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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00791-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00791-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. Negar las pretensiones de la demanda en el proceso promovido Angie Tatiana Rosas Rosero, Marlen Socorro Escobar Piscal, José Gerardo Estupiñán Ramírez y Olga Edith Patiño Castillo, contra los artículos 38, 41 y 42 del Acuerdo 502 de 2013, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del cual se convocó y abrió el proceso de selección para proveer en propiedad 350 vacantes del empleo de dragoneante, código 4114, grado 11, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa del INPEC, a través de la Convocatoria 315 de 2013. Segundo. Reconocer personería a la abogada María del Pilar Contreras Aguilar identificada con la cédula de ciudadanía 1.032.376.035 de Bogotá y tarjeta profesional 237935 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderada de la CNSC y al abogado Juan Pablo Agudelo Mancera identificado con la cédula de ciudadanía 1.010.194.421 de Bogotá y tarjeta profesional 235726 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado del INPEC Tercero.-Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00791-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00791-00(3026-2018)
11001-03-25-000-2018-00901-00(3145-2018)
Demandantes: Angie Tatiana Rosas Rosero, Marlen Socorro
Escobar Piscal, José Gerardo Estupiñán Ramírez y Olga Edith
Patiño Castillo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Tema: Examen médico en el curso concurso para proveer el empleo
de draoneante del INPEC

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, procede a proferir la siguiente sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia.

I.- Antecedentes

1. La demanda

1. El proceso de la referencia acumula 2 demandas de nulidad en las que se
cuestionan los artículos 38, 41 y 42 del Acuerdo 502 de 20131, expedido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante, CNSC, por medio del cual se
convocó y abrió el proceso de selección para proveer en propiedad 3502 vacantes
del empleo de dragoneante, código 4114, grado 11, pertenecientes al sistema
específico de carrera administrativa del INPEC, a través de la Convocatoria 315 de
2013. Las demandas fueron presentadas varios años después de finalizado el
proceso de selección.

2. Para la mejor compresión del presente asunto, la Sala aclara desde un
principio que, de acuerdo con el artículo 5 del parcialmente demandado Acuerdo
502 de 2013, la CNSC estructuró la Convocatoria 315 de 2013 del INPEC en las
siguientes etapas: (i) convocatoria y divulgación, (ii) inscripciones, (iii) verificación
de requisitos mínimos, (iv) pruebas, (v) cursos de formación y de
complementación, (vi) conformación de listas de elegibles y (vii) periodo de
prueba.

1 Por el cual se convoca al proceso de selección para proveer por Concurso - Curso abierto e
méritos el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC.
2 De las 350 vacantes ofertadas, 100 eran para mujeres y 250 para varones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00791-00(3026-2018)
Demandante: Angie Tatiana Rosas Rosero y otros

3. En concreto, en el marco de la Convocatoria 315 de 2013 del INPEC, los
artículos demandados regularon lo relacionado con el examen médico que de
manera obligatoria debía practicarse a los concursantes que superaban las
pruebas que integraban la cuarta etapa del concurso, esto es, las de «aptitud»,
«personalidad» y «análisis de antecedentes». Así pues, el examen médico constituía
un trámite y un requisito previo e «indispensable» que los aspirantes debían cumplir
para el ingreso a los cursos de formación o de complementación, según el caso,
que se desarrollaban en la quinta etapa del proceso de selección.

1.1. Textos normativos demandados

4. A continuación, la Sala trascribe en su integridad los artículos 36, 38, 41 y
42 del Acuerdo 502 de 20133 de la CNSC, subrayando las expresiones acusadas:

«Artículo 36. Examen médico y establecimiento de inhabilidades médicas: La
presentación del examen médico del aspirante, no constituye una prueba dentro del
proceso de selección, sino un trámite previo obligatorio para ser citado e ingresar al
Curso en la Escuela de Formación del INPEC.

Las inhabilidades médicas se encuentran reguladas en la Resolución Nro. 3168 de 21
de octubre de 2013 del INPEC; la mencionada resolución describe los exámenes
médicos que se aplicarán en el proceso de selección, como tramite indispensable que
deberá cumplir el aspirante, antes de ingresar a Curso a la Escuela de Formación del
INPEC, de conformidad con lo establecido en el artículo 119, del Decreto 407 de 1994
y las reglas del proceso de selección.

Parágrafo: El examen médico que en este artículo se informa como requisito para
ingresar al Curso, es diferente al examen médico exigido para la toma de posesión en
el empleo de Dragoneante, que lo realizará el INPEC una vez se culmine el proceso de
selección.

Artículo 38. Importancia y efectos del resultado del examen médico: Con los
exámenes médicos practicados al aspirante citado a través de la página
www.cnsc.gov.co, se analizará la aptitud médica y psicofísica, entendida esta última,
como la capacidad mental y física general que posee un ser humano para desempeñar
una actividad u oficio.

La capacidad física es la compatibilidad adecuada, evaluada por el médico
examinador, entre el profesiograma psicofísico para una función específica y el
conjunto de cualidades y condiciones físicas del aspirante a dicha función. Esta
capacidad en cada aspirante citado a practicarse exámenes médicos, se evaluará por
medio de los siguientes instrumentos presentes en el profesiograma adoptado por el
INPEC: (a) La historia clínica ocupacional, con énfasis en el sistema neurológico y
osteo-muscular, (b) La ficha de evaluación de la carga física y (c) La ficha de
evaluación osteomuscular.

Todos los exámenes médicos a practicar a cada participante del proceso de selección
que haya culminado el concurso y en cumplimiento del profesiograma del empleo de
Dragoneante adoptado por el INPEC, serán pagados por el aspirante, de conformidad

3 Por el cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso - curso abierto de
méritos el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC

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a los precios del mercado establecidos para esos servicios médicos y de laboratorio,
adicionalmente se incluyen costos administrativos de la aplicación y de defensa judicial
de esos trámites.

La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumnos de la
Escuela de Formación del INPEC, se califica bajo los conceptos de APTO Y NO APTO.

El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y
demás que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad
correspondiente, según el profesiograma del empleo de Dragoneante establecido por
el INPEC, será considerado APTO,

Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según el
profesiograma del empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, razón por la cual
será excluido del proceso de selección.

El único resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica y
psicofisica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada contratada
previamente para tal fin por la CNSC, a través de un proceso de selección de
contratista de conformidad con el estatuto de contratación vigente.

Los exámenes médicos practicados a cada aspirante no son una prueba dentro de la
Convocatoria, sino que constituyen un requisito para ingresar al Curso de Formación o
Complementación en la Escuela de Formación del INPEC, el resultado de los
exámenes médicos después de reclamaciones, será definitivo, antes de iniciar el
Curso.

El aspirante que obtenga calificación definitiva de NO APTO en exámenes médicos,
será excluido del proceso de selección en esa instancia.

Artículo 41. Reclamaciones por resultados de exámenes médicos: Las reclamaciones
de los aspirantes con concepto de NO APTO, con ocasión de los resultados del
examen médico, serán presentadas ante la CNSC o ante la entidad delegada, dentro
de los dos días siguientes a la publicación de los resultados en la página web de la
CNSC.

La reclamación será decidida y comunicada a través de la página web de la CNSC.

Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado del examen médico,
no procede ningún recurso.

Artículo 42. Publicación de la lista de convocados a curso: La Comisión Nacional
del Servicio Civil o quien ésta delegue, publicará el listado de convocados al Curso de
Formación o Complementación, contra el cual no procederá ningún recurso.

A partir de la fecha de publicación del listado de convocados a curso de Formación o
Complementación, la Escuela de Formación del INPEC tendrá un término hasta de 10
días hábiles para iniciar los Cursos.

Solo serán convocadas a Curso de Formación y convocados a Curso
Complementación, quienes sean considerados APTOS en los exámenes médicos
practicados, se precisa que para los Cursos, la Escuela de Formación del INPEC,
dispone de un número determinado de cupos, los que serán asignados exclusivamente
a los aspirantes aptos en examen médico y en orden estricto al puntaje alcanzado en
las pruebas aplicadas en el Concurso, así:

Curso de Formación Mujeres. Serán convocadas al Curso, hasta un 250% de las
vacantes a proveer, esto es igual a 250 aspirantes en orden estricto y en atención

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exclusiva a los resultados de las pruebas aplicadas en el Concurso; además deberán
haber obtenido concepto de apta en los exámenes médicos.

Curso de Complementación Varones: Serán convocados al curso, hasta un 200% de
las vacantes a proveer, esto es igual a 500 aspirantes en orden estricto y en atención
exclusiva a los resultados de las pruebas aplicadas en el Concurso; además deberán
haber obtenido concepto de apto en los exámenes médicos.

En ambos casos, aquellos aspirantes que de conformidad con los resultados obtenidos
en las pruebas aplicadas en el Concurso, no logren los cupos aquí fijados y por ende
no sean citados a CURSO, en la Escuela de Formación del INPEC, quedan excluidos
de la Convocatoria a partir de ese momento». (Subrayado de la Sala).

1.2. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 13, 29 y 125 de la Constitución
Política, y 74 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.

6. Para los demandantes, los artículos 38, 41 y 42 del Acuerdo 502 de 20134
de la CNSC, deben ser anulados porque, como pasa a explicarse, presuntamente
vulneraron el principio del mérito y el derecho al debido proceso:

6.1. En primer lugar, señalaron que las referidas disposiciones administrativas
desconocieron el principio del mérito5 debido a que no permitieron evaluar de
forma «integral» y completa a los aspirantes, porque los artículos acusados
establecieron, que aun cuando hubiesen superado las demás pruebas, los
concursantes que no aprobaban el examen médico serían excluidos del proceso
de selección.

6.2. En segundo lugar, argumentaron que los apartes normativos acusados
desconocieron el derecho al debido proceso administrativo, en la modalidad de
defensa y contradicción6, porque: (a) establecen que «el único resultado aceptado en
el proceso de selección, respecto de la aptitud médica y psicofisica del aspirante [era] el
emitido por la entidad especializada contratada […] por la CNSC», sin que se permitiera
a los concursantes acudir al centro médico de su preferencia para realizarse el
referido examen; (b) para cuestionar los resultados del aludido examen médico,
las preceptivas demandadas no incluyeron la procedencia de los recursos
ordinarios de reposición y apelación en sede gubernativa, sino que únicamente
establecieron la posibilidad de interponer una simple reclamación; y (c) porque
para efectos de impugnar los resultados del mencionado examen médico, a través
de la señalada reclamación, las disposiciones demandadas no permitieron aportar
como pruebas, documentos médico científicos diferentes de los emitidos por la
«entidad especializada contratada […] por la CNSC».

4 Por el cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso - curso abierto de
méritos el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC.
5 Previsto en el artículo 125 de la Constitución.
6 Contenido en el artículo 29 de la Constitución.

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2. Oposición

7. Para defender la legalidad del acto administrativo parcialmente acusado y
oponerse a los razonamientos de las demandas acumuladas, la CNSC7 y el
INPEC8 en sus escritos de contestación y de alegatos de conclusión,
argumentaron en esencia, lo siguiente:

8. El Acuerdo 502 de 20139 demandado es legal porque fue expedido en
virtud de las facultades otorgadas a la CNSC por el artículo 130 de la Constitución
y el artículo 11 de la Ley 909 de 200410, para encargarse de la administración y
vigilancia de los sistemas específicos de carrera administrativa, como el del
INPEC, y establecer los reglamentos y lineamientos generales para desarrollar los
procesos de selección para la provisión de empleos de carrera, respectivamente.

9. El acto administrativo demandado no desconoce el debido proceso, ya que
las reglas de los concursos de méritos, contenidas en los acuerdos de
convocatoria, son obligatorias para todos los participantes11.

10. Las disposiciones administrativas acusadas permitieron garantizar el
cumplimiento de los principios que rigen el ingreso y ascenso a los empleos
públicos de carrera administrativa, establecidos en el artículo 28 de la Ley 909 de
2004. Ello, por cuanto el INPEC es un sistema de carrera específico y que, por la
naturaleza misma de las funciones que llevan a cabo, para el caso concreto, los
dragoneantes, los requisitos y perfiles necesarios para el desempeño de los
cargos obedecen a las necesidades, características, requisitos establecidos en el
profesiograma expedido por el INPEC.

11. La elección del contratista que practicaría los exámenes de aptitud médica y
psicofísica de los aspirantes, como lo indica el artículo 38 del Acuerdo 502 de
2013, se llevó a cabo de conformidad con el estatuto de contratación vigente, lo
cual garantiza el cumplimiento de los principios de especialización, imparcialidad,
confiabilidad y validez de los instrumentos.

12. Los artículos 36 y 38 del acuerdo demandado establecen la importancia que
el examen médico tenía en la Convocatoria 315 de 2013 del INPEC, así como de

7 Memorial de contestación a folios 86-91 del expediente primigenio y alegatos de conclusión a

índice Nro. 39 de SAMAI.
8 Memorial a folios 97-101 del expediente primigenio y alegatos de conclusión a índice Nro. 40 de

SAMAI.
9 Por el cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso - curso abierto de

méritos el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC.
10 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y se

dictan otras disposiciones.
11 Para el efecto, las demandadas citaron las sentencias C-040 de 1996 y SU-446 de 2011 de la

Corte Constitucional, en las que se precisa que el Estado debe respetar todas las reglas de la
convocatoria, pues de lo contrario se desconocerían los principios de transparencia, publicidad,
imparcialidad y el respeto a las legítimas expectativas de los concursantes.

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que este únicamente sea realizado por la entidad especializada contratada por la
CNSC para tal fin, ya que brinda seguridad jurídica a todos los aspirantes al
medirlos en condiciones de igualdad, esto es, bajo los mismos parámetros.

13. El artículo 41 del Acuerdo 502 de 201312 de la CNSC prevé el
procedimiento de reclamación contra los resultados de los exámenes médicos,
garantizando el derecho a la contradicción y la defensa de los concursantes. No es
cierto que las reclamaciones contra los resultados de la evaluación médica no
admitan medios de prueba técnicos o científicos, pues dependerá de la voluntad y
de la situación de inconformidad de cada aspirante, si se apoya o no en estos.

14. En lo que se refiere a la presunta trasgresión del principio del mérito, la
parte accionante no explicó cómo se vería afectado por el procedimiento de
realización del examen médico aplicado a los aspirantes. Sin embargo, explican
que las pruebas aplicadas en el concurso pretenden evaluar a los aspirantes de
forma integral, culminando con el nombramiento de quien, por mérito, supere
todas las etapas del proceso y obtenga los mejores puntajes.

15. Finalmente, destacan que el concurso de méritos demandado culminó con
la conformación de las listas de elegibles 1009 del 27 de marzo de 2015 y 3379
del 17 de julio de 2015, las cuales cobraron firmeza el 7 de abril y el 28 de julio de
esa anualidad, respectivamente. Es decir, que actualmente los empleos ofertados
ya fueron provistos definitivamente y las personas nombradas son titulares de
derechos adquiridos.

3. El Ministerio Público

16. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado, vencido el
término para rendir concepto, guardó silencio.

II. Consideraciones

4. Los problemas jurídicos

17. Se circunscriben a los siguientes:

17.1. ¿El Acuerdo 502 de 2013 de la CNSC desconoció a los concursantes el
derecho constitucional al debido proceso, porque en las bases del concurso se
estableció: (i) que los aspirantes podían ser excluidos del proceso de selección, si
no lograban superar un examen médico; (ii) que ese examen médico sólo podía
ser practicado o realizado por la entidad especializada en salud contratada por la
CNSC para tal fin y no incluyeron la procedencia de los recursos administrativos
respecto de este; y (iii) que no se permitía a los concursantes recurrir o impugnar

12 Por el cual se convoca al proceso de selección para proveer por Concurso – Curso abierto e
méritos el empleo de dragoneante, Código 4114, Grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC

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el resultado del mencionado examen médico con base en pruebas médicas o
científicas emitidas por otra entidad o establecimiento de salud?

17.2. ¿El Acuerdo 502 de 2013 de la CNSC vulneró el principio constitucional del
mérito, al excluir definitivamente del concurso de méritos a los aspirantes que
sean calificados «no aptos» en los exámenes médicos que realice la institución
contratada por la CNSC para su realización?

5. Estudio y resolución de los problemas jurídicos

18. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos propuestos, a
continuación, la Sala se referirá a: (i) los sistemas de carrera y la facultad del
legislador para crear sistemas específicos; (ii) la competencia de la CNSC para la
administración y vigilancia de los sistemas específicos de carrera; (iii) el sistema
específico de carrera del INPEC; (iv) análisis del Acuerdo 502 de 2013 objeto del
reproche, y por último, (v) caso concreto.

5.1. Los sistemas de carrera y la facultad del legislador para crear sistemas
específicos

19. El artículo 125 de la Constitución Política prevé el mérito y la igualdad de
oportunidades para el acceso a los cargos públicos, como uno de los pilares de
nuestro ordenamiento jurídico. Así, se tiene que, por regla general, los empleos
públicos serán de carrera y su provisión se hará por concurso público de méritos,
permitiendo garantizar que únicamente las personas más capacitadas y
competentes desempeñen estos cargos.

20. En concordancia, el artículo 130 ejusdem asignó su «administración y
vigilancia» a la CNSC, salvo que se tratara de las que tuvieran carácter especial.
Con base en esta disposición, la carrera administrativa en Colombia se ha
organizado en tres sistemas (i) el sistema general; (ii) los sistemas especiales de
origen constitucional y (iii) los sistemas especiales de origen legal o sistemas
específicos, los cuales, en todo caso, están sujetos a los mismos elementos
constitucionales de (a) concurso público, (b) mérito y (c) igualdad de
oportunidades13. En lo que corresponde al INPEC este hace parte del sistema
especial de origen legal o sistemas específicos.

21. En estos casos, a pesar de no tener referente normativo directo en la
Constitución Política, el Legislador considera que el desarrollo de ciertas funciones
institucionales merece un trato a través de un régimen propio, cuando las
particularidades de una entidad justifican la adopción de un estatuto singular. Para
el efecto, el Congreso de la República debe actuar dentro de los mandatos
generales que la Constitución traza en el ámbito de la función pública. Estos

13Sentencias C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-471 de 2013. M.P. María Victoria Calle

Correa, C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-673 de 2015. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.

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sistemas específicos de carrera administrativa, están previstos en el artículo 4.2
de la Ley 909 de 2004, de la siguiente manera:

«2.- Se consideran sistemas específicos de carrera administrativa los siguientes: (…)

• El que rige para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec).

• El que regula el personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian).

• El que regula el personal científico y tecnológico de las entidades públicas que
conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

• El que rige para el personal que presta sus servicios en las Superintendencias.

• El que regula el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.

• El que regula el personal que presta sus servicios en la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil.

• El que regula el personal que presta sus servicios a los cuerpos oficiales de
bomberos. [Adicionado por el artículo 51 de la Ley 1575 de 2012]
3.- La vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del
Servicio Civil.14 (…)»

22. Sobre la facultad para crear estos sistemas específicos por vía legal, la
Corte Constitucional ha indicado que se trata de una competencia
constitucionalmente válida, en la medida en que se enmarca dentro del desarrollo
de los postulados de la función pública, en general, y de la carrera administrativa,
en particular (arts. 125, 130 y 150 constitucionales)15. Adicionalmente, la Corte ha
explicado que esta regulación especial se justifica por la singularidad y
especificidad de algunas funciones al interior de la administración pública, que no
se equiparan a las tareas que normalmente cumplen los servidores públicos en la
generalidad de las entidades del Estado, y por tanto en el régimen general de la
carrera administrativa16.

14 Como se explica más adelante, en la sentencia C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil la

Corte declaró exequible el numeral 3 de este artículo, “siempre y cuando se entienda que la
administración de los sistemas específicos de carrera administrativa también corresponde a la
Comisión Nacional del Servicio Civil”.
15Sentencias C-563 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz, C-517 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas

Hernández, C-963 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería, C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar
Gil, C-753 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería, C-471 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa,
C-673 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
entre otras.
16Sentencias C-563 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz, C-517 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas

Hernández, C-963 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería, C-1230 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar
Gil, C-753 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería y C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.

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23. En la sentencia C-563 de 200017, la Corte aclaró que era viable que el
legislador creara regímenes específicos de carrera administrativa, y que las
carreras especiales no eran únicamente las que estaban señaladas por la propia
Constitución, pues existían ciertas actividades dentro de la misma administración
pública que por su especificidad ameritan un tratamiento y una regulación singular.
Dentro de sus consideraciones, la Corte señaló que:

«El legislador, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la C.P., está
habilitado para establecer regímenes especiales para determinadas categorías de
servidores públicos, lo que implica que el Constituyente previó la coexistencia de dos
tipos de regímenes especiales de carrera, unos de creación constitucional y otros de
creación legal. (…)

Así las cosas, en principio le asiste razón al demandante cuando afirma, que las
excepciones al principio general de carrera administrativa son única y exclusivamente
las que señaló de manera expresa el mismo Constituyente y las que determine el
legislador a través de la ley; ahora bien, eso no implica, como equivocadamente él lo
afirma, que el legislador, al regular las diversas ‘carreras administrativas’ que exige la
complejidad misma de la función del Estado, no pueda introducir ‘sistemas específicos’
para ciertas entidades públicas, que atiendan precisamente sus singulares y especiales
características, sistemas que desde luego deben propiciar la realización del mandato
superior que señala que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de
carrera, salvo las excepciones consagradas en la Constitución y en la ley. Es decir, que
esos ‘sistemas específicos’ no pueden diseñarse excluyendo el principio general, ellos
en cada caso regularan un sistema de carrera singular y especial, dirigida a una
determinada entidad, cuyos objetivos no se podrían cumplir oportuna y eficazmente, o
se verían interferidos, si se aplicaran las normas de carácter general. (…)»18

24. Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en forma pacífica y uniforme
en diferentes pronunciamientos,19 en los que la Corte ha ratificado la competencia

17 En dicha oportunidad, este Tribunal conoció de una demanda en contra de la norma que en su

momento reguló los sistemas específicos de carrera de origen legal (art. 4º Ley 443 de 1998). En
su análisis, la Corte concluyó que el Legislador estaba facultado para diseñar regímenes
especiales en ciertas categorías de servidores públicos, por lo que declaró exequible la norma en
cuestión. Al respecto se dijo lo siguiente: “[l]os sistemas específicos de carrera son constitucionales
en la medida en que respeten el principio general, esto es que establezcan procedimientos de
selección y acceso basados en el mérito personal, las competencias y calificaciones específicas de
quienes aspiren a vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores,
determinen de conformidad con la Constitución y la ley las causales de retiro del servicio y
contribuyan a la realización de los principios y mandatos de la Carta y de los derechos
fundamentales de las personas, a tiempo que hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y
eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para satisfacer, desde la órbita de
su competencia, el interés general. // No existe impedimento de orden constitucional para que el
Congreso, en ejercicio de la cláusula general de competencia legislativa que el Constituyente
radicó en esa Corporación, pueda crear sistemas especiales de carrera de contenido particular,
que a su vez hagan parte del sistema de carrera administrativa general”. (Subrayado no original).”
18Sentencia C-563 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido puede consultarse las

Sentencias C-567 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-1262 de 2005. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. En esta última decisión la Corte declaró inexequibles varios apartes de los artículos
21, 26, 27 y 36 del Decreto Ley 765 de 2005, por establecer reglas de ascenso al interior de la
DIAN que implicaban una modalidad de “concurso cerrado”, en contravía de los artículos 13 y 125
de la Constitución.
19Sentencias C-517 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-963 de 2003. M.P. Jaime

Araujo Rentería, C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-753 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería, C-471 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa y C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.

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del legislador para adoptar, dentro de los límites de la Constitución, regímenes
específicos de carrera administrativa20. Dichos sistemas específicos, como se verá
son administrados y vigilados por la CNSC.

5.2. La administración y vigilancia de los sistemas específicos de carrera –o
de origen legal–, es competencia de la CNSC

25. Para asegurar la implementación y velar por el adecuado funcionamiento de
los sistemas de carrera, el Constituyente de 1991 (art. 130) creó la CNSC, como
autoridad independiente encargada de su administración y vigilancia, salvo del de
las carreras especiales previstas en la propia Constitución. Sobre el particular, el
artículo 130 de la Carta Política dispone:

«Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que
tengan carácter especial».

26. Por su parte, la Ley 909 de 2004 regula la carrera administrativa como un
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de
la administración pública. A su vez, introduce el principio del mérito como garante
de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso
en el servicio público

27. El artículo 4 ejusdem prevé la existencia de sistemas específicos de
carrera, entendidos como «aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de
las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones
específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de
ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran
consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública».

28. Ahora, en lo que tiene que ver con la determinación del alcance de las
facultades de «administración y vigilancia» de la CNSC sobre los sistemas
específicos de carrera administrativa, en la sentencia C-1230 de 200521 la Corte

20 Así por ejemplo, en la Sentencia C-507 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte señaló

que: Sobre esto último, la jurisprudencia ha explicado que “el establecimiento de regímenes de
carreras especiales debe obedecer a criterios objetivos, razonables y racionales, en el sentido de
que las particulares condiciones fácticas o materiales que los justifiquen deben ser proporcionales
a las finalidades especiales de interés público social que se pretendan satisfacer, de modo tal que,
con el fin de preservar el derecho a la igualdad, no se otorguen tratos diferenciados para ciertos
sectores de empleados que no se encuentran plenamente justificados”. En el mismo sentido se
puede consultar las Sentencias C-563 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz, C-567 de 2002. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra y C-1262 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta última
decisión la Corte declaró inexequibles varios apartes de los artículos 21, 26, 27 y 36 del Decreto
Ley 765 de 2005, que establecían reglas de ascenso al interior de la DIAN a través de la modalidad
de “concurso cerrado”, lo que contraría el requisito de concurso público y de igualdad de
oportunidades de acceso previstas en los artículos 13 y 125 de la Constitución.
21 En esta sentencia, la Corte estudió una demanda contra el numeral 3º del artículo 4º de la Ley

909 que asignaba la “vigilancia” de los sistemas específicos de origen legal a la CNSC, pero no
hizo la “administración”. El demandante argumentó que esa exclusión vulneraba el artículo 130 de
la Constitución. La Corte concluyó que el Legislador había incurrido en una omisión legislativa

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unificó su posición sobre el tema, que desde entonces ha sido reiterada de
manera pacífica y uniforme22. En dicho pronunciamiento, ese tribunal estudió una
demanda contra el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, que en su numeral 3
establecía que la CNSC tenía la función de «vigilar» las carreras específicas. Al
analizar la constitucionalidad de la norma, la Corporación consideró que la CNSC
también tiene a su cargo la función de «administrar» los sistemas especiales de
creación legal. Dentro de las consideraciones del fallo, la Corte Constitucional
sostuvo que, una interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta
permitían concluir, que los «sistemas específicos de carrera» debían ser
administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter obligatorio, por la
CNCS, tal y como ocurre con el sistema general de carrera. Igualmente, explicó
que la exclusión de competencias que se hacía en el artículo 130 de la
Constitución era de alcance excepcional y de interpretación restrictiva, razón por la
cual, debía entenderse que sólo operaba para los sistemas especiales de carrera
de origen estrictamente constitucional. En este sentido precisó que no se podía
admitir una tesis contraria, según la cual el legislador podía asignarles a órganos
distintos de la CNSC la función de administración y/o vigilancia de las carreras
especiales de origen legal, porque se terminaría por desplazar la competencia de
esta entidad, y se vería reducida a la mínima expresión (la carrera general u
ordinaria), al convertir la regla general en la excepción.23 Al respecto, la Corte
manifestó:

«Si el artículo 130 Superior dispone que la Comisión Nacional del Servicio Civil es
la entidad ‘responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial’, está
definiendo dos aspectos puntuales sobre su ámbito de competencia. El primero,

relativa contraria al artículo 130 superior, al haber reducido la competencia de la CNSC a la
“vigilancia” de las carreras específicas, dejando de lado la función de “administración” de las
mismas, cuyas funciones no podían ser compartidas por otros órganos, ni escindidas a instancias
del Legislador. Por lo anterior, se declaró la exequibilidad condicionada de la norma, bajo el
entendido que incluía la función de administración en cabeza de la CNSC
22 Sentencias C-175 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-895 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas

Hernández, C-319 de 2007. M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-753 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería, C-471 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, C-673 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-534 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa y C-092 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras. Así por
ejemplo, en la Sentencia C-753 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería la Corte analizó varias
normas del Decreto Ley 91 de 2007, de acuerdo con las cuales la administración, coordinación,
orientación y adecuado funcionamiento del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa
(empleados públicos civiles y no uniformados) estaría a cargo de diferentes órganos, entre ellos la
Comisión Administradora del Sistema Especial del Ministerio de Defensa. La Corte siguió las reglas
fijadas en la Sentencia C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil y reiteró que los sistemas
específicos de carrera de origen legal deben ser “administrados” y “vigilados” por la CNSC. En el
mismo sentido, en Sentencia C-471 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte declaró la
inexequibilidad y la constitucionalidad condicionada de varias normas del Decreto Ley 775 de
2005, “por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las
Superintendencias de la Administración Pública Nacional”. En la decisión, la Corte señaló que aun
cuando la “administración” y la “vigilancia” de la carrera eran conceptos jurídicos indeterminados,
no podía dejarse de poner en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil funciones que
habían sido asignadas por la Constitución.
23 En el pronunciamiento (C-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte explicó que: “las

funciones a ella asignada para administrar y vigilar las carreras se constituye en un imperativo
constitucional de carácter indivisible, en el sentido que tales atribuciones no pueden compartirse
con otros órganos ni ser separadas o disgregadas a instancia del legislador.”

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que la referida competencia es sobre ‘las carreras de los servidores públicos’; es
decir, que tiene alcance general y que, por tanto, no se puede agotar en un sólo
sistema de carrera, la carrera ordinaria o común, sino que se proyecta también
sobre otros que, de acuerdo con la exclusión de competencia prevista en la misma
preceptiva, no pueden ser sino los sistemas especiales de origen legal. El segundo,
que las funciones a ella asignada para administrar y vigilar las carreras se
constituye en un imperativo constitucional de carácter indivisible, en el sentido que
tales atribuciones no pueden compartirse con otros órganos ni ser separadas o
disgregadas a instancia del legislador»24

29. La Corte también señaló, que la anterior interpretación que otorga a la
CNSC la administración y vigilancia de las carreras de origen legal, es
consecuente con la intención del Constituyente de garantizar la igualdad, la
neutralidad y la imparcialidad en el manejo y control de los sistemas de carrera
administrativa, al asignarle tales funciones a un órgano autónomo e independiente,
que aislara y separara su organización, desarrollo y control de factores subjetivos,
como el clientelismo, el favoritismo o el nepotismo, que afectan sustancialmente el
adecuado ejercicio de la actividad estatal. Lo anterior, debido al interés que algún
empleador, en particular en la rama ejecutiva, pudiera tener en el proceso mismo
de selección, promoción y remoción de los servidores públicos. Adicionalmente, la
Corporación aclaró que en la creación de regímenes especiales, el legislador tenía
la obligación de seguir los postulados del sistema general de carrera, de justificar
de manera razonable y proporcional la exclusión de ciertas entidades del régimen
común, y la necesidad de aplicar una regulación especial. Precisando además que
a pesar del amplio margen de configuración política en el tema, el legislador no
podía definir la competencia sobre las funciones de administración y vigilancia de
las carreras, por ser un asunto del que se había ocupado directamente la
Constitución.

30. En síntesis, el legislador puede determinar las carreras especiales de origen
legal, y las responsabilidades de administración y vigilancia de dichas carreras
específicas corresponden a la CNSC.

5.3. El sistema específico de carrera penitenciaria del INPEC

31. En consideración a la singularidad y especificidad de las funciones que
desarrolla el personal del INPEC, que difieren en cierto grado de las tareas que
normalmente cumplen los servidores públicos en la generalidad de las entidades
del Estado25, el legislador dispuso un régimen de personal especial para el INPEC,
a través del Decreto Ley 407 de 199426, proferido por el gobierno nacional en
virtud de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 172 de la Ley 65
de 199327, en el que se señala que los empleos de la planta de personal del
INPEC son, por regla general, de carrera (art. 10 del Decreto Ley 407 de 1994), y
su provisión se realiza mediante nombramiento en periodo de prueba o por

24 SentenciaC-1230 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Sentencia C-285 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”
27 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario

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ascenso, previo concurso o curso. La excepción son los cargos de libre
nombramiento y remoción, cuya provisión se realiza a través de nombramiento
ordinario (art. 12 ibídem).

32. Adicionalmente, señala que, como sistema técnico de administración de
personal, la carrera penitenciaria tiene por objeto garantizar la eficiencia en la
prestación del servicio, la igualdad en el acceso al empleo y la estabilidad tras su
ingreso, en aplicación del principio del mérito (artículo 77 del Decreto Ley 407 de
1994). Igualmente, se determina que en el régimen de carrera específico del
INPEC existen dos categorías de personal: i) el administrativo, cuya selección se
adelanta mediante concurso; y, ii) el del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria y carcelaria nacional, que ingresa «a través de curso previa
selección» por concurso (artículos 78 y 80 del Decreto Ley 407 de 1994).

33. El mencionado decreto precisa, que el personal administrativo tiene como
función el cumplimiento de las actividades de gestión para el logro de la misión,
objetivos y funcionamiento de la entidad. La norma también especifica que el
cuerpo de custodia y vigilancia tiene a su cargo dos funciones
básicas: (i) mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los
programas de resocialización en los centros de reclusión; y, (ii) proteger los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, conforme con las
disposiciones internas y los convenios y tratados vinculantes para el Estado (art.
113 del Decreto Ley 407 de 1994). Debido a sus funciones especiales, se trata de
un cuerpo armado, aunque su carácter es civil y está sometido a un régimen de
disciplina también especial (art. 117 ibídem), con la posibilidad de hacer uso de los
medios coercitivos autorizados, de manera razonable y proporcional con la
situación a conjurar (art.114 ibídem).

34. Por otro lado, al entrar en vigencia la Ley 909 de 2004, que regula «el
empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y establece otras
disposiciones», se incluyó dentro de los sistemas específicos de carrera
administrativa, al que rige al personal que presta sus servicios en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC (art. 4 de la Ley 909 de 2004). Por tal
razón, en la actualidad todos los aspectos relativos al ingreso, capacitación,
permanencia, ascenso y retiro de personal se rigen de manera conjunta por esta
Ley y por el Decreto Ley 407 de 199428, en lo que sea pertinente.

35. Por su parte, la Corte Constitucional29 mencionó las características que
justificaban dicho tratamiento:

1) Los sistemas específicos de carrera no abandonan, sino que reafirman el
principio del mérito para acceder al empleo público, pero sin desconocer las
condiciones especiales que justifican la excepción a la aplicación integral de
las normas generales y demandan «la configuración de escenarios normativos

28 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”
29 Sentencias C-507 de 1995, C-534 de 2016, C-645 de 2017 y C-097 de 2019, entre otras

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particulares con flexibilidad»30. 15 De esta manera, se logra que las entidades con
sistemas específicos de carrera cuenten con personal calificado y presten
eficientemente el servicio encomendado.

2) La especial naturaleza del servicio penitenciario y carcelario se funda en su
función de mantener y garantizar el orden, la disciplina, la custodia y la
vigilancia de los internos en las prisiones, a través de políticas preventivas,
educativas y resocializadoras.

3) El objeto misional del INPEC se enfoca en la población privada de la libertad,
que demanda del Estado la protección de sus derechos fundamentales y las
herramientas necesarias para su resocialización y reincorporación a la
sociedad, por ende, quienes conforman el cuerpo de seguridad deben ser
consecuentes con la humanización de las condiciones carcelarias y el trato
digno a los reclusos.

4) El personal adscrito al ramo penitenciario y carcelario cumple funciones de
carácter especial, singular y específico que «difieren en cierto grado de las tareas
que normalmente cumplen los servidores públicos en la generalidad de las entidades
del Estado»31, por lo que ameritan un régimen propio de «deberes, prohibiciones,
incompatibilidades e inhabilidades y de control de su actividad laboral, tanto en el
interior como en el exterior de los establecimientos carcelarios, y de situaciones
administrativas, causales de ingreso y de retiro del servicio, régimen disciplinario, etc».

5) El Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso que a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo establecido en el Decreto 2090 de 2003, previsión que
responde a la necesidad de proteger de forma especial a las personas que por
su profesión u ocupación están sujetos al ejercicio de actividades de alto
riesgo.

5.4. Estudio del Acuerdo 502 de 2013, desde el punto de vista de las normas
en las que se sustenta

36. La Sala encuentra que el Acuerdo por el cual se convoca al proceso de
selección para proveer por concurso-curso abierto de méritos el empleo de
dragoneante del INPEC, código 4114, grado 11, prevé en su artículo 7 que el
concurso-curso se regirá de manera especial por (i) la Ley 909 de 2004, (ii) el
Decreto Ley 407 de 1994, (iii) el manual de convivencia del INPEC, (iv) la
Resolución 003168 del 21 de octubre de 2013 -profesiograma, perfil profesiográfico e
inhabilidades médicas, para el empleo de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC-; (vi) la Resolución 003467 del 29 de octubre de 2013 -Manual
de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
INPEC en lo relacionado con los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia-.

30 Sentencia C-534 de 2016.
31 Sentencia C-645 de 2017.

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37. Por ese motivo, se considera necesario revisar en primer término el Decreto
Ley 407 de 1994 que por un lado señala en su artículo 77 que «el ingreso,
permanencia y ascenso en los empleos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que en ellos la filiación política
o consideraciones de otra índole puedan tener influencia alguna».

38. De otro lado, en su artículo 119 define los requisitos generales para
ingresar al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
así:

«Artículo 119. Requisitos. Para ingresar al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, se requiere acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.

2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su
nombramiento. (Numeral declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-811/14)

3. Ser soltero y permanecer como tal durante el curso.

4. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y acreditar resultado de
los exámenes del Icfes.

5. Tener definida su situación militar.

6. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y familiares.

7. No tener antecedentes penales ni de policía.

8. Obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja Nacional
de Previsión Social o su equivalente.

9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional.

10. Ser propuesto por el Director de la Escuela Penitenciaria Nacional con base en los
resultados de la selección al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC.»

39. En consonancia, en su artículo 122 señala que para el nombramiento en el
empleo de dragoneante se debe aprobar el curso en la Escuela Penitenciaria
Nacional y obtener el certificado de aptitud médica y psicofísica.

40. De ese modo, es claro que la valoración médica no es una prueba dentro
de la Convocatoria, sino que constituye un requisito para ingresar al curso de
formación o complementación en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, en
concordancia con lo establecido en el artículo 119.8 ejusdem, en el que se analiza
la aptitud médica y psicofísica, entendida esta de manera general como la
capacidad mental y física que posee un ser humano para desempeñar una
actividad u oficio.

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41. Seguidamente, al consultar la Ley 909 de 2004 por la cual se rige la
convocatoria demandada, se observa que en su artículo 28 establece que el
ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se guiarán,
entre otros, por los principios constitucionales de igualdad, mérito, eficacia,
imparcialidad, y transparencia. Mientras que, en su artículo 31, define las etapas
del proceso de selección y en el 32 determina el proceso para resolver las
reclamaciones que surjan al interior de este, así:

«1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes.
2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del
concurso.
3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la
capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se
convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las
calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o
cuadro funcional de empleos.
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales
deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.
Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter
reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión
Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación.
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de
mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en
estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso
y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.
5. Período de prueba. (…)» (Subraya propia)

«Artículo 32. Reclamaciones. Las reclamaciones que presenten los interesados y las
demás actuaciones administrativas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de las
Unidades y de las Comisiones de Personal y de las autoridades que deban acatar las
disposiciones de estos organismos se sujetarán al procedimiento especial que
legalmente se adopte.» (Subraya por fuera del texto)

42. La Convocatoria es la norma reguladora del concurso y por lo tanto su
contenido es vinculante para la CNSC, la entidad beneficiaria del concurso, las
entidades contratadas para adelantar el proceso de selección y sus pruebas, y por
supuesto para los concursantes. En lo referente a la etapa de pruebas, se observa
que según lo estipuló el legislador, estas se encuentran diseñadas para medir la
idoneidad del concursante para desempeñar el empleo al que aspira, así como
para clasificarlo frente a los demás candidatos en virtud de sus calidades; motivo
por el cual, los instrumentos de evaluación son de carácter técnico y responden a
los principios de objetividad e imparcialidad. En cuanto al proceso de reclamación
que deben adelantar los aspirantes cuando estén en desacuerdo con los
resultados obtenidos en las pruebas, según el artículo 32 de la Ley 909 de 2004,
se trata de un procedimiento de naturaleza especial que será adoptado por la
CNSC.

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43. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado la importancia del
acuerdo de convocatoria, así como su carácter obligatorio para todos los
involucrados en un proceso de selección. Sobre este tema, en la sentencia de
tutela T-682 de 2016 indicó:

«La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el concurso,
en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos
consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a
los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por
factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta
forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los
cargos de carrera administrativa.»32

44. En lo relacionado con las reclamaciones presentadas contra los conceptos
médicos que declaren «no aptos» a los concursantes, decisión que en caso de ser
confirmada puede significar su exclusión del proceso de selección, la Corte
Constitucional ha precisado que esa circunstancia por sí sola no es vulneratoria
del debido proceso ni del derecho a la igualdad, siempre que los concursantes la
conocieran previamente. Así, en sentencia de tutela T-551 de 2017,33 dijo la Corte:

«De acuerdo con la jurisprudencia señalada, una entidad no vulnera derechos
fundamentales cuando elimina de un concurso a un aspirante por no cumplir con los
requisitos exigidos para ello, siempre que (i) los candidatos hayan sido previamente y
debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía; (ii) el proceso de selección se
haya adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) la decisión correspondiente se haya
tomado con fundamento en consideraciones objetivas del cumplimiento de las reglas
aplicables.

Pues bien, revisado el acervo probatorio encuentra la Sala que, en primer lugar, las
Convocatorias No. 335 y 336 de 2016 de la CNSC y el INPEC, establecieron que uno
de los requisitos para ingresar a la escuela penitenciaria es tener aptitud médica,
psicológica y física. Las pruebas para determinar si los aspirantes cumplen con esas
aptitudes, están señaladas en los Acuerdos 563 y 564 de 2016, las cuales fueron
publicadas en la página web de la CNSC y conocida en tiempo por todos y cada uno
de los aspirantes al concurso y que, los mencionados reglamentos no previeron la
práctica de una nueva valoración médica.

Así las cosas, los aspirantes fueron calificados de acuerdo con el cumplimiento de las
aptitudes exigidas y de conformidad con las pruebas realizadas por Fundemos IPS y
Pasteur Laboratorios Clínicos de Colombia S.A., instituciones contratadas para tal
fin. Por lo tanto, dado que el concurso se desarrolló conforme a lo previsto en las
disposiciones que lo rigen, conocidas de forma previa por todos los aspirantes, la Sala
no encuentra razones para dudar que el proceso de selección se realizó en igualdad de
condiciones.»

45. Significa lo anterior, que la CNSC puede establecer en el acuerdo de
convocatoria que la calificación de los exámenes médicos después de las
reclamaciones será definitiva, es decir que no admitirá recursos, y por lo tanto, si
el aspirante resulta «no apto» será excluido del concurso. Ello, siempre y cuando

32 Sentencia T-682-16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
33 Cristina Pardo Schlesinger

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en el trámite de reclamación se permita al postulante conocer con anticipación las
reglas de la convocatoria.

5.5. Estudio del Acuerdo 502 de 2013, en lo que tiene que ver con la
realización de exámenes médicos a los concursantes

46. Establecido el marco normativo y jurisprudencial aplicable al acuerdo
censurado, procede la Sala en segundo término a analizar el contenido de la
Convocatoria 315 de 2013 del INPEC, en aquellos aspectos o ítems relacionados
con la realización de los exámenes médicos.

47. Al estudiar las disposiciones del Acuerdo 502 de 2013, observa la Sala que
el artículo 5 al establecer la estructura del proceso de selección, no incluye los
exámenes médicos como «pruebas», sino como un «trámite» para ingresar al curso
de formación. En efecto, la norma estructura el proceso de selección así:

«Artículo 5. Estructura del proceso: El proceso de selección tendrá la siguiente
estructura:
1. Convocatoria y Divulgación
2. Inscripciones
3. Verificación de requisitos mínimos del participante
4. FASE I. Concurso
4.1. Pruebas
4.1.1. Prueba de Aptitud
4.1.2. Prueba de Personalidad
4.1.3. Prueba Análisis de Antecedentes
4.2. Tramite de Examen médico, para ingreso al Curso
5. FASE Il: Curso:
5.1. Curso de Formación teórico y práctico para mujeres N° 129
5.2. Curso de Complementación teórico y práctico para varones No. 017
6. Conformación Lista de Elegibles
7. Periodo de Prueba».

48. A su turno, los numerales 9 y 10 del artículo 10 del acuerdo censurado
establecen como causales de exclusión del concurso, el «no presentarse al examen
médico» y el «ser calificado NO APTO en la valoración médica realizada». Este artículo
señala que las causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier
momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia.

49. En seguida, el artículo 15 señala las consideraciones previas al proceso de
inscripción que deberán tener en cuenta los aspirantes, entre las que se destacan:

«Artículo 15. Consideraciones previas al proceso de inscripción: El aspirante en la
Convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Las condiciones y reglas de la presente Convocatoria, son las establecidas en este
Acuerdo,
b) Para el presente proceso de selección no aplica ningún tipo de Equivalencia, en
relación con el Empleo convocado.
c) El aspirante debe asegurarse que cumple con las condiciones y requisitos exigidos
para el empleo de Dragoneante del INPEC, definidos en la convocatoria y en las
normas que rigen el proceso de selección.

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Los aspirantes NO DEBEN inscribirse si no cumplen con los requisitos mencionados en
la presente Convocatoria o se encuentran incursos en alguna de las inhabilidades
consagradas en el capítulo Ill, del presente Acuerdo, so pena de ser excluido del
proceso de selección y sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
(…)
h) El aspirante deberá demostrar que no tiene ningún tipo de afección médica,
psicológica y fisica o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido
desempeño del cargo, mediante la presentación de examen médico para el ingreso al
CURSO, cuyo costo deberá ser asumido por cada aspirante. (Decreto Ley 407 de
1994, regulado en la Resolución No. 003168 del 21 de Octubre de 2013 del INPEC) y
la aplicación de la prueba psicológica.
El inscribirse en la Convocatoria, no significa que haya superado la etapa de selección,
ni que haya sido admitido al curso de formación o complementación. Los resultados
obtenidos por el aspirante en la Convocatoria, y en cada fase de la misma, serán el
único medio para determinar el mérito en el proceso de selección y sus consecuentes
efectos, en atención a lo regulado en este Acuerdo.
Con la inscripción en este proceso de selección, se entiende que el aspirante acepta
todas las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en los respectivos
reglamentos relacionados con el proceso de selección.
(…)
n) El aspirante debe cumplir en todas las fases de la Convocatoria (Concurso y
Curso).»

50. Entonces, entre otros aspectos, es claro que el acuerdo demandado
determina que (i) las condiciones y reglas de la convocatoria son las establecidas
en el acuerdo, (ii) el aspirante deberá demostrar que no tiene ningún tipo de
afección médica, psicológica, física o mental que comprometa su capacidad, a
través el examen médico y psicológico para el ingreso al curso que realice la
entidad contratada por la CNSC, y (iii) con la inscripción en el concurso el
aspirante acepta todas las condiciones contenidas en el acuerdo de convocatoria y
sus reglamentos.

51. A su turno, los artículos 38 y 41 del acuerdo demandado señalan la
importancia y los efectos del resultado médico practicado al aspirante, así como la
forma de impugnarlo, como se observa de la transcripción en el fundamento 4.

52. Estas disposiciones evidencian de un lado, que como viene anunciado
desde el artículo 5 de la convocatoria, los exámenes médicos no son una prueba
sino un requisito para ingresar al curso de formación o complementación en la
Escuela de Formación del INPEC. Del otro, que cuando el resultado del examen
médico realizado por la institución especializada contratada por la CNSC para ese
fin dictamine que el candidato es «no apto», el evaluado podrá presentar una
reclamación impugnando ese diagnóstico. Así mismo, es claro que la decisión final
está en cabeza de esas entidades y que, contra esta, no procederá recurso
alguno, por lo cual después de reclamaciones, el resultado será definitivo.

5.6. Pronunciamiento de la Sala respecto de los problemas jurídicos

5.6.1 Pronunciamiento respecto del primer problema jurídico

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53. Los demandantes afirmaron que los artículos 38 -incisos 7, 8 y 9-, 41 y 42 -
incisos 3 y 6-, de la convocatoria desconocen el debido proceso de los
concursantes al establecer (i) que los aspirantes podían ser excluidos del proceso
de selección, si no lograban superar un examen médico, (ii) que ese examen
médico sólo podía ser practicado o realizado, por la entidad especializada en
salud contratada por la CNSC para tal fin, y (iii) que no se permitía a los
concursantes recurrir o impugnar el resultado del mencionado examen médico con
base en pruebas médicas o científicas emitidas por otra entidad o establecimiento
de salud.

54. Lo primero es señalar que la Ley 1437 de 2011 establece que las reglas
generales de ese código, relativas al procedimiento administrativo, se aplicarán
cuando no existan procedimientos especiales. La norma literalmente dicta:

«Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se
establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados
por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones
de esta Parte Primera del Código.»

55. En concordancia, la Ley 1437 de 2011 enlista en el artículo 74 los recursos
que proceden contra los actos administrativos definitivos, así:

«Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación».

56. De los artículos en cita se colige que, por regla general, contra los actos
administrativos definitivos proceden los recursos de reposición, apelación y queja,
según sea el caso, salvo que exista una regulación especial.

57. En ese orden, al revisar el contenido del acuerdo de convocatoria
censurado se encuentra que de conformidad con el artículo 7, esta se regirá por lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. En este sentido y
con ocasión que el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 revistió de facultades
extraordinarias al presidente de la república para expedir normas con fuerza de ley

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se expidió el Decreto 760 de 2005 «por el cual se establece el procedimiento que debe
surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus
funciones», que en su artículo 13 contiene una norma especial para los concursos
adelantados por la CNSC en el sentido de indicar que contra la decisión sobre las
reclamaciones de los participantes por los resultados obtenidos en las pruebas
aplicadas en los procesos de selección, no procede ningún recurso. El tenor literal
de la disposición anterior dispone:

«Artículo 13. Las reclamaciones de los participantes por sus resultados obtenidos en
las pruebas aplicadas en los procesos de selección se formularán ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil o ante la entidad delegada, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su publicación y deberán ser decididas antes de aplicar la siguiente
prueba o de continuar con el proceso de selección, para lo cual podrá suspender el
proceso.
La decisión que resuelve la petición se comunicará a través de los medios utilizados
para la publicación de los resultados de las pruebas y contra ella no procede ningún
recurso».

58. Ahora bien, y como ya se mencionó, aunque el examen médico no es una
prueba, sí es un trámite previo para continuar con el curso de formación o
complementación en la escuela del INPEC y por tanto era razonable que las
respuestas otorgadas a las reclamaciones presentadas frente a dichas
evaluaciones siguieran las reglas generales previstas para las demás pruebas.
Aunado a ello, esta corporación ha indicado que la reclamación que se formula
contra el resultado del examen médico cumple la finalidad del recurso de
reposición en sede administrativa, en este sentido el artículo 41 del acuerdo
acusado es consecuente con las disposiciones que rigen el proceso de selección.

59. En efecto, el artículo 41 establece que las reclamaciones se deben
presentar ante la CNSC o ante la entidad delegada dentro de los dos días
siguientes a la publicación del resultado, asímismo, señala que la decisión que
resuelva la reclamación será definitiva, pues contra ella no proceden recursos y
que se publicará y comunicará a través de la página web de la CNSC. Significa lo
anterior, que la convocatoria prevé un procedimiento especial para la presentación
y resolución de los recursos que interpongan los participantes del proceso de
selección, contra el concepto médico que los declara «no apto» para el desempeño
del cargo.

60. Como consecuencia de lo expuesto, es claro para la Sala que el hecho de
que contra el resultado definitivo respecto de la aptitud médica y psicofísica del
aspirante, emitido por la entidad especializada contratada por la CNSC, no
procedan recursos, no implica una violación del debido proceso administrativo de
los concursantes. En primer lugar, por cuanto se trata de un procedimiento que se
rige por normas especiales, en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.
En segundo lugar, porque es claro que el trámite de reclamación previsto en el
artículo 41 del acuerdo, se asimila al recurso de reposición, pues será decidido por
la misma autoridad que emitió la decisión inicial, teniendo en cuenta los

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argumentos de inconformidad que eleve el afectado. Y por último, porque los
participantes aceptaron las condiciones y reglas establecidas en el acuerdo de
convocatoria, conforme lo señala el artículo 15 literal b) del mismo y como se
explicó en precedencia, por disposición constitucional la CNSC es la encargada de
la administración y vigilancia del sistema específico de carrera del INPEC. Es por
ello, que como entidad responsable del concurso – curso abierto de méritos para
proveer el empleo de dragoneante del INPEC, era la llamada a determinar las
reglas de juego del proceso de selección.

61. Definido lo anterior, la Sala se pronunciará respecto del segundo argumento
expuesto por la parte accionante, esto es, el presunto desconocimiento del debido
proceso y del derecho a la contradicción de los aspirantes, porque según su dicho,
al interponer reclamaciones contra los resultados de los exámenes médicos no se
les permite aportar conceptos médicos particulares.

62. De la lectura del Acuerdo 502 de 2013 no se evidencia que este prohíba a
los concursantes soportar sus reclamaciones contra los exámenes médicos en
conceptos médicos o técnicos obtenidos de forma particular, que hayan sido
emanados de entidades especializadas diferentes de la institución delegada por la
CNSC para adelantar los exámenes médicos en el marco del concurso de méritos.

63. Si bien es cierto que según el artículo 41 de la convocatoria indica que la
decisión definitiva la toma la CNSC a partir del concepto médico que emita la
entidad especializada contratada para tal fin, ello no significa que no se le permita
al aspirante adjuntar a su reclamación conceptos médicos antagónicos, obtenidos
por la vía particular.

64. Al respecto, se resalta que la Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar, al estudiar en sede de tutela situaciones parecidas, que si bien la decisión
final está en cabeza de la CNSC, esta entidad debe resolver la solicitud, teniendo
en cuenta las pruebas allegadas por el concursante o, en su defecto, autorizar la
práctica de un nuevo examen que permitiera corroborar el diagnóstico médico
emitido en el concurso. En sentencia de tutela T-551 de 2017 dijo la Corte:

«Se reitera, la entidad debió resolver el requerimiento del accionante, teniendo en
cuenta las pruebas allegadas por este, y con base en aquellas, autorizar la práctica de
un nuevo examen que permitiera corroborar o corregir el diagnóstico médico, lo cual no
ocurrió, pues simplemente se le informó que el examen controvertido había sido
efectuado por profesionales idóneos contratados para la realización de las pruebas, sin
que dicha respuesta se hubiera fundamentado en la constatación relativa a si el
examen inicialmente llevado a cabo contenía un resultado correcto teniendo en cuenta
que un examen posterior ofrecía otra respuesta.

Advierte la Sala que si sobre la exigencia de un requisito recae una duda, el interesado
y la entidad tienen el derecho y el deber de buscar una opción alterna, para constatar si
se trató de un error y si efectivamente hubo o no una irregularidad. En ese contexto, la
entidad no puede desechar el dictamen o la prueba que demuestra que existe un
resultado contrario al inicialmente establecido, con base en un examen practicado con

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muy pocos días de diferencia. La accionada debió atender adecuadamente la
reclamación mediante el procedimiento más viable y no basarse solo en la prueba
inicial para señalar como “No Apto” al aspirante, no obstante haberse advertido la
posible inexactitud de las pruebas practicadas.»

65. Es decir, que no es contrario a los postulados constitucionales señalados
por la parte demandante, que la CNSC tenga la última palabra sobre los
resultados de los exámenes médicos realizados a los aspirantes, siempre y
cuando al momento de estudiar la reclamación de los resultados, la Comisión
tenga en cuenta los conceptos médicos o técnicos aportados por el reclamante,
para emitir su decisión final. En este sentido, el hecho de que la decisión final
frente a la aptitud o no del aspirante la toma la entidad contratada para certificar tal
condición, ello no implica un límite a las posibilidades de defensa de los aspirantes
declarados no aptos y por ende, que en cada caso concreto se deba analizar los
argumentos de defensa y conceptos médicos o técnicos aportados para
determinar si existen elementos de juicio que permitan evidenciar una posible
irregularidad en los exámenes médicos practicados por la institución autorizada
dentro del proceso de selección, del mismo modo se ha pronunciado antes la
Sección Segunda de esta Corporación34.

66. En este punto, se precisa que los artículos 38 y 41 del Acuerdo demandado,
al establecer que en el marco de la Convocatoria 315 de 2013 del INPEC sea la
CNSC la que tome la decisión final sobre la exclusión de los concursantes en
virtud del concepto médico de «apto» o «no apto» que profiera la entidad contratada
para el efecto; permite garantizar que la valoración médica y psicofísica sea
efectuada en igualdad de condiciones.

67. Es claro entonces, que está permitido constitucionalmente que la CNSC
tenga la última palabra respecto de la calificación definitiva de los exámenes
médicos con base en los resultados que emita la entidad contratada para
realizarlos, siempre y cuando se ciña a los parámetros señalados por la Corte
Constitucional. Además, también considera la Sala que la circunstancia descrita
permite concretar varios de los principios rectores de los procesos de selección,
como lo son los de igualdad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad y
transparencia. Por lo tanto, este primer reparo no prospera.

5.6.2 Pronunciamiento respecto del segundo problema jurídico

68. Recuerda la Sala que, según lo manifiestan los demandantes, el Acuerdo
502 de 2013 desconoce el principio constitucional del mérito, porque se excluye
del proceso de selección a los aspirantes que obtengan concepto médico de «no
apto», sin tener en cuenta que superaron las pruebas de aptitud, personalidad y
análisis de antecedentes.

34 Sentencia del 11 de agosto de 2022, Rad. 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018), C.P.

Rafael Francisco Suarez Vargas

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69. Al respecto, se debe resaltar que en el ordenamiento jurídico colombiano el
principio del mérito tiene expresa disposición constitucional en el artículo 125 de la
Constitución, en los siguientes términos:

«Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes. (…).»

70. Artículo que es desarrollado por la Ley 909 de 2004, que en su artículo 28,
al definir los «principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de
carrera administrativa», se refirió al mérito en los siguientes términos:

«Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos
públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para
el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará
de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el
ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración
permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias
requeridas para el desempeño de los empleos; (…)»

71. Así las cosas, el principio del mérito ha sido entendido por la jurisprudencia
de esta Corporación, como «una de las formas en las que se proyecta la satisfacción
de las necesidades del servicio y de los intereses de la comunidad», a través del cual se
«concreta los principios de la función administrativa de transparencia, moralidad,
imparcialidad e igualdad toda vez que permite asegurar que la función pública sea
desarrollada por las personas más capacitadas para ejercer el empleo de acuerdo a su
perfil y a su contenido funcional»35.

72. En ese orden de ideas, al confrontar ese postulado constitucional al caso
concreto, la Sala recuerda en primer término, que el INPEC tiene un sistema
específico de carrera, que se encuentra regulado en el Decreto 407 de 1994 que
en su artículo 11 indica que para ingresar al empleo público en el INPEC, se
deberá «comprobar que se poseen las calidades exigidas para su desempeño y la
capacidad física para el mismo», acorde también con la Resolución 003168 del 21 de
octubre de 2013 «[p]or medio del cual se modifica el profesiograma, perfil profesiografico
e inhabilidades médicas, para el empleo de Dragoneante, del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del IMPEC, y de adopta la versión dos (2) del mismo». Por lo tanto, es claro
que la capacidad física de los aspirantes a dragoneante, cargo que se oferta en la
Convocatoria 315 de 2013, es indispensable.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. William Hernández Gómez; auto

de medida cautelar de 10 de julio de 2019. Rad. 11001-03-25-000-2018-00890-00(3125-18)

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73. Sobre la exigencia de requisitos físicos o médicos para el acceso a cargos
públicos, la Corte Constitucional ha determinado que es permitida siempre que
sea razonada y proporcional. Así mismo, ha indicado que la exclusión del
concurso de méritos por no cumplir con dichas exigencias, por sí misma no se
opone a normas constitucionales y legales. En efecto, según la jurisprudencia
constitucional, la exclusión de aspirantes por no cumplir requerimientos físicos o
médicos es admisible si (i) conocían con anterioridad los requisitos que debían
acreditar, so pena de no poder continuar en el concurso; (ii) estos se exigieran
indistintamente a todos los concursantes y (iii) la decisión de exclusión se haya
tomado en cumplimiento de las reglas aplicables a la convocatoria. En sentencia
de tutela T-441 de 2017, el tribunal constitucional indicó:

«En relación con esta disposición, la Corte Constitucional ha sostenido que las
instituciones públicas o privadas pueden exigir requisitos físicos, que deben ser
cumplidos por los aspirantes para ingresar a cargos de carrera.[28] Así, excluir a un
aspirante que no cumple alguno de los requisitos que han sido exigidos por la
institución no vulnera, en principio, los derechos fundamentales de los aspirantes. Lo
anterior, siempre y cuando (i) los candidatos hayan sido previa y debidamente
advertidos acerca de lo que se les exigía, (ii) el proceso de selección se haya
adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) la decisión se haya tomado con base en
consideraciones objetivas sobre el cumplimiento de las reglas aplicables.[29]

Adicional al cumplimiento de los presupuestos mencionados, estas medidas deberán
ser necesarias e importantes para el desempeño de las funciones propias del cargo.
En este sentido la jurisprudencia constitucional ha concluido que para que un criterio
de selección resulte constitucional, debe reunir dos condiciones, a saber: (i) ser
razonable, es decir, que debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo y no puede
implicar diferenciaciones injustificadas entre los aspirantes; y (ii) ser proporcional a los
fines para los cuales se establece, esto es, que tenga relación con las labores a
desempeñar. [30]

En este contexto, en la Sentencia T- 463 de 1996, la Corte Constitucional indicó
que los cuerpos armados pueden exigir requisitos que deben ser satisfechos por los
aspirantes a los mismos, siempre y cuando estén conformes con las exigencias que se
derivan de las cargas de razonabilidad y proporcionalidad, como son:

“En realidad, la persona humana en su esencia es ofendida cuando, para el
desempeño de actividades respecto de las cuales es apta, se la excluye apelando a un
factor accidental que no incide en esa aptitud. Las entidades estatales y privadas, y por
supuesto los cuerpos armados pueden exigir requisitos para ingresar a un determinado
programa académico, a cierto tipo de formación especializada o a desempeñar
determinadas tareas. Pero los requisitos que se fijen deben ser razonables, no pueden
implicar discriminaciones injustificadas entre las personas, y han de ser proporcionales
a los fines para los cuales se establecen. De otro lado, no pueden ser establecidas
exigencias que lleven implícita o explícita una discriminación o preferencia injustificada.
Tampoco es aceptable el señalamiento de requisitos que no guardan proporción con la
clase de asunto respecto del cual se convoca a los aspirantes. La naturaleza de cada
actividad suministra por sí misma las exigencias correspondientes”»36

36 T-441 de 2017

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74. En cuanto a la decisión de exclusión de un concurso de méritos por motivos
de aptitud física, en la sentencia T-045 de 2011 la Corte dispuso que a la entidad
encargada del concurso le asiste el deber de demostrar que esa decisión está
justificada en la relación de necesidad que existe entre la aptitud física exigida y el
desarrollo de las funciones propias del cargo a proveer. Para tal efecto, en
términos de la Corte, se excluye la posibilidad de invocar razones hipotéticas, cuyo
soporte sean «hechos inciertos que pueden presentarse o no, y que no fueron
respaldados por la entidad mediante conceptos médicos o científicos».

75. Lo anterior debe analizarse teniendo en cuenta los artículos 11, 12 y 13 del
acuerdo, que establecen las generalidades y funciones del empleo ofertado -
Dragoneante-, así como las inhabilidades para desempeñarlo, de las cuales se
destacan los siguientes aspectos, atribuciones e inhabilidades:
«Artículo 11. Generalidades del empleo:

Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC
Denominación: (1) EMPLEO DRAGONEANTE DEL CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA PENITENCIARIA NACIONAL.
Código4114
Grado11
Categoría Dragoneante

No. de Vacantes: 350. distribuidos así:
100 = Curso de Formación para mujeres
250 = Curso de Complementación para varones
(…)
Propósito del Empleo: Realizar las disposiciones relacionadas con el orden, la
seguridad, disciplina, autoridad, convivencia, custodia y vigilancia de las personas
privadas de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así
como la vigilancia de las instalaciones en el desarrollo de los programas de
resocialización, tratamiento integral y protección de los derechos fundamentales,
cumpliendo las órdenes e instrucciones de los oficiales y suboficiales del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Artículo 12. Funciones del empleo: Son las previstas para el empleo de Dragoneante
del INPEC, en la Resolución No 003467 del 29 de Octubre de 2013 de esa entidad, asi:

1. Ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, con la obligación de cumplir las órdenes
relativas al servicio y a las funciones de los Directores Regionales del Instituto,
Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales y suboficiales del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria.

2. Cumplir con las actividades de seguridad, custodia y vigilancia en las garitas,
pabellones, puestos de acceso y control, áreas comunes, remisiones, patrullas,
detención y. prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, grupos especiales y demás
instalaciones penitenciarias, conforme a lo dispuesto en los reglamentos y
procedimientos.

3. Custodiar y vigilar a los internos al interior de los establecimientos de reclusión, en
los traslados, remisiones y en el trabajo al aire libre, garantizando la seguridad e
integridad e impidiendo la fuga o evasión de los internos, violencia o conversación con
extraños.
(…)

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5. Controlar a los internos y visitantes en el desarrollo de las diferentes actividades
administrativas, judiciales, sociales, de atención o tratamiento y de bienestar,
preservando la seguridad, el orden, la disciplina y la convivencia.
(…)
12. Realizar las tareas y actividades de seguridad, custodia, vigilancia y de tratamiento
penitenciario, protección de los derechos fundamentales de los internos, visitantes y
empleados, la vida, la integridad personal, la honra, los bienes, las creencias y las
libertades, dentro del marco de la normatividad vigente.

Artículo 13. Inhabilidades: Adicional a las dispuestas en la Constitución y en la Ley, a
los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, se les aplica
las contempladas en el artículo 20 del Decreto 407 de 1994, así:
(..)
c) Los sordos, los mudos, los ciegos y quienes padezcan cualquier afección física o
mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo,
no podrán prestar sus servicios en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciario y
Carcelaria Nacional. (…)» (Subraya la Sala)

76. Se observa, que tanto el propósito del empleo de «Dragoneante» del
INPEC como sus funciones, implican el desarrollo de tareas especiales de
seguridad y custodia, por lo cual es razonable la exigencia de un examen médico
que permita valorar su capacidad para el desempeño del cargo. Igualmente, que
conforme con el artículo 13 de la Convocatoria 315 de 2013, una de las
inhabilidades para desempeñar el empleo de dragoneante, es el tener afecciones
físicas o mentales que no le permitan prestar el servicio.

77. En este punto es importante precisar que el artículo 15 señala como
consideración previa al proceso de inscripción que el aspirante debe tener en
cuenta, entre otros aspectos, que (i) las condiciones y reglas de la convocatoria
son las establecidas en el acuerdo; (ii) demostrar que no tiene ningún tipo de
afección médica, psicológica, física o mental que comprometa su capacidad, a
través el examen médico y psicológico para el ingreso al curso que realice la
entidad contratada por la CNSC; y (iii) con la inscripción en el concurso el
aspirante acepta todas las condiciones contenidas en el acuerdo de convocatoria y
sus reglamentos.

78. En ese orden, de lo expuesto se observa que el concepto médico que
determina la capacidad médica, física y síquica, de los aspirantes no influye sobre
el puntaje que estos reciban en las pruebas de aptitud, personalidad y análisis de
antecedentes, cuya sumatoria junto con las calificaciones obtenidas en el curso los
van a ubicar en estricto orden de puntaje, dentro de la eventual lista de elegibles;
pero se trata de un requisito clasificatorio, para poder continuar en el proceso de
selección, que garantiza sus aptitudes facultativas para desempeñar cabalmente
el empleo de dragoneante.

79. Lo anterior evidencia que no se desconoce el mérito de los participantes, al
disponer su exclusión del concurso cuando no sean aptos, médicamente, para
desempeñar el empleo de dragoneante, pues, en últimas, siempre será nombrado
el candidato que haya cumplido todos los requisitos y obtenido los mejores

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puntajes. Más aun, considerando que la Corte Constitucional ha avalado la
exclusión de un concurso de méritos por motivos de aptitud física, cuando esa
decisión esté justificada en la relación de necesidad que existe entre la aptitud
física exigida y el desarrollo de las funciones propias del cargo a proveer, como
sucede en esta oportunidad y se logró evidenciar.

80. De ese modo, la Sala encuentra que la aplicación de exámenes médicos,
como factor a tener en cuenta para ingresar al curso de formación y permanecer
en el proceso de selección, no vulnera el principio del mérito, sino que, por el
contrario, es una medida que permite identificar o sortear o excluir a aquellos
participantes que por sus afecciones físicas o mentales, comprobadas por una
entidad certificada y aprobada por la CNSC, tengan comprometida la capacidad
necesaria para desempeñar el cargo de conformidad con las funciones propias del
cargo. En consecuencia, este segundo cargo propuesto por la parte demandante,
tampoco prospera.

6. Costas

81. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma
que prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el
artículo 188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.

83. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00791-00(3026-2018)
Demandante: Angie Tatiana Rosas Rosero y otros

7. Reconocimiento de personería

84. Se reconocerá personería a la abogada María del Pilar Contreras Aguilar
identificada con la cédula de ciudadanía 1.032.376.035 de Bogotá y tarjeta
profesional 237935 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como
apoderada de la CNSC y al abogado Juan Pablo Agudelo Mancera identificado
con la cédula de ciudadanía 1.010.194.421 de Bogotá y tarjeta profesional 235726
del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado del INPEC.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero. Negar las pretensiones de la demanda en el proceso promovido Angie
Tatiana Rosas Rosero, Marlen Socorro Escobar Piscal, José Gerardo Estupiñán
Ramírez y Olga Edith Patiño Castillo, contra los artículos 38, 41 y 42 del Acuerdo
502 de 2013, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del
cual se convocó y abrió el proceso de selección para proveer en propiedad 350
vacantes del empleo de dragoneante, código 4114, grado 11, pertenecientes al
sistema específico de carrera administrativa del INPEC, a través de la
Convocatoria 315 de 2013.

Segundo. Reconocer personería a la abogada María del Pilar Contreras Aguilar
identificada con la cédula de ciudadanía 1.032.376.035 de Bogotá y tarjeta
profesional 237935 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como
apoderada de la CNSC y al abogado Juan Pablo Agudelo Mancera identificado
con la cédula de ciudadanía 1.010.194.421 de Bogotá y tarjeta profesional 235726
del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado del INPEC

Tercero.-Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

29

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00791-00(3026-2018)
Demandante: Angie Tatiana Rosas Rosero y otros

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

30

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