional.

Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón
suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general
prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad,
donde “deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y
de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario,
de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas,
generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es
desvinculado”19. En otras palabras, de acuerdo con la jurisprudencia decantada por
esta Corporación, “para que un acto administrativo de desvinculación se considere

19 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2005. En la misma providencia la Corte

señaló: “Esta regla encuentra su justificación en el hecho de que la motivación resulta ser necesaria para
controvertir dicho acto ante la jurisdicción contencioso- administrativa, y adicionalmente, porque la
desvinculación debe obedecer a un principio de razón suficiente, es decir, que deben existir motivos fundados
para que la administración prescinda de los servicios de su funcionario. La ausencia de motivación específica,
en consecuencia, lesiona los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del trabajador, que de
manera provisional, ocupa un cargo de carrera administrativa”».

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las
razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión”20.

En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión
definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo,
la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra
razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto”21. (Destaca la Sala).

Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
SU-691 de 2011 y SU-556 de 2014.

Sexto, el artículo 3 de la Ley 489 de 1988, que consagra los principios de la función
pública, señala que esta se debe desarrollar conforme a los principios de eficacia,
eficiencia y responsabilidad, entre otros.

En concordancia con lo anterior, el artículo 27 de la misma ley creó el Sistema
Nacional e Institucional de Control Interno, para el fortalecimiento y el cumplimiento
cabal y oportuno de las funciones del Estado, sin perjuicio de la competencia
atribuida en el artículo 78 ibidem a los directores, gerentes o representantes legales
de las entidades para vigilar y controlar la ejecución de las funciones de todo el
personal. Sobre este punto, la Sala volverá a referirse más adelante cuando entre
a analizar el cargo de falta de competencia.

Séptimo, como ya se dijo, si por interpretación armónica de los artículos 125
constitucional y 41 de la Ley 909 de 204, el retiro del servicio de los empleados de
libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa (ocupados por
provisionales o por empleados de carrera) se produce, entre otras causas, por
resultado no satisfactorio en el desempeño del empleo, y si el artículo 41 de la citada
Ley 909, a su vez, ordena que para la declaración de insubsistencia de quienes
ocupen cargos de carrera debe motivarse suficientemente el acto de insubsistencia,
conforme lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU- 917 de 2010, de

20 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009, entre muchas otras».
21 Cita del texto original: «Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007».

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manera clara, detallada y precisa, resulta por lo menos imprescindible que dicho
acto de retiro esté soportado en una evaluación de desempeño objetiva.

2.3.3. De la evaluación del desempeño

En relación con la evaluación del desempeño o con los instrumentos de valoración
laboral, la Ley 909 de 2004 en su artículo 2, en correspondencia con la cláusula
constitucional de la permanencia en el servicio púbico, condicionada al desempeño
satisfactorio del empleo, establece, como principio de la función pública, que: «[l]a
responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado […] se
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los
acuerdos de gestión». Tal como lo destaca la misma norma, este criterio, «se orienta
al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del
servicio» (Negritas de la Sala).

Es cierto que el legislador en la Ley 909 de 2004, se ocupó principalmente de regular
la evaluación de desempeño laboral de los empleados inscritos en carrera
administrativa y en periodo de prueba (artículos 37 a 40). Esta normativa señala que
el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa debe ser evaluado
y calificado con base en parámetros previamente establecidos por la CNSC y en
función con las metas institucionales. Establece que las evaluaciones de
desempeño de estos empleados deben tenerse en cuenta no solo para determinar
la permanencia en el servicio, sino también para otorgar incentivos económicos o
conceder otro tipo de beneficios. Asimismo, indica la periodicidad para la evaluación
del desempeño, entre otros aspectos generales.

El Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo 6176 del 2018, expedido por la CNSC
reglamentaron todo lo relacionado con la evaluación del desempeño de los
empleados públicos de carrera administrativa y de los que se encuentren en período
de prueba.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Pero, la Ley 909 de 2004 también hizo referencia al retiro del servicio público de los
empleados temporales por calificación insatisfactoria del desempeño laboral,
aunque se abstuvo de reglamentar el instrumento de evaluación o medición, en los
siguientes términos (artículo 21):

[…] El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del
cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo,
antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el
servidor no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la
creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para
el efecto y mediante acto administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando
no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de
carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para
su financiación. […] (Negritas de la Sala).

De lo anterior, se concluye que la Ley 909 de 2004, por un lado, reguló de forma
parcial la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera
administrativa, pues dejó en manos de la CNSC y de las entidades su
implementación. Y, por otro lado, en relación con los empleados temporales y
demás empleados públicos, hizo mención en sus artículos 21 y 2, respectivamente,
a la posibilidad de implementar los instrumentos de evaluación para determinar su
permanencia o retiro del servicio público y las responsabilidades por el trabajo
desarrollado.

Desde luego, la reglamentación del sistema de evaluación de desempeño de los
empleados de carrera administrativa, de la forma como está concebida, no puede
extenderse en su totalidad a los empleados nombrados en provisionalidad, entre
otras cosas, porque la evaluación de los provisionales no puede ocasionar ningún
derecho de carrera ni el fuero de estabilidad otorgado a los empleados de carrera,
pues su permanencia está condicionada no solo al buen desempeño del empleo,
sino a que no exista una lista de elegibles vigente para proveer los cargos.

A ese respecto, bien pueden servir algunos argumentos expuestos por la Sección
Segunda, Subsección B, de esta Corporación en la sentencia del 24 de abril de 2020
(Radicado: 11001-03-25-000-2017-00281-00(1363-17)), en el sentido de que no es

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

jurídicamente viable evaluar a los funcionarios vinculados en provisionalidad con las
mismas reglas previstas para los funcionarios de carrera y en periodo de prueba.

Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala procede a resolver los cargos de
nulidad por falsa motivación22 y falta de competencia23 invocados en la demanda.

2.3.4. De la falsa motivación y la falta de competencia

El demandante argumenta que la resolución acusada se encuentra viciada de
nulidad por falsa motivación y falta de competencia, porque no existe una norma
jurídica en el ordenamiento colombiano que permita al ICBF evaluar o valorar el
desempeño de los empleados provisionales, pues la Ley 909 de 2004, el Decreto
Reglamentario 1083 de 2015 y el Acuerdo 6176 del 2018 de la CNSC, consagraron
únicamente la evaluación de desempeño laboral de los inscritos en carrera
administrativa y los que se encuentren en periodo de prueba. Dice que la resolución
acusada invoca erradamente criterios de la CNSC dictados únicamente para la
evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa. Alega que el
ICBF hizo extensiva la evaluación de desempeño de los empleados en carrera
administrativa a los empleados provisionales, con base en interpretaciones de
normas generales y no en normas específicas de competencia.

Pues bien, como se dijo ut supra la reglamentación del sistema de evaluación de
desempeño de los empleados de carrera administrativa, de la forma como está
concebida, no puede extenderse en su totalidad a los empleados nombrados en
provisionalidad, por los distintos efectos jurídicos que producen dichos

22 Este vicio se genera por afectación del elemento causal del acto administrativo, esto es, de los antecedentes

fácticos y legales que expone la administración al momento de dictar su decisión en cuanto son contrarios a la
realidad. Se configura entonces «cuando el funcionario ha expedido el acto inspirado en motivos diferentes a
los previstos legalmente» (Sánchez, Carlos Ariel. Acto administrativo teoría general, Bogotá, Legis, tercera
edición, 2004 P. 13).
23 Respecto a la competencia, la doctrina la ha definido como «el conjunto de facultades, de poderes y de

atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los demás». (García Trevijano Fos,
José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Madrid. Editorial Revista Derecho Privado 1970).
«Potestad, aptitud habilidad, idoneidad, disposición, etc., que pueda tener una autoridad administrativa para
ejercer determinada función. En derecho administrativo colombiano, la autoridad genéricamente designada
debe estar revestida de las atribuciones necesarias cuando cumpla funciones administrativas, de lo contrario
los actos administrativos que ella expida estarán viciados de ‘incompetencia». (Arnanz, Rafael A. De la
competencia administrativa. Madrid. Editorial Montezorro, 1967).

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

nombramientos y por las condiciones especiales que la ley otorga a aquellos que
ingresan al servicio público por concurso público.

Precisamente, entiende la Sala que, en el presente caso, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de la resolución acusada, el sistema de valoración del
desempeño de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento
provisional en la planta global del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no
acogió la reglamentación de la evaluación de desempeño, regulada para los
empleados de carrera administrativa en la Ley 909 de 2004, en el Decreto 1083 de
2015 y en el Acuerdo 6176 del 2018 de la CNSC, sino que adoptó unas reglas
propias, acordes con los efectos jurídicos que producen los nombramientos en
provisionalidad, como se observa a continuación:

RESOLUCIÓN 1364 DE 2019
(febrero 22)
Por la cual se adopta el Sistema de Valoración del desempeño de los servidores
públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la planta global del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” y se deroga una Resolución

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el
artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998
enuncian como principios de la función administrativa los de buena fe, igualdad,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y transparencia, los cuales deberán ser tenidos en
cuenta al evaluar el desempeño de las entidades y servidores públicos al valorar la
conducta y gestión de los mismos en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que
prime el interés colectivo sobre el particular.

Que el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 909 de 2004, establece dentro de los
criterios básicos para el logro de la satisfacción de los intereses generales y de la
efectiva prestación del servicio: a) la profesionalización del talento humano al
servicio de la administración pública como mecanismo de consolidación del principio
del mérito, b) la flexibilidad de la gestión pública para ajustarse a las cambiantes
necesidades de la sociedad; c) la responsabilidad de los servidores públicos en el
trabajo y la evaluación de su gestión, sin distinguir el tipo de nivel ocupacional o el
tipo de vinculación laboral.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Que el desempeño laboral de los servidores públicos nombrados en provisionalidad
contribuye al cumplimiento de los fines del Estado, así como a la consecución
oportuna de las metas y objetivos institucionales a partir de la entrega de productos
y servicios, en el marco de los planes y misión de la entidad.

Que la Ley 489 de 1998 destaca que en cumplimiento de los principios de la función
pública debe medirse el desempeño de las entidades y de manera concomitante el
cumplimiento de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios de los
servidores públicos, esto implica que todos los servidores públicos deben estar en
condiciones de demostrar los resultados de su desempeño ya que la sumatoria de
su gestión determinará el logro de los fines, metas y resultados institucionales.

Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1499 de 2017 determinó que las
entidades deben contar con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
que incluya en sus políticas de Gestión y Desempeño Institucional aquellas
relacionadas, entre otras, con el talento humano.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC mediante el Criterio Unificado
sobre “Evaluación de funcionarios vinculados en nombramiento provisional'
proferido en sesión del 5 de julio de 2016 indicó:

“La evaluación de la gestión institucional o del desempeño laboral es una
herramienta de carácter estratégico, la cual aplica a todos los servidores públicos
independientemente del tipo de vinculación, o el empleo que desempeñe, ya que la
responsabilidad es inherente al servicio público y al marco normativo que regula su
ejercicio, que no prevén ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la
valoración de resultados, en el cumplimiento de los deberes y/o el desempeño
laboral.

En cuanto a la evaluación de los servidores públicos que ocupan empleos
cuya naturaleza es de carrera administrativa y que se encuentran vinculados
mediante un nombramiento provisional, es necesario destacar que no existe
norma expresa que lo prohíba, por tanto la evaluación resulta procedente
como política institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la
gestión de la entidad”.

Que en procura de una efectiva prestación del servicio público, es procedente
adoptar como política Institucional el seguimiento y valoración del desempeño de
los servidores públicos vinculados bajo nombramiento provisional al ICBF.

Que el seguimiento y valoración del desempeño de los servidores públicos
vinculados bajo nombramiento provisional a la planta global del ICBF, tiene como
finalidad examinar las fortalezas y debilidades de los servidores públicos en sus
respectivos puestos de trabajo y sus aportes al cumplimiento de las metas
Institucionales, generando un sistema de medición objetivo, homogéneo y
sistemático de la gestión, que garantice el derecho fundamental al debido proceso.

Que la buena prestación del servicio público de Bienestar Familiar requiere que los
servidores y demás personas que colaboran con la administración desempeñen sus
funciones en forma satisfactoria, conforme el sistema de valoración que se adopte,
atendiendo al tipo de vinculación.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Que tal y como lo menciona la CNSC en el criterio unificado del 5 de julio de
2016, la Corte Constitucional en sentencias SU-917 de 2010 y SU-554 de 2016,
entre otras, le ha conferido a los servidores públicos nombrados en
provisionalidad una protección Intermedia precisando que el retiro solo puede
darse por circunstancias objetivas tales como: i) porque el cargo se proveerá
mediante el sistema de méritos, esto es mediante concurso desarrollado por
la CNSC, o ii) por la existencia de una razón suficiente desde la perspectiva
del servicio debidamente motivada.

Que el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 dispone que “Antes de cumplirse
el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional,
el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

Que la jurisprudencia constitucional en reiteradas oportunidades ha señalado que
“sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia
invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse
realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al
servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto” (Sentencias
C-279 de 2007 y SU-917 de 2010, entre otras)

Que, conforme lo Indicado por la CNSC el sistema de medición que se adopte
puede prever los Instrumentos específicos diseñados al Interior de esta, o
tomar como referente los formatos establecidos por la CNSC, como guía de
orientación.

Que la valoración del desempeño efectuada a los servidores en nombramiento
provisional no otorga derechos de carrera, ni los privilegios que la ley
establece para los servidores que ostentan esta condición, como tampoco el
acceso a los Incentivos previstos en la entidad para los funcionarlos
escalafonados, ni la Inscripción en el Registro Público de Carrera que se
encuentra a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que mediante Resolución 036 de 2018 el ICBF estableció el sistema de valoración
de provisionales, dentro del cual adoptó e Incorporó un plan piloto de validación y
aplicación de competencias comportamentales propias desarrolladas por la
Dirección de Gestión Humana para el del empleo Defensor de Familia, el cual
termina con la calificación definitiva del periodo 2018- 2019.

Que debido a la terminación del plan piloto y a los resultados del seguimiento
efectuado por la Dirección de Gestión Humana, se estableció la necesidad de
replantear aspectos como niveles de cumplimiento, escalas de calificación, rol del
evaluador, formatos, entre otros aspectos a modificar.

Que bajo este contexto se hace necesario que el ICBF, adopte como política
institucional, un sistema de valoración para los servidores vinculados bajo
nombramiento provisional, en procura de una efectiva prestación del servicio
público. (Negritas de la Sala).

Conforme a lo resaltado, el ICBF, para determinar el sistema de valoración del
desempeño de los provisionales, tan solo tomó como guía o referente los formatos

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

adoptados por la CNSC, pero no adoptó en su totalidad la evaluación del
desempeño de los empleados de carrera contenida en la Ley 909 de 20004, en el
Decreto 1083 de 2005 y en el Acuerdo 6176 del 2018 de la CNSC.

Por el contrario, acogió el criterio de la Corte Constitucional, para dejar en claro que
dicho sistema no tenía la finalidad de otorgar derechos, privilegios ni incentivos
previstos en la ley para los funcionarios escalafonados en carrera administrativa.

Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del demandante que supone
la falta de una norma jurídica que exija al ICBF evaluar o valorar el desempeño de
los empleados nombrados en provisionalidad, por lo siguiente:

El artículo 2 de la Ley 909 de 2004, precisó que uno de los presupuestos para la
efectiva prestación del servicio público era la responsabilidad de los
servidores por el trabajo desarrollado, «que se concretará a través de los
instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión».

Por otra parte, como se analizó en precedencia, existe un deber constitucional
(artículo 125) que exige calificar el desempeño laboral de los empleados públicos,
porque esta norma superior señaló como causal de retiro del servicio, la calificación
no satisfactoria en el desempeño del empleo; así mismo, existe una obligación legal
(artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015) de motivar el acto de retiro del servicio
de un empleado provisional.24

En consecuencia, la causal de retiro del servicio por calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, consagrada en la Constitución Política, supone el deber
de las autoridades administrativas correspondientes, de la adopción de criterios o
instrumentos de evaluación del desempeño, objetivos, razonados y justificados,
para el personal nombrado en provisionalidad.

24 Artículo 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de

duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada,
podrá darlos por terminados.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta que, por disposición del artículo
78 de la Ley 489 de 1998,25 al director, gerente o representante legal de cada
entidad le compete «dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones
o programas de la organización y de su personal».

Además, como se expuso en el auto del 30 de julio de 2020 que denegó la media
cautelar de la resolución acusada, existe otro fundamento legal y reglamentario para
efectos de monitorear la gestión de las entidades estatales y realizar el control
interno respectivo, a cargo del representante legal o máximo directivo
correspondiente de cada entidad.26 En efecto, dicha normativa la componen:

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que creó el sistema de gestión a nivel estatal
y ordenó su articulación con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno
consagrados en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998,
«de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y
procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado».

El sistema de gestión reglamentado por el Decreto 1499 de 2017, el cual indica que
«es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos
e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de
la legalidad y la integridad».

El Decreto 1499 de 2017 que dispuso que para el funcionamiento del Sistema de
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adoptaría la versión
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, cuyas objetivos
más relevantes, de cara al sub lite, son los siguientes: a. fortalecer el liderazgo y el
talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la
generación de resultados de las entidades públicas; b. desarrollar una cultura

25 Invocado como fundamento de la resolución acusada.
26 Artículo 6 de la Ley 87 de 1993.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00273-00 (1711-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la
toma de decisiones y la mejora continua.

El artículo 2 del Decreto 1499 de 2017 que dispuso la articulación del Sistema de
Gestión con los Sistemas de Control Interno, teniendo en cuenta que este último
«es transversal a la gestión y desempeño de las entidades».

El anterior marco normativo contribuye a la realización del propósito constitucional
de garantizar que la función pública se desarrolle de manera eficiente, a través de
servidores oficiales que tengan asignadas responsabilidades y metas acordes a las
misiones institucionales y coordinadas con los fines esenciales del Estado. Para el
efecto, las entidades deben fijar objetivos, metas y mecanismos de evaluación que
permitan verificar el grado y calidad de su cumplimiento, en aras de privilegiar el
interés general.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra infundados los cargos de falta
de competencia y falsa motivación expuestos contra la Resolución 1364 del 22 de
febrero de 2019, «Por la cual se adopta el Sistema de Valoración del desempeño
de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la
planta global del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga una
Resolución».

La Sala aclara que en este proceso no se demandaron aspectos específicos de su
contenido y, por ello, no se detuvo a analizar su articulado de forma separada, pues
el demandante argumentó únicamente la imposibilidad de aplicar un sistema de
evaluación de desempeño para los empleados provisionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

FALLA

Primero. Denegar la pretensión de nulidad de la Resolución 1364 del 22 de febrero
de 2019, «Por la cual se adopta el Sistema de Valoración del desempeño de los
servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional en la planta
global del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga una Resolución».

Segundo. Sin condena en costas

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

37

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