Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00231-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-25-000-2018-00231-00 (0937-2018)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Accionado : Omar Burgos
Trámite : Acción especial de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 29 de enero de 2014,
por el Tribunal Administrativo de Casanare. Causales
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), contra la sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014),
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual, se confirma el fallo
de primera instancia, del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal,
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
instaurada por el señor Omar Burgos.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de acción especial de revisión1
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), formuló la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende, se infirme la
sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el
1 Folios 516 a 549, expediente físico.
Número Interno: 0937-2018
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionada: Omar Burgos
Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó la sentencia condenatoria del
Veintinueve (29) de agosto del Dos Mil Trece (2013), expedida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y, en su lugar, se declare que (i) existió falta
de legitimación en la causa, toda vez que, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal),
« […] no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta de
no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la Seguridad
Social en Salud»; y (ii) «[…] sobre la pensión de gracia reconocida en favor del señor BURGOS
OMAR, deben realizarse los descuentos por concepto de salud, conforme lo dispuesto por la Ley
100 de 1993».
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la Caja Nacional de
Previsión Social E.I.C.E, con Resolución 57127 de Once (11) de diciembre de Dos Mil
Siete (2007), reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor del señor Omar
Burgos, en cuantía equivalente a Un millón Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta
y Cuatro Pesos con Treinta y Nueve Centavos ($1.151.934,39), efectiva a partir del
Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Seis (2006).
3. Señaló que, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en sentencia del
Veintinueve (29) de agosto del Dos Mil Trece (2013), accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, disponiendo la nulidad parcial de la
Resolución 57127 de Once (11) de diciembre de Dos Mil Siete (2007), en cuanto ordenó
el descuento del 12 % de la pensión gracia del señor Omar Burgos, a título de
restablecimiento del derecho dispuso que i) cesaran los descuentos por concepto de
servicios médicos asistenciales, ii) el reintegro de las sumas descontadas desde el
Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Nueve (2009), hasta que se dejen de efectuar
los descuentos, iii) la actualización de las sumas y los intereses de mora.
4. La anterior decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante providencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014).
1.2 Sentencia objeto de revisión2
5. En Sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014), el Tribunal
Administrativo de Casanare, confirmó la sentencia condenatoria del Veintinueve (29) de
agosto del Dos Mil Trece (2013), expedida por el Juzgado Primero Administrativo del
2 Folios 330 a 338, expediente físico.
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionada: Omar Burgos
Circuito Judicial de Yopal, que ordenó cesar en el descuento del 12 %, por concepto de
salud en la pensión gracia del docente y el reintegro de los valores disminuidos.
6. Como fundamento de su decisión, efectuó un recuento de las normas que rigen la
pensión gracias, y aquellas relativa a los aportes a salud, para concluir que, no existe
norma que autorice el descuento del 12% para salud, configurándose una violación a las
normas superiores por aplicación indebida de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 4 de 1996, 91 de 1989, 100 de 1993, 797 y 812 de 2003.
1.3 Causales de revisión invocadas
7. La UGPP, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, literales a), que dispuso la procedencia del recurso, «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b), según la cual, procede
la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
8. Adujo que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó el reintegro debitado por
concepto de aportes de salud sobre la pensión gracia, y que se suspendieran estos
descuentos, a pesar de la existencia de la obligación legal, de realizar los aportes al
sistema de seguridad social en salud, en el porcentaje establecido en la Ley 100 de 1993.
9. Respecto de la primera causal, expuso que, la orden judicial se obtuvo con
violación al debido proceso, en tanto, existía falta de legitimación en la causa por pasiva,
respecto de la entidad demandada CAJANAL E.I.C.E en liquidación, habida cuenta que,
nunca ha sido depositaria de los fondos o recursos que se recaudaban para la Seguridad
Social en salud.
10. Enfatizó que, si bien, los descuentos por concepto de seguridad social en salud se
efectúan hoy por la Caja de Previsión Social - Cajanal, respecto de las pensiones
reconocidas, tales recursos eran girados con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía
• Fosyga, el cual, según Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio de
Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica, ni planta de personal
propia; por lo que, en gracia de discusión, si la pretensión del medio de control tuviera
prosperidad, Cajanal, hoy UGPP, no sería la llamada a satisfacerla, habida cuenta, de no
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Número Interno: 0937-2018
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Accionada: Omar Burgos
ser la destinataria, ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para
seguridad social en salud.
11. En lo relativo a la segunda causal, precisó que, la cuantía del derecho reconocido
en la sentencia objeto de revisión, excede lo debido de acuerdo con la ley, pues, las
cotizaciones que se efectúan para cubrir el servicio de salud, están ligadas a la prestación
sobre la cual se realizan, entre ellas, la pensión gracia, por ello, la suspensión de los
descuentos que por concepto se hacen mes a mes, implica una erogación periódica con
cargo a los recursos de la Nación.
12. Advirtió que, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), creado por la Ley 91 de 1989, como son los docentes oficiales, «[…]
no se les aplica el sistema de seguridad social, por lo que, en principio podría pensarse que tal
exclusión cobija a los beneficiarios de la pensión gracia. […] Sin embargo, debe analizarse la
preceptiva en conjunto y detenerse en lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 279 de la Ley
100 de 1993, que señala que la pensión gracia continúa a cargo de la Caja de Previsión, haciendo
ver que tal prestación no es pagada por el [FOMAG], por lo que no se encuentra inmersa en la
excepción hecha por el legislador».
13. Enfatizó que, en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, exceptúa la aplicación de las
normas de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes vinculados con
anterioridad a la vigencia de dicho estatuto, pues, hace referencia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo claro que, la pensión gracia, no es pagadera
por la citada entidad, sino por la Caja Nacional de Previsión Social; desconociendo
además que, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados de la Caja Nacional
de Previsión Social - Cajanal, contribuían con el 5 % de la mesada pensional, para la
financiación de los servicios de salud, conforme el artículo 2° de la Ley 4ª de 1966.
14. Destacó que, la Ley 100 de 1993, estableció de manera general, la tasa de
cotización para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud del 12 %, sin
importar el tipo de pensión y para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones
reconocidas con anterioridad al Primero (1°) de Enero de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro (1994), así, el artículo 143 ibidem, dispuso un incremento en el monto de la
mesada, equivalente a la suma necesaria para cubrir, en el caso de los pensionados por
Cajanal, la diferencia entre el 5 % (porcentaje anterior) y el 12 % (ahora establecido).
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15. Arguyó que, en virtud del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, las pensiones
reconocidas con anterioridad al Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro (1994), se incrementaron en un monto equivalente a la cotización par salud, a la
que venían sometidos por aplicación del Sistema General de Seguridad Social, por lo
que, no existió disminución en el valor de las mesadas.
16. Señaló que, la improcedencia de los descuentos en salud, efectuados sobre la
pensión gracia, fue zanjada por la Corte Constitucional en la sentencia T – 359 de 2009,
en la cual, advirtió que, la Ley 100 de 1993, le es aplicable a los beneficiarios de dicha
prestación.
17. Concluyó que, la sentencia objeto de revisión, contrarió las disposiciones legales
aplicables a la materia, al ordenar la nulidad del acto administrativo, que había negado la
suspensión de los descuentos por concepto de aportes en salud de la pensión gracia de
la docente, y el reintegro de aquellos efectuados, razón por la cual, debe dejar de tener
efectos en el mundo jurídico.
1.4 Contestación de la demanda de revisión
18. El auto admisorio fue notificado personalmente al señor Omar Burgos, a través de
medios electrónicos, el Veintitrés (23) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025)3, sin
embargo, durante el término otorgado, guardó silencio.
1. 5. Ministerio Público.
19. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
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Índice 00048 expediente digital Samai
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20. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA4 y 20 de la Ley 797 de 20035, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el
Acuerdo 80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil diecinueve (2019)6.
2.2 Oportunidad
21. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia
revisada, cobró ejecutoria el Once (11) de febrero de Dos Mil Catorce (2014)7; la
demanda fue presentada el Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)8, razón
por la cual, no fue superado el término de cinco años establecido en el artículo 251 del
CPACA9.
2.3 Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿La sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014), proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, está incursa en las causales de
revisión consagradas en los literales a) y b), del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, fue expedida con violación del debido proceso, y la cuantía de la pensión
reconocida a la accionada, excedió lo preceptuado por la ley, al confirmar la
decisión de primera instancia que, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social,
la suspensión del descuento de los aportes al sistema de seguridad social en
salud, sobre la pensión gracia del señor Omar Burgos, así como, el respectivo
reintegro de los valores descontados?
2.4 Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance
4
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
5
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
6
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
Folio 82 del expediente físico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8
Folio 128 del expediente físico.
9
La contabilización de los términos de la caducidad en los procesos de la Caja Nacional de Previsión Social quedaron suspendidos
desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013
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23. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y, además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
24. Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material 10 y comporta una
herramienta excepcional, que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a
un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con
violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley»11.
25. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar
la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
10 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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26. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios12.
27. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó
la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de junio
de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido
recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite13 […] pues esta acción especial
“tiene un carácter sui generis 14 , dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia
ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades
que le otorgan una entidad propia15», tal como el análisis que sobre su configuración realiza
el juez de esta acción especial16.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
28. Esta causal dispuso que, se puede solicitar la revisión de una sentencia «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
13 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
15 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
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29. Sobre esta causal, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los
elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado17:
«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad
que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros
interesados en una actuación administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»
30. La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la
demandante debe probar que, la pensión o prestación periódica, fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta,
argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga
de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente,
pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al
restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de
revisión.
2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
31. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia
reconoce una prestación por un monto que, no corresponde a lo legal o
convencionalmente viable.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
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2.4.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia
32. En principio, debe señalarse que, la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa,
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación
normativa se resume en los siguientes párrafos:
33. El artículo 1º de la Ley 114 de 191318 consagró por primera vez la pensión gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
34. El numeral 3, del artículo 4, de la citada Ley, determina que, para gozar de la gracia
de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
35. De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito
de esta pensión, fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores
de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones que recibían los
docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia, surgía porque, de
acuerdo con la Ley 39 de 190319, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto que, la secundaria lo era a cargo de la Nación.
36. Posteriormente, la Ley 116 de 192820, amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás
que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
37. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia
de no recibir otra pensión de carácter nacional, para poder acceder a la pensión gracia
18
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
19
«[S]obre Instrucción Pública».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución de 1886, de
recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la
Carta actual21.
38. La Ley 37 de 193322, tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y, 116 de 1928 pero, hizo extensiva la pensión de
gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
39. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 del Nueve (9) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998)23, con ocasión de la demanda de
inconstitucionalidad, contra los artículos 1º (parcial) y, 4 (numeral 3) de la Ley 114 de
1913, expresó:
«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como
requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión
o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere,
es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las
condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago
de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que
se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable,
pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el
precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de
1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley»
40. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley 43 de
197524, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, de
acuerdo a que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será
un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no
existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
21
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
22
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
23
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
24
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».
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41. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de
las pensiones, preceptuó:
«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional
de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar está a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y
para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos
de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional».
42. Las normas transcritas, permiten concluir que, el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es,
por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio
expuesto por la Sala Plena de esta Corporación, en fallo de Veintiséis (26) de agosto de
Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), en el sentido que, el artículo 15 (numeral 2) de
la Ley 91 de 1989, es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos
en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
43. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en
la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios
como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no
menor de veinte (20) años, de acuerdo con la naturaleza de su vinculación, y que,
además, esté vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años
de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta
2.4.5 Descuentos para el Sistema de Seguridad Social en Salud
44. De conformidad con lo previsto en el Decreto 081 de 197625, la Ley 91 de 1989 y,
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de la pensión gracia estaba a
cargo de la Caja Nacional de Previsión Social.
25
Por el cual se trasladan unas funciones a la Caja Nacional de Previsión Social.
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45. De otra parte, la Ley 4 de 1966, en su artículo 226, dispuso la obligación de realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, para los afiliados a la Caja Nacional
de previsión Social, de la siguiente manera:
«Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social cotizarán
con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes.
Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su mesada
pensional».
46. Los beneficiarios de la pensión gracia no fueron exceptuados de esta obligación,
porque con el dinero recaudado, se financian los servicios de salud.
47. Ahora bien, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estableció que, el monto y
distribución de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, es obligatorio para
todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, incluidos los beneficiarios de
la pensión gracia, pues, dicha norma no distinguió entre este régimen especial y el
ordinario de pensión de jubilación. En esta ley se estableció, de manera general que, la
tasa de cotización para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sería
del 12%, en los siguientes términos:
«Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo 12% del
salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras
partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del
trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía
para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado.»27
48. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1250 de 2008, «[p]or la cual se adiciona
un inciso al artículo 204 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 […]»,
se dispuso:
«Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones
(…)
"La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12%
del ingreso de la respectiva mesada pensional", la cual se hará efectiva a partir del primero
de enero de 2008". El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2009.»
26
Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
27
El texto transcrito es el original de la Ley 100 de 1993, que fue modificado, posteriormente, a través del artículo 10 de la Ley 1122
de 2007.
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49. Es claro que, si bien, las normas reseñadas no incluyeron expresamente la
pensión gracia como susceptible de la cotización en salud, lo cierto es que, debe
entenderse incluida, por tratarse de una prestación a cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social, y respecto de la cual, la ley no estableció ninguna excepción.
50. Por otro lado, el artículo 279 de la referida Ley 100 de 1993, consagró los
regímenes que se encuentran exentos del Sistema Integral de Seguridad Social, así:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule
a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 198928, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio,
de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […].»
51. Esta disposición se dirige a los maestros que se encuentren afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, por ello,
la excepción que trae, se entiende referida a las prestaciones a cargo de dicho fondo, por
lo que, no puede incluirse la pensión gracia, cuyo reconocimiento, como se mencionó en
precedencia, corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
52. Finalmente, destaca la Sala que, sobre la obligatoriedad de realizar los pagos al
sistema de seguridad Social en Salud por los beneficiarios de la pensión gracia, en
reciente pronunciamiento29, esta Subsección consideró que, los docentes que accedieron
al reconocimiento de la pensión gracia, no están exceptuados de realizar las cotizaciones
con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y, por consiguiente, son afiliados al
28
La expresión “Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley
91 de 1989” se declaró condicionalmente exequible mediante sentencia C-461/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en el entendido
que “su aplicación no vulnere el principio de igualdad y, en consecuencia, se reconozca a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a un beneficio igual o equivalente a la mesada pensional adicional, un
beneficio similar”.
29
Entre otros, sentencia del 26 de mayo de 2023, expediente 11001-03-25-2018-00009-00, del 8 de junio de 2023, expediente 11001-
03-25-000-2017-*00545. Magistrado Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar
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régimen contributivo de ese sistema, conforme con lo previsto en el numeral 1, literal a),
del artículo 157 de la Ley 100 de 199330.
2.5 Análisis del caso concreto
53. Descendiendo al sub lite, se tiene que, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
pretende se infirme la sentencia proferida el Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce
(2014), por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del expediente con radicado
85001-3333-001-2012-00123-00.
54. La Sala precisa que, en el asunto de la referencia, no se discute el derecho a la
pensión gracia del señor Omar Burgos, sino, la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, respecto a la suspensión y reintegro de las sumas
descontadas por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. Tampoco
se cuestiona la devolución de los dineros que, con ocasión a la orden impartida en sede
judicial, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP haya sufragado al beneficiario del
reconocimiento pensional, ya que, tal pretensión no reposa en el petitum de la entidad,
en el escrito de la acción especial de revisión.
55. Sobre la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
manifestó que, la decisión judicial de segundo grado, se produjo con vulneración al debido
proceso, dada la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, dado que, la Caja Nacional de Previsión
Social - Cajanal «no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, por no ser la
destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el Sistema de Seguridad Social
en Salud».
30
“Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley,
todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo
harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al
Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.
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56. La Sala advierte que, lo pretendido por la entidad bajo este cargo, es que, se revise
el sustento normativo que llevó al tribunal a adoptar la decisión confirmatoria de la
sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, se configuraba una falta de legitimación
en la causa por pasiva, en la medida que, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal),
no era la entidad destinataria, ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan
por concepto de seguridad social en salud.
57. A partir de los argumentos expuestos, es claro para la Sala que, esta causal no
está llamada a prosperar, porque la entidad demandante no cuestionó la competencia del
juez que dictó la providencia, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver el
asunto, ni hace alusión a la falta de garantías de audiencia, defensa o contradicción, y
tampoco la falta de motivación de la decisión.
58. Sin embargo, en aras de realizar un estudio integral de la causal invocada en el
escrito de demanda, la Sala recuerda que, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, dispone
respecto de la capacidad y representación de las entidades públicas, lo siguiente:
« Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás
sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al
proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos
contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional
del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o
Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió
el acto o produjo el hecho.
(…)»
59. De conformidad con la normativa procesal referenciada, en consideración a que el
acto administrativo acusado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, instaurado por el señor Omar Burgos, fue expedido por la Caja Nacional de
Previsión Social - Cajanal, era esta la autoridad administrativa llamada a actuar como
demandada en el proceso.
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60. Además, conforme con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 5 31, del Decreto 65
de 200432, la competencia para realizar las deducciones de la mesada pensional por
concepto de las cotizaciones obligatorias33, entre ellas, el aporte destinado al Sistema de
Seguridad Social en Salud, fue encomendada en su momento, a la Caja Nacional de
Previsión Social - Cajanal.
61. Por ello, la Sala insiste que, no se advierte la alegada vulneración del derecho al
debido proceso, porque la Caja Nacional de Previsión Social, era la entidad, además la
Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal en liquidación, tuvo la oportunidad de ejercer
los derechos de defensa y contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual, no se
encuentra fundada esta causal.
62. En relación con la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP consideró que, es procedente la revisión de
la sentencia, toda vez que, la cuantía decretada, excede lo debido de acuerdo con la ley,
al haberse accedido a la suspensión y reintegro de las sumas descontadas del 12% por
concepto de aportes a salud, sobre la pensión gracia reconocida en favor del pensionado.
63. La Sala destaca que, el planteamiento se adecúa a la causal de revisión que
invoca, porque la sentencia cuestionada, confirmatoria de la decisión de primera
instancia, que ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, suspender los
descuentos que se hubieran efectuado por concepto de aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral en salud, y reintegrar los dineros que, en razón de ello, se
efectuaron a partir del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Nueve (2009), por
prescripción trienal, sobre la pensión gracia de la que es titular el señor Omar Burgos;
excedió la cuantía que legalmente le correspondía.
64. En tal sentido, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, los maestros
beneficiarios de la pensión gracia, tienen la obligación de realizar las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Salud, puesto que, no fueron exceptuados de esta
responsabilidad y, por lo tanto, deben afiliarse al régimen contributivo de salud.
31
“5. Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley…”
32
“Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado”.
33
El aporte en salud constituye una cotización obligatoria para los pensionados y jubilados, al tenor de lo dispuesto en los artículos
157, 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de las exclusiones a que se refiere el artículo 279 ibídem.
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65. Surge de ello que, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, está incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, pues, al confirmar la orden judicial a la Caja Nacional de Previsión
Social, de abstenerse de seguir descontando de la pensión gracia reconocida al docente,
el porcentaje del 12 % de cotización por concepto de salud, imponía al ente previsional,
el cumplimiento a la decisión judicial, enervando una obligación contenida en la ley.
66. Por lo tanto, se infirmará la sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil
Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, se procederá a
emitir la sentencia de reemplazo, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 255
del CPACA, en el que se dispuso que si el competente encuentra fundada la causal «del
literal b) el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la
que en derecho corresponde».
2.6. Sentencia de reemplazo
67. El señor Omar Burgos, por conducto de apoderado, acudió a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución No.
57127 del Once (11) de diciembre de Dos Mil Siete (2007), por medio de la cual, la Caja
Nacional de Previsión Social E.I.C.E., en liquidación, le reconoció la pensión gracia,
descontando de las mesadas pensionales, el 12 % para el servicio de salud.
68. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada, a
suspender el descuento y reintegrar las sumas descontadas hasta dicha data.
69. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, mediante sentencia del
Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Trece (2013), proferida en la audiencia inicial,
ordenó:
«PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No AMB 57127 de 11 de diciembre
de 2007 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, en cuanto ordenó el descuento
del 12% de la pensión gracia del señor OMAR BURGOS
SEGUNDO: Ordenar que a partir de la ejecutoria del presente fallo, cesen los descuentos
que por concepto de servicios médico asistenciales se estén aplicando sobre la pensión
gracia reconocida al demandante.
TERCERO: Declarar probada la excepción de Prescripción parcial de las diferencias de las
mesadas pensiónales anteriores al 23 de noviembre de 2009.
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CUARTO: declarar no probadas las demás excepciones propuestas en el presente asunto
QUINTO Ordénese, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP, a título de restablecimiento del derecho, reintegre, debidamente actualizadas, las
sumas descontadas de la pensión gracia del demandante señor OMAR BURGOS, como
aportes por concepto de servicios médico asistenciales, con fundamento en el acto
demandado, desde el 23 de noviembre de 2009, hasta la fecha en que se dejen de efectuar
los descuentos.
SEXTO: Ordenar la actualización de las sumas indicadas en el literal anterior, de
conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., siguiendo para ello el desarrollo de la
fórmula expresada en esta sentencia.
SÉPTIMO: Condenar al pago de intereses de mora sobre las sumas descontadas
indebidamente y su indexación, a partir de la ejecutoria de este fallo, según las previsiones
del Art. 192 numerales 2 y 5de la ley 1437 de 2011.
OCTAVO: Ordenar que el monto de lo descontado y su indexación se cancelen en el
término establecido en el artículo 192 del C.P.A.C.A. El cumplimiento de esta sentencia se
dará conforme a los artículos 192, 194 y 195 de la misma norma.
(…)»
70. En sustento de su decisión, el A – quo señaló que, a partir de las leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4ª de 1996, el Decreto Reglamentario 1743 de 1966, la
Ley 43 de 1975, Ley 91 de 1989, Ley 100 de 1993, y la línea jurisprudencial trazada por
el superior funcional, la pensión gracia que devenga el demandante no puede ser
afectada con el descuento del 12 %, destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud.
71. La Caja Nacional de Previsión Social, inconforme con la decisión, presentó recurso
de apelación, en el que señaló que, el demandante está obligado a aportar al régimen
contributivo del sistema de seguridad social en salud, con base en todos sus ingresos, y
no hay norma que haya excluido a los pensionados «de gracia», de la obligación de pagar
sus aportes con la totalidad de sus ingresos, con los topes establecidos en la
reglamentación de la Ley 100 de 1993, norma aplicable, dado que, el sistema de
seguridad social en salud es uno solo, que se articula en el tema de su financiación, con
los regímenes pensionales especiales.
72. Indicó que, la Ley 812 de 2003, en los incisos 3 y 4 del artículo 81, establece la
obligación que los docentes efectúen sus aportes al sistema de salud, sin exceptuar la
pensión gracia, siendo el aporte del 12 % actualmente, después de haber sido definido
así por la Ley 100 de 1993, la Ley 1250 de 2008, norma que hace referencia a los aportes
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sobre la mesada pensional recibida por el pensionado, dentro de la cual, está lo que se
percibe por pensión gracia.
73. Consideró que, deben tenerse en cuenta los decretos 806 de 1998 (art. 52 y 65) y
1703 de 2002 (art. 2 y art. 14 inciso 2), los cuales, establecen la obligación de efectuar
aportes sobre las pensiones y, carácter que tiene la pensión gracia, independientemente
de su origen especial.
74. Indicó que, la pensión gracia no hace parte del régimen de la Ley 91 de 1989, y,
por lo tanto, no es una prestación perteneciente al régimen del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual, ni siquiera recibe aportes sobre esa
pensión.
75. Frente a la pretensión relativa a la devolución de lo legalmente deducido por la
demandada, señaló que, hay razón de hecho ni de derecho, para proceder de tal forma,
porque la demandada no se ha beneficiado, ni ha incorporado a su patrimonio los
recursos correspondientes a los aportes que el demandante está en obligación de hacer
al sistema de seguridad social en salud, pues, esos aportes van al Fondo de Solidaridad
y Garantía -FOSYGA, no a la demandada; de suerte que, en el caso de prosperar el
petitum del demandante, sería al FOSYGA a quien le correspondería efectuar esa
devolución y a la demandada simplemente le correspondería abstenerse de continuar
efectuando el descuento y traslado de esos aportes.
76. Insistió que, el demandante no efectuó reclamación administrativa coincidente con
las pretensiones de la demanda, y por ello, en el acto administrativo acusado, no se
decidió particularmente, sobre ellas, porque su móvil no era decidir la procedencia de esa
deducción, sino, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es decir que, existe un
ausencia de decisión previa por parte de la administración, razón por la cual, no estaba
habilitada la jurisdicción contencioso administrativa, para emitir una decisión de fondo
sobre las pretensiones de la demanda.
77. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del Veintinueve (29)
de enero de Dos Mil Catorce (2014), confirmó la decisión del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal, al considerar que, no es posible efectuar los
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descuentos por aportes en salud de la pensión gracia, por cuanto, las normas que rigen
la materia, no establecen la obligación.
78. En primera medida, frente a la ausencia de acto administrativo enjuiciable, debe
señalar la Sala que, tal aspecto fue resuelto negativamente en la etapa procesal relativa
a la resolución de excepciones dentro de la audiencia inicial, siendo denegada por el juez
de primera instancia, sin que haya sido apelada por la entidad demandada, luego
entonces, la sentencia de segunda instancia no puede convertirse en una instancia
adicional para confrontar aspectos que no fueron debatidos en su debida oportunidad
procesal; razón suficiente para abstenerse de absolver el planteamiento de la alzada.
79. En cuanto al argumento relativo a la legal procedencia de los aportes a seguridad
social en salud, para la Sala es claro que, contrario a lo señalado por el A - quo, los
docentes que accedieron al reconocimiento de la pensión gracia, no están exceptuados
de realizar las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y, por
ende, son afiliados al régimen contributivo de ese sistema, en atención a lo previsto en el
numeral 1, del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, existe norma
que así lo señala.
80. En el sub lite, se encuentra acreditado que, al señor Omar Burgos, la Caja Nacional
de Previsión Social, reconoció una pensión de jubilación gracia, con Resolución No.
57127 del Once (11) de diciembre de Dos Mil Siete (2007)34; acto administrativo que, en
su artículo cuarto, ordenó «deducir de cada mesada pensional el valor correspondiente para los
servicios médico-asistenciales, Ley 100/1993»; orden que, según se estudió en esta providencia,
se encuentra ajustada a derecho, pues, la Sala insiste, la pensión de jubilación gracia, no
está excluida de descuentos por concepto de salud.
81. Así las cosas, comoquiera que, no se logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo de reconocimiento pensional, en cuanto a la obligatoriedad del descuento
de aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud, se impone, revocar la
decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, el
Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Trece (2013), que declaró la nulidad parcial del
acto administrativo enjuiciado, ordenando la suspensión del porcentaje deducido dicho
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Folios 8 a 10, del expediente físico de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Accionada: Omar Burgos
concepto, sobre la mesada de la pensión gracia que devenga el señor Omar Burgos y,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
82. Finalmente, atendiendo las razones expuestas, no procede el reintegro de los
valores descontados al demandante, por concepto de seguridad social en salud.
2.7. Condena en costas
83. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que, no se evidencia que la demanda
haya sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.
2.8. Conclusión
84. La Sala declarará fundada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y, en
consecuencia, dictará sentencia de reemplazo de segunda instancia, en el proceso
85001-3333-001-2012-00123-00, para revocar la decisión de primera instancia Proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Casanare, que accedió a la
suspensión y reintegro del descuento del 12 % por concepto de salud en la pensión gracia
del demandante, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014), proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, dictada dentro del expediente con radicado
85001-3333-001-2012-00123-00, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Accionada: Omar Burgos
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó, respecto de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el
Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce (2014), por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
TERCERO: INFIRMAR la sentencia del Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Catorce
(2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, se dispone:
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal, el Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
mediante el cual, accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por el
señor Omar Burgos y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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